Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul · Causa 47.609
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPrimero: Hacer lugar al Recurso de Apelación deducido;
Revocar la sentencia de fecha 21 de mayo de 2024; y absolver a F. G. G. por el delito de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, por el cual viniera acusado, sin costas. (Arts. 18 de la C.N.; art. 189 bis inciso 2°, tercer párrafo del CP; y 1, 209, 210, 211, 371, 373, 375, 442 y cc. del CPP).
Segundo: Revocar la prisión preventiva dispuesta en autos como medida de coerción, respecto de G. F. G. y disponer su inmediata libertad desde la instancia, siempre que el imputado no estuviera detenido en otro proceso judicial.
En la ciudad de Azul, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores Jueces doctores CARLOS P. PAGLIERE (H), GUSTAVO AGUSTIN ECHEVARRIA Y DAMIÁN PEDRO CINI, integrantes de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental, para dictar sentencia en autos N° 47.609/2024, caratulada: “CAUSA N° 47.609-2024; G, G. F. S/ PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL (IPP N° 01-01-000418-24/00)” y practicado el sorteo de ley resultó que dichos Magistrados deben votar en el siguiente orden: CINI – PAGLIERE – ECHEVARRIA.
Vistas las actuaciones de mención de las mismas surgen los siguientes:
1. El Juzgado en lo Correccional del Departamento Judicial de Azul, con sede en Tandil, dictó sentencia en causa N° 94-6401-2024 caratulada “G., G.F. S/ PORTACION DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN LEGAL (IPP 4654/22), y en lo que aquí interesa resolvió: “1) CONDENANDO a G. F. G., argentino, instruido, pintor, nacido el 26 de diciembre de 1997 en Tandil, hijo de H. G. y de E. G., con D.N.I. N° 41.102.932, con último domicilio en avenida Perón N° .654 de Tandil, actualmente alojado en la Unidad 37 del S.P.B.; a la pena de un año y seis meses de prisión, de cumplimiento efectivo, por resultar autor penalmente responsable del portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal (art. 189 bis inciso 2°, tercer párrafo del Código Penal), por el hecho cometido en Tandil el día 22 de enero de 2024 fijando la pena única de un año y siete meses de prisión, de efectivo cumplimiento, comprensiva de la fijada en autos y de la pena de dos meses de prisión, de ejecución condicional –cuya condicionalidad es revocada– impuesta en la causa N° 3-2017-4064 de este Juzgado en lo Correccional N° 1 de Tandil. Con Costas (arts. 5, 26, 27, 29 inc. 3°, 40, 41, 58 del Código Penal y arts. 530 y 531 del C.P.P.)(…) 4) DISPONIENDO la remisión de actuaciones al Señor Agente Fiscal en turno al día 17 de mayo de este año, para que investigue sobre la presunta comisión del delito de acción pública de falso testimonio (art. 275 del Código Penal) por parte de J. T. M., acompañando copias certificadas del acta de debate y de la presente, como también la transcripción de su testimonio, y al Titular de la Unidad Funcional de Instrucción de Violencia Institucional y Delitos Carcelarios, respecto de los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y/o sustracción de medios de prueba en grado de tentativa, previstos en los arts. 249 y 255 del Código Penal, acompañando copias de la orden y acta de allanamiento, del acta de debate, del presente, y la transcripción del testimonio de P. E. M.; a tal fin se librarán oficios, poniendo en ambos casos a su disposición el audio del debate realizado”.
2. Contra dicho pronunciamiento en fecha 11 de Junio de 2024, interpuso Recurso de Apelación el Dr. Roberto Pablo Molina Marañón, Defensor Oficial del encausado G. F. G., el cual fue concedido, y con fecha 1 de julio de 2024, el Fiscal General Departamental, Dr. Marcelo A. Sobrino, contesta el traslado conferido expresando que en el caso de autos: “…no advierto que la sentencia recurrida haya incurrido en un absurdo valorativo respecto a la apreciación e interpretación de los elementos probatorios colectados, por el contrario, entiendo que la misma ha sido dictada conforme las leyes de la lógica, experiencia y sentido común en consonancia con lo dispuesto por los art nº 106, 210, 373 del CPP y 8.2CADH., 14.2 del PIDCy P, y 18 y 75 inc. 22 de la CN”.
Hallándose los autos en estado de dictar sentencia, el Tribunal dispuso plantear y decidir la siguiente:
¿Es procedente el recurso interpuesto?
