Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 7392
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 7392 Sentencia: 2803 Actor: Castillo, Walter Guillermo Demandada: Huinol S.A.
Objeto: Demanda Laboral Fecha: 27/092019 Texto: En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los veintisiete de septiembre de 2019 se reúnen los señores miembros de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “CASTILLO, WALTER GUILLERMO C/ HUINOIL S.A. S/ DEMANDA LABORAL” Expte. N° 14.915 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Pico Truncado, que ingresara en esta instancia, bajo el Nº 7392. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Dra. Griselda Isabel Bard; Dr. Humberto E. Monelos y Dr. Mario A. Albarrán para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento se debe dictar?. A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
I. A fs. 1/40 el Dr. José María Carambia en representación de Walter Guillermo Castillo, deduce demanda contra Huinoil S.A. por el cobro de diferencias salariales. Señala que comenzó la relación laboral el 15 de agosto de 2008 con la categoría "L" y desde el año 2009 realizó diversos reclamos por diferencias salariales por diferentes conceptos que detalla en su demanda. Hace referencia a las características propia de la actividad y transcribe el telegrama que remite a la demandada el 12 de julio de 2013, intimando al pago de diferencias en la liquidación en los rubros de antiguedad, preaviso, integración del mes de despido, con más la multa del art. 2 de la ley 25323, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales e intima además la entrega de las certificaciones de servicio contempladas en el art. 80 de la LCT bajo apercibimiento de realizar reclamos legales. Practica liquidación que asciende a $ 179.400,28, ofrece prueba, funda en derecho y hace reserva del caso federal.
II. A fs. 118 se celebra la audiencia de conciliación prevista por el art. 47 de la ley 1444 y al no existir acuerdo la parte demandada contesta la acción con la pieza de fs. 97/117 por medio del Dr. Ignacio Ferreyra de las Casas. En el responde el nombrado niega las afirmaciones de la demanda y da su versión de los hechos. Al respecto reconoce la relación laboral y el distracto sin justa causa. Señala que el actor percibió su liquidación final de conformidad y que nada tiene que reclamar en este estadio por lo que la demanda debe desestimarse. Seguidamente analiza el tope indemnizatorio del art. 245 de la LCT, citando el antecedente de la CSJN y afirmando que en el caso de autos existe tope indemnizatorio por el Convenio Colectivo 396/04 y es el aplicable a éstos.
Continúa refiriendo que si ante esta situación el actor no plantea la inconstitucionalidad de la norma debe estarse al límite tarifario establecido. Considera que decidir en contrario importaría un acto discriminatorio con relación al resto de los trabajadores. Impugna el monto consignado en la demanda como mejor remuneración normal y habitual del trabajador de autos, la que considera desajustada a la realidad. En otro apartado señala que las diferencias salariales reclamadas no tienen asidero, habida cuenta de lo reclamado en el expediente administrativo 18.751/12 donde se argumentó sobre la imprecisión y generalidad con que reclama diferencias salariales que carecen de fundamentación. Se explaya en las imprecisiones que contiene la demanda, señalando que si el actor creía tener derecho a diferencias debió determinarlas y aclararlas debidamente, tal como lo exige el art. 43 de la Ley 1444.
Continúa relatando que el actor realiza su reclamo en base a ciertos artículos del CCT pero que no guardan relación con su labor, que revestía categoría "L" y los rubros y diferencias que pretende no corresponden a la tarea que desarrollaba, por lo que no logra especificar como llega al resultado de la liquidación que practica. Desarrolla específicamente la improcedencia del cobro de "arraigo" art. 33 CCT 396/04, manifestando que fue condición de su contratación el desempeño laboral en la ciudad de Las Heras, Santa Cruz, por lo que no puede pretender dicho rubro. Sigue señalando que nunca fue trasladado por razones operativas de la Empresa, sino que fue contratado para laborar en Las Heras, donde se desempeñó; por lo que este rubro no debe tener procedencia.
