Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa EX-2022-26208261-APN-SGAI#TFN
I. Que, mediante el IF-2022-26208177-APN-DTD#JGM, la actora interpone recurso de apelación contra la resolución N° 22/2022 (DV CRR1) de la A.F.I.P. -Dirección General Impositiva-, de fecha 23 de febrero de 2022, suscripta por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Oeste de la DGI-AFIP, por la que se determina de oficio la materia imponible de la recurrente en el Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2018, imponiéndole la obligación de ingresar el gravamen, con más intereses resarcitorios, y aplica multa equivalente al ciento por ciento del impuesto presuntamente omitido con sustento en el artículo 45 de la ley de rito.
Expresa la recurrente que en el período fiscal en cuestión presentó la declaración jurada del gravamen en fecha 13/11/2018, en la que aplicó el mecanismo de ajuste por inflación previsto en el Título VI de la Ley de Impuesto a las Ganancias, lo que arrojó un resultado positivo (pero menor al que arrojaría la liquidación en caso de no aplicarse dichas normas), y el tributo resultante fue liquidado y abonado. Asimismo, señala que en fecha 15/11/2018 informó al Fisco Nacional que había aplicado el referido ajuste, ya que de no proceder del modo expuesto el monto del gravamen a ingresar sería superior a lo establecido por la normativa por ser confiscatorio, todo ello a tenor de lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Candy” y en reiteradas oportunidades posteriores.
Tiempo más tarde, apunta, el organismo recaudador inició un procedimiento de fiscalización respecto del referido período fiscal en el cual prestó su colaboración en todo momento, poniendo a disposición de la autoridad fiscal la totalidad de la documentación solicitada. Posteriormente, se dio la vista de inicio del procedimiento determinativo, el que culminó con la resolución aquí apelada.
En esa tónica, sostiene la apelante que sin perjuicio de las aseveraciones vertidas por el Fisco Nacional en torno a las modificaciones normativas dispuestas por la Ley N° 27.430 y posteriores en la ley del gravamen, ella entiende resulta de aplicación al caso el texto legal anterior a la reforma, y por dicha razón desarrolla los argumentos que estima procedentes para validar su accionar. Destaca entonces los principios de capacidad contributiva e interdicción de confiscatoriedad, ambos afectados en el caso sub-examine de no tomarse en consideración las normas aplicadas por la recurrente al momento de liquidar el gravamen. En ese sentido, informa que conforme surge de la certificación contable acompañada como prueba, en caso de no haber aplicado las normas referenciadas habría abonado el gravamen en dicho período fiscal a una alícuota efectiva del 56,79% sobre el resultado impositivo, ingresando en exceso la suma de $ 63.296.350,75, insumiendo así una porción sustancial de la renta, lo que -a su entender- configura un supuesto de confiscatoriedad.
Por otro lado, cuestiona la sanción enrostrada, acompaña prueba documental, plantea el caso federal y solicita se deje sin efecto la resolución apelada.
II. Que, a través del IF-2022-99064051-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso, desestima los agravios de la recurrente y ratifica en todas sus partes la resolución determinativa de oficio que motiva las presentes actuaciones, destacando que la materia imponible ha sido debidamente ponderada por el juez administrativo, solicitando el rechazo del recurso impetrado por las razones de hecho y de derecho que expone, acompaña las actuaciones administrativas, plantea el caso federal y solicita se confirme la resolución recurrida, con costas.
Asimismo, solicita el desglose de la certificación contable presentada por la recurrente, toda vez que entiende viola su derecho de defensa, en tanto fuera realizada por un profesional contratado por la recurrente, aspecto que -a su criterio- niega toda imparcialidad al mismo, además del hecho de basarse en documentación aportada exclusivamente por la actora y conforme a liquidaciones presentadas por esa misma parte.
III. Que, mediante PV-2026-83016853-APN-VOCII#TFN se elevan los autos a consideración de la Sala “A” y seguidamente a través del IF-2026-85491915-APN-VOCII#TFN pasan a sentencia.
IV. Que en prieta síntesis, de acuerdo con lo que se desprende del informe final de inspección obrante a fs. 154/162 vta. del Cuerpo Principal I (Vid. IF-2022-99078462-APN-DTD#JGM), en atención a la nota presentada por la recurrente mediante la cual informó que a los fines de determinar la ganancia neta sujeta a impuesto en ganancias, período fiscal 2018, aplicó el mecanismo de Ajuste por Inflación previsto en el artículo 94 y ss. de la ley del gravamen, el ente fiscal inició la fiscalización correspondiente, observándose que el objeto fue evaluar la viabilidad de la aplicación de las normas de ajuste por inflación en el caso concreto.
