Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 38.267-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el artículo 1 de la Resolución DE PRLA Nº 1429/16, recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 12206-5383242-2006, y declarar que la pena de multa asciende a la suma de OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($82.278.-). Costas a la actora.
2Confirmar parcialmente el artículo 3 de la referida Resolución DE PRLA Nº 1429/16, en cuanto intima el pago de tributos, los que ascienden a un total de QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON 35/100 (USD 15.840,35), con más los intereses devengados desde el 06/05/15.
3Revocar parcialmente el artículo 3 de la referida Resolución DE PRLA Nº 1429/16, en cuanto intima el pago de las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, por un total de TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($ 30.960.-).
4Imponer las costas de lo resuelto en los puntos 2 y 3 por sus respectivos vencimientos, los que se estiman en un 20% a cargo del Fisco y en un 80% a cargo de la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-12907415-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 5 de Febrero de 2025 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “CATALENT ARGENTINA S.A.I.C. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, Expediente N° 38.267-A El Dr. Pablo Garbarino dijo:
I. Que a fs. 10/15 y vta. se presenta la firma CATALENT ARGENTINA SAIC, mediante apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 1429/16, dictada en fecha 31/03/16, en el marco de las actuaciones SIGEA N° 12206-5383242-2006, por la cual se la condena al pago de multa y tributos, por la presunta comisión de la infracción tipificada en el artículo 970 del CÓDIGO Aduanero, en relación al despacho de importación temporaria Nº 04 073 IT14 001080 E. Relata lo actuado en sede aduanera. Resalta que la DGA no hace referencia a los permisos de embarque que fueron acompañados al momento de contestar la vista, afirmando que la autenticidad de los mismos no ha sido negada y que surge de un modo evidente que descargan las mercaderías documentadas por el DIT Nº 04 073 IT14 001080 E. Plantea la nulidad del auto de instrucción sumarial y la prescripción de las acciones penal y tributaria, argumentando que la notificación se realizó con posterioridad al 31/12/2011, fecha en que habría operado la prescripción de ambas acciones. Argumenta que, no habiendo sido notificado el acto administrativo, ningún efecto causa el mismo y por ello, no interrupte la prescripción, la cual acaeció irremediablemente al vencimiento del plazo legal previsto al efecto. Sostiene que auto de instrucción sumarial no causó el efecto indicado por no reunir los requisitos previstos en el artículo 1094 de la ley 22.415, los cuales hacen precisamente a su viabilidad como acto jurisdiccional y por ello no puede tener los efectos pretendidos. Señala que la Aduana no practicó liquidación alguna antes del 31/12/11 y que, recién al momento de la corrida de vista, realizó la misma. Solicita aplicación subsidiaria del artículo 898 del ordenamiento de rito, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que, oportunamente, se haga lugar al recurso de apelación interpuesto, con costas.
II. Que, a fs. 25/33, la representación fiscal contesta el traslado del recurso conferido. Realiza un breve resumen del objeto de la causa, y niega todos y cada uno de los asertos esgrimidos por la contraria que no sean objeto de su especial reconocimiento. Contesta el planteo de la actora en relación a la prescripción del Fisco para imponer penas y perseguir tributos, afirmando que el solo dictado del auto de apertura de sumario interrumpe el plazo de prescripción tal como lo señala el artículo 937, inc. a), del CÓDIGO Aduanero, o surjan de las actuaciones administrativas. Señala que si bien el servicio aduanero dispuso la instrucción del sumario en el límite del plazo prescriptivo, el mismo da cumplimiento con la totalidad de los requisitos exigidos en el artículo 1094 de la ley 22.415, atento a que contaba con la carpeta original de la DIT y había practicado liquidación tributaria con posterioridad a la clasificación y valoración de la mercadería.
Menciona el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referente a que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del artículo 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior. Realiza un breve resumen de lo actuado en sede aduanera y manifiesta que, en el presente caso, la correcta información de descarga era indispensable para determinar la cancelación de la importación temporaria y atento que no fue presentada por quien tenía la obligación de hacerlo según la normativa, no corresponde otra cosa que una actitud condenatoria por parte del fisco.
Resalta que en la figura infraccional en trato, la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora. Hace referencia al principio de preclusión procesal y subraya que a la luz de todo lo actuado en sede Administrativa, surge palmariamente que se han reunido los elementos configurativos del tipo penal descripto en la norma (art. 970 C.A.). También resalta que la condena impuesta ha sido cuantificada teniéndose en cuenta los antecedentes infraccionales que posee la firma en sede aduanera. Finalmente ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal,y solicita que, oportunamente, se dicte sentencia confirmando el fallo aduanero recurrido, con expresa imposición de costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 12206-3242-2006 se inician a fs. 1/24 con documentación acompañada por la actora. A fs. 25/27 obra el Acta de Denuncia 727/08 de fecha 3/12/2008. A fs. 28 obra carpeta de la destinación 04 073 IT14 001080 E. A fs. 26/28 surge el aforo de la mercadería y la liquidación. A fs. 34 se dispone la instrucción de sumario. A fs. 37 surge la determinación de tributos y multa. A fs. 38 se corra vista de lo actuado a la firma CARDINAL HEALTH ARGENTINA S.A. y se cita en garantía a la aseguradora CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. con fecha 1/12/2014. A fs. 49/51 y vta. la firma CATALENT ARGENTINA S.A. (continuadora de CARDINAL HEALTH ARGENTINA S.A.) contesta la vista conferida y ofrece prueba. Asimismo, a fs. 52/53 la firma aseguradora CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS SA contesta la vista conferida. A fs. 57/61 obran las impresiones de pantalla del Sistema Malvina en relación a los permisos de embarque involucrados. A fs. 63 surge la nota N° 2377/2016 mediante la cual se ratifica la denuncia formulada en su oportunidad. A fs. 64/65 obra la consulta del registro de infractores aduaneros. A fs. 66/67 y vta. se dicta la Resolución DE PRLA 1429/166. Finalmente, a fs. 69/70, la firma CATALENT ARGENTINA S.A. informa que ha apelado la citada resolución ante el Tribunal Fiscal. Obra agregada por cuerda la documentación ofrecida como prueba por la firma actora.
IV. Que, en primer término, corresponde analizar la validez del auto de apertura del sumario, obrante a fs. 34 de las actuaciones administrativas.
Que, encontrándose debidamente agregados en el expediente administrativo el acta de denuncia (fs. 1), el sobre contenedor del DIT en original (fs. 28), las planillas de aforo de la mercadería y liquidación de los tributos (fs. 30/31) y la Nota que ordena la instrucción del sumario (Nota 248/09, fs. 33), no cabe sino concluir que el acto de apertura del sumario encuentra suficiente motivación y goza de indiscutible validez.
Que, por otro lado, se agravia la recurrente de que la instrucción de sumario, dictada con fecha 23/09/11, no habría logrado tener el efecto suspensivo y/o interruptivo que se le pretende atribuir, toda vez que fue recién notificada en 20/04/15.
Que los artículos 934 y 935 del CÓDIGO Aduanero establecen que prescribe por el transcurso de cinco (5) años la acción del Fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras, la que comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, en caso de no poder precisársela, en la de su constatación.
Por su parte, el artículo 937 del citado cuerpo legal establece en su inciso a) y d), que "la prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) El dictado del auto por el cual se ordene la apertura del sumario; (…) d) El dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera.”
Que teniendo en consideración la fecha del vencimiento del DIT en cuestión (27/04/06), la fecha en que comenzó a correr la prescripción (01/01/07), la fecha de apertura del sumario (23/09/11) – el CÓDIGO Aduanero hace expresa referencia al dictado del auto por el cual se ordene la apertura de sumario y no a su posterior notificación, siendo dicho postulado convalidado por la Corte Suprema de la Nación in re “Wonderland S.R.L.”, Fallos: 332:1109- y la fecha en que se dicta la resolución en recurso (31/03/16), se concluye que no se constata en el caso de autos la pretendida prescripción de la acción del Fisco para imponer penas por la infracción aduanera objeto de autos.
V. Que, por otro lado, el plazo de prescripción de 5 años que prescribe el artículo 803 del CÓDIGO Aduanero – para percibir los tributos – comenzó a correr el 01/01/07, en los términos del artículo 804 inc b) de la ley 22.415 – ello atento a que el hecho gravado tuvo lugar en fecha 27/04/06 –, y su vencimiento hubiera operado el 01/01/12, de no haberse producido causales suspensivas o interruptivas.
Que desde el 23/09/11, en que se dispuso la apertura del sumario, es decir, ya transcurridos 4 años, 9 meses y 23 días, el plazo quinquenal para que el Fisco pueda exigir tributos se suspendió “hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (art. 805, inc a), del C.A.).
Que, teniendo en consideración que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo, constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la Administración en garantía de los derechos de los particulares, en tanto su régimen se vincula indudablemente con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe, las causales de suspensión de la prescripción que surgen del artículo 805, inciso a) del CÓDIGO Aduanero -norma que fuera declarada inconvencional por el suscripto in re “LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” (Expte. Nro. 30.630-A), del 6 de marzo de 2015, que tramitara por ante la Vocalía de la 16° Nominación; entre muchos otros- deben interpretarse a la luz de la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de los procesos, que fuera fijada por la Corte Suprema a partir del precedente “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA”, del 26 de junio de 2012, siendo que la misma ha sido objeto de expreso seguimiento por la Cámara Contencioso Administrativo Federal en los autos “Aero Vip S.A. (Sala V, 19/6/2014) y “Alles Import SACIFI“ (sala I, 8/4/2014), entre otros; y por esta Sala “F” del Tribunal Fiscal en las causas “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/ D.G.A S/ apelación (Expte. nº 15.598-A, sentencia del 5/12/2013 - voto del Dr. Garbarino-) y “Carossio Vairolatti & Cía. S.R.L. c / DGA s/ apelación” (Expediente n° 16.915-A, sentencia del 11/7/2013), entre muchas otras.
Que, en tal sentido, cabe colegir que desde el auto de apertura de sumario (23/09/2011) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 31 de marzo de 2016- el plazo de prescripción se encontraba suspendido, en los términos del artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó el 1 de agosto de 2017, en exceso del plazo legal y cuando el curso de la prescripción había fenecido, constituyendo un extremo fáctico de vital importancia temporal a los fines de la resolución del agravio prescriptivo de naturaleza tributaria expresamente articulado en la litis, cuyo tratamiento ningún Tribunal de Justicia puede soslayar.
En efecto, toda vez que no existe en el CÓDIGO Aduanero norma que imponga plazo alguno a la DGA para notificar las distintas resoluciones, corresponde aplicar en forma supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario, conforme se desprende en modo palmario del artículo 1017 de la ley 22.415.
En tal sentido, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo dispone que “las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”.
Por ello, la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inc. a), del CÓDIGO Aduanero, sólo opera hasta el quinta día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante. Que, por consiguiente, cabe concluir que la acción del Fisco para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, por lo cual corresponde hacer lugar a este planteo; siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios meses, años, lustros, decenios, etc.) una resolución suscripta antes de que operara la prescripción, con la consiguiente incertidumbre en cuanto a los derechos de los administrados.
Que, por lo demás, entiendo que la forma en que propicio que se resuelva el presente agravio es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y se trata, asimismo, de preservar la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siempre teniendo en consideración que a los efectos de la interpretación de una norma tributaria aduanera deben aplicarse en debida forma, huelga reiterar, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.).
No obstante, habida cuenta la inveterada y mayoritaria jurisprudencia de la Sala “F” en el aspecto prescriptivo –cuya solución difiere de la doctrina sustentada en tal sentido por la Vocalía de la 16° Nominación-, el modo en que dicho planteo es habitualmente decidido por los otros Vocales ante situaciones fácticas sustancialmente análogas a la presente litis, a los estrictos fines de formar mayoría y por razones de celeridad y economía procesal, se procede a votar el fondo del asunto, prescindiendo del criterio particular del suscripto en la materia, por devenir minoritario.
