Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 47.460-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-25544752-APN-VOCIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 12 de Marzo de 2025 En la Ciudad de Buenos Aires, en el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala "A" Dres. Pablo A. Porporatto (Vocal Subrogante de la 3° Nominación) José Luís Pérez (Vocal Subrogante de la 1° Nominación) y Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) a efectos de resolver el Expediente N° 47.460-I caratulado "CATANZARO GROUP OUTSOURCING S.R.L. s/ recurso de apelación".
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que a fs. 68/94 la actora interpone recurso de apelación contra las Resoluciones Nros. 249/2016 (DV RRMR) y 248/2016 (DV RRMR) dictadas por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional de Mercedes de la AFIP-DGI –ambas de fecha 14 de octubre del 2016- a través de las cuales se determinaron de oficio las obligaciones fiscales relativas al Impuesto a las Ganancias -periodos fiscales 2010 a 2012- y el Impuesto al Valor Agregado -periodos fiscales 09/2010 a 05/2013- más intereses resarcitorios. Asimismo, se difirió la aplicación de multas –en ambos casos- con sustento en lo previsto en el artículo 20 de la Ley 24.769.
En primer lugar, pone de manifiesto que las resoluciones apeladas se encuentran en oposición con los derechos constitucionales de defensa, la normativa vigente respecto a la admisión y producción de la prueba, y la realidad económica.
Dice que durante la fiscalización siempre puso a disposición la información que se encontraba en su poder. A su vez, menciona que parte de la documentación se incendió en un siniestro vial y que dicha situación fue debidamente denunciada.
Manifiesta que los ajustes proyectados se guían únicamente por sospechas que no poseen sustento en elementos o constancias reales que revistan objetividad alguna.
Por otro lado, plantea que las resoluciones deben ser declaradas nulas de nulidad absoluta por ostentar vicios sobre el objeto, causa y motivación.
Sostiene que la causa que da inicio a los actos administrativos resulta inexistente y fundamentada en presunciones irreales. En ese aspecto, afirma que la normativa utilizada por el ente recaudador es errónea por utilizar una norma ya derogada, como es el artículo 60 del Código Comercial Argentino, relativa al traslado de la documentación.
Se agravia del rechazó de la producción de la prueba ofrecida en el procedimiento administrativo, y considera que tal situación representa una violación a su derecho de defensa que torna a las resoluciones apeladas en arbitrarias e irrazonables.
Expresa que los ajustes en cuestión no se apoyan sobre base cierta, sino sobre una base “supuesta”, ya que la impugnación de las operaciones reposa únicamente en una mera sospecha. Agrega que las circunstancias detectadas en los proveedores no le pueden ser imputados y resultan ajenas a su parte. Señala que, a raíz del siniestro previamente mencionado, ofreció como prueba la nómina de los proveedores, una pericia contable y testigos, con el fin de acreditar las operaciones cuestionadas. Pese a ello, destaca que se procedió a realizar el ajuste sin ningún miramiento, fundando la pretensión en las circularizaciones efectuadas por los instructores.
En mérito a lo expuesto, concluye que el acto apelado es infundado, que no cumple con los requisitos esenciales exigidos por la Ley de Procedimientos Administrativos y debe ser declarado nulo, de conformidad con lo normado por los artículos 14 y 17 de dicha norma. Indica, en el mismo sentido, que el acto ha nacido irregular por falta de causa, motivación, violación del orden legal aplicable, debido proceso adjetivo y finalidad que inspiró su dictado, debiendo resolverse su revocación.
Cita jurisprudencia y doctrina que entiende apoyan su postura.
Finalmente, ofrece prueba documental, testimonial y pericial contable, solicita se revoquen las resoluciones apeladas, con costas. Hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 132/152 y 286/306 contesta el organismo fiscal los recursos planteados.
Como cuestión preliminar, expresa que los argumentos que pretenden conmover el criterio fiscal resultan errados, y que la recurrente no aportó nuevos elementos que permitan apartarse de lo decidido por el juez administrativo.
Argumenta que la fiscalización realizó un trabajo consistente y responsable en la recolección de pruebas, mediando sendos requerimientos de información a la contribuyente y el debido análisis de la documentación aportada en respuesta a tales requisitorias, concluyendo que no se vislumbraría ninguna causal que pueda invalidar el procedimiento seguido.
