Abriendo la norma
Corte de Catamarca
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por el Dr. Jorge Iván Godoy, defensor de las acusadas María Eugenia Castro y María Gilda Márquez, circunscripto exclusivamente al agravio relativo al rechazo del control jurisdiccional.
2Fijar como fecha para celebrar la audiencia oral prevista por los arts. 460 y 462 del CPP, el día 19 de mayo de 2026 a las 9 horas.
AUTO INTERLOCUTORIO Nº: TRECE
San Fernando del Valle de Catamarca, veintitrés de abril de dos mil veintiséis.
Y VISTO:
Este expte. Corte nº 021/2026 caratulado “Castro, María Eugenia – Márquez, María Gilda - hom. calif. por alev. en grado de tentativa, etc.- s/ recurso de casación c/ Auto Interlocutorio n° 03/26 de expte. 65/25”.
DE LOS QUE RESULTA:
Por Sentencia Interlocutoria (SI) nº 03 de fecha 02 de marzo de 2026, la Cámara en lo Criminal Penal Juvenil de Primera Nominación, en lo que aquí interesa, resolvió: “I) No hacer lugar al recurso de apelación (art. 446 del CPP) formulado por el Dr. Jorge Iván Godoy en relación a sus defendidas señoras María Eugenia Castro y Gilda Márquez. En consecuencia, confirmar parcialmente los puntos I y II del AI n° 136/25 de fecha 11/12/2025 (…). III) No hacer lugar al control jurisdiccional planteado debiendo las señoras María Eugenia Castro y Gilda Márquez continuar privadas de libertad en donde actualmente se encuentran alojadas”.
El Dr. Jorge Iván Godoy, defensor de las acusadas, interpone el presente recurso de casación en contra de los puntos I) y III) esa decisión.
Efectúa reserva del caso federal.
Inicialmente corresponde analizar la admisibilidad formal del recurso interpuesto en la presente causa, como condición para habilitar el tratamiento de los agravios propuestos por el recurrente.
De allí que, de las constancias de la causa se advierte que el recurso de casación es interpuesto en tiempo oportuno y por parte legitimada.
Ahora bien, cabe analizar si la decisión emitida por la Cámara en lo Criminal Penal Juvenil de Primera Nominación, puede ser equiparable a sentencia definitiva a los fines de su revisión en esta instancia en los términos previstos por el art. 455 del CPP.
A tal efecto, se observa que la defensa cuestiona los puntos I) y III) de la Sentencia Interlocutoria n° 03/26 mediante la cual la Cámara Penal Juvenil resolvió no hacer lugar al recurso de apelación y al control jurisdiccional solicitado por el defensor de Castro y Márquez.
En tal sentido, corresponde diferenciar los agravios propuestos por el recurrente a fin de determinar la admisibilidad para su tratamiento por este tribunal.
Así, se advierte que los tres primeros agravios propuestos se dirigen a cuestionar lo decidido en el punto I) de la sentencia impugnada. En este punto debe señalarse que lo oportunamente cuestionado por el defensor ante la Cámara fue la decisión del Juez de Control de Garantías (AI n° 136/25), mediante la cual rechazó las oposiciones formuladas al dictamen efectuado por el Ministerio Publico Fiscal y dispuso la elevación de la causa a juicio.
En primer término, crítica la aplicación al caso de la calificación jurídica prevista en el art. 80 inc. 2 del CP. Considera que el tribunal incurrió en una interpretación analógica y extensiva de la alevosía, alejándose de la dinámica fáctica que surge de las actuaciones. Al respecto efectúa un análisis de los elementos típicos del delito imputado.
En esa línea, como segundo agravio el recurrente centra sus críticas en la falta de acreditación de la estructura típica de la tentativa. Sostiene que se aplica erróneamente el art. 42 del CP. Alega que el tribunal no logró demostrar que la no consumación obedeciera a causas ajenas a la voluntad de las imputadas, dejando abierta la hipótesis de un desistimiento voluntario.
Como tercer agravio el defensor señala la inobservancia de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. El recurrente sostiene que el pronunciamiento impugnado no es una derivación razonada del derecho vigente aplicado a los hechos de la causa, sino el resultado de una valoración fragmentaria, selectiva y sesgada del material probatorio. En síntesis, la defensa alega que el fallo carece de fundamentación autónoma, al basarse en una ponderación parcial que autoriza una severidad punitiva no respaldada por las actuaciones, lo que desnaturaliza el deber de objetividad judicial.
Es por ello que, en la medida en que estos agravios se vinculan a cuestiones que no clausuran el proceso ni impiden su continuación, no pueden ser admitidas a los fines de su revisión en esta instancia pues surge con claridad que no revisten carácter de sentencia definitiva ni pueden ser equiparables a tal.
No obstante, diferente es el análisis de admisibilidad que corresponde efectuar respecto del cuarto motivo de agravio, en el cual se cuestiona la decisión del tribunal de no hacer lugar al control jurisdiccional solicitado por la defensa de las acusadas Castro y Márquez.
En este contexto el recurrente cuestiona la inobservancia de los arts. 281, 292 y 295 del CPP, señalando que el fallo omite llevar a cabo un análisis fáctico y concreto de los peligros procesales actuales. Sostiene que el pronunciamiento no explica porque la privación de la libertad sigue siendo indispensable, ni justifica la insuficiencia de medidas de coerción menos gravosas. En definitiva, afirma que el rechazo del control jurisdiccional no constituye una derivación razonada del derecho vigente, sino un acto de arbitrariedad que lesiona directamente la libertad ambulatoria, el estado de inocencia y el debido proceso.
Cabe recordar que, el defensor solicitó ante la Cámara Penal Juvenil, la modificación de la prisión preventiva por la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, en los términos del art. 281 del CPP, petición que fue rechazada por el tribunal (puto III de la SI n° 03/26).
Lo cierto es que, si bien la resolución no pone fin al proceso, corresponde equiparar lo decidido en el punto III) a una sentencia definitiva en tanto, mantiene la restricción a la libertad de las imputadas con carácter preventivo antes de la sentencia condenatoria. Es por ello que lo decidido en este aspecto, resulta susceptible de ocasionar un perjuicio de imposible, tardía o insuficiente reparación ulterior.
Por tal razón el recurso debe ser formalmente admitido a fin de habilitar su revisión en esta instancia, cuanto más, si se tiene presente que la prisión preventiva es una restricción a la libertad impuesta con el fin de asegurar que quien se encuentra acusado o acusada no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia.
De allí que, corresponde declarar formalmente admisible el recurso de casación oportunamente interpuesto, circunscripto exclusivamente al agravio relativo al rechazo del control jurisdiccional.
Por todo lo expuesto la Sala Penal de la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA;
1. Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por el Dr. Jorge Iván Godoy, defensor de las acusadas María Eugenia Castro y María Gilda Márquez, circunscripto exclusivamente al agravio relativo al rechazo del control jurisdiccional.
2. Fijar como fecha para celebrar la audiencia oral prevista por los arts. 460 y 462 del CPP, el día 19 de mayo de 2026 a las 9 horas.
3. Protocolícese, notifíquese, y hágase saber.
FIRMADO: Dres. María Fernanda Rosales Andreotti –Presidenta de la Sala Penal-, Néstor Hernán Martel y Rita Verónica Saldaño. ANTE MÍ: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- CERTIFICO: Que el presente es copia fiel del original que obra agregado al protocolo de la Secretaría Penal. Conste.
Fin de la sentencia