Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir parcialmente el agravio de la parte actora y modificar la sentencia apelada disponiendo que la demanda prospere en el 70% del total (arts. 1, 2, 3, 1757 ss. y cdtes. del Cód. Civ. y Com., art. 41 de la Ley de Tránsito, doct. y jurisp. cit.);
2Confirmar el monto del daño material por incapacidad sobreviviente (arts. 1746 y concs. CCCN, doct. y jurisp. cit.);
3Declarar inadmisible el recurso de la parte demandada referido a la procedencia y cuantificación del daño moral, quedando firme el monto fijado en la anterior instancia, por no haber sido apelado por el actor (arts.1741 ss. y cdtes. del Cód.
Civ. y Com., doct. y jurisp. cit.); 4) rechazar el agravio de la parte actora y confirmar la sentencia apelada en lo relativo a las tasas de interés aplicables (arts. 772 ss. y cdtes. del Cód. Civ. y Com., doct. y jurisp. cit.); 5) imponer las costas de alzada a los demandados vencidos en la etapa recursiva (arts. 68, 69 del CPCC); 6) diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 14.967); 7) Dirigirse al Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires, a través del mandato exhortativo o institucional, a fines de poner en conocimiento de Senado y de la Cámara de Diputados ( arts 68,69, y 75 Const Pcia Bs As), mediante oficios dirigidos a la Sra. Presidente del Honorable Senado y Vicegobernadora provincial, Sra.
Verónica Magario, y al Presidente de la Cámara de Diputados, Sr. Federico Otermín, las dificultades interpretativas …
Cámara Civil y Comercial (Sala II) de Azul. Prioridad de paso en avenidas. Prevención del daño. Mandato Exhortativo al Poder Legislativo Provincial.
La Cámara Civil y Comercial (Sala II) de Azul en la causa nº 64.824, "CASTRO MAXIMO RICARDO ORLANDO Y OTRO/A C/ TODESCO VERONICA MARISOL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) ", en el marco de la prevención del daño dictó un mandato exhortativo dirigido al Poder Legislativo Provincial para que tome conocimiento de las dificultades interpretativas que presenta la regulación de la prioridad de paso en avenidas.
Causa nº: 2-64824-2019 "CASTRO MAXIMO RICARDO ORLANDO Y OTRO/A C/ TODESCO VERONICA MARISOL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
Sentencia Registro nº: 22 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los diecisiete días del mes de Marzo del año Dos Mil Veinte, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes, Jorge Mario Galdós y María Inés Longobardi, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Castro, Máximo Ricardo Orlando y Otros c/ Todesco, Verónica Marisol y Otros s/ daños y perjuicios” (Causa Nº 64.824), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dres. Galdós – Longobardi - Peralta Reyes.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ª.- ¿Corresponde confirmar la sentencia dictada a fs. 201/214 vta. y su ampliación de fs. 215/215vta.?.
2ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I Ó N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós, dijo:
I. Paola Alejandra Flores y Máximo Ricardo Orlando Castro por sí y en representación de su hijo menor Pedro Ismael Joaquín Castro, mediante su apoderado el Dr. Germán A. C. Lestelle, dedujeron demanda resarcitoria de daños y perjuicios, patrimoniales y morales, derivados de un siniestro vial, contra Verónica Marisol Todesco y Jacinto Daniel Caro, citando en garantía a “Compañía de Seguros El Norte SA”. Señalaron que el 3 de Abril de 2018, siendo aproximadamente las 8,20 hs., el joven Pedro Ismael Joaquín Castro de 17 años conducía la motocicleta marca Motomel B-110, dominio 173-LGA, propiedad de su madre, por Avenida Ituzaingó de la ciudad de Olavarría con sentido de circulación Noreste-Suroeste, es decir desde la Avenida Colón hacia la Avenida Del Valle. Expresaron que lo hacía a velocidad reglamentaria, con el casco colocado, y atento a todas las circunstancias del tránsito. Al llegar a la intersección de la calle Coronel Suárez y cuando estaba cruzándola, fue embestido por la trompa de una camioneta Ford Ranger dominio MKN-868 propiedad del Sr. Caro y conducida erráticamente por la demanda Todesco, que lo hacía por la calle de menor jerarquía y con intención de girar en la avenida. Dijo que la demandada no lo vio, sea por distracción, por los vidrios polarizados, por el encandilamiento del sol o por todas esas circunstancias, embistiéndolo y causándoles lesiones. Reclamó los siguientes rubros: $ 700.000 por incapacidad física; $ 150.000 por incapacidad psicológica, $ 200.000 por daño moral, $ 31.200 en concepto de gastos de tratamiento psicológico, $ 18.300 por la compra del clavo endomedular acerrojado y $ 50.000 por gastos médicos y farmacéuticos, lo que totaliza $ 1.131.200. Igualmente, y por su derecho, la co-actora Flores reclamó: $ 4.580 en concepto de daños de la motocicleta.
Sustanciado el proceso, la sentencia de Primera Instancia hizo lugar parcialmente a la demanda y atribuyó 70 % de responsabilidad al actor y el 30 % restante a la demandada. Para ello tuvo en cuenta que resulta aplicable el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (arts.1757, 1758 y 1769 CCCN), que regulan la responsabilidad por el riesgo creado que opera como norma de cierre de la responsabilidad objetiva. Tuvo por acreditado que el día 3 de Abril de 2018, en la intersección de la Avenida Ituzaingó y la calle Coronel Suárez de Olavarría, en horario diurno (aproximadamente las 8,30 hs.), sin la presencia de factores climáticos que pudieran obstaculizar el tránsito vehicular, y en zona urbana, encontrándose la cinta asfáltica en buen estado de conservación con carteles indicadores de los sentidos de circulación, según se desprende de la inspección policial realizada en el marco de la I.P.P, se produjo un accidente de tránsito entre el actor que circulaba en un ciclomotor por Av.
Ituzaingó en dirección a Av. Del Valle, con la camioneta conducida por la demandada que circulaba por la calle Coronel Suárez, en dirección al centro (por la derecha del actor), cuando al intentar cruzar la avenida impactó con su frente lateral de avance el lateral derecho de la motocicleta conducida por el joven Castro, provocando su caída sobre el lateral izquierdo y arrastre hasta la posición final. Consideró acreditado que la camioneta circulaba a 4,90 km/h mientras que la velocidad de la motocicleta no pudo ser determinada y concluyó que el accidente se produjo por fallas humanas: el conductor del ciclomotor no poseía licencia de conducir y la camioneta tenía prioridad de paso por provenir desde la derecha.
Valoró que la demandada había reducido la marcha para acometer el cruce, no obstante que declaró en sede policial que no vio venir a la motocicleta. La demanda prosperó parcialmente ya que Todesco tenía prioridad de paso por circular por la derecha respecto del otro vehículo y disminuyó la marcha, previo a emprender el cruce de la avenida. Descartó que los vidrios polarizados de la camioneta hayan tenido incidencia causal en el accidente de tránsito, dado que la pericia técnica no informó su grado de opacidad. Por su parte, consideró que el actor no tenía prioridad de paso (lo hacía por la avenida y por la izquierda) y además circulaba sin licencia de conducir por lo que opera una presunción de impericia en el manejo que lo perjudica.
En definitiva, dijo que existió una responsabilidad compartida en ambos conductores: 30% para la demandada y 70% el actor. La sentencia extendió la condena en forma solidaria a la compañía de seguros. Cuantificó los daños derivados del accidente de tránsito: daño a la integridad física $ 367.500, daño moral $ 200.500, gastos médicos, farmacéuticos y de transporte $ 2.000, mientras que el reclamo de la co-actora Flores por los daños al ciclomotor fue estimado en $ 4.580. La tasa de interés para los rubros integridad física, gastos médicos, farmacéuticos y de transporte y daño moral, porque fueron estimados a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito, la fijó al 6% anual, desde el momento del hecho (03/04/2018) y hasta la sentencia y a partir de entonces, para el caso de incumplimiento, la tasa pasiva digital (tasa BIP).
Con relación a los daños materiales del ciclomotor, que fueron estimados a valores históricos, corresponde aplicarles la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a 30 días, desde el momento del hecho hasta su efectivo pago. Las costas del proceso fueron impuestas a los demandados y a la citada en garantía.
II. El pronunciamiento fue apelado por ambas partes, el actor lo hizo a fs. 218, mientras que la demandada recurrió mediante la presentación electrónica de fecha 10/5/19, recurso que fue concedido a fs. 220. A fs. 227/264vta. se glosó la expresión de agravios del actor, mientras que la de la demandada fue presentada electrónicamente el día 8/10/2019. Los agravios de la parte accionada fueron contestados a fs. 236/241.
En su escrito impugnativo la parte actora centró sus críticas en la atribución del 70% de la responsabilidad en el accidente a partir de una errónea interpretación de la normativa que regula la prioridad de paso en las avenidas. Consideró que le asistía dicha prioridad por circular por la avenida y que la demandada debió flanquear el paso por hacerlo por una calle lateral. Citó el art. 41 de la ley de Tránsito 24.449, y dijo que con esa norma el legislador privilegió el valor seguridad entendiendo que el principio general `derecha antes que izquierda' entorpecía la fluidez del tránsito vehicular de las arterias de mayor y más rápida circulación. De allí que, frente a las vías de mayor jerarquía, la norma ordena a todo el que intente ingresar en ellas o cruzarlas detener siempre la marcha.
Y ello con el objeto de que dichos conductores, obrando con la cautela y prudencia que aconsejen las circunstancias y la densidad de tránsito en las vías de mayor jerarquía, decidan su ingreso o intenten el cruce sin entorpecer la circulación de los vehículos en aquellas arterias y sin poner en riesgo la vida y los bienes suyos y de sus semejantes. Las velocidades máximas establecidas para las intersecciones, diferentes para las calles de las avenidas, es una demostración de que el legislador le dio mayor importancia y preponderancia a estas últimas, no sólo por su ancho sino también por su mayor caudal de tránsito. En consecuencia y atento la prioridad de paso del actor, la responsabilidad en el evento dañoso recae en la demandada, quien incumplió esos deberes, provocando el accidente.
La actora recurrente luego citó los precedentes de esta Sala, causas 61.769 “López, Carlos Adrián c/ Esperatti, José Oscar s/ ds. y ps.” y Ledesma, Dante Ariel c/ Dietrich, Agustín Héctor y Otro s/ ds. y ps.”. Más adelante se agravió de la tasa de interés fijada (6% anual) porque considera que la inflación del 50% del año 2019 la supera ampliamente. Alegó que mantener aquella tasa del 6% anual produce un grave e irreparable daño a los derechos de las víctimas que verían notoriamente reducidos sus créditos, verificándose un serio desfasaje que beneficia a las compañías de seguros, ya que invirtiendo sus fondos en otras actividades comerciales, consiguen una tasa de interés muy superior a la que deben pagar si resultan condenadas.
De esa manera no se mantiene indemnes a las víctimas, se agravian sus derechos como acreedores y afecta al principio de afianzar la justicia contenido en el preámbulo de la Constitución Nacional.
Por su parte, la demandada cuestionó el 30% de responsabilidad asignado en el siniestro vial, solicitando la revocación de la sentencia y el rechazo de la demanda, con costas a la actora. Afirma, en primer término, que no resulta acreditado que la camioneta hubiere impactado con su frente en el lateral derecho de la motocicleta. Si bien el informe técnico accidentológico obrante en la causa penal se pronunció en tal sentido sobre la base de “indicios revelados (daño de vehículos, arrastre metálico, posición final, liquido)” con anterioridad expresó lo contrario: que la camioneta Ford, modelo Ranger 4x2, no posee daños producto de la colisión. Prosigue afirmando que el vehículo conducido por la Sra.
Todesco fue sorpresivamente embestido por la motocicleta que manejaba el joven Pedro Ismael Joaquín Castro, impactando la motocicleta con su lateral derecho en el frente izquierdo de su vehículo. Prueba de ello –continúa- son los daños que presentaba la motocicleta luego de producido el accidente en su cacha lateral derecha y en el espejo retrovisor derecho. Asimismo, y con relación al lugar de la colisión, sostiene que sin perjuicio de lo que surge del informe accidentológico indicado, de las fotografías y croquis que obran en la causa penal puede advertirse el posible lugar de impacto. Y se observa que la camioneta había pasado el eje medio de la intersección, mientras que la motocicleta comenzaba a intentar el cruce (croquis de fs. 131 y fotografías de fs. 136 obrantes en la causa penal).
