Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 161.775
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Reanudar el llamado de autos para sentencia;
II. Hacer lugar al recurso de las firmas Organización Brujas S.A. y Ferias Comunitarias S.R.L. y Red Informática de Pagos S.A. y, en consecuencia, modificar la sentencia única de primera instancia rechazando la demanda que los actores en uno y otro proceso acumulado incoaron en su contra (y la citada en garantía La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A.);
III. Hacer lugar parcialmente al recurso de los actores y, en consecuencia, modificar la sentencia única del siguiente modo: (a) aplicar, para la conversión del resarcimiento del daño moral de la niña T. R. Toledo el tipo de cambio conocido como “dólar MEP” o del dólar "contado con liquidación" -entre ellos, el que resulte más alto- vinculados a operaciones bursátiles en moneda extranjera mediante la compra en pesos de bonos solidarios y su posterior venta en dólares; (b) elevar a $8.324.491,20 el resarcimiento por incapacidad sobreviniente de T. R. Toledo; (c) otorgar un resarcimiento de $783.000 en concepto de lucro cesante para la Sra. Gladys Toledo, con más los intereses detallados en el considerando «III.2.c»; (d) elevar a $5.920.000 el resarcimiento por daño moral de la Sra. Patricia Susana Cebeyra, modificando el sistema de cálculo de los intereses moratorios de conformidad con lo establecido en el apartado final del considerando «III.2.d» de la presente; confirmando todo lo restante que hubiera sido materia de agravio; …
Expte. Nº 161775 y 161721 - Juzgado Civil y Comercial N°10 En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia única en los autos caratulados “CEBEYRA, PATRICIA SUSANA C/ GABARAIN, LILIANA CRISTINA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” (causa n° 161775) y “R., JUAN DOMINGO Y OT. C/ GABARAIN, LILIANA CRISTINA Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” (causa n° 161721, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau. El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª) ¿Es justa la sentencia definitiva única dictada el 22 de octubre de 2021?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. La sentencia definitiva I.1. El 22 de octubre de 2021 la Sra. Jueza titular del Juzgado Civil y Comercial N°10 departamental, Dra. Mariana Lucía Tonto de Bessone dictó sentencia única en la que hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por Gladys Edith Toledo y Juan Domingo R. -por su propio derecho y en representación de su hija T. D. R. Toledo- contra Liliana Cristina Gabarain, Ferias Comunitarias S.R.L., Organización Brujas S.A. y Red Informática de Pagos S.A. y, en consecuencia, condenando a estos últimos y a La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. -en la medida del seguro- a abonar a los actores dentro de los diez días de quedar firme la sentencia, la suma de $5.014.694 y U$D40.000 con más intereses y costas.
Asimismo, hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por Patricia Susana Cebeyra contra Liliana Cristina Gabarain, Ferias Comunitarias S.R.L., Organización Brujas S.A. y Red Informática de Pagos S.A., y, en consecuencia, condenó a estos últimos a abonar a la actora $4.678.040 más intereses y costas.
Para así decidirlo, y luego de definir la legislación a cuya luz debía dirimirse la controversia (siendo un hecho ocurrido antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial), comenzó su desarrollo explicando los motivos por los cuales la defensa de falta de legitimación pasiva de codemandada Gabarain debía ser desestimada.
Señaló que no es relevante que su hijo, menor de edad al momento del hecho, haya arribado a la mayoría de edad al momento de la promoción de la demanda. La minoridad -dijo- se computa al momento de la producción del hecho sin que tenga relevancia que el autor material llegue a la mayoría de edad durante la tramitación del juicio. Agregó que de la causa penal surge que Sergio Darío Salaberry Gabarain se domiciliaba con la demandada al momento del hecho, motivo por el cual estaba bajo su vigilancia y autoridad. Desestimó, por lo demás, el intentó de la accionada de justificar una “reacción extrema” de su hijo por el supuesto robo anterior de una moto. La sentencia penal firme genera cosa juzgada en torno a la existencia del hecho y a la culpa del condenado, premisa de la que se infiere además -refirió la magistrada- la culpa presunta de la madre en la vigilancia activa de un hijo que, lejos de tener un buen concepto y carecer de antecedentes penales, tenía ya un frondoso prontuario.
En suma, consideró a Gabarain responsable, en los términos del entonces vigente art. 1114 del Código Civil (ley 340), por los daños causados por su hijo menor de edad.
Seguidamente evaluó la responsabilidad de las compañías demandadas. Señaló que el hecho se produjo el 19 de agosto de 2009 cuando Laura Patricia Juárez, cuidadora de la niña T., se encontraba en el centro de pagos RIPSA ubicado en la Feria Comunitaria de Avenida 39 de esta ciudad en tanto el menor Mauricio Brizuela había concurrido a cargar una tarjeta de colectivos. El suceso ocurrió dentro del predio o espacio locado en el que los demandados explotaban sus respectivas actividades comerciales.
Estimó aplicable la normativa consumeril y juzgó que el hecho se produjo en ocasión de una relación de consumo. Ello -dijo la jueza- justifica analizar conjuntamente la responsabilidad de las tres demandadas.
Argumentó que tanto Brizuela como la cuidadora de la niña T. no concurrieron a efectuar el pago de la factura a un supermercado o local de pago de servicios a la calle, sino dentro de un centro comercial, lo que reviste especial trascendencia al evaluar la eximente invocada por las empresas (caso fortuito). Explicó que estos centros comerciales ofrecen un “plus” de seguridad que conlleva el deber de satisfacer esas mayores expectativas.
A la luz de estas premisas, consideró que el hecho delictivo desencadenado por un concurrente a un centro comercial no puede ser considerado un hecho de un tercero por quien las demandadas no deben responder.
Agregó a ello que el personal de vigilancia contratado por Feria Comunitaria SRL era escaso, y que había una sola persona de vigilancia de la entrada y el interior de la feria, lo cual era “a todas luces insuficiente”. Dijo que el servicio de seguridad contratado -si es que existió ya que nadie lo vioera insuficiente para abarcar el perímetro de toda la Feria, o al menos el ingreso ya que no había personal fijo en la puerta principal ni en la otra al momento de producirse el tiroteo, resultando llamativo que no apareciera tampoco después, ni declarara en la causa penal”.
Rechazó la defensa de “La Meridional...” vinculada a la falta de conducta antijurídica. Refirió que la obligación de seguridad no es ajena a la causa del hecho, por lo que las accionadas deben responder en virtud de la responsabilidad objetiva que emana de la relación de consumo.
Sobre la base del artículo 40 de la Ley 24.240, consideró solidariamente responsables a todos los demandados, dado que ninguno demostró ser el único obligado a proveer las medidas de seguridad dentro del predio donde sucedió el hecho de inseguridad que dio origen al pleito.
Rechazó también la defensa de falta de legitimación activa de la Sra. Patricia S. Cebeyra opuesta por las accionadas, considerando que su vínculo filial con el fallecido Brizuela surge demostrado en la causa penal. En cuanto a los daños, hizo lugar a los siguientes rubros resarcitorios: (1) De la causa “R....”, (1.a) 40.000 dólares estadounidenses en concepto de daño moral para T. D. R. T.; (1.b.) $4.4994.694 en concepto de incapacidad sobreviniente para T. D. R. T.; (1.c) $20.000 en concepto de gastos terapéuticos y colaterales, para la Sra. Gladys Edith Toledo; (2) De la causa “Cebeyra...”, (2.a) $1.678.040 en concepto de pérdida de chance de ayuda futura y (2.b) $3.000.000 de daño moral.
I.2. Las resoluciones aclaratorias.
La sentencia definitiva del 22 de octubre de 2021 mereció dos aclaratorias posteriores.
En la resolución del 29 de octubre de 2021, la magistrada aclaró el modo en que debían liquidarse los intereses moratorios sobre rubros indemnizatorias cuantificados a valores actuales.
El 30 de noviembre de 2021 (en la causa “Cebeyra”) y el 1 de diciembre de 2021 (en la causa “R.”) la jueza dictó un segundo auto aclaratorio, a pedido de la parte actora y la apoderada común de las firmas Ferias Comunitarias S.R.L. y Organización Brujas S.A. Allí dispuso que la cláusula de delimitación cuantitativa del riesgo contenida en la póliza de seguro convenida en concordancia con la normativa vigente al momento del hecho es inoponible al asegurado y la víctima cuando la magnitud de los daños fue estimada en un tiempo actual, en el que también debe ser ejecutada la garantía.
Juzgó que la solución más justa y que mejor recompone los intereses en juego es “aplicar el límite de cobertura fijado por la autoridad administrativa para el tipo de seguro de que se trate, sea obligatorio o voluntario, vigente a la fecha del efectivo pago de la condena, comprensivo de capital e intereses. Resolvió finalmente que La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. responda hasta el máximo valor de cobertura vigente para el Seguro de Responsabilidad Civil previsto por la Superintendencia de Seguros de La Nación a la fecha del efectivo pago. Asimismo, consideró que los hechos delictivos juzgados en la causa penal son acontecimientos independientes que, como tales, deben ser asumidos por la compañía aseguradora.