Alega que en el transcurso de la fiscalización quedaron demostradas las irregularidades enunciadas en la resolución apelada: 1°) diferencias entre acreditaciones bancarias y ventas declaradas; 2°) compras no validadas; 3°) ajustes de gastos en concepto de sueldos y jornales y 4°) exceso del tope establecido para la deducción de los honorarios de directores.
Asegura que su actuar no fue arbitrario como pretende la recurrente, sino que siempre se ajustó a lo establecido en la Ley 11.683.
Respecto a la nulidad intentada, asevera que las resoluciones apeladas cumplen con todos los requisitos esenciales para que sean válidas.
En cuanto a la lesión de derechos acusada, niega su violación en tanto no se acreditó el real perjuicio ocasionado y las defensas de las cuales se vio privado de oponer.
En función a ello, opina que no se encuentran cumplidos los casos previstos en el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo que permitan declarar la nulidad de lo actuado.
Sobre la supuesta “liviandad” con la que – según la actora- fueron analizados los hechos, resalta que en el presente caso fue necesario reconstruir la contabilidad a los efectos de calcular los tributos intimados. Cita jurisprudencia y doctrina. Acompaña los antecedentes administrativos, se opone a la prueba informativa y pericial contable ofrecida por la recurrente, hace reserva del Caso Federal y solicita se confirmen las resoluciones apeladas, con costas.
III. Que a fs. 318 se resolvió acumular el Expte. 47.461-I al Expte. 47.460-I; a fs. 342 -punto 1°)- y fs. 368 -punto 1°)- se dio por decaído el derecho del recurrente para producir la pericia contable y los testimonios ofrecidos. A fs. 374 se elevaron las presentes actuaciones a conocimiento de la Sala “A”. Finalmente, a fs. 378 se pusieron los autos para el dictado de sentencia.
IV. Que, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (C.S.J.N., in re: "Sopes, Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas", sentencia del 12/2/1987 y "Stamei S.R.L. c/ Universidad de Buenos Aires s/Ordinario", sentencia del 17/11/1987; C.N.C.A.F., Sala V, in re "Werner Tomas M. c/ B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento", sentencia del 27/4/1998 y "Congelados Macchaiavello y Cía. S.A." del 26/4/2007, entre otros).
V. Que por lógica precedencia, debe en primer lugar darse tratamiento a la excepción de la nulidad relacionada con el rechazo de la prueba en sede administrativa, y el incumplimiento de los requisitos establecidos por los incisos b), c) y e) del artículo 7° de la Ley 19.549.
En lo que toca a la denegatoria del juez administrativo en producir las pruebas ofrecidas por la actora, debe señalarse que el artículo 35 del Decreto 1397/79, reglamentario de la Ley 11.683, remite en cuanto a la admisibilidad, sustanciación y diligenciamiento de las mismas a las disposiciones del Decreto 1759/72, el que establece, en su artículo 46, que la Administración podrá disponer su producción acorde a los hechos invocados y que fueren conducentes para la decisión, siendo que se admitirán todos los medios de prueba, salvo los que fueran manifiestamente improcedentes, superfluos o meramente dilatorios.
Es decir que, si bien la búsqueda de la verdad material pareciera impulsar a que se consideren todos los medios de prueba solicitados por la parte, existe un límite impuesto por el reglamento del procedimiento administrativo que brinda al juzgador la posibilidad de denegarlas en todo o en parte si las considerara inconducentes, impertinentes, innecesarias, inútiles, redundantes, imposibles de cumplir o que sólo buscan dilatar temporalmente el acto administrativo de resolución.
Pero como esta valoración del juez administrativo es altamente subjetiva, ya que parte de su valoración personal, debe dar explicaciones fundadas de su rechazo a producirlas so pena de considerarse una decisión arbitraria y contraria al debido proceso adjetivo que debe tutelar.
Por lo tanto, para evitar la arbitrariedad de los actos, estos deben ser fundados y por ello, el artículo 34 del reglamento de la ley procedimental, obliga al juez administrativo a expedirse, en la misma resolución que determina de oficio, sobre el mérito de la prueba producida o las razones fundadas por las que no se hizo lugar a la ofrecida.
Según consta de las resoluciones apeladas –vide fs. 1508/1510 Cuerpo Ganancias VIII y fs. 2610/2611 Cuerpo IVA XIII- el Fisco Nacional realizó una medida evaluación respecto de las pruebas ofrecidas concluyendo en la improcedencia de las mismas, lo cual demuestra el apego del funcionario actuante a los principios que debe proteger. Siendo ello así, entiendo no se ha vulnerado el debido proceso ni el derecho de defensa de la actora.