Se advierte en las actuaciones acompañadas que en la etapa de fiscalización, los requerimientos cursados enfocaron, en esencia, su análisis en los papeles de trabajo a efectos de calcular los ajustes estático y dinámico del ajuste por inflación y a la apertura de los diversos rubros para ese mismo cálculo, todo lo cual determina que el propio Fisco Nacional a través de sus inspectores analizó estas cuestiones en profundidad, y cuyos papeles de trabajo coinciden, en esencia, con los resultados arribados por la apelante (cfr. fs. 3, fs. 60, fs. 97/98 y fs. 144, Cpo. Ppal. N° 1, AA, IF-2022-99078462-APN-DTD#JGM).
A su vez, en el Informe Final de Inspección cuya fecha de descargo data del 13/07/2021, los actuantes señalaron que se “procedió a verificar el correcto cálculo del Ajuste por Inflación y del Resultado Contable, sin observaciones que formular”, mientras que luego expresa que “(d)ando por correcto el ajuste determinado por Catalent, arribamos a un índice de confiscatoriedad del 57% del rdo impositivo ajustado o sea por debajo del 62% del fallo Candy. Y un índice del 37% tomando el resultado contable debajo del 55% del fallo Candy” (cfr. fs. 154/163 -en especial fs. 157 y fs. 160-, Cpo. Ppal. N° 1, AA, IF- 2022-99078462-APN-DTD#JGM). Este informe también fue firmado por un contador público.
Iniciado el procedimiento determinativo, el juez administrativo tomó los propios cálculos efectuados por el organismo fiscal que –como se dijo- resultan idénticos a los realizados por la apelante (cfr. fs. 248/262, Cpo. Ppal. N° 2, AA, IF-2022-99078929-APN-DTD#JGM). Asimismo, en oportunidad de contestar la referida vista, la parte actora acompañó como prueba documental el informe contable elaborado por contador público independiente (cfr. fs. 304/325, Cpo. Ppal. N° 2, AA, IF-2022-99078929-APN- DTD#JGM).
Con sustento en esos elementos y en la doctrina fijada en el precedente de nuestro Máximo Tribunal recaído in re “Candy S.A.”, el ente fiscal concluyó que no se habían arribado a los parámetros establecidos allí, por lo tanto, no correspondía aplicar el mecanismo del ajuste por inflación y culminó en el acto ahora en crisis.
V. Que, en forma preliminar, cabe señalar que en el sub examine no resulta aplicable el régimen instaurado por las leyes N° 27.430 y N° 27.468, debido al hecho de que solo se tornan de aplicación para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2018, y en este caso puntual, el ejercicio fiscal para la recurrente inició el 1° de julio de 2017. Vale decir, el texto legal vigente al inicio del ejercicio fiscal de la apelante era el texto anterior a la reforma legal, que impedía la aplicación del denominado “ajuste por inflación”.
VI. Que, en atención a lo expuesto, la cuestión nuclear a resolver consiste en determinar si le asiste razón a la recurrente, en el entendimiento que corresponde la aplicación del “ajuste por inflación”, aun cuando –como se dijo- se encuentre prohibido legalmente, en virtud de que ha quedado probada la confiscatoriedad exigida por la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal.
Sentado ello, cabe señalar que con base en lo resuelto en la causa “Candy S.A. c. AFIP y otro” de fecha 03/07/2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que las normas que impiden aplicar el ajuste por inflación impositivo son constitucionalmente válidas, salvo que el contribuyente demuestre que se le esté vulnerando la garantía de inviolabilidad de la propiedad al producir efectos confiscatorios en el patrimonio o renta del contribuyente.
Sobre el particular, cabe señalar que he señalado en la causa “BANCO ITAU ARGENTINA S.A.” de fecha 30/10/19 –entre muchos otros- que “…Como sostuviera el Dr. García Belsunce, la no confiscatoriedad de los tributos no es una expresa garantía constitucional, sino implícita, que surge de la aplicación de la garantía del derecho de propiedad consagrada en el artículo 17 de la C.N., y numerosa jurisprudencia, en forma pacífica, la ha declarado cuando los tributos, por su monto, confiscan el capital o la renta de los contribuyentes (cfr. García Belsunce, Horacio A., “Las garantías constitucionales del contribuyente”, DF, Tº XXXIV, pág. 811 y sgtes.)”