Aduce que el croquis fija un ancho de la calle Coronel Suarez de 11 metros, y se establece un lugar de impacto a los 4,40 metros, lo que demuestra a las claras que la motocicleta aún no había arribado a la mitad de la calle Coronel Suarez. Es así, entonces, que las pruebas indicadas acreditan claramente donde ocurrió el hecho. Con relación a la responsabilidad de la conductora de la camioneta por no haber visto al actor venir en su motocicleta, señaló que de su declaración testimonial en la causa penal (fs. 54, 55) no surge que manifestó no haber advertido la presencia del motociclista que se acercaba al cruce. En dicha oportunidad manifestó: “cuando llego a Av. Ituzaingó, paro para mirar para cruzar la avenida y cuando pongo primera, siento un golpe en la trompa del auto del lado izquierdo”.
Lo expuesto también fue precisado al absolver posiciones en la audiencia videograbada. En razón de todo lo expuesto sostiene han quedado acreditado: 1) la detención de la marcha de la camioneta antes de emprender el cruce y su escasa velocidad (aproximadamente a 4,90 km/h), 2) el lugar de impacto, que ubica a la motocicleta como embestidora, 3) la falta de licencia habilitante del Sr. Pedro Ismael Joaquín Castro que constituye una presunción iuris tantum de impericia en el manejo; 4) la prioridad del vehículo que circula por la derecha conforme art. 41 Ley 24.449. Concluye afirmando que corresponde atribuir el ciento por ciento (100%) de responsabilidad al conductor de la motocicleta. En subsidio solicitó que se fijen nuevos porcentajes de responsabilidad disminuyendo la correspondiente a esa parte demandada.
Tras ello, impugnó la cuantificación y procedencia del daño a la integridad física fijado en la suma de $ 367.500, ya que para determinar dicho monto no se advierte si la sentencia de Primera Instancia consideró una incapacidad parcial y definitiva del 13,84% (conforme el Baremo de la Asociación de Compañías de Seguros 2012) o el 12% de acuerdo al Baremo General del Fuero Civil de Altube y Rinaldi. Además solo menciona la fórmula empleada para el cálculo pero no dice nada del monto que debe tomarse como parámetro para efectuar ese cálculo. Considera insuficientes los fundamentos del fallo porque no permiten inferir la metodología de cálculo a fines de que las partes puedan ejercer el debido control de legalidad, certeza y razonabilidad de lo resuelto.
Solicita la reducción del monto de condena. Más adelante se agravió de la cuantificación del daño moral ($ 220.500), equivalente al 60% de la incapacidad física. Señala que la jueza no explica cómo llega a dicho tal monto, el que no guarda proporción con las lesiones padecidas por el joven Castro. Solicita su reducción con cita jurisprudencia de la Sala I de este Tribunal.
Llamados autos para sentencia (fs. 245) el expediente se encuentra en condiciones de ser resuelto.
III- 1.- El siniestro vial. La responsabilidad compartida El recurso de la parte actora es parcialmente fundado en lo relativo a la responsabilidad civil, anticipando que propondré su distribución en el 70% para la demandada y el 30 % para el actor (arts. 1757, 1758, 1769 y concs. CCCN). Inicialmente corresponde señalar que dada la fecha en la que ocurrió el siniestro resulta aplicable el nuevo Código Civil y Comercial y la responsabilidad objetiva por el riesgo creado y las actividades riesgosas, lo que supone que el demandado, dueño o guardián del automotor, esto es el responsable presunto (en el caso la conductora de la camioneta, Verónica Marisol Todesca) tiene la carga de la prueba de acreditar la concurrencia de eximentes, es decir el hecho del damnificado, el de un tercero por quién no debe responder, o el caso fortuito, demostrando que se interrumpió total o parcialmente el nexo causal entre su actuación y el resultado dañoso. Se trata, en suma, de acreditar la causa ajena (arts 1722,1723,1726 a 1731,1757,1758,1769 y concs CCCN). Esta es la doctrina inveterada de este Tribunal, de la Suprema Corte de Buenos y de la Corte Nacional ( esta Sala causas nros. 55.314, del 20/10/11 “Orradre…”, 57.090, del 27/3/13, “Pérez…”, 63004, del 1/11/18 “Constantino…”, 64.248, del 17/10/19 “Palacios…”, 63791, del 03/07/19 “Andolfatti…”, entre muchas otras; Galdós, Jorge M., “Responsabilidad por hecho de las cosas y el riesgo”, en Lorenzetti, Ricardo L. (dir.), Máximos Precedentes. Corte Suprema de Justicia de la Nación., T III pag 105; "Los accidentes de automotores y la teoría del riesgo creado (en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Suprema Corte de Buenos Aires)", en La Ley, 1991-C, 719; Idem, "Accidentes de automotores, la teoría del riesgo creado y las bicicletas" en La Ley, 1994-B, 71; Galdós Jorge M. – Valicenti Ezequiel “Esquema general de las causales de exoneración de responsabilidad en el Código Civil y Comercial de la Nación” en Código Civil y Comercial de la Nación Comentado Lorenzetti Ricardo L. Actualización doctrinal y jurisprudencial. T XII-C. p 41; Idem “Principios generales de la responsabilidad objetiva por riesgo”, en La Ley del 30/11/2016, p.1, La Ley 2016-F, 975).
2. En este proceso, y como lo anticipé, la demandada probó la interrupción parcial del nexo causal, demostrándose que el siniestro vial resultó de la participación causal de ambos conductores, aunque en proporciones distintas (arts 1726,1727,1757,1758,1769 y concs CCCN).
También destacó la ausencia de prejudicialidad penal que incida en sede civil, toda vez que la causa penal sustanciada concluyó con el archivo de esas actuaciones (arts. 1774 a 1777 CCCN). Por otro lado los elementos de prueba obrantes en ese expediente revisten pleno valor probatorio en este juicio civil (cfr. causa 1777-2018 “Todesco, Verónica Marisol s/ Lesiones culposas”; confr. croquis, fotografía, declaración de Verónica Marisol Todesca, fs 4/10,54/55; pericia planimétrica y de accidentología de la Técnica Superior en Accidentología Vial, Jael Siverii fs 131/139, arts. 384 y 474 del CPC).
3. El siniestro vial, concepto que define con más precisión técnica la habitual denominación de accidente de tránsito -que también utilizaré indistintamenteocurrió en la ciudad de Olavarría, el 3 de Abril de 2018, aproximadamente las 8,20 hs., en ocasión en que el actor Pedro Ismael Joaquín Castro, de 17 años (que carecía de carnet para conducir), transitaba en la motocicleta marca Motomel B-110, dominio 173-LGA, propiedad de su madre, por la avenida Ituzaingó (que es de doble mano, de 11 metros de ancho y con circulación en ambos sentidos) en dirección Noreste-Suroeste, cuando en la intersección de esa avenida con la calle Coronel Suárez, y mientras estaba atravesando dicho cruce, fue embestido por la parte delantera (la trompa) de la camioneta Ford Ranger dominio MKN-868, propiedad de Pedro Ismael Caro y conducida por Verónica Marisol Todesca. La camioneta accedía desde una calle lateral, de una mano, y lo hacía desde la derecha, por lo que en los términos del art. 41 inc. d) Ley Nacional de Transito 24.449 tendría prioridad de paso, pese a ingresar a una avenida de doble sentido de circulación (más ancha y con separador de carriles, y de mayor importancia y jerarquía).La atribución normativa de prioridad de paso asignada en la sentencia de Primera Instancia, y que postula la demandada, resulta de la aplicación literal de la norma (art. 41 inc. d de la Ley de Tránsito 24.449 a la que adhirió la Provincia de Buenos Aires mediante la ley 13 927). Empero la interpretación propiciada por este Tribunal, conjuntamente con otras Cámaras provinciales, otorga el paso preferente a quién circula por la avenida, cuestión que trataré por separado dada su importancia.
De las pruebas producidas en este expediente y en la causa penal, especialmente del croquis policial (fs. 4 y acta de fs. 3 de relevamiento ocular), de las fotografías de fs. 5/10 -obtenidas inmediatamente de ocurrido el hechoy de las declaraciones de Todesca (fs. 54/55), se desprende que el embestimiento se produjo en el carril derecho de la avenida Ituzaingó (por la que circulaba la motocicleta del acto) cuando la demandada obstruyó el paso de Castro, al intentar seguir su marcha y ocupar en sentido transversal el paso de la moto. La camioneta circulaba a muy baja velocidad por la parte izquierda de la calle y revistió la condición de embestidora mecánica y jurídica. Es de suma importancia, por la gravitación que adquiere para resolver la responsabilidad, destacar que la camioneta circulaba por la derecha y pretendió ingresar desde una calle lateral a la Avenida Ituzaingó (por la que iba la motocicleta). Esta última es una avenida de doble mano, más ancha (11 metros informa la pericia), con separador de los dos carriles y con circulación en doble sentido de marcha (fs. 3, 4, 5/10, 134/139, 166/168 expte. cit.).
4. La pericia accidentológica dictaminó que “que la motocicleta circulaba por Av. Ituzaingó hacia Del Valle, mientras que la camioneta lo hacía por calle Cnel. Suárez hacia el arroyo. Este último al disponerse a atravesar Avda. Ituzaingó, para continuar por la misma calle que lo hacía, impacta con su frente de avance en el lateral derecho de la motocicleta, produciendo su caída sobre el lateral izquierdo, y arrastre hacia su posición final, como se puede observar en las fotografías y en planimetría. Ello se produce debido a que al caer la motocicleta se produce un enganche con el paragolpe delantero de la camioneta” (cfr. fs. 137 causa penal). Dicha pericia accidentológica otorga a la camioneta el carácter de embestidor y a la motocicleta el rol de embestido (fs. 138), y fue realizada en sede penal sobre material colectado en el lugar del hecho el mismo día del accidente (fs. 131/139 de la IPP citada). La parte demandada asegura que la motocicleta embistió a su camioneta basándose en un informe de la IPP (fs. 30/32) del que surge que la camioneta no posee daños, e infiere de ello que la motocicleta sería la embistente. Esa aseveración no se corresponde con el dictamen pericial mencionado, con las placas fotográficas de fs. 133 vta. en las que se ve claramente el daño sufrido por el paragolpes delantero de la Ford Ranger, con la posición en que quedó el ciclomotor, ni con los dichos de Todesco que reconoce, con la fuerza probatoria de la confesión extrajudicial (arts. 421 y 423 CPC), que “no vio venir a la motocicleta, sólo sintió un fuerte golpe en la parte delantera del auto” (sic. fs. 54 vta.). Asimismo, los daños que presenta la motocicleta del lado derecho corroboran la mecánica del hecho descripta en la sentencia apelada, ya que en ese lateral fue impactada por el vehículo conducido por la demandada (ver fs. 4/4vta., 5/10, 30/32, 38, 54/55, 59/60, 132/139 de la I.P.P 01-02-001777- 18/00, arts. 375, 384, 421, 474 del CPCC; arts. 1757 ss. y cdtes. del Cód. Civ. y Com.).
Tampoco corresponde atender los agravios de la accionada intentando deslindar su responsabilidad a partir de mediciones del ancho de las calles, cuando de los croquis y las fotografías tomadas el día del accidente queda claro su ocurrencia y ubicación final de los vehículos involucrados (fs. 4/4vta., 5/10, 30/32, 38, 54/55, 59/60, 132/139 de la I.P.P 01-02-001777-18/00, arts. 384 del CPCC; arts. 1757 del Cód. Civ. y Com.). De paso señalo que esa amplitud de la avenida (11 metros), su doble sentido de circulación y la existencia de un separador de los carriles juega en contra de Todesco porque revela la mayor importancia y jerarquía de la avenida, por lo que debió extremar su precaución y diligencia al intentar cruzarla.
En definitiva, la pericia planimétrica y de accidentología de la Técnica Superior en Accidentología Vial, Jael Siverii de fs. 131/139 y explicaciones de fs. 166/168 de la IPP tiene pleno valor probatorio porque es completa y circunstanciada, se funda en las constancias de la causa y la demandada no produjo prueba en contrario de similar o superior jerarquía (arts. 384, 474 del CPCC). Ello así, y no obstante que me apartaré de la conclusión de la perito en las cuestiones jurídicas (realiza interpretaciones legales sobre la ausencia de carnet de conducir y la prioridad de paso que es materia que incumbe al juez; -arts. 384 y 474 CPC-). A ello cabe añadir que la demandada Todesco no ejerció su derecho de pedirle a la perito las explicaciones que ahora plantea en su recurso cuando se celebró audiencia en sede penal para que la experta brinde las explicaciones pertinentes, a tenor de un exhaustivo interrogatorio (cfr. audiencia de fs. 166/168vta. de la IPP).
