Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-1.966/14-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la demandada a fs. 1439/1464 vta. y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 1466 y vta..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: C-1.966/14-TSJ Interlocutorio N°: 3.079.-
Actor: CASTRO FIDEL Demandado: BOLLAND Y CIA S.A Objeto: INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO Y COBRO DE PESOS Fecha: 29-9-14 Texto: TOMO XXVI – INTERLOCUTORIO – T.S.J..- REGISTRO Nº 3.079.-
FOLIO Nº 5.013/5.016.-
PROT. ELECT. TSS1 049 I.141
Río Gallegos, 29 de septiembre de 2014.-
Los presentes autos caratulados: “CASTRO FIDEL c/ BOLLAND Y CIA. S.A. s/ INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO Y COBRO DE PESOS”, Expte. Nº C-10.080/08 (C-1.966/14-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 1439/1464 vta., contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 1429/1435 vta. que confirmó el pronunciamiento dictado en primera instancia, excepto en lo referente a la remuneración que debe tomarse como base para calcular la indemnización.- En la especie, la demandada invocó para justificar el distracto que el actor violó un compromiso de confidencialidad, que había contractualmente asumido con su empleadora, al permitir a un ex dependiente de esta última, ingresar a sus oficinas y extraer información de una computadora (confr. fs. 4). El actor, por su parte, negó que fuera él quien permitió la entrada del ex empleado, y que éste hubiera obtenido información de una computadora. Señala que el ingreso de éste último fue por autorización del personal de seguridad de la empresa y que, si bien se reunió con él porque era un antiguo amigo, no utilizó ninguna computadora. Alega, además, que dado sus antecedentes, no podía tener una sanción tan grave como el despido sino que previamente debió imponérsele alguna penalidad menos extrema (confr. fs. 5/6 y 25/26 vta.).- La Cámara, si bien consideró que la injuria revestiría gravedad suficiente como para justificar el distracto, no encontró probado el hecho alegado por Bolland y Cía. S.A. En consecuencia tuvo por no justificado el despido del actor, y así, confirmó el fallo favorable (confr. fs. 1429/1435 vta.).-
Contra esta decisión, la accionada interpuso recurso de casación acusando violación de la ley (art. 3º inc. a) ley 1687) y arbitrariedad de sentencia, agraviándose porque, a su entender, la justa causa invocada para despedir a Castro se encuentra debidamente acreditada en autos. Al respecto señala que las pruebas testimoniales, y la propia confesional del actor permiten acreditar la ocurrencia de los hechos mencionados por su parte. Al efecto, hace una interpretación de las declaraciones testimoniales y de los dichos del actor en la audiencia confesional a partir de los cuales concluye en que los Juzgadores no han valorado en debida forma los elementos de la causa, y por ello, dice, el fallo se ha conformado con meras declaraciones dogmáticas carentes de la debida profundidad. A renglón seguido se agravia porque se le impuso la sanción prevista en el artículo 2° de la ley 25323. Y finalmente porque se le impusieron las costas del juicio. Hace reserva del caso federal.-
II. Sentado ello se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º de la ley 1687 a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
En esta tarea no debe perderse de vista que -tal como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio.-
Que del estudio de los fundamentos de la casación, se advierte que los planteos de la recurrente remiten a temas de hecho y prueba, en principio, ajenas al ámbito casatorio. La impugnación está estructurada en torno a circunstancias fácticas y de contenido procesal, extrañas al carácter sustancial que impregna a la vía extraordinaria provincial.-
Nutrida jurisprudencia sobre el particular, abona este criterio: “En la justificación de un despido, la determinación de la existencia o no de injuria laboral es, en principio, una cuestión de hecho y valoración de la prueba que compete a los jueces de grado y, por lo tanto, ajena a la instancia casatoria, y se convierte en materia del recurso extraordinario local en aquellos casos en que se invoque y demuestre absurdo o arbitrariedad” (confr. Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, “Santillán Ramón Horacio y Otros c. Panificadora García y/u Otros”, 19/10/2009, publicado en La Ley Online, cita online: AR/JUR/56855/2009). “Es inadmisible el recurso directo, interpuesto por el de casación denegado, en tanto los fundamentos de aquel se limitan a proponer una diversa valoración de lo acontecido, ya que determinar si las circunstancias del caso constituyen o no injuria en los términos del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, involucra cuestiones de hecho y prueba, cuya fijación y análisis es facultad exclusiva de los Tribunales de mérito, no revisable a menos que se demuestre su ejercicio abusivo” (confr. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, sala laboral, “Varela Carlos Armando c. Lotería de La Provincia de Córdoba S.E.”, 09/06/2010, publicado en LLC 2010 (octubre), 1003, DJ 20/10/2010, 42, cita online: AR/JUR/37178/2010). “Evaluar, la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral, para establecer la existencia o no de injuria legitimante del despido remite a típicas cuestiones de hecho inabordables en casación, salvo absurdo” (confr. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Pucheta, “Luis B. v. Royal Group Technologies del Sur S.A. y otros s/ Despido”, 08/07/2008, publicado en La Ley Online 14/147184, SCBA, fallo L89160, Acuerdo 2078, del 8 de julio de 2008).- Se observa, en el sub lite, que la cuestión esgrimida por la impugnante con relación a la falta del dependiente y la sanción, que culmina con la disolución de la relación laboral, se vinculan con aspectos referidos a hechos y prueba, cuyo juzgamiento, en principio, es privativo de los jueces de grado, irrevisables en esta instancia extraordinaria, salvo eficaz denuncia y acabada demostración de absurdo, vicio que no se acredita ni se avizora en el sub examine.-
“La apreciación del material probatorio, así como el análisis y establecimiento de conclusiones referidas a la categoría laboral del trabajador y su salario, la determinación de las circunstancias en que se produjo la extinción del contrato de trabajo y, en tal caso, si existió -o no- injuria que justifique aquella disolución, constituyen cuestiones de hecho reservadas a la instancia ordinaria y, en consecuencia, marginadas de la casación, salvo cabal y suficiente demostración del absurdo” (confr. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, “Trojelli, Oscar Raúl v. Lemarchand, Sergio Benjamín s/ Despido”, 28/05/2008, publicado en La Ley Online, 14/145728).- Asimismo, la valoración de la entidad de la injuria en principio escapa al control excepcional de esta instancia por comprometer materia de resorte exclusivo de los Tribunales de Mérito (confr. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, sala laboral, autos: “Berrios, Alejandro Gabriel c. Amuchastegui, Jorge Omar s/ ordinario – despido – recurso de casación”, 26/07/2012, Publicado en: LLC 2012 (noviembre), 1076, DJ 13/02/2013, 39, Cita online: AR/JUR/39374/2012).-
Reiterando entonces, que tanto la apreciación del material probatorio, como la determinación de la existencia o no de injuria que justifique la extinción del vínculo laboral constituye materia reservada a los jueces de mérito; el límite que encuentra tal facultad lo constituye la eficaz alegación y demostración de absurdo al apreciar los hechos y las pruebas de la causa, o en la afirmación y comprobación de que la valoración de la injuria invocada fue efectuada por el juzgador sin la prudencia que la ley exige (art. 242, LCT). Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal e incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (confr. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, “N.R.O. c. Aguas Bonaerenses S.A.”, 06/03/2013, Publicado en: DJ 31/07/2013, 37, Causa: L.101.011, Cita online: AR/JUR/6602/2013; TSJ Santa Cruz, Tomo XXV, Interlocutorio, Reg. 3034, Folio 4906/4909).-
Si con los elementos probatorios adquiridos durante la sustanciación del proceso, el tribunal de grado consideró injustificada la causal de despido, ello constituye una cuestión fáctica. Como también lo es el evaluar, precisamente, la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral, para establecer la existencia o no de injuria legitimante del despido. Materias todas reservadas a las instancias ordinarias.-
Se advierte, también, que el casacionista, para sostener su recurso, intenta cuestionar la valoración del material probatorio y el mérito que, en particular, de las testimoniales, hicieron los Jueces preopinantes. Sin embargo esta es una materia privativa de los jueces de grado que no pueden ser revisadas en esta sede por medio de la mera expresión de una opinión discrepante que no alcanza a demostrar la consumación de algún vicio. Al respecto, ha señalado este Cuerpo que en la meritación de la prueba los jueces son libres en la selección de los medios probatorios e indiciarios que los conducen a establecer los hechos, y de optar por aquellos que les ofrecen mayores garantías de eficacia en el descubrimiento de la verdad, ya sea omitiendo o haciendo prevalecer unos u otros, por lo que esta temática queda -por regla- excluida del control casatorio (confr.
TSJ Santa Cruz, Tomo XX, Interlocutorio, Reg. 2644, Folio 3980/3984).- Los magistrados de alzada han efectuado un exhaustivo análisis de las constancias de la causa llegando a conclusiones que, más allá de su error o acierto, no patentizan la exteriorización de la sola voluntad del juez, ya que aportan las razones del veredicto. No se advierte en éste error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones incompatibles con las constancias objetivas del proceso, y si bien a través de la doctrina del absurdo se admite una apertura al reexamen de los hechos de la causa, a ello sólo puede acudirse en situaciones que bien pueden calificarse de extremas, que como se ha expresado no se acreditan ni se evidencian.
Por otra parte, corresponde a la impugnante demostrar la existencia del absurdo y no al Superior Tribunal explicar por qué no se ha configurado (confr. HITTERS, Juan C., Técnica de los recursos extraordinarios y de casación, 2da. edición, Librería Editora Platense S.R.L., La Plata, 1998, págs. 452/471). Máxime cuando, como en la especie, las argumentaciones vertidas por el recurrente no van más allá de la exposición de su propia interpretación de lo sucedido, constituyendo meras reflexiones personales y disentimientos, que no logran evidenciar el absurdo de la decisión, ni demuestran que la sentencia no constituya una derivación razonada del derecho vigente (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XX, Interlocutorio, Reg. 2638, Folio 3963/3966).- En este contexto, observamos que no se encuentran reunidos en autos, los presupuestos que configuran la arbitrariedad por absurda valoración de la prueba.
Sobre la materia tiene dicho este Alto Cuerpo que ello se produce cuando nos encontramos ante “…un desvío lógico, una falla del razonamiento, la incongruencia o el grosero error material en la interpretación de algún elemento probatorio, que llevará a sentar premisas incompatibles con las reglas de la común experiencia o contra dichas por piezas fehacientes de la causa, en grado tal que justifiquen su revisión por la última instancia provincial…” (confr. Tomo VII, Sentencia, Reg. 254, Folio 1383/1389; ídem, Reg. 255, Folio 1390/1394, entre otros).-
IV. Asimismo, la impugnante no demuestra que la sentencia recurrida sea arbitraria, es decir, aquéllas que se apartan en forma inequívoca de la solución normativa prevista para el caso o que padezcan de una carencia absoluta de fundamentación, así como también las que se fundan en afirmaciones meramente dogmáticas u omiten pronunciarse sobre cuestiones planteadas por las partes y conducentes para la resolución del caso (confr. BIDART CAMPOS, Germán J., “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, Tomo II, Buenos Aires, Ediar, 1995, p. 440/443).- No se observan en el pronunciamiento impugnado ninguno de los presupuestos que configuran la arbitrariedad de sentencia alegada.-
A su vez, sobre la materia, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ha señalado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión, “…tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación. Por lo tanto “debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas”…” (confr. SCBA, Ac. 24.739, Díaz de Giocco, Carmen c/ Fundiciones en matrices Junker S.A. Despido y salarios, del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Ídem, Ac. 24.985, “Acebey de Dega, J.E c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente”, del 19- VIII-78; Ac. 25.048, “Correa de A.A. V. c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente”, del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54, cit. en HITTERS, Juan Carlos, ob. cit., pág. 479/480).- De su lado, este Tribunal tiene dicho que: “…La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad excepcional en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación…” (confr. Tomo III, Interlocutorio, Reg. 282, Folio 457/458; Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).- En el sub lite, la recurrente no ha logrado demostrar la arbitrariedad de la sentencia, que invoca, ya que sólo se desprenden del recurso, discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio, todos ellos relativos a cuestiones de hecho y prueba. No se demuestra ni se aprecia que el fallo constituya una decisión sujeta a descalificación, por carecer de fundamentos o por abandono notorio de prescripciones legales, antes bien, más allá de la discordancia que se pueda mantener con el criterio sustentado por los jueces, éste se encuentra debidamente fundado.-
V. En cuanto a la referida violación de la ley cabe señalar que sólo se enumeran normas supuestamente conculcadas, pero ha omitido, la recurrente, efectuar una cabal demostración de cómo es que se ha producido esa violación de la ley o la aplicación falsa o errónea que genéricamente denuncia, de manera de suministrar con ello, fundamentos que estén referidos directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia. En efecto, no surge del libelo bajo estudio, el error jurídico que se le atribuye a la sentencia atacada, quedando los agravios reducidos a cuestiones fácticas y probatorias; de modo que los agravios del casacionista pretenden lograr un nuevo examen de los hechos, lo que resulta ajeno -como ya hemos dicho- a esta instancia.-
VI. Con relación a la queja por la aplicación de la penalidad prevista en el artículo 2° de la ley 25323, ello, no parece objetable en tanto es una directa consecuencia de lo anterior. Su aplicación, según surge del fallo, parte del hecho de que al no existir, a criterio de los camaristas, injuria justificante del despido y haberse visto el actor compelido a recurrir a la justicia para obtener la indemnización que le era debida, ello torna aplicable la referida norma. Nuevamente nos hallamos ante una cuestión fáctica, circunstancia que impone la misma suerte adversa para la recurrente, conforme lo señalado en los Considerandos precedentes.-
VII. Finalmente, en cuanto a la impugnación por la condena en costas, nuevamente se trata de una cuestión extraña a la vía casatoria. Este Tribunal reiteradamente ha expresado que “…las cuestiones relativas a la imposición de las costas son extrañas al recurso de casación, pues de otro modo el tribunal se introduciría en el tratamiento de cuestiones fácticas que son privativas de los jueces de grado […] la materia en estudio, se encuentra detraída al conocimiento en casación por constituir una típica cuestión de hecho y de derecho procesal que escapa al control de esta instancia; constituyendo un principio general la irrevisibilidad sobre la base de que aquella imposición es facultad privativa de los jueces de grado, siendo el tema ajeno a la instancia extraordinaria, salvo cuando las costas se impusieran a quien no resultare vencido, o que exista inequidad en los criterios de distribución […] En consecuencia, mientras no se altere la calidad de parte vencida en que se asienta el instituto de la imposición de las costas, el tema no es tratable en casación (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo V, Interlocutorio, Reg. 868, Folio 993/994 y SCBA, AyS, 1971-I-174, 1973-I- 247 y 616, 1974-I-174, 1974-II-719, 1974-III-747; DJBA, 117-441), ya que la imposición de las mismas, como así también su eximición total o parcial, son cuestiones privativas de los jueces de la instancia ordinaria y exenta de revisión en casación…” (confr. Tomo XIII, Sentencia, Reg. 467, Folio 2539/2542). La claridad de las citas transcriptas, que forman la doctrina de este Alto Cuerpo sobre la materia, nos exime de mayores explicaciones.-
VIII. En resumen, del escrito introductorio surge que los cuestionamientos de la casacionista se centran en la conclusión a la que arribaron los sentenciantes cuando tuvieron por no demostrada, por parte de la empleadora, la supuesta injuria cometida por el actor, que ella alegó, para dar por extinguida la relación laboral. Sin embargo, los argumentos con que procura la accionada obtener que se revoque el fallo impugnado no demuestran arbitrariedad, ni apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o una decisiva ausencia de fundamentación, ni la concurrencia de un yerro jurídico patente, o un desvío lógico susceptible de ser reparado en esta instancia extraordinaria. Razón por la cual, el recurso de casación articulado a fs. 1439/1464 vta., no logra abrir la presente vía; por lo que deberá declarárselo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 1466 y vta., de conformidad con lo establecido en los arts. 7 y ccs. de la ley 1687 -Recurso de Casación-, teniéndose presente la reserva del caso federal.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la demandada a fs. 1439/1464 vta. y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 1466 y vta..-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, ley Nº Uno, t.o. ley Nº 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal a/c Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1049I.141 Tomo: XXVI Interlocutorio: 3.079.-
Folio N°: 5.013/5.016.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia