Abriendo la norma
Corte de Catamarca
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por Jorge Roberto Castro y Mónica Beatriz Murúa, con la asistencia técnica de los Dres. Jorge Rafael Bracamonte (h) y Gabriel Quiroga Barros, en contra de la sentencia nº 47/25 dictada por el Juez Director del Juicio por Jurados.
2No hacer lugar al recurso de casación deducido por la defensa técnica en favor de los imputados Jorge Roberto Castro y Mónica Beatriz Murúa contra los veredictos de culpabilidad emitidos por el jurado popular, de conformidad con lo previsto en el artículo 93, inciso d, de la Ley Nº 5719/21.
3Confirmar en todas sus partes la sentencia condenatoria dictada respecto de Jorge Roberto Castro, como autor material del delito de homicidio simple (artículo 79 del Código Penal) y de Mónica Beatriz Murúa, como partícipe secundaria del delito de homicidio simple (artículos 46 y 79 del Código Penal).
4Imponer las costas a la parte vencida (arts. 536 y 537 del CPP).
5Téngase presente la reserva del caso federal.
SENTENCIA NÚMERO: CINCUENTA
En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los quince días del mes de octubre dos mil veintiséis la Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por la doctora María Fernanda Rosales Andreotti, como Presidenta, por el doctor Néstor Hernán Martel y la doctora Rita Verónica Saldaño; se reúnen en acuerdo para entender en el Recurso de Casación deducido en el expediente Corte nº 09/2026 - Castro, Jorge Roberto - Murúa, Mónica Beatriz - homic. simple, etc.- s/ rec. de casación c/ Sent. nº 47/25 de expte. nº 36/25 de la Oficina de Gestión de Audiencias.
I. Antecedentes:
Veredicto y Sentencia.
El día 04 de diciembre de 2025 el jurado popular mediante veredicto unánime declaró al acusado Jorge Roberto Castro culpable del delito calificado legalmente como homicidio simple en calidad de autor y a la acusada, Mónica Beatriz Murúa, la declaró partícipe secundaria del delito de homicidio simple.
Como consecuencia de tal decisión y luego de llevarse a cabo la audiencia de cesura de la pena (artículo 91 de la ley 5719), el señor juez director resolvió mediante sentencia Nº 47 de fecha 19 diciembre de 2025: “I) Imponer a Jorge Roberto Castro, de datos personales obrantes en la causa, en su calidad de autor del delito de homicidio simple, la pena de diez años de prisión, con accesorias legales y costas (arts. 5, 12, 40, 41, 45 y 79 del CP y arts. 536 y 537 del CPP). II) Imponer a Mónica Beatriz Murúa, de datos personales obrantes en la causa, en su calidad de partícipe secundaria del delito de homicidio simple, la pena de cinco años y seis meses de prisión, con accesorias legales y costas (arts. 5, 12, 40, 41, 46 y 79 del CP y arts. 536 y 537 del CPP). (...).
Hecho.
De la requisitoria de citación a juicio formulada por el fiscal de instrucción de 2º nominación, el hecho por cual Castro y Murúa llegaron acusados a juicio es el que se trascribe a continuación: “Que, con fecha 10 de septiembre de 2023, en un horario que no se pudo determinar con exactitud, pero ubicable a minutos posteriores a la hora 10:15 aproximadamente, en circunstancias que Miguel Ángel Ferreira se encontraba reunido con Jonathan Oscar Agüero, Gustavo Espeche, Fabricio Peñaflor y otros masculinos aún no identificados por la instrucción, ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública, más precisamente, sobre calle pública sin nombre, intersección con calle José Luis Galarza, a orillas del canal comúnmente conocido como “canal de la muerte”, B° 140 vv de la localidad de El Bañado, Dpto.
Valle Viejo de ésta provincia de Catamarca, se hace presente Jorge Roberto Castro a bordo de una motocicleta marca Yamaha, modelo Crypton, color rojo, 110 cc, dominio 350HIO, quien previo a discutir con Ferreira, aparentemente a raíz de que entre ambos existían diferencias, debido a que Ferreira acusaba a Castro de haberle sustraído un casco de su propiedad, se inicia una pelea a puños entre ambos, la que es apaciguada por Jonathan Agüero quien los separa, es así, por lo que Jorge Roberto Castro se dirige a pie hacia inmediaciones de su domicilio, sito en Loteo Jalil, calle sin nombre, casa sin número, de la localidad de El Bañado, Dpto. Valle Viejo de ésta provincia, ubicado a trescientos metros aproximadamente, hacia el punto cardinal Este(cruzando el canal conocido como “de la muerte”, regresando a los pocos minutos al lugar, en búsqueda de Ferreira, acompañado de su madre Mónica Beatriz Murúa, portando éste, en una de sus manos, una pala de un metro de largo aproximadamente, de cabo de madera, con punta cuadrada, y en la otra dos cuchillos, uno de mango color negro de material plástico y hoja metálica color plateada marca Lobo MR, de acero inoxidable, de 23 cm de largo aproximadamente y un cuchillo tipo carnicero, con mango de color blanco y hoja metálica marca Lord Made In China de 32 cm de largo, por 4 cm de ancho entre hoja y mango (elementos habidos por la instrucción) y Murúa, munida de un látigo de cabo de madera y tiras de cuero de un metro de largo aproximadamente (habido por la instrucción), y al encontrarse nuevamente con Ferreira en la calle pública sin nombre, intersección con calle José Luis Galarza, a orillas del “canal de la muerte”, Murúa, profiriéndole insultos a Ferreira e incitándolo a pelear, procede a aplicarle varios golpes con el látigo sobre su cuerpo y en la humanidad de Jonathan Agüero, quien en todo momento intentaba retirar a Ferreira del lugar, interponiendo su motocicleta (marca Motomel, modelo 52, color negra, sin dominio) en el medio, para evitar las agresiones hacia Ferreira mientras ambos retroceden, haciéndolo Ferreira a pie y Agüero, a bordo de la motocicleta, una distancia de unos 60 metros aproximadamente en sentido Oeste, sobre calle José Luis Galarza, a fines de evitar el cometimiento de sus agresores, quien ese trayecto se le cae a Castro el cuchillo de cabo negro referido finalmente dándole alcance Castro y Murúa, en intersección de calle José Luis Galarza y calle sin nombre del B° 140 vf de la localidad de El Bañado, Dpto.
Valle Viejo de ésta provincia, donde los aludidos comienzan a propinarle a la víctima golpes, Castro (con la pala) y Murúa (con el látigo), accionar de esta última, con claros fines de cooperar con su hijo a sabiendas que éste portaba un arma blanca, por lo que habiendo disminuido la defensa de Ferreira y consiguiendo interferir en los intentos de lograr el cese de la agresión por parte de Agüero, Jorge Roberto Castro, aprovechando dicha ventaja, con evidente intención de causar la muerte de Ferreira, le asesta una puñalada, con la cuchilla tipo carnicero de cabo plástico de color blanco de 30 cm de largo aproximadamente, en la zona torácica, lo que provoca la muerte a Miguel Ángel Ferreira, siendo la causa fehaciente de su muerte: “Shock hipovolémico secundario a herida de arma blanca”, según informe de autopsia labrado por facultativa médica perteneciente al CIF, Dra.
Silvina del Valle Salguero, que luce agregado en autos”.
La sentencia da cuenta de las instrucciones iniciales impartidas al jurado, de las instrucciones finales que se proporcionaron de común acuerdo entre las partes una vez clausurado el debate, de los veredictos unánimes y de la individualización de pena efectuada por el juez técnico en la audiencia de cesura.
Recurso y audiencia.