Sobre el valor probatorio de la pericia, tiene resuelto este Tribunal que “si la pericia se ha llevado a cabo sin deficiencias procesales; cuenta con el debido fundamento científico; contiene conclusiones claras, firmes y lógicas; no existen otras pruebas que le resten eficacia; sus conclusiones son convincentes como consecuencia lógica de sus fundamentos, apreciados según las reglas de la sana crítica, no existe motivo para restarle valor probatorio” (esta Sala causa nro. 48.257, sent. del 06/10/05 “Arla…”; causa nro. 43.736, del 17/10/02, “Brenta…”; causa nro. 47.521, del 22/03/05 “Laguna La Tosca”; causa nro. 55.314, del 20/10/11 “Orradre…”, 58.124, del 21/04/14 “De Arzave…”, entre muchas otras).
5. No puede dejar de ponderarse que la Sra. Todesco al prestar declaración testimonial manifestó: “que cuando llego a la Avenida Ituzaingó paro para mirar para cruzar la avenida y cuando pongo primera siento un golpe en la trompa del auto del lado izquierdo”; “… la declarante recién arrancaba (la marcha por calle Coronel Suárez) y a la motocicleta no la vio venir, sólo sintió un fuerte golpe en la parte delantera del auto” (sic. fs. 54/55). Estas manifestaciones, en cuanto admiten circunstancias que perjudican a la parte, revisten el carácter al menos de reconocimiento de hechos efectuado en otro expediente (arts. 421 y 423 CPC) y ponen de relieve que no miró atentamente antes de cruzar y que lo hizo sin advertir la presencia de la moto. Más aún: la parte demandada al frenar cuando arribó al cruce de la calle Coronel Suárez con la avenida, perdió el derecho preferente al detenerse (para el supuesto de que se entendiera que tenía prioridad de paso), tal como lo prescribe el art. 41 inc. g) punto 3) de la Ley nacional 24.449 (según adhesión provincial por ley 13.927). Además en la audiencia videograbada de fs. 175 la magistrada anterior preguntó a la Sra. Todesco de modo preciso acerca de la mecánica del accidente y resulta incontrovertido que la camioneta frenó al llegar a la intersección de la calle Coronel Suárez con la Avenida Ituzaingó y luego, al no ver su conductora "venir a nadie" (lo que significa que no miró o miró mal) arrancó para acometer el cruce impactando al actor (absolución de posiciones de la demandada en la audiencia videograbada de fs. 175, arts. 384, 421, 474 del CPCC). Estas circunstancia explican porqué la camioneta embestidora circulaba a muy baja velocidad –recién iniciaba su marcha, alrededor de 4,9 km/h conforme la pericia accidentológica-.
6. La responsabilidad del conductor de la motocicleta no pudo ser establecida pericialmente pero no puede inferirse de las circunstancias del caso, que lo hubiera hecho a reducida velocidad, dado el desplazamiento posterior al impacto de la camioneta que se desplazaba a muy reducida marcha. Además se encuentra acreditado que circulaba sin licencia de conducir, lo que permite presumir impericia en el manejo conforme jurisprudencia de esta Sala. Así señalé que “si bien la ausencia de carnet de conducir importa esencialmente una infracción administrativa, la que debe ser ponderada desde el punto de vista de la relación causal a fines de la determinación de la responsabilidad, no debe perderse de vista que constituye un fuerte indicio de que el conductor carece de la necesaria habilidad para evitar o sortear las dificultades del tránsito”.
Desde la óptica del riesgo creado permite “advertir el grado de incidencia que la falta de licencia de conducir tiene sobre la conducta del infractor protagonista del accidente” (Conde Héctor-Suárez Roberto “Tratado sobre responsabilidad por accidentes de tránsito” cit. T.2 págs.171 y 175; esta Sala causa Nº 45.939, “Lucero”)” … “La ley de tránsito exige que todo conductor, previo al ejercicio del manejo de un móvil, deba rendir un examen psicofísico y de idoneidad a los fines de acreditar que está en condiciones de asumir el mando de un vehículo (arts. 34/37 de la ley 11430), estableciendo un límite mínimo de edad para tal trámite, para el que obviamente se ha tenido en cuenta la necesaria madurez que se requiere para tomar las decisiones frente al tránsito vehicular, atendiendo al riesgo a que se encuentra sometido, en todo momento, el conductor de cosas productoras de riesgos...” (conf.
S.C.B.A. Ac.70665, 4/4/2002 “Quiñones, Antonio h. y otra c/ Correa, Aimar A. y ot. Ds. y Pjs.”, D.J.J. 160-228, voto Dr. de Lázzari; cf. esta Sala, causa nº 46.143, 04/12/03, “Matías, Nicolás Leonardo c/ Zaffora Ramón y otros. Daños y Perjuicios). Caso contrario y no asignarle ninguna importancia a la ausencia de carnet habilitante, al menos implicaría “considerar que las normas reguladoras de tránsito constituyen letra muerta o que sólo sirven como material de estudio para el otorgamiento de la licencia de conductor” (S.C.B.A. Ac.77508, 8/11/2000 “Molinari, Rubén Daniel c/Feysulaj, Héctor E. y otros s/Ds. y Pjs., D.J.J. 159-295; Ac.78531, 28/9/2001 “Echegaray, Fabián N. c/González Ricardo A. y otro s/Ds. y Pjs.”; Ac.83471, 10/9/2003 “Schettini, Paulo Esteban y otra c/García, Oscar Enrique y otros s/Ds.y Pjs.”; esta Sala, causa nº 45.939, 25/11/03, “L.E.R. y ots. c/ Suardíaz, Marta y ots.
Daños y Perjuicios”).
Dicen Mosset Iturraspe y Piedecasas que constituye “una presunción de falta de pericia –como la tenencia de licencia autoriza a presumir pericia- que puede destruirse con la prueba de la capacidad conductiva, o bien de que el accidente ocurrió por otra causa extraña al tema analizado” (cf. Mosset Iturraspe, Jorge – Piedecasas, Miguel A., “Accidentes de Tránsito”, pág. 117). Más rigurosamente Areán sostiene que “crea sin embargo una presunción de impericia en el manejo, que es iuris tantum, estando a cargo del infractor la demostración de lo contrario” (conf. Areán, Beatriz A., “Juicio por accidentes de tránsito”, tomo 2ª, 2ª edición, pág. 60)” (esta Sala causa nro. 63.004, del 1/11/2018 “Constantino…”).
En suma: la falta de carnet de conducir por parte del actor constituye un fuerte indicio de que carecía de idoneidad conductiva para manejar (arts. 1, 13, 14, 15, 37, 48 inc. a), 64, 65 inc. b, 72 inc. a), 73 y ccs. Ley 24.449) por lo que corresponde atribuirle un porcentaje de contribución causal en la producción del siniestro vial del 30% (arts. 1726, 1727, 1757, 1758, 1769 y concs. CCCN; arts. 39 inc. a), 40 inc. a), 50 y concs. Ley de Tránsito).
7. La demandada, por su parte, no advirtió la presencia del actor que circulaba por el carril central de la avenida e igual inició su marcha y aunque se desplazaba a muy baja velocidad debió tomar la mayor precaución y obrar con la máxima atención y cuidado para atravesar la avenida, por resultar ésta una arteria de mayor importancia y jerarquía, más ancha, con separador y doble sentido de circulación (arts. 39 inc b,50,41 ley citada; esta Sala causas 61.769, del 8/6/2017 “López…”, 62.504, del 25/9/2018 “Degano…”, 63.535, del 20/2/2019 “Campagne…”). Por lo demás, el actor, en razón de desplazarse por una avenida de doble mano lo hacía asistido por la convicción de que goza de preferencia de paso con relación a los otros vehículos que pretenden acceder a esta vía de mayor jerarquía por una calle lateral (esta Sala, “Campagne…” del 20/2/2019, voto Dr. Peralta Reyes).
Las consideraciones precedentes (arts. 1, 2, 3 y concs. CCCN) me conducen a propiciar la modificación del fallo, admitiendo la responsabilidad de ambos conductores distribuidos en el 70 % para la demandada y el 30 % para la actora, en atención a sus contribuciones causales en la producción del siniestro vial (arts. 1, 2, 3, 1757 ss. y cdtes. del Cód. Civ. y Com., doct. y jurisp. cit.).
IV. Prioridad de paso en avenidas y quien circula por la derecha de una calle lateral.
1. Si bien una interpretación literal del art. 41 inc. d) de la ley 24.449 podría conducir a la conclusión de que Todesco tenía prioridad de paso por presentarse en el cruce por la derecha, en el caso de las avenidas - conforme lo ha decidido esta Sala-no pierde el paso preferente el conductor que se desplaza por dicha vía de mayor jerarquía. La cuestión ha sido abordada en distintos precedentes de esta Sala, en los que no sólo se ha flexibilizado el carácter absoluto de la regla de prioridad de paso de quien circula por la derecha cuando intenta cruzar una avenida, sino que, interpretando el art. 41 inc. d ley 24.449. en sentido concordante con las reglas y principios del Código Civil y Comercial (arts. 1, 2, 3 CCCN), procura dotar de sentido finalístico a la norma en cuestión (art. 41 inc. d) de la ley 24.449).
Esta problemática tiene muchísima importancia porque se trata del ordenamiento de la circulación vial y de que las reglas y principios que rigen el tránsito reflejen la realidad circundante, confiriendo certeza y seguridad a los automovilistas y peatones, generando predictibilidad en los comportamientos viales y previsibilidad en los pronunciamientos judiciales (ver Galdós Jorge “La doctrina de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires y la prioridad de paso”, Revista de Derecho de Daños, Ed. Rubinzal -Culzoni, 2001-1, 153; “La prioridad de paso de quién circula por la derecha” en anotación a fallo de Cam Civ y Contencio Administrativo 1ºNom. RioCuarto,30/3/2011 “Cover Jorge A. c. Sergio Jesús A. y otrs” LLC 2012 (marzo) 147, AR/DOC/851/2012; Otra vez sobre la prioridad de paso (y los peatones) en la Suprema Corte de Buenos Aires, LLBA 2004,1;AR/DOC/560/2004; Ribera, Carlos E., “La prioridad de paso del que circula por la derecha según la doctrina de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense”, en LLBA, 2005 (junio), 485; Galdós, Jorge - Ribera, Carlos E., “Un cambio en la doctrina de la Suprema Corte de Justicia bonaerense en la prioridad al paso de quien circula por una avenida", L.L. Bs. As., 2005-1155; auts. cits., “El cambio de la legislación de tránsito y nuevamente sobre la prioridad de paso de quien circula por una avenida”?, LLBA 2009 (diciembre), 1167).
2. Hagamos un breve repaso normativo que explica la complejidad del interrogante: ¿tiene prioridad de paso el vehículo que circula por una avenida frente a quién lo hace por la derecha en una calle o arteria común?. En otras palabras: ¿se pierde la prioridad de paso de quién transita por la derecha cuando se arriba a una avenida?. En el ámbito bonaerense se sucedieron los cambios legislativos siguientes:
- La antigua Ley de Tránsito 5.800 había resuelto la cuestión a favor del conductor que circula por la avenida (art. 71 inc. 2º de la ley 5800). - Luego la ley 11.430 en el art. 57 inc. 2. ap. 3 disponía que la prioridad de paso del vehículo que circula por la derecha “es absoluta y sólo se pierde cuando: c) Circulen vehículos por una vía de mayor jerarquía: Autopistas, semiautopistas, rutas y carreteras … (Texto según ley 1.768).Inicialmente la doctrina legal de la Suprema Corte no incluía a las avenidas entre las “vías de mayor jerarquía", hasta que a mediados del 2005 la Suprema Corte cambia su doctrina al decidir, por mayoría, en la causa "Salinas" (Ac. 79618, del 8/6/2005), con voto del Dr. Roncoroni, que "las avenidas de doble mano y generalmente de nutrido y abigarrado tránsito en las urbes actuales ... poseen una mayor jerarquía que las arterias o calles de una sola mano que se asoman o desembocan en ellas" (SCBA, "Salinas, Marcela c. Cao, Jorge. Daños y perjuicios", Ac. 79.618, 8/6/05 y "Cassini Ricardo D. c. Di Fabio Leonardo A. y ot", Ac. 78.088, 8/6/05, L.L. Bs. As. 2005 (septiembre 950); con nota aprobatoria de Tallone Federico, La regla de la prioridad de paso y la avenida como vía de mayor jerarquía, anotación al fallo "Salinas", L.L. Bs. As. 2005- 760).
