Abriendo la norma
Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 4 de San Martín · Causa 80325
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaINHIBIRME de entender en las presentes actuaciones, disponiendo que una vez firme o ejecutoriada la presente se proceda a remitir las actuaciones al JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del Departamento Judicial de SAN MARTIN que en turno corresponda..
Registro de Interlocutorios
" CASTRO CRISTIAN LEONEL Y OTRO/A C/ CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) ."
Expdte. SM-3888-2026 .-
M.L.A.
Gral. San Martín,
Proveyendo la presentación electrónica del letrado apoderado de la parte demandada de fecha 29.10.26: Remítase el formulario de ingreso de datos acompañado a la Receptoría Gral. de Expedientes Deptal.-
Proveyendo la presentación electrónica de la Agente Fiscal de fecha 04/11/2026 : Téngase presente el dictamen que antecede y hágase saber.-
Atento el estado de autos, pasen los autos a resolver.-
AUTOS Y VISTOS ; CONSIDERANDO : 1) Que con fecha 12-8-2026 se presenta el Sr. Cristian Leonel Castro con el patrocinio letrado del Dr. Daniel Orlando Pedraza, quien a su vez se presenta como letrado en causa propia, a fin de iniciar las presentes contra la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA LOS ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES ("C.A.S.A."), por los daños y perjuicios ocasionados por su obrar antijuridico y lesivo, como así también reclaman la aceptación e incorporación de los actores al plan médico asistencial pretendido, "PLAN PLUS 4001", sin aditamentos ni sobreprecios discriminatorios, alguno.
2. Que en tal sentido y a modo de síntesis relatan que se dirigieron a las dependencias del Colegio de Abogados de San Martín, con fin de solicitar la afiliación al Sistema Asistencial Integrado de Salud denominado "C.A.S.A.", el cual es coordinado, administrado y ofrecido por la Caja de Previsión Social demandada a sus matriculados. Que al remitirle la oferta formal del tramite de afiliación decidieron aceptar la propuesta correspondiente al denominado "PLAN PLUS 4001", cuyo valor corriente de cotización mensual para el grupo familiar (compuesto por el matrimonio Pedraza-Castro, sin hijos) ascendía para esa fecha a la suma total de Pesos Quinientos Mil Seiscientos Veintiuno ($ 500.621).
Que al momento de realizar la declaración jurada de Salud y al consignar los accionantes que eran portadores sanos de VIH con diagnóstico de "indetectabilidad", le indico la prestadora que debían realizase estudios complementarios, ello a fin de ser evaluados por la junta medica. Que sin perjuicio de ello y antes de que los actores presentaran materialmente los estudios médicos solicitados por la auditoría y sin que la demandada contara con elemento científico alguno para evaluar un agravamiento del riesgo-,se comunicó que la Comisión del Sistema Asistencial había resuelto que, para acceder al "PLAN PLUS 4001", el matrimonio debía abonar la suma mensual de Pesos Dos Millones Doscientos Noventa y Siete Mil Ciento Cincuenta y Ocho ($ 2.297.158). De modo tal que ante el obrar antijuridico y discrimintatorio habiendo incrementado en forma sideral el monto de la cuota, es que se presentan a reclamar los daños y perjuicios, como asì también la inserción ante el plan de salud solicitado .
3. Que habiendo corrido traslado de la demanda, con fecha 7-10-20'26 se presentaron los Dres. Franco Beorlegui y Gerardo Andres Berdula en su carácter de letrados apoderados de Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires.
Asì preliminarmente opusieron la excepción de incompetencia, toda vez que su representada funciona con el carácter, derechos y obligaciones de las personas jurídicas de derecho público, conforme lo establece el artículo 1 de la Ley 6.716 -texto ordenado por Decreto 4.771/9, por lo que el conocimiento de la controversia correspondería al fuero contencioso administrativo provincial, conforme al artículo 166, último párrafo, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y a los artículos 1 y 2, inciso 3, de la Ley 12.008.
Para así postularlo entendieron que la pretensión incoada se dirige contra una persona jurídica de derecho público no estatal y cuestiona una actuación de sus órganos en el ejercicio de la función asistencial de seguridad social que la Ley 6.716 le asigna, por lo cual no puede examinarse prescindiendo del régimen publico que la organiza y en tal sentido no constituye una cuestiòn de competencia del derecho privado.
4ª). Que corrido el traslado de la excepción de incompetencia, con fecha 20-10-2026 las accionante rechazan la excepción interpuesta ello por cuanto nos encontramos antes un relación de corsumo, siendo competente el Juzgado del domicilio real de los accionantes. Asimismo también atribuye que el acto de discriminación realizado no puede enmarcarse dentro del derecho administrativo , siendo de competencia del derecho privado.
5. Que habiendo dado intervención a la Fiscalia dptal con fecha 2-9-2026 dictamina que estamos frente a una relación de consumo, motivo por el cual dictamina-conforme presentación a despacho- el rechazo de la incompetencia opuesta, por los argumentos allí vertidos, a los cuales me remito en honor a la brevedad.
