Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-1.843/12-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 347/353 vta., y en consecuencia, casar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial.-
2Componer positivamente la litis, haciendo lugar a la demanda entablada por Isaías Catalán y condenando a la demandada Empesur S.A. a abonarle en concepto de indemnización por despido sin justa causa, las sumas que arroje la liquidación a practicarse en la instancia de grado (por los rubros y en base a las pautas señaladas en el Considerando IV “in fine”) y respecto de los intereses -que deberán adicionarse al monto que arroje la liquidación precedentemente dispuesta- se calcularán desde la fecha del distracto (8-10-2008) hasta el efectivo pago, en base a la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central de la República Argentina.-
3Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta tanto denuncien sus datos tributarios vigentes y se regulen en las instancias de grado; e imponer las costas de todas las instancias a la demandada vencida.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: C-1.843/12-TSJ Sentencia N°: 579.-
Actor: CATALAN ISAIAS Demandado: EMPESUR S.A.
Objeto: LABORAL Fecha: 02-09-14 Texto: TOMO XVII – SENTENCIA – T.S.J..-
REGISTRO Nº 579.-
FOLIO Nº 3.303/3.311.-
PROT. ELECT. TSS1 018 S.141
Río Gallegos, 02 de septiembre de 2014.-
Los presentes autos caratulados: “CATALAN ISAIAS c/ EMPESUR S.A. s/ LABORAL”, Expte. Nº C-694/08 (C-1.843/12-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que, llegan las presentes actuaciones ante este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a efectos de tratar el recurso de casación articulado a fs. 347/353 vta. por la Dra. María Gabriela Oste, letrada apoderada de la parte actora, contra la sentencia emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 332/344 vta., en cuanto modifica la sentencia de primera instancia por considerar que existió justa causa de despido. El recurso de casación se fundamenta en las causales de quebrantamiento de forma y violación o errónea aplicación de la ley, previstas en los artículos 2° y 3° inciso ‘a’ de la ley 1687 -Recurso de Casación- (confr. fs. 347).- Para sostener los agravios referidos a la causal de violación de la ley, expresa la recurrente que “?la Excma.
Cámara de Apelaciones no consideró adecuadamente las prescripciones o aplicó erróneamente los arts. 9, 242 inc. 2 y sus c.c. de la L.C.T, no observa art. 164 inc 6, 355, 434 del CPCC, violentando así los principios de sana crítica, a la vez que incurre en absurdos, no se obtiene una sentencia fundada, ni derivada de los antecedentes de la causa y la prueba producida?” (confr. fs. 348). En cuanto a los fundamentos que respaldan la causal de quebrantamiento de forma, afirma que en la sentencia que impugna no existe correlación entre “?lo apuntado por las partes, y lo probado en el expediente?” habida cuenta que “?se ha omitido la consideración ADECUADA de los elementos probatorios, pues no se condice lo testimoniado con la causal de despido invocada?
Para esta parte se configura un absurdo, al no observar el juez las evidentes contradicciones de los testigos de la demandada, como asimismo la contradicción de dichos testigos con la misiva de despido (el fundamento utilizado por la empresa a efectos de justificar el despido), maxime (sic) con lo establecido por el art. 9 de la LCT. Al existir dicho absurdo, lo que resulta un vicio del razonamiento, entendiendo, encuentra habilitada la via (sic) recursiva solicitada…” (confr. fs. 349); y “…NO SE ENCONTRABA ACREDITADA DE ACUERDO A LA ESTRICTEZ que debe evaluarse un despido causado, máxime con la antigüedad del actor y sin sanción algúna (sic) anterior, o por lo menos con la seguridad que debería ser acreditada, y en concordancia con la modificación del art. 9 de la LCT.- Resultando un decisorio que se aleja del principio de congruencia cuando tiene por probado una causal de despido, en base a testimoniales, que resultan absolutamente contradictorias… [El Dr.
Humberto Eduardo Monelos en su voto] Dice que se encuentra enrolado en la posición doctrinaria que entiende que la rigidez formal de la norma de ceder cuando el afectado tuviera conocimiento de la verdadera causal imputada… Sin embargo, entiendo, lo expuesto por el Sr. Camarista es erróneo, esta parte nunca realizó negativas que correspondan a la descripción del hecho. Lo único que se dijo en la demanda es el lugar en que se encuentra la materia prima y por otro lado referencia que al actor se le pidió que exhibiera la mochila, no se refiere ningún otro hecho o acto que correspondieran a descripción del hecho… Lo único en lo cual concuerdan los testigos de la demandada es que la mochila del actor tenia (sic) algo cuadrado y frío, nada más.
No se ha probado que el contenido de la mochila fuera una caja de langostino, que la misma se haya intentado sustraer, que hubiera existido conocimiento del actor, que este hubiera entregado una caja de langostinos.- Y esto nos lleva a concluir que hay un quebrantamiento de lo establecido por el art. 164 inc. 6, en tanto la sentencia de la Cámara no es el resultado lógico a las pretensiones deducidas en el juicio, y las pruebas arrimadas?” (confr. fs. 349/350). Luego señala supuestas contradicciones en que incurriría la sentencia atacada, a saber: “…de la testimonial prestada por Marquez, surge que no existió por parte de mi mandante ningún reconocimiento ante superiores, sino que dice que estaba él solo -o sea que el actor le habría reconocido solo (sic) a él la supuesta intención de sustracción-, cuando la misiva de despido dice ‘de sus superiores’ (Ulloa y Cala).