- Posteriormente la ley 13.604 (B.O., 9/11/2007) modificó el art. 57 inc. 2, apartado C de la ley 11.430 introdujo a las avenidas entre las vías de mayor jerarquía, añadiéndolos como excepción a la prioridad de paso y equiparándolas con las autopistas, semiautopistas, rutas y carreteras. Por ello, y desde el plano normativo, gozaba de paso preferente el que transitaba por una avenida.
- El Decreto de Necesidad y Urgencia 40/07 (BO 30/10/2007) derogó la Ley 11.430 y su art. 70 incluyó expresamente a las avenidas como arterias de mayor importancia.
- La Ley 13.927 (vigente a partir del 1/1/ 2009) adhirió a la ley 24.449 (Código de Tránsito Nacional) cuyo art. 41 otorga la prioridad de paso en las encrucijadas "al que cruza desde su derecha", establece que esa preferencia es absoluta y sólo se pierde entre otros casos, frente a "Los vehículos que circulan por una semiautopista. Antes de ingresar o cruzarla se debe siempre detener la marcha", (inc. d). Como se advierte la Ley Nacional 24.449 solo hace referencia a "semiautopista" y no menciona a las vías de mayor jerarquía ni a las avenidas.
La norma transcripta, que es la vigente y que suscita problemas interpretativos (art. 41 de la ley 24.449 inc. d), no excepciona a quién transita por una avenida de la prioridad de paso que recae en cabeza de quien circula por la derecha, conforme lo interpretó la Suprema Corte a partir de la causa “Rearte” (S.C.B.A., Ac. 118.128, del 8/4/2015, “Rearte, Walter Edgardo c/ Chere, Miguel Ángel y otro. Daños y perjuicios”, Sumario Juba B4200931, voto de los Dres. Pettigiani, de Lázzari, Genoud –con sus observaciones- y Soria y en el que no participaron los jueces Negri y Kogan). La doctrina de estos precedentes se reeditó en las causas “Canales” y “Flamenco”, ambas por mayoría y con disidencia del Dr. Negri (cf. S.C.B.A., causas C 121.006, 30/05/2018, “Flamenco, Ceferino Alfredo c/ Giménez, Hugo Daniel s/ Daños y perjuicios”, en Sumario Juba B4204082 y causa C 120.890, 18/04/18, “Canales Riesco, María Lorena c/ Gonnet, Jorge Néstor y otro. Daños y perjuicios”). Posteriormente, en otro precedente, si bien hizo referencia a dicha doctrina legal, conforme las circunstancias del caso y con base en el principio de que la prioridad de paso debe ser valorada en el contexto general de las normas de tránsito, confirmó la sentencia de la Cámara de Junín que había interpretado, como este Tribunal, que el paso preferente lo tiene quien circula por la avenida (SCBA, Ac. 122.276, 5/6/2019, “Salomón, Lucas c/ Tolosa, Horacio Saúl. Daños y Perjuicios”, confirmatoria de la Cám. de Apel. en lo Civil y Comercial de Junín, voto Dr. Guardiola).
3. Sin embargo la doctrina legal de la mayoría de la Suprema Corte no es incompatible con la interpretación que propicia este Tribunal que en lo sustancial armoniza las reglas normativas de la ley de tránsito con los criterios hermenéuticos del CCCN y dotan de sentido finalístico a la regla de la prioridad de paso (arts. 1, 2, 3 y concs. causas nº 61.769, del 8/6/2017, “López, Carlos Adrián c/ Esperatti, José Oscar y otro s/ Daños y Perjuicios”; nº 62.504, 25/9/2018/ “Degano, Alejandro Eduardo y ot. c/ Godoy, Juan Cirilo y ots. s/ Daños y Perjuicios; nº. 63.535, del 20/2/19 “Campagne…”, causa nro. 64.011 del 12/7/19, “Ledesma, Dante Ariel c. Dietrich, Agustín Héctor y otro/a s/ daños y perj. autom. c/ les. o muerte (exc. Estado)”, en SJA, 13/11/2018; RCyS 2019-XI, 185; RCCyC 2020 (marzo), 105 con reciente nota aprobatoria de Martín D. Pirota, “Prioridad de paso en intersecciones abiertas: un fallo acertado que consolida la regla de preferencia de la vía de mayor jerarquía (avenida vs. calle)” en RCCyC 2020 (marzo), 110).
Ello así no sólo por las razones desarrolladas argumentalmente en aquellos precedentes (sobre los que ya volveré), sino también porque en las sentencias mencionadas de la Suprema Corte –en consideraciones trasladables a este caso- se sostuvo que: “La prioridad de paso que asigna el art. 57 de la ley 11.430 si bien -en principio- es absoluta, no puede ser evaluada en forma autónoma sino por el contrario imbricada en el contexto general de las normas de tránsito, analizando su vigencia en correspondencia con la simultánea existencia de otras infracciones y en correlación, también, con los preceptos específicos del Código Civil que disciplinan la responsabilidad por daños” (cf. SCBA, causa C 120.890, 18/04/2018, “Canales Riesco, María Lorena c/ Gonnet, Jorge Néstor y otro. Daños y perjuicios”; SCBA, Ac. 122.276, 5/6/2019, “Salomón, Lucas c/ Tolosa, Horacio Saúl. Daños y Perjuicios”). Es importante señalar que esta doctrina se reiteró en la citada causa “Salomón …” –mencionada precedentemente- en la que prevaleció este núcleo argumental para conjugar la aplicación de su doctrina legal sobre el paso prioritario por la derecha y no por la avenida.
“La prioridad de paso- se añadió- en otro antecedente no constituye un “bill de indemnidad” a favor de quien circule por la derecha; liberar de responsabilidad al que tenía prioridad de paso, dejando de lado otras circunstancias, como la regla sentada por el art 39 de la ley 24.449 importa un juicio de valor apresurado ya que “el art. 39 de la ley 24.449 impone al conductor, sin perjuicio de la prioridad de paso que le asista al llegar a la bocacalle, reducir sensiblemente su velocidad para atender la posible presencia suficientemente anterior- de cualquier otro vehículo circulando por la vía perpendicular, manteniendo el dominio de su rodado a tales fines. El incumplimiento de tal conducta puede resultar idóneo, según las circunstancias y probanzas de la causa, para incidir en la producción y mecánica del evento (conf. art. 384 y concs., CPCC)” (cf. SCBA, causa C 121.001, 21/02/2018, “Rodríguez, Andrea Beatriz c/ Acosta, Antonio Vicente y otros. Daños y perjuicios”).
4. Acoto que es importante la referencia a los argumentos que en contra de la doctrina legal pueden invocar los tribunales inferiores: “los pronunciamientos de esta Suprema Corte -es decir, aquellos que conforman su doctrina legaldemuestran tener (vía recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley) efectos vinculantes sumamente fuertes respecto de las demás instancias, por lo que resolver (o argumentar) de una forma contraria a lo que en ellos se establece (lo que, por supuesto, es posible) exige que sean exhibidas razones convincentes, decisivas y atinentes de opuesto sentido” (cf. SCBA, causa C 120.890, 18/04/2018, “Canales Riesco …” cit. supra con reenvío a doctr. causas C. 117.292, “Salinas”, sent. de 1-IV-2015; C. 118.968, “Torres”, sent. de 15-VII-2015).
5. Los fundamentos que avalan la doctrina de esta Sala son los siguientes. “La regla normativa contenida en el art. 41 inc. d ley 24.449 debe armonizarse con el principio cardinal que rige la circulación vial y que se expresa como mandato abierto e indeterminado: “circule de manera de no dañar a otro, con la máxima cautela y previsión, de modo que tenga el control de su vehículo sin entorpecer la circulación ni afectar la fluidez del tránsito”. Ello se desprende de la conjugación y complementación de las conductas prescriptas y descriptas por los arts. 39 inc. b), 50, 64 y concs. de la Ley 24.449, en el marco de fuentes plurales del derecho privado (reglas, principios y valores), procurando su unidad sistémica y su coherencia “a posteriori” (arts. 1, 2, 3, 7 y concs.
CCCN; esta Sala causa nº 61.769, del 8/6/2017, “López, Carlos Adrián c/ Esperatti, José Oscar y otro s/ Daños y Perjuicios”; causa Nº 62.504), 25/9/2018/ “Degano, Alejandro Eduardo y ot. c/ Godoy, Juan Cirilo y ots. s/ Daños y Perjuicios).Se advierte que de este modo se enfrenta una norma: “aún en las avenidas tiene paso preferente el que acomete el cruce por la derecha” (art. 41 inc. d) ley cit.) con un principio emanado de un triple enumerado normativo (arts. 39 inc. b, 50, 64 ley cit.) y que –reitero- establece que “debe circularse con previsión y precaución, manteniendo el dominio del vehículo, y absteniéndose de entorpecer la circulación y la fluidez del tránsito”. La labor interpretativa en caso de colisión de una norma con un principio debe “prima facie” resolverse otorgando primacía a la primera.
Es decir la regla desplaza al principio y con ese entendimiento la prioridad de paso siempre e inexorablemente recaería en quien transita por la derecha y desde allí accede a la avenida (art. 41 inc. d ley 24.449 cit.). Empero, en el caso y por sus singularidades, la aplicación de la regla debe ser matizada o atenuada por el principio opuesto, es decir por la convención social, en el marco del diálogo de fuentes que tiene sustento normativo en el Código Civil y Comercial (arts. 1, 2, 3, 7 y concs.; sobre el tema ver: Nicolau, Noemí Lidia, “La tensión entre el sistema y el microsistema en el derecho privado”, en Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Derecho. Trabajos del Centro, Nº 2, pág. 79; Lima Marques, Claudia, “La defensa del consumidor en Brasil.
Diálogo de Fuentes”, en Stiglitz, Gabriel – Hernández, Carlos A., “Tratado de Derecho del Consumidor”, Tomo I, pág. 143; Sozzo, Gonzalo, “El diálogo de fuentes en el derecho del consumidor argentino”, en Revista Derecho de Daños, 2016 - 1 y Negri, Nicolás J., “Análisis crítico de los arts. 1º, 2° y 3° del Título Preliminar del Código Civil y Comercial”, en RCCyC 2016, 16/12/2016, 59, Cita Online:
AR/DOC/3782/2016).
La tarea interpretativa de integración y armonización (de reglas y principios), a fines de lograr una convivencia de complementariedad y de coordinación, debe procurar que el ejercicio del derecho previsto en la regla (el paso preferente de quien -desde una calle lateral y ordinaria- accede a una avenida; art. 4 inc. d ley 24.449), no configure una situación jurídica abusiva, en desmedro del juego recíproco de las expectativas de los conductores a los que hacía referencia el voto del Dr. Roncoroni en la causa “Salinas” (arts. 9, 10, 14, 1120, 1708, 1710 inc. b), y concs. CCCN). De este modo la conjugación de la regla (prioridad de paso de quien ingresa por la derecha a la avenida) y el principio o enunciado normativo (prioridad de paso de quien circula por la avenida) puede formularse sosteniendo que el conductor que circula por la derecha por una calle o arteria común y que accede a una avenida “o vía principal”, como lo decía la legislación derogada, generalmente de doble mano y de tránsito más frecuente y rápido, debe ejercer su derecho a procurar el cruce (interfiriendo de esa manera en la fluidez vial y entorpeciendo la circulación vial) cuando las circunstancias y condiciones del tránsito lo permitan, sin riesgos para sí o para terceros (arts. 9, 10, 1710 inc. b y concs.
CCCN). Reitero, la pauta interpretativa aquí propiciada es compatible con las creencias y comportamientos sociales, particularmente de la ciudades con poblaciones más reducidas del interior provincial (como Tandil, Olavarría o Azul) en las que el conductor que se desplaza por la avenida lo hace con la convicción de que quien accede por la derecha habrá de cederle el paso, amparado en que circulaba por una vía principal, en la que la velocidad permitida es superior, y en la que también es mayor la densidad del tránsito (arts. 1, 2, 3, 7, 9, 10, 1710 inc. b y concs. CCCN; arts. 39 inc. b, 50, 64 y concs. de la Ley 24.449). En este sentido, y en el marco de fuentes plurales en el sistema actual de derecho privado, no puede soslayarse que el principio al que vengo haciendo referencia se apoya en los usos, prácticas y costumbres (art. 1 CCCN).
Mantienen actualidad reflexiones anteriores vertidas a favor del paso preferente del que circula por la derecha, cuando este Tribunal de modo genérico y abstracto postuló la prioridad de paso de quien circula por la avenida sosteniendo que debe prevalecer la interpretación que confiere primacía al deber de cuidado y prevención que debe observar quien, desde una calle lateral, acomete el cruce con una calle de mayor importancia. Y ello supone aminorar la marcha y permanecer detenido hasta comenzar recién a trasvasar la avenida cuando el paso se encuentre expedito, y esa maniobra de interferencia en la fluidez vial de una calle de mayor importancia, cualitativa y cuantitativa (por la densidad de la circulación, por la mayor velocidad permitida, por la expectativa que suscita en los restantes automovilistas), pueda ejecutarse sin riesgo para terceros.
Esta es la directiva y el comportamiento que fluyen del trípode que se asienta en el deber genérico de prevención y cuidado (art. 39 inc. b ley 24.449), en la velocidad precautoria que supone no sólo el dominio total del vehículo sino también no entorpecer la circulación (art. 50 ley cit.), y el de evitar daños en personas o cosas como consecuencia de la circulación (art. 64, segunda parte in fine, citada ley 24.449; conf. esta Sala, causas n° 54.907, del 11-4-11, "Garay ..."; nº 55.350, del 16/02/12, “Ferreiro ...” y nº 58.840, del 09/09/14, “Demarco …”). En suma: quien circula por una avenida lo hace asistido por la convicción de que, sin tener un ‘bill de impunidad’, goza de preferencia de paso con relación a los otros automovilistas que pretenden acceder a ella (máxime cuando la avenida es de doble mano, con separadores y doble sentido de marcha) desde una calle lateral.
En tal caso quién debe frenar antes de acometer el cruce con una avenida, es quien lo hace por una calle lateral, transite por la izquierda o por la derecha, facilitando –y no obstaculizando ni obstruyendo- la fluidez de la circulación por la arteria principal” (cf. esta Sala, causas nº 58.834, 14/07/16, "Maldonado, María Fabiana c/ Orliacq, Silvana s/ Daños y Perjuicios”; nº 48.497, 16/08/05, “Marmolería Sierra Chica S.A. c/ Repetto, Horacio y otra s/ Daños y Perjuicios” y nº 59.281, 07/05/15, “Moscardi, David Emilio C/ Guillenea, Martín s/ Daños y Perjuicios”, entre otras)”.
También mantienen vigor las reflexiones del juez Roncoroni, expuestas en la tantas veces citada causa “Salinas”, cuando afirmó que “la trascendencia de la regla de prioridad de paso (que, agrego por mi parte establecía el art. 57 inc. 2º de la ley 11.430) no puede biseccionarse o fraccionarse en su aplicación y actuación para el conductor de un rodado que circulando por una calle de una sola mano, ingresa a una avenida de doble mano en la que los vehículos que corren sobre la primera mano a surcar se presentan a su izquierda; no es razonable la pervivencia del principio general que llevaría a sostener, por ende, que aquél goza de la prelación al surcar la primera mano de la bocacalle. Pues bajo el hilo conductor de tal razonar, pierde esa preferencia al llegar al centro de la calzada y encontrarse con la otra mano de la Avenida que le presenta, ahora, los vehículos por su derecha, obligándolo a detenerse en la mitad de la encrucijada, obstruir la circulación y erigirse en fuente segura de daños y accidentes” (cf. SCBA, Ac. 79618, 08/06/2005, “Salinas, Marcela c/ Cao, Jorge s/ Daños y perjuicios”, Sumario Juba B27896). En esa orientación los jueces Negri y Kogan, sostuvieron que “la jerarquía asignada a las avenidas no se circunscribe únicamente a la cantidad de manos con las que pueda o no contar, respondiendo su definición en la ley, a un carácter descriptivo; razonablemente su designación no se agota por el número de caudales. No es ese su delineamiento, pues lo es en virtud no sólo de un aspecto constructivo que puede o no coincidir con su real cualidad funcional, sino de su importancia y caudal de tránsito entre otras circunstancias” (cf. SCBA, C 104952, 02/07/2010, “Jadech, Rubén c/ Laius, Matías y otros s/ Daños y perjuicios”, Sumario Juba B33292). “Las avenidas –acotaron- son vías frente a las cuales se pierde la prioridad absoluta de paso de quien circula por la derecha” (cf. SCBA, C 104952, cit. anteriormente; ver también los argumentos y reflexiones de Martín Pirota en “Prioridad de paso en intersecciones abiertas: un fallo acertado que consolida la regla de preferencia de la vía de mayor jerarquía (avenida vs. calle)” en RCCyC 2020 (marzo), 110).
También debe tenerse en cuenta, tal como lo puntualizara el Juez Negri, en su voto en minoría en la citada causa “Salomón” la importancia del valor seguridad (vial) en el tránsito en la reducción de siniestros, víctimas y daños, previniendo accidentes en vías públicas (arts. 11 Ley 13.927; 39 inc. “b”, ley 24.449). Esa regla constituye, en suma, una aplicación sustancial de la regla argumentativa emanada del principio de obrar con la diligencia debida y de adoptar medidas precautorias para evitar un daño sustancial (Guzmán, Néstor, “Discrecionalidad y Justificación. Entre el Juez intérprete y el Juez creador en Código Civil y Comercial”, Ed. Astrea, Bs. As., 2019, pág. 105, aludiendo al antecedente de este Tribunal (causa “López …”). Otro argumento adicional, también de suma relevancia, lo constituye el decreto 779/95 reglamentario de la Ley 24.449 que reconoce la prevalencia de la avenida como vía de mayor jerarquía cuando sostiene que “… en el caso de encrucijadas de vías de diferente jerarquía no semaforizadas la prioridad de la principal podrá establecerse a a través de la señalización específica …” y agrega que no es necesario colocar esta señalización en todas las encrucijadas sobre la vía principal” (cf. voto Dr. Negri, causa “Salomón”; ver también decreto 532/09 reglamentando ley provincial 13.927, art. 15 Anexo III referido al citado art. 41 ley nacional).
En definitiva: cuando se trata del cruce de una avenida con una calle o arteria normal o común la prioridad normativa de paso (art. 41 ley 24.449) debe conjugarse con el principio que impone manejar con prevención, a velocidad precautoria con el máximo cuidado de no entorpecer o dificultar la fluidez del tránsito (arts. 39 inc. b), 50, 64 y concs. Ley 24.449) (esta Sala causa nro. 61.769, del 8/6/17 “López…” transcripta;”; nº 62.504, 25/9/2018/ “Degano, Alejandro Eduardo y ot. c/ Godoy, Juan Cirilo y ots. s/ Daños y Perjuicios; nº. 63.535, del 20/2/19 “Campagne…”). Quien circula por una avenida tiene paso preferente porque es mucho mayor el deber de diligencia, cuidado y precaución que racae en quien accede a ella desde una calle lateral (causa nro. 64.011 del 12/7/19, “Ledesma…”). Todo ello claro está sin relevar al conductor asistido por el paso prioritario de los deberes propios de la circulación vial y de respetar las velocidades precautorias (arts. 39 inc. b, 51 inc. a (2) y d.e.1, y ccs.).
6. La interpretación de ésta Sala es compartida, aunque con otros fundamentos y con sus matices, por otros tribunales bonaerenses (ver entre otras: Cám. Apel. Civ. y Com. Junín, causa nro. 50012, del 28/06/11 “Lovera…” –voto del Dr. Guardiola-, JU-1246-2012 del 19/06/2014 “Alfa Bal S.A.C….”, Cám. Apel. Civ. y Com. San Isidro, Sala Primera, Exp. SI-5781- 2013, Dic. 2017, “Cáceres…” –con voto del Dr. Ribera-, Cám. Apel. Civ. y Com. San Nicolás, causa nro. 104.485, Jul. 2014, “Aguirre...”, Exp. 12316, del 5/7/2016 “Mauro…”, Exp. 11401, del 18/9/2014 “Casais…”, Exp. Nro. 10134, del 18/10/2011 “Acosta…”, Cám. Apel. Civ. y Com. Mar del Plata, Sala II, Exp. Nro. 144379, sent. del 5/8/2010 “Juncos…”, Cám. Apel. Civ. y Com. 1 La Plata, Sala III, Exp. Nro. 252697, sent. del 13/07/2010 “Grasso…”, Cám. Apel. Civ. y Com. 2 La Plata, Sala II, Exp. Nro. 118.034, sent. del 16/12/2014 “Saborido…”, Cám. Apel. Civ. y Com., Bahía Blanca, Exp. 149.323, sent. del 11/10/2018 “Jiménez…” –voto Dr. Restivo-, entre muchas otras).
En tal sentido resulta destacable el voto del juez Dr. Ribera de la Cámara de San Isidro (Cám. Apel. Civ. y Com. San Isidro, Sala Primera, Exp. SI-5781- 2013, Dic. 2017, “Cáceres…” cit.), cuando sostuvo que “si sólo se admite como excepción a las semiautopistas, cabe plantearse, en un caso como el de autos, de un accidente ocurrido en una ruta o carretera ¿tendría preferencia al paso quien cruza desde una calle desde la derecha?; quienes circulan por la ruta ¿deberán detener su marcha?. Una interpretación literal del art. 41 inc. d) de la Ley 24.449, llevaría a sostener que el conductor que circula desde la derecha tiene preferencia. El derecho de paso de quien circula por la derecha tiene varias excepciones legales, tal cuando hay señalización en contrario, el paso de vehículos del servicio público de urgencia, etcétera (art. 41 LNT). Además, el deber de cuidado y prevención que debe tener en cuenta todo conductor que accede desde una calle lateral en una vía de mayor importancia, exige disminuir e incluso detener su marcha, y retomar su curso una vez que compruebe que no existe peligro en interrumpir el tránsito de la arteria por la que transita mayor cantidad de vehículos, a mayor velocidad y con múltiples carriles. Además, deberá tener en cuenta el tránsito de su derecha para una vez que cruce la línea divisoria de la ruta. El art. 2 del Código Civil y Comercial dispone que la ley debe interpretarse conforme a sus palabras y agrega que también debe tenerse en cuenta sus finalidades, entre otros, “los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento” (Nicolás J. Negri, Análisis crítico de los arts. 1º, 2º y 3º del Título Preliminar del Código Civil y Comercial, RCCyC 2016 (diciembre), 59, LL Online:
AR/DOC/3782/2016). Por ello, no parece razonable, ni ajustado al valor de seguridad del tránsito, que no se reconozca prioridad en el caso que nos ocupa a quien circula por una ruta provincial. La realidad indica que el cuidado y prevención que debe tener el conductor que emprende el cruce de una ruta, carretera o avenida desde una calle, aun cuando sea desde la derecha, debe tomar las mayores precauciones, por el riesgo de la maniobra al enfrentarse a una vía de mayor flujo vehicular, velocidad y de múltiples carriles (arts. 39 inc. b, 54 y 60 de la ley 24.449). En estos casos, es necesario priorizar el valor seguridad, lo cual por otro lado no significa reconocer que quien transita por la avenida lo haga sin el debido control del rodado que conduce, como reiteradamente lo ha dicho nuestro máximo Tribunal provincial (Ac. 75.528, “Pellegrini, Alberto Ramón y otra contra Motta, Pastor Guillermo y otros. Daños y perjuicios” y su acumulado “Pierani, Vanina Laura contra Motta, Pastor Guillermo y otros. Daños y perjuicios”, 30-10-2002, entre otros)” (Cám. Civ. y Com. de San Isidro, Sala Primera, Exp. SI-5781-2013, Dic. 2017, “Cáceres…”).Señalo que en el voto del Dr Ribera se cita nutrida jurisprudencia nacional que también se pronunció en el sentido aquí propuesto.
La cuestión que venimos analizando también fue abordada por el Dr. Guardiola en la Cámara de Junín (autos “Lovera, Luis Oscar c/ Ferrua, Marta Isabel y Otro/a s/ Daños y Perj. por uso automotor c/ lesiones o muerte”), en el que, con cita autoral, se refiere a “la preferencia "natural" en la intersección de vías desiguales en las que por impulso instintivo el automovilista tiende a establecer su velocidad real proporcionada a las condiciones físicoconstructivas de la vía que utiliza; esto es, cuanto más amplio es el espacio de circulación, más recto y menos complicado el trazado y mejor la calidad del pavimento y de los elementos de seguridad adyacentes, mayor es la proyección. Psicológicamente, estas ventajas se traducen en que la relativa optimización del ámbito de circulación infunde al conductor sensaciones de comodidad, confianza y seguridad que disminuyen su umbral de alerta de riesgo.
De ahí que el empalme de dos -o más- vías de diferente importancia cualicuantitativa suponga un crítico problema de seguridad debido a que por la mejor de ellas transcurrirá una corriente de tránsito relativamente más fluida, rápida y abundante, y, sobre todo, laxamente confiada en las condiciones que la ruta ofrece. … Visto el escenario desde el otro lado, la experiencia conductiva, la intuición, el sentido de prudencia y el instinto de supervivencia advierten al conductor que se desplaza por la vía comparativamente menor que el cruce de la mayor implica un cambio sustancial por la multiplicación del riesgo. La lógica simple del sentido común explica que ante la circunstancia se adopte -o se deba adoptar- la mínima medida de autoprotección de aminorar el vehículo o, incluso, detenerlo para, antes de decidir el acceso, darse tiempo de observar y explorar ese espacio que por sí mismo sugiere una cantidad y calidad de tránsito especial, aunque no se encuentre presente en el instante.
Ello es particularmente visible cuando se trata de grandes vías, v. gr. avenidas, bulevares, ramblas, carreteras de larga distancia, etc., cuya conformación geométrica y constructiva, densidad y velocidad media del flujo constituyen signos objetivos de su importancia ... Es fundamental comprender que para organizar y asegurar el cruce de vías jerárquicamente superiores accediendo desde las transversales relativamente secundarias, las reglas de la derecha-izquierda y del ingreso prioritario más que insuficientes, se revelan como peligrosamente contraproducentes, pues estas pueden llevar al usuario a ingresar sin precauciones a un polígono conflictual completamente diferente al de vías similares y someterse con ello a un intensísimo riesgo de colisión.
Pero, también sería inconcebible que la encrucijada quedara abierta y sin reglas organizativas de la maniobra de cruce, lo cual conduce a una disyuntiva de hierro: o se señalizan todas - literalmente: todas- las intersecciones de vías de distinta importancia relativa, o se estipula normativamente -con alcance general- la prelación del tránsito de las mayores sobre el de las menores” (Carlos Tabasso Cammi "Preferencia de la vía de mayor jerarquía. Eficaz dispositivo de organización y seguridad vial" publicado en LA LEY 2001-F, 1083 citado por Guardiola en la causa “Lovera…”; en parecido sentido voto de la mayoría del Dr. López Muro causa nro. 118.034, del 16/12/2014 “Saborido, Juan Carlos c/ Máster 1 SRL y Otro/a s/ Ds. y Ps.”).
Por lo demás, la doctrina se inclina por compartir, con sus fundamentos, la interpretación aquí desarrollada: el paso preferente recae en quién circula por la avenida (Gómez, Ángel P. M. - Borrelli, María J. – Prioridad de paso y su posible vigencia en las avenidas de la provincia de Buenos Aires (Ley 24.449) Cita: MJ-DOC-5306-AR | MJD5306 ;Parellada, Carlos A., "Prioridad de la derecha y sus excepciones", La Ley Gran Cuyo, 2007 (julio), 583;Guercovich, Pablo M., "Prioridad de paso e imprudencia. Un análisis bajo el tamiz del principio de confianza", DPyC 2013 (septiembre), 191, DJ 13/08/2014, 1, cita online: AR/DOC/1649/2013. ;Brandone, María Mercedes “Las prioridades de paso en la Ley Nacional de Tránsito. Avenida y circulación por la derecha” LLBA2019 (octubre), 1 - RCyS2020-I, 13,Cita Online:
AR/DOC/2583/2019;Descalzi, José P., "Siguiendo la jurisprudencia sobre la prioridad de paso en las avenidas", LNBA 2007 11 1213, Lexis Nº 0003/80044; Martín D. Pirota, “Prioridad de paso en intersecciones abiertas: un fallo acertado que consolida la regla de preferencia de la vía de mayor jerarquía (avenida vs. calle)” en RCCyC 2020 (marzo), 110).
7. Cabe mencionar a titulo referencial que en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación se presentaron proyectos legislativos para adecuar la norma del art 41 inc d, (Honorable Cámara de Diputados de la Nación (Exp. 1507-D- 2019) (www.diputados.gov.ar/proyectos). El texto proyectado propone lo siguiente:”Artículo 41: Prioridades. Todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta, y sólo se pierde ante: […] d bis) Los vehículos que circulen por una vía de mayor jerarquía: semiautopistas, autopistas, rutas, vías multicarriles o avenidas. Antes de ingresar o cruzarla se debe siempre detener la marcha”.Se advierte que la norma propuesta, retoma, en lo sustancial, el texto vigente durante la ley 11.430 según la feliz modificación de la ley 11.768 al art 57 inc. 2 letra c de la citada ley 11.430.
IV. Comunicación al Poder Legislativo. Mandato exhortativo, institucional o constitucional.
1. En definitiva, y tal como se desprende de los antecedentes, el art. 41 inc. d. de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, vigente en la Provincia de Buenos Aires mediante la ley de adhesión 13.927, presenta dificultades interpretativas porque sólo prevé expresamente como excepción a la prioridad de paso de quién circula por la derecha a las semiautopistas, guardando silencio sobre las vías de mayor jerarquía, las avenidas, carreteras, rutas, autovías, etc. Esta situación torna aconsejable, en el marco de los deberes institucionales y de recíproca comunicación y colaboración entre los poderes independientes del Estado provincial, dirigirse al Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires para hacer saber la problemática, dificultades y conflictos que presenta la actual redacción de la norma referida. Ello así para que, en caso de entenderlo procedente, el Poder Legislativo de la Provincia, sea a través de la Cámara de Diputados o del Senado analice la conveniencia, oportunidad o mérito de legislar las cuestiones omitidas regular en el art 41 inc d ley 24.449, según ley provincial 13.927, todo en el ámbito de sus específicas incumbencias constitucionales propias (arts. 68, 69, 75, 93, 103 inc. 13, 104 y concs. de la Constitución local).
2. A fines de fundar la conclusión precedente expondré los fundamentos y argumentos que sustentan la comunicación institucional al Poder Legislativo. Partimos de un nuevo paradigma del CCCN: la función preventiva de la responsabilidad civil con sustento, especialmente, en los arts. 9, 10, 1708, 1710 a 1713 y concs. CCCN. La acción preventiva (art. 1711 CCCN) o, con más precisión conceptual, la pretensión preventiva, también denominada tutela de prevención, responsabilidad civil preventiva, responsabilidad-prevención o tutela inhibitoria, prevista particularmente en los arts. 1710 a 1713 y concs. CCCN, constituye una función normativa de la responsabilidad civil, una pretensión típica y autónoma, de derecho sustancial, definitiva o provisoria, principal o accesoria de otras (del resarcimiento o de la punición, o de ambas), mediante la cual se regula el deber legal de impedir la producción del daño y el de evitar o disminuir su continuación o agravamiento (arts. 1710 y concs.
CCCN).
La función preventiva comprende: 1) las medidas cautelares clásicas previstas en los códigos procesales locales y la medidas cautelares de creación pretoriana; 2) las medidas preventivas de derecho sustancial o privado previstas en el CCCN; 3) las medidas cautelares y preventivas previstas en las leyes especiales; 4) estas medidas cautelares y preventivas pueden actuar simultánea o concurrente. Aunque las medidas cautelares o provisionales revisten naturaleza procesal cumplen una importante función preventiva. En síntesis: las medidas preventivas podrán tener naturaleza procesal (de los códigos procesales), de fondo o sustancial (del CCCN y las leyes especiales) y mixto o bifronte (procesal y sustancial).
En consecuencia, con mayor rigor dogmático podemos afirmar que a partir de la sanción del nuevo CCCN, los arts. 1710 a 1713 y concs. confieren sustento normativo a la función preventiva de la responsabilidad civil que abarca a: 1) las medidas cautelares clásicas, procesales, asegurativas, provisionales, transitorias o interinales (vgr. embargo, prohibición de innovar, medida cautelar innovativa, entre otras)- reguladas en los códigos de procedimiento procesales-; 2) las medidas provisorias o definitivas de prevención, en sentido estricto, de naturaleza sustancial, previstas en las normas citadas del CCCN (vgr. tutela preventiva autónoma, tutela anticipada, o mixta cuando se la concede con fundamento en la medida cautelar innovativa, etc.). Volveremos luego sobre el tema.
3. Las herramientas más comunes y más desarrolladas hasta ahora de la tutela preventiva o acción preventiva de los arts. 1708, 1710 a 1713 CCCN (recordemos las denominaciones posibles: medidas sustanciales o de derecho fondal; tutela, acción o pretensión preventiva; responsabilidad-prevención; función preventiva de la responsabilidad tutela inhibitoria; tutela inhibitoria contra daños; tutela civil inhibitoria) son las siguientes: a) las medidas autosatisfactivas que se caracterizan porque el objeto del proceso se superpone con el objeto de la pretensión sustancial y el otorgamiento definitivo de la pretensión procesal importa la satisfacción de la pretensión de fondo y la conclusión del proceso (vgr. el pedido autónomo y urgente de provisión de un medicamento); b) la sentencia anticipada, tutela anticipada, anticipo o adelanto de jurisdicción, o sentencia adelantada que otorga antes del fallo definitivo de modo provisorio o definitivo el objeto sustancial reclamado (vgr. la asistencia médica de una persona con discapacidad a raíz de un siniestro vial); c) el mandato preventivo o de prevención. d) El “bozal legal” o “tutela inhibitoria de expresión”, “medida prohibitiva de expresión”, “tutela inhibitoria de expresión” o “interdicción de expresión (o “mordaza legal”) e) El hábeas Internet judicial preventivo, o “medida (o tutela inhibitoria o interdicción) de restricción (o de prohibición) de expresión en Internet. f) La tutela preventiva autónoma. g) La tutela preventiva especial, reforzada o preferencial.
4. Ahora bien, concentrados en el mandato preventivo o de prevención, consiste en la orden judicial de medidas para impedir, hacer cesar o mitigar el daño. Constituye una orden judicial, generalmente oficiosa y dictada en la sentencia definitiva en la que el juez, ante la comprobación del daño o de su amenaza, adopta medidas para evitar, hacer cesar o mitigar el daño presente o futuro impedir el daño futuro (Vgr. CCiv. y Com., Sala II, Azul, Causa nº 59966, 11/11/2015, “Biordo, Miguel Ángel vs. Rutas al Sur Concesionario Vial s. Daños y perjuicios” (para la adopción de medidas de seguridad en la señalización de una estación de peaje), www.rubinzalonline.com.ar, RC J 7657/15, MJJ95745; CCiv. y Com., Sala II, Azul, Causa Nº 60.647), 17/11/2016, “Espil María Inés y Otro/a c/ Apilar S.A. y Otro/a s/ Daños y Perj. Estado (Uso Autom. s/ Lesiones” -para el aseguramiento de un inmueble privado de fácil acceso y en el que murió ahogado un bañistawww.rubinzalonline.com.ar, RC J 6760/16).
El mandato preventivo puede asumir dos modalidades: a) mandato preventivo o de prevención en sentido estricto ( que es el anteriormente citado) y b) mandato preventivo exhortativo, atípico o institucional (CCiv. y Com. Azul, Sala II, 27/3/2013, "Pérez Nicolás y Otros c/ Zoffranieri Salvador y Otro s/ Daños y Perjuicios” (imponiendo a Vialidad Nacional de la grave situación de peligro que presentaba un tramo de la ruta nacional 3).
La jurisprudencia, incluso de ésta Sala, registra un nutrido repertorio relativo al mandato preventivo ordenatorio, esto es el primero de aquellos, conforme precedentes de muchísimos tribunales de todo el país (arts. 1710 a 1713 del Cód. Civ. y Com; esta Sala, causa n° 42.433, 15/05/2001, “Carrizo, Carlos Alberto y Otra c/ Tejeda, Gustavo y otra s/ Daños y Perjuicios” y que confirmada por la Suprema Corte (S.C.B.A. Ac. 82656, 30/03/05, “Carrizo, Carlos Alberto y otra c/ Tejeda, Gustavo y otra s/ Daños y Perjuicios”, voto de la mayoría del Dr. de Lázzari, L.L.B.A. 2006, 451; esta Sala 11/11/2015, “Biordo, Miguel Ángel vs. Rutas al Sur Concesionario Vial s. Daños y perjuicios”, Causa nº 59966, www.rubinzalonline.com.ar, RC J 7657/15; causa Nº 60.647 del 17/11/2016, “Espil, María Inés y otro c. Apilar SA y otro/a s/daños y perj.” con nota “Alcances de la acción preventiva de daños” de Pahor, Daniela - Leguiza Casqueiro, Guillermo, LLBA2017 (agosto), 3, Causa n° 62.158, del 19/12/2017 “Torres, Luis Ángel c/ Caja de Seguros SA s/ Cumplimiento de contratos civiles/comerciales” El mandato preventivo. Una valiosa herramienta procesal de la responsabilidad civil”, RC D1219/2017, Tomo 2016 2 “prevención del daño”, “Revista de Derecho de Daños” Rubinzal- Culzoni).
El caso de autos se trata de un mandato exhortativo o constitucional. Dice Peyrano que la evolución doctrinaria y jurisprudencial de la figura admite al menos cuatro variantes (“mandato preventivo clásico”, “mandato preventivo constitucional”, (que es el supuesto aquí propuesto dictar) “mandato preventivo complementario” y “mandato preventivo facilitador”; (ver Peyrano, Jorge, “El mandato preventivo y sus variantes”, L.L., 20/10/2015). En ésta última categoría, en el mandato constitucional o exhortativo, no existe orden o mandato en sentido estricto sino comunicación que, en este caso, estará dirigida al Poder Legislativo para hacer saber, para que tome conocimiento de una situación institucional de relevancia. El mandato exhortativo o atípico más que nada, exhorta a las partes o a terceros, generalmente a otros poderes del Estado, para que adopte las medidas.
El tema registra antecedentes en la Corte Nacional y también en la Suprema Corte de Justicia local. La Corte Nacional comunicó al Poder Legislativo, a la manera de comunicación exhortativa, la necesidad de una regulación específica (CS, 8/8/06 “Badaro, Adolfo Valentín c/ Administración Nacional de la Seguridad Social"), para que legisle en materia jubilatoria (caso “Badaro”), y vencido un plazo razonable, se pronunció fijando el criterio de reajuste de los haberes (caso “Badaro II”)” (CSJN, 8-8-2006 “Badaro, Adolfo Valentín c/ ANSES”, Fallos, 329:3089, 27-11-2007 “Badaro II”).
En otro caso la Corte Federal exhortó (en un caso de aborto a una menor violada por el padrastro) a las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles, por devenir el embarazo de una violación, sea la mujer incapaz o no, y para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual. En igual sentido se exhortó al Poder Judicial nacional y a los poderes judiciales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a abstenerse de judicializar el acceso a los abortos no punibles previstos legalmente (CS, 13/3/2012, “F.,A. L. s/medida autosatisfactiva”, LL 15/03/2012, 6; LL 2012-B, 198, Cita online: AR/JUR/1682/2012).
La Suprema Corte Bonaerense en el marco de una situación especial de violencia y de género con la finalidad de indagar sobre las prácticas del Poder Judicial en lo atinente a las violencias contra las mujeres y así cumplir con las previsiones que establece el artículo 19 de la ley 12.569, encomendó a la responsable del Registro de Violencia Familiar (cf. RP SCBA 1819/13 y art. 14 inc. H de la acordada n° 3690), junto al Consejo Consultivo de Violencia Familiar y de género (art. 16 acordada n° 3690), que sobre la base de la información recolectada avance en el diseño de un Protocolo para juzgar con perspectiva de género del artículo 19 de la ley 12.569, art. 19 de la ley 14.509 y 14.657; art. 3 de la CEDAW y la recomendación n° 19 de la CEDAW (SCBA LP C 118472, 4/11/2015, “G., A. M. s/ Insanía y Curatela. Con sus acumuladas C 118473, “G., J.E. s/ Abrigo” y C 118474, “S., R.B. y otro s/ Abrigo”, voto Dr. de Lázzari).
En otro precedente un tribunal provincial santafesino comunicó al Superior Tribunal que la situación planteada (numerosas demandas individuales contra el mismo legitimado pasivo y en razón de los daños derivados de las inundaciones), tornaba conveniente analizar la procedencia de instrumentar el proceso y las acciones colectivas (Cám. 1ª Civ. y Com. Santa Fe, voto Dr. Saux en la causa “Langhi” en RCyS 2010-IV- 72, con nota La inundación de Santa Fe, los daños masivos y el proceso colectivo (Repercusiones de “Halabi”; ver también esta Sala, Sala, causa nº 57.090, 27/03/2013, “Pérez, Nicolás y Otros c/ Zoffranieri, Salvador y Otro s/ Daños y Perjuicios”). Recientemente la Cámara de Paraná se dirigió al Consejo General de Educación y al Ministerio de Educación de la Provincia de Entre Ríos exhortándolos a buscar soluciones que contengan a los niños con superdotación que no encuentran marco académico adecuado (Cám. 2ª CC Paraná, sala III, 1/10/2019, “Defensor Público Nº 1 en nombre y representación B. R. c. B. C. R. s/ medida cautelar autosatisfactiva, voto Dr. Marfil). Todo lo expuesto explica y funda el mandato constitucional a dictarse en autos (arts 1, 2, 3, 1713 y concs, CCCN)
VI.- 1.- La procedencia y cuantificación de los daños.
La procedencia y cuantificación de los daños fue apelada sólo por la parte demandada, por lo que éste es el límite de revisión impuesto por los agravios. Impugnó la cuantificación y la procedencia del daño a la integridad física fijado en la sentencia de grado en la suma de $ 367.500.Afirma que para determinar dicho monto no se advierte si se consideró una incapacidad parcial y definitiva del 13,84% (conforme el Baremo de la Asociación de Compañías de Seguros 2012) o el 12% (de acuerdo al Baremo General del Fuero Civil de Altube y Rinaldi). También manifestó que sólo se menciona la fórmula empleada para el cálculo pero nada se dice del monto que debe tomarse como parámetro para la base del cálculo (cfr. agravios demandada).
Conforme la pericia médica presentada electrónicamente el día 4/2/19 el actor sufrió una fractura expuesta de diáfisis de tibia derecha y traumatismo leve de codo izquierdo, siendo necesaria la realización de una cirugía de osteosíntesis, que fue practicada el día 10/4/18, en la que le colocaron un clavo endomedular, con acerrojado proximal y distal. El tratamiento fue completado con 30 sesiones de fisiokinesioterapia de rehabilitación, repartidas entre rodilla derecha y tobillo homolateral, recibiendo el alta traumatológica en el mes de octubre de 2018. Señala el perito médico que el actor presenta una disminución leve de los rangos fisiológicos de movilidad de rodilla y tobillo derechos, al intentar movimientos activos forzados a nivel de la rodilla y de la mortaja tibio-peroneo-astragalina derechas se constata limitación funcional leve medible, tanto a la movilidad activa, pasiva y activo-asistida. En lo atinente a la fuerza muscular, la misma quedó sutilmente disminuida en rodilla, tobillo y pie derecho. Con relación al grado de incapacidad dictaminó el perito una incapacidad permanente, grado parcial y carácter definitivo del 13,84% según Baremo de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros 2012, versión 1.2; y del 12% según el Baremo General para el fuero civil de los Doctores Altube y Rinaldi (cfr. pericia médica, arts. 384, 474 del CPCC). La sentencia apelada no expresa el porcentaje de incapacidad utilizado en la fórmula matemática de cálculo de la indemnización, por lo que cabe acoger el agravio de la demandada y explicitar que se utilizará en la revisión de los montos el Baremo General para el Fuero Civil del Altube y Rinaldi, conforme el cual la incapacidad del actor es del 12%, por tratarse de un baremo específico para el fuero civil, tal como lo exponen los autores en la Introducción de su trabajo (cfr. José Luis Altube y Carlos Alfredo Rinaldi “Baremo General para el Fuero Civil”, 2da. edición, Ed. García-Alonso, 2013, pág. 29).
Pero antes de ingresar en el cómputo de la cuantía del daño material por incapacidad es importante puntualizar con relación a la incidencia del porcentaje de invalidez parcial, que la Corte Suprema de la Nación, al dejar sin efecto una sentencia decidió, como argumento central, que “… es apropiado recordar que aun cuando el porcentaje de incapacidad es un factor relevante que debe valorarse adecuadamente a efectos de fijar las sumas resarcitorias, existen otros que tienen también decisiva incidencia, entre ellos, las circunstancias personales del damnificado, la gravedad de la secuelas y los específicos efectos que éstas puedan tener en su vida laboral (CS “Cannao, Néstor Fabián c/ Congeladores Patagónicos S.A. y otro s/ accidente – acción civil”, en DT2019 (junio), 186; La Ley 29/07/2019, 1, con notas de Carlos Roberto Busajm, Julián A. De Diego, Lucas Pereyra y Jorge J. Sappia; RCyS 2019-IX, 127, Cita Online: AR/JUR/17116/2019; cf. De Diego, Julián A., “La doctrina de la Corte Suprema sobre arbitrariedad en las indemnizaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo”, en La Ley 29/07/2019, 5) (esta Sala, causa 64.061, sent. del 19/09/19, “Bilotto…”).
Asimismo, el art. 1746 CCCN, para el daño por incapacidad ha traído una innovación sustancial pues prescribe el 'deber' de aplicar fórmulas matemáticas tendientes a calcular el valor presente de una renta futura no perpetua. A fines de cuantificar el daño patrimonial por incapacidad psicofísica las referidas fórmulas se erigen como un parámetro orientativo que no puede ser omitido por la judicatura a la hora de cuantificar los daños personales por lesiones o incapacidad física o psíquica o por muerte. Sin embargo la utilización obligatoria de las denominadas fórmulas matemáticas no conlleva la aplicación mecánica y automática del resultado numérico al que se arribe; por ende el referido imperativo legal debe ser interpretado como una herramienta de evaluación ineludible para el juez, pero que en modo alguno excluye la valoración de otros parámetros aconsejados por la sana crítica en su dialéctica relación con las circunstancias del caso (cfr. “Cuatro reglas sobre la cuantificación del daño patrimonial por incapacidad (art. 1746 CCCN)”, RC y S 2016-XII tapa –AR/DOC/3677/2016-).
En este contexto se ha acudido, con los alcances expuestos, a las fórmulas polinómicas como herramientas valiosas, especialmente para cuantificar la incapacidad sobreviviente, las que pueden enunciarse del modo siguiente: C= A x (1+i)n -1 i (1+i) n. Donde "C" es el capital que se mandará pagar; "A" es la ganancia anual perdida, "n" el número de años faltantes para llegar a la edad productiva de la víctima e "i" el interés anual que se presume devengará el capital mandado a pagar. Dentro de las fórmulas existentes la denominada fórmula "Vuotto” se caracteriza por utilizar un ingreso anual constante, consignar una tasa de descuento del 6 % y fijar en 65 años la fecha límite del individuo de su capacidad de producción de ingresos. La fórmula descripta anteriormente (para la incapacidad) fue modificada por la denominada "Méndez" que introduce cambios: el ingreso se recompone -para no utilizar un salario constante a través de los años- mediante del siguiente mecanismo: el ingreso que tenía la víctima al momento de hecho se multiplica por un coeficiente de ajuste que surge de dividir 60 por la edad de la víctima al momento del hecho y se multiplica por trece meses, para obtener el ingreso anual; la tasa de descuento se fija en el 4 % y la edad de la víctima se eleva a 70 años" (cf. esta Sala, causa nº 64.067, 27/08/2019, “Ferreira, Alba Eliana Soledad c/ Meaca Ascazuri, Pedro Hernán y Otros s/ Daños y Perjuicios”). La fórmula polinómica básica que viene empleado este Tribunal como parámetro orientativo (causas nº 60877, Olivetto, Horacio Sebastián y otro/a...”, del 30/11/16; n° 61.122; n° 61.309, “González c/ Damanis...”, del 09/03/17; n° 61769, “López, Carlos Adrián...”, del 08/06/17; n° 61149, “Duhalde, Juan Marcelo...”, del 05/09/17; n° 62.088, “Siebenhaar, Sonia del Carmen...”, del 21/09/17, entre otras tantas), puede desarrollarse del modo siguiente: “C” es el capital que mandará pagar; “A” es la ganancia anual perdida, “n” el número de años faltantes para llegar a la edad productiva de la víctima e “i” el interés anual que se presume devengará el capital mandado a pagar.
Aplicando la aludida fórmula, y considerando como variables la edad del actor al momento del siniestro (17 años, se toma 18 por considerarse que con la mayoría de edad principia la edad laboral, cfr. causa 60.877, sent. del 30/11/16, “Olivetto…”), el ingreso del actor que se estima en un Salario Mínimo Vital y Móvil vigente al momento de esta sentencia ($ 16.875 cfr. Consejo Nacional de Empleo, Productividad y Salario Mínimo, Vital y Móvil, Resol. 6/2019 modificada por Decr. 610/19), por no encontrarse acreditada actividad laboral alguna (el actor le manifestó al perito médico ser estudiante), una incapacidad definitiva estimada en el 12%, una edad productiva tope de 70 años( teniendo en cuenta la expectativa de vida conforme las tablas de mortalidad para la Provinicia de Buenos Aires (www.indec.gob.ar) y la realidad actual del mercado de trabajo,) y una tasa de descuento del 4% anual, se arribaría a un monto indemnizatorio de $ 528.466,24 cálculo que supera el monto fijado en primera instancia ($ 367.500). Esa cuantía debe ser ponderada y cotejada con los datos de la realidad económica actual, los antecedentes de este Tribunal y, además, el criterio orientativo general –así considerado por la Corte Suprema en el fallo “Ontiveros, Stella Maris…”, CSJ 85/2014, del 10/08/17- proveniente de los montos indemnizatorios mínimos previstos en el sistema de riesgos del trabajo (montos provenientes de la Res. 387/16 de la Sec. de Seg. Social; actualizados acorde el último índice RIPTE – junio de 2019- informado por esa Secretaría, como lo autoriza la Suprema Corte en la causa L118.532, “Godon, Pablo David …”, del 05/04/17). En consecuencia, dada la forma de apelación –sólo fue cuestionada por alta-, corresponde confirmar el monto del daño material por incapacidad sobreviviente (arts. 1746 y concs. CCCN).
2. La cuantificación y procedencia del daño moral.
La sentencia apelada fijó en $ 220.500 el daño moral padecido por el actor a raíz del siniestro, tendiente a compensar las angustias y padecimientos a los que se vio sometido con motivo de la intervención quirúrgica, los tratamientos para su recuperación, y la incapacidad parcial y permanente que le ha quedado como secuela (cfr. Considerando XX, fs. 212 vta./213).
Los demandados se agraviaron del monto señalando que la suma otorgada representa el 60% de la incapacidad psicofísica, y la sentencia apelada no explica de manera fundada los parámetros utilizados para fijar el daño moral y además puede apreciarse que el monto no guarda relación con las lesiones sufridas por el actor. Citó jurisprudencia y doctrina que entiende aplicable al caso y luego se agravió del monto de $ 60.000 otorgado, refiriendo un estudio psicológico realizado por la psicóloga forense (Lic. Navarro), en virtud del cual solicita la reducción a $ 30.000.
Cabe señalar que si bien el apelante titula el agravio como “cuantificación y procedencia del daño moral” en ningún pasaje de su pieza recursiva plantea la improcedencia del daño moral, sólo cuestiona su cuantificación y cuando lo hace copia párrafos de un recurso correspondiente a otro expediente (vgr. se agravia de la cuantificación de $ 60.000, cuando en autos el daño moral fue estimado en $ 220.500 y refiere como fundamento de su agravio una pericia realizada por la Lic. Navarro, que no corresponde a este expediente). Por ello, corresponde decretar la inadmisibilidad del recurso (art. 260 del CPCC; esta Sala causas nros. 54.862, del 23/3/11, 57.090. del 27/3/13, 56.851, del 14/05/13 “Arguello…”, entre otras).
En conclusión, corresponde declarar inadmisible el recurso de la parte demandada referido a la procedencia y cuantificación del daño moral, quedando firme el monto fijado en la anterior instancia por no haber sido apelado por el actor (arts.1741 ss. y cdtes. del Cód. Civ. y Com., doct. y jurisp. cit.).
3. La tasa de interés.
La parte actora cuestionó la tasa de interés (6% anual) aplicada desde el momento del hecho hasta el dictado de la sentencia de Primera Instancia, por considerar que fue superada por la inflación.
Cabe aclarar que la determinación realizada en la anterior instancia encuadra en la modalidad no indexatoria. En el fallo se ha fijado la indemnización a valores actuales, solución que se adecua a lo que prescribe el art. 772 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en orden a las denominadas deudas de valor, y se aplicó una tasa de interés puro del 6% anual desde el hecho dañoso hasta esta sentencia, y de allí en adelante, en caso de mora en el pago, la tasa de interés será la pasiva digital en cuando tasa pasiva más alta, en consonancia con la doctrina legal de la Suprema Corte en la materia (SCBA causas "Vera, Juan Carlos c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios", C. 120.536, del 18/04/18 y "Nidera S.A. c/ Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", C. 121.134, del 03/05/18) (esta Sala causa nro. 64.067, del 27/8/19 “Ferreira…”, 62.504, del 25/9/18 “Degano…”, entre muchas otras).
Ha señalado la Suprema Corte que: “como la indemnización se ha estimado a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito, era congruente con esa realidad económica liquidar los intereses devengados hasta ese momento aplicando, como tradicionalmente se establecía en relación con todas las modalidades de actualización, una tasa de interés puro; es decir, el accesorio destinado a la retribución de la privación del capital, despojado de otros componentes (entre otros, la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, producto del fenómeno inflacionario; conf. Molinario, Alberto D., "Del interés lucrativo contractual y cuestiones conexas", RdN, 725, 1573), desagregado de los factores o riesgos que el prestador asume hasta lograr la recuperación íntegra de la suma prestada (Morello, Augusto M., Tróccolli, Antonio A., "La tasa de interés. Consideraciones jurídicas y económicas", en Álvarez Alonso, Salvador; Morello, Augusto M.; Tróccolli, Antonio A., Derecho Privado Económico, Platense, 1970, pág. 372) (SCBA, causa nro. 120.536, del 18/04/18 “Vera…”).
Conforme lo expuesto, debe rechazarse el agravio del actor referido a la tasa de interés dado que al encontrarse las indemnizaciones por incapacidad, daño moral y gastos médicos establecidas a valores actuales –vigentes al momento de la sentencia- constituye doctrina legal vinculante de la SCBA (arts. 161 inc. 3, ap. a, j, b; 168, 171 de la Const. Prov.).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Señores Jueces Doctores Longobardi y Peralta Reyes por los mismos argumentos votaron en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós, dijo:
Atento a lo acordado al tratar la cuestión anterior, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del CPCC, se resuelve: 1) admitir parcialmente el agravio de la parte actora y modificar la sentencia apelada disponiendo que la demanda prospere en el 70% del total (arts. 1, 2, 3, 1757 ss. y cdtes. del Cód. Civ. y Com., art. 41 de la Ley de Tránsito, doct. y jurisp. cit.); 2) confirmar el monto del daño material por incapacidad sobreviviente (arts. 1746 y concs. CCCN, doct. y jurisp. cit.); 3) declarar inadmisible el recurso de la parte demandada referido a la procedencia y cuantificación del daño moral, quedando firme el monto fijado en la anterior instancia, por no haber sido apelado por el actor (arts.1741 ss. y cdtes. del Cód.
Civ. y Com., doct. y jurisp. cit.); 4) rechazar el agravio de la parte actora y confirmar la sentencia apelada en lo relativo a las tasas de interés aplicables (arts. 772 ss. y cdtes. del Cód. Civ. y Com., doct. y jurisp. cit.); 5) imponer las costas de alzada a los demandados vencidos en la etapa recursiva (arts. 68, 69 del CPCC); 6) diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 14.967); 7) Dirigirse al Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires, a través del mandato exhortativo o institucional, a fines de poner en conocimiento de Senado y de la Cámara de Diputados ( arts 68,69, y 75 Const Pcia Bs As), mediante oficios dirigidos a la Sra. Presidente del Honorable Senado y Vicegobernadora provincial, Sra.
Verónica Magario, y al Presidente de la Cámara de Diputados, Sr. Federico Otermín, las dificultades interpretativas que genera la norma que regula las prioridades de paso en la avenidas, el art. 41 inc. d) de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, a la que adhirió -sin reserva- la Provincia de Buenos Aires mediante la Ley 13.927. Ello así para hacer saber la problemática, dificultades y conflictos que presenta la actual redacción de la norma referida, y para que, en caso de entenderlo procedente, el Poder Legislativo de la Provincia, sea a través de la Cámara de Diputados o del Senado (arts. 68, 69, 75, 93, 103 inc. 13, 104 y concs. de la Constitución local) analice la conveniencia, oportunidad y mérito de legislar las cuestiones omitidas regular en el art 41 inc d ley 24.449, según ley provincial 13.927.
Todo ello en el ámbito de sus específicas atribuciones constitucionales propias y de la recíproca colaboración y comunicación entre los Poderes del Estado local, en el marco de sus incumbencias institucionales.
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Señores Jueces Doctores Longobardi y Peralta Reyes, por igualdad de fundamentos, votaron en sentido idéntico.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
- S E N T E N C I A –
Azul, 17 de Marzo de 2020.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) admitir parcialmente el agravio de la parte actora y modificar la sentencia apelada disponiendo que la demanda prospere en el 70% del total (arts. 1, 2, 3, 1757 ss. y cdtes. del Cód. Civ. y Com., art. 41 de la Ley de Tránsito, doct. y jurisp. cit.); 2) confirmar el monto del daño material por incapacidad sobreviviente (arts. 1746 y concs. CCCN, doct. y jurisp. cit.); 3) declarar inadmisible el recurso de la parte demandada referido a la procedencia y cuantificación del daño moral, quedando firme el monto fijado en la anterior instancia, por no haber sido apelado por el actor (arts.1741 ss. y cdtes. del Cód.
Civ. y Com., doct. y jurisp. cit.); 4) rechazar el agravio de la parte actora y confirmar la sentencia apelada en lo relativo a las tasas de interés aplicables (arts. 772 ss. y cdtes. del Cód. Civ. y Com., doct. y jurisp. cit.); 5) imponer las costas de alzada a los demandados vencidos en la etapa recursiva (arts. 68, 69 del CPCC); 6) diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 14.967); 7) Dirigirse al Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires, a través del mandato exhortativo o institucional, a fines de poner en conocimiento de Senado y de la Cámara de Diputados ( arts 68,69, y 75 Const Pcia Bs As), mediante oficios dirigidos a la Sra. Presidente del Honorable Senado y Vicegobernadora provincial, Sra.
Verónica Magario, y al Presidente de la Cámara de Diputados, Sr. Federico Otermín, las dificultades interpretativas que genera la norma que regula las prioridades de paso en la avenidas, el art. 41 inc. d) de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, a la que adhirió -sin reserva- la Provincia de Buenos Aires mediante la Ley 13.927. Ello así para hacer saber la problemática, dificultades y conflictos que presenta la actual redacción de la norma referida, y para que, en caso de entenderlo procedente, el Poder Legislativo de la Provincia, sea a través de la Cámara de Diputados o del Senado (arts. 68, 69, 75, 93, 103 inc. 13, 104 y concs. de la Constitución local) analice la conveniencia, oportunidad y mérito de legislar las cuestiones omitidas regular en el art 41 inc d ley 24.449, según ley provincial 13.927.
Todo ello en el ámbito de sus específicas atribuciones constitucionales propias y de la recíproca colaboración y comunicación entre los Poderes del Estado local, en el marco de sus incumbencias institucionales. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por Secretaría y DEVUÉLVASE.
VICTOR MARIO PERALTA REYES PRESIDENTE CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II JORGE MARIO GALDÓS MARÍA INES LONGOBARDI JUEZ JUEZ CAMARA CIVIL Y COMERCIAL CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II SALA II ANTE MÍ CLAUDIO MARCELO CAMINO SECRETARIO CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II
Fin de la sentencia