6. Que así las cosas, considero que el presente proceso no resulta de competencia del suscripto. Para así considerarlo, tengo en cuenta que -tal como lo ha sostenido la Casación Provincial- es competencia del fuero en lo contencioso administrativo, entender y resolver en las controversias suscitadas por la actuación o la omisión en el ejercicio de funciones administrativas por parte de los órganos mencionados en el art. 166 de la Constitución Provincial
En particular, le corresponde decidir las que versen sobre responsabilidad patrimonial, generada por la actividad lícita o ilícita de la Provincia, los Municipios y los entes desecentralizado previstos en el art. 1º de la ley 12.008, regidas por el derecho público, cuando actúan en ejercicio de la función administrativa, aún cuando se invocaren o aplicaren por analogía normas del derecho privado (cfr. arts. 166 in fine de la Constitución provincial; 1 inc. 1 y 2 y 2 inc. 4 de la ley 12.008 - texto seg n ley 13.101-; SCBA, causa B-68.001, del 8-9- 2004). Así el art 2 inc. 3 de la Ley 12008, incluye dentro de las controversias comprendidas dentro de la competencia del contencioso administrativo, " aquellas en las que sea parte una persona publica no estatal, cuando actúe en el ejercicio de prerrogativas regidas por el derecho administrativo".
Que analizada primariamente dicha cuestión cabe analizar la naturaleza jurídica de la demandada, de la cual surge en el art. 1 de la Ley 6716 " funciona con el carácter, derechos y obligaciones de las personas jurídicas de derecho público". De tal modo en su el art. 2 de la normativa citada indica que tiene por objeto "realizar un sistema de asistencia y previsión fundado en los principios de la solidaridad profesional, cuyos beneficios alcanzan a los abogados que actúan en la Provincia de Buenos Aires y a los Colegios que ellos componen; así como a los jubilados y causahabientes". Teniendo en cuenta dicho marco normativo y conforme el objeto por el cual se iniciaron los presentes autos, esta claro que nos encontramos ante una prerrogativa de la Caja de Abogados para otorgar los beneficios de seguridad social al accionante Daniel Orlando Pedraza -en su calidad de profesional de la abogacía- como así también a su cónyuge Cristian Leonel Castro. En tal sentido ha indicado la Suprema Corte de la Provincia de Bs. As -al resolver la contienda negativa de competencia en el marco de una pretensión indemnizatoria promovida contra el sistema de Asistencia CASA- que "si bien esa clase de entidades, dada su particular condición, despliegan la generalidad de su actividad bajo el derecho privado, por lo cual no se la presume realizada en el ejercicio de funciones administrativas, ni regida por el derecho administrativo (art. 1 inc. 2, a contrario, de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-; doctr. causas B. 72.105, "Loustaunau", resol. de 26-XII-2012; B. 72.063, "De Angeli", resol. de 24-IV-2013; B. 72.541, "Juarez", resol. de 18-IX-2013 y B. 76.295, "Bacoñsky", resol. de 12-II-2020), tal inferencia naturalmente cede frente al supuesto bajo examen, atravesado por la función administrativa reconocida a la Caja para otorgar los beneficios de la seguridad social a los profesionales de la abogacía (cfr. arts. 39 inc. 3 y 40, Const. prov.; 2, ley 6.716; doctr. causa B. 75.988, "Scarimbolo", resol. de 25-IX-2019)". (V. ,M. I. y o. c/ C. d. P. S. p. A. d. l. P. d. B. A. s/ Materia a categorizar - otros juicios. Cuestión de competencia art. 7, ley 12.008 RSI-57-21 10-3-2021).
Si bien en el caso de autos lo que se debate seria el daño ocasionado ante la cuota que se pretendía cobrar a los accionantes al haber declarado como enfermedad preexistente que tenían VIH, el mismo no se agota en dicha compensación económica, sino también comprende la pretensión que los accionantes sean incorporados al sistema asistencial de CASA en condiciones de igualdad y no discriminación. Y esta claro que dicha prerrogativa, es decir el acceso a la prestación asistencial que brinda CASA, siendo una entidad publica no estatal es una tarea inherente a su función asistencial, motivo por el cual habrá de dirimirse el presente conflicto por aplicación primaria de normas y principios de derecho público.
En este aspecto la invocación de normas de derecho privado o de protección al consumidor no resulta por si sola determinante para desplazar la competencia del contencioso administrativo, cuando atendiendo a la naturaleza de la controversia y al objeto perseguido, el conflicto se encuentra vinculado con el ejercicio de la funciones asistenciales propias de la entidad demandada. Ahora bien, sin perjuicio de lo dicho, creo que la eventual aplicabilidad en autos de la ley 24.240 impone sí -si que ello implique prejuzgamiento sobre el fondo de la cuestión, y conforme lo establecido por los arts 2 y 36 de la Ley 24240, en concordancia con lo dictaminado por el Sr. Agente fiscal- mantener la competencia del domicilio del reclamante,
En tales condiciones, no encuentro impedimento para declinar la competencia atribuida al suscripto en favor del Juzgado Contensioso administrativo del departamento Judicial de San Martin, ello a fin de garantizar el acceso a la Justicia al presunto consumidor y la normativa citada.
Así las cosas, pues, a tenor de los argumentos hasta aquí reseñados, normas jurídicas, jurisprudencia citada, y en orden a lo normado por el art. 4 del CPCC, RESUELVO: INHIBIRME de entender en las presentes actuaciones, disponiendo que una vez firme o ejecutoriada la presente se proceda a remitir las actuaciones al JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del Departamento Judicial de SAN MARTIN que en turno corresponda.. REGISTRESE. NOTIFIQUESE electrónicamente (art. 10 del Acuerdo 4039/2021 de la SCBA).-
Firme el presente librese comunicación a la Receptoría General de Expediente Deptal., a los fines de su anoticiamiento para una vez efectuado el sorteo de rigor, remitir las presentes al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso administrativo de este departamento judicial que corresponda.
Dr. Federico G. G. Eribe
- Juez -
Firmas
Funcionario firmante: ERIBE Federico Gregorio Gabriel - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1648-2026
Fin de la sentencia