Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Pergamino · Causa 4241
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaEn consecuencia, hacer lugar a la demanda incoada por actora contra el demandado Edgardo Gonzalez , condenando a pagar a este último dentro de los 10 días de quedar firme la presente, la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000) correspondientes al rubro daño moral con más los intereses tasa pura del 6% a devengarse desde la fecha del hecho dañoso (16/12/2009) hasta la fecha de esta sentencia. Y desde allí se aplicará la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus depósitos a treinta días hasta el momento del efectivo pago.-
Costas de primera y segunda instancia a la parte demandada devinta (art. 68 del CPCC).-
Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta tanto obre en autos liquidación firme (art. 31 ley arancelaria).
Registro N° 81 /2021 Folio 453/463 En la ciudad de Pergamino, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 4241-21 caratulada "CAZZANIGA CECILIA LUJAN C/ GONZALEZ EDGARDO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS DEL./ CUAS. (EXC. USO AUT. Y ESTADO) (98)", Expte. N° 56.895 del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 3, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Graciela Scaraffia, Roberto Degleue y Bernardo Louise, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo:
1).- El Sr. Juez de la anterior instancia rechazó la demanda que instaurara Cazzaniga Cecilia Luján por vía de juicio sumario contra Gonzalez Edgardo. Aplicó las costas a la parte actora vencida (Art. 68 C.P.C.).
Tal decisorio fue objeto del recurso de apelación interpuesto el día 23/02/2021 por la actora y concedido libremente y en ambos efectos el 12/03/2021. Con fecha 20/04/2021 se ordenó expresar agravios a la parte actora, quien los fundó el 26/04/2021. Con fecha 29/04/2021 se ordenó el traslado de los agravios a la contraparte, el cual fue evacuado el 08/05/2021. EL 11/ 05/2021 llamamiento de autos, providencia, que firme a la fecha deja la causa en condiciones de ser fallada.
2).- Se duele la demandante del decisorio de grado que desestima la acción planteada, señalando que el único fundamento tomado por el juez radica en una sola motivación, que se transcribe textualmente; "... para enervar la culpabilidad del denunciante en esta clase de situaciones bastará con la presencia de antecedentes fácticos razonables que justifiquen el ejercicio de la facultad de denunciar y que conduzcan al denunciante a pensar que los hechos podrían constituir delitos" Y que "los elementos probatorios reunidos en la causa penal, dan cuenta de la veracidad de los hechos que hubo relatado aquel 16 de diciembre de 2009".-
Se queja afirmando que contrariamente a lo sostenido por el operador, los elementos probatorios de la causa penal desvirtúan los relatado por el denunciante Gonzalez.-
Señala los antecedentes que dieron origen al reclamo y que fuera a consecuencia de una denuncia formulada por el demandado Gonzalez que motivara la instrucción de una Investigación Penal Preparatoria Nro 12-01-001713-09 que culminara en un juicio oral donde se dictó sentencia absolutoria de la denunciada,( hoy actora ), por el delito de circunvención de incapaz, y que a su criterio la causa ofrecida como instrumental fuera evaluada en forma deficitaria por el operador de grado.-
Indica que la denuncia fue realizada en forma maliciosa por Edgardo Oscar Gonzalez, sin la debida diligencia, meditación y previsión acerca de la existencia de una conducta disvaliosa por parte de la denunciada, por el contrario dice que el interés del denunciante era no perder la posibilidad de administrar los bienes de la familia de su primo.- Y que de lo evaluado en sede penal ha sido probado que Gonzalez sabía del testamento, del casamiento y sólo lo hizo aparecer en la denuncia como una maniobra de Cazzaniga que nunca existió, siendo que fue la propia Ofelia Cantelmi quien dispuso de tales actos como lo afirmaron las escribanas intervinientes.-
Que su intención era, según giro textual: "que el primo quiere que lo declaren incapaz a Raúl y que lo declaren a él su curador para administrar las propiedades que su tía le dejó a Raúl" .
3).- En el escrito de responde el demandado pide la confirmación de lo decidido, sosteniendo que los argumentos han sido bien desplegados por el operador, y señalando que la actora pretende violar el principio de congruencia en cuanto bajo la excusa de errónea y arbitraria interpretación de la prueba pretende introducir nuevos argumentos que no han sido expuestos al demandar.-
Dice además que no se satisface el requisito previsto en el art. 260 del CPCC en cuanto discrepa con la sentencia sin introducir fundamento alguno y no cuestiona la correcta interpretación efectuada en el arco de la cuestión que se imputa conforme el art. 1109 del Cod. Civil.-
Relata que en la denuncia no se imputó comisión de delito alguno, ya que ello resulta ajeno al demandado, por tanto no puede hablarse de falsa denuncia constitutiva de delito.-
Expresa también que la prueba fue bien evaluada por el operador de grado, y que lo llevaran a descartar un obrar culpable y menos aún doloso a su parte.-
4).- Entrando a resolver en la especie se trae a revisión por el quejoso el decisorio de grado que desestima la acción civil incoada junto con la acusación calumniosa deducida contra el demandado.