II. Los recursos de las partes Las partes apelaron y fundaron sus embates en una y otra causa acumulada. Dado que son los mismos recursos, interpuestos en las mismas fechas y sustentados en las mismas expresiones de agravios, haré un detalle único e indistinto de cada argumentación. De existir una diferencia entre los memoriales presentados por un mismo litigante (lo que ocurre con las objeciones relativas a los rubros en los recursos de la parte actora en ambas causas y de las firmas codemandadas Feria Comunitaria S.R.L. y Organización Brujas S.A.) procuraré detallar todos los puntos de crítica en un mismo apartado para facilitar la lectura y comprensión de mi voto.
II.1. El recurso de la parte actora en ambas causas acumuladas El letrado apoderado común de los actores ambos procesos apeló el 24 de noviembre de 2021 y fundó su recurso el 12 de mayo de 2022, mereciendo la réplica de Organización Brujas S.A. y Ferias Comunitarias S.R.L. el 24 de mayo de 2022 y de Red Informática de Pagos S.A. el 27 de mayo de ese mismo año.
Sus expresiones de agravios son sustancialmente idénticas, con la salvedad de aquellos agravios que refieren a los rubros indemnizatorios. De una y otra pieza recursiva surgen los siguientes puntos de crítica: (i) Destaca que la inflación ha licuado el valor de las indemnizaciones, favoreciendo conductas dilatorias de los demandados. Dice que la presencia de las víctimas en el lugar obedece a que fueron a RIPSA a pagar cuentas, y que era un local con carteles y que las otras dos sociedades codemandadas son propiedad de la familia Derosa. Refiere que el hecho ocurrió en la cola de RIPSA. Brinda reflexiones sobre el marco normativo que entiende aplicable al caso -en particular, el art. 40 de la Ley 24.240- y afirma que con su recurso pretende llegar a una reparación integral para las víctimas, sea aumentando el monto de condena o incrementando la tasa de interés. (ii) Enfatiza que todas las víctimas concurrieron al local de RIPSA ubicado en la feria, y lo hicieron para pagar cuentas. Invoca la apariencia generada por el comercio y destaca que RIPSA no satisfizo la expectativa de seguridad que las víctimas podían esperar, a la vez que carecía del personal adecuado para cumplir esa función.
(iii) Objeta el modo en que fue cuantificado el daño moral de la niña T. R. Toledo en un total de 40.000 dólares. Juzga equivocado establecer el tipo de cambio oficial como parámetro para pagar en moneda nacional la condena en dólares. Pide se aplique el más alto valor, entre el dólar “MEP” y el “contado con liquidación” según cotizaciones a la fecha de pago. En cuanto a los intereses sobre este rubro, pide se aplique una tasa del 6% desde la fecha del hecho y hasta la fecha de la sentencia y de allí en más la tasa activa más alta hasta su efectivo pago. Cita el caso “Melegari” resuelto por este Tribunal.
(iv) Pide se revea el monto concedido por incapacidad sobreviniente de la niña T.. Enumera las lesiones físicas y neurológicas sufridas por la víctima y critica que la jueza haya utilizado el Salario Mínimo Vital y Móvil como parámetro económico para realizar el cálculo. Discute -y refiere no comprender- que se haya realizado una morigeración sobre la base de una pérdida de chance. Pide se revea el monto de condena “elevándolo al máximo de la fórmula Acciarri, sin deducción alguna, desde los 18 años y actualizando el SMVM”.
(v) Considera injusto el rechazo del rubro lucro cesante de la madre de la menor, Gladys Toledo. Argumenta que “nadie vive del aire” y que debe presumirse que la gente vive de su trabajo y no que vive de la asistencia de terceros; el estado de necesidad -dice- lleva a acceder a trabajos sin registro. Entiende probado por prueba testimonial que la Sra. Gladys Toledo prestaba tareas domésticas como changas, sin que exista prueba documental de esas labores. Reclama que se considere probado que la Sra. Toledo trabajaba como empleada doméstica por horas y por la incapacidad de su hija debió dejar de prestar esos servicios para darle atención y cuidado. Pide un salario mínimo por mes, calculado desde el día del hecho hasta la actualidad.
(vi) Por último, solicita la elevación del monto reconocido en concepto de daño moral para la Sra. Patricia Susana Cebeyra, considerando la gravedad del perjuicio generado por la trágica muerte de su hijo.
II.2. El recurso de Red Informática de Pagos S.A.
La firma Red Informática de Pagos S.A. apeló el 25 de noviembre de 2021 y fundó su recurso el 15 de mayo de 2022, mereciendo la réplica del actor el 23 de mayo de 2022.
Plantea los siguientes agravios.
(i) Alega que ha habido una violación al principio de congruencia, por cuanto la jueza utilizó un encuadre normativo distinto al propuesto por los actores y respecto del cual se defendieron. Mientras que la demanda se sustenta en una violación al deber de seguridad de fuente contractual, la condena se funda en la aplicación de las normas de defensa del consumidor. (ii) Critica el fallo por considerar responsable a las tres personas jurídicas demandadas sin distinguir las diferencias que existen entre ellas y el modo en que queda configurado el alegado deber se seguridad. Señala que “Red Informática de Pagos” tenía un contrato de agencia celebrado con el locatario del local, la codemandada Organización Brujas S.A.”, por medio del cual dentro del establecimiento que funcionaba como poli rubro existía también una máquina con un sistema informático que permitía el cobro de facturas de servicios. Destaca que Feria Comunitaria S.R.L., titular de la explotación comercial, corroboró que RIPSA no era locatario o comodatario de ningún local en agosto de 2009.
Agrega que era imposible que Mauricio Brizuela hubiera concurrido a la feria a cargar su tarjeta de colectivos, dado que ese servicio no era brindado por RIPSA o por el locatario, sino por los titulares de la feria. De ello se sigue -dice- que nunca celebró un contrato con Brizuela, ni tampoco lo hizo con la persona que concurrió a la feria a pagar la cuenta de teléfonos dado que ese servicio no estaba a su nombre.
Alega no entender cuál ha sido el razonamiento de la jueza para concluir que RIPSA debe responder por los daños acaecidos, cuando no existe ningún elemento objetivo que la incrimine (incluyendo la obligación de contratar seguridad y de responder por la inexistencia o deficiencia del servicio). Reniega de la aplicación del art. 1725 del CCyC y afirma que la seguridad del precio era una obligación implícita de quien desarrolla como locador la explotación de la feria, pero no involucra a RIPSA en la medida en que no ha mediado su intervención dentro de la relación expuesta por los actores.
En suma, critica el fallo porque no especifica cuál ha sido la obligación de seguridad que le resultaba atribuible y se considera incumplida. (iii) Afirma que el fallo se desentiende de los hechos: el lugar no era un shopping o paseo de compras sino una feria de comercios pequeños y que la niña T. resultó herida no dentro de la propiedad sino afuera. Insiste en que la jueza debió evaluar cuáles eran las medidas de seguridad exigibles para luego determinar el sujeto obligado a implementarlas.
Resalta que el homicidio de Brizuela se dio en el contexto de una larga enemistad que tenía con Salaverry y Herrera y que el hecho no fue precedido por una discusión, robo o algún ilícito vinculado con la existencia de dinero en las cajas de RIPSA, sino con el único propósito de matar a Brizuela. De estos hechos, dice, se desentiende la magistrada.
(iv) Luego de reiterar que el local no era de RIPSA, sino de Organización Brujas S.A., enfatiza que la seguridad contratada por el titular de la feria era una seguridad privada: vigiladores que recorren y observan sin tener capacidad para desarmar a quien empuñe un arma de fuego.
Las heridas de T. R. y la muerte de Brizuela no tuvieron lugar como consecuencia de un infortunio derivado de la relación de consumo, sino que se trató de una agresión de un tercero, ajeno por completo a los demandados, que en forma imprevista y súbita extrajo un arma de fuego entre sus ropas y comenzó a disparar. La seguridad privada -reitera- no tiene potestad ni obligación de controlar y palpar de armas a las personas que ingresan a este tipo de establecimientos.
Argumenta que la jueza se equivoca al hablar genéricamente de “hecho delictivo” como un suceso por el cual el centro comercial debe responder, sin distinguir el ilícito previsible y evitable, de aquel homicidio doloso que resultó constitutivo de un caso fortuito (tanto imprevisible como inevitable) y que rompió el nexo causal.
(v) Objeta el modo en que fue cuantificado el rubro daño moral de T. R.. Refiere que la indemnización fue expresada en una moneda que no es la reclamada, con relación a un bien no peticionado (un automóvil) y sin referencia violando con ello el principio de congruencia. Pide se ajuste la condena a los reales cánones de cálculo.
(vi) Critica la manera en que fue fijada la indemnización por incapacidad psicofísica de T. R.. El límite para el cálculo -dice- debió ser la edad jubilatoria.