Aquí ya encontramos una (sic) de los absurdos de la sentencia, sostener que se encuentra acreditado (sic) una causal que no se encuentra acreditada.- Marquez dice que todo sucedió a las 6.30 de la mañana, cuando en la constestación demanda dice que ‘al finalizar la jornada laboral’, es decir que las circunstancias de TIEMPO Y LUGAR NO SE CONDICEN, otro absurdo en que incurre la Excma. Camara (sic) de Apelaciones y que habilitan la via (sic) recursiva… La testigo Ulloa refiere argumentos diferentes a los dados por Marquez, refiere que no vio CUANDO LO LLAMO A CATALAN. Dice que vio que Catalan llevaba una caja de langostinos y que no vio de donde lo saco. Sin embargo Marquez dice que Catalan le llevo una caja de langostinos, envuelta en una bolsa de consorcio!
(y no hay forma de explicar como (sic), si el actor llevo una supuesta caja de langostinos en una bolsa consorcio negra, la testigo no refiera que dicha caja estaba dentro de una bolsa, y que solo (sic) diga que llevaba una caja de langostinos). Ulloa dice que los hechos (encontrar una mochila con algo frio dentro) habría acaecido entre las 6.00 y 6.30. lo que resulta también llamativo, porque, el actor ese dia (sic) entro (sic) a las 6.00 de la mañana, el control se hizo (según los dichos de Ulloa y Cala) a las 6.00 a lo sumo 6.30, en que momento el actor habría sustraído la caja de langostinos he introducido en su mochila?.- ULLOA también expresa que ella no estaba presente cuando Catalan concurre a ver a Marquez pues ella estaba en el comedor.- Es decir que la testigo NI VIO QUE NADA SALIERA DE LA MOCHILA DE CATALAN, NI OBSERVÓ NINGÚN RECONOCIMIENTO DE LA SUPUESTA TENTATIVA DE HURTO, es decir QUE NO SE CONDICE CON LO EXPUESTO EN LA MISIVA DE DESPIDO, NI SE CONDICE CON LO EXPUESTO EN LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA.- Y claramente se incurre en absurdo, cuando no se analizan en forma RAZONABLE Y RACIONAL la prueba testimonial, máxime cuando, como el caso de autos, es la única prueba que demostraría (o no) el supuesto hecho injurioso… el único testigo que sostiene el supuesto reconocimiento, entrega de caja de langostinos, etc., es Marquez empleado dependiente y gerencial de la empresa, pero el testimonio es contradictorio con Ulloa y en manifiesta diferencia con lo apuntado al contestar demanda?” (confr. fs. 350/351).
Sigue diciendo que: “?La causal de despido invocada NO HA SIDO PROBADA adecuadamente, por lo que, y con aplicación del art. 9 de la LCT, debe hacerse lugar a la demanda en todas sus partes, casando el punto 1°) de la sentencia de la Excma. Camara (sic) de Apelaciones?” (confr. fs. 351); que “?Existe una violación a la ley, pues, los Sres. CAMARISTAS NO HAN APLICADO (siquiera evaluado) principios laborales, aun cuando nos encontramos ante un reclamo netamente laboral. Al respecto el derecho protectorio art. 9 de la LCT en tanto en (sic) establece que (según ley 26428) de (sic) ‘En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales, o en la apreciación de la prueba en los casos concretos, prevalecerá la más favorable al trabajador?’.- No puede obviarse que ante tanta contradicción, existiría la duda sobre la veracidad de las testimoniales, sin embargo, la Cámara de Apelaciones NO APLICÓ el art. 9 de la L.C.T.?” (confr. fs. 352 vta.); Sostiene también que la Cámara “…aplica INCORRECTAMENTE la facultad establecida por el inc. 2 del art. 242 de la LCT, pues la valoración de la causa de la justa causa debe ser hecha ‘prudencialmente’?” (confr. fs. 353).
Sobre el final del escrito casatorio se hace reserva del caso federal (confr. fs. 353 y vta.).- Que, a fs. 355 y vta., la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso impetrado, y bien concedido por este Tribunal Superior a fs. 365 y vta.-
A fs. 368/369 vta., dictamina el Señor Agente Fiscal por ante el Tribunal Superior de Justicia, proponiendo la procedencia del recurso al considerar que se ha incurrido en las causales de quebrantamiento de forma y violación de la ley (confr. fs. 369 in fine). Arriba a esa conclusión al considerar que “?los testigos ofrecidos por la demandada a fs. 228/229/vta, 231/vta y 232/vta. respectivamente, incurren en claras contradicciones respecto de la modalidad en que acaeciera el hecho, origen del despido (la supuesta sustracción) como las circunstancias de modo, tiempo y lugar? incurriéndose así, reitero, en evidentes contraposiciones cuando sabido es que en materia laboral el que alega un hecho debe merituarlo, lo que no ha ocurrido en el caso de marras, el demandado no acreditó la causal de despido que refiere?” (confr. fs. 368 vta.).- A fs. 372, se decretó el llamado de autos para dictar sentencia, que se encuentra firme y consentido.-
II. Que, conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria provincial articulada por la parte actora, su desarrollo se propone en el ámbito del carril impugnativo previsto en los artículos 2° y 3° inciso a) -Recurso de Casación- de la ley 1687, fundamentalmente al vincularla a un defecto de apreciación legal con relación a los hechos y pruebas de la causa, y en la aplicación legal de un encuadre erróneo respecto a la extinción del contrato de trabajo; esto es, que se ataca por el recurrente la actividad de juzgamiento de la Cámara “ad quem” en su tarea de subsunción de los hechos y en la correcta interpretación y aplicación de los artículos 9, 242 y concordantes de la ley 20744 de Contrato de Trabajo, en orden a la divergencia entre la causal de despido que la empleadora comunicó al trabajador y su acreditación en el proceso.- Iniciado el tratamiento del asunto que nos ocupa, se advierte que el actor propone un reexamen de la valoración de la prueba y de los hechos que oportunamente fueron sopesados en las instancias ordinarias.