De las constancias de la causa surge que Cecilia Cazzaniga promovió querella por el delito de calumnias previsto en el art. 109 del Código penal, agravado en función del art. 117 inc 3 del Cód Penal, juntamente dedujo la acción civil contra Edgardo Gonzalez, domiciliado en Entre Ríos 27 de la Localidad de Ferré, constituyéndose como actora civil en la misma querella, todo esto ante el el Juez Correccional (fs 1/5 de estos actuados).-
Lo que se trasladó al fuero civil entonces, por derivación de la Jueza Correccional a fs 117/118 fue la acción civil, porque si bien se declaró prescripta la acción penal por acusación calumniosa , siguió vigente la segunda .-
Entonces los daños que se reclaman son a consecuencia de la querella criminal promovida por Cazzaniga, junto con la acción civil derivada de los supuestos daños ocasionados por la denuncia realizada por el demandado contra la actora, conforme se analizará a continuación. Indica la querellante que "con la denuncia formulada por Gonzalez se le atribuyó a Cecilia Cazzaniga haber sido partícipe de una supuesta circunvención de incapaces en la que, conforme los términos de dicha pieza procesal, la propia Cazzaniga y su padre realizaron una serie de hechos tendientes a tomar la posesión y administración del patrimonio de la familia Cantelmi, aprovechándose del estado de salud de Ofelia Cantelmi y de la inexperiencia e incapacidad de su hijo Raúl Gonzalez, siendo llevados a juicio e imputados por el delito previsto y tipificado en el art. 174 inc 2 del Cód. Penal".-
Se acreditó que el dia 16 de diciembre de 2009 Edgardo Gonzalez formuló una denuncia penal que diera origen a una Investigación Penal Preparatoria Nro 12-01-001713-09 por el delito de circunvención de incapaces, que derivó en la formación de la causa 82/2012 tramitada por ante el Juzgado Correccional nro 1 Departamental, la que se ha tornado prueba común de las partes y que ha sido traído a esta Alzada.- En el veredicto absolutorio el juez correccional absolvió a Cecilia Luján Cazzaniga por el delito por la que fuera acusada (art. 174 inc 2 del Cód Penal), y en los fundamentos del mismo estableció que "no existe en el expediente bajo estudio constancia alguna probatoria que acredite que Raúl Luis Gonzalez haya firmado algún documento que conlleve trascendencia jurídica, por lo que no observo en donde radica el aprovechamiento o abuso por parte de la imputada Cecilia Cazzaniga de ese supuesto debilitamiento mental".- Sigue motivando el juez penal " Que aún dando por probado que la imputada logró casarse con Raúl Gonzalez aprovechándose de las pasiones generada por la inexperiencia con las mujeres como lo sostuvo la Sra. Fiscal -lo que desde ya descarto luego de oír a los testigos y la propia imputada- me pregunto que acto de disposición realizó Raúl Gonzalez luego de celebrado el matrimonio? La respuesta no es otra que ninguno.-" "No siendo un dato menor lo apuntado por el Dr. Saez cuando se preguntara en su alegato que mala intención movió a su pupila para casarse con Raul Gonzalez cuando con anterioridad a la boda ya tenía otorgado a su favor un poder general de administración y ya había heredado por testamento el 20% de los bienes de la Sra. Ofelia "no se ha demostrado perjuicio alguno o menoscabo en el patrimonio de Gonzalez, por el contrario señala que este se ha incrementado". "El propio Gonzalez expuso durante el debate que se habían efectuado mejoras en los campos y celebrado un contrato de arrendamiento mucho más beneficioso que los anteriores". He transcripto partes del fallo penal y sobre todo he de destacar la valoración probatoria efectuada por el juez para llegar a esa absolución, con un certero análisis de toda la prueba allegada en la causa correccional. Este veredicto fue dictado el 2 de diciembre de 2012, y la denuncia penal se formalizó el 16 de diciembre de 2009, con lo que queda claro de por sí, sólo cotejando las fechas, todo el tiempo que ha durado la tramitación de ese proceso.-
Y la causa civil, enviada a este fuero en el año 2015, ha de dejarse consignado que estuvo paralizada, y que aquí rige el principio dispositivo que indica que son los litigantes los que tienen la carga de activar los distintos estadios procesales, de tal modo que el alongamiento es imputable a la paralización que no fue sino voluntad de los litigantes.- Ello porque suele achacarse al sistema de gestión judicial demoras que en este caso concreto, estuvieron vinculadas con la propia actuación de las partes.