También objeta el valor vida reconocido a favor de la Sra. Cebeyra, destacando que el fallecido no realizaba trabajo alguno, estaba incapacitado en sus manos y se encontraba en tratamiento por sus adicciones. La situación más probable -dice- es la inversa: que sea la madre quien hubiera tenido a cargo a su hijo.
II.3 Los recursos de las firmas Organización Brujas S.A. y Ferias Comunitarias S.R.L.
La apoderada común de las firmas Organización Brujas S.A. y Ferias Comunitarias S.R.L. apeló el 26 de noviembre de 2021 y fundó su recurso el 17 de mayo de 2022, mereciendo la réplica del actor el 23 de mayo de 2022. Si bien las expresiones de agravios fueron presentadas en forma separada, los agravios son idénticos y pueden sintetizarse del siguiente modo: (i) Critican al fallo por no evaluar el nexo causal entre el hecho generador y la consiguiente imputación de responsabilidad, responsabilizando a las prestadoras de servicios dentro de la feria como si se tratara una relación de consumo. El hecho constituyó un caso fortuito, realizado por un tercero por quienes no deben responder.
Alega que Salaberry Gabarain no ingresó a consumir, no es parte de las empresas condenadas ni nada tiene que ver en la relación de consumo, o con el pago de facturas o servicios. Los hechos -afirman- han sido por completo ajenos a la ley invocada por la actora para reclamar las indemnizaciones.
En un segundo agravio ahondan en este punto calificando al hecho del tercero (Salaverry Gabarain) como un caso fortuito que exime de responsabilidad. El suceso resultó imprevisible y no hubo forma de prevenirlo dentro del normal desarrollo de las actividades sociales y comerciales del ámbito civil: “fue un fusilamiento con daños colaterales”. Invocan la Ley 12.297 que regula el personal de seguridad privada y que impide la portación de armas en actividades como las de la feria. Esa vigilancia no tiene la aptitud de contener una situación como la que ocurrió, que califica de imprevista, anormal, impensada e inevitable.
(ii) Argumentan que se violó el principio de congruencia porque se incorporaron monedas que no son de curso legal en el país y se ignoraron los rubros presentados en la demanda, reevaluándolos más allá de lo reclamado por las víctimas. A la vez, refieren, la jueza se ha apartado del marco fáctico que surge demostrado en la causa penal.
(iii) Critican la cuantificación del valor vida reconocida a la Sra. Patricia Susana Cebeyra. Afirman que el monto reconocido en la condena ($1.768.040) supera al peticionado en la demanda ($700.000). Destacan que de la causa penal surge que Brizuela estaba en tratamiento por adicciones, incapacitado y que por ello su perspectiva de generar ingresos era nula. Piden se rechace el rubro.
Objetan también la indemnización otorgada a Cebeyra en concepto de daño moral. Además de destacar la diferencia entre lo reclamado en la demanda y el monto final de condena, alegan que el valor fijado por la jueza ha sido antojadizo y excesivo. Exigen su desestimación o su disminución. Se quejan del modo en que fue tarifado el daño moral de T. R., violentando el principio de congruencia por dos motivos: el uso de una moneda que no es de curso legal y por reconocer un monto mayor al reclamado en la demanda. Solicita su desestimación o disminución. En cuanto a la incapacidad sobreviniente de la niña T., invocan también una violación al principio de congruencia (por reconocer run monto mayor al solicitado en el escrito inicial) y pide su desestimación Cuestiona, finalmente, el rubro de gastos terapéuticos y colaterales reconocidos en el fallo en un total de $20.000. Dice que “no son responsables” por ese gasto.
(iv) Impugnan la condena en costas sobre la base de los mismos argumentos expuestos para criticar la decisión de condena. Pide se le impongan a la parte actora.
II.4. El recurso de la citada en garantía La citada en garantía apeló el 13 de diciembre de 2021 y fundó su recurso el 19 de mayo de 2022. La contestación de la actora fue presentada el 27 de mayo de 2022.
Sus puntos de disconformidad son los siguientes:
(i) Alega que la jueza violó el principio de congruencia y de preclusión al apartarse de la materia controvertida entre las partes y dictar una resolución aclaratoria luego de la definitiva. Dice que la jueza aprovechó la “situación sobre las simples manifestaciones de la parte actora y demandada para hacer modificaciones sustanciales sobre una sentencia definitiva dictada por la misma magistrada, excediendo sus facultades, siendo incongruentes los temas tratados en la sentencia interlocutoria con las situaciones jurídicas y de hecho puestas en tela de juicio hasta ese momento”.
Refiere que la ley procesal impide al juez ir por encima de la voluntad de las partes y tanto menos luego del dictado de la sentencia sin un recurso válido que permita revisar o ampliar las cuestiones tratadas.
Considera que la jueza no tenía competencia para pronunciarse sobre la extensión de la garantía luego del dictado de la sentencia definitiva, donde -dice- ya se había expedido sobre el tema al mencionar el art. 118 de la Ley de Seguros. Solo la Alzada podía modificar ese aspecto del fallo. (ii) Sobre la extensión de la garantía, invoca precedentes de la Corte Federal y argumenta que la condena debe afectar a la compañía aseguradora en la medida del seguro contratado, lo que importa la delimitación subjetiva y objetiva del riesgo. Manifiesta que al tratarse de un seguro voluntario aplicable a un ramo en el que la SSN no impone límites, no resulta equiparable a las soluciones dadas a los casos en los que se aplica un seguro de responsabilidad civil por accidentes de automotores. (iii) Cuestiona también la decisión de la magistrada de trazar un paralelismo entre el concurso real de delitos y la existencia de más de un evento en materia asegurativa. Refiere que el acontecimiento en materia asegurativa no debe interpretarse como el hecho en materia penal. El riesgo -alega- debe ser entendido en una forma más global: riesgo equivale a acontecimiento, debiendo interpretarse a este último como un todo, no pudiendo el juez comercial separar en el curso causal una acción de otra, como se hace en el ámbito penal.
El hecho que motiva estos procesos, concluye, debe interpretarse como un único evento. Pide, por todo ello, se revoque la sentencia interlocutoria dictada por la jueza.
III. Tratamiento de los agravios Sin perjuicio del tratamiento integral que se dará a las cuestiones planteadas por las partes, me interesa aclarar que en el estudio y análisis de los agravios los jueces no estamos obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos, sino tan solo los que consideremos suficientes y decisivos para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Loutayf Ranea Roberto G. “El recurso ordinario de apelación en el proceso civil”, t. 2 págs.310/313, Astrea, 2da ed. act. y amp., Bs.As. 2009). La doctrina judicial interamericana señala que «el deber de motivación no exige una respuesta detallada a todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino una respuesta a los argumentos principales y esenciales al objeto de la controversia que permitan garantizar a las partes que han sido oídas en el marco del proceso» (v. mi voto en causas n° 169.503 -“Gardés...”- del 26/11/2020, n° 137518 -"Santecchia..."- del 14/2/2018, n° 163802 -"Morales..."- del 27/09/2017, n° 162854 -"Argaña..."- del 22/06/2017, 162070 -"Leguizamón..."- del 15/06/2017 y n° 163784 -“Lagos...”- del 9/11/2017, todos de la Sala Segunda de esta Cámara Departamental; Corte IDH, Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 90; Caso Mémoli vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2013. Serie C No. 265, párr. 40; Caso Flor Freire vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2016. Serie C. No. 315, párr. 186).
Analizaré en primer lugar los agravios de las demandadas vinculadas con la causalidad y la existencia de una eximente de responsabilidad por el hecho de un tercero con las características de un caso fortuito. Luego, me abocaré a las quejas relacionadas con los rubros resarcitorios. Sobre el final, me expediré sobre las costas de ambas instancias (arts. 34.4, 163 y cctes. del CPCCBA).
III.1. Sobre la causalidad y la eximente de responsabilidad invocada por los accionados.
III.1.a. El caso ha sido encuadrado a la luz de las normas que rigen la responsabilidad del proveedor cuando el daño proviene del riesgo o vicio del servicio prestado (art. 40 de la Ley 24.240).
Esto significa que bajo el enfoque definido en la sentencia de primera instancia, los codemandados brindaron un servicio defectuoso por no haber ofrecido la seguridad que el consumidor razonablemente podía esperar, de acuerdo a su naturaleza y destino, al modo en que fue publicitado, ofrecido y suministrado, a los resultados y riesgos razonablemente esperados según el curso normal y ordinario de las cosas (Pizarro, D., Vallespinos, C. "Instituciones de derecho privado. Obligaciones", Buenos Aires: Hammurabi, 2012, pág. 116). .
Si bien la doctrina suele debatir cuál es el factor de atribución que esta norma regula (riesgo empresario, deber de seguridad, generación de confianza etc.), lo cierto es que la jueza ha optado por hacer foco en un incumplimiento al deber de seguridad (v. pág. 29 y sig. de la sentencia; Hernández, Carlos A., Frustagli, Sandra A., Ley de Defensa del Consumidor, Buenos Aires: La Ley, 2009, t. 1, pág. 514).