En tal sentido, vale recordar que “La interpretación del escrito de demanda sólo puede ser revisado en esta instancia si el recurrente demuestra que el a quo ha incurrido en absurdo al infringir las normas que regulan la actividad funcional de los tribunales de apelación como las que gobiernan el principio de congruencia” (confr. SCBA, Ac. 50575, S, 27-7-1993, “León Eduardo A. c/ Asmar, José A. y otros s/ Daños y perjuicios”). En igual sentido, explica Hitters, “…Es jurisprudencia firme del más Alto Tribunal bonaerense que la interpretación del alcance de los argumentos de las partes es de exclusiva competencia de los jueces de la instancia ordinaria, exenta de censura en casación, salvo que medie absurdo, arbitrariedad, o se demuestre que son producto de razonamientos desatinados o capciosos…” (confr.
HITTERS, Juan Carlos, “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación”, Ed. L.E.P., La Plata, 1998, pág. 409), siendo por lo tanto, por vía de principio, ajenos al recurso de casación los temas vinculados con la interpretación de los escritos constitutivos de la litis, salvo que se demuestre arbitrariedad. Este es el caso que se nos presenta en estas actuaciones.- Por nuestra parte, tenemos dicho que si bien es cierto que el recurso extraordinario provincial de casación no tiene por objeto revisar en una tercera instancia las cuestiones fácticas y procesales, que fueron motivo de análisis y decisión por los jueces de grado; por vía de excepción, procede ingresar en el análisis de tales cuestiones cuando la sentencia impugnada carece de los requisitos que la sustentan como acto jurisdiccional y de ello se derive una manifiesta violación a derechos o garantías constitucionales (confr.
Tomo III, Sentencia, Reg. 90, Folio 404/408; Tomo V, Sentencia, Reg. 166, Folio 857/859; Tomo VII, Sentencia, Reg. 229, Folio 1234/1238, entre otros).- También nos hemos pronunciado, señalando que las cuestiones de hecho y prueba se encuentran reservadas a los jueces de grado y son ajenas a la vía extraordinaria, siendo sólo susceptible de ser revisadas en caso de quebrantamiento de normas legales que regulan su producción, o que la apreciación se haya efectuado en forma absurda (confr. Tomo VII, Interlocutorio, Reg. 1071, Folio 1334/1339; Tomo VIII, Sentencia, Reg. 259, Folio 1412/1420), constituyendo éste un remedio de carácter excepcional, reservado para casos extremos, que sólo cuenta con virtualidad suficiente cuando existe un desvío palmario de las leyes de la lógica, o cuando el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleve a conclusiones contrarias al entendimiento (confr.
Tomo XI, Interlocutorio, Reg. 1460, Folio 2039/2041).- Del mismo modo se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al decir que “?si bien es cierto que la determinación del alcance de las peticiones de las partes y las cuestiones comprendidas en la litis remite al estudio de cuestiones fácticas y de índole procesal, ello no resulta óbice para que esta Corte pueda conocer en un planteo de esa naturaleza cuando la decisión de los tribunales de la causa traduce un apartamiento de las constancias del expediente y de la adecuada interpretación de los principios que informan el debido proceso adjetivo consagrado por el artículo 18 de la Constitución Nacional?” (Fallos: 314:1875, voto del Dr.
Fayt, Considerando 3°).- Por lo tanto, es conducente, a los fines de establecer la procedencia o no de la casación, examinar los agravios del recurrente a efectos de determinar si se ha logrado demostrar el absurdo invocado.-
III. Como hemos visto, el recurrente asienta su pretensión recursiva en la concurrencia de las causales de quebrantamiento de forma y violación de la ley. Como primera aproximación al tema, es necesario recordar que el quebrantamiento de forma, está regulado en nuestra ley adjetiva para los casos en que “?se hubieran violado las formas y solemnidades sustanciales prescriptas para el procedimiento o la sentencia?” (art. 2°, ley 1687); razón por la que hemos sostenido, que la violación al principio de congruencia debe tratarse a través del andarivel de la citada norma, básicamente por referirse a un vicio estructural que necesariamente invalida al pronunciamiento así dictado (confr. Tomo IX, Sentencia, Reg. 313, Folio 1685/1694).
En este sentido, no resulta ocioso recordar que también consideramos procedente este remedio procesal, por ejemplo, en casos de ausencia total de fundamentación de una sentencia, falta de mayoría de opiniones jurídicamente válidas (confr. Tomo V, Sentencia, Reg. 166, Folio 857/859; Tomo VII, Sentencia, Reg. 229, Folio 1234/1238), o los supuestos de incongruencia palmaria por omisión total o parcial, de pronunciamiento sobre los agravios propuestos (confr. Tomo II, Sentencia, Reg. 90, Folio 404/408; Tomo VII, Sentencia Reg. 229, Folio 1234/1238), y de incongruencia entre el objeto de la pretensión y lo efectivamente resuelto (confr. Tomo XII, Sentencia, Reg. 425, Folio 2322/2327). Además, y atendiendo a que el principio de congruencia impone una correlatividad entre lo pretendido en la demanda y en la contestación, con lo resuelto en la sentencia, hemos expresado que el principio de congruencia -que debe estar presente en la sentencia- consiste en la correlación que debe existir entre la pretensión y la decisión, conforme con lo establecido en los artículos 34 inciso 4to. y 164 inciso 6to., del Código Procesal Civil y Comercial, sin perjuicio de otras normas concordantes y correlativas (confr.
Tomo IV, Sentencia, Reg. 144, Folio 699/705).- No obstante lo expuesto, a poco de adentrarnos en el caso que nos ocupa, se advierte que se invoca la misma fundamentación para sostener de manera simultánea la causal de quebrantamiento de forma, como la de violación o errónea aplicación de la ley, sin un razonamiento independiente que permita un análisis diferenciado, autónomo y suficiente a los efectos de su debida resolución; razón por la cual, el examen que habrá de realizarse seguidamente, será a través de la causal de violación de la ley (artículo 3° inciso a) de la ley 1687 -Recurso de Casación-; todo ello, sin mengua de las formas y garantías del debido proceso legal y la defensa en juicio.-
IV. Desde la óptica casatoria fijada precedentemente, advertimos que se trata de una sentencia definitiva en la que -a criterio del recurrente- se han violado ciertas disposiciones legales, con especial mención a la normativa impuesta por los artículos 9, 242 y concordantes de la ley 20744 de contrato de trabajo.-
El agravio está centrado, concretamente, en la decisión adoptada por la Excma. Cámara cuando considera que “?los agravios relativos a la justa causa de despido comunicada al actor se ha acreditado [?] por estas razones y con el limitado alcance establecido en los considerandos considero que la sentencia no es justa y debe ser parcialmente revocada?” (confr. fs. 342 vta./343).-
Antes de ingresar al estudio de la cuestión sustancial, hemos de señalar que la presente controversia es análoga a la de autos “VILLAGRA SERGIO H. c/ EMPESUR S.A. s/ LABORAL”, Expte. N° 713/2009 (V-1.829/11-TSJ), donde postulamos la revocación de la sentencia de Cámara en base a fundamentos que devienen aplicables a la presente por lo que procede reiterarlos, dentro del marco fáctico propio de esta causa.-
De inicio, resulta propicia la oportunidad para profundizar sobre la arista determinante del tema que nos ocupa, toda vez que se trata de una materia propia y exclusiva del Derecho del Trabajo. Al respecto, este Alto Cuerpo ha señalado que “?La entidad histórico-social del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, reconocida por nuestra Constitución Federal, le otorgan el carácter de normas de Orden Público, en puridad, normas de Orden Público Laboral, constituyendo un mínimo de protección imposible de menoscabar sin vituperar sus cimientos tuitivos?” (confr. Tomo XIII, Sentencia, Reg. 465, Folio 2562/2531). También se indicó, que de tal principio protectorio, que constituye el epítome del Derecho del Trabajo, emergen sus reglas tuitivas como el in dubio pro operario, deber de seguridad, primacía de la realidad, etc.
En lo que aquí concierne, rige la máxima de la primacía de la realidad, por cuanto, los magistrados deben respetar los hechos en su extensión y naturaleza, sin importar los rigores formales que en la contratación, desenvolvimiento y conclusión de la relación pueden suscitarse porque, como se delineó, las normas que rigen son de Orden Público, en tanto les cabe esta característica, el juez debe aplicarlas (confr. fallo cit.).- La verdad debe erigirse en cada relación laboral, pues de otra manera se soslayaría su teleología y fin dikelógico. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que: “Hacer justicia no importa otra cosa que la recta determinación de lo justo in concreto, lo que se logra con la realización del derecho de acuerdo con las situaciones reales que se pretendan” (Fallos: 308:1978).
“…Hacer justicia, misión específica de los magistrados, no importa otra cosa que la recta determinación de lo justo in concreto; y ello sólo se puede lograr ejerciendo la virtud de la prudencia animada con vivo espíritu de justicia en la realización efectiva del derecho en las situaciones reales que se le presentan, lo que exige conjugar los principios enunciados en la ley con los elementos fácticos del caso, cuyo consciente desconocimiento no se compadece con la misión de administrar justicia…” (Fallos: 302:1611). Y advirtió también la Corte que la renuncia a la búsqueda de la verdad jurídica material resulta incompatible con el adecuado servicio de justicia (Fallos: 238:550).- Entonces, el límite infranqueable será la adecuación de las decisiones judiciales a cómo quedó trabada la litis.