Los Dres. Jorge Rafael Bracamonte (h) y Gabriel Quiroga Barros, abogados defensores de los acusados Jorge Roberto Castro y Mónica Beatriz Murúa, interponen recurso de casación en contra de la Sentencia n° 47/25. Circunscriben sus agravios a lo previsto en el artículo 454 inc. 2º del CPP y a lo dispuesto por el artículo 93 inc. d) de la ley 5719/21.
Conforme lo solicitaran en su memorial, el día 05 de mayo de 2026 se llevó adelante la audiencia ante este Tribunal a los fines de que los recurrentes informen oralmente acerca de los motivos de agravio.
Intervinieron: por la defensa de los encausados, los Dres. Jorge Bracamonte (h) y Gabriel Quiroga Barros; por el Ministerio Público Fiscal (MPF), el Dr. Augusto Barros y en representación de la querellante particular Katya Johana Marisol Salas, su apoderado, el Dr. Sebastián Ibáñez.
Agravios del recurso de casación interpuesto por la defensa.
Señala la defensa que en todo el plenario el MPF mantuvo la calificación legal a sus asistidos, tal cual fue relatado en la requisitoria fiscal.
Sin embargo, el recurrente alega que su teoría central del caso se fundó en que no existían elementos suficientes para afirmar que Jorge Roberto Castro hubiera actuado con capacidad psíquica suficiente para comprender la criminalidad del hecho, ni dirigir su conducta; sobre todo cuando de la prueba pericial rendida en juicio, surge un déficit mental de carácter madurativo, que excluía la imputabilidad penal de Castro. Respecto a la intervención de Mónica Murúa, alega que su único fin fue el de proteger a su hijo vulnerable, actuando en legítima defensa de un tercero (art. 34, inc. 7º del CP).
Argumenta que estos extremos fueron acreditados a través de los testimonios presenciales recabados en la causa y rendidos en la audiencia. Sin embargo, el Jurado Popular omitió ponderar esta plataforma probatoria, como también, los argumentos defensivos. En síntesis, vulneró lo dispuesto en el art. 93 inc. d) de la ley 5719/21.
Primer motivo de agravio:
La defensa expuso que el veredicto de culpabilidad carece de sustento probatorio, ya que se apartó manifiestamente de las pruebas producidas en el debate. Asimismo, argumentó que esta decisión vulnera las garantías establecidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la jurisprudencia de la CSJN.
Argumenta que el jurado prescindió de la opinión técnica unánime de cinco profesionales del Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF). Estos peritos -psicólogos, psiquiatras y psicopedagogos- diagnosticaron a Castro una discapacidad intelectual moderada, pensamiento concreto y una grave afectación en el control de impulsos (edad mental de 8 años).
Sostiene que el cuadro clínico de Castro es incompatible con la capacidad de comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones, por lo que atribuirle un reproche penal pleno vulnera la prohibición de responsabilidad objetiva y el principio de culpabilidad.
Subraya que existió un acuerdo entre las partes sobre la condición de discapacidad del acusado. Por tanto, someterlo a un estándar de imputación de persona capaz constituye una contradicción interna del proceso y una violación al deber de objetividad.
Bajo el estándar Yebes/Biniaris, consideran que la condena es insostenible al no estar respaldada por la evidencia científica rendida, solicitando la anulación del fallo y su absolución por inimputabilidad.
Segundo motivo de agravio:
Sobre la declaración de culpabilidad de Murúa como partícipe secundaria, la defensa arguye que el veredicto carece de racionalidad y certeza.
Afirma que no se probó la eficacia causal de su conducta ni el supuesto bloqueo de retirada de las víctimas. Las testimoniales (Rodríguez, Espeche, Peñaflor) presentaron inconsistencias severas que impiden establecer si existió una cooperación dolosa.
Enfatiza que el conflicto se originó cuando la víctima (Ferreira) derribó a Castro de su motocicleta. Murúa intervino en una riña ya iniciada con el único fin de proteger a su hijo, una persona vulnerable.
Sostiene que el escenario descripto por los testigos (conflicto de 20 minutos, consumo de alcohol, desorden) es compatible con una reacción instintiva maternal y no con un plan criminal. Al subsistir explicaciones alternativas no descartadas, la condena se apoya en conjeturas y no en una certeza positiva.
Alega que, ningún jurado que respete el estándar de culpabilidad, más allá de toda duda razonable, podría haber descartado la legítima defensa de un tercero (art. 34 inc. 7 del CP), o la inexistencia de un aporte doloso relevante de Murúa al resultado letal.
Finaliza peticionando se declare la nulidad del veredicto emitido por el jurado popular y se disponga la absolución de sus defendidos. Asimismo, deja plateada la reserva del Caso Federal.
A fs. 32/43 los abogados defensores de la parte recurrente, mejoran y amplían los fundamentos del recurso interpuesto.
Orden de votación.
De acuerdo con el resultado del sorteo efectuado para determinar el orden de votación (fs. 44), nos pronunciaremos de la siguiente manera: 1º Dr. Martel, 2° Dra. Saldaño, y 3° Dra. Rosales.
Cuestiones a resolver:
El Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, por lo que se plantean y votan las siguientes cuestiones:
Primera ¿Es admisible el recurso?, Segunda ¿Son procedentes las impugnaciones planteadas por la parte recurrente? ¿Qué solución corresponde dictar?
I). A la primera cuestión, el Dr. Martel dijo:
Relatadas las circunstancias acaecidas hasta llegar a esta instancia de revisión, estimo apropiado dar respuesta a la primera cuestión a resolver. Así es que, tratándose la decisión impugnada de una sentencia condenatoria consecuencia de un veredicto de culpabilidad del jurado popular y con carácter definitivo, recae sobre este tribunal la potestad de su revisión.
Del mismo modo se verifica que el recurso es presentado en forma y tiempo oportuno conforme lo dispuesto por el 460 del CPP, 93 y 94 de la ley 5719/21.
Es por ello que el recurso de casación interpuesto, es formalmente admisible. Así voto.
A la Primera cuestión, la Dra. Saldaño dijo:
Adhiero a la solución propugnada por el Sr. Ministro preopinante y voto en igual sentido.
A la Primera cuestión, la Dra. Rosales, dijo:
El Dr. Martel da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto y me expido en idénticos términos.
II. A la Segunda cuestión, el Dr. Martel dijo:
Abordando el examen de los planteos esgrimidos en el recurso, y en atención a la reseña precedente, advierto que la defensa segmenta sus agravios en dos apartados diferenciados -uno por cada asistido: Castro y Murúa-. Asimismo, cabe consignar que, aunque el encuadre normativo de sus cuestionamientos, coincide (art. 93 inc. d) ley 5719/21), sin embargo, sustenta sus críticas en fundamentos jurídicos disímiles.
En línea con lo expuesto, solicita la revisión de la sentencia condenatoria derivada del veredicto de culpabilidad del jurado popular. Circunscribe su embate en la causal prevista por el artículo 93 inciso d) de la ley nº 5719/21. Dicha norma habilita la revisión: “cuando la sentencia condenatoria o la que impone una medida de seguridad se derive de un veredicto del jurado que sea arbitrario o que se apartare manifiestamente de la prueba producida en el debate”.
Primer agravio:
La parte recurrente afirma que el veredicto es arbitrario debido a que el jurado se apartó de forma irrazonable de la prueba producida en el debate, puntualmente, de la totalidad de la prueba científica, descartando así, sin ningún justificativo, circunstancias que se encontraban debidamente acreditadas. Alega, además, que se ha omitido juzgar con perspectiva de discapacidad.
Como punto de partida, corresponde especificar con basamento en los fundamentos de la ley n° 5719/21 que los jurados no se encuentran obligados a dar razones escritas de su voto, éstos decidirán el veredicto según su íntima convicción, ello implica que no se debe explicitar el recorrido lógico seguido para arribar a la conclusión. Un jurado no proporciona las razones de su veredicto.