- Al examinar la denuncia formalizada por el demandado de autos Edgardo Oscar Gonzalez en fecha 16 de diciembre de 2009 el mismo la realizó en la sede de la Fiscalía de Colón por ante la Fiscal de turno, señalando su calidad de sobrino de Ofelia Cantelmi y primo de Raúl Gonzalez, contando como fue la aparición de Cecilia Cazzaniga en la vida de su tía y primo, el modo en que fue cambiando la relación con ellos a partir de su presencia, atribuyéndole una serie de conductas en forma contundente, textualmente dijo "Que Cecilia Cazzaniga se hizo hacer un testamento a su favor de parte de Ofelia en el cual la hace heredera del 20% de los bienes de Raúl, que lo hizo la escribana Noe, que tomé conocimiento que Raúl se había casado con Cecilia Cazzaniga a fines de noviembre" "Que teme por la integridad física de su familia porque Cazzaniga es policía y muchas veces me ha referido que ella está protegida..." "Que Cazzaniga está administrando en forma irregular los bienes de Ofelia debido a que ha contraído créditos en nombre de Raúl.." que teme que haya venido abusando de su poder" "Que nos han comentado que Ofelia y Raúl son dopados por la noche", entre muchas otras acusaciones que se pueden extraer del texto de la denuncia agregada en la IPP ya reseñada. Todas estas imputaciones realizada por el denunciante, fueron investigadas durante el largo proceso penal, pero fundamentalmente recogidos por la Representante del Ministerio Público para abrir la etapa de investigación, y luego para pedir la requisitoria de elevación a juicio, dato este que subrayo en cuanto es relevante para analizar la actuación del denunciante.-
El veredicto dictado a posteriori del juicio oral contra la acusada fue absolutorio, en tanto se señaló que no sólo no se probó menoscabo económico alguno en el patrimonio del esposo de la aquí actora -allá denunciada- sino que se acreditó que el mismo se había incrementado, y los contratos agrarios se habían mejorado.
De los términos de la denuncia sin duda hubo una imputación lisa, llana y directa por parte de Eduardo Gonzalez contra la persona de Cazzaniga, y si bien la conducta no podía ni debía ser tipificada jurídicamente por el denunciante, puesto que ello le correspondía al Agente Fiscal, la descripción de los actos que supuestamente fueron provocados por Cazzaniga a quien fuera su propio marido Raul Gonzalez y a su suegra Ofelia , tienen un entidad tan relevante que sin duda puede apreciarse como por lo menos culposa por parte del denunciante.- Máxime cuando ninguno de ellos fue acreditado y por el contrario se llegó al resultado totalmente distinto en el veredicto absolutorio.
Sin duda que este derrotero me llevan a apreciar el concepto de culpa en el proceder del demandado, quien en forma precipitada o imprudente describió conductas reprochables que atribuye en forma directa a la hoy actora, configurándose el supuesto de responsabilidad del art. 1109 del Cód. Civil y por el que deberá responder.-
Debo aquí hacer un paréntesis para distinguir la acusación calumniosa de la denuncia penal culpable (ambas tienen cita de fallo en la acción civil acumulada en la querella por la actora).-
Conceptualmente se ha señalado que " La acusación calumniosa es la falsa imputación ante la autoridad competente de la comisión de un delito de acción pública -sea porque se tiene plena conciencia de que el imputado no lo ha cometido, sea porque se ha actuado con extrema ligereza e imprudencia propia del obrar gravemente culposos- que ha desatado una investigación policial o el inicio de una causa judicial" ( Cfr Borda Alejandro y otros en "Derecho civil y comercial" 2da Edición pág. 505 Editorial Thomson Reuters-La Ley ). Explicando el autor citado que la acusación calumniosa requiere de una denuncia penal o acusación y que luego de tramitar judicialmente, deberá concluir en una sentencia absolutoria, pues de existir condena, es claro que el denunciado no era inocente.-
Pero señalando que no basta la absolución o el sobreseimiento para que se afirmar que la acusación fue calumniosa, sino que es necesario que ella haya sido hecha con dolo o culpa grave.-
Se distingue esa figura de acusación calumniosa (que requiere como factor de atribución el dolo o la culpa grave, prevista en el art. 1090 del Código Civil,) de la denuncia penal culposa, prevista en el art. 1109 del Cód. Civil, denominada acusación o denuncia culposa.- ( la letra en negrita me pertenece para destacar las dos figuras del Código Velezano ).-
Enumero esta normativa de aplicación en tanto la conducta que aquí se describe corresponde a la fecha en que se encontraba vigente el Código Civil Velez Sarfield, de tal modo que por reenvío del art. 7 del CCCN, ha de ser aplicado áquel en la presente causa.-Con lo cual ha de acudirse a los arts. 1089, 1090, 105, 2328, 2382, 2436 del CC y art. 29 del Código Penal y claramente la conducta descripta se encuadra en la segunda de las hipótesis captada como dije por el art. 1109 del Cód Civil.- Para poder establecer que la acusación ha sido calumniosa o en su caso culpable será menester acudir a los hechos indiciarios que permitan revelar que aquella se ha configurado, puesto que es muy complejo obtener prueba directa de que quien acusó no tenia motivo para sospechar que el damnificado estuviese implicado en el delito.- Y para alcanzar la figura prevista en el art. 1109 del Cod. Civil será suficiente acreditar la configuración de la culpa simple.