Empero, esta máxima debe ser vista a través del cristal de las reglas propias de la rama del derecho que nos ocupa; más aún, cuando ellas provienen de la expresa manda del artículo 14 bis de la Constitución Nacional; es decir, no puede soslayarse la existencia de derechos irrenunciables, tuitivos del trabajador, y la aplicación de normas de Orden Público. Máxime, aún cuando un excesivo rigorismo formal dejaría salvada la prolijidad ritual en detrimento de derechos constitucionales que, no sólo significaría la desprotección del sujeto vulnerable, sino además, la inequidad y autismo judicial.- Sentados los axiomas, debe pasarse al estudio de los agravios esgrimidos por la actora que, como ya se ha dicho, se fundan en que la sentencia impugnada incurre en la violación de los artículos 9, 242 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo.-
En tal sentido, conforme la regla contenida en el primer párrafo del artículo 242 de la ley 20744, el empleador puede dar por extinguido el contrato de trabajo cuando el incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador configuren una injuria de tal gravedad que no permitan proseguir con la relación laboral. No obstante, los jueces son quienes en definitiva deben valorar prudencialmente si la causal que se invoca está justificada, toda vez que es “el juez quien califica los hechos como injuriosos” (confr. ACKERMAN, Mario E., “Tratado de Derecho del Trabajo”, Rubinzal-Culzoni, 1ra. edición, 2008, Tomo IV, pág. 181).-
En el caso, la empleadora le notifica el despido al trabajador comunicándole que “?ANTE LA FALTA GRAVE COMETIDA POR UD, POR SU CONDUCTA DE HABER INTENTADO LA SUSTRACCIÓN DE PRODUCTO TERMINADO CONSISTENTE EN UNA CAJA DE 2 KG DE LANGOSTINO IDENTIFICADO COMO COLA ROTA DEBIDAMENTE DEMOSTRADA CON LOS TESTIMONIOS DEL JEFE DE PLANTA Sr. MÁRQUEZ ALEJANDRO GUILLERMO, LA VETERINARIA Sra. CALA, MARÍA VICTORIA Y DE CONTROL DE CALIDAD Srta. ULLOA PAOLA ANDREA. TENIENDO EN CUENTA LA PÉRDIDA DE CONFIANZA GENERADA Y QUE UD. ADMITIÓ SU RESPONSABILIDAD EN PRESENCIA DE SUS SUPERIORES, NOS CONSIDERAMOS INJURIADOS Y PERJUDICADOS, POR LO CUAL QUEDA DESPEDIDO A PARTIR DE LA FECHA?” (confr. fs. 92).- El despido se fundó en la sustracción de mercaderías, que la demandada imputa al actor, lo cual fue valorado como injuria grave en los términos del artículo 242 de la LCT.-
En primer lugar, vale decir que la pérdida de confianza como causal de cesantía debe encontrar fundamento en hechos objetivos de magnitud suficiente que la justifiquen. Del libelo de inicio se desprende que, en el caso, el Sr. Catalán niega las imputaciones formuladas. Por ello, correspondía a la demandada producir prueba conducente para acreditar sus dichos.-
En este contexto, el análisis con destino al veredicto final debe encauzarse desde dos perspectivas; una fáctica vinculada con la existencia del hecho motivo de injuria no admitido por el actor y de comprobarse el mismo, otra jurídica, las consecuencias que el mismo acarreará para el actor, cuya valoración debe efectuarse a partir de la directriz que impone el artículo 242 de la LCT.-
Deberá, entonces, verificarse la ocurrencia del hecho alegado por la demandada como causal del distracto.-
Por lo tanto, a fin de determinar la gravedad de los acontecimientos, corresponde examinar los relatos de las testimoniales rendidas en autos. En ese orden de ideas, hay que verificar si en autos se acreditaron los sucesos en virtud de los cuales la demandada decidió disolver el vínculo contractual bajo la invocación de una injuria grave, donde se imputó al trabajador la comisión de “una falta grave”, consistente en la intención de sustraer de la empresa un producto elaborado por la firma empleadora. En tales circunstancias, debe admitirse que Empesur S.A. despidió a Catalán invocando pérdida de confianza laboral; esto es la violación a los deberes de fidelidad, lealtad, buena fe y solidaridad.- A efectos de demostrar sus asertos, la demandada ofreció la declaración de tres testigos quienes habrían presenciado el suceso (los cuales fueron mencionados en la misiva de despido). Se trata del Jefe de Planta, Alejandro Márquez, de la empleada Paola Andrea Ulloa y de la veterinaria María Victoria Cala, quienes depusieron a fs. 228/229, 231 y 232 respectivamente. Ahora bien, si analizamos detenidamente las declaraciones rendidas, surgen algunas inconsistencias que impiden tener por acreditado fehacientemente el evento.-
De la lectura de las declaraciones “ut supra” indicadas podemos extraer algunas conclusiones útiles para el caso. Nadie dice haber visto al actor apropiándose de los langostinos, sino que advirtieron dentro de su mochila algo que podría ser una caja de langostinos pero ninguno la abrió para constatarlo, sino que Márquez llamó al actor para interrogarlo al respecto. Al rendir su declaración testimonial, Márquez afirma que el reconocimiento de la sustracción por parte del actor fue efectuado cuando estaban en su oficina y que quien estaba presente en ese momento fue Paola Ulloa empero, aclara que ella estaba en el comedor, no en la oficina (confr. fs. 229 vta.). La nombrada a su vez expresa, sobre el particular “No sabría decir si había alguien más en la oficina. Yo no estaba presente, estaba en el comedor” (confr. fs. 231 vta.). La restante testigo María Victoria Cala, se manifiesta en igual sentido señalando que notó que dentro de la mochila de Catalán había algo que tenía la forma de una caja de langostinos como los que se manufacturan en la empresa demandada y que al tocarlo se notaba la temperatura muy baja que tenia, pero no vio al objeto porque no abrió la mochila. Sobre el dialogo, posterior entre Catalán y Márquez, dice que fue en la oficina de este último, pero que ella no lo vio (confr. fs. 232). En lo que interesa al caso, las deponentes Ulloa y Cala no vieron al actor sustrayendo los productos, sólo pueden aseverar que en su mochila había algo que por su forma y temperatura podría ser una caja con langostinos. El supuesto reconocimiento del hecho por parte del actor fue realizado sólo en presencia del testigo Márquez en su oficina. Hemos de acotar que los testigos resultan ser los tres empleados de la demandada.- De acuerdo a lo que surge de las declaraciones testimoniales rendidas en autos, la única prueba concluyente de la apropiación de la mercadería sería la supuesta confesión efectuada por el actor ante Márquez. Este último fue el único testigo presente cuando, según sus dichos, el actor admitió que llevaba mercadería oculta en sus pertenencias. Ahora bien, el actor niega los hechos que se le imputan. Así, tenemos solamente la palabra de Márquez frente a la palabra del actor y aquella no es suficiente por sí sola para considerar probados los hechos que se le atribuyen al accionante.-