Así, lo ha considerado la Corte Federal al sostener que “…luego de confrontar sus argumentos, dar razones y deliberar, los miembros del jurado deciden su voto en función de un sistema de valoración de la prueba conocido como “íntima convicción”, que no requiere expresión o explicación de los motivos que conformaron el convencimiento sobre la resolución adoptada para el caso. Ello, no impide una adecuada revisión de lo decidido, toda vez que la verdadera fundamentación no radica en la expresión escrita de razonamientos, sino en la coherencia entre las afirmaciones de las partes, las pruebas y el sentido de la sentencia.” (CSJN, “Canales”, considerando 19).
A su vez, con cita de la Corte IDH, nuestro cimero Tribunal ha señalado que “… la íntima convicción no es un criterio arbitrario. La libre valoración que hace el jurado no es sustancialmente diferente de la que puede hacer un juez técnico, sólo que no lo expresa. En definitiva, cualquier tribunal (técnico o popular) debe reconstruir un hecho pasado, para lo cual utiliza la lógica metodológica que es común a cualquier persona, pues no depende de que tenga o no formación o entrenamiento jurídico. Toda persona que debe reconstruir un hecho del pasado, consciente o inconscientemente, emplea el método histórico, o sea, en un primer paso delimita las pruebas que tendrá en cuenta (heurística); a continuación, valora si esas pruebas no son materialmente falsas (crítica externa); luego valora la verosimilitud del contenido de las pruebas (crítica interna) y, finalmente, llega a la síntesis. Quien valora el veredicto de un jurado, necesariamente debe reconstruir este camino, no bastando para descartarlo cualquier criterio diferente acerca de las críticas. Para descartar el veredicto de un jurado debe verificarse que la síntesis se aparte directamente de la lógica metodológica histórica antes referida” (CSJN, “Canales”, considerando 19, con referencia a Corte IDH, Caso V.R.P., V.P.C. versus Nicaragua, considerando 262).
Por lo tanto, y en respuesta a esta primera cuestión a abordar, puede concluirse que nuestro sistema jurídico exige la motivación de las decisiones judiciales, en particular de las que -como la presente- importan la asignación de responsabilidad penal a un ciudadano. Mediante la expresión de su veredicto unánime -dentro del marco del curso lógico de la decisión- el jurado popular cumple esta exigencia, pues, aunque no exterioriza los razonamientos que emplea, arriba al resultado luego de una deliberación motivada. La exigencia de unanimidad del veredicto de culpabilidad no implica un dato menor, pues asociada a un proceso deliberativo de toma de decisiones, constituye un elemento que contribuye a maximizar las garantías del acusado. En particular, la presunción de inocencia y la racionalidad en la valoración de la prueba.
En esta línea cabe agregar que, la “íntima convicción” como método de valoración de la prueba del jurado no implica el abandono de las reglas de la racionalidad y la lógica, ni el juzgamiento a partir del mero capricho o las impresiones personales. Por el contrario, la íntima convicción supone la adecuación de las cuestiones sometidas a tratamiento con aquellas reglas básicas que componen la racionalidad de toda persona; además de que se lleva a cabo en un medio deliberativo en el cual el intercambio de razones, puntos de vista y valoraciones enriquecen el mérito probatorio, pues cada miembro del jurado debe dar cuenta de sus consideraciones, someterlas a la crítica de los demás y reformular su punto de vista en caso de ser necesario.
Por otra parte, es imperativo destacar que la revisión de una sentencia condenatoria derivada de un veredicto de culpabilidad posee un estándar sustancialmente distinto al de los pronunciamientos emanados de jueces profesionales, en virtud de la soberanía del jurado popular en la fijación de los hechos. No obstante, este marco de deferencia fáctica encuentra un límite infranqueable en la proscripción de la arbitrariedad y en la exigencia de racionalidad constitucional.
Sobre el punto, calificada doctrina ha sostenido que la tarea de revisión de los veredictos emanados de jurados populares pasa por articular una base objetiva para la decisión del recurso sobre un veredicto del jurado que es inmotivado. La construcción de esta base se integra con el aporte dado por el recurrente en su escrito o audiencia recursiva, con las instrucciones del juez y con el registro íntegro del juicio (Cfr. Harfuch, Andrés; El juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2013, pp. 353/354).
A partir de los conceptos señalados, sobre los distintos elementos que deben evaluarse para determinar la arbitrariedad o razonabilidad de un veredicto de culpabilidad, corresponde analizar si la decisión del jurado puede razonablemente derivarse de las pruebas que le fueron expuestas.
La solución del caso:
Corresponde, en primer término, examinar la regularidad del veredicto del jurado respecto a la cuestionada imputabilidad de Jorge Roberto Castro.
En tal sentido, cabe precisar que el control casatorio sobre las decisiones de los jurados populares bajo el estándar señalado precedentemente es de interpretación restrictiva. Para que prospere este motivo de agravio, no basta con demostrar que existía una interpretación alternativa de la prueba, sino que el veredicto debe exhibir una irracionalidad palmaria, arbitrariedad manifiesta o una absoluta carencia de sustento probatorio. En el sistema de jurados, el test de revisión exige verificar si la hipótesis acusatoria escogida por el juzgador de los hechos cuenta con un sustrato de prueba de cargo suficiente y legítimo que permita validar razonablemente la declaración de culpabilidad.
La defensa centra su agravio en el apartamiento manifiesto del jurado respecto de la prueba pericial técnica (art. 93 inc, d) ley 5719). Alega, además, vulneración a la protección especial exigida por la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Refiere que la conclusión del jurado carece de base racional al prescindir de la opinión técnica unánime de cinco profesionales de la salud mental pertenecientes al Cuerpo Interdisciplinario Forense, quienes acreditaron una discapacidad intelectual moderada -retraso madurativo del neurodesarrollo- pensamiento concreto, con una edad mental aproximada a los 8 años y grave afectación en el control de los impulsos. Considera que, al declarar culpable a Castro, el jurado le atribuyó una capacidad de comprensión y dirección de acciones que la ciencia forense descartó.
Sobre el punto, estimo relevante destacar que no ha sido materia de discusión en el juicio ni lo es en esta instancia, en tanto formó parte de las estipulaciones probatorias que: 1) Que el día 10/09/2023 Jorge Roberto Castro le asestó una puñalada en el tórax a Ferreira, con un cuchillo tipo carnicero causándole la muerte. 2) Que Jorge Roberto Castro tiene un diagnóstico de retraso mental madurativo de tipo moderado.
Concretamente, lo que la parte recurrente cuestiona es el apartamiento arbitrario del jurado de las opiniones técnicas científicas brindadas en el juicio por los peritos pertenecientes al Cuerpo Interdisciplinario Forense del Poder Judicial, quienes explicaron en qué consiste la afección neurológica que disminuye las capacidades intelectuales del acusado y el impacto que ello ha tenido en su desarrollo personal. Desde esa perspectiva, el recurrente alega que las cinco expertas en salud mental de manera unánime concluyeron que Castro no tiene capacidad funcional real para comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones conforme esa comprensión.
Sentado cuanto precede, entiendo que resultan insuficientes los argumentos desarrollados por la defensa para cuestionar la manera en la que el jurado ha valorado la prueba pericial. Ello, porque del acta del debate (fs. 1448 vta.) se desprende que se llevó a cabo la audiencia establecida en el artículo 68 de la ley 5719/21, a fin de confeccionar las instrucciones finales, las que quedaron conformadas de acuerdo a las sugerencias de ambas partes, quienes suscribieron el acta correspondiente. Luego de ello fueron comunicadas al Jurado por el juez profesional (conf. Archivo de fecha 04/12/2025, hora 13:11:51 en adelante).
De lo anterior se desprende que no hubo de parte de la defensa cuestionamiento alguno a los términos o lenguaje con el que se confeccionaron las instrucciones, motivo por el cual, al consentir las instrucciones finales impartidas en forma oral y escritas al jurado, la defensa aceptó el marco bajo el cual se valoró la prueba. Los peritajes no son vinculantes, y el veredicto es válido al sopesar el dictamen pericial con los testimonios de los testigos del hecho y las acciones del acusado. La omisión de objetar las instrucciones al momento del juicio impide cuestionarlas posteriormente en casación. En efecto, al no haber solicitado aclaraciones o modificaciones, la defensa convalidó las reglas de deliberación del jurado.
En aquella oportunidad, el juez técnico instruyó al jurado respecto a cómo debía valorar aquellas manifestaciones aportadas en el juicio por los expertos.
En tal dirección, impartió la instrucción: “Prueba pericial: Durante el juicio, han escuchado el testimonio de peritos expertos. Los peritos son iguales a cualquier testigo, con una excepción: la ley le permite al perito experto dar su opinión. El perito da su opinión en un campo donde él demostró poseer conocimiento y especializada destreza. Sin embargo, tal como los instruí, ustedes son los únicos jueces de la credibilidad de cada testigo y del peso que debe dársele al testimonio de cada uno. Pueden tomar en cuenta la opinión del experto, más ella no es vinculante para ustedes. En otras palabras, no se les exige que acepten la opinión de un experto al costo de excluir los hechos y circunstancias relevados por otros testimonios o pruebas”.
Asimismo, al explicar al jurado el derecho penal aplicable, el juez técnico instruyó respecto a la “Determinación de la inimputabilidad: La inimputabilidad es una causa de no culpabilidad prevista por la ley. Se presenta cuando, debido a una insuficiencia de sus facultades mentales, una persona no puede comprender lo que está haciendo o no puede dirigir su conducta de acuerdo a esa comprensión.
A diferencia de la opción anterior, donde se exige que el acusado haya actuado con conocimiento de lo que hacía y con voluntad de realizar la acción, aquí se afirma lo contrario: que Castro no pudo comprender la naturaleza y el significado de lo que estaba haciendo, o que no pudo gobernar su conducta de acuerdo a esa comprensión.
Los peritos aportan sus conocimientos técnicos, pero ustedes, como jurados, deben decidir si esa insuficiencia de sus facultades mentales le impidió o disminuyó en Castro -en el momento del hecho- su capacidad de: comprender que cometía un delito o dirigir sus acciones conforme esa comprensión.
No basta con que existiera una insuficiencia de sus facultades mentales, en general: deben evaluar si, en ese momento concreto, esa insuficiencia o trastorno le impidió comprender la ilicitud de su acto y dirigir sus acciones conforme esa comprensión.
Para declarar la inimputabilidad, deben estar convencidos más allá de toda duda razonable de que esa incapacidad de comprender y/o dirigir sus acciones existió al momento del hecho”.
Sentado cuanto precede, robustece la improcedencia del remedio intentado el hecho de que la parte recurrente no haya formulado objeción ni cuestionamiento alguno respecto de las instrucciones brindadas por el juez técnico. Las directrices relativas al modo en que debían valorarse los testimonios periciales en conjunción con el resto del material probatorio, así como aquellas referidas estrictamente al instituto de la inimputabilidad, fueron consentidas por la defensa. En consecuencia, opera en la especie la doctrina de los actos propios y el principio de preclusión procesal, en tanto no resulta jurídicamente admisible impugnar ex post el resultado del veredicto cuando se han aceptado formalmente las reglas de juego normativas y los criterios hermenéuticos que guiaron la deliberación del jurado.
En conexión con lo examinado, corresponde considerar lo constatado a través del registro fílmico audiovisual de donde surge claramente la respuesta dada por la licenciada en psicología Mara Barrionuevo al concreto interrogante formulado por la defensa. Puntualmente, en aquella oportunidad aclaró al jurado que la utilidad de los informes periciales la va a definir el funcionario judicial porque los informes no son vinculantes, razón por la cual, los podrán considerar o desestimar en el análisis del contexto probatorio (día: 03/12/2025, hora: 10:52:37).
Por otra parte, cabe consignar que, cuando el perito manifiesta en el debate la imposibilidad de asegurar la incapacidad al momento del ataque, el dictamen pierde su aptitud de certeza absoluta. Ante dicha ambigüedad, el jurado popular -en ejercicio de su soberanía como juez exclusivo de los hechos- se encuentra plenamente legitimado para reconstruir mentalmente el suceso a través del comportamiento exteriorizado por el acusado (el iter de suspender la pelea, caminar aproximadamente 100 metros, seleccionar tres elementos distintos de alto poder vulnerante, ocultar un cuchillo y volver a atacar de forma secuencial). Esta reconstrucción empírica desplaza la hipótesis médica abstracta y dota de plena legalidad a la condena por homicidio simple.
Por tal motivo, la pericia no desplaza la capacidad del jurado para evaluar si Castro comprendía la criminalidad de sus actos basándose en sus acciones previas y posteriores al hecho. El jurado tiene así, la facultad de dar prevalencia a la prueba testimonial y al comportamiento del acusado por sobre los dictámenes periciales. Un veredicto no es arbitrario simplemente porque el jurado se aparta de una conclusión pericial. El sistema de valoración permite ponderar los informes de salud mental a la luz del resto de las pruebas.
En el caso, no advierto la configuración del supuesto excepcional de apartamiento manifiesto de la prueba (art. 93, inc. d, Ley 5719/21). El jurado popular ejerció de modo regular su soberanía para la ponderación integral del plexo probatorio, optando fundadamente por la hipótesis de la acusación pública ante la intrínseca insuficiencia de los dictámenes de salud mental. En efecto, aun cuando los peritos diagnosticaron un coeficiente intelectual inferior al estándar promedio (0.55), los mismos deponentes reconocieron en la audiencia de debate la imposibilidad científica de dictaminar que Castro estuviere privado de la facultad de comprender la criminalidad de su acto o de dirigir sus acciones al momento exacto de la comisión del hecho.
En función de lo expuesto, observo, además, que la defensa incurre en un equívoco conceptual al pretender equiparar el diagnóstico médico-psicológico con el juicio normativo de la imputabilidad. La aptitud para comprender la criminalidad del acto y dirigir las acciones (art. 34, inc. 1°, del Código Penal) constituye una categoría estrictamente jurídica y no un mero concepto clínico. Los peritos en salud mental aportan al proceso máximas de la experiencia y descripciones biológicas o patológicas que asisten al juzgador, pero sus conclusiones carecen de fuerza vinculante. El jurado popular, en ejercicio de su soberanía constitucional para la valoración de la prueba, se encuentra plenamente facultado para confrontar y matizar las conclusiones periciales a la luz de las probanzas directas, testimoniales e indiciarias que componen el cuadro formativo de la causa.
De este modo, la hipótesis de arbitrariedad alegada por la defensa se desmorona por completo al analizar la plataforma fáctica acreditada en el debate. La secuencia cronológica de los hechos y la mecánica en que se desenvolvieron revela una inequívoca capacidad de comprensión, planificación y dirección de las acciones por parte del imputado, incompatible con el estado de inimputabilidad pretendido.
En efecto, dicha indeterminación pericial quedó plenamente desplazada por la prueba testifical y de corte fáctico incorporada al proceso a través de su producción durante el juicio, la cual acreditó de forma empírica una conducta secuencial, racional y finalista que demuestra que Castro sabía lo que hacía al momento concreto de cometer el hecho.