Por otro lado, tanto de la lectura de los actos apelados, como del análisis de las actuaciones no se vislumbra que el juez administrativo se haya apartado de las circunstancias de hecho y derecho que fundan las resoluciones, ni que haya incumplido con el procedimiento reglado por la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.) para determinar los tributos cuestionados.
Es más, en el presente caso la recurrente tuvo conocimiento de las actuaciones seguidas por la inspección y el juez administrativo, pudiendo presentar su descargo en oportunidad de contestar la vista corrida, lo que evidencia que los agravios vertidos como fundamento de la defensa de nulidad intentada, se tratan de una mera discrepancia con el criterio fiscal y que integra el fondo mismo de la cuestión que este Tribunal está llamado a resolver, pero que no afecta la validez de acto alguno.
A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que “la nulidad por vicios procesales carece de un fin en sí misma, es decir, no tiene existencia autónoma, dado que el derecho procesal es una vía para asegurar la aplicación del derecho de fondo. Sólo procede cuando de la violación de las formalidades surge un perjuicio real y concreto en el derecho de la parte, principio que se sintetiza en la máxima “no hay nulidad por la nulidad misma”, receptado en el art. 172 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación” (CNACAF, Sala V, junio 4-997 -Sosa Mirta Elena Impuestos B- 2076). Es decir, que las nulidades no pueden decretarse para satisfacer el interés teórico, sino únicamente cuando ellas hayan redundado en un perjuicio demostrado y concreto para el derecho de quien las pide (v. "Anteurquiza, Mugo Ramón" - CNACAF. - Sala IV - 26/3/1992 - entre otros), circunstancia que no ha sido acreditada en autos.
De su lado, interpreta este Tribunal Fiscal que: "...como lo tiene reiteradamente dicho nuestro Más Alto Tribunal (fallo 205:549, 247:52, 267:393, entre otros), cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque satisface ese derecho fundamental ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un Organismo jurisdiccional en procura de justicia, tal como "in extenso", en el caso de marras, lo ha hecho el recurrente ante este Tribunal, pudiendo ofrecer todas las pruebas que hacían a su derecho..." (in re "Mirror Holding S.A”, 15/9/06 expte. N° 20.440-I).
En función de lo expuesto corresponde rechazar los agravios de nulidad articulados por la apelante, sin costas atento que el mismo no mereció un tratamiento previo y de especial pronunciamiento (v. CSJN, “Bolland y Cía. S.A.”, 21/2/2013).
VI. Que, a continuación, corresponde establecer el contexto sobre el cual se produjo la cuestión traída a debate.
La sociedad inspeccionada se dedica a la actividad de provisión de mano de obra para la siembra y la cosecha de hortalizas y se constituyó por contrato social el día 29/3/2010, en tanto los trámites de inscripción ante la AFIP se demoraron hasta el mes de julio 2010 (vide fs. 1178 Cuerpo VI Impuesto a las Ganancias).
Sobre este aspecto, el Sr. Peppo -gerente de Catanzaro Group Outsourcing S.R.L., en adelante CGO- informó que la actividad desarrollada hoy por la sociedad había sido encarada -desde el 2009- como una empresa unipersonal, declarando impuestos bajo la CUIT del Sr. Daniel Adrián Santi. Posteriormente, cuando la sociedad estuvo inscripta en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, la actividad pasó a ser declarada por CGO, siendo sus socios iniciales los Sres. Daniel Adrián Santi, Adalberto Agustín Peppo y Martín Andrés Franchello (vide fs. 1055/1060 y 1180/1187 Cuerpo VI Impuesto a las Ganancias). El presente cargo se originó atento a que el área investigadora inició tareas de verificación sobre el Sr. Daniel Santi –socio de CGO-; de modo tal que, a consecuencia de aquellas tareas, se tomó conocimiento de la existencia de contribuyentes presuntamente apócrifos que habrían emitido comprobantes computados tanto por el Sr. Santi, como también por CGO.
En respuesta al requerimiento de información, cursado por la inspección con fecha 18/12/2013, se aportó Multinota manifestando que el día 21/11/2013 en oportunidad de producirse el traslado de la oficina desde Córdoba a San Pedro, la camioneta que transportaba la totalidad de documentación administrativa (v gr. libros contables, cajas conteniendo facturas y recibos de compra y ventas, archivos, el servidor central que contenía el sistema de información contable, entre otros elementos) sufrió un siniestro, incendiándose su contenido (vide fs. 67 y 252 Cuerpo Ganancias).
En el marco descripto, tras diversas actividades de control y luego de practicar el análisis sobre los balances, los actuantes proyectaron los siguiente ajustes -que serán tratados infra- a saber: 1°) diferencias entre acreditaciones bancarias y ventas declaradas –período 2010-; 2°) compras no validadas –períodos fiscales 2010 a 2012-; 3°) gastos en concepto de sueldos y jornales –período fiscal 2012-; y 4°) gastos de honorarios que excedían el tope establecido en la Ley del Impuesto a las Ganancias.
VII. Que en lo que hace al primer ajuste, es preciso señalar que en la inspección que se siguió al Sr. Santi (contemporánea con la practicada a la firma de autos) se detectó -para el período 2010- la existencia de dos cuentas bancarias (una de ellas de titularidad exclusiva del Sr. Santi y la otra en cotitularidad con el Sr. Franchello).
Según lo manifestado por este último –Sr. Franchello- ambas cuentas bancarias fueron utilizadas para la cobranza de servicios propios de la operatoria de la empresa; en función de tales dichos, se recibieron los extractos de movimientos de ambas cuentas bancarias.
Por otro lado, el Sr. Peppo –actual socio gerente de CGO y socio desde el momento constitutivo- indicó que tales cuentas fueron abiertas cuando la firma todavía no había sido inscripta en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, y por tanto la actividad estaba declarada en cabeza del Sr. Santi. En esa línea, ratificó que recién en el mes de marzo 2011 la empresa culminó los trámites ante el órgano de contralor, y a partir de allí comenzó a gestionar en las entidades bancarias las cuentas propias de la sociedad. Sin embargo, de acuerdo a las tareas de verificación, se observó que las aludidas cuentas podrían contener operaciones que le corresponde declarar a la sociedad, pues la regularización de esta última ocurrió en el mes 03/2010 y no en el año 2011, como afirmó el Sr. Peppo (vide fs. 1178/1187 Cuerpo VI Ganancias). Además, se registró una variación de las ventas declaradas de un período a otro (2010 a 2011) por lo que se consideró que las transacciones reflejadas en las cuentas de los socios debían imputarse en cabeza de la sociedad desde el año 2010.
Asimismo, de la información obrante en la base de datos se comprobó que los Sres. Francello y Santi poseían el manejo indistinto de los fondos de dichas cuentas, incluso en los períodos en los cuales la sociedad ya estaba formalmente constituida, lo que llevó a imputar los movimientos financieros a la actividad comercial de la persona jurídica, sumando dichos montos a las acreditaciones ya verificadas en la cuentas propias de la fiscalizada.
Tras efectuar una depuración de todas las cuentas bancarias intervinientes, se comparó el importe resultante de los ingresos acreditados –para el período 2010- con las ventas gravadas más el IVA declarado, arribando a una diferencia a la cual se le dio el tratamiento previsto en el artículo 18 -inciso g)- de la ley de rito (vide fs. 1193, 1194 y 1207/1294 Cuerpos VI y VII Ganancias).
En casos como el presente, cabe recordar que le corresponde a la actora demostrar qué débitos y qué créditos le son atribuibles y cuáles no, dado que todos los movimientos pueden ser debidamente individualizados en el resumen bancario. Pese a ello, no aportó prueba alguna tendiente a verificar sus dichos –omitió impulsar la prueba pericial contable ofrecida- convirtiéndose sus argumentos en meras afirmaciones dogmáticas carentes de virtualidad para quitar validez a lo actuado por los inspectores. En igual sentido, se ha expedido la Excma. Cámara al afirmar que, frente al indicio de un exceso de depósitos con relación a las ventas declaradas, es el contribuyente quien debe demostrar fehacientemente la veracidad de esas operaciones, el origen de las sumas depositadas en sus cuentas bancarias y las razones que motivaron su marginación del gravamen en estudio (Sala IV in re “Goldaracena Miguel (TF 23.965I) c/ DGI”, sent. del 29/4/14 y “Musso Élida Ángela (TF 24.698I) c/ DGI”, sent. del 18/03/14). En mérito a lo expuesto, voto por confirmar el ajuste formulado tanto en el Impuesto a las Ganancias como en el Impuesto al Valor Agregado, con costas.
VIII. Que en relación a las compras no ratificadas –segundo ajuste- y habida cuenta del siniestro denunciado, la empresa indicó estar imposibilitada de contar con la registración y comprobantes que avalen la totalidad de sus compras y gastos. Ante dicha circunstancia, el ente fiscal circularizó a los proveedores informados por la actora y a los obtenidos en sus bases informáticas (vide fs. 251 Cuerpo II Ganancias, fs. 203/206 y 454/532 Cuerpos II y III IVA). A su vez, del resultado de las tareas realizadas se agregaron los comprobantes que figuraban en los regímenes de información SICORE Percepciones, CITI Ventas y Consumos Relevantes (vide fs.119/238 Cuerpos I y II Ganancias y fs. 1992/2009 Cuerpos X y XI IVA).
De esta manera, se admitió como deducción en el Impuesto a las Ganancias la totalidad de las operaciones de compra neta gravada con IVA informadas por los proveedores y sistemas informáticos del organismo. También, vale aclarar, que en dicho cálculo se detrajeron las adquisiciones de bienes de uso por corresponder a las altas de los ejercicios en los respectivos Balances (vide fs. 1024 y 1025 Cuerpo VI Ganancias).
Así las cosas, se proyectó un ajuste en las compras estimadas a partir de los créditos fiscales declarados, respecto de las compras validadas por terceros, entendiendo que éstas últimas debieron haber sido utilizadas para elaborar el Estado de Resultados (vide fs. 1418 Cuerpo VI Ganancias).
Que, respecto al Impuesto al Valor Agregado, y junto con todo lo anteriormente mencionado, fueron analizados los extractos bancarios con los que operó la recurrente (fs. 2090, Cuerpo XII, Impuesto al Valor Agregado) computándose el crédito fiscal correspondiente.
En lo relativo a los proveedores presuntamente apócrifos -que dieron origen a la auditoría fiscal- el organismo fiscal aclaró que no se encontraban incluidos en la nómina entregada por la firma, por lo que no fueron circularizados ni formaron parte de las operaciones validadas (fs. 2426, Cuerpo XIII, Impuesto al Valor Agregado).
Igualmente, se cruzaron los ingresos declarados entre el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Ganancias –periodos fiscales 2011 y 2012- detectándose diferencias entre uno y otro impuesto, sin que dicha circunstancia haya sido justificada.
Asimismo, según el detalle mensual (vide fs. 2010 Cuerpo IVA) se advirtió que en los meses de 10/2010 y 10/2011 el crédito fiscal de IVA fue negativo. Mientras que en los meses 11/2010 y 11/2011 se realizaron compras de automóviles.
En el caso de los periodos con crédito fiscal negativo, se aprecia la existencia de notas de crédito que justifican ese saldo, computándose sólo los comprobantes que se encontraban imputados a las facturas que figuraban en el listado.
En cuanto a la compra de automóviles, se verificó que el importe neto de compras fue superior a $20.000, violando el tope establecido en el artículo 12 inciso a) del apartado 1) de la Ley de IVA (vide fs. 2011 a 2014, Cuerpo XI, Impuesto al Valor Agregado).
Además, el organismo recaudador concluyó que se computaron créditos fiscales de IVA por aplicación del Decreto 814/01 cuando no fueron ingresadas las contribuciones patronales al vencimiento de la declaración jurada de la seguridad social (vide fs. 187/202 y 2092/2096 Cuerpos I, II y XI de IVA). Por otra parte, se realizó un cotejo entre las retenciones y percepciones del impuesto consignadas en las DDJJ, contra los importes informados por los agentes de retención y percepción en el SICORE; detectándose diferencias en todos los periodos, las que no fueron justificadas (fs. 2218, Cuerpo XII, IVA). Ahora bien, bajo dicho contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo y en cuanto tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda el origen de cada una de las compras y gastos involucrados.
Cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto, sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido; máxime cuando la auditoría fiscal debió reconstruir toda la contabilidad para arribar al quantum de la obligación a ingresar, lo que requiere –sin dudas- de una demostración intergiversable de los agravios planteados, situación que –como dijimos- no ocurrió en autos. Por lo que antecede, corresponde confirmar los ajustes formulados en el Impuesto a las Ganancias e Impuesto al Valor Agregado, con costas.