A LA ÚNICA CUESTIÓN planteada el señor Juez, doctor CINI, dice:
1. En su presentación recursiva de fecha 11 de junio de 2024, el apelante considera que la sentencia condenatoria debe ser revocada por arbitrariedad y absurdo en la valoración de la prueba.
Como postulado principal, –afirma– que de la prueba reunida en autos no surge que su asistido sea autor del delito imputado.
Para sostener lo propio, trae los siguientes argumentos:
En primer lugar, debe tenerse en cuenta la cantidad de gente que había al momento en que ingresa el personal policial al lugar donde se practicó el allanamiento. En efecto, existían al menos cuatro personas, aparte de su defendido, quienes pudieron ser los tenedores del arma. Máxime, –alega la defensa– si G. no era morador de la vivienda donde se halló el arma; y la misma no estaba junto a su cuerpo.
En segundo lugar, el apelante sospecha que el arma pudo ser "plantada" por personal policial, ya que el testigo de actuación no vio a G. sentado sobre la misma.
Asimismo, alega que resulta contradictoria la declaración del Oficial S., con los dichos del testigo de actuación M., e incluso con la declaración del policía G. W. G.
En función de ello, concluye afirmando:
1. “Al a quo, le pueden parecer superficiales las cuestiones de si el arma estaba en una riñonera o en una bolsa plástica, pero en rigor no lo son, pues a contrario de lo que él postula son las circunstancias que dan certeza al tiempo modo y lugar de como supuestamente sucedieron los hechos. Y muy a su pesar estas no cuadran en ninguno de esos aspectos.”
2. “Puede advertirse sin hesitación, que las diferencias marcadas como no esenciales por el a quo, son en realidad centrales. Mi defendido no estaba en el primer ambiente, no vio que el arma se la encontraran a él debajo de su pierna; no estaba envuelta en un nylon blanco, no estaba encima de la ropa, sino que hubo que hurgar entre esas prendas para poder encontrar la riñonera o bolsito, G. nunca dijo que quería irse, G. no lo estaba custodiando sencillamente porque no estaba con el comedor”.
3. “Es notorio, y no es una divergencia de la percepción fruto de la dinámica de los hechos como lo señala el A quo, que el testigo dice con claridad que el personal policial refiere a viva voz y dirigiéndose a todos “De quien era el arma”, a lo que nadie se hace cargo. Eso colisiona de pleno con la afirmación previa de S. que le encontró el arma a G. y este decía quería irse, pues si así fuera, para que habría de preguntarles a todos de quien era el arma, cuando él (S.) ya tenía claro quién era el autor de hecho. Sencillamente no tiene lógica, y resulta risible suponer que quien miente es el testigo de actuación, quien no conoce a las partes ni tiene interés alguno en él tema. Además, ¿cuál sería su motivación?, del personal policial se podrían ensayar varias.
No pueden quedar ajenos a estos análisis, pues sería sacarlos de contexto, los hechos que relata el testigo respecto del hallazgo de las bolsas de nylon con un “polvito blanco”, y que el personal policial se las guardó para sí.
La pregunta realizada al oficial S., de si conocía a A. A., no era inocente, y a pesar de que este dijo que ella estaba vinculada en principios con delitos contra la propiedad, luego terminó reconociendo que ella estaba vinculada con la venta de estupefacientes, y que ella frecuentaba ese domicilio. Entonces, con esa información, ¿por qué no se llamó a la división de narcotráfico?, la lógica indica que eso debió evacuarse por la Fiscalía especializada, y como mínimo, dejarse constancia en el acta.
Esta actitud, revela una accionar completamente espurio por parte del personal policial, que no puede separarse del modo irregular en general de cómo se llevó a cabo el allanamiento respecto del hallazgo del arma.
Esta gran diferencia que vengo señalando, según mi criterio es dirimente para la suerte del proceso, no porque las declaraciones son disímiles, sino que cada una narra un suceso distinto.”
En suma, por los motivos expuestos el Dr. Molina Marañón peticiona la absolución de su defendido.
Subsidiariamente, solicita se recalifiquen los hechos. En efecto, dice que no existe prueba de que el arma era portada por el acusado fuera o hasta el domicilio allanado. Esa presunción de portación externa no se basa en prueba directa, ni indiciaria, sino que es una mera suposición sin prueba que la sostenga.
Añade que no hay indicio desde que momento G. estaba en ese domicilio. Tampoco, sí cuando transportó el arma hasta el lugar, estaba cargada en condiciones de uso inmediato, pues no puede excluirse la posibilidad de que haya sido cargada luego en el lugar.
Por tales razones, propone que la conducta residual a imputar sería la de tenencia de arma simple y no portación, ya que el lugar no era público ni de acceso público, sino un lugar privado.
2. Paso a tratar los agravios de la defensa, adelantando que han de prosperar.
Como punto de partida, cabe recordar el hecho por el cual resultara condenado G. F. G., a saber: “que el día veintidós del mes de enero de dos mil veinticuatro, siendo alrededor de las 15:20 horas, una persona de sexo masculino portó, al llevarlo al domicilio ajeno de calle Necochea N° 191 de esta ciudad de Tandil y tenerlo bajo su poder, en condiciones de uso inmediato, un revólver marca Bagual sin numeración visible de color plateado calibre 22, apto para realizar disparos cargado con tres municiones calibre 22 marca Orbea y una vaina servida calibre 22 marca Orbea, sin la debida autorización legal, siendo constatado ello por personal policial al ejecutar la orden de allanamiento dispuesta en IPP 01-01-397-24 por el Juzgado de Garantías competente y determinar que aquél se hallaba sentado en el suelo sobre diversas prendas dispuestas en el suelo y debajo de una de sus piernas dicha arma”.
Dicho evento, fue calificado como delito de Portación de arma de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal, en los términos del art. 189 bis, inciso segundo, tercer párrafo del Código Penal.
Para arribar a su decisión el Magistrado de la instancia tuvo en cuenta los siguientes elementos incorporados por lectura al debate: actas de procedimiento de fs. 1/3vta. y 11/11vta., el acta de allanamiento de fs. 5/5vta., el acta de inspección ocular de fs. 8, el croquis ilustrativo de fs. 9/9vta., el informe técnico descriptivo de fs. 12/12vta., la fotografía de fs. 13, el informe de fs. 14/14vta., el informe de RENAPER de fs. 16, el informe de ANMaC de fs. 18, el acta de declaración del artículo 308 del C.P.P. de fs. 20/20vta., el informe del Registro Nacional de Reincidencia de fs. 24/36, 42/49vta., el informe de antecedentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires de fs. 50/52, el informe de actuario de fs. 64/64vta. y 110, la documental de fs. 65/109, 143 y el informe pericial balístico de fs. 135/138; y las declaraciones recibidas en el debate, testimoniales de J. W. G. P., de M. R. S., de P. E. M. y de J. T. M..
3. Ahora bien, como adelantara, entiendo que no se ha arribado a la certeza necesaria acerca de la autoría penalmente responsable del acusado G. en relación al hecho enrostrado.
Sabido es que, en el proceso penal, el camino a esa certeza debe buscarse a través de la valoración de la prueba existente respetando las garantías constitucionales. En dicha tarea, el Juzgador deberá acudir a las reglas de la lógica, la experiencia y la psicología; exponiendo los argumentos mediante los cuales -en base a aquellas pautas- arriba a su decisión. Arts. 209, 210, 211 y 373 del CPP.
Dicha certeza implica que el Juez demuestre que la hipótesis acusatoria es la única que, razonablemente, puede existir. De lo contrario, si existe otra hipótesis que coexista con la de la acusación, se planteará un estado de duda que no permitirá arribar a la certeza necesaria para dictar una condena.
Aquí entra en juego la garantía del in dubio pro reo; procedente del estado de inocencia y consecuencia del sistema acusatorio; que pone en cabeza del actor penal la función de derribar aquel estado jurídico. Arts. 18 de la C.N; 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y 1, cuarto párrafo, del CPP.
En otras palabras, la sentencia de condena debe ser producto de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la existencia del hecho típico, de la antijuricidad y de la autoría penalmente responsable. Sin embargo, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio favor rei. Al respecto, es necesario que, aun luego del análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto, permanezca en el ánimo del Juzgador una falta de certeza que no puede ser dirimida porque siempre deja latente la probabilidad en sentido contrario a la hipótesis acusatoria.
Yendo al caso, advierto –luego de analizar la prueba obrante en el proceso, a la luz de las reglas de la lógica y la experiencia– que no se ha podido arribar a la certeza necesaria sobre los extremos procesales cuestionados, prevaleciendo una duda justificada y razonable sobre la hipótesis fiscal que ha receptado el Juez sentenciante.
En tal sentido, aprecio que el Juez sigue la acusación fiscal para determinar que en el caso, G. F. G., resulta penalmente responsable de los hechos por los que viene condenado, y considera:
“Si bien han existido algunas discordancias entre los relatos de dichos testigos, las mismas han resultado mínimas y no esenciales, entiendo que fundamentadas en la distinta percepción que obtuvieran en base a los distintos roles que a cada uno le tocó desarrollar en dicho acto, como también a la realización de un acto dinámico, en el que no se estipula una función meramente estática, mientras que por otro lado, resulta intrascendente toda discusión o alusión a la ubicación de la motocicleta que se hallaba en la sala o el pretenso secuestro de la misma, que se esbozara a efectos de desvirtuar las manifestaciones de los funcionarios policiales, al igual que determinadas insinuaciones respecto de la existencia de un vínculo de S. y A. A., que excediera del conocimiento que de la misma tuviera como funcionario policial.
Tampoco va en desmedro de la convicción que despierta la probatoria de cargo, el tiempo transcurrido entre la irrupción policial al domicilio y el ingreso de P. E. M., testigo del allanamiento, en tanto resulta lógico el previo ingreso de funcionarios de la Policía de la Provincia, a efectos de asegurar el lugar y minimizar todo tipo de riesgo hacia un ciudadano civil, máxime cuando en la orden de allanamiento emanada por el juez competente, se referencia al hallazgo y recogimiento de un arma de fuego, utilizada el día anterior en un delito de acción pública, lo que permite señalar que dicho lapso, dentro de un análisis formal, acorde a las reglas de la lógica y de la experiencia, le otorga un fundamento de legitimidad; resulta además superficial si el arma estaba o no en una riñonera o envuelta en una bolsa plástica, ya que lo importante es que en dichas circunstancias de tiempo, lugar y modo, se produjo el hallazgo del arma de fuego, en el caso un revólver, y que el mismo fue identificado en este debate por los testigos policías y también por M.
Descarto de tal modo, el supuesto delito de falsedad ideológica planteado por el Defensor Oficial respecto del acta de allanamiento, en tanto como señalara las discrepancias reseñadas resultan atribuibles a la diversa percepción atribuible a la propia individualidad y subjetividad de cada persona y no a un accionar doloso en asentar falsedades.
Teniendo en consideración lo expresado por el testigo M., en relación a la existencia de la manipulación por personal policial de unas bolsas con contenido blanco símil cocaína, sobre las que no se hicieron los reactivos, ni se dejó constancia en el acta, situación sobre las que las partes requirieron se investigue si fue una situación irregular o no, oportunamente me expediré. Mención especial merece la versión aportada por J. T. M., en tanto su testimonio aparece influenciado por la relación de amistad que posee con el acusado, y orientado con la finalidad de favorecerlo, aunque es en los pequeños detalles donde su relato flaquea y debe efectuar un ajuste; así dice haber concurrido juntos al lugar a comprar estupefacientes, llevando entre ambos sólo dinero para abonar su precio, que al llegar esperó afuera ya que por no conocer a los moradores “no tenía cabida”, ante lo cual aguardó sobre esa misma vereda a una pequeña distancia, en una tarde de verano, observando el arribo de los patrulleros policiales, afirmando primero que en el procedimiento sólo intervinieron funcionarios policiales y luego corrigiéndose para ubicar en el lugar a M. –cuya presencia es innegable, afirmando en contraposición con todo otro elemento que al momento en que se llevaban detenido al aquí acusado también secuestraban la motocicleta allí existente.
Su aparición en este debate aparece como forzada, debiendo primero colocarse fuera del domicilio y de cualquier tipo de verificación por otro medio independiente, ya que al declarar recién en este debate, no pudo realizarse ninguna medida para corroborarlo ni tampoco preguntar ni al personal policial ni al testigo del allanamiento si lograron verlo, sea al ingresar o finalizar el acto, puesto que paradójicamente M. afirma haberse quedado allí a corta distancia a pesar de su nerviosismo por haber ido a comprar estupefacientes, sabiendo que se trataba de un negocio ilegal; por otro lado, si su preocupación era la situación procesal del encartado, quien se halla detenido desde dicha fecha, resulta cuanto menos extraño que no se haya acercado antes a brindar su relato exculpatorio, impidiendo todo tipo de contraprueba.(…)
Que la persona de sexo masculino a la que vengo haciendo referencia, resulta ser G. F. G., y arribo a tal conclusión luego de valorar el contenido del acta de allanamiento de fs. 5/5vta., en la cual se lo individualiza con sus datos filiatorios.
Además debo valorar los testimonios de M. R. S. y de J. W. G. P., oportunamente transcripto y a la que en honor a la brevedad me remito, sin que se acreditase hubiese ánimo o interés especial en perjudicarlo, es más, el allanamiento se da por una orden judicial en relación a una investigación preliminar por un hecho distinto y ajeno al imputado, que excedía cualquier vinculación con G. o aun con el domicilio de calle Necochea N° 191 de Tandil, en tanto fue esclarecedor P. E. M. respecto que ese mismo día participó en otros tres allanamientos de domicilios diversos.
De dicha probatoria se desprenden los indicios de oportunidad, por encontrarse en el lugar al momento de la diligencia, de posesión por hallarse en una relación de contacto inmediata y excluyente respecto del arma y de sospecha, este último basado en el intento de retirarse del lugar al comenzar el accionar policial en aquel domicilio.
Si bien al momento de irrumpir la comisión policial en el interior del domicilio de calle Necochea N° 191 de Tandil, se constató que sólo el encartado se hallaba en la primer sala, sentado en el piso ante la inexistencia de sillas, sobre diversas prendas utilizadas para amortiguar la dureza del suelo, que había a un costado una motocicleta, como también que inmediatamente debajo suyo se hallaba el arma de puño cargada que fuera recogida, lo que permite descartar la participación de otras personas que se hallaban en otra dependencia del domicilio y fuera utilizado pretendiendo diluir su participación en el suceso, situación que se ve desvirtuada claramente con los testimonios hábiles, directos y concordantes de los funcionarios policiales actuantes y también del testigo del procedimiento.
Por su parte, debo valorar el informe el informe de ANMaC dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación de fs. 18, donde se informa que el acusado no se encuentra inscripto como legítimo usuario de armas de fuego en ninguna de sus categorías a la fecha ante dicho organismo. -
De tal modo, resulta plenamente acreditado que el encartado no se hallaba debidamente inscripto como usuario de armas de fuego ante el organismo correspondiente, y que teniendo conocimiento de la ilegalidad de su conducta, a pesar de lo cual portó hasta el domicilio ajeno de calle Necochea N° 191 de esta ciudad de Tandil, el revólver marca Bagual calibre 22 apto para disparar, en condiciones de uso inmediato, con tres proyectiles y una vaina servida en su tambor, los que poseía ocultos debajo de su pierna, siendo entonces que, la valoración de las pruebas e indicios aportados, por su univocidad, sentido y correlación, me llevan a sostener, sin hesitación alguna, la autoría responsable de G. F. G. en el hecho en juzgamiento…”.
En resumidas cuentas, el Juez pese reconocer las discordancias existentes entre los dichos de los testigos que declararon en el debate, afirmó que igualmente se encuentra acreditado que el acusado G. fue autor penalmente responsable del delito de portación de arma de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal.
Ahora bien, como punto de partida no puedo dejar de señalar la presencia en autos de sólidos elementos de convicción que ponen en duda la legalidad del procedimiento policial, mediante el cual se halló el arma de fuego que aquí nos ocupa.
En tal sentido, emergen los dichos de P. E. M. (testigo de actuación); quien, al declarar por primera vez en el proceso, y al referirse a los elementos encontrados por el personal policial, en el marco del allanamiento del domicilio de calle Necochea N° 191 de Tandil, expresó: “Encontraron en la cocina sustancias, eran bolsitas con polvito blanco, unas bolsitas, como un polvo blanco, creo que encontraron dos, se las guardaron, yo si me acuerdo, las vi, dijeron si no estaban seguros, preguntaron si alguno tomaba esa cosa, a mí no me hicieron preguntas de nada”. El subrayado me pertenece. Más allá de que los dichos de M. por si solos resultan ser contundentes, respecto al hallazgo de sustancia presuntamente prohibida, no debe perderse de vista que existen en autos serias sospechas de que en la vivienda donde se practicó el allanamiento se comercializaban estupefacientes.
Ello, se desprende del testimonio de J.T. M. –a cuya credibilidad me referiré más adelante– quien manifestó en el juicio que habían ido junto con el imputado al domicilio en cuestión a comprar droga. Concretamente, dijo que allí se sabía que vendían droga, que la vendía una tal A. y que G. le compraba habitualmente.
A lo que debe sumarse, que el propio policía M. R. S. aseguró que el lugar era frecuentado por A. A. quien estaba vinculada –al menos– con la tenencia de sustancias estupefacientes.
Ahora bien, llama la atención, y habla de una justificada probabilidad de la irregularidad de la diligencia, que las circunstancias descriptas por el testigo M., “hallazgo de bolsitas con polvito blanco”, no se vieron reflejadas en el acta de allanamiento confeccionada por el personal policial, obrante a fs. 5/5vta, ni fueron mencionadas por estos en el debate.
Todo este conjunto de elementos objetivos fueron los que llevaron al Juez sentenciante en su fallo, a ordenar la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción de Violencia Institucional y Delitos Carcelarios para que se aboque a investigar la presunta comisión de delitos de acción pública.
Como consecuencia de ello, y si bien en esta instancia revisora no puede afirmarse un actuar ilícito de los funcionarios policiales, existe una duda seria, justificada y razonable sobre dicho extremo, que tiñe de sospecha a todo el procedimiento realizado.
Más precisamente, si hay duda sobre un aspecto tan trascendente del procedimiento policial, cabe preguntarse si el mismo puede acreditar en forma eficaz los demás extremos de los que dan cuenta el acta de fs. 5/5vta y la declaración de los funcionarios policiales, o si, por el contrario, también estas afirmaciones están impregnadas de una duda que impide a arribar a la certeza sobre los datos que reflejan.
Dado este escenario, corresponde comenzar meritando con suma rigurosidad los elementos de cargo obrantes en el presente proceso. Así, el policía S. –testigo base de la acusación Fiscal– dice que fue el primero en ingresar a la vivienda. Es preciso en describir que el acusado estaba solo en la primera dependencia (comedor), sentado en el piso. A fin de resguardar su seguridad, lo “cachea” y lo separa del lugar donde se encontraba. Inmediatamente le ordena a su compañero G. que retenga a G., dado que éste manifestaba constantemente que se quería ir. Acto seguido revisa la baulera de una moto allí emplazada, y luego, entre las mantas en el piso, justo en el lugar donde anteriormente estaba sentado G., halló el revolver envuelto en una bolsa de nylon, el cual se observaba a plena vista. De su relato se desprende que, a pesar de haberse asegurado en el procedimiento la integridad del testigo de actuación, éste vio toda la secuencia ya que ingresó atrás de ellos.
Sin embargo, los dichos de S. no se condicen con el relato que brindó el Oficial G. en el juicio (que el a quo no transcribió pero que surgen del audio incorporado a la causa), ya que en ningún tramo de su exposición manifestó que tuvo que abocarse a retener a G.. Por el contrario, –a preguntas del fiscal– dijo que no recordaba su reacción y que el ingreso fue tranquilo. A su vez, en su declaración se limitó a decir que al momento de ingresar detrás de S. observa a G. sentado sobre el piso y debajo de éste se veía el arma envuelta en una bolsa de nylon. Agrega que esa escena el testigo de actuación la tiene que haber visto. Finalmente, contó que no presenció el momento en que S. saca el arma de la bolsa y se la exhibe al testigo de actuación.
Por su parte, en contraste con la versión policial, M. (testigo de actuación) puntualiza que ya se encontraba un móvil policial cuando arribó al lugar, y que lo hacen esperar cinco minutos afuera de la vivienda. Explica que al ingresar a la primera dependencia (comedor), ve que desde la cocina, los policías hacen ingresar a la sala a todas las personas que allí se encontraban, eran al menos cuatro o cinco. Aclarando, en forma tajante, que hasta ese momento en el comedor no había nadie que no sea personal policial (min 48.51. Pista de audio, G. G. F2. Debate). Una vez situadas en el comedor, las personas quedan sentadas todas juntas contra la pared, incluido G.. Y es en ese instante que M. dice ver a S. hurgar sobre las mantas que se encontraban tiradas en el piso, y luego de haber movido el bulto de ropa, encuentra el arma en el interior de una riñonera marrón. Añade, que en ese momento S. pregunta a las personas presentes en la dependencia de quien era el arma hallada, de lo que nadie se hace cargo. También declaró en el juicio J. T. M.. Fue claro en describir que habían ido al lugar a comprar cocaína junto con G.. Que él se quedó afuera, unas casas más abajo, porque no tenía “cabida” -sic- para ingresar. También, –coincidiendo con el testigo M.– dijo que primero llega una camioneta blanca Amarok con policías de civil y luego arriba un patrullero con efectivos uniformados. Agrega, que G. vestía un pantalón corto y una remera, que no llevaba nada consigo, solo dinero para comprar.
Ahora bien, analizando los testimonios antes referenciados, no se puede afirmar, sin duda razonable alguna, que G. haya sido autor del delito por el que viene condenado. Más precisamente, que haya sido encontrado portando o teniendo el arma de fuego.
Al respecto, el testigo de actuación nunca vio al encartado sentado sobre el arma. M. solo refirió ver a un grupo de personas, entre las que estaba G., en el comedor, sentadas contra la pared, aclarando que antes de que las mismas ingresaran allí no había nadie que no fuera personal policial. Si bien S. y su compañero dicen ver la bolsa de nylon donde el arma se apreciaba a simple vista, lo cierto es que del testimonio de M. se desprende que dicho objeto no fue hallado junto a G., sino en el rincón del comedor donde el testigo no vio que aquel estuviere sentado, apareciendo, no a simple vista, sino luego de que S. revolviera entre mantas tiradas en el piso. Cabe resaltar que no se ha acreditado que G. viviera allí, sino que surge, con una probabilidad razonable y justificada, que estuvo en el domicilio por haber ido a comprar droga, según se desprende de lo manifestado en el juicio por M..
Párrafo aparte merece la conclusión del Juez Correccional sobre los dichos de M., a los que consideró falaces; y en consecuencia, ordenó se investigue la posible comisión del delito de falso testimonio.
Por el contrario, la declaración en cuestión no la aprecio como mendaz. Si bien M. expresó que al lugar arribaron solo policías, para luego retractarse y ubicar al testigo de actuación en la escena, dicha circunstancia no alcanza para descalificar en un todo sus dichos.
Tampoco, su testimonio puede ser descartado en razón de que no declaró en la instrucción –como sostuvo el a quo– ya que ninguno de los otros testigos que depusieron en el debate lo hicieron. Es que el evento en trato se enmarcó en un proceso de flagrancia; habiéndose precisado dicho suceso como cometido el día 22 de enero de 2024; con lo cual, tampoco puede decirse que paso un tiempo trascedente entre el hecho y la declaración de M.
Del mismo modo, no puede desecharse su presencia allí con el argumento que ni los policías ni el testigo de actuación dijeron verlo. Ya que, en todo caso, la parte acusadora debió evacuar tal extremo en el debate, preguntándole sobre el punto, tanto al testigo M., como a los policías S. y G.. Lo expuesto, me lleva a sostener que el testimonio de M. no resulta falaz, sino que, por el contrario, es creíble en cuanto coloca al causante en el domicilio por un hecho puntual y aislado: ir a comprar drogas y no como morador, no describiendo además que G. llevara un arma. Dicho testigo, contribuye aún más a la incertidumbre acerca de si el arma en cuestión era de G. o de unos de los moradores del lugar.
Finalmente, no puede pasarse por el alto, conforme los dichos de S., que en la vivienda se hallaban varias personas vinculadas con delitos contra la propiedad y que era el primer lugar de fuga al que ellas acudían. Por consiguiente, todos estos elementos de convicción mencionados me persuaden sobre la posibilidad razonable de que el arma podría pertenecer a cualquier otra persona que había en el lugar; especialmente teniendo en cuenta el halo de sospecha que tiñe al procedimiento según antes viéramos.
Por otra parte, no resulta intrascendente –como sostuvo el Juez de grado– el desacuerdo sobre donde se encontró el revolver. M. fue muy preciso y contundente en describir que el arma se hallaba dentro de una riñonera marrón oscura. Lo cual, se contrapone con lo relatado por G. y S. quienes dijeron que el arma estaba envuelta en una bolsa de nylon, coincidiendo con el acta de fs. 5/5vta. Me detengo aquí, en el min 39.01 de la pista audio (G. G. F2. Debate) ya que, como consecuencia de los dichos de S., el Agente Fiscal le pregunta a M. sobre la bolsa en cuestión. Respondiendo éste que las únicas bolsas que se encontraron son las que contenían un “polvito blanco”. Limitándose a contestar, –el Fiscal– que a esas bolsas no se refería su pregunta.
Como vemos, el Ministerio Público no ahondó sobre el tema, al menos debió aclarar tal irregularidad que saltó a la vista durante el debate y no dejar latente un manto de incertidumbre al respecto.
En resumidas cuentas, si bien G. y S. refieren que encontraron solo a G. en una dependencia sentado sobre una bolsa de nylon –que se hallaba apoyada sobre ropa- donde se notaba a simple vista el arma de fuego, y que ello tuvo que ser visto por el testigo de actuación; lo cierto es que éste -respecto de quien no se acreditó que tuviera vínculo con el domicilio, sino que fue convocado ocasionalmente en otro lugar- refirió que únicamente vio al imputado sentado, no solo, sino junto a otras cuatro personas, y que el personal policial encontró un arma de fuego -que a diferencia de lo que éstos dijeron no se observaba a simple vista, sino que S. tuvo que revolver ropa y mantas para hallarla dentro de una riñonera marrón; es decir, no en una bolsa de nylon- en un lugar en donde G. no estaba sentado en dicho momento.
También resulta fundamental que el testigo refirió que antes del ingreso de todas las personas civiles, entre las que se encontraba G., al lugar donde se encontrara el arma, solo había funcionarios policiales, lo cual resulta sumamente contradictorio con lo relatado por los efectivos G. y S. Estas falencias de la prueba cargosa podrían tener una respuesta razonable como las afirmadas por el a quo en el marco de un procedimiento legalmente realizado. Pero cobran vital importancia a partir de la fundada probabilidad de que el procedimiento policial haya sido, al menos, irregular omitiendo consignar el hallazgo de bolsas con sustancia blanca -probablemente prohibida- que los policías se guardaron, previo preguntar si alguien consumía -según literalmente refirió el testigo de actuación-, en un domicilio sospechado de estar relacionado con estupefacientes.
Es que, como ya dijera, dicha sospecha de ilegalidad lleva a cuestionarnos si todos los elementos de los que dan cuenta los funcionarios policiales y el acta de fs. 5/5vta son reales. Si existe probabilidad de falsedad en uno de los aspectos trascedentes por ellos señalados, dicha probabilidad también se extiende a los otros elementos que de los mismos se desprenden; lo cual, teniendo en cuenta las plurales y fundadas inconsistencias señaladas en el párrafo anterior, determina que exista una duda justificada y razonable sobre la autoría de G. F. G. respecto del delito imputado que impide arribar a la certeza necesaria a fin de determinar si el mismo portaba o tenía el arma, en un domicilio ajeno, o si la misma era detentada por otra persona que había en la vivienda.
(Art 18 de CN; 1, 371, 373, y 375 y cctes del CPP).
Por ello, considero que el Magistrado de la instancia, al sostener la responsabilidad penal de G. F. G., no ha valorado las probanzas de la causa en observancia de las reglas de la lógica, la psicología y la experiencia, sino que ha fundamentado su decisión a través de una argumentación insuficiente para arribar a un veredicto condenatorio, con el grado de certeza que reclama la presente instancia (conforme a los parámetros de los arts. 1, 209 y 210 del CPP).
De acuerdo a las consideraciones realizadas, propongo a mis colegas del acuerdo hacer lugar al recurso de apelación deducido; revocar la sentencia de fecha 21 de mayo de 2024; y absolver a G. F. G. por el delito tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, en los términos del art. 189 bis, inciso segundo, párrafo tercero, del CP. (art. 18 de la C.N, art. 189 bis, 2°, parr. 3° del CP; y 1, 209, 210, 211, 371, 373, 375, 442 y cc. del CPP).
Así lo voto por ser mi sincera y razonada convicción (art. 210, CPP). A LA MISMA CUESTIÓN planteada los señores jueces, doctores PAGLIERE y ECHEVARRIA adhieren al voto que antecede por compartir sus fundamentos.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictando los señores Jueces del Tribunal la siguiente:
POR LO EXPUESTO, y en base a lo dispuesto en los arts. 18 de la C.N.; art 239 del CP; y 1, 209, 210, 211, 371, 373, 375, 442 y cc. del CPP, SE
Primero: HACER LUGAR al Recurso de Apelación deducido;
REVOCAR la sentencia de fecha 21 de mayo de 2024; y ABSOLVER a F. G. G. por el delito de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, por el cual viniera acusado, sin costas. (Arts. 18 de la C.N.; art. 189 bis inciso 2°, tercer párrafo del CP; y 1, 209, 210, 211, 371, 373, 375, 442 y cc. del CPP).
Segundo: REVOCAR la prisión preventiva dispuesta en autos como medida de coerción, respecto de G. F. G. y DISPONER su inmediata libertad desde la instancia, siempre que el imputado no estuviera detenido en otro proceso judicial.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE y oportunamente DEVUÉLVASE al Juzgado en lo Correccional con sede en Tandil, del Departamento Judicial Azul.
Fin de la sentencia