En principio, concuerdo con el encuadre que la magistrada ha propuesto para dirmir el caso y entiendo —y adscribo también— a su decisión de evaluar la responsabilidad de las tres compañías demandadas en forma conjunta.
De acuerdo a los elementos que se desprenden de la prueba obrante en estos procesos civiles, ha sido acreditado que el comercio en el que Brizuela se hallaba al momento del inicio de la balacera era el local de Organización Brujas S.A., alquilado a la firma Ferias Comunitarias S.R.L. y dedicado al cobro de servicios y facturas.
Si bien no se trataba de una entidad financiera, ni su actividad quedaba aprehendida por las normas que rigen la seguridad de estas últimas (art. 1.1 del Texto Ordenado de las Normas sobre «Medidas Mínimas de Seguridad en Entidades Financieras» BCRA, Com. A-6853 y sus complementarias; art. 2 de la Ley 21.526), lo cierto es que era un comercio dedicado —al parecer, exclusivamente, según surge del croquis de fs. 515/6 de la causa penal— al cobro de dinero para el pago de facturas varias y carga de tarjetas de colectivos.
El intento de la locataria de minimizar el caudal monetario que manejaba el comercio (v. punto IV.c. de la contestación de demanda de Organización Brujas S.A. en una y otra causa acumulada) contrasta con el hecho de que, según la propia firma reconoció, su dependiente trabaja detrás de una “ventanilla blindada conforme la seguridad necesaria para el personal” (sic), todo lo cual ahonda en mayores razones para considerar correcto el factor de atribución definido por la jueza. Evidentemente todos sabían que en esa percepción constante de dinero existía algún tipo de riesgo respecto del cual se habían adoptado medidas preventivas, aunque —al parecer— no pensadas para los clientes o concurrentes de la feria sino para sus propios dependientes (art. 40 de la Ley 24.240).
Es cierto que el local donde se inició el hecho no era un comercio explotado directamente por la codemandada Red Informatica de Pagos S.A. (RIPSA). Pero también ha sido acreditado que el servicio que esta última prestaba para el pago de boletas y servicios era el principal atractivo que justificaba la actividad comercial de Organización Brujas S.A. De hecho, así figura en el contrato de locación entre esta última y Ferias Comunitarias SRL, donde se indica que el alquiler tiene como destino “el funcionamiento de un módulo de cobranzas RIPSA” (fs. 167 de la causa “Cebeyra...”). Creo que, en este contexto, RIPSA no aportó pruebas suficientes para explicar por qué la totalidad de los testigos en la causa penal, y la propia empleada del comercio, hablan “del local RIPSA” (fs. 515/6 de la causa penal, croquis incluido). De hecho, los propios jueces del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 refieren en todos los pasajes de su sentencia al “local de RIPSA”.
Las fotos obrantes a fs. 410 y siguientes de la instrucción penal no son claras ni me permiten conocer el frente o fachada del comercio, el modo en que se daba a conocer, las marcas o nombres comerciales que anunciaba; tampoco hay elementos que me permitan comprender la naturaleza de la relación entre la locataria y la prestadora del servicio de cobros de servicios. El alegado contrato de agencia entre Organización Brujas S.A. y RIPSA, invocado por esta última al responder su demanda, nunca fue acompañado y la naturaleza negocial de ese vínculo subsiste como una incógnita (v. ofrecimiento probatorio de fs. 59/vta punto IX de la causa “Cebeyra” y fs. 83 punto VIII de la causa “R.”).
En este marco de incertidumbre, y contrariamente a lo afirmado por las apelantes, no es equivocada la decisión de la colega de primera instancia de evaluar en forma conjunta la responsabilidad de todas las firmas que participan del servicio ofrecido en el comercio y aplicarles a todas un mismo factor de atribución, incluyendo a quien —al parecer, y según surge de la totalidad de los testimonios de la causa penal— habría permitido que se utilice su marca (RIPSA) en el producto o servicio ofrecido por un tercero (Organización Brujas S.A., locataria del comercio de la Feria). La dificultad para delimitar el marco de actuación de cada compañía y, en particular, la controversia que subsiste sobre el rol que RIPSA tenía en la operatoria del local arrendado por Organización Brujas S.A., no constituye un óbice que pueda afectar, entorpecer o de algun modo limitar el derecho resarcitorio del consumidor dañado cuando el caso queda aprehendido por la regla del art. 40 de la Ley 24.240.
El fin tuitivo de esta última norma es evidente: todos los legitimados pasivos —incluyendo a quien aquí se presenta como un proveedor aparente que pone o, al parecer, permitió que se ponga su marca en el producto o servicio— responden solidariamente frente a la víctima, con independencia de los aportes causales que puedan debatir con mayor profundidad y precisión en las vías de repetición que el propio art. 40 de la LDC contempla en su segundo párrafo.
III.1.b. Ahora bien, hasta allí llega mi adhesión a la solución y el encuadre legal que la magistrada le ha dado a la controversia.
Disiento con el aspecto más relevante de su decisión: entiendo que los apelantes tienen razón cuando alegan que el hecho de Salaverry Garabain (y toda la trágica secuencia homicida que terminó con Brizuela fallecido y la niña T. gravemente herida) constituyó un hecho de un tercero que reúne los caracteres del caso fortuito y que, como tal rompe el nexo de causalidad que se presume existente entre el deber de seguridad incumplido y los daños sufridos por las víctimas.
Considero que, por las razones que seguidamente expondré, ha quedado demostrada la causa ajena que regula el art. 40 in fine de la Ley 24.240. III.2.b.i. Llega firme a esta instancia la plataforma fáctica del sangriento hecho que motiva este proceso y que fue objeto de dos decisiones de mérito dictadas en la causa penal caratulada “Salaverry Gabarain, Sergio D. y Herrera, Juan Eduardo s/ Homicidio” (causa 77/2010, IPP N°08-00-014392-09), resuelta en primera instancia por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de Mar del Plata (sent. del 19/08/2010; fs. 1042 y sig. de dicha causa) y confirmada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garnatías en lo Penal (sent. del 19/04/2012; fs. 1168 y sig.). Según se desprende del contenido de una y otra resolución, el hecho ocurrió el 19 de agosto de 2009 a las 9:30 horas, cuando Salaverry Gabarain ingresó a la Feria Comunitaria de Avenida 39 N°7124 de esta ciudad con un revólver calibre 38 cromado y efectuó entre cinco y seis disparos dirigidos contra Mauricio Brizuela, quien se encontraba dentro de la feria esperando en la cola de un local para cargar su tarjeta de colectivos. Brizuela murió poco tiempo después en tanto que una de las balas que Salaverry Gabarain disparó impactó en la zona occipital de la menor T. Denis R. Toledo, produciéndole heridas de extrema gravedad.
La actitud de Salaverry Gabarain de dar muerte a Brizuela no fue precedida de una pelea, discusión o reyerta que hubiera escalado hasta llegar al violento desenlace. “No se escucharon gritos (...) todo estaba tranquilo” dijo la cajera del “local RIPSA” en el que Brizuela se aprestaba a cargar su tarjeta de colectivos. El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 consideró suficientemente probado que el homicidio fue tan súbito como premeditado pues Salaverry Gabarain y su cómplice sabían de la presencia de Brizuela en la feria, condujeron hasta allí y “casi de manera inmediata, sin más que un breve intercambio de palabras, comenzó a disparar salvajemente contra éste” (fs. 1064/vta de la causa penal), a lo que agregaron que “ninguno de los testigos vio que Salaverry Gabarain exibiera o blandiera el arma antes de los disparos, ni efectuara ningún tipo de amemaza o intimidación con ella previa a disparar” (fs. 1069/vta, voto del Dr.
R.).
La razón por la que Salaverry Gabarain dio muerte a Brizuela también fue debatido en el juicio penal: al responder a la segunda cuestión del acuerdo, el Dr. Jorge Luis R. explicó que la prueba coincidente en demostrar que Salaverry Gabarain y su cómplice Herrera estaban “desde algún tiempo atrás fuertemente enemistados con la víctima Mauricio Brizuela”, lo que se debía “fundamentalmente a una pelea relacionada con Diana Burgos, aunque algunos aludieron además a un problema vinculado con una moto”. Brizuela y Salaverry Gabarain habían discutido en varias oportunidades y sus peleas incluyeron amenazas y hasta agresiones con armas de fuego. Las conclusiones vinculadas a la enemistad como móvil homicida fueron corroboradas y confirmadas por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garnatías en lo Penal (fs. 1176 y 1180/vta).