VI. Que, bajo tales premisas, corresponde dilucidar en autos si la resolución apelada se ajusta a derecho, en lo que ha sido materia de recurso.
Que no resulta controvertido que mediante la destinación de importación temporal Nº 04 073 IT14 001080 E, la firma CATALENT ARGENTINA SAIC documentó el ingreso de mercadería, correspondiente a la PA 1515.29.90.290 U, por un total de 3 unidades, al amparo del decreto 1439/96, por un plazo de permanencia cuyo vencimiento operó el 27/04/06.
Que, por el régimen suspensivo al que se acogió la propia firma, la mercadería documentada quedó sometida a la obligación de ser reexportada para consumo con anterioridad al vencimiento del plazo de permanencia –conf. art. 250 C.A.– o eventualmente, a convertirse su importación en definitiva, dentro de los plazos previstos en el artículo 271 de la ley 22.415.
Que las resoluciones aduaneras vigentes a la fecha de registro del despacho que nos ocupa -Res. ANA 127/92 y sus modificatorias- concretan en detalle la manera de demostrar por los beneficiarios del régimen, el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería, determinando las declaraciones, datos y requisitos que deben aportarse al efecto, así como la forma en que deben imputarse y descargarse dichos insumos al momento de la presentación de los respectivos permisos de embarque.
Que, al no existir -en principio- constancias del cumplimiento de la obligación contraída al efectuar la importación temporaria, el servicio aduanero inicialmente consideró incumplida la obligación de reexportar la totalidad de la mercadería, y dispuso la instrucción de sumario administrativo, imputándole la comisión de la infracción tipificada en el artículo 970 del CÓDIGO Aduanero, oportunidad en que, asimismo, se reclamó el pago de los tributos considerados adeudados.
Que, bajo tal plataforma fáctica, queda a cargo de la importadora la obligación de presentar los documentos aduaneros que permitan la acreditación de la reexportación para consumo en término de la totalidad de la mercadería (permisos de embarque o destinaciones), así como también, en el caso, por tratarse de mercadería que sería sometida a un proceso de perfeccionamiento industrial, de los Certificados de Tipificación y Clasificación, que acrediten la cantidad e identidad de los insumos importados en la mercadería exportada.
Que, en el presente caso, la actora acompañó, en el expediente administrativo, las copias de los permisos de embarque con sus correspondientes hojas de descarga de los insumos importados temporariamente; asimismo, acompañó copia de las Solicitudes de CTC involucrados, a fs. 17 y 20, pero lo cierto es que en las mismas no se detalla el número de Solicitud – lo que impide afirmar que se trata de las CTC N° S01:0176115/04 y S01:0039955/04 – ni puede identificarse tampoco la relación insumo-producto.
VII. Que este Tribunal Fiscal tiene dicho en reiterada jurisprudencia que, en principio, sólo puede demostrarse la reexportación de la mercadería con los permisos de embarque o solicitudes de destinación de exportación debidamente oficializadas, teniendo en cuenta sus cumplidos e imputación específica a la DIT en cuestión y con los certificados de tipificación y clasificación (CTC) que correspondan.
Que la forma de acreditar la salida de la mercadería introducida temporariamente, es dejando constancia en el cuerpo del permiso de embarque respectivo que la mercadería allí documentada coincide con la importada previamente en forma temporaria, de modo que el servicio aduanero se encuentre en condiciones de efectuar el debido control.