En primer término, el acusado demostró permeabilidad a los frenos inhibitorios del entorno al interrumpir la pelea inicial ante la mera presencia de su progenitora. Seguidamente, ejecutó un proceso mental ordenado: se retiró y se dirigió al domicilio de su madre -Mónica Murúa- situado a cien metros del lugar en el que se encontraba, eligió con criterio selectivo, entre los diversos bienes que se encuentran en una casa, tres elementos distintos de alto poder ofensivo (una pala de un metro de largo aproximadamente, con cabo de madera y punta cuadrada y dos armas blancas -una chuchilla tipo carnicero de treinta centímetros de largo y un cuchillo cabo negro-), regresó al escenario de los hechos, continuó con la pelea y escalonó el uso de la fuerza hasta asestar la puñalada letal. En efecto, tal selección es demostrativa de que aquello implicó un acto libre proveniente de su autodeterminación, en tanto comprendía la mayor potencialidad lesiva de esos bienes discriminándolos entre otros y tuvo la intención de utilizarlos para ocasionar la muerte de Ferreira. Esta secuencia de actos descriptos evidencia que, Castro, pese a la debilidad mental que padece, tuvo capacidad de pensamiento concreto lo que le permitió comprender el contenido del injusto del homicidio que perpetró, demostrado esto con la elección de los instrumentos lesivos que libremente escogió para cometer el delito y con su regreso al lugar en el que se encontraba Ferreira para continuar con la pelea iniciada anteriormente, siendo una clara adecuación de su conducta a la comprensión de la antijuricidad del acto.
En segundo lugar, en este análisis del iter criminis desplegado por el imputado para dar muerte a la víctima, su conducta posterior sella de modo definitivo la comprensión de la antijuridicidad. Ello es así, en tanto Castro acometió contra el personal policial mediante el lanzamiento de piedras para luego refugiarse en su vivienda. Este comportamiento de resistencia activa frente a las fuerzas de seguridad y la subsiguiente huida denotan el claro reconocimiento de la autoridad, la internalización del reproche legal de su acto previo y un instinto de preservación jurídica orientado a evadir la acción de la justicia. Todo ello, evidencia que el retraso mental madurativo de grado moderado que padece no operó como un impedimento real y concreto para autodeterminarse al momento del hecho.
En tercer término, considero que la regularidad del pronunciamiento impugnado se encuentra doblemente blindada en el orden procesal y sustancial. Por un lado, opera la preclusión por el principio de consentimiento, toda vez que la defensa técnica convalidó formalmente las instrucciones impartidas por el juez técnico respecto de la valoración de la prueba y del instituto de la inimputabilidad. Por el otro, reviste relevancia la manifiesta transgresión al principio de no contradicción y a la doctrina de los actos propios -proscripción de la autoconducción contradictoria-. Ello es así, por cuanto resulta jurídicamente incompatible postular la incapacidad psíquica de comprender la antijuridicidad y, de forma simultánea, subsumir la misma conducta en la causa de justificación de legítima defensa o de exceso en la legítima defensa, supuesto que presupone un discernimiento racional, previsor y finalista.
Esta palmaria contradicción en la que incurre la teoría del caso de la defensa, sella definitivamente la suerte adversa de su recurso. Y es que, por una parte, la asistencia técnica pretende la declaración de inimputabilidad de su pupilo en los términos del art. 34 inc. 1º del Código Penal, afirmando que su retraso mental madurativo moderado le impedía comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones al momento del hecho. Sin embargo, de manera simultánea e incompatible, introdujo ante el jurado popular dos opciones más de veredicto basadas en la legítima defensa (art. 34 inc. 6º CP) y en el homicidio simple con exceso en la legítima defensa (art. 35 del C.P.).
Estas últimas postulaciones defensivas conllevan, de modo inexorable, el reconocimiento implícito de que el acusado poseía el discernimiento y las facultades cognitivas necesarias para llevar a cabo un complejo proceso de motivación y autodeterminación racional. En efecto, invocar tanto la legítima defensa como su hipótesis de exceso presupone -por imperio legal- la existencia previa de una situación justificante en la que el agente inicialmente se hallaba amparado. Para que se configuren dichas figuras, el sujeto debió haber tenido la capacidad mental para: a) percibir y valorar una agresión ilegítima, actual o inminente, dirigida hacia su persona o derechos; b) emprender una acción inicialmente legítima guiada por la motivación de repeler dicho peligro; y c) traspasar luego los límites de la necesidad por un error, imprudencia o desborde en la contención de los medios materiales aplicados.
Resulta jurídicamente incompatible sostener de manera concurrente que un individuo carece de la estructura psíquica mínima para comprender el desvalor de su conducta y que, al mismo tiempo, su obrar se inició dentro de los carriles normativos del derecho para luego sufrir un mero desborde cuantitativo o cualitativo en su ejecución.
Al plantear la legítima defensa (art. 34 inc. 6º CP) y el exceso del art. 35 CP, la propia defensa proporcionó al jurado un argumento de peso para descartar la hipótesis de la inimputabilidad. Por lo tanto, el jurado popular, evaluando soberanamente la lógica del comportamiento desplegado por el imputado -quien cesó la contienda original, se retiró dirigiéndose hacia el domicilio de su madre, seleccionó armas específicas de distinta naturaleza y de alto poder vulnerante, ocultó una de ellas entre sus ropas y regresó al escenario para reanudar el enfrentamiento-, no hizo más que arribar a una conclusión unificada, racional y ajustada a derecho, descartando con absoluto fundamento ambas eximentes. En consecuencia, el agravio por apartamiento manifiesto de la prueba debe ser rechazado.
Por otra parte, tampoco puede tener acogida favorable el planteo recursivo dirigido a sostener que existió un acuerdo entre las partes sobre la condición de discapacidad del acusado, razón por la cual -alega la defensa-, someterlo a un estándar de imputación de persona capaz constituye una contradicción interna del proceso y una violación al deber de objetividad.
Lo dicho se sustenta en que un acuerdo sobre la condición de discapacidad física o intelectual del acusado no equivale a un acuerdo sobre su inimputabilidad jurídica, la cual es una valoración normativa que compete exclusivamente al jurado popular.
En tal sentido, cabe consignar que, en el marco del procedimiento de juicios por jurados regido por la Ley n° 5719/21, las estipulaciones probatorias o acuerdos de hechos no pueden usurpar la función soberana del jurado para determinar la culpabilidad o la inimputabilidad.
En efecto, las partes pueden acordar que el acusado posee una determinada condición médica o discapacidad para evitar la producción innecesaria de prueba biológica. Esto simplifica el litigio, pero no define el pleito. En tal sentido, estar diagnosticado con una discapacidad o alteración mental no significa automáticamente que el sujeto no pudo comprender la criminalidad de sus actos o dirigir sus acciones al momento del hecho. Determinar si esa condición médica anuló la capacidad de comprensión del imputado es una valoración de hecho y derecho que la ley le encomienda de forma exclusiva y excluyente al jurado popular.
Asimismo, cabe considerar que, si la defensa planteó la inimputabilidad como su teoría del caso durante el debate, reconoció implícitamente que el jurado era el órgano competente para resolverla. En consecuencia, intentar desplazar la decisión del jurado a posteriori -alegando que el tema ya estaba resuelto por un acuerdo previo- contradice su propia conducta procesal y vulnera el principio de preclusión. Por ello, si el juez técnico instruyó correctamente al jurado sobre cómo evaluar la inimputabilidad sin objeciones oportunas de la defensa, y el veredicto no se aparta manifiestamente de las pruebas rendidas, el estándar de revisión de la casación penal exige respetar la soberanía del jurado popular frente al mero desacuerdo con el resultado del juicio.
En conclusión, lejos de existir la contradicción alegada por el recurrente la aplicación del estándar de imputabilidad deriva directamente del principio por el cual la capacidad se presume y la inimputabilidad debe probarse en el debate ante el tribunal de juicio. Bajo esta premisa, el Ministerio Público Fiscal actuó con estricta objetividad al mantener la pretensión punitiva. La fiscalía no vulnera su deber de objetividad al argumentar que, aun padeciendo la discapacidad invocada, el imputado Castro mantenía el control de sus actos y la comprensión del hecho al momento de su ejecución.