Ante la insuficiencia de la testimonial, no obran en autos, otras medidas de prueba que favorezcan la postura de la accionada. Nada arrojan sobre el particular las planillas de entrada y salida de personal (confr. fs. 149/150), las de observaciones (confr. fs. 151/155) y las de horario de personal de planta (confr. fs. 156/159), de las que no surgen anomalías en las fechas sindicadas como de acaecimiento del hecho. En estas circunstancias, la acusación de que el actor le sustrajera bienes a la patronal no se demostró en forma clara y terminante. La prueba rendida resulta insuficiente para acreditar la ocurrencia del hecho en que se fundó el despido; el cual debe ser acreditado en forma terminante atento la gravedad de la sanción que se adopta. Máxime cuando el afectado es un trabajador y se halla amparado por los principios protectorios del derecho laboral que dimanan del artículo 14 bis de la CN.- Ahora bien, teniendo en cuenta que las irregularidades imputadas al actor fueron negadas por este, era la accionada quien por aplicación de las reglas que rigen la carga de la prueba debió demostrar los hechos afirmados en el telegrama rupturista. Sin embargo, las evidencias aportadas, analizadas de conformidad con la sana crítica no logran dicho cometido y ello conlleva a considerar injustificada la desvinculación del Sr. Catalán.-
Cuando se trata de probar un hecho a través de la prueba testimonial, las declaraciones deben ser categóricas, amplias, con razón de los dichos y sin dejar lugar a dudas, cubriendo todo el espectro fáctico que pretende acreditar (confr. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto, Ledesma, Jorge Rafael c. Cueto, Carlos Orlando y otros, 03/11/2009, Publicado en La Ley online, Cita online: AR/JUR/67653/2009). La demostración de que el actor sustrajera bienes de la patronal no se produjo en forma clara y terminante.-
Es injustificado el despido directo dispuesto por la empleadora con fundamento en que el trabajador habría sustraído mercaderías de la empresa si los testigos ofrecidos por la última no brindaron mayores precisiones acerca del hecho que motive el despido y, por ello, su testimonio no alcanza para crear la firme convicción de que tal hecho ocurrió (confr. Cám. Nac. de Apelaciones del Trabajo, Sala I, 25 /06/2010, Ricca, Gonzalo Ezequiel c. Swiss Medical S.A., Publicado en La Ley online; cita on line: AR/JUR/32254/2010).-
Correspondía a la empleadora, en virtud de la regla del onus probandi -art. 355 del CPC y C- comprobar fehacientemente la existencia de injuria suficiente que autorizara la rescisión del vínculo. Así, ante el incumplimiento de tal débito procesal, no cabe más que considerar injustificado el despido. En el sub lite resulta insuficiente la prueba aportada frente a la ausencia de otros elementos que avalen la tesis del demandado. El hecho concreto genera dudas, de modo tal que permita disolver el vínculo laboral. Y no debe perderse de vista, que en materia laboral corresponde aplicar la interpretación más favorable al trabajador. El artículo 9 de la LCT que contiene el principio del in dubio pro operario, en el caso de la prueba testimonial, cuando las deposiciones de los testigos logren generar una duda razonable en el juez de que los reclamos del trabajador son justos y esta duda no sea completamente desvirtuada por el resto de las pruebas, su exégesis deberá ser favorable para los reclamos del trabajador (confr.
Serrano Alou, Sebastián, “El principio in dubio pro operario y la apreciación de la prueba”, RDLSS 2009-A-980).- La enunciación del principio in dubio pro operario, que consagra la norma del art. 9 de la LCT, constituye una manifestación general de protección en favor del trabajador, con el objeto de mantener el equilibrio entre las partes contratantes, por la debilidad de aquél frente a su empleador, principio que encuentra fundamento en el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Respecto de los supuestos que contempla la norma denótese que la aplicación del principio in dubio pro operario procede sólo en caso de duda respecto: a) a la aplicación de la norma más favorable en el caso de existir varias y b) en la interpretación o alcance de la ley.
Y a partir de la sanción de la ley 26428 (Adla Bol 1/2009, p. 4) que modifica el art. 9 de la LCT (t.o. 1976) (Adla, XXXVI-B, 1175) en la apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador. Ahora según el principio aludido, cuando la realidad admite varias lecturas, su interpretación si el trabajador logra con sus pruebas generar una duda firme acerca de la veracidad de los hechos y esta duda no es contrarrestada por la prueba del empleador, el juez debe tener por ciertos los hechos afirmados por el trabajador en cuanto no sean ilógicos o incoherentes. No se trata necesariamente de que el Tribunal supla deficiencias probatorias, sino de valorar la prueba adecuada a las circunstancias y en aquellos casos de verdadera duda volcar el resultado de la apreciación en favor del trabajador (confr.
STJ, Santiago del Estero, sala Criminal, Laboral y Minas; Dargoltz, Raúl Fernando c. Mirko Autopartes o Myde S.A., 11/08/2010, Cita online: AR/JUR/45787/2010). El principio protectorio incorporado en una norma de naturaleza procesal es de aplicación inmediata. Por ello no cabe duda en la aplicación de la ley 26428 al caso de autos, pues si bien el distracto laboral fue con anterioridad a su vigencia, en oportunidad del dictado de sentencia, sí estaba vigente (confr. Fallos 321:532; 319:1915).- Este Tribunal, también se ha expresado sobre el particular: “…Sin embargo, la duda no es obstáculo para resolver este caso, pues la ley laboral nos brinda el camino a seguir frente a este dilema. Así, existen principios y presun-ciones que indican al juzgador cómo debe resolver en el caso concreto.