Que el Certificado de Tipificación y Clasificación (CTC) resulta un documento fundamental para evaluar la descarga de un despacho de importación temporaria, ya que permite determinar la cantidad de insumo importado que fue utilizada en la elaboración del producto que finalmente es exportado, así como los porcentajes de pérdidas, residuos, mermas y sobrantes resultantes del proceso productivo llevado a cabo por la empresa. Que, no resultando posible vincular las solicitudes de CTC acompañadas con los permisos de embarque que cancelarían la destinación en estudio, y no habiendo la parte si quiera solicitado oficiar al organismo competente a fin de incorporar los certificados aplicables, cabe afirmar que se hacen presente en autos suficientes elementos que avalan lo manifestado por el servicio aduanero, por lo que corresponde confirmar la infracción tipificada en el artículo 970 del CÓDIGO Aduanero, dejando a salvo el criterio asumido por el suscripto –por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala– en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes (“Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación”, Expte. Nº 24.840, del 02/12/13; “Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación”, Expte. Nº 24.553-A, del 03/12/13 y “Nutribras S.A. c/ DGA s/ Apelación”, Expte. Nº 36.507-A, del 06/03/12, entre otros).
VIII. Que, en tales condiciones, corresponde entonces determinar el monto de la multa y tributos exigibles en autos, respecto de lo cual cabe señalar que, en virtud de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa en los autos caratulados “CLADD ITA SA (TFN Nº 22.343-A) c/ DGA”, de fecha 26/11/19, donde se expidió, en relación a las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, que “cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal.”; ello con fundamento en que en el caso "Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/ DGA", fallado el 23 de agosto de 2011, el Alto Tribunal consideró -tal como adecuadamente lo resumió la señora Procuradora Fiscal en su dictamen- que las percepciones establecidas en los citados reglamentos no constituyen pagos a cuenta de tributos cuyos hechos imponibles recaigan sobre las operaciones de importación.”
Ello así, habiendo transcurrido, en el presente caso, el período fiscal al que correspondían dichas percepciones (fecha en la que se consideró importada a consumo la mercadería importada temporariamente) corresponde declarar extinguida la facultad del servicio aduanero para reclamar dichos anticipos.
Que, en consecuencia, cabe concluir en que el importe de la multa exigible en autos asciende a la suma de $ 82.278.- y, el monto correspondiente a los tributos, a la suma de USD 15.840,35, con más los intereses previstos en el artículo 794 del CÓDIGO Aduanero, que deberán computarse desde el 06 de mayo de 2015 hasta la fecha del total y efectivo pago.
Por ello, VOTO por:
1. Confirmar el artículo 1 de la Resolución DE PRLA Nº 1429/16, recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 12206-5383242-2006, y declarar que la pena de multa asciende a la suma de OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($82.278.-). Costas a la actora.
2. Confirmar parcialmente el artículo 3 de la referida Resolución DE PRLA Nº 1429/16, en cuanto intima el pago de tributos, los que ascienden a un total de QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON 35/100 (USD 15.840,35), con más los intereses devengados desde el 06/05/15.
3. Revocar parcialmente el artículo 3 de la referida Resolución DE PRLA Nº 1429/16, en cuanto intima el pago de las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, por un total de TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($ 30.960.-).
4. Imponer las costas de lo resuelto en los puntos 2 y 3 por sus respectivos vencimientos, los que se estiman en un 20% a cargo del Fisco y en un 80% a cargo de la actora.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Garbarino.
Por ello, SE
1. Confirmar el artículo 1 de la Resolución DE PRLA Nº 1429/16, recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 12206-5383242-2006, y declarar que la pena de multa asciende a la suma de OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($82.278.-). Costas a la actora.
2. Confirmar parcialmente el artículo 3 de la referida Resolución DE PRLA Nº 1429/16, en cuanto intima el pago de tributos, los que ascienden a un total de QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON 35/100 (USD 15.840,35), con más los intereses devengados desde el 06/05/15.
3. Revocar parcialmente el artículo 3 de la referida Resolución DE PRLA Nº 1429/16, en cuanto intima el pago de las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, por un total de TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($ 30.960.-).
4. Imponer las costas de lo resuelto en los puntos 2 y 3 por sus respectivos vencimientos, los que se estiman en un 20% a cargo del Fisco y en un 80% a cargo de la actora.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (CUIT 33-69345023-9) y al Dr. Pablo Sicardi (CUIT 20-13445197-2). Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del C.A.).
Date: 2025.02.05 19:32:21 -03:00 Date: 2025.02.05 22:00:49 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.02.05 22:00:50 -03:00
Fin de la sentencia