De lo dicho se desprende que el denunciante o querellante (en la especie el demandado) ha de responder por los daños derivados de la falsedad de la denuncia o de la querella si se prueba que no tenía razones justificables para creer que la damnificada estuviese implicada, y quien carga con la prueba, en principio es la víctima.- Frente a la dificultad de alcanzar la prueba directa habrá de recurrirse a los hechos indiciarios que quedaron demostrados en la causa y que permitan revelar que la acusación ha sido calumniosa.-
En el precedente de este Tribunal Reg. 26/2015 en oportunidad de expedirme con el primer voto acudí a conceptos hoy aquí aplicables: "la acusación calumniosa prevista por el artículo 1.090 del Código Civil, presupone la falsa atribución a una persona determinada, de la autoría de un delito de acción pública. Este delito civil requiere la correspondiente denuncia en sede policial o judicial, mediando dolo por parte del autor de la misma, quien actúa con pleno conocimiento de que la persona denunciada no cometió el delito que pone en conocimiento de las autoridades referidas. A pesar de la ausencia de dolo, puede originarse la responsabilidad del denunciante por una denuncia realizada con culpa o negligencia; puesto que, en tal caso, su obrar -de darse los restantes presupuestos- constituye un cuasidelito que obliga a reparar los daños ocasionados por esa descuidada conducta" (CC0000 JU 43109 RSD-22-50 S 03/03/2009 Juez CASTRO DURAN (SD) B1600302).
Por el principio del iura novit curia aquellas cuestiones desplegadas pueden ser encuadradas por el juez dentro de la figura pertinente como es este caso.- Donde si bien se invocó la acusación calumniosa, puede acudirse a otro hecho generador del daño resarcible, previsto en el sistema normativo, o sea hablo de la denuncia penal culpable, entendiendo que se ha alcanzado la prueba satisfactoria de esa figura del art. 1109 del Cód. Civil en tanto además del daño resarcible se ha probado la relación de causalidad adecuada y dos elementos específicos: la finalización de la causa penal con la absolución de la denunciada ( hoy actora) y el factor de atribución de responsabilidad (imprudencia, negligencia o precipitación del denunciante).- Digamos que la acusación calumniosa es el género (art. 1090 del Cod Civil) y la denuncia penal culpable la especie (art. 1190 del Cód Civil).-
Máxime que cuando uno se detiene en la motivación de la absolución extrayendo elementos muy importantes que demuestran la falta de participación de la imputada en la conducta endilgada.
Cuando el tipo del art. 1109 del Código Civil requiere el factor de atribución culpa, siguiendo a Matilde Zavala de Gonzalez se habla de la suficiencia de la culpa simple.- Esta definición no es sencilla, pero de acuerdo al sistema abstracto-concreto de apreciación de la culpa, se trata de aquella conducta reprochable del denunciante que podrá determinarse ponderando las diferentes circunstancias del caso, y se la confronta con la que habría observado un hombre prudente en las circunstancias semejantes.-
Si bien la absolución de la denunciada no significa por si sola que el denunciante tenga comprometida su responsabilidad, la existencia de esa decisión en sede penal, permitiría invertir la carga de la prueba, es decir que sería el denunciante quien debería probar su falta de culpa para liberarse de esa responsabilidad.- Para esta postura a la que adhiero cito el fallo de doctrina "Algunos aspectos de la responsabilidad civil por denuncia culposa" de Aita Tagle-Cornet, Santiago, LLC2009 (abril, 267 TR La Ley Ar/Doc/1367/2009.-
En síntesis, si bien no se ha alcanzado la figura prevista en el art. 1090 del Código Civil en cuanto la falta de satisfacción probatoria del dolo o la culpa grave exigida por la figura, estimo que la conducta desplegada por el demandado puede subsumirse dentro del art. 1109 del Cód Civil que prevé que requiere una culpa simple "Todo aquel que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio.- Esta obligación es regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil".- Una culpa con remisión a la definición establecida por el art. 512 del Cod. Civil cuyos elementos siguiendo a Alterini son dos: la omisión de la diligencia debida y la carencia de mala fe.
Debiendo apreciarse esta culpa en concreto, sobre la base de la naturaleza de la obligación y las circunstancias de tiempo y lugar, permitiendo que con esos elementos en concreto se conforme un tipo abstracto de comparación flexible, circunstancial, específico que representa la conducta que debió tener el agente en la emergencia.- Por eso Pizarro y Vallespinos dicen que en el sistema de Velez Sarfield se aprecia en abstracto y en concreto.-
Desde esta perspectiva entonces, encuentro que la conducta del demandado- otrora denunciante- apreciada con esos parámetros ha configurado una conducta imprudente o precipitada que permite la imputación culpable del daño producido .-
Numerosas razones luego de evaluar la prueba me llevan a esa conclusión de la existencia de culpa simple en el denunciante y su acreditación.
En efecto, de la prueba instrumental surge que a consecuencia de la presentación formalizada por el demandado Edgardo Gonzalez se inició la Investigación Penal Preparatoria Nro 12-01-001713-09 instruida por la Fiscal de Instrucción de la ciudad de Colón, que llevó adelante la investigación y pidió la elevación a juicio por el delito de circunvención de incapaz formándose la Causa Correccional nro 82/2012, llevándose a cabo el juicio oral y dictándose luego de la audiencia pública, veredicto absolutorio para la acusada.
Los testigos que depusieron en la presente causa obrando sus relatos en acta agregada en fecha 24/05/2019 Orozco, Angarola y Rodriguez, dan cuenta el primero de ellos que "Cecilia fue denunciada por un pariente de Raúl (su marido) porque presuntamente tenía un interés en la relación con Raúl", el otro también indica que la denunciaron por "haberse casado con Raúl" evocando ambos la depresión que le produjo al padre de la actora toda la situación de la denuncia así como el despido de la policía.- La testigo Rodriguez da cuenta de una relación familiar normal entre la actora y su marido Raúl, así como Ofelia, tía de Raúl que era parte de la dinámica familiar entre la actora y su marido.-
Una relación familiar entre la denunciada, su marido y su suegra que todos los testigos indicaron como normal y que el denunciante se encargó de desdibujar sobre todo en punto a un supuesto interés económico que tenía la denunciada al casarse con Raúl e insertarse en el núcleo familiar, cosa que luego se probó no era cierta porque los datos arrojaron más que un menoscabo del patrimonio un incremento del mismo y mejores contratos celebrados que beneficiaron a todos.
Esa imputación realizada por el denunciante sobre dudas y conductas achacables a Cecilia Luján Cazzaniga es atribuible a él mismo y no a los datos aportados por la investigación. En la denuncia dijo lo que quería decir y ha de hacerse cargo de estas aseveraciones que surgen de su contenido.
No se pueden extraer elementos de juicio que den pruebas o indicios de que la actora hubiera celebrado ese matrimonio aprovechándose de alguna situación, porque los testigos de ningún modo dan cuenta de algo así y justamente la absolución en sede penal despejó en forma total esas dudas.-
Por otro lado la pericia sicológica producida en autos por la Perito Sicológa Oficial y agregada el 27/03/2018 describe la vida de la accionante, su infancia, su desarrollo afectivo e intelectual, su matrimonio con Raúl Gonzalez, la existencia de un curador, no evidenciándose aprovechamiento por parte de la actora de la situación matrimonial y/o familiar.- Infiero de todo esto que el demandado con un actuar precipitado reprochable desde la culpa simple, formuló una denuncia implicando directamente a la Sra Cazzaniga, que a la postre causara el despido de la fuerza policial y el desmérito laboral de la accionante.-
De la evaluación en concreto y en abstracto de la conducta del demandado puedo extraer la culpa simple, aquella que permite la imputabilidad de su actuar con el resultado dañoso.- Y ese actuar consistió en realizar una denuncia penal que si bien no alcanza a ser calumniosa, puede definirse como culpable, y que permite imputar la reprochabilidad del daño causado a tenor del art. 1109 del Cod. Velez Sarfield. Le competía al accionado actuar con mayor diligencia al momento de practicar la denuncia cuestionada, desprendiéndose que lo ha hecho en forma precipitada o carente de elementos objetivos penal, lo hace en forma precipitada o carente de elementos objetivos" (CC0002 SM 48969 RSD-19-1 S 20/02/2001 Juez CABANAS (SD) B2001831).-
Debo reconocer que el sistema penal acusatorio, tal como está previsto requiere de diferentes grados de certeza, para ir ascendiendo en el nivel coercitivo que se aplica a la conducta típica.-
Ello significa que ciertamente el denunciante no podía saber al momento de realizar su denuncia cual era la tipificación de ese obrar , que quedó en manos de la Fiscal actuante, quien no sólo abrió la investigación sino que formuló el requerimiento de elevación a juicio, con lo cual podría pensarse que el puntapié inicial dado por el denunciante fue avalado por la funcionaria penal mencionada.-
Técnicamente bien lo explica Cafferata Nores cuando habla de la trascendencia de los estados intelectuales en las distintas etapas del proceso penal, señalando que en el inicio no se requiere más que una afirmación por parte de los órganos autorizados (Fiscal y Policía Judicial) de la posible existencia de un hecho delictivo; y para vincular a una persona con el proceso como posible responsable hacen falta motivos bastantes (fundados en pruebas) y más se avanza en el proceso más grados de certeza se va requiriendo, a tal punto que al llegar a la sentencia definitiva se exige la certeza sobre la culpabilidad del imputado caso en que se autoriza una condena en su contra.- (Cfr "la prueba en el proceso penal" de José Cafferata Nores y Maximiliano Hairabedián Editorial Lexis Nexis ).- Esta síntesis que intenta explicar el destacado pensamiento allí reseñado se aplica en la esfera penal, donde se parte desde la probabilidad hasta la búsqueda de la certeza.-