“El principio es consecuencia entonces del reconocimiento y tutela que la Carta Magna otorga al derecho de propiedad y a la caracterización que del mismo hizo nuestro Máximo Tribunal. En ese sentido, cabe tener presente que es un principio aceptado sin hesitación que el impuesto no debe exceder determinados límites, dentro de los cuales debe mantenerse el interés fiscal. Ahora bien, también es cierto que no ha podido establecerse con precisión relativa la racionalidad de un gravamen, esto es, cuándo un porcentaje debe considerarse confiscatorio. En palabras de Bielsa, “en la jurisprudencia de la Corte Suprema se encuentran algunas fórmulas que, si bien se inspiran en principios de equidad, no siempre tienen la precisión y la certeza necesarias para servir de base o un límite entre lo que es confiscación y lo que no es eso” (García Belsunce, op. Citada)”.
“La Corte ha dicho “…que el impuesto establecido por la ley no sea justo ni moderado, no se infiere la nulidad de los artículos que lo aplican, mientras no se demuestre su carácter confiscatorio, puesto que como lo ha declarado esta Corte, los inconvenientes o la falta de política de las leyes del estado, no constituyen necesariamente una objeción a su validez constitucional” (Fallos 188:39), pues “…no puede desconocerse que el acierto o el error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que el Poder Judicial deba pronunciarse (Fallos 313:410), por lo que la declaración de inconstitucionalidad de una ley -acto de suma gravedad institucional- exige que la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable” (Fallos 314:424; 320:1166, entre otros).”
“En ese contexto, puede afirmarse que los impuestos no pueden ser confiscatorios porque lesionarían el derecho de propiedad; que no es facultad de los jueces revisar la oportunidad, conveniencia o justicia de los tributos o la justeza de la política tributaria en tanto no se lesione aquélla garantía y que ésta se verá agraviada cuando absorba una parte sustancial de la renta o capital gravado.”
“Comparto entonces el pensamiento mayoritario de nuestra doctrina en el sentido que la Corte nunca estableció criterios precisos y rígidos para determinar la confiscatoriedad en términos generales y con aplicación para todos los gravámenes, sino que se ha limitado a declararlo en algunos casos o porcentajes, para considerar que pasados los mismos, aquélla queda configurada (vid. García Belsunce, Bielsa, Casas, entre otros).”
“De allí que “la confiscatoriedad de un tributo no puede ser establecida sino a consecuencia del análisis detenido de las circunstancias de hecho que condicionan su aplicación, y su incompatibilidad; por tal motivo, la violación al derecho constitucional de propiedad no puede resultar sino de la prueba de la absorción por parte del Estado de una parte sustancial de la renta o del capital gravado” (Vid. Suprema Corte de Mendoza, Sala I, Autotransportes Andesmar S.R.L c/Provincia de Mendoza”, 11/11/91).” “…Sobre el particular, tuvo oportunidad de expedirse nuestro Máximo Tribunal en varios precedentes. Así in re “Candy S.A.” (3/7/2009), sostuvo que: “… el poder estatal de crear impuestos no es omnímodo e ilimitado, pues tiene un natural valladar en los preceptos constitucionales que requieren que las contribuciones sean razonables en cuando no han de menoscabar con exceso el derecho de propiedad del contribuyente que debe soportarlas”.
“Y, señaló que “…el mero cotejo entre la liquidación del impuesto efectuada sin el ajuste por inflación, y la suma que correspondería abonar por el tributo en caso de aplicarse tal mecanismo de ajuste no es apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad, ya que "tal compulsa no trasciende el ámbito infraconstitucional, y sólo podría derivar de ella la mayor o menor bondad o equidad de un sistema por sobre el otro, pero no la demostración de la repugnancia de la solución establecida por el legislador con la cláusula constitucional invocada", máxime habida cuenta de que para que proceda la declaración de inconstitucionalidad se requiere que tal repugnancia sea "manifiesta, clara e indudable" (arg. de Fallos: 314:424: 320:1166)” recordando que “…la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones a encomendar a un Tribunal de Justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado la última ratio del orden jurídico (Fallos: 303:248; 312:72; 324:920, entre muchos otros), por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (Fallos: 315:923; 328:4542)” toda vez que “…no es función del Poder Judicial juzgar el mérito de las políticas económicas decididas por otros poderes del Estado, sino ponerles un límite cuando violan la Constitución y, en este caso, el derecho de propiedad”. “Finalmente, en dicho decisorio nuestro Tribunal Cimero entendió que se verificaba un supuesto de confiscatoriedad del tributo, toda vez que “de no recurrirse en el período fiscal finalizado el 31/12/02 al mecanismo correctivo cuya aplicación se discute en la causa, es decir, si se determina el impuesto a las ganancias sin aplicar el ajuste por inflación, la alícuota efectiva del tributo a ingresar no sería del 35% sino que representaría el 62% del resultado impositivo ajustado correspondiente al ejercicio 2002, o el 55% de las utilidades -también ajustadas- obtenidas por la actora durante el ejercicio de ese mismo año, porcentajes éstos que excederían los límites razonables de imposición.”.
VII. Que en ese contexto corresponde analizar entonces el elenco probatorio en el que reposan los argumentos de las partes, destacando que en esta instancia no se produjo prueba, por lo que debemos remitirnos a revisar la producida en la instancia administrativa, tenida en cuenta –como se dijo- por el juez administrativo en su resolución.
Sentado ello, conforme surge del informe contable elaborado por contador público independiente (cfr. RE- 2022-26199461-APN-SGAI#TFN), el resultado impositivo histórico sin aplicación de las normas de ajuste por inflación arroja para el período fiscal 2018 una ganancia de $ 471.363.737,93, por lo que el monto en concepto de impuesto a las ganancias (35%) del ejercicio a ingresar asciende a la suma de $ 164.977.308,28. No obstante lo expuesto, de admitirse la aplicación de las normas de ajuste por inflación previstas normativamente, el resultado impositivo disminuye en la suma de $ 180.846.716,41, reduciéndose entonces a la suma de $ 290.517.021,52, lo que para idéntico período fiscal arroja una ganancia menor que asciende a la suma de $ 101.680.957,53.
En ese sentido, la diferencia entre aplicar o no las normas de ajuste por inflación impositivo redunda en que la recurrente acabaría tributando -en caso de proceder el ajuste fiscal- a una alícuota efectiva del 56,79%.
Ahora bien, con respecto al planteo formulado por la representación fiscal en torno a la solicitud de desglose del informe contable elaborado por contador público independiente presentado por la recurrente, cabe aclarar que no tendrá favorable acogida. Y ello es así, toda vez que conforme surge de las actuaciones administrativas acompañadas como prueba en oportunidad de contestar el recurso de apelación interpuesto, surge que el único propósito de dicha instancia administrativa fue evaluar la viabilidad de aplicar las normas de ajuste por inflación en el caso concreto, el que justamente fue motivado por la presentación realizada por la misma recurrente en fecha 15/11/2018 (cfr. Cpo. Antecedentes, AA, IF-2022-99077634-
APN-DTD#JGM).
En ese orden de ideas, ya desde una etapa temprana se observa que en el Informe de la División Investigación de fecha 19/12/2019 el punto de partida para el posterior análisis fiscal es el resultado por exposición a la inflación en el período fiscal 2018 -que en el caso de la actora comenzó el 01/07/2017 y finalizó el 30/06/2018, como se explicó supra. En ese mismo informe -firmado por un contador público- ya el propio ente recaudador apuntaba que el ajuste del resultado expuesto a la inflación representaba un 38,63% de las utilidades contables.
Otro tanto sucede con la etapa de fiscalización, en donde los dos requerimientos cursados en fechas 20/02/2020 y 18/03/2021 enfocaron, en esencia, la cuestión atinente a los papeles de trabajo a efectos de calcular los ajustes estático y dinámico del ajuste por inflación y a la apertura de los diversos rubros para ese mismo cálculo, todo lo cual determina que el propio Fisco Nacional a través de sus inspectores analizó estas cuestiones en profundidad, y cuyos papeles de trabajo coinciden, en esencia, con los resultados arribados por la aquí apelante (cfr. fs. 3, fs. 60, fs. 97/98 y fs. 144, Cpo. Ppal. N° 1, AA, IF-2022-
99078462-APN-DTD#JGM).