Sobre el particular ha expresado este Cuerpo: “?Ante las dudas que suscita la circunstancia descripta y la magnitud del perjuicio que se estaría causando al trabajador cobran virtualidad los principios y garantías que emergen de los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos (art. 75, inc. 22, CN) que protegen al trabajador y de la LCT que consagra principios inmanentes a todo contrato laboral, entre ellos el de justicia social, el de equidad y el de buena fe, y son justamente ellos los que nos permiten una adecuación axiológica de la ley a la situación fáctica (…) Siguiendo este razonamiento, también, corresponde aplicar el principio “in dubio pro operario” en virtud del cual ante la duda debemos estarnos a favor de la interpretación que resulta más favorable al trabajador.
Este principio está consagrado en el artículo 9 de la LCT que en su actual redacción (confr. art. 1º, ley 26428) edicta: “En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjunto de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo. Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, o en apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador?” (confr. Tomo XVI, Sentencia, Reg. 541, Folio 3048/3054). La regla de apreciación de la prueba más favorable al trabajador se ubica en un contexto de incertidumbre (duda) para resolver el problema del conocimiento de los hechos en un caso judicial.
Si el caso judicial (concreto) exhibe, luego del proceso probatorio, dos resultados, si luego del uso de las reglas procedimentales y sustanciales que afectan a los medios, los procedimientos y las conclusiones probatorias persiste la incertidumbre acerca del resultado global de la apreciación, debe preferirse aquel que resulte más favorable al trabajador (confr. STJ, Santiago del Estero, sala Criminal, Laboral y Minas, fallo cit.). En el caso de marras, la operativi-dad del principio, imponía al empleador la carga de acreditar fehacientemente los hechos fundantes del distracto, lo que no ha logrado con la prueba adunada.- Resulta imprescindible la acreditación concluyente de los hechos alegados y justificantes del distracto que fueron asentados en la misiva mediante la cual se materializó el despido, situación que en autos no se encuentra configurada, ante la inconsistencia de la prueba producida para la configuración objetiva de la injuria laboral.-
Para concluir y en mérito a lo expresado la causa invocada para provocar la cesantía del actor no se encuentra debidamente acreditada, en consecuencia el despido por la accionada ha devenido incausado debiendo por ello esta última afrontar las indemnizaciones correspondientes.-
En consecuencia, teniendo en cuenta lo reclamado en la demanda incoada, corresponde hacer lugar a la indemnización por antigüedad (confr. art. 245, LCT) y preaviso; a lo que deberá agregarse la sanción prevista en el artículo 2° de la ley 25323. Sobre éste último punto, ha de señalarse, que no obstante el agravio referido por la accionada sobre el punto (confr. fs. 317 vta./319), las razones invocadas no resultan suficientes para su denegación, toda vez que, y tal como se ha señalado precedentemente, la demandada no logró acreditar la causa invocada para despedir al actor; por ello, no se encuentran reunidos, en el caso, los parámetros enunciados en el segundo párrafo de la norma citada para eximir al empleador del pago de este rubro.- Con relación al cómputo de la antigüedad del actor, en su responde, la demandada expone que no debe computarse el periodo que va desde el 16 de mayo de 1987 hasta el año 1992, toda vez que en ese lapso Catalán laboró para una empresa a la que se le declaró la quiebra y que si bien ésta tenía el mismo nombre que la accionada, no es la misma empresa. Ahora bien, la cuestión fue tratada en la sentencia de primera instancia, donde se hizo lugar al reclamo del accionante, computándose la antigüedad en la forma por él pretendida, fundado en el principio de continuidad laboral, que instruye al juez “?ante duda, estimar la duración del contrato individual de trabajo en la mayor extensión posible?” (confr. fs. 312). Esta decisión no fue expreso motivo de agravio en el escrito rescursivo de Empesur S.A. de fs. 314/321, de manera tal que, esa falta de cuestionamiento, ha implicado que lo fallado sobre el punto ha sido consentido y por ende ha adquirido firmeza, lo cual impide su revisión en esta etapa. En consecuencia el cómputo de la antigüedad deberá incluir los períodos reclamados por la actora.- A los rubros ya aceptados, deberá agregarse la indemnización prevista por el artículo 80 de la LCT, la cual ha de recibir favorable acogida, por las siguientes razones:
Empesur S.A. se opuso a dicha pretensión (confr. fs. 319 vta./320). Al efecto, sostiene que puso a disposición el certificado previsto en el artículo 80 de la LCT y fue el actor quien no lo fue a retirar, agregando que adjuntó dicha documentación al expediente (confr. fs. 110/113), para su entrega a Catalán (confr. fs. 320, último párrafo).-
Este Tribunal ya ha especificado como opera la sanción prevista en la norma citada: “?Este artículo impone como obligación contractual a cargo del empleador, el deber de ingresar los fondos de seguridad social y los sindicales a su cargo tanto como obligado directo o como agente de retención. Expresa también que cuando el trabajador lo requiera a la época de extinción de la relación laboral, o cuando existieren motivos razonables para su pedido durante la existencia de la relación, debe entregarle constancia documentada de que ellos se hicieron. También impone al empleador cuando el contrato de trabajo se extingue por cualquier causa, el deber de entregar al trabajador un certificado de servicios que deberá contener el tiempo de prestación de servicios, la naturaleza de estos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social y calificación profesional obtenida (confr.