Asimismo detalla la improcedencia del rubro del art. 38 del CCT referido, ya que se trata del adicional por yacimiento, lo que conforme surge de los recibos de haberes acompañados se le abonaba como concepto "Turno Y", lo que demostraría su improcedencia. Se opone a lo solicitado con relación a la certificación del art. 80 de la LCT y la multa, por señalar que Huinoil S.A. dió cabal cumplimiento con tal obligación lo que acreditaría en la etapa oportuna. Ofrece pruebas, funda en derecho, hace reserva del caso federal. A fs. 130/131 se ordena la producción de pruebas, habiendo alegado sobre el mérito de las mismas únicamente la parte actora.
III. A fs. 479/484 se dicta sentencia de grado que admite parcialmente la demanda interpuesta por Walter Guillermo Castillo contra Huinoil S.A. y condena a ésta última al pago de diferencia de preaviso, de integración del mes de despido, indemnización del art. 80 de la LCT, con más los intereses correspondiente a la tasa activa que publica el Banco de la Nación Argentina; desestima los demás rubros reclamados, condena a la entrega del certificado del art. 80 de la LCT, condena en costas a la demandada y difiere la regulación de honorarios profesionales. Contra la misma recurre la parte demanda quien apela y expresa agravios con la presentación de fs. 489/512. Los agravios no son contestados por la parte actora quedando la causa en condiciones de ser elevadas con la certificación de estilo.-
En primer término la demandada se agravia por la forma en que la Jueza dispuso la liquidación de la indemnización sustitutiva de preaviso. Ya que en el fallo ordenó que conforme lo establecido por los arts. 231 y 232 de la LCT la base del cálculo para la indemnización referida debe realizarse conforme a la mejor remuneración normal, mensual y habitual, cuando no existe respaldo normativo alguno que así lo disponga. Concluye que es un decisión dogmática y carente de fundamento legal, como asimismo que se opone al criterio jurisprudencial de aplicarse el principio de normalidad próxima, es decir el promedio del semestre. Cita el antecedente “Rojas c/ Servicios Esp. San Antonio S/ Laboral” de esta Exma.
Cámara de Apelaciones y demás antecedentes de otros tribunales que se tienen presentes. Concluye que la indemnización sustitutiva de preaviso en el caso debe ser liquidada conforme al principio de “normalidad próxima” en atención a la remuneración más cercana posible a la rescisión o en el promedio de los seis meses, solicitando se revoque el punto conforme lo requiere.- En segundo término se agravia por la condena a incluir conceptos no remunerativos para el cálculo de las indemnizaciones, citando como antecedente lo resuelto en los autos “Alvarez c/ Skanska S.A. S/ demanda laboral”, señalando que conoce dicha causa por ser parte y que lo allí decidido no guarda relación con lo aquí propuesto, pues se trataba de un pago dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación con carácter retroactivo.
Entiende que le estaba vedado a la Jueza ingresar al tratamiento del tema por cuanto el actor no efectuó planteo alguno en orden a la inoponibilidad de los acuerdos paritarios homologados anteriormente por la autoridad de aplicación. Agrega que la invocación que efectúa del art. 56 de la LCT resulta improcedentes pues no es aplicable al caso. Transcribe la norma que se tiene presente. Continúa reseñando que no existía controversia alguna respecto de la naturaleza jurídica de los conceptos abonados como no remunerativos, y la Jueza sin que nadie lo pidiese invoca facultades del art. 56 de la LCT y termina mutando la naturaleza jurídica de los rubros. Se explaya sobre el principio de congruencia, y los postulados básicos de la negociación colectiva.
Cita antecedentes jurisprudenciales acorde a su postura y solicita se declare en esta instancia que tales conceptos no deben integrar la base del cálculo. Como tercer agravio introduce la vulneración al principio de seguridad jurídica. En el punto refiere que la sentencia recurrida hace tabla rasa con la voluntad de las partes y la homologación estatal recaída. Transcribe lo decidido en este aspecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Unión Obrera Metalúrgica c/ Estado Nacional” con fecha 3-4-1996, donde estableció que la impugnación de un convenio colectivo de trabajo debe realizarse en el ámbito administrativo. Agrega que también puede extraerse del precedente que si un acto administrativo no se recurre queda firme y goza de los efectos propios.
Reseña fallos acorde a tal postura que se tienen presentes. En este sentido expone que lo resuelto importa colocar al actor en una situación de ventaja respecto del resto del colectivo de trabajadores incluídos en el ámbito de aplicación personal del convenio colectivo y como consecuencia a su representada en desmejora respecto de los demás empleadores. Discrepa con lo sostenido por la Jueza que funda su fallo en el Convenio 95 de la OIT siendo que el mismo otorga menos protección que la legislación nacional y además no prohíbe las sumas no remunerativas. Finaliza señalando que el fallo violenta el principio de seguridad Jurídica y por tal razón debe revisarse en esta instancia. El cuarto agravio es formulado por la improcedente base del cálculo establecida respecto de la indemnización por integración del mes de despido e indebida omisión de conceptos abonados.
Reitera aquí los argumentos ensayados al exponer su primer agravio que se tienen presentes, en cuanto a la aplicación del principio de la normalidad próxima. Además señala que su mandante abonó hasta rubros no remunerativos por la totalidad del mes. Realiza la operación aritmética para demostrar su postura y que de no reconocerse los pagos se obligaría a su parte a pagar dos veces. En quinto lugar se agravia por la condena a entregar la certificación del art. 80 de la LCT. Señala que desde el mismo momento en que se colocó en mora al trabajador éste sabía que tenía la documentación a su disposición para retirarlos, lo que no realizó por lo que no puede ahora hacerse lugar a una multa sin sustento fáctico.
Agrega que el hecho de haberlo puesto a disposición del empleado es dar cumplimiento con tal obligación y es el interesado quien debe concurrir a retirarlo. Cita jurisprudencia en el sentido de la improcedencia la condena de indemnización del art. 80 de la LCT si existió voluntad y manifestó la intención de cumplimiento de dicha obligación poniéndolo a disposición del requirente. Realiza el detalle cronológico del cumplimiento y demás fundamentos sobre este aspecto que se tienen presentes. Como sexto agravio invoca el desentendimiento del objetivo y espíritu de la ley 25.345 como asimismo del obrar de la demandada. Expone que relató esta circunstancia al momento de contestar la demanda y que llega a un abuso de derecho el pretender este reclamo en esta instancia.
Se agravia por la tasa de interés aplicada, solicitando lo sea por la tasa pasiva, citando antecedentes en tal sentido, hace reserva del caso federal.-
IV. Establecido ello corresponde ingresar al examen del recurso a efectos de evaluar la decisión cuestionada por la demandada, no sin antes expresar que la demanda no es suficientemente clara en lo que pretende, habida cuenta que realiza reclamos de tipo "abiertos" sin especificar concretamente sobre que parámetros habrá de cuantificarse la acción y realiza una liquidación de diferencias sin indicar como las obtiene y cuantifica. Aclarado ello, habré de tratar en primer término conforme fue expuesto el agravio sobre la forma de realizar el cómputo del pago del preaviso. Esta indemnización contemplada en el art. 232 de la LCT establece un cálculo equivalente a la remuneración que correspondía al trabajador durante el plazo del art. 231.
Es decir determina la posibilidad de reacomodar al trabajador a su nueva realidad y pretende dar una "continuidad" en sus ingresos. En este aspecto asiste razón al recurrente y se enseña al respecto que "...se cubre con lo que la doctrina y la jurisprudencia han dado en llamar el criterio de normalidad próxima, noción que supone e intenta poner al trabajador en situación remuneratoria lo más cercana posible a aquella en se se hubiere encontrado si la rescisión no se hubiese operado, y cuyo resarcimiento tiene como base la remuneración que hubiera percibido durante el lapso de preaviso omitido." (conf. Ojeda, Raúl Horacio, Ley de Contrato de Trabajo Com. y Concordada, T. III, pag. 297, Ed. Rubinzal Culzoni-2011).
Es decir tiene una naturaleza diferente a la indemnización del art. 245 de la LCT y asimismo una forma diferente de cómputo. Disiento con la jueza de grado en el punto, entendiendo que el cálculo en cuestión debe realizarse de conformidad con las remuneraciones que venía percibiendo el trabajador y no sobre la mejor remuneración normal y habitual del mismo; toda vez que, como se señalara, la finalidad de la norma es dar continuidad a los ingresos que venía percibiendo el trabajador. En otro orden, es el propio actor quien omite indicar que rubros pretende concretamente se liquiden en este item y llega a una diferencia que no surge de las constancias de autos. En este orden de exposición la liquidación final que se glosa a fs. 370, da cuenta del pago del preaviso en la suma de $ 10.912,83, lo que guarda relación con los haberes que venía percibiendo el actor de autos.
Al expresar agravios el recurrente alega sobre la inclusión de determinados rubros que no fueron alegados en el escrito de demanda, como así también en acuerdos celebrados entre las partes que no fueron impugnados por el actor, ni mencionados al momento de deducir la demanda lo que consituye un principio de indefensión y falta de seguridad jurídica. Esta situación ha quedado dirimida al expresarme anteriormente de la forma en que habrá de realizarse el cálculo del preaviso y si bien los haberes pueden determinarse por diferentes rubros en su integración, lo cierto es que como se expresara, el actor no señala en su reclamo que rubros pretende incluír para llegar al monto que reclama. Es decir, se apartaría de la congruencia propia que requieren los pleitos el hecho de comenzar a introducir items que no fueron propuestos, llegando al dictado de una sentencia que sería "sorpresiva" para las partes y que el principio de congruencia y seguridad jurídica impiden en este estadio (conf. arts. 18 Constitución Nacional, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos).
Razón por la cual entiendo que no existen diferencias a su favor y estos agravios deben ser receptados. Resta señalar en el punto que la causa referida como antecedente "Alvarez c/ Skanka S.A." cuyo fallo he tenido a la vista, no trata el tema con relación a la forma de pago del preaviso que aquí se plantea, por lo que no corresponde tenerlo como antecedente en el punto. Entiendo que no obstante la confusión de conceptos que vierte el actor al incoar la acción, no pretende impugnar el Convenio Colectivo, ni tampoco la Jueza de Grado se ha expedido al respecto, por lo que no resulta procedente el tratamiento de ese agravio en esta etapa por devenir abstracto.- Con respecto a lo que corresponde percibir por integración del mes de despido, en su parte pertinente el art. 233 de la LCT señala que "...Cuando la extinción del contrato de trabajo dispuesta por el empleador se produzca sin preaviso y en fecha que no coincida con el último día del mes, la indemnización sustitutiva debida al trabajador se integrará con una suma igual a los salarios por los días faltantes hasta el último día del mes en el que se produjera el despido." Tengo presente que "El rubro integración del mes de despido sigue igual suerte que la indemnización sustitutiva del preaviso, ya que el primero forma parte del segundo y no es una indemnización distinta." (Cam.
Nac. del Trabajo, Sala IV, 31-10-83, Fernandez Gonzalez, Tomás y otros c/ SasetruS.A., DT 1984-A-177). En el particular el distracto se produce el 8 de marzo de 2012 y en tal sentido se realiza la liquidación final. Corresponde integrar el mes de despido con el pago de los 22 días restantes, a saber si se tuvo por válido el pago de la falta de preaviso en la suma de $ 10912,83, corresponde abonar por este concepto la suma de $ 8002,75.(10912,83/30.22). Es decir que al haberse abonado $5776,34 existe una diferencia de $ 2.226,41. Por esta razón entiendo que el agravio se admite parcialmente en tanto que la diferencia por la cual procede es diferente a la calculada por la Jueza de Grado. Con relación al agravio formulado por la entrega de la certificación de trabajo contenida en el art. 80 de la LCT y las consecuencias de dicho incumplimiento.
Cabe recordar que el inc. 6º del art. 164 del CPC es claro en cuanto dispone que: “La sentencia definitiva de primera instancia deberá contener: …6º. La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso en todo o en parte….” Se puede observar que la pretensión invocada en el escrito de demanda resulta ser que "se le abonen al actor las diferencias salariales". Es decir no se reclamó expresamente la entrega del certificado y luego se cuantifica un monto en la liquidación que no se aclara concretamente como se lo obtiene.
No obstante ello, habré de indicar que lo que interesa en este tema es que los empleadores hagan los aportes y eventualmente realicen la entrega del certificado al finalizar la relación laboral.
En autos a mi juicio se encuentra cumplida la obligación patronal en este aspecto. Entiendo apartada de la prueba la apreciación que realiza la Jueza de Grado al respecto. Con anterioridad a que el actor inicie la demanda de autos, la empleadora remite CD indicando que las certificaciones de trabajo se encuentran a su disposición, en marzo de 2012 (fs. 11); posteriormente cuando es intimada en julio de 2013 (fs. 12) inicia actuaciones en la Subsecretaría de Trabajo de Neuquén, donde se cita a Walter Castillo a una audiencia, a la cual el nombrado no concurre (no obstante que en el acta de fs. 447 se lo tiene presente) y en dicha actuación la empleadora concurre a la sede administrativa, entrega la certificación de trabajo y se la agrega en copias certificadas, no se trata de copias simples como se indica en el fallo en crisis, y el actor de autos nunca retiró las mismas; optando por incoar una demanda judicial y reclamar una multa por incumplimiento.
Esto es una conducta reprochable.- Para que proceda la indemnización a favor del trabajador, deben haber transcurrido 30 días corridos del distracto, seguidamente la norma requiere que se haya intimado en forma fehaciente requiriendo su entrega lo que en éstos se verificó haciendo entrega de la certificación en Subsecretaría de Trabajo en la sede de domicilio del trabajador. En este orden de exposición entiendo que el certificado se entregó tempestivamente. Se ha señalado sobre el presente tema que “A partir de estas ideas, hemos sugerido que los jueces al evaluar la aplicación de la sanción del art. 80 de la LCT, con relación a la entrega de una constancia documentada de los depósitos previsionales, deberán merituar las particularidades del caso y las conductas de las partes dentro de los carriles de la buena fe contractual (arts. 62 y 63 y concordantes de la LCT).” (Revista de Derecho Laboral - Actualidad– Rubinzal- Culzoni año 2010-2 página 285).
Ha existido una notable falta de diligencia y buena fe por parte del actor de autos, quien no exteriorizó una sola conducta tendiente a conseguir efectivamente y concretar la obtención del certificado de servicios laborales, ni lo ha solicitado una vez agregado a la presente causa. Por tal razón sobre este aspecto entiendo que la sentencia es injusta y debe modificarse.- Resta que me expida sobre la tasa de interés aplicable, de la cual se agravia el recurrente. Al respecto debo señalar que ya me he pronunciado al respecto señalando que "Tengo presente al respecto las conclusiones de la comisión Nro. 2 de las XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil realizadas en la ciudad de Bahía Blanca en el año 2015, donde por unanimidad, se concluyó: “Es necesario que al determinar la tasa de interés moratoria se fije aquella que aliente el cumplimiento en tiempo propio por el deudor.” (jndcbahiablanca2015.com/).
Esta discrecionalidad que se ha delegado en la función jurisdiccional debe adaptarse a la justicia del caso, debiendo procurarse que la reparación o resarcimiento sea integral, general o completo. Como consecuencia de ello los intereses que se establezcan deben recomponer todos los aspectos menoscabados al actor de autos. A mayor abundamiento, considero que la ley provincial de honorarios profesionales Nro. 3330 en su art. 18 dispone la utlización de este tipo de interés para las deudas que se generen en el pago de los emolumentos a los profesionales del derecho. Apartarnos de esta directriz para las deudas de otros tipos de acreedores sería asimismo generar una desigualdad entre los justiciables vedada por el art. 16 de la Constitución Nacional.
Por último creo que si bien el Tribunal Superior de Justicia de esta Provincia se ha expedido con anterioridad sobre la tasa de interés aplicable, la realidad en que debemos juzgar importa necesariamente revisar las doctrinas vigentes bajo la luz de los índices inflacionarios actuales publicados por organismos oficiales (INDEC) y el incremento salarial en el último año, toda vez que decidir en diferente sentido importaría beneficiar a un deudor moroso en el cumplimiento de la obligación, un premio indebido a una conducta socialmente reprochable (arts. 724, 729 y ccs. Código Civil y Comercial)." Por estos fundamentos sostengo la aplicación de la Tasa activa promedio mensual que utiliza el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuentos comerciales, a fin de recomponer adecuadamente el crédito de autos y entiendo que este agravio no puede prosperar.-
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
V. Que por haber sido debatidos suficientemente los temas traídos al acuerdo, y por los fundamentos expuestos adhiero a la propuesta que antecede, con excepción de lo decidido en la tasa de interés aplicable. Antes de ahora me he expedido en forma reiterada en el sentido que los intereses moratorios deben liquidarse, según la tasa pasiva promedio que publica el BCRA (Ley 23.098, art. 8 del decreto 529/91 modificado por el decreto 941/91) por lo que propicio receptar el agravio de la demandada en tal sentido, modificándo en éste punto la sentencia.- A la PRIMERA CUESTIÓN EL Dr. Albarrán dijo:
VI. Tal como han quedado planteadas la cuestiones debo pronunciarme únicamente con respecto a la tasa de interés aplicable, por ser el único aspecto donde disienten los colegas preopinantes. En el punto y tal como lo he señalado en anteriores pronunciamientos entiendo que la tasa activa es la que adecúa y recompone adecuadamente el crédito por lo que adhiero en el punto al voto de la Dra. Bard.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN LA Dra. Griselda Bard dijo:
VII. En mérito a lo expuesto en las cuestiones anteriores propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento 1º) Admitir parcialmente los agravios de la demandada. 2º) Revocar el punto 1 de la la sentencia recurrida. 3º) Declarar procedente únicamente la diferencia por integración del mes de despido tal como se la liquidara en los considerandos en la suma de $ 2.226,41 con más los intereses correspondientes a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días que publica el Banco Nación de la República Argentina desde el que la suma es debida y hasta el efectivo pago. 4º) Sin imposición de costas en esta instancia por no haber sido irrogadas (art. 68 CPCC). 5º) Tener presente la reserva del caso federal. 6º)Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
VIII. Coincido con la Dra. Bard en su propuesta con excepción de lo manifestado por la tasa de interés.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Albarrán dijo:
IX. Por la forma en que me he expedido la primer cuestión adhiero en a la propuesta de la Dra. Bard.-
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 27 de Septiembre de dos mil diecinueve.
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo trascripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial.
2. Revocar el punto 1 de la la sentencia recurrida.
3. Declarar procedente únicamente la diferencia por integración del mes de despido tal como se la liquidara en los considerandos en la suma de $ 2.226,41 con más los intereses correspondientes a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días que publica el Banco Nación de la República Argentina desde el que la suma es debida y hasta el efectivo pago.
4. Sin imposición de costas en esta instancia por no haber sido irrogadas (art. 68 CPCC).
5. Tener presente la reserva del caso federal.
6º)Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara-, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara-Presidente-; Mario A. Albarrán -Juez de Cámara Subrogante-.
Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201038S.191 Tomo: XCI Sentencia: 2803 Folio Nº: 158/165 Secretaria: 1
Fin de la sentencia