IX. Que en lo que toca al rubro “Sueldos y Jornales” – tercer ajuste- se detectaron diferencias respecto del período fiscal 2012, dado que de acuerdo al Balance aportado (Anexo Gastos) se asignó una suma superior a la relevada en los F.931 acompañados por la empresa, y luego capturada en los sistemas internos del ente recaudador (vide fs. 265/277, 360/371 y 1028/1047 de los Cuerpos II y VI Ganancias).
Sobre el particular, se requirió una conciliación de estos valores y la justificación de dicha diferencia (vide fs. 1892 Cuerpo IVA) sin recibir respuesta alguna.
En este caso, voto por confirmar la impugnación efectuada –con costas- por los fundamentos expuestos en el Considerando precedente al cual corresponde remitirse en mérito a la brevedad.
X. Que en referencia a la utilización en exceso del tope establecido para gastos de honorarios de directores (v. art. 87 inc. j, Ley de Impuesto a las Ganancias) para los períodos 2010 a 2012 -cuarto ajustese solicitó la ratificación del concepto deducido mediante un requerimiento que nunca fue contestado (vide fs. 1892 Cuerpo IVA); en consecuencia, los actuantes incrementaron el resultado del ejercicio en cada uno de los ejercicios fiscales.
Al respecto, cabe destacar que la recurrente no impulso ninguna medida tendiente a demostrar error alguno en el cálculo confeccionado por los inspectores en el rubro “Retiro de los socios-Honorarios” (v. art. 142, Decreto Reglamentario de Ley de Impuesto a las Ganancias) lo que dota a sus argumentos de una orfandad probatoria palmaria.
A tenor de lo expuesto, corresponde confirmar la pretensión fiscal por los argumentos ya vertidos en el Considerando VIII, con costas.
XI. Que, en cuanto a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación, recordándose que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
El Dr. Pérez dijo:
I. Que adhiere al relato de los hechos de la causa que efectúa el Vocal preopinante.
II. Que en relación a la nulidad articulada por la recurrente, comparte la solución a la que arriba el Instructor en su voto en cuanto rechaza los agravios articulados por la apelante, sin costas (conforme doctrina de la CSJN in re “Bolland y Cía. S.A.” del 21/2/2013).
En efecto, es dable recordar la doctrina de nuestro más alto Tribunal, en el sentido de que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo, además, ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido "Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica- Amet c/ Buenos Aires Provincia de y otro s/ amparo", C.S.J.N., 5/10/95, t. 318, p.1798; "Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios", C.S.J.N. 6/2/01, t. 324, p. 151, entre otros). Entrando al análisis estrictamente formal de las resoluciones determinativas de autos, en cuanto actos administrativos, cabe concluir en que aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.
Respecto de la nulidad que derivaría del rechazo de la prueba ofrecida en sede administrativa, resulta a mi juicio dificultoso que puede generarse una nulidad por esta sola circunstancia. Así como resulta cierto que el contribuyente tiene derecho a ofrecer pruebas durante el procedimiento administrativo, el juez administrativo interviniente tiene el deber de evaluar su admisibilidad procesal. Esta evaluación discrecional cae, por supuesto, dentro de la órbita jurisdiccional de este Tribunal quien juzgará, en definitiva, sobre la pertinencia o ilegitimidad de la resolución adoptada en la etapa anterior, pero para lo cual, deberá, necesariamente entrar al examen de la cuestión de fondo controvertida y como esta fue propuesta por ambas partes. Solamente dicho examen permitirá a este Tribunal evaluar, a la postre, la justeza del rechazo probatorio en sede fiscal, agravio que se torna inviable en proposición excepcional. En definitiva, ello no puede considerarse como causal de nulidad si se tiene en cuenta que en el procedimiento común se halla previsto el supuesto de la apertura a prueba en los casos en que en la alzada deba realizarse una prueba que no ha sido admitida en la primera instancia (art. 379, CPCCN). Ello es también valedero en la instancia de este Tribunal, toda vez que las partes pueden ofrecer ante el mismo la prueba que hubiera sido denegada en sede administrativa, de acuerdo con lo que se establece en los artículos 155 y 156 de la ley de procedimiento fiscal (doctrina TFN en la causa “Carboquimica SACIM” fallo del 5/7/1977) lo que está corroborado por los pasos seguidos en la instrucción del presente caso durante la cual la actora ha tenido ocasión de proponer las medidas que estime conducentes a esclarecer los hechos controvertidos.