A su vez, cabe destacar que en el Informe Final de Inspección cuya fecha de descargo data del 13/07/2021, los funcionarios fiscales expresamente señalaron que se “procedió a verificar el correcto cálculo del Ajuste por Inflación y del Resultado Contable, sin observaciones que formular”, mientras que luego expresa que “(d)ando por correcto el ajuste determinado por Catalent, arribamos a un índice de confiscatoriedad del 57% del rdo impositivo ajustado o sea por debajo del 62% del fallo Candy. Y un índice del 37% tomando el resultado contable debajo del 55% del fallo Candy” (cfr. fs. 154/163 -en especial fs. 157 y fs. 160-, Cpo. Ppal. N° 1, AA, IF-2022-99078462-APN-DTD#JGM). Este informe también fue firmado por un contador público.
Ahora bien, una vez iniciado el procedimiento determinativo de oficio, el juez administrativo tomó como punto de partida los propios cálculos efectuados por el organismo fiscal que, se reitera, en esencia resultan idénticos a los realizados por la apelante- (cfr. fs. 248/262, Cpo. Ppal. N° 2, AA, IF-2022-99078929-APN- DTD#JGM). A su vez, debe hacerse especial énfasis en que es recién al momento de contestar la referida vista, que la parte actora acompañó como prueba documental el informe contable elaborado por contador público independiente (cfr. fs. 304/325, Cpo. Ppal. N° 2, AA, IF-2022-99078929-APN-DTD#JGM). Dicho informe no expresaba nada diverso de las conclusiones a las que ya habían arribado separadamente ambas partes en disputa.
En ese orden, y tal como se sotuviera supra, no puede recibir favorable acogida el desglose solicitado por la representación fiscal, toda vez que fuera el propio juez administrativo quien agregara el referido informe a las actuaciones y omitiera su valoración al mismo tiempo que denegara la producción de la prueba pericial contable so pretexto de que ya toda cuestión había sido analizada por la fiscalización. Por otra parte, y no obstante las alícuotas puntuales que se registraran en la causa “Candy”, tanto el Máximo Tribunal como las diversas instancias inferiores han convalidado desde hace largo tiempo la aplicación del referido precedente en una amplia gama de supuestos donde la alícuota efectiva del gravamen resulta superior a la tasa nominal establecida por la norma, aún sin que dichas alícuotas efectivas alcancen a las revistadas en el leading case.
En otro orden de ideas, no escapa a este Tribunal que en el sub examine no se produjo una pericia contable, tan decisiva al momento en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunciara en la causa “Candy”. Sin embargo, no es menos cierto el hecho de que, en el caso concreto, es el propio organismo recaudador el que ha reconocido la validez de los cálculos efectuados unilateralmente por la recurrente, a su vez también los validó de forma unilateral al arribar a los mismos resultados. Dicho de otro modo, no es una cuestión de orfandad probatoria sino de un expreso reconocimiento del ente fiscal a través del propio acto apelado, en punto a que los cálculos fueron adecuadamente realizados y que la alícuota efectiva del tributo es ampliamente superior a aquella prevista normativamente.
VIII. Que finalmente, no corresponde acoger el planteo de la representación fiscal dirigido a cuestionar la aplicabilidad del precedente “Candy” de la CSJN a efectos de realizar el examen relativo a la confiscatoriedad del impuesto, sobre la base de que el periodo fiscal objeto de autos difiere del examinado en aquel caso. En efecto, aquel argumento no permite sostener la imposibilidad de hacer uso de ese mecanismo en supuestos en los cuales se constate, de manera concreta y efectiva, la confiscatoriedad del impuesto, toda vez que este examen, no se encuentra condicionado al año fiscal en que se produzca, sino a la configuración de las circunstancias fácticas que den lugar a tal supuesto. Máxime, en tanto las conclusiones del fallo “Candy” han trascendido al aplicarse a otros períodos fiscales (vid. CNACAF, Sala V, “Burg S.A.”, 28/4/2026, y sus citas, entre muchos otros).
En mérito a lo expuesto, corresponde revocar la resolución apelada, con costas.
Por ello, SE RESUELVE:
Revocar la resolución apelada, con costas.
Se deja constancia que la presente resolución se dicta de conformidad con el artículo 52, 2° párrafo del RPTFN.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2026.09.16 15:53:06 ART Date: 2026.09.16 17:32:37 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.16 17:33:33 -03:00
Fin de la sentencia