Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-1.966/14-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la demandada a fs. 1494/1513 vta.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: C-1.966/14-TSJ Otros Recursos N°: 359.-
Actor: CASTRO FIDEL Demandado: BOLLAND Y CÍA S.A Objeto: INDEMNIZACION POR DESPIDO Y COBRO DE PESOS Fecha: 22-05-15 Texto: TOMO VII -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 359 FOLIO Nº 1.356/1.359 PROT. ELECT. TSS1 005 O.151.-
Río Gallegos, 22 de mayo de 2015.-
Los presentes autos caratulados: “CASTRO FIDEL C/ BOLLAND Y CIA. S.A. S/ INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO Y COBRO DE PESOS”, EXPTE. Nº C-10.080/08 (C-1966/14-T.S.J.) venidos al acuerdo para resolver; y
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Alto Cuerpo en virtud del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que articulara la demandada BOLLAND Y CIA. S.A. a fs. 1494/1513 vta.. Su tratamiento se efectuará a la luz de la doctrina sentada por el cimero Tribunal Nacional (confr. E.D. t. 126-170 y 171) y por este Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz (T.S.J. Santa Cruz, Tomo I, Otros Recursos, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente por el Tribunal Superior de la causa si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que lo originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca.- El recurrente suscita la instancia extraordinaria nacional alegando la arbitrariedad de la resolución dictada a fs. 1485/1488 vta., mediante la cual se declaró mal concedido el recurso de casación que había planteado a fs. 1439/1464 vta.-
Argumenta que la arbitrariedad está dada porque el decisorio atacado contiene omisiones y desaciertos de extrema gravedad, que lo descalifican como acto jurisdiccional válido. Cuestiona el ritualismo que, a su entender, se ha empleado para rechazar el recurso y evitar, merced a un excesivo rigorismo formal, atender a los agravios que había vertido contra la sentencia de Cámara. Agrega que las cuestiones de hecho y prueba se encuentran excluidas de la casación sólo en principio, pero no cuando se suministra fundamentación seria de que hay un absurdo en la valoración de la prueba, y que este presupuesto se configuró en las actuaciones que nos ocupan.- A renglón seguido abunda en citas jurisprudenciales donde se ha hecho lugar a recursos extraordinarios, aun en cuestiones de hecho y prueba, aunque sin explicar debidamente cómo esas citas se aplican al concreto caso de autos.-
Señala para cerrar este acápite que: “El Excmo. Tribunal Superior se desentiende en verdad de toda la línea argumental desarrollada por mi parte, y en modo alguno la rebate, lo que es lo mismo que decir que como directa consecuencia de esa falta de valoración -y eventual refutación- todas las aseveraciones del pronunciamiento en orden al supuesto déficit del recurso, devienen inatendibles.” (cfr. fs. 1512).- Agrega que se han violado, en la sentencia que recurre, garantías constitucionales. Menciona que: “El hecho de haberse declarado inadmisible el recurso de casación, importa una ilegítima aplicación de las normas legales que rigen la materia, y afecta en forma directa e inmediata las garantías constitucionales de igualdad, propiedad, defensa en juicio, debido proceso y legalidad consagradas en los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución Nacional.” (cfr. fs. cit.).- Seguidamente expresa que: “La señalada configuración de cuestión federal suficiente es inevitable, habida cuenta que al desentenderse el Tribunal Superior de la causa de brindar adecuado tratamiento a los agravios expresados en el recurso de casación, ha dictado un pronunciamiento que por su alcance y efectos sobre el patrimonio de mi representada, redunda en menoscabo de los derechos de defensa en juicio y propiedad.” (cfr. fs. 1512 vta.) y concluye señalando que: “Han quedado precedentemente plasmados los argumentos en base a los cuales afirmo ante la Corte Suprema la configuración inequívoca del supuesto de sentencia susceptible de descalificación en los términos de la doctrina de la arbitrariedad…” (cfr. fs. 1513).- A fs. 1516 se ordena correr vista al Sr. Agente Fiscal ante este Cuerpo quien dictamina a fs. 1517/1518. Allí expresa -sobre la base de los argumentos que esgrime y a los cuales nos remitimos ‘brevitatis causae’- que debe declararse inadmisible el recurso impetrado.-
II. Que, corresponde entonces que este Tribunal verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso articulado por la parte actora (conf. T.S.J. Santa Cruz, Tomo VI, Otros Recursos, Reg. 351, Folio 1331/1335), tal y como lo dispone el artículo 257 del CPCCN, los artículos 14 y 15 de la ley Nº 48 y las acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 4/2007 (modificada por la acordada Nº 3/12) y Nº 38/2011.- En ese orden debe destacarse, en primer lugar, que el recurso extraordinario federal ha sido interpuesto oportunamente y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que el recaudo previsto en el artículo 257 del CPCCN se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo lugar, se observa que el recurrente no dio cumplimiento con lo dispuesto por la acordada Nº 38/2011. A través de dicho reglamento, el Alto Tribunal dispuso que todas las presentaciones que se realicen en sus estrados deberán utilizar el formato de hoja A 4 (conf. artículo 2º), por lo que, habiéndose efectuado la presentación puesta a estudio en formato de hoja oficio, este recaudo no se encuentra cumplido.- No obstante lo expuesto -y a fin de no incurrir en un exceso de rigor formal-, dicha omisión no será tenida como un impedimento que obstaculice la eventual admisión del recurso intentado (conf. Fallos: 334:196; v. asimismo: T.S.J. Santa Cruz, Tomo VI, Otros Recursos, Reg. 308, Folio 1187/1189; ídem Reg. 310, Folio 1193/1196).-
Ahora bien, continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia, corresponde entonces realizar su estudio a la luz de las previsiones contenidas en el reglamento aprobado mediante la acordada Nº 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que regula los requisitos formales que debe cumplir el escrito de interposición de un recurso extraordinario federal.-
En este análisis se advierte que la presentación no supera las cuarenta (40) páginas, ha sido escrita con letra claramente legible y cumple, además, con el recaudo de no superar los veintiséis (26) renglones en cada página (conf. artículo 1º de la acordada Nº 4/2007). Cuenta, asimismo, con la carátula en hoja aparte con las exigencias establecidas en el artículo 2º de la norma citada, aunque incumpliendo con el requisito de enumerar las fojas en las que introdujo y mantuvo la cuestión federal (conf. fs. 1494 vta.).- Sin embargo, el escrito recursivo no cumple acabadamente con los recaudos previstos en los incisos c), d) y e) del artículo 3º de la acordada Nº 4/2007.
Dicho artículo exige que el apelante demuestre que la decisión apelada proviene del Superior Tribunal de la causa y que es definitiva, o equiparable a tal, según la jurisprudencia de la Corte (inciso a), así como también requiere un relato de las circunstancias relevantes del caso relacionadas con las cuestiones que se invocan como de índole federal (inciso b), lo cual se encuentra debidamente realizado en el escrito impugnativo. Hasta allí llega el cumplimiento de los requisitos del artículo 3º.- En efecto, el apelante no logra demostrar de que manera el pronunciamiento impugnado le ocasiona un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación (inciso c), sino que sólo se limita a mencionar una serie de derechos que emanan de la carta magna y que, dice, han sido menoscabados.-
De igual modo, no se ha debatido en el pleito una cuestión federal que habilite la instancia extraordinaria en los términos de los incisos d) y e) del mencionado artículo 3º, ni del artículo 14 de la ley Nº 48 (Fallos: 148:62; 306:1740; 307:129), ya que las cuestiones traídas a juzgamiento de este Tribunal atañen exclusivamente al orden local. Se trata de cuestiones de hecho y prueba, ajenas por su naturaleza a la vía extraordinaria que se intenta.- En el sub lite el recurso de casación se declaró mal concedido porque las materias traídas a Juzgamiento de este Tribunal eran ajenas a la casación. Se trataba de cuestiones del exclusivo resorte de los jueces de grado. En merito de la inexistencia de cuestión federal, es que no se ha podido dar cumplimiento con el requisito contenido en el artículo 3º, incisos d) y e) de la acordada Nº 4/2007.-
Por lo demás, en el pronunciamiento atacado se cita copiosa jurisprudencia que avala la denegación decidida.-
III. Con relación al carril por el que pretende encauzar el recurrente su agravio, debe recordarse que la Corte Suprema Nacional ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, la revisión de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Federal (Fallos: 325:3265 y sus citas).- Conteste con lo señalado ‘ut supra’, la Corte Federal ha establecido reiteradamente que esa doctrina no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (Fallos: 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (Fallos: 237:74).- La tacha de arbitrariedad, en consecuencia, procede sólo frente a “...desaciertos y omisiones de gravedad extrema, a causa de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional” (cfr. el dictamen del Procurador General al cual remitió la Corte Suprema en Fallos: 311:1950; v. asimismo Fallos: 323:3139 y el voto de la Dra. Highton de Nolasco en Fallos: 329:646).-
Ninguna de las circunstancias apuntadas acontece en autos, toda vez que este Tribunal ha explicado las razones jurídicas en las cuales se apoyó su decisión, adunándolas con citas doctrinarias y jurisprudenciales que son contestes con el criterio sustentado.-
En otro nivel de tratamiento corresponde decir que las cuestiones relacionadas con la concesión o denegación de los recursos locales -por su carácter netamente procesal-, tampoco constituyen materia federal que habiliten el recurso intentado. A ello cabe agregar que el sendero que habilita la tacha de arbitrariedad, es particularmente restringido respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales de provincia cuando deciden, como en el caso, recursos extraordinarios de orden local (conf. el dictamen de la Procuración General que la Corte hizo suyo en Fallos: 326:621 y sus numerosas citas; v. en igual sentido Fallos: 329:4783, entre muchos otros).- En síntesis, y contrariamente a lo que sostiene el recurrente, en el decisorio aquí impugnado se efectuó un adecuado tratamiento de las cuestiones propuestas que satisface los requisitos exigidos para la validez de los pronunciamientos judiciales, pues cuenta con fundamentación suficiente y constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual descarta el vicio que se le atribuye (conf. T.S.J. Santa Cruz, Tomo VII, Otros Recursos, Reg. 358, Folio 1351/1355, entre muchos otros).- En esa inteligencia, se aprecia que los reparos invocados trasuntan una mera disconformidad con aspectos que, por regla, constituyen materia ajena a la instancia extraordinaria federal, pues se vinculan a cuestiones de hecho, prueba y derecho común, que han sido oportunamente desechados sobre la base de argumentos que, al margen de su acierto o error, no compete al Máximo Tribunal de la Nación revisar (conf. el dictamen de la Procuración General a cuyos fundamentos remitió la Corte Suprema en Fallos: 326:1877); tal como sucede con la apreciación de la materia probatoria (Fallos: 320:2751 y sus citas, entre muchos otros). Todo lo cual lleva al rechazo del remedio federal pretendido.- A mayor abundamiento cabe agregar, sobre la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional (en el caso los artículos 16, 17, 18 y 19), que tales dichos constituyen una mera enunciación incapaz de habilitar la vía extraordinaria si no se logra demostrar de qué manera han sido vulnerados tales principios.-
En efecto, la Corte Suprema ha establecido que la sola mención de la afectación de preceptos constitucionales no alcanza para abrir la vía extraordinaria (Fallos: 165:62; 266:135; 295:335; entre otros). No basta la mera invocación, sino que se requiere la demostración plausible de la agresión a un derecho que la Carta Magna resguarde para que pueda prosperar la cuestión federal. De otro modo la jurisdicción extraordinaria sería indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional, aunque esté directa e inmediatamente regido por el derecho no federal (Fallos: 310:2306).- Nótese que en autos el recurrente sólo se ha limitado a enumerar derechos constitucionales que considera menoscabados, sin explicar de qué manera el fallo produjo esa violación.-
Por último, carece el libelo bajo estudio de la “fundamentación autónoma” a que se refiere el artículo 15 de la ley Nº 48 pues, según esta exigencia la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo impugnado, de modo tal que el apelante debe rebatir todos los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (Fallos: 308:2421; 311:499; 331:2149).- No se cumple con este recaudo cuando, como sucede en el ‘sub judice’, los agravios vertidos no constituyen una critica concreta y razonada de los argumentos en los que se apoya la sentencia (Fallos: 323:1261; 331:809). El recurrente cita copiosa jurisprudencia con la cual pretende avalar sus dichos, pero omite explicar como es que esas citas deben aplicarse al caso concreto de autos y, menos aun, como es que se ha configurado la arbitrariedad que alega, no consiguiendo en ningún momento despojar a su presentación del dogmatismo y de la abstracción de la que adolece.- En consecuencia, los planteos efectuados resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal toda vez que -además de no cumplir con los recaudos previstos en los incisos c), d) y e) del artículo 3º de la acordada Nº 4/2007-, carecen de debida fundamentación, soslayan los argumentos del resolutorio y sólo consisten en una mera disconformidad con el criterio jurídico aplicado en la solución dada a la causa.-
Por ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la demandada a fs. 1494/1513 vta.-
La presente resolución se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, 2º párrafo, de la ley Nº Uno, t.o. ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal A/C Presidencia, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1005O.151 Tomo: VII Otros Recursos: 359.-
Folio N°: 1.356/1.359 Secretaría: 1
Fin de la sentencia