Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-2249/18-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 335/343 vta. y en consecuencia, confirmar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial a fs. 320/327 vta. en todo lo que decide y que fuera materia de agravios.-
2Imponer las costas de ésta instancia a la actora vencida (cfr. art. 68, 2º párrafo, del CPC y C).-
3Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto den cumplimiento con las normas tributarias y previsionales y se fijen los de las anteriores instancias.-
4Tener presente la reserva del caso federal efectuada a foja 343 y vta..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: C-2249/18-TSJ Interlocutorio N°: 652 Actor: CASTRO GABRIEL NICOLÁS Demandado: SOCIEDAD ANÓNIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA Y/O SUPERMERCADO LA ANÓNIMA Objeto: LABORAL -COBRO DE PESOS Fecha: 04-10-2019 Texto: TOMO XIX -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 652 FOLIO Nº 3749/3753 PROT. ELECT. TSS1 013 S.191
Río Gallegos, 4 de octubre de 2019.-
Los presentes autos caratulados: “CASTRO GABRIEL NICOLÁS c/ SOCIEDAD ANÓNIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA Y/O SUPERMERCADO LA ANÓNIMA s/ LABORAL -COBRO DE PESOS”, Expte. Nº C-15.144/11 (C-2249/18-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, para dar tratamiento al recurso de casación articulado por la parte actora, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Ricardo Jorge Díaz (cfr. fs. 335/343 vta.), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 320/327 vta., que rechazó la demanda, impo-niendo las costas a la accionante vencida (cfr. foja 332 y vta.).- Aduce la parte recurrente las causales de violación de la ley, en los términos del artículo 3º, incisos a) y b) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y de la doctrina legal y arbitrariedad (cfr. foja 336).-
A foja 345 y vta. la Excma. Cámara de Apelaciones declaró formalmente admisible el recurso de casación interpuesto.-
A foja 358 y vta., obra interlocutorio de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, declarando bien concedido el recurso de casación, poniendo los autos a disposición de las partes en los términos del artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, ninguna de las partes hizo uso de ese derecho (cfr. cert. foja 362).-
A fs. 363/366 dictamina el Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, quien sostiene -por los argumentos que allí esgrime y a los cuales remitimos “brevitatis causae”- que el recurso de casación interpuesto debe ser rechazado.-
A foja 367 se llaman autos para sentencia y a foja 368 pasan los presentes a estudio.-
II. El caso: sucintamente, el actor alega que se desempeñaba como gerente administrativo en la sucursal 31 del supermercado La Anónima de Caleta Olivia, no recibió, a pesar de sus reiterados pedidos, un aumento que se les otorgó a los demás jerárquicos. Como consecuencia de ello, explica, su salario quedó por debajo que el del cajero principal que dependía de él y del jerárquico de igual categoría de la sucursal 32. Además, señala que la empleadora, le dio la categoría de gerente administrativo para no reconocerle las horas extras y los feriados. Por tales motivos y luego de un exiguo intercambio epistolar, al no haber recibido respuesta favorable, se consideró despedido y reclama indemnización por los rubros que enumera a foja 31 y vta.- A su turno la demandada alega que por ser personal jerárquico, el actor se hallaba fuera de convenio, y por ende no se aplicaban a él, las escalas pactadas en el convenio. El personal jerárquico, dice, arregla sus aumentos directamente con la empleadora. Rige la autonomía de la voluntad. Los aumentos otorgados al personal jerárquico no se rigen por ninguna norma o convención legal (cfr. fs. 92 vta./93). No obstante agrega, que pactó con aquellos aumentos escalonados por periodos trimestrales, de acuerdo a las funciones y tareas desempeñadas por cada uno de los jerárquicos. A raíz de ello, explica, al actor se le concedieron aumentos en el mes de febrero del 2010 junto a otros jerárquicos (cfr. foja 93 vta.), pero no a todos.- Aduce, además, que el Sr. Castro se apresuró a considerarse despedido (cfr. foja 94), pues la intimó para que responda a su reclamo por el plazo de 24 horas, cuando la ley exige dos días hábiles (cfr. foja 94 vta.).-
Si bien en Primera Instancia el reclamo del accionante obtuvo favorable acogida, la Cámara revocó esa sentencia, dictando una nueva que, rechazó la demanda e impuso las costas a la accionante.-
Para así decidir la Excma. Cámara de Apelaciones consideró que el despido indirecto decidido por el actor fue apresurado, toda vez que el actor intimó a su empleadora para que le otorgue un aumento, que pretendía, por el término de 24 horas, mientras que el artículo 57 de la LCT, prevé un plazo mínimo de dos días hábiles, al efecto. A ello agrega que la carta documento intimatoria, llegó a manos de la demandada un día viernes y fue respondida el lunes siguiente, es decir al siguiente día hábil de la notificación y ese mismo día el actor, aduciendo la falta de respuesta de la empleadora, hizo efectivo el apercibimiento y se consideró despedido. Por ello, según el fallo de Cámara, es que el plazo legal no había vencido cuando el actor se colocó en situación de despido indirecto (cfr. foja 324).- Por otro lado, entendió que el actor no había acreditado la discriminación que alegó, pues, dice el fallo, no haberle otorgado un aumento que pudo concederse a otros no es una discriminación porque éste pudo basarse en circunstancias distintas en las que se encontraba cada uno, como ser antigüedad, cargas de familia, etc.
(cfr. foja 325 vta.). Y agrega: “No se ha traído a autos indicios suficientes como para habilitar una presunción judicial de motivación discriminatoria, o sea motivos de raza, color, sexo o inclinación sexual, religión, opinión política o actividad gremial, edad, ascendencia nacional, salud u origen social que anule o altere la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo. Ha planeado (sic) el actor en la intimación del 3 de septiembre una discriminación salarial aunque no se la invoca en el telegrama del 7 de septiembre en que se considera despedido por culpa de la patronal, y en el escrito de demanda no se rebate las afirmaciones del telegrama de la patronal en respuesta al del actor del 3 de septiembre.
Entiendo que el actor debió acreditar sus condiciones personales en igualdad con el resto de empleados jerárquicos y no debemos pasar por alto que dentro de una empresa el personal jerárquico, y por lo tanto fuera de convenio, tienen distintas responsabilidades dentro de distintas secciones o distintas sucursales, e incluso pueden tener distintos niveles de eficacia, desempeño, y éxito en los objetivos que pueden justificar distintas remuneraciones…” (cfr. foja 326).- Afirma el fallo que no pudo haber discriminación en la medida que el actor no tenía derecho a percibir el aumento que pretende, al tratarse de un trabajador fuera de convenio, en el caso de los jerárquicos, los aumentos dependen de distintas consideraciones, de acuerdo al sector en que se desempeñan, tareas, funciones y responsabilidades; de allí que se otorguen aumentos salariales con criterio subjetivo e individual, no configura una injuria suficiente como para sustentar el despido indirecto (cfr. foja 326 vta.).- Señala que “…al actor se le aumentó el salario en febrero de 2010 con otros jerárquicos, pero no se le aumentó a Víctor Alanís, Sandra Álvarez, Malvita Comigual y Susana Pazos mientras que el aumento de junio de 2010 no fue otorgado al actor, Susana Pazos y Malvita Comigual.