Pero este mecanismo no es de aplicación en sede civil.-
Por el contrario, la conducta que tipifica la responsabilidad del art. 1109 del Cod. Civil requiere sólo la culpa simple en la conducta que generara el daño.- Entiendo con todas las probanzas analizadas que la denuncia formulada por el hoy demandado desde la óptica civil tuvo un grado de precipitación e imprudencia que lleva a configurar el reproche por el que deberá responder.-
Cualquier persona aplicando la mínima diligencia sabe que al atribuir una conducta determinada o crear una sospecha imputando con nombre y apellido a una persona, sobre la posible comisión de un delito, se abre un proceso penal cuyo tránsito en nuestro sistema está acreditado que es muy largo, y que asimismo la publicidad de ese trámite crea en el o la denunciada una mancha muy difícil de borrar, aún cuando sobrevenga la absolución como aconteció en la especie.-
Entonces le era exigible al demandado una conducta prudente, y no precipitada que puso en marcha un mecanismo que ciertamente provocó un daño, máxime si se tiene en cuenta la calidad de policía de la actora denunciada.- Y además cuando se trataba de personas que formaban parte de su ámbito familiar.-
Y entiendo que esa culpa simple no queda neutralizada ni borrada con la actuación de la Fiscal quien llevara adelante la Investigación Penal Preparatoria, la que en cierto modo se limitó a dar una respuesta estatal a la denuncia formalizada, y tanto no fue de ese modo que la denunciada terminó absuelta con las motivaciones del fallo que ya he reseñado.-
Es mi convicción que el actuar culposo de Gonzalez Edgardo ocasionó un daño, que el mismo tiene relación causal con la denuncia y que debe responder.- Luego analizaré hasta donde llega la extensión de la reparación que sobre él pesa.-
4).-Rubros: procedencia y cuantificación a).- Ha quedado probado que la actora fue exonerada de la fuerza policial con fecha 27/11/2011, por así revelarlo el expediente administrativo 2110065307/10 agregado mediante oficio electrónico en fecha 16/12/2019 por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.- Que había ingresado en fecha 1/11/2005 con calidad de oficial y con el mismo cargo estaba cuando se decidió su exoneración. Ello le provocó sin duda daños .-
En punto al daño moral he de recordar que "...En el marco de la responsabilidad extracontractual, el reconocimiento y el resarcimiento del daño moral depende -en principio- del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que ha existido sin que sea necesaria otra precisión; no se requiere prueba específica alguna y debe tenérselo por demostrado por el sólo hecho de la acción antijurídica, "in re ipsa", y es responsable de tal hecho a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un daño moral..." (CC0203 LP 106658 RSD-238-6 S 05/12/2006 Juez MENDIVIL (SD) B354478).-
Tal rubro se halla destinado a resarcir el detrimento o la lesión en los sentimientos, en las íntimas afecciones de una persona. Tiene lugar cuando se infiere un gravamen apreciable a ellos o, en general, cuando se agravia un bien extrapatrimonial de la persona digno de tutela jurídica, en tanto la tranquilidad personal sea dañada en una magnitud que sobrepase las molestias o preocupaciones tolerables (cfr. SCBA LP B 61229 RSD-394-14 S 29/12/2014 Juez GENOUD (OP) B4002717).-
En autos, resulta evidente la existencia del daño moral requerido, aunque no en la extensión pretendida por la actora, estando acreditada tanto que la denuncia penal infundada, le ocasionó la formación de un sumario administrativo y la posterior exoneración de su calidad de oficial de la policía de la Pcia de Buenos Aires, lo que sin duda afectó en forma contundente la tranquilidad de espíritu que el rubro protege (arts. 1.078 y c.c. Cód. Civil).-
Tengo en cuenta también las condiciones personales de la victima, la edad, sexo, carencia de antecedentes penales, todo ellas circunstancias que permiten la apreciación del daño extrapatrimonial causado.
También ha de tenerse presente que el proceso penal fue largo, sometida a juicio oral, lo que per se acrecienta la mortificación espiritual, máxime que se trataba de una policía, con la propagación de a ofensa que ello significa y el descrédito en el ámbito social y laboral- La procedencia del rubro es indiscutible y el mismo se cuantifica a valores actuales en la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL (300.000).- b).- Respecto al daño patrimonial reclamado, advierto que no resulta procedente en este caso concreto, toda vez que la exoneración de la actora de la fuerza policial aparece como una consecuencia casual del hecho generador de responsabilidad civil (denuncia penal culposa). En orden a explicar el fundamento de la exclusión del rubro resarcitorio en cuestión, considero relevante describir el régimen de imputación de consecuencias dañosas en el ámbito del Código Civil de Vélez. A saber, en materia extracontractual, el responsable debe responder por las consecuencias inmediatas (art. 903) y mediatas (art. 904), y únicamente por las casuales cuando hubiese obrado con dolo teniendo en mira el resultado (art. 905).