Grisolía, Julio Armando, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Tº I, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2004, págs. 661/671). El artículo 45 de la ley 25345 agrega una indemnización equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador el último año de la relación o durante el tiempo de la prestación de servicios si este fuere menor, para el caso que el empleador no cumpliere con la entrega de las constancias o el certificado dentro de los dos días hábiles de efectuado el requerimiento en forma fehaciente. Ambas obligaciones impuestas por el artículo 80 requieren el emplazamiento al empleador para la procedencia de la indemnización. Si bien el artículo 45 de la ley 25345 hacía referencia a dos días hábiles, el decreto 146/2001 (B.O. 13/2/2001) -reglamentario de esta norma- establece el plazo perentorio de 30 días dentro del cual el empleador una vez producida la disolución del vínculo, por cualquier causa, debe entregar al trabajador el certificado.
En definitiva el plazo que tiene el empleador para entregar el certificado es de 30 días contados desde la disolución del vínculo y la indemnización es debida si el empleador no entrega los certificados vencido el plazo de dos días hábiles siguientes a la recepción de la notificación de la intimación, realizada luego de treinta días corridos de extinguido el contrato de trabajo (confr. Grisolía, Julio Armando, ob. cit., pág. 672/674)?” (confr. Tomo XV, Sentencia, Reg. 533, Folio 2996/3004). Así, para que proceda la indemnización a favor del trabajador por la no entrega de la documentación del artículo 80 de la LCT, éste “…debe haber intimado en forma fehaciente requiriendo su entrega dentro del plazo de dos días hábiles, pero tal intimación sólo puede cursarse una vez que el empleador se encuentre en mora respecto de su obligación de entregar las certificaciones, lo que según la reglamentación (dec. 146/01, B.O., 13/02/01) ocurre a los treinta días de extinguido -por cualquier causa- el contrato de trabajo?” (confr.
Rodríguez Mancini, Jorge, Ley de Contrato de Trabajo, Comentada, anotada y concordada, T° II, Buenos Aires, La Ley, 2007, pág. 1033).- En el sub lite, se aprecia que el actor dejó transcurrir los treinta días desde el despido y concurrió a la empresa para retirar el certificado en cuestión, el cual no le fue entregado (confr. testimoniales de fs. 172 y vta. y 173 y vta.). Además emplazó a la demandada por dos días a sus efectos, con fecha 10/11/2008 (confr. cartas documento de fs. 94 y 125). Así, el actor ha cumplido, en tiempo y forma, con las prescripciones legales reseñadas en el párrafo que antecede.-
Por su parte, la demandada envió carta documento, diciendo que el certificado estaba a disposición del actor con fecha 14/10/2008 (confr. fs. 118). Sin embargo, al contestar la demanda agrega (ver fs. 110/113) una “?Certificación de Servicios y Remuneraciones, la que en la audiencia a realizarse en fecha 4 de marzo del cte. año deberá ser entregada a la parte actora?” (confr. fs. 127 vta.) de este instrumento surge que fue confeccionado con fecha 20/11/2008, es decir cuando ya habían vencido los treinta días desde el despido más los dos días del emplazamiento efectuado por el actor mediante la carta documento de fs. 94. Así, la confección tardía del certificado, por parte de la accionada, viabiliza la aplicación de la sanción prevista en el artículo 80 de la LCT, tal como en su oportunidad lo había decidido el Juez de Primera Instancia.- En base a los rubros aquí admitidos la liquidación deberá practicarse en la instancia de grado; debiendo al monto resultante adicionarse intereses desde la fecha del distracto (8-10-2008) hasta el efectivo pago, los que se calcularán en base a la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central de la República Argentina.-
V. Que por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 347/353 vta., y en consecuencia, casar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 332/344 vta. Componer positivamente la litis haciendo lugar a la demanda entablada por Isaías Catalán, y condenando a la demandada Empesur S.A. a abonarle en concepto de indemnización por despido sin justa causa, las sumas que arroje la liquidación a practicarse en la instancia de grado por los rubros y en base a las pautas “ut supra” indicadas. Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta tanto denuncien sus datos tributarios vigentes y se regulen en las instancias de grado; e imponer las costas de todas las instancias a la demandada perdidosa, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68, CPC y C), teniéndose presente la reserva del caso federal.-
Por todo ello, lo dispuesto por los artículos 2; 13 y 14, segunda parte, de la ley 1687 -Recurso de Casación-, y artículos 34, inciso 4; 164, inciso 6 y 165 primer párrafo del CPC y C, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 347/353 vta., y en consecuencia, casar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial.-
2. Componer positivamente la litis, haciendo lugar a la demanda entablada por Isaías Catalán y condenando a la demandada Empesur S.A. a abonarle en concepto de indemnización por despido sin justa causa, las sumas que arroje la liquidación a practicarse en la instancia de grado (por los rubros y en base a las pautas señaladas en el Considerando IV “in fine”) y respecto de los intereses -que deberán adicionarse al monto que arroje la liquidación precedentemente dispuesta- se calcularán desde la fecha del distracto (8-10-2008) hasta el efectivo pago, en base a la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central de la República Argentina.-
3. Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta tanto denuncien sus datos tributarios vigentes y se regulen en las instancias de grado; e imponer las costas de todas las instancias a la demandada vencida.-
La presente sentencia se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, ley Uno, t.o. ley 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal a/c Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1018S.141 Tomo: XVII Sentencia: 579.-
Folio N°: 3.303/3.311.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia