Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2021-59925065-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar condonada la multa apelada en autos, con costas en el orden causado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-22761725-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 10 de Marzo de 2022 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2021-59925065-APN- SGAI#TFN, caratulado “CASTILLO SANTIAGO s/recurso de apelación”.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que mediante RE-2021-59912863-APN-SGAI#TFN la actora interpuso recurso de apelación contra la resolución dictada el 14 de Junio de 2021 por la Dirección Regional Resistencia de la AFIP- DGI, mediante la cual se le aplicó una multa equivalente al 200% (doscientos por ciento) del IVA atribuido como omitido por el período fiscal diciembre de 2020, ello con sustento en lo previsto por los artículos 45, 49 y 50 de la ley 11683 (texto según Ley Nº 27430).
Señala que se demoró en presentación de la declaración jurada de IVA correspondiente al período diciembre de 2020, que coincidía con la finalización de su actividad como constructor, cumpliendo con dicha carga el 29 de enero de 2021.
Plantea la excepción previa de nulidad. Expone que “supuestamente” el organismo inició una inspección (O.I. Nº 1901820) de la que no se anotició ni en el domicilio electrónico, ni en su domicilio real (fiscal físico) en el que se encontraba cumpliendo con el aislamiento obligatorio producto de la pandemia. Trae a colación que, con posterioridad a ello, el 3 de mayo de 2021 se corrió vista de instrucción de un sumario por el periodo fiscal diciembre de 2020 en el Impuesto al Valor Agregado de conformidad con lo dispuesto por los art. 70 y 71 y atribuyendo la comisión de la infracción prevista en el art. 45 de dicha norma. Considera que no pueden notificarse electrónicamente las aperturas y/o inicio de Fiscalizaciones ni tampoco las resoluciones que apliquen multas en tanto no son de las previstas en la RG 4280 que solo reserva a intimaciones simples y no a actos administrativos, que por su trascendencia e importancia requieren la notificación fehaciente al contribuyente, lo cual no ocurrió en el caso. Finalmente, arguye que tampoco se dio cumplimiento al segundo párrafo del art. 5 de la RG 4280, el cual ordena imperativamente para estos casos dar aviso a la cuenta de correo electrónico o número telefónico respecto de la existencia de dicha Resolución a notificar.
En segundo lugar, invoca la nulidad de la instrucción del sumario, con el consecuente efecto sobre la resolución apelada, debido a la falta de motivación de la misma, y por la utilización de términos confusos que inducen a error y no permiten conocer cuál es la imputación que se le formula. Pone de relieve que en el caso no ha existido la configuración de sanción alguna que amerite reincidencia, con lo cual existe una aplicación errónea del artículo 50, por no haberse configurado una segunda infracción. Concluye que a partir de ello el acto carece de causa y motivación, vulnerando así su derecho a defensa y resultando arbitrario el criterio para sancionar. En cuanto a la procedencia de la sanción, destaca que la omisión material aquí endilgada nunca se configuró teniendo en cuenta la fecha de presentación de la declaración jurada, tampoco siendo posible la imputación de la infracción formal prevista en el del artículo 38 de la ley de rito. Invoca la aplicación al caso de la Instrucción General 6/2007.
Finalmente, se agravia del carácter confiscatorio de la multa impuesta, exponiendo su situación económica y señalando que de afrontar el pago de la sanción, ello comprendería más del 100% de su haber mensual configurándose una total privación de su derecho de propiedad previsto en el art. 17 de nuestra Constitución Nacional. Plantea la inconstitucionalidad de la graduación aplicada.
Acompaña prueba documental. Hace reserva del caso federal. Solicita se dicte sentencia declarando la nulidad y/o se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que en el IF-2021-88009945-APN-DTD#JGM obra contestación de traslado del Fisco Nacional, rechazando los argumentos expuestos por el actor en cuanto a la nulidad planteada y la procedencia de la sanción. Acompaña antecedentes administrativos. Hace reserva de caso federal. Solicite se confirme el acto apelado, con costas.
III. Mediante PV-2021-115604886-APN-VOCX#TFN, atento lo previsto en la ley 27.653 y teniendo en cuenta el objeto de la apelación deducida en autos, se requirió al Fisco Nacional que informara si la obligación que diera origen a la sanción aplicada en la resolución apelada fue abonada.
Ante ello, el organismo recaudador puso de relieve que no surgía de la información obrante en los sistemas informáticos de este Organismo que el contribuyente hubiera ingresado el monto que diera lugar a la sanción apelada (vide IF-2021-116438228-APN-DTD#JGM)
A través del RE-2021-118547376-APN-DTD#JGM y documentación complementaria acompañada (vide RE- 2021-118547518-APN-DTD#JGM, RE-2021-118547601-APN-DTD#JGM, RE-2021-118547623-APN- DTD#JGM), el recurrente acompañó comprobante VEP N° 792890157, y reflejo de pantalla de la cuenta tributaria del contribuyente donde surge la cancelación del IVA período fiscal 12/2020 en fecha 29/01/2021.- Ello así, adujo que le correspondían los beneficios del alivio fiscal establecido por la Ley 27.653, destacando que revestía las características de contribuyente cumplidor.
Conferido un nuevo traslado al organismo recaudador, éste informó en el IF-2022-17724474-APN-DTD#JGM que el aquí actor canceló la obligación derivada de la presentación de su declaración jurada del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al periodo fiscal 12/2020 en fecha 29/01/2021 por $166.540,15.
Finalmente por PV-2022-18031797-APN-VOCX#TFN se eleva a conocimiento de la Sala “D”.
IV. Que previo a todo trámite considero que corresponde resolver si la sanción discutida en autos se encuentra alcanzada con el beneficio de la condonación por aplicación al caso de lo establecido en la ley 27.653. Que el artículo 5° de la ley 27.653 (B.O. 11/11/2021) amplió la moratoria de regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras aprobada por la ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, y modificada por la ley 27.562, prorrogándose la vigencia de las mismas, para que las y los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización estén a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, puedan acogerse, por las obligaciones vencidas al 31 de agosto de 2021 inclusive o infracciones relacionadas con dichas obligaciones, a dicho régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones.
En lo que aquí interesa, el artículo 6 inciso e), cuarto párrafo, dispuso que las multas y demás sanciones correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas hasta el 31 de agosto de 2021 quedarán condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia del presente título de esta ley ampliatoria y/o modificatoria y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha. Asimismo, el artículo 36 inciso a) de la RG 5101/2021 estableció que el beneficio de condonación de sanciones que no se encontraran firmes ni abonadas correspondientes a obligaciones sustanciales de naturaleza tributarias será procedente cuando se hubiera efectuado el pago íntegro de la obligación sustancial al momento de la entrada en vigencia de la Ley N° 27.653.
Ello así, surge de las constancias de autos que la deuda que diera origen a la multa aplicada –correspondiente al IVA por el período 12/2020- fue cancelada el 29 de enero de 2021 previo al dictado de la Ley 27653; sin que fuera objeto de controversia que el recurrente se encuentra en el universo de sujetos que puede ser alcanzado por el beneficio de condonación de sanciones, máxime cuando tampoco ha sido invocado por el Fisco que se encuentre incurso en alguna causal de exclusión.
Por lo expuesto, corresponde declarar la condonación de la multa discutida en autos. En cuanto a las costas, teniendo en cuenta el artículo 60 inciso a) de la RG 5101/2021 jurisprudencia pacífica de éste Tribunal, estas deben distribuirse en el orden causado, dado que el beneficio concedido comporta que no haya parte vencida. La Dra. O'Donnell dijo:
Que adhiere en lo sustancial al voto de la Vocal Instructora y comparte la decisión que allí se propone. El Dr. Martín dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Gómez.
Del resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
Declarar condonada la multa apelada en autos, con costas en el orden causado.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2022.03.10 12:04:24 -03:00 Date: 2022.03.10 12:43:55 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.03.10 13:11:41 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.03.10 13:11:44 -03:00
Fin de la sentencia