En este sentido Pizarro y Vallespinos sostienen que las consecuencias casuales, a diferencia de las inmediatas y mediatas, son aquellas que no pueden preverse: "Precisamente por no ser previsibles , las consecuencias casuales no son imputables, salvo cuando el autor las hubiera previsto de manera concreta en función de las circunstancias del caso, y actuado teniendo en mira ese resultado" (PIZARRO, Daniel Ramón, VALLESPINOS, Carlos Gustavo, Isntituciones de Derecho Privado, Obligaciones, Tomo 3, Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 2007, pag.106). En cuanto a su eficacia jurídica, Belluscio reafirma el principio normativo de no imputabilidad de las consecuencias casuales, que el párrafo 3 del art. 901 C.C. definió como las "consecuencias mediatas que no pueden preverse". En estos supuestos, el hecho ha sido voluntario, pero el agente no tenía la posibilidad razonable de anticipar en su espíritu los efectos que produciría, ya que la conexión con otro hecho del cual derivaron las consecuencias era una contingencia por sí misma imprevisible o de difícil previsión (Cf. Código Civil comentado, anotado y concordado, Tomo 4, Buenos Aires, Ed. Editorial Astrea, 1994, pag. 77).
En este sentido, advierto que de la prueba producida en autos no surgen elementos que permitan inferir que el denunciante se haya representado in mente la exoneración de la agente como un efecto dañoso probable y que, en virtud de ello, su actuación haya estado animada por el propósito de obtener ese resultado.
A diferencia del daño moral que podía preverse como consecuencia derivada de la denuncia culposa según el curso normal de los hechos (dado que es evidente que toda denuncia suele venir acompañada de un inevitable contenido socialmente estigmatizante), estimo excesivo presumir sin ningún tipo de anclaje probatorio que la demandada podría haber reeditado este mismo razonamiento en punto a la desvinculación de la Sra. Cazzaniga de los cuadros de la fuerza policial, máxime teniendo en cuenta que la imposición definitiva de sanciones sin base culpable no aparece como un hecho común u ordinario en el sistema constitucional y legal argentino. Y que todo ello se originó en una decisión administrativa, aún anterior a la sentencia absolutoria.
En virtud de lo expuesto, considero que el daño material reclamado constituye una consecuencia casual que, en el plano de la responsabilidad aquiliana, queda excluido del régimen de reparación de consecuencias dañosas y, por ende, debe quedar marginado del contenido de la obligación indemnizatoria. Por ello es que propicio la desestimación de lo que viene pedido como daño de contenido extrapatrimonial.-
En cuanto a los intereses aplicables a la condena indemnizatoria por daño moral, cabe señalar que conforme a la doctrina legal establecida en la causa "Nidera S.A." (C. 121.134, sentencia del 03 de mayo de 2018) se afirmó que "la aplicación de una tasa pasiva bancaria al capital de condena determinado en el caso a valores actuales conduce a un resultado desproporcionado que sobrestima la incidencia de ciertos componentes sin causa justificada y arroja un resultado que excede de la expectativa razonable de conservación patrimonial" (fallo cit., considerando II.3.e.iii). El criterio, tal lo dicho en párrafos precedentes, es enteramente compartible. Si se utilizan tasas bancarias [pasivas o activas] que han sido determinadas en función del fenómeno inflacionario y se las aplica en forma retroactiva sobre un capital que ya fue cuantificado teniendo en cuenta el envilecimiento del signo monetario (sea por vía de indexación, o representación actual de un cierto valor), se produce una previsible distorsión que altera el significado económico de la condena y que encierra -en este punto- un enriquecimiento del acreedor que carece de causa. (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Mar del Plata, Sala Segunda, "AGÜERO, MARTA BEATRIZ Y OT. C/ TRANSPORTES 25 DE MAYO S.R.L. Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", del 4/09/2018, Reg. Sent. 199-S Fo. 762/9).-
Vemos nuevamente que lo que justifica la aplicación de una tasa de interés puro y, por ende, de una alícuota menor a la tasa pasiva, es la actualización de los valores que integran el monto de la condena. En este sentido, la tasa pasiva digital es una tasa de interés aparente por cuanto no se integra exclusivamente con la rentabilidad pura del capital (interés puro), sino que se desliza en ella una serie de componentes de importancia, denominados “escorias”, que tienen fuerte incidencia a la hora de su determinación y que, por lo general, actúan como factor idóneo para incrementarla.