En este punto conviene recordar que el caso fortuito actúa como circunstancia que exime al sindicado como responsable, al obstar a la configuración del indispensable vínculo de causalidad entre su conducta y el daño. Es una eximente de responsabilidad que también opera en el ámbito de aplicación del art. 40 de la Ley 24.240 (Frustagli - Hernández, ob.cit., pág. 518)
El detrimento no aparece, de tal modo, como resulado de la acción del sujeto (demandado) sino del caso fortuito (Pizarro, D., Vallespinos, C. “Instituciones de Derecho privado - Obligaciones”, Buenos Aires: Hammurabi, 1999, t. III, pág. 290). Para ser tal, el caso debe ser objetivamente imprevisible, extremo que debe ser evaluado objetivamente en base a parámetros de razonabilidad, atendiendo en abstracto a lo que ordinariamente sucede desde una personepectiva causal, ex post facto. Además, la inevitabilidad o irresistibilidad del casus presupone que, conforme el curso normal y ordinario de las cosas, resulta insusceptible de ser contrarrestado por el sujeto (ib.idem., p. 294).
A ello se suma, finalmente, que el caso debe ser ajeno o extraño al presunto responsable o deudor, lo que significa que el hecho se produce fuera de su esfera de actuación por la cual él deba responder, y que no le sea imputable. Pizarro y Vallespinos, citando a Exner, señalan que esta exigencia impone “que el hecho dañoso debía generarse fuera del ámbito de la empresa, negocio o de las actividades del deudor (o, lo que es igual, ser extraños a su ámbito de actuación).” (pág. 295).
Si bien en este caso se juzga el hecho de un tercero por quienes las demandadas consideran que no deben responder, las características de la conducta de ese tercero han sido invocadas también como configurativas de un caso fortuito. Pizarro y Vallespinos explican que es posible hacer distinciones conceptuales entre el caso fortuito (hechos de la naturaleza) y el hecho de un tercero extraño, pero nada impide que este último pueda en ciertos supuestos configurar un caso fortuito o de fuerza mayor (ob.cit., pág. 292; de hecho, así lo exige la nueva legislación en el art. 1730 para que opere como eximente total o parcial de responsabilidad).
Con lo dicho quiero afirmar que al hablar seguidamente de caso fortuito estaré haciendo referencia al hecho de un tercero que ha reunido los caracteres del casus en con las exigencias contenidas en el art. 514 del entonces vigente Código Civil (Ley 340).
III.2.b.ii. Dos preguntas centrales surgen en esta controversia y de cuya respuesta se desprende la suerte que deben correr los agravios principales de las demandadas recurrentes: ¿constituyó el hecho de Salaverry Garabain un caso fortuito que las exima de la responsabilidad regulada en el art. 40 de la Ley 24.240? Y, más concretamente, ¿puede concebirse a un hecho como el descripto en párrafos anteriores como comprendido dentro del ámbito de los riesgos de la empresa, negocio o actividad de quienes aquí son sindicadas como responsables?
A mi modo de ver, la primera respuesta es afirmativa y la segunda es negativa.
No soy ajeno al hecho de que, como explica Pizarro, el riesgo empresario opera como factor de atribución sobre la premisa de que la empresa que crea riesgos para terceros (y en todos los casos procura beneficiarse con su explotación, obteniendo en la mayoría de los supuestos, réditos económicos), por lo que es justo que como contrapartida soporte las consecuencias objetivamente, contando siempre con medios para descargar en un tercero las eventuales consecuencias dañosas contratando un seguro y pagando una prima (Pizarro, Daniel R. Responsabilidad civil por riesgo creado y de empresa, Buenos Aires: La Ley, 2006, t. I, p. 127). Pero la consideración de los riesgos implicados en esa actividad empresaria —sea que se los evalúe como factor de atribución autónomo o como criterio para definir la ajenidad del caso fortuito a la actividad del comerciante— deben ser cautelosamente definidos so pena de crear una responsabilidad de extensión inaudita o virtualmente ilimitada. En el caso “L., E. L. c. Supermercados Mayoristas Yaguar S.A” (Ac. 89.671, sent. del 24/05/2006) la Suprema Corte analizó la pretensión resarcitoria de los familiares de quien fue asesinado en un supermercado mayorista cuando fue tomado como rehén por delincuentes armados que se introdujero en el negocio con fines de robo. La Casación confirmó allí la decisión de la Sala I de la Cámara de San Isidro que, a su turno, había entendido que un asalto de esas características constituyó caso fortuito. En el caso “Ochoa, Honorio c. Samipro S.A.” (Ac. 103.306, sent. del 14/09/2011) la Corte absolvió al titular de una confitería bailable en el que un hombre asesinó a una joven luego de mediar una breve discusión. El Tribunal consideró que, pese a que sobre la demandada pesaba un deber contractual objetivo de seguridad, se había configurado el caso fortuito. El voto mayoritario reparó en que la agresión del tercero fue imprevisible e irresistible e “impidió que la gente de seguridad pudiera evitarlo, dado las especiales características que adquirió el luctuoso episodio" (considerando 4 del voto del Ministro Pettigiani).
Estos casos permiten advertir que, a criterio de la Casación, aun dentro del género de riesgos propios de un giro empresarial determinado (un robo en un supermercado, un acto de violencia en una discoteca) y siendo exigible un deber de seguridad frente al consumidor, existen igualmente hechos extraordinarios que por su gravedad y su carácter imprevisible e inevitable pueden configurar igualmente el caso fortuito.
En el caso “Fernández, Fernando contra Roll S.R.L.” (Ac. 75.111, sent. del 14/04/2004) la solución fue distinta porque los hechos obligaban a adoptar un temperamento diferente, pero el precedente es igualmente valioso para explicar el punto que vengo desarrollando.
La Casación analizó allí la responsabilidad del propietario de una discoteca en la que un concurrente fue agregido por otro que huyó, luego de que intentara mediar en una discusión entre dos personas. Revocando la decisión de la Sala I de la Cámara de San Martín, la Suprema Corte admitió la demanda resarcitoria por considerar que el titular del local tiene una obligación contractual objetiva tácita de seguridad que no puede ser eximida demostrando la falta de culpa en los controles de seguridad; además, el hecho no podía ser encuadrado como caso fortuito.
Si bien el voto mayoritario del Ministro Hitters no brinda mayores razones para explicar por qué el hecho no fue considerado como caso fortuito, lo cierto es que la descripción de lo sucedido convalida el criterio asumido: toda la secuencia fáctica conflictiva implicó una discusión inicial, una escalada a una violencia posterior y el propio actor metiéndose de “comedido” para mediar en la reyerta. Un caso muy similar, también vinculado a una pelea indebidamente sofocada en un local bailable, fue resuelto en el mismo sentido por este Tribunal (mi voto en causa 140211 –“Toloza, Julio...”-, sent. del 17/12/2009).
Claro está que este tipo de conflictos resultan por completo disímiles con el contexto en el que ocurrió el homicidio de Brizuela y las lesiones de la niña T. en este proceso, pero lo valioso de este precedente, entiendo, son las reflexiones del Ministro Roncoroni que adhiere —aunque con propios y extenso fundamentos— a la misma solución que considera procedente el reclamo.
Al evaluar si la violenta agresión sufrida por el actor constitiuyó, desde la óptica de la titular de la discoteca, un caso fortuito que la exonoera de responsabilidad, el citado Ministro detacó la exigencia de que el hecho del tercero sea «extraño, exterior o queda fuera de la actividad o marco de control del empresario», algo que —agregó— rara vez o nunca se verifica con el cliente que participa del baile que hace al núcleo de la explotación comercial de la empresa (clientes que, de modo previsible y evitable pueden generar peleas).
Pero aclara además que en ese género de potenciales conflictos que pueden suscitarse entre los concurrentes al evento, también hay un espacio de excepcionalidad en el que puede operar el caso fortuito: hechos que, por su extraordinaria anormalidad, no pueden quedar comprendidos dentro del riesgo asumido por el sindicado como responsable ni por el marco de su actuación.
Dice Roncoroni:
“ (...) Desde ya que no todo y cualquier acto u omisión de estos clientes ha de escapar a la tipificación del caso fortuito o fuerza mayor e impediría trasladar al mismo como “tercero” la responsabilidad por las consecuencias dañosas que se deriven del incumplimiento objetivo de su obligación de seguridad por la empresa demandada. Tal como lo damos a entender en el párrafo precedente si esos hechos fueran inevitables o, aunque susceptibles de prever por el personal contratado a tales fines les resultara a estos imposible de evitar en el caso concreto (porque para ello se requeriría de los mismos una diligencia, esmero, previsión y poder anticipatorio que superan, incluso, a las que es dable exigir o esperar de gente de su profesión)
configurarían el caso fortuito a que se refiere el art. 514 del Código Civil y tendría virtualidad exonerativa de responsabilidad de la empresa (pensemos, por ejemplo en una pareja sentada tranquilamente en las mesas oscuras y mas distantes del centro del local, donde uno de ellos pone una dosis de veneno en la copa de bebida que consumía su acompañante, causándole la muerte. O, mas sencillamente, en un joven que invita a bailar a una joven e inesperadamente, en el medio de la danza, ultrajare su pudor mediante un manoseo o tocamiento súbito y desvergonzado de determinadas partes de su cuerpo)” [punto V del voto del Ministro Roncoroni, in re “Fernández, Fernando contra roll S.R.L.”; Ac. 75.111, sent. del 14/04/2004].
El punto que marca el Ministro citado es sumamente relevante puesto que permite construir un razonable distingo entre el género de casos que quedan comprendidos dentro del marco de actuación, la actividad y los riesgos de la empresa, de aquellos otros sucesos extraordinarios que, por ser tanto imprevisibles como verdaderamente inevitables (aun para los profesionales de quienes se valía el titular para evitarlos), terminan por configurar el casus eximente. Mi disidencia con el criterio de la jueza de primera instancia se sustenta precisamente en esta distinción: aun en los casos en los que el proveedor de un servicio tiene un deber de seguridad (sea de naturaleza contractual, o derivado de la conformación de una simple relación de consumo), corresponde evaluar cada caso en particular para distinguir los riesgos propios del emprendimiento de aquellos otros riesgos extraordinarios vinculados a sucesos fortuitos que, como tales, no pueden sino ser considerados ajenos a los riesgos contemplados e idóneos para eximir de responsabilidad.
Dos precedentes de la Corte Federal reflejan una tesitura análoga a la que vengo desarrollando.
En el fallo "Bulacio, Luis Alberto y ot. c/ Provincia de Buenos Aires y ot. s/ Daños" (16/02/1999; Fallos: 322:139) el Tribunal evaluó un caso en el que la reclamante había sido víctima de un disparo generado en una balacera que se había gestado en uno de los vagones de un tren de la Empresa Ferrocarriles Argentinos. Analizó allí la responsabilidad contractual de la transportista a la luz del entonces vigente art. 184 del Código de Comercio. La Corte enfatizó que el transportista asume una obligación objetiva de seguridad consistente en llevar sano y salvo al pasajero hasta su destino, por lo que —en principio— todo inconveniente que sufra compromete su responsabilidad salvo que se demuestre alguna eximente (culpa de la víctima, la de un tercero por quien no debe responder o la fuerza mayor). Estas últimas, señaló el Tribunal, tienen por objetivo que el deber de seguridad no conlleve «la exigencia de que los transportistas se constituyan en guardianes del orden social a fin de reprimir las inconductas de los viajeros que llegan a configurar delitos» (cons. 6).
Concluyó que, en el caso, la conducta de quienes generaron el tiroteo fue la causa eficiente del daño sufrido por la víctima. Se trató, entonces, de «un hecho imprevisible e inevitable de terceros por quienes la Empresa Ferrocarriles Argentinos no debe responder» (cons. 9; fallo cit.). En similar sentido se expidió años más tarde, en el caso “Finardi” (Fallos 326:107 -2003-), donde el Máximo Tribunal del país juzgó que un robo a mano armada en una inmobiliaria constituye un caso fortuito, enfatizando que «aun cuando por hipótesis fuese previsible en términos generales, parece claro que al haber sido cometido por delincuentes armados, resultó inevitable en los términos del art. 514 del Código Civil». Agregó que «la fuerza irresistible que resulta de la portación de armas -al perpetrar un robo a una inmobiliaria-, hace impensable cualquier hipótesis de resistencia en el interior del inmueble y constituye un hecho inevitable con las características a que se refiere el art. 514 del Código Civil para la configuración del caso fortuito» (fallo cit.).
Más aún, la Corte señaló allí que aun cuando pudiera admitirse que la propietaria de la inmobiliaria debía proporcionar un ámbito apropiado para concertar operaciones —lo que resultaría de la naturaleza e importancia patrimonial de los negocios allí celebrados— «esa exigencia no puede ser llevada a términos irrazonables ni corresponde imponer comportamientos que trascienden el grado de previsión normal en la actividad de que se trate» (fallo cit., cons. 16)
Encuentro tanto en el precedente “Bulacio” (1999) como en el citado “Finardi” (2003) una línea argumental en común que es coincidente con la ya analizada jurisprudencia de la Casación provincial: los factores de atribución, aun objetivos y sustentados en un deber de seguridad, deben ser interpretados y aplicados sobre la base de exigencias razonables, sopesando el grado de previsión normal de cada actividad. Las eximentes cumplen un rol central en la delimitación de ese marco de razonabilidad, e impiden que el factor de atribución desborde en una responsabilidad exorbitante.
III.2.b.iii. La sentencia de primera instancia sigue la línea argumental del voto del Dr. Liberman en el caso “S., S. V. y otros c. Cencosud S.A.” de la Sala L de la Cámara Nacional Civil (sent. del 01/08/2018), en el que se responsabilizó a un shopping por las lesiones sufridas por un niño como consecuencia de un disparo proveniente de un sujeto inmerso en una gresca.
Pero el problema que encuentro en ese fallo es que no traza los distingos que el Dr. Roncoroni acertadamente propone en su voto y que también surgen implícitos en la doctrina de la Corte Federal. No alcanza con definir la responsabilidad de un centro comercial sobre la base de una categoría extremadamente genérica e imprecisa (“hecho de inseguridad” o “delincuencia”) puesto que, aún dentro del extenso universo de hipótesis, existen sucesos igualmente fortuitos con aptitud de eximir de responsabilidad al empresario deudor de la prestación de seguridad (por caso, los ejemplos que el Ministro propone al hablar de un envenenamiento en una mesa alejada de la discoteca o de un abuso sexual en la pista de baile, ajenos a las posibilidades materiales de actuación del personal de seguridad).
Como enseña Genaro Carrió, las clasificaciones no son verdaderas ni falsas, son útiles o inútiles: sus ventajas y desventajas están sujetas al interés que guía a quien las formula y a su fecundidad para presentar un campo de conocimiento de una manera más fácilmente comprensible o más rica en consecuencias prácticas deseables (Notas sobre derecho y lenguaje, Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2006, pág. 99).
Separar el universo de hipótesis trazando un distingo entre “hechos de delincuencia” o “hechos de inseguridad” y otro tipo de riesgos de una actividad empresaria pareciera ser una estrategia sumamente problemática si en esas categorías se aprehende una porción demasiado extensa y heterogénea de la realidad. En ella quedarían comprendidos indistintamente un hurto, un golpe de puño en el marco de una discusión, un robo o —como ocurre en este caso— un fusilamiento realizado a sangre fría, de forma premeditada y con motivo en una enemistad previa entre la víctima fatal y su homicida.
Reitero por ello que cada litigio exige evaluar las circunstancias particulares que configuran la causa ajena invocada por el sindicado como responsable, evitando la construcción de categorías difusas que terminan por extender la responsabilidad del empresario a límites inconciliables con el regular desarrollo de una actividad productiva.
Tal es, además, la conclusión que se extrae de los fallos de la Suprema Corte bonaerense que he citado en párrafos precedentes. En el ya citado caso "L., E. L." (SCBA, 2006) no caben dudas que la genérica idea de “un robo” no constituye un riesgo ajeno a la actividad del supermercado allí demandado, pero el homicidio a sangre fría de un cliente tomado como rehén, a criterio de la Casación, constituyó un caso fortuito imprevisible o, en su caso, inevitable para los dependientes y encargados de la seguridad. Lo mismo en el precedente "Ochoa" (SCBA, 2011) ocurrido en una discoteca en el que naturalmente pueden esperarse peleas, discusiones y reyertas que requieren un rol atento y activo del personal de seguridad. Pero allí la Corte consideró configurado el casus reparando en la súbita voluntad homicida del agresor que impidió que el personal de seguridad siquiera pudiera hacer algo para evitarlo.
La jurisprudencia de la Cámara Nacional Civil se orienta en tal sentido. Se ha considerado caso fortuito al robo con armas de fuego en un supermercado al sobrepasar los recaudos que se adoptan regularmente para este tipo de comercios (CNCiv., Sala L, "G., L. c. Disco S.A.", del 26/12/2012); también se consideró un casus al tiroteo generado en un colectivo entre delincuentes y un pasajero, habida cuenta la imposibilidad del chofer de impedir la balacera y la irrazonabilidad de exigir personal de seguridad en cada unidad de transporte (CNCiv., Sala I, "Alarcon, Hugo S. c. Marucci, Víctor H." del 31/07/2012) o incluso se ha liberado de responsabilidad al concesionario vial frente al daño sufrido por la víctima que recibió un disparo de arma de fuego cuando intentaba cambiar un neumático de su automóvil, considerándose que —más allá de la seguridad que tiene a su cargo la empresa— el hecho fue "imposible de evitar" (CNCiv., Sala A, "Muro, Eduardo L. c. Autopistas del Sol", del 19/10/2021)
III.2.b.iv. En el lamentable y trágico hecho que da origen a estos procesos acumulados debe seguirse esa misma línea de razonamiento.
No hay duda que los demandados, en los términos y límites que ya he detallado en párrafos precedentes, tenían un deber de seguridad frente a los asistentes de la feria. Pero cualquiera sea el contenido que se le asigne a ese deber —y cualquiera sea el nivel óptimo de seguridad que podamos considerar adecuado para el sector del local arrendado por Organización Brujas S.A. y en el que operaba RISPA, y para toda la Feria administrada por Ferias Comunitarias S.R.L.— nunca hubiera podido ser previsto (ni la vigilancia hubiera podido evitar) un hecho tan violento, súbito y extraordinario como el que materializó Salaverry Gabarain.