Por ello, la existencia de un acuerdo sobre la discapacidad del encartado Castro no cancelaba la viabilidad de sostener que este conservaba la aptitud de comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones. La determinación de si esa condición de salud eximía o no de responsabilidad penal al acusado era una conclusión jurídica reservada de manera exclusiva a la deliberación soberana del jurado popular, cuya decisión fáctica resulta soberana y debe ser respetada en esta instancia casatoria. Admitir lo contrario implicaría vaciar de contenido la función del juicio y usurpar la facultad soberana del jurado popular, único órgano constitucionalmente habilitado para valorar las pruebas y dictaminar, de forma definitiva, sobre la culpabilidad o la inimputabilidad del imputado.
Retomando el examen de los embates deducidos por la defensa, corresponde aclarar que, si bien la obligación de juzgar con perspectiva de discapacidad deriva de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y compromete a todos los operadores del sistema de justicia, en el marco del juicio por jurados, dicha perspectiva debe ser incorporada al proceso mediante las instrucciones que el juez profesional imparte al jurado sobre el derecho aplicable.
En el caso, la defensa sostiene en esta instancia que el veredicto de culpabilidad resulta inválido porque el jurado popular no habría valorado la prueba desde una perspectiva de discapacidad. Sin embargo, ese reproche no encuentra correlato con la actuación procesal desplegada durante el juicio.
En efecto, al momento de la audiencia de elaboración y discusión de las instrucciones finales (art. 68, Ley nº 5719/21), la defensa no solicitó que se incluyera una directiva específica relativa a la incidencia de la discapacidad del acusado en la valoración de la prueba o en la determinación de los extremos sometidos a decisión del jurado. Antes bien, prestó conformidad con las instrucciones finalmente impartidas por el juez profesional, sin formular observación, reserva u objeción alguna respecto de ese aspecto.
En tales condiciones, la parte recurrente pretende atribuir al jurado una omisión consistente en no haber aplicado un criterio jurídico respecto del cual nunca fue instruido. Ello, resulta incompatible con la propia lógica del juicio por jurados, en el que corresponde al juez técnico definir el marco normativo mediante las instrucciones y al jurado resolver los hechos conforme a esas directivas.
Por ende, no es posible, entonces, descalificar el veredicto por la ausencia de una pauta jurídica cuya incorporación la propia defensa no promovió cuando procesalmente correspondía hacerlo. Admitir un planteo de esa naturaleza importaría habilitar que la parte consienta las instrucciones, permita que el jurado delibere con arreglo a ellas y, sólo frente a un resultado adverso, invoque como causal de nulidad una omisión que pudo y debió haber sido oportunamente planteada.
Lo expuesto, no implica desconocer el deber de los órganos jurisdiccionales de garantizar el pleno respeto de los derechos de las personas con discapacidad, sino afirmar que el control casatorio no puede fundarse en un defecto cuya producción fue consentida por la propia parte recurrente y que no fue sometido a decisión del juez del juicio en la oportunidad procesal pertinente.
Por los fundamentos expuestos, concluyo que el veredicto de culpabilidad de Jorge Roberto Castro emitido por el jurado popular no constituye un apartamiento de la prueba, sino el resultado de una valoración integral, lógica y soberana del material probatorio producido en el juicio. Al haber mediado prueba de cargo suficiente y apta para acreditar la capacidad residual de culpabilidad del encartado, corresponde rechazar el recurso de casación deducido por la defensa.
Segundo agravio:
Resuelto el punto anterior, prosiguiendo con el orden de las cuestiones planteadas, corresponde examinar el segundo motivo de casación deducido por el impugnante. Dicho cuestionamiento se centra en argumentar que el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado popular que responsabiliza a Mónica Beatriz Murúa como partícipe secundaria del delito de homicidio simple, deviene arbitrario. A criterio del recurrente, la decisión del jurado surgió de una valoración selectiva y fragmentada del material probatorio rendido en el debate.
Desde esa perspectiva, alega que el jurado prescindió por completo de la teoría del caso de la defensa. Postula que quedó acreditado que Mónica Beatriz Murúa obró justificada por la legítima defensa de un tercero (art. 34 inc. 7º CP), al intentar resguardar a su hijo en situación de vulnerabilidad. Concretamente, afirma que su accionar tuvo como único fin la protección de su hijo vulnerable. Sostiene, en definitiva, que el jurado popular prescindió de los argumentos defensivos desarrollados en el debate, apartándose manifiestamente de la prueba producida.
Previo ingresar al fondo de la cuestión, toda vez que el motivo de casación invocado coincide con el punto precedente -primer agravio- (art. 93, inc. d, ley nº 5719/21), cabe remitir de manera homóloga a las consideraciones ya expuestas respecto al estándar que impone la revisión de una sentencia condenatoria derivada de un veredicto de culpabilidad, el cual, es sustancialmente distinto al de los pronunciamientos emanados de jueces profesionales. Al revestir el veredicto un carácter soberano e inmotivado, la competencia de esta Sala Penal se restringe a realizar un test de racionalidad sistémica, el cual consiste en constatar si existió prueba de cargo legítima y suficiente para que un jurado de doce ciudadanos, actuando de forma razonable, pudiera declarar la culpabilidad de la encartada más allá de toda duda razonable.
Bajo ese prisma reconstructivo, adelanto que el agravio de la defensa debe ser rechazado. La pretensión de encuadrar el accionar de Mónica Beatriz Murúa bajo la causa de justificación de la legítima defensa de un tercero resulta jurídica y fácticamente insostenible a la luz del rendimiento probatorio del debate.
En primer término, es preciso señalar que asiste un error dogmático conceptual a la tesis de la defensa al pretender que la declaración de culpabilidad de Mónica Murúa como partícipe secundaria (art. 46, CP) sea compatible con la eximente de justificación invocada. La complicidad secundaria define la tipicidad del aporte de la acusada (un auxilio o cooperación no indispensable en el injusto principal), mientras que la legítima defensa opera en el estrato de la antijuridicidad.
El jurado popular determinó que el hecho principal (el homicidio perpetrado por Castro) fue un acto típicamente antijurídico y que el aporte de Murúa consistió en facilitar su ejecución. En virtud del principio de accesoriedad limitada que rige la participación criminal en nuestro ordenamiento penal, si el autor principal no actuó justificado, el aporte del cómplice se adhiere a esa misma ilicitud. La única vía para exonerar de responsabilidad a la partícipe hubiese sido acreditar que ella misma operó bajo un estado de necesidad o defensa propia independiente, supuesto que quedó totalmente descartado por la secuencia fáctica del suceso.
En segundo término, la reconstrucción histórica de los hechos -emanada de la libre, armónica y conjunta valoración efectuada por el tribunal de ciudadanos- destruye de forma taxativa el requisito de "actualidad o inminencia de la agresión" que de modo sine qua non exige el artículo 34, inciso 6º a) del Código Penal. Del análisis del registro del debate oral, se colige que el conflicto penal se fragmentó en dos secuencias temporales perfectamente diferenciadas:
Un primer tramo se originó con una disputa física entre Jorge Roberto Castro (hijo de la imputada) y Miguel Ángel Ferreira (víctima), motivada por el supuesto reclamo del robo de un casco de motocicleta. En dicha circunstancia, Ferreira arrojó un terrón que provocó la caída de Castro del rodado, trenzándose ambos en una pelea. Al ser alertada de la situación, Mónica Beatriz Murúa arribó a la escena con un látigo de cuero trenzado (chicote). Lo crucial para descalificar la postura defensiva acontece en este preciso instante: en cuanto Castro divisó la llegada de su madre, cesó su participación en la pelea y se retiró por sus propios medios del lugar, dirigiéndose hacia el domicilio de aquella.