Es decir que el actor no fue el único al que no se le aumentó el sueldo en junio de 2010 mientras que en Febrero cuando él recibió un aumento no se le aumentó a cuatro jerárquicos…” (cfr. foja 326 y vta.).-
III. Contra dicho pronunciamiento, el actor interpuso recurso de casación. Sobre esta presentación, y antes de reseñar su contenido, es preciso aclarar que sólo refieren a este expediente las expresiones vertidas desde foja 335 a foja 337 vta., las demás (fs. 338/343 vta.) no guardan relación alguna con el contenido de la sentencia de Cámara que intenta cuestionar.-
Ante este dilema, serán analizados los fundamentos vertidos en las fojas indicadas en primer término, mientras que los restantes no pueden ser atendidos toda vez que los argumentos desplegados por la recurrente para sustentar su embate, se desvinculan totalmente del contenido de la sentencia de Cámara.-
Así invoca quebrantamiento de forma, basando dicho agravio en que la sentencia aplicó topes indemnizatorias que no corresponden con los vigentes a la fecha del distracto (cfr. foja 339), como así también que la carga de la prueba de dichos topes era de la parte actora. Ahora bien, en ninguna parte del fallo se hace referencia alguna a topes indemnizatorios y menos aun a cuál de las partes correspondía acreditarlos.-
A renglón seguido alega violación de la doctrina legal (cfr. foja 341), porque, dice, no se tuvo en cuenta al fijar la indemnización, la doctrina emanada del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Vizotti c/ AMSA”. Es tal el desajuste del recurso con el fallo que, cabe insistir, la demanda fue rechazada, no se estableció indemnización alguna a favor del actor, de manera tal que el planteo es totalmente extraño al caso de marras.-
En esta parcela del libelo recursivo, surge palmario que la recurrente se desentiende, absolutamente, de los fundamentos y de lo decidido en el fallo de Cámara. Los argumentos referidos precedentemente, insistimos, no guardan relación alguna con este último. Sabido es que para dar andamiaje a la vía extraordinaria provincial, el libelo debe contener una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento judicial, sin que reúna tal condición, aquella que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta. Es tan flagrante la violación a una básica técnica recursiva que los referidos agravios deben ser rechazados sin más.-
IV. Sin perjuicio de lo señalado en el considerando que antecede, sí merecen atención los argumentos planteados a foja 336 donde alega: “Que, el fallo no ha considerado tampoco el accionar de mala fe de la demandada, pues en la contestación de demanda sostiene que considero (sic) durante toda la relación laboral al actor, como personal jerárquico, y sin embargo, el reconocimiento de la demandada señala que percibía mensualmente la remuneración al igual que otro empleado u operario de inferior categoría.”.- Este planteo, que si bien prima facie tiene andamiaje como para motivar un análisis más profundo del presente litigio, lo cierto es que es la propia actora quien los desvirtúa, en el mismo escrito de inicio.-
En efecto, el agravio que podría sintetizarse en que el Sr. Castro se desempeñaba como un empleado común, y en los hechos así era tratado por la demandada, mientras que formalmente revestía una categoría jerárquica, y esto, a decir del accionante, tenía por finalidad dejarlo fuera de convenio para excluirlo de los aumentos que se otorgaban a los demás empleados no jerárquicos, se diluye cuando en otro tramo de la demanda la propia actora sostiene: “El actor prestó servicios en las oficinas ubicadas en la sucursal Nº 031 de la Ciudad de Caleta Olivia realizando tareas generales en el control de todos los procedimientos relacionados con el flujo de fondos y mercaderías de la sucursal. A su puesto de trabajo reportaban directamente tanto el cajero principal como el operador de sistemas de la sucursal; sin embargo, cuando el Jefe Administrativo zonal (gerente) gozaba de sus vacaciones y/o se ausentaba, era nuestro mandante quien desarrollaba dichas tareas […] Dada la gran cantidad de tareas y de la responsabilidad que recaían (sic) en la persona de nuestro mandante como empleado, acude en reiteradas oportunidades ante su superior directo, el contador Germán Arnedo, a efectos de solicitar un aumento salarial, quien prometía solucionar el debito (sic) a la brevedad.” (cfr. fs. 31 vta./32); de lo que se desprende que es el propio actor quien reconoce que tenía empleados a cargo y realizaba tareas propias del personal jerárquico; y, además, que solicitaba sus aumentos salariales en forma individual, tratando directamente con su superior directo, tal como, a su turno expone la demandada, sobre cómo se acuerdan los aumentos del personal jerárquico.- Son las palabras del propio actor las que dan por tierra con el agravio referido, confirmando el argumento defensivo de la demandada en el sentido que el actor era personal jerárquico, por ende se hallaba fuera de convenio y los aumentos debía negociarlos directa e individualmente con la empleadora.
Asimismo a foja 34, a efectos de acreditar la discriminación que alega, adjunta recibos de sueldo del personal jerárquico y refiere a los aumentos que estos recibieron. A todo ello, se suma que no realizó actividad probatoria alguna tendiente a demostrar la veracidad de sus dichos. Mientras que de la pericia contable obrante a fs. 278/279 vta. surge que “…durante toda la relación laboral el actor se desempeñó como Jerárquico…” (cfr. foja 278 vta.); aseveración, esta que no fue impugnada por el actor. Corolario de lo expuesto es la desestimación del referido agravio.- Juega, también, contra la recurrente que al justificar su despido indirecto, en la demanda, alegó la causal de discriminación, fundándola en que a los demás empleados jerárquicos se le dio un aumento salarial, en el mes de junio del 2010, a excepción del actor pero, al venir en casación y ante la prueba obrante en autos, que acredita que hubo otros, varios, empleados jerárquicos que no recibieron dicho aumento, reformula su argumentación, señalando: “…Que otros trabajadores no reclamen la indemnización de haberes no justifica la desigualdad atribuida.” (cfr. foja 337).
Por lo demás, no aportó, ni existen, otros medios de prueba que corroboren, así sea en forma indiciaria, las manifestaciones de la accionante sobre este aspecto.- A lo señalado precedentemente, se suma que los testigos que depusieron a fs. 125/130 vta., explicaron que los sueldos de los jerárquicos se negocian con la empresa y no se les dan a todos juntos. Asimismo que los aumentos de sueldo se pactan en función del desempeño y el cumplimiento de los objetivos, en forma individual.-
Además, se encuentra probado en autos que el actor recibió aumentos salariales que otros jerárquicos no percibieron, en el mes de febrero de 2010, tal como lo indica el fallo de Cámara (cfr. foja 326), argumento que el actor no ha rebatido en el recurso bajo análisis y que, sumado a lo precedentemente señalado lleva a presumir que no ha existido la discriminación invocada.-
V. En cuanto a la violación de la ley que se alega a foja 337 vta., se advierte que no menciona la recurrente que norma ha sido violada o erróneamente aplicada, menos aun explicar en qué ha consistido esa violación. Tiene dicho este Tribunal Superior de Justicia que la mera invocación de normativa supuestamente violada, sin fundamentación ninguna, se constituye en una simple discrepancia insuficiente para ser tratada en casación (cfr. Interlocutorio, Tomos XII, Reg. 1632, Folio 2348/2350; XXIV, Reg. 2958, Folio 4754/4755; y Sentencia Tomo IX, Reg. 303, Folio 1637/1641, entre otros).- Idéntica suerte adversa debe correr el agravio vinculado con la supuesta afectación de derechos y garantías de orden constitucional como los contenidos en los artículos 14 bis, 17, 18, 19 y 33 de la Constitución Nacional, en la medida que el impugnante omite indicar de qué forma se produjo la transgresión que predica -dado que sus agravios no pasan del mero enunciado- sin hacer referencia a su aplicación concreta al caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado las prerrogativas que ellos tutelan. Este Alto Cuerpo ha sostenido inveteradamente que la sola mención de normas, garantías o principios constitucionales sin hacer referencia a su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado, no constituye base idónea de agravio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156, entre otros).-
VI. Por último debe destacarse -en un todo de acuerdo con el análisis efectuado, en el punto, por la Cámara- que el actor se apresuró a colocarse en situación de despido indirecto. Ello así pues intimó por un plazo de 24 horas, cuando la norma (cfr. art. 57 LCT) prevé al respecto dos días hábiles: “…Constituirá presunción en contra del empleador su silencio ante la intimación hecha por el trabajador de modo fehaciente, relativa al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo sea al tiempo de su formalización, ejecución, suspensión, reanudación, extinción o cualquier otra circunstancia que haga que se creen, modifiquen o extingan derechos derivados del mismo. A tal efecto dicho silencio deberá subsistir durante un plazo razonable el que nunca será inferior a dos (2) días hábiles”. En el caso además de otorgar a la empleadora un plazo de solo 24 horas para cumplir con su reclamo, el actor envió la misiva un día viernes (3 de septiembre), la cual fue contestada por la demandada el día 6 de setiembre (lunes) primer día hábil siguiente a la intimación. No obstante, el actor remitió la misiva en la que se considera despedido, argumentando falta de respuesta a su intimación, el día 7 de septiembre, es decir que cuando la demandada contestó la primer misiva (6 de septiembre) no estaba vencido el plazo. Tales actitudes por parte del actor llevan a la Cámara a entender que “...la decisión de considerarse en despido indirecto resultó apresurada.” (cfr. foja 324). Esta parcela del fallo de Cámara, además de ser razonable y ajustada a derecho, fue central para decidir el rechazo de la demanda, y, a pesar de ello, no fue objeto de cuestionamiento alguno en el recurso de casación.-
VII. Respecto a la impugnación por arbitrariedad, es tesis de este Tribunal que: “...la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación...” (cfr. Interlocutorio, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458; VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).- No se observan en el pronunciamiento impugnado ninguno de los presupuestos que configuran la arbitrariedad de sentencia alegada. En efecto, no nos hallamos ante un pronunciamiento que se aparte en forma inequívoca de la solución normativa prevista para el caso o que padece de una carencia absoluta de fundamentación, tampoco se funda en afirmaciones meramente dogmáticas u omiten pronunciarse sobre cuestiones planteadas por las partes y conducentes para la resolución del caso (cfr.
Bidart Campos: “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, Nueva Edición Ampliada y Actualizada, Tomo II, Buenos Aires, Ediar, 1995, pags. 440/443).- En el sub lite, la recurrente no ha logrado demostrar la arbitrariedad de la sentencia que alega. No ha intentado siquiera probar que el fallo constituya una decisión sujeta a descalificación, por carecer de fundamentos o por abandono notorio de prescripciones legales, antes bien, más allá de la discordancia que se pueda mantener con los criterios sustentados por los jueces, el fallo abunda en fundamentos razonables y ajustado a derecho, contra los cuales el actor, no ha expuesto argumentos serios como para rebatirlos.- Conteste con lo precedentemente expresado, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha señalado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión, “...'tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación'.
Por lo tanto 'debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas'…” (cfr. Juan Carlos Hitters, “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación”, 2da. edición, págs. 479/480, SCBA, Ac. 24.739, 'Díaz de Giocco, Carmen c/ Fundiciones en matrices Junker S.A. Despido y salarios', del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Ídem, Ac. 24.985, 'Acebey de Dega, J.E c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente', del 19-VIII-78; Ac. 25.048, 'Correa de A. A. V. c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente', del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54.).-
VIII. En consecuencia, no procede la casación intentada, toda vez que la recurrente no ha demostrado la arbitrariedad de la sentencia ni surge de ella un manifiesto apartamiento de la legislación vigente, o ignorancia de los hechos y pruebas de la causa. Entiende este Alto Cuerpo que fue correcta la apreciación efectuada por la Excma. Cámara de Apelaciones al considerar que el despido decidido por el trabajador careció de causa justificada. Todo lo cual lleva al rechazo del recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 335/343 vta. y, en consecuencia confirmar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 320/327 vta. en todo lo que decide y que fuera materia de agravios. Las costas se imponen a la actora en su condición de vencida (cfr. art. 68 del CPC y C, por remisión del art. 121 de la Ley Nº 1444).-
Por ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 335/343 vta. y en consecuencia, confirmar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial a fs. 320/327 vta. en todo lo que decide y que fuera materia de agravios.-
2. Imponer las costas de ésta instancia a la actora vencida (cfr. art. 68, 2º párrafo, del CPC y C).-
3. Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto den cumplimiento con las normas tributarias y previsionales y se fijen los de las anteriores instancias.-
4. Tener presente la reserva del caso federal efectuada a foja 343 y vta..-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal; Dra. Reneé Guadalupe Fernández –Vocal-;
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1013S.191 Tomo: XIX Interlocutorio: 652 Folio N°: 3749/3753 Secretaría: 1
Fin de la sentencia