La vigilancia privada en el territorio bonaerense no puede estar armada cuando el comercio tiene acceso público (arts. 2.1 y 41 in fine de la Ley 12.297) y tampoco puede exigírsele a una Feria Comunitaria de barrio o a uno de sus locatarios que tenga medidas preventivas para detectar armas ocultas que siquiera la autoridad monetaria les exige a las entidades financieras y que solo se pueden hallar en los controles de un aeropuerto (sobre el carácter oculto del arma, v. fs. 1069/vta de la causa penal, voto del Dr. Jorge R.). Insisto en este aspecto: no hubo un robo motivado por el movimiento de dinero que presumiblemente tiene el local explotado por Organización Brujas S.A. con el módulo de cobro de RIPSA. No hubo discusiones o reyertas inadvertidas o indebidamente sofocadas y que, por omisiones atribuibles a quien debió prestar un servicio de vigilancia, terminaron escalando hasta derivar en una agresión armada. No hubo ninguna actitud anticipatoria del homicida que, en retrospectiva, pudiera permitirnos juzgar aquí y ahora que hubo alguna medida preventiva que pudo haber sido adoptada y no se hizo. Todo ocurrió en un instante con el imprevisto y cobarde actuar de una persona ajena a las personas jurídicas demandadas y que, sin mediar palabra ni discusión alguna, extrajo un arma y comenzó a disparar a mansalva con la indisimulable voluntad de matar a otra con quien mantenía una enemistad de larga data. No hay medida de seguridad o vigilancia que hubiera podido prevenir o evitar semejante atrocidad.
Considero por ello que el comportamiento de Salaverry Gabarain, dando muerte a Brizuela e hiriendo gravemente a la niña T., constituyó un hecho de un tercero con las características propias de un caso fortuito, idóneo para interrumpir el nexo causal que media entre la conducta de las codemandadas RIPSA, Organización Brujas S.A. y Ferias Comunitarias S.R.L. y los daños que son objeto de reclamo, eximiéndolas en consecuencia de la responsabilidad civil que se les endilga (arts 40 in fine de la LDC, 514 del CC, 1730 y 1731 del CCyC).
Propondré al acuerdo hacer lugar a los agravios de las recurrentes y, en consecuencia, modificar la sentencia de primera instancia rechazando la demanda incoada contra Red Informática de Pagos S.A., Organización Brujas S.A. y Ferias Comunitarias S.R.L. (y su citada en garantía) (arts. 40 LDC, 514 del CC, 1730 y 1731 del CCyC).
III.2. Los rubros resarcitorios El modo en que han sido resueltos los recursos de las codemandadas en torno a la eximente de responsabilidad deja subsistente únicamente el recurso de la actora en sus agravios referidos a los rubros resarcitorios. A ello me referiré en los párrafos que siguen.
III.2.a. Daño moral de la niña T.: intereses moratorios y tipo de cambio. III.2.a.i. La sentencia de primera instancia reconoce una indemnización por daño moral a favor de la niña T. R. Toledo en la modalidad de deuda de valor expresada en moneda extranjera: esto es, U$D40.000 que, según refirió la jueza, son suficientes para adquirir un vehículo Audi A1. Dicha suma, agregó, "podrá ser cancelada por su equivalente en moneda de curso legal a la cotización oficial del Banco de la Nación tipo vendedor del día anterior a la fecha del efectivo pago" y se le "añadirán intereses a la tasa pura del 2,5% anual desde la fecha del hecho -19 de agosto de 2009- hasta la de esta sentencia; y de ahí en más y hasta su efectivo pago, a la pasa pasiva más alta que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos en dólares estadounidenses a treinta días" (pág. 45 del fallo). En los apartados «III.a.» y «III.a.b.» de las expresiones de agravios presentadas en ambas causas acumuladas, el apoderado de los representantes legales de la niña T. postuló dos puntos de crítica con relación a este rubro: en el primero, exigió que sea modificado el tipo de cambio a utilizar para convertir a moneda nacional el valor en dólares que compone el objeto de la indemnización (punto «III.a.» del memorial); en el segundo, pidió la modificación de la tasa de interés moratoria, incrementando la alícuota pura del primer tramo a un 6% y luego "la tasa activa más alta hasta su efectivo pago". Citó el precedente "Melegari" de este Tribunal -c. 167589, del 16/04/2020- (punto «III.a.b» del memorial). El agravio es procedente únicamente en lo que refiere al tipo de cambio, no obstante considero necesario realizar una aclaración preliminar. El fallo reconoce una deuda de valor expresada en moneda extranjera pero postula un tipo de cambio con el cual la deudora de la condena “podrá” (sic) cancelar la deuda en moneda nacional (v. pág. 45). Advierto allí una inconsistencia en el modo en que ha sido concebido al tipo obligacional escogido, pues en la deuda de valor el pago en pesos es una consecuencia indefectible de la conversión del valor a moneda de curso legal y no una mera facultad como aquella que regula el art. 765 del CCyC para las obligaciones de dar moneda extranjera.
Dicho de otro modo, la deuda de valor no «puede» pagarse en moneda nacional, sino que «siempre debe» convertirse y pagarse en pesos (pues el dinero a que refiere el art. 772 del CCyC es siempre moneda corriente nacional), y ello con independencia de que su objeto consista en un valor abstracto o esté expresado en una moneda sin curso legal usada habitualmente en el tráfico. Si la deuda de valor expresada en moneda extranjera redunda en una condena en dólares que el deudor “puede” pagar en pesos, en rigor, de deuda de valor poco y nada le queda: hay allí una deuda en moneda extranjera de las reconocidas en la parte final del art. 765 del CCyC.
De todos modos, ninguna modificación puede hacerse sobre este punto considerando el resultado que han tenido los agravios de las codemandadas apelantes y la citada en garantía, y no existiendo agravio subsistente que refiera a la modalidad en que ha sido admitida la indemnización. La decisión de la jueza —aun en el punto señalado, que considero equivocado— beneficia a la titular de la indemnización y ha sido consentida por la codemandada Gabarain. Por aplicación del principio de la reformatio in pejus, de raigambre constitucional, este Tribunal no puede «agravar, perjudicar o empeorar objetivamente la situación del recurrente» (SCBA, C. 119580, sent. del 15/11/2016).
III.2.a.ii. No concuerdo con el tipo de cambio escogido por la jueza para definir el contenido económico de la prestación en pesos que el deudor de la condena «podrá» abonar al momento de su cancelación (art. 772 del Código Civil y Comercial).
En este punto, y tal lo dicho en párrafos precedentes, el agravio debe progresar.
Este Tribunal se ha expedido en varias oportunidades sobre el tipo de cambio aplicable al pago por equivalente regulado en el art. 765 del CCyC mediante el cual, salvo pacto en contrario, el deudor de una obligación de dar moneda sin curso legal puede liberarse dando el equivalente en moneda nacional. Esta misma solución —por las razones ya mencionadas— resulta aplicable al caso.
En la causa “Roteño” (c. 171468, del 10/06/2021) esta Sala consideró que si el deudor tiene la posibilidad de pagar en pesos —como surge del art. 765 del CCyC para obligaciones de dar moneda extranjera, o como surge del fallo de primera instancia con relación a una deuda de valor de las contempladas en el art. 772 del CCyC— pues entonces el pago en moneda corriente nacional debe integrarse con la cantidad de unidades monetarias suficientes para llevar a cabo operaciones lícitas de adquisición de divisas, o desde otro punto de vista: el principio general que veda el abuso de derecho (art.10 del CCyC) no tolera que se obtenga una ventaja patrimonial sin justificación en manifiesto desmedro de los derechos acordados con el acreedor por la cesión de parte de un bien inmueble (voto del Dr. Loustaunau en el precedente cit.).
El norte que orienta a estas decisiones consiste en evitar que al utilizar un tipo de cambio oficial se genera un injustificado beneficio del deudor en desmedro del interés patrimonial del acreedor. Lo dicho aplica aún más en casos como el que se dirime en este pleito, donde el tipo de cambio escogido por la colega de primera instancia no contempló el impuesto PAIS y la retención a cuenta de ganancias que encarecen significativamente el precio final de la divisa.
En el citado caso “Roteño”, esta Sala decidió utilizar el tipo de cambio conocido como “dólar MEP” o del dólar "contado con liquidación" -entre ellos, el que resulte más alto- vinculados a operaciones bursátiles en moneda extranjera mediante la compra en pesos de bonos solidarios y su posterior venta en dólares (v. causas n° 171468 -"R., K. E."- sent. del 10/06/2021, n° 161853 -"Marengo"- sent. del 26/08/2021 y c. 171395 -"Jesús..."- resol. del 21/09/2021).