Al retirarse Castro de la escena, el supuesto peligro inminente sobre su vida o integridad física desapareció por completo. Es aquí, donde el argumento del "instinto maternal de protección" se desmorona por su propio peso fáctico: si la motivación de Murúa hubiese sido estrictamente resguardar a su hijo en situación de vulnerabilidad, la conducta lógica de una acción defensiva habría sido cesar el conflicto y retirarse junto con él hacia la vivienda. Lejos de ello, la encartada decidió permanecer voluntariamente en el teatro de los acontecimientos, asumiendo un rol agresor activo al propinarle chicotazos al ciudadano Agüero, quien no revestía la condición de atacante, sino la de un tercero que intentaba calmar los ánimos y lograr que Ferreira se marchara del sitio.
El segundo tramo del suceso, donde se consuma la agresión unilateral y mortal, se inicia minutos más tarde cuando Castro regresa a la escena con elementos contundentes y cortantes. Distante de hallarse desamparado, Castro retornó armado con una pala en una mano, una cuchilla de carnicero y un cuchillo tipo serrucho, dirigiéndose de forma directa a agredir a Ferreira, con quien continúo la pelea atacándolo con la pala. Durante toda esta segunda secuencia, la prueba de cargo demostró de manera unívoca que Agüero intentó desesperadamente interponerse para separar a su amigo Ferreira y lograr que este se subiera a la motocicleta para huir del lugar y resguardar su vida.
Fue allí, donde el aporte secundario de Mónica Beatriz Murúa adquirió una relevancia criminal lesiva determinante: en lugar de disuadir la agresión de su hijo, continuó aplicando chicotazos a Agüero. Con esta conducta deliberada, Murúa neutralizó activamente los esfuerzos de auxilio de Agüero e impidió materialmente que Ferreira pudiera ponerse a salvo, facilitando las condiciones espaciales y temporales para que Castro derribara a la víctima y le asestara una puñalada mortal en el tórax que le ocasionó el deceso. En definitiva, cuando se ejecutó el homicidio, no existía ninguna agresión ilegítima previa en desarrollo respecto de Castro; por el contrario, existió un ataque criminal planificado por el autor material, cooperado secundariamente por la imputada a través del bloqueo de las vías de escape de la víctima. No existió una valoración selectiva o fragmentada de la prueba, sino el descarte lógico de una teoría defensiva desmentida por la realidad de los hechos.
De este modo, cabe precisar que la prueba ventilada en la audiencia oral y pública descartó de plano el requisito de la inminencia de la agresión. El diseño fáctico que la defensa pretende ensayar en su recurso asimila de forma errónea una agresión pasada con una agresión actual. El debate demostró que existió un intervalo de tiempo penalmente relevante entre la supuesta situación de vulnerabilidad del imputado y el ataque mortal perpetrado contra la víctima. En ese lapso temporal, el peligro inicial se había extinguido de modo definitivo. Cuando Mónica Beatriz Murúa interviene prestando su colaboración secundaria, no lo hace para repeler un mal inminente e irreversible, sino para cooperar en una agresión ex post. La legítima defensa de un tercero exige una contemporaneidad absoluta entre la acción de resguardo y la agresión ilegítima; extinguida esta última, fenece toda potestad justificante por parte del ordenamiento jurídico.
En efecto, de lo observado en el registro audiovisual de lo acontecido en la audiencia de debate, advierto que los testimonios de quienes presenciaron el conflicto suscitado ese día -Araceli Sabrina Pacheco; Gustavo Leiva, Fabricio Peñaflor, Teresita Peñaflor, Esteban Daniel Coronel, Norma Rodríguez-, fueron contestes y plenamente coincidentes al reconstruir el suceso. Todos afirmaron que, ante el arribo de Murúa portando un látigo de cuero trenzado con cabo de madera -elemento secuestrado, exhibido y reconocido en el juicio-, Jorge Roberto Castro cesó de inmediato la confrontación con Ferreira y se retiró corriendo hacia su domicilio. Dicha circunstancia fáctica -comprobada objetivamente- descarta de plano la tesis recursiva orientada a justificar la intervención de la imputada bajo el exclusivo fin de proteger a su hijo en situación de vulnerabilidad. El quiebre temporal de la agresión inicial es evidente, ya que durante el lapso en que Castro estuvo ausente del escenario, su madre permaneció de forma ininterrumpida en el lugar, asumiendo una conducta hostil mediante agresiones físicas y verbales dirigidas hacia Ferreira y el ciudadano Agüero.
Sobre este punto, cobra especial relevancia el testimonio de Teresita Peñaflor, quien presenció el conflicto de principio a fin de manera continua. La deponente relató que, al irrumpir la encartada, Castro huyó del lugar. Precisó que, aun cuando inicialmente conjeturó que la madre acudía con fines de auxilio, Murúa se dirigió directamente hacia donde se encontraban Ferreira y Agüero. Detalló que, mientras la víctima intentaba retirarse de la escena, la imputada entabló una enérgica discusión con Agüero, desoyendo sus intentos de pacificación -quien le manifestó expresamente: “ya está madre, ya pasó”-. Lejos de apaciguar los ánimos, Murúa los increpó e incitó a reanudar la contienda mediante insultos y provocaciones verbales de alto calibre ofensivo.
Resulta un contrasentido pretender amparar la conducta bajo el tamiz del rol maternal o del alegado cuadro de discapacidad intelectual de Castro, en tanto el invocado peligro fáctico no existía en ese tramo temporal, por la evidente razón de que el hijo de la encartada ya se había puesto a salvo. El argumento de la protección filial se desvanece frente a una conducta que, lejos de neutralizar el riesgo, activó y prolongó de manera voluntaria el escenario de violencia.
En consonancia con esta secuencia fáctica, la testigo Peñaflor describió el posterior regreso de Castro por el costado del canal, portando una pala con la que intentó arrinconar a Ferreira, dinámica que coincide plenamente con las declaraciones de Pacheco y Leiva. Estas deposiciones contraponen las alegaciones de la defensa relativas a una supuesta falta de acreditación de la mecánica y temporalidad de los hechos. Los testigos fueron precisos al describir de qué manera Murúa agredía a Agüero con el látigo para impedir que este lograra poner a salvo a Ferreira en una motocicleta, obstruyendo materialmente las vías de escape mediante el uso del chicote. Al arribar Castro, este se dirigió de forma directa hacia Ferreira, lo cercó en círculos, le infligió múltiples golpes con el elemento contundente (pala) y, tras caer ambos al suelo, le asestó la puñalada mortal.
Asimismo, y en franca contradicción con lo postulado en el recurso, quedó acreditado en el debate que Castro portaba elementos de gran poder vulnerante, cuyo empleo reflejó de manera unívoca la intención homicida. Destáquese en este punto lo expuesto por Gustavo Leiva, quien precisó que, al reanudarse la agresión, Castro portaba una pala, un cuchillo y una cuchilla, mientras Ferreira intentaba defenderse de forma estéril con ramas paraíso que se encontraban en la vía pública mientras retrocedía. Detalló además que, tras caerse uno de los instrumentos cortantes, el autor material utilizó el restante para infligir la herida punzo-cortante letal.
Tampoco encuentra asidero en el soporte fílmico ni en el plexo probatorio la alegación recursiva de que el hijo de la imputada era agredido por un grupo de cuatro personas alcoholizadas. Los deponentes son unánimes al confirmar que la contienda física se limitó, en todo momento, a dos únicos intervinientes: Castro y Ferreira. Incluso la testigo Norma Rodríguez, invocada por la defensa por haber divisado inicialmente a cuatro masculinos en las inmediaciones del puente, coincidió categóricamente en que la disputa real se circunscribió exclusivamente a los dos nombrados.
En efecto, toda la evidencia ventilada indica que el suceso constó de dos tramos perfectamente diferenciados, iniciados y continuados por dos únicos contrincantes, con la cooperación penalmente relevante de la imputada en el segmento final mediante el bloqueo del auxilio de terceros. Por las consideraciones expuestas, entiendo que la decisión del jurado popular de denegar la eximente se ajusta estrictamente a derecho y cuenta con pleno respaldo probatorio.
Sentada la suficiencia probatoria que respalda el rechazo de la eximente defensiva, corresponde ingresar al análisis del marco normativo bajo el cual el jurado popular deliberó. Como ha establecido de forma pacífica la jurisprudencia (CSJN, “Canales”, considerando 19; con referencia a la Corte IDH, Caso V.R.P. y V.P.C. vs. Nicaragua, párrafos 259 y 262), la ausencia de fundamentación escrita de los veredictos populares traslada el estándar de control casatorio hacia las instrucciones iniciales y finales dictadas por el juez técnico. Es en este compendio de directivas donde reside la garantía del debido proceso, debiendo verificar si el derecho aplicable al caso fue explicado de manera clara, precisa y desprovista de tecnicismos para los ciudadanos.
Al examinar el registro de las instrucciones finales -las cuales fueron impartidas al jurado de modo verbal y escrito-, constato que el magistrado cumplió acabadamente con los estándares legales exigidos por los artículos 68, 69 y 70 de la Ley Nº 5719/21.
En dicha dirección, explicó al jurado que, una vez tomada una decisión respecto al autor material del hecho (Jorge Roberto Castro), debían pasar a valorar la situación jurídica de la presunta partícipe secundaria (Mónica Beatriz Murúa). El magistrado enfatizó que la coherencia del veredicto dependía del estricto respeto a las directivas dadas, desarrollando el significado material de cada una de las opciones posibles.
Así, al abordar la primera opción de veredicto -CULPABLE como partícipe secundaria del delito de homicidio simple, conforme a la acusación-, instruyó formalmente al jurado en el sentido de que debían inclinarse por dicha opción si consideraban que los acusadores públicos y privados probaron, más allá de toda duda razonable, que Mónica Beatriz Murúa prestó una colaboración efectiva en el hecho principal cometido por Castro. Detalló fácticamente que dicho aporte consistió en agredir físicamente al ciudadano Agüero para neutralizar sus intentos de auxilio y bloquear la huida de Ferreira, ejecutando tal conducta de manera voluntaria, con conocimiento y voluntad de cooperar en el ataque mortal.
En línea con lo expuesto, el juez director instruyó al jurado respecto a los elementos normativos que configuran la participación secundaria (art. 46, CP). Explicó de modo pedagógico que el cómplice secundario es aquel que colabora en la ejecución de un delito ajeno mediante un aporte no indispensable; es decir, una contribución que facilitó el hecho, pero sin la cual el homicidio igualmente se habría consumado, al no alterar el curso causal definitivo. Respecto del elemento subjetivo, precisó que se requería un dolo de complicidad: el conocimiento y la intención de Murúa de coadyuvar al designio criminal de Castro contra la vida de Ferreira.
Resulta fundamental destacar la precisión dogmática del juez técnico al aclarar que la opción de culpabilidad respecto de Murúa solo era viable si previamente se declaraba al autor principal bajo las opciones de: 1) culpable de homicidio simple, o 2) no culpable por razón de inimputabilidad. Fundamentó adecuadamente tal directiva en el principio de accesoriedad limitada que rige la participación criminal, explicando que la complicidad presupone un hecho principal objetivamente ilícito. Por ello, ilustró correctamente al jurado que la inimputabilidad (causa de inculpabilidad de carácter personal) no se transmite o beneficia al partícipe, mientras que, por el contrario, si el autor material hubiese sido absuelto por mediar legítima defensa (causa de justificación), el hecho principal devendría lícito, tornando jurídicamente inviable la punición de cualquier aporte accesorio.
Finalmente, resulta medular señalar que el juez director incluyó de manera expresa la teoría de descargo como tercera opción de veredicto: “No culpable por legítima defensa de un tercero”. Al respecto, desglosó detalladamente los requisitos exigidos por el artículo 34, inciso 7º del Código Penal, señalando que para acoger esta eximente debían verificar: 1) que el autor (Castro) estuviera sufriendo una agresión ilegítima previa; 2) que la intervención de Murúa se hubiese instrumentado mediante un medio racionalmente necesario para repeler o frenar dicho ataque; y 3) que la imputada no hubiera participado en la provocación suficiente previa, aclarando -con rigor técnico- que aun cuando el autor material hubiese provocado el conflicto, la eximente permanece incólume para el tercero defensor siempre que este sea ajeno a dicha provocación.
De conformidad con lo expuesto, el control sistémico de las instrucciones revela una precisión técnico-pedagógica impecable. El juez técnico tradujo con nitidez la figura de la complicidad secundaria en parámetros fácticos aprehensibles para el jurado, guiándolos a conectar los conceptos jurídicos con la conducta concreta ventilada en el debate: el empleo del látigo para neutralizar la defensa del tercero y asegurar el arrinconamiento de la víctima.
Asimismo, el magistrado resguardó la vigencia operativa de las garantías fundamentales al recordar la presunción de inocencia y el estándar de la duda razonable. Instruyó expresamente que, si la acusación no lograba probar más allá de toda duda razonable la inexistencia de la legítima defensa de un tercero o el carácter injustificado del ataque, correspondía dictar un veredicto de no culpabilidad en favor de Murúa.
En consecuencia, al haber acudido el jurado popular premunido de un compendio de instrucciones jurídicas adecuadas como guía para la deliberación, la opción de los ciudadanos de emitir un veredicto de culpabilidad -luego de confrontar tales directrices con el contundente rendimiento de la prueba de cargo- constituye un acto jurisdiccional soberano, legítimo y ajustado a derecho.
Por las consideraciones realizadas, estimo corresponde rechazar los agravios formulados contra la Sentencia N° CUARENTA Y SIETE/2025 derivada del veredicto de culpabilidad del jurado popular, por lo que la resolución impugnada debe confirmarse. Así voto.
A la Segunda cuestión, la Dra. Saldaño, dijo:
Adhiero a los motivos y a la solución propugnada por el Sr. Ministro preopinante, por ello, doy mi voto en el mismo sentido.
A la Segunda cuestión, la Dra. Rosales Andreotti dijo:
El Sr. Ministro que lidera el acuerdo da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto y me expido en igual sentido.
Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la Sala Penal de la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA,
1. Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por Jorge Roberto Castro y Mónica Beatriz Murúa, con la asistencia técnica de los Dres. Jorge Rafael Bracamonte (h) y Gabriel Quiroga Barros, en contra de la sentencia nº 47/25 dictada por el Juez Director del Juicio por Jurados.
2. No hacer lugar al recurso de casación deducido por la defensa técnica en favor de los imputados Jorge Roberto Castro y Mónica Beatriz Murúa contra los veredictos de culpabilidad emitidos por el jurado popular, de conformidad con lo previsto en el artículo 93, inciso d, de la Ley Nº 5719/21.
3. Confirmar en todas sus partes la sentencia condenatoria dictada respecto de Jorge Roberto Castro, como autor material del delito de homicidio simple (artículo 79 del Código Penal) y de Mónica Beatriz Murúa, como partícipe secundaria del delito de homicidio simple (artículos 46 y 79 del Código Penal).
4. Imponer las costas a la parte vencida (arts. 536 y 537 del CPP).
5. Téngase presente la reserva del caso federal.
6. Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.
FIRMADO: Dra. María Fernanda Rosales Andreotti –Presidenta de la Sala Penal-, Dr. Néstor Hernán Martel y Dra. Rita Verónica Saldaño. ANTE MI: Dra. Érica Gorkiewicz Moroni –Secretaria (s/l)-. CERTIFICO: que la presente es copia fiel de original que obra agregado al protocolo de esta Secretaría Penal. Conste.
Fin de la sentencia