En el caso de autos, el contribuyente en sede administrativa ofreció prueba documental, pericial y testimonial. De la lectura de los actos recurridos se observa que el juez administrativo tuvo por agregada la documental, efectuando una valoración de la misma. Respecto de la testimonial la consideró innecesaria habida cuenta que el testigo ofrecido ya había concurrido ante la fiscalización actuante labrándose las actas respectivas. Por último respecto de la prueba pericial contable consideró que resultaba improcedente y dilatoria habida cuenta que la firma no podría aportar la documental necesaria para su realización en atención al siniestro alegado respecto de la misma.
Por su parte, cabe advertir que idéntica prueba fue ofrecida ante esta instancia jurisdiccional. La vocalía instructora de la causa requirió a la parte actora para que propusiera perito contador de su parte en autos ( vide fs. 338), lo que le fue reiterado a fs. 340, lo cual no fue cumplido por la recurrente lo que motivó que se la tuviera por desistida de dicha prueba en el punto 1° de fs. 342. En dicha providencia, punto 2°, se le requirió que manifestara los extremos que intentaba probar con la testimonial propuesta, requerimiento reiterado a fs. 344, lo que tampoco fue cumplido razón por la cual a fs. 368 se la tuvo por desistida también de dicha prueba.
Es decir, que habiendo tenido la parte la posibilidad de producir la prueba que consideraba sustancial para su defensa -en cuyo rechazo en sede administrativa sustenta la nulidad que aquí tratamos- ante esta instancia jurisdiccional demostró una total falta de interés en su producción.
III. Que en cuanto al fondo del asunto, no puede omitirse que -según reiterada doctrina, las resoluciones emanadas regularmente de la Dirección General Impositiva gozan de presunción de legitimidad -v. art. 12, Ley 19.549- por lo que no resultaría ajustado admitir de inicio que ellas respondan a un obrar injustificado o abusivo (Fallos: 318:2431; 321:695; 325:2347, entre muchos otros) por lo que, "la peculiar naturaleza del acto cuestionado tiene a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)...". En la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto Ledesma, Amalia, TFN, Sala D, 18/07/2001, Inmobiliaria Quesada SRL; TFN, Sala A, 11/04/2000, Campisi, Benito; Sala B, 10/05/1999, Bur, Delia Matilde; CNACAF, Sala IV, 12/11/1996). Que, en definitiva, se trata de una cuestión de hecho y prueba, correspondiendo a la recurrente, en ejercicio de su derecho de contradicción, desvirtuar las conclusiones a las que arriba el juez administrativo. Sentado ello, el suscripto comparte el análisis que de los ajustes determinados efectúa el Vocal preopinante y adhiere a los fundamentos expuestos en los Considerandos VII, VIII, IX, X y XI, votando en su mismo sentido.
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que adhiere al relato de los hechos efectuado por el Vocal Instructor.
II. Que, por una cuestión de lógica precedencia, corresponde analizar los diversos planteos de la recurrente dirigidos a obtener la declaración de nulidad de los actos venidos en recurso. Como precisara tiempo atrás “la ley establece que el procedimiento de determinación de oficio se inicie con un acto administrativo por el que se confiere vista de las actuaciones, acto destinado a que el contribuyente pueda tomar conocimiento del accionar fiscal y de los cargos e impugnaciones que se formulan a fin de garantizar el derecho de defensa. Dicho procedimiento debe respetar el derecho del administrado de exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión del acto, de ofrecer las pruebas y también solicitarlas, y debe concluir con una resolución que haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas, en tanto resulten conducentes a la solución del caso.
Así definido, el procedimiento de determinación de oficio es un procedimiento administrativo que concluye en un acto administrativo que, como tal, debe reunir los elementos que la Ley 19.549 establece. Dicho texto normativo distingue los requisitos formales (artículo 8°) y sustanciales (artículo 7°), sancionando con la nulidad absoluta al acto que no cuente con estos últimos, que son, a saber: 1°) la competencia de quien suscribe el acto; 2°) la causa, 3°) el objeto, 4°) procedimiento, 5°) la motivación y 6°) la finalidad” (Vid. “Shuberoff, Oscar Julio”, 5/10/18).
Es con sustento en la ausencia de causa, objeto y motivación que el recurrente argumenta la arbitrariedad del accionar fiscal que –entiende- conlleva la nulidad de los actos venidos en crisis.
A fin de dar respuesta a sus agravios, entiendo oportuno definir la causa del acto administrativo. Así, encontramos dos corrientes doctrinarias, los subjetivistas y los objetivistas. Los primeros entienden que la causa del acto administrativo está constituida por la “voluntad” del sujeto que emite el acto, en tanto para los objetivistas aquella está formada por los antecedentes de hecho o de derecho que en cada caso llevan a dictarlo. Nuestro legislador adscribió a ésta última corriente, definiendo a la causa como “los antecedentes o circunstancias de hecho o de derecho que en cada caso llevan a dictarlo”, los que deben existir o concurrir en el momento de su emisión como requisito de validez del mismo. Como señala Hutchinson, “la apreciación que de tales circunstancias haga la autoridad administrativa, puede afectar la validez de la decisión –por apartase de los hechos o el derecho realmente aplicable- y también es susceptible de comprometerla con los vicios de error y dolo” (Hutchinson, Tomás: “Ley Nacional de Procedimientos Administrativos”, Ed. Astrea, Tº I, pág. 154).
Por su parte, el inciso e) del artículo 7° de la Ley 19.549 recoge la postura amplia que sobre la motivación había expresado un sector importante de nuestra doctrina nacional y exige que todo acto administrativo “Deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando además los recaudos indicados en el inciso b)”.
Volviendo a Hutchinson, la motivación aparece como una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales y que desde el punto de vista del particular responde a la idea de una mayor protección de los derechos individuales, ya que de su cumplimiento depende que pueda conocer efectiva y expresamente los antecedentes y razones que justifiquen el dictado del acto (op. citada, pág. 159). Asimismo, dicha obligación reposa en los principios republicanos que exigen juridicidad y razonabilidad e imponen a la administración la obligación de explicar sus actos. No cabe duda entonces que, para nuestra ley, todos los actos necesitan ser motivados, concepto que se desprende del citado inciso, en tanto expresa que el acto administrativo deberá exponer “en forma concreta las razones” que llevan a su dictado y su alcance variará según los casos y circunstancias. En ese contexto, los argumentos esgrimidos por la recurrente en virtud de los cuales entienden que los actos apelados carecen de causa y la debida motivación, deben ser rechazados, toda vez que surge de su lectura cuales fueron los hechos y el derecho en que se sustenta, además de guardar la debida correspondencia entre la exposición de motivos con la conclusión a la que se llega, y haberse cumplimentado el procedimiento previsto para dictarlos, por lo que no se advierte afectación alguna de las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso.
Tampoco puede acogerse su planteo sobre vicios en el objeto, en tanto lucen como meras alegaciones dogmáticas que en nada impugnan el contenido del acto. Es más dichos argumentos se relacionan más con su defensa de fondo que con la pretensión nulificante.
Finalmente, y con respecto al agravio dirigido a cuestionar el accionar del juez administrativo en tanto no hizo lugar a las medidas probatorias, y más allá de compartir la explicación sobre las facultades que poseen dichos funcionarios realizada en los votos que anteceden, cabe destacar que es conteste la doctrina emanada de nuestro Máximo Tribunal en sostener que “…cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del artículo 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia" (CSJN, Fallos: 205:549, 267:393, entre otros). Ello así, en autos el recurrente ha podido ofrecer y producir las medidas probatorias tendientes a probar sus dichos, por lo que tales agravios no pueden ser acogidos favorablemente. Con respecto a las costas, entiendo que deben ser soportadas por la excepcionante toda vez que los argumentos que sustentan su defensa están dirigidos a obtener expresamente la declaración de nulidad prevista en el artículo 171, inciso h) de la ley de rito, pues reposan –como quedó dicho- en la violación de su derecho de defensa por defectos del acto administrativo, agravios que acarrean inexcusablemente aquélla declaración. Asimismo, su planteo mereció réplica concreta por parte de la apelada, por lo que no advierto razones para apartarme de la aplicación del artículo 68 del C.P.C.C.N.
Resulta oportuno recordar que como señalara la C.S.J.N. in re “Bolland y Cía. S.A.” la exención de costas procede cuando el planteo –de haber prosperado- hubiese implicado la revocación de la pretensión fiscal, supuesto no es el de autos.
En definitiva, el tratamiento de cuestiones incidentales como la de autos no puede encontrarse exentas de las consecuencias procesales que hacen a su rechazo.
III. Que, con respecto a los agravios de fondo, adhiero al voto del Dr. Porporatto.
En virtud de la votación que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.-
Date: 2025.03.11 16:10:27 ART Date: 2025.03.11 18:38:48 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.03.12 10:49:42 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.03.12 10:50:28 -03:00
Fin de la sentencia