No solo esas operaciones carecen de restricciones cuantitativas vinculadas a la cantidad de moneda extranjera que el inversor puede procurarse, sino que además reflejan variables económicas transparentes y reales, alejándose de parámetros de cambio hipotéticos o artificiales (v. voto del Dr. Loustaunau en causa “Roteño, Karina”, c. 171468, del 10/06/2021; en similar sentido, CNCiv., Sala L “B.O.R. c. Acorbi S.A. s. Resolución de contrato del 09/03/2021 AR/JUR/1556/2021; CNCom, Sala D Ortola Martínez c. Sarlenga AR/JUR/47237/2020 del 15.10.2020).
Por ello, y con el alcance señalado, corresponde admitir el agravio vinculado al tipo de cambio aplicable para la conversión a pesos de la deuda de valor expresada en moneda sin curso local referida al resarcimiento del daño moral de T. R. Toledo (arts. 622 del CC, 772 del CCyC).
III.2.a.iii. Distinta es la suerte que debe correr la queja referida a la tasa de interés.
La Sala que tengo el honor de integrar se apartó de la doctrina legal fijada por la Suprema Corte en los casos “Ponce” (C.101.774), “Ginnossi” (L. 94.446, ambas del 21/10/2009) y “Cabrera” (c. 119.176 del 15/06/2016) brindando un amplio abanico de razones por las cuales debía escogerse una tasa moratoria que asegure la reparación plena (o la mejor reparación posible) del daño moratorio, propósito que no se cumple satisfactoriamente de utilizar una tasa pasiva prevista para operaciones bancarias de bajo riesgo (c. 167.589, -"Melegari, Bernardo...” del 16/4/2020).
Para ello, el Tribunal —brindando extensos fundamentos que no creo necesario citar aquí— decidió dejar de utilizar «la tasa pasiva más alta que paga el Banco Provincia en depósitos a treinta días» para liquidar intereses moratorios y reemplazarla por la «tasa activa descubierto en cuenta corriente» [según su denominación en el calculador de intereses de la web de la SCBA] y que es aquella que publica periódicamente el banco público provincial en cuadro IV del documento «Tasas de consulta frecuente» correspondiente al descubierto en cuenta corriente sin acuerdo en pesos. Ello sin perjuicio de mantener el uso de tasas puras para el primer tramo de intereses moratorios en créditos de valor (desde el día del perjuicio hasta el momento de cuantificación), de conformidad con lo resuelto por la SCBA en “Vera” y “Nidera S.A.” (2018).
Como se puede apreciar, el marco de aplicación del criterio fijado en “Melegari” es el mismo que la SCBA dirimió en los casos “Vera” (C. 120.536, del 18 de abril de 2018) y “Nidera” (C. 121.134, del 03 de mayo de 2018): esto es, reclamos de indemnizaciones en pesos y que son cuantificadas a valores actuales. Lo dicho en “Melegari” es además aplicable a aquellos casos en los que se dirime una obligación de dar sumas de dinero sin que exista una tasa legal o pactada aplicable.
Pero, adviértase, los tipos obligacionales a los que refieren los precedentes citados difieren del escogido por la magistrada de primera instancia para determinar el crédito resarcitorio por daño moral reconocido a la niña T.. Este último fue admitido —y así se dijo en el fallo expresamente— como una deuda de valor cuyo objeto está expresado en una cantidad de unidades de moneda extranjera sin curso legal (aunque, como ya dije, el pago en pesos fue postulado como una potestad del deudor y no como una consecuencia fatal de la conversión prevista en el mismo art. 772 del CCyC). La diferencia entre una deuda de dar moneda extranjera y una deuda de valor expresada en moneda sin curso legal resulta aquí todavía más relevante, dada la necesidad de evaluar la doctrina legal de la Casación en materia de tasa de interés moratorio aplicable a uno y otro caso. En el caso "Panettieri" (SCBA, C. 123.306, del 25/11/2020) que la magistrada cita en la página 45 de su sentencia, la Suprema Corte no evaluó deudas de valor expresadas en moneda extranjera sino que allí de dirimió una típica obligación de dar dólares estadounidenses que debían ser restituidos como consecuencia de la resolución de un negocio inmobiliario. En ese proceso, la Sala Tercera de esta Cámara había dispuesto que, respecto de ese capital en moneda sin curso legal, debían liquidarse intereses moratorios a «la tasa pasiva más alta que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos en dólares estadounidenses a treinta días». La Suprema Corte confirmó esta última decisión argumentando que el caso debía regirse por las normas contenidas en el hoy derogado Código de Vélez, cuyo artículo 622 identificaba a las deudas en moneda extranjera como obligaciones de dar dinero. Sobre la base de esa premisa, resultaba aplicable la doctrina legal construida en derredor de dicho precepto normativo (causas Ginossi, Ponce, Trofe, Cabrera, etc.).
En ese precedente el Ministro Soria incorporó una serie de reflexiones que, si bien no conformaron el voto mayoritario, considero sumamente valiosas y de interés al caso. Tales son:
(a) que la solución de la Sala Tercera de la Cámara marplatense —construida sobre la base de la aplicación de los precedentes “Trofe” y “Cabrera”— no puede trasladarse sin más a las relaciones jurídicas que quedan aprehendidas por las normas del nuevo Código Civil y Comercial, en virtud de la distinta redacción del art. 765;
(b) que no resulta aplicable la doctrina de los fallos “Vera” y “Nidera” porque la distinción entre tramos de tasas (una pura, desde el hecho hasta la cuantificación del valor, y la otra bancaria) refiere a deudas de valor cuantificadas a valores actuales en moneda de curso legal, y en este proceso se dirime una deuda expresada en moneda extranjera, equiparadas a las dinerarias según la normativa del Código derogado (considerando «II.3.b.»); la alusión a “operaciones expresadas en monedas fuertes” en los fallos “Vera” y “Nidera” no es argumento suficiente para aplicar la doctrina allí fijada a deudas expresadas en ese tipo de divisas; y (c) que aun tratándose de una deuda de valor expresada en moneda sin curso legal (como lo prevé el art. 772 del CCyC), tampoco correspondería aplicar la doctrina de “Vera” y “Nidera” y la tasa pura del 6% anual.
Esa alícuota pura «tuvo en consideración la circunstancia dirimente de su fijación en moneda de curso legal en la República», por lo que cabe descartar aplicaciones mecánicas de esa solución al caso de obligaciones de dar moneda extranjera (ello, además, en razón de que aquella tasa pura redundaría en un «reconocimiento desproporcionado de accesorios en su cotejo con los intereses que se ofrecen para las operaciones en dólares estadounidenses en la plaza bancaria del país» -considerando «II.3.b.ii» del voto del Ministro citado). En el caso "Riedel" (SCBA, A.75190, del 30/06/2021) el crédito de los actores frente al Banco de la Provincia de Buenos Aires era una suma de moneda extranjera que la entidad financiera debía restituir con motivo de una irregular custodia de fondos judiciales depositados a plazo fijo.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata había aplicado la doctrina legal emergente del caso "Ubertalli" (c. 62.488, del 18/05/2016) fijando intereses moratorios a la «tasa pasiva digital o pasiva más alta» desde el pedido de restitución del actor hasta su pago por parte del banco. La Suprema Corte revocó esta porción del fallo y sostuvo que la doctrina del precedente citado —y de "Cabrera"— son a todo evento aplicables a condenas en pesos y no en dólares (lo mismo se había dicho algunos años antes en el caso “Ramos” -Ac. 121.978, del 17/10/2018-), por lo que resolvió que las sumas que debían ser restituidas a las accionadas debían devengar un interés moratorio que debe ser calculado a «la tasa pasiva más alta que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos en dólares estadounidenses a treinta días».
Si bien este último precedente pareciera ponerse en contradicción con lo dicho en “Panettieri” (donde se afirmó que la doctrina de Ubertalli, Cabrera, et. al. sí sería aplicable en la medida en que el Código Velezano identificaba las obligaciones de dar moneda extranjera con las dinerarias), lo cierto es que la solución en uno y otro caso terminó siendo la misma y puede extraerse de ambos casos una doctrina común: si la condena ha sido expresada en moneda sin curso legal, corresponde aplicar la tasa pasiva más alta que fija el banco público provincial en plazos fijos a treinta días expresados en esa moneda.
De todo lo anterior puedo extraer dos conclusiones.
La primera es que la doctrina legal de la Suprema Corte bonaerense en materia de intereses moratorios solo refiere a obligaciones expresadas en moneda extranjera, pero nada ha dicho —o al menos nada se ha resuelto específicamente en los precedentes “Ramos”, “Panettieri” y “Riedel”— sobre deudas de valor expresadas en moneda sin curso legal, modalidad hoy prevista expresamente en el art. 772 del Código Civil y Comercial y que ha sido utilizada para definir el resarcimiento por daño moral de la niña T. R. Toledo. La única información que nos brindan los antecedentes citados es la opinión personal del Ministro Soria en el caso “Panettieri” en la que considera inaplicable el sistema de tasas de los precedentes “Vera” y “Nidera” a las deudas de valor expresadas en dólares, resultando