Una de las principales escorias que se introduce en la tasa de interés aparente es la prima por desvalorización de la moneda durante el tiempo que transcurra hasta el recupero del capital, operando la tasa de interés como un parámetro de ajuste por depreciación de la moneda. Dicho de otro modo, se incluye en la tasa de interés una prima por la posible pérdida del poder adquisitivo de la moneda durante el tiempo que pueda transcurrir hasta el momento del recupero del dinero. Esta estimación se sustenta en una operación prospectiva que se efectúa en función de las circunstancias de tiempo y lugar.
En épocas de gran inflación como la actual, la tasa aplicable a los depósitos en moneda nacional se ajusta más a una tasa aparente que a una tasa pura. De hecho, esto es lo que ocurre en la realidad económica argentina, en la que la tasa de interés aparente para los depósitos en pesos ha alcanzado niveles sorprendentes, incluso superiores al cuarenta por ciento. Ello por cuanto se prevé para el período de préstamo una inflación elevada que, de resultar mayor a la contemplada en la tasa de interés, importa una pérdida para el prestamista, razón por la cual se la conoce como tasa de interés negativa En cambio, es positiva si permanece por debajo de los niveles inflacionarios.
Hecha esta digresión, puedo advertir que como regla cuando se dicta una condena sobre la base de valores históricos corresponde fijar una tasa de interés aparente, a fin de resguardar el valor económico de la obligación frente al efecto inflacionario acaecido durante el tiempo que transcurre entre el momento del daño y el momento del efectivo pago. En cambio, cuando se establece el monto de la obligación a valores actuales, ajustando el quantum de la condena a los valores vigentes al tiempo de la sentencia, la tasa de interés aplicable debería aproximarse a una tasa de interés pura y, a partir de aquélla, una tasa de interés aparente. Así, corresponde decir que no se trata de modificar el interés que tiene como función indemnizar el daño moratorio (que se debe por el retraso en el cumplimiento de la obligación). Sino que lo que ahora dispone nuestro Superior Tribunal es evitar que estos intereses asuman en definitiva una función que no le corresponde, esto es mantener el valor económico de un capital que, en nuestro caso particular ya se encuentra expresado en valores actuales (art. 622 del Cód.Civ. -Ley 340- y 768 y sig. del Cód.Civ.Com. -Ley 26.994).
En virtud de ello, propongo la aplicación de una tasa pura del 6% a devengarse desde la fecha del hecho dañoso (16/12/2009) hasta la fecha de esta sentencia. Y desde allí se aplicará la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus depósitos a treinta días hasta el momento del efectivo pago (Cf. causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (ambas sents. de 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016, y arts. 1737, 1738, 1739, 1740, 1744 y 1746 y Ccs. del Cgo. Civil, art. 165 del C.P.C. y C.).
Por las razones dadas, citas legales de referencia y con el alcance indicado, VOTO POR LA NEGATIVA A la misma cuestión los Sres. Jueces Roberto Degleue y Bernardo Louise por análogos fundamentos votaron en el mismo sentido.- A la segunda cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo: De conformidad al resultado habido al tratarse la cuestión precedente, estimo que el pronunciamiento que corresponde dictar es:
Hacer lugar al recurso de apelación deducido por Cecilia Cazzaniga, y revocar la sentencia de grado.-
En consecuencia, hacer lugar a la demanda incoada por actora contra el demandado Edgardo Gonzalez, condenando a pagar a este último dentro de los 10 días de quedar firme la presente, la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000) correspondientes al rubro daño moral con más los intereses tasa pura del 6% a devengarse desde la fecha del hecho dañoso (16/12/2009) hasta la fecha de esta sentencia. Y desde allí se aplicará la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus depósitos a treinta días hasta el momento del efectivo pago.-
Costas de primera y segunda instancia a la parte demandada devinta (art. 68 del CPCC).-
Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta tanto obre en autos liquidación firme (art. 31 ley arancelaria).-
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión los Sres. Jueces Roberto Degleue y Bernardo Louise por análogos fundamentos votaron en el mismo sentido.- Con lo que terminó el presente Acuerdo, dictándose la siguiente;
En consecuencia, hacer lugar a la demanda incoada por actora contra el demandado Edgardo Gonzalez , condenando a pagar a este último dentro de los 10 días de quedar firme la presente, la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000) correspondientes al rubro daño moral con más los intereses tasa pura del 6% a devengarse desde la fecha del hecho dañoso (16/12/2009) hasta la fecha de esta sentencia. Y desde allí se aplicará la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus depósitos a treinta días hasta el momento del efectivo pago.-
Costas de primera y segunda instancia a la parte demandada devinta (art. 68 del CPCC).-
Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta tanto obre en autos liquidación firme (art. 31 ley arancelaria). Regístrese. Notifíquese por Secretaría (Ac. 3845 SCBA)
remitiéndose copia digital de la presente sentencia a los domicilios electrónicos de las respectivas partes que se detallan a continuación. Devuélvase.-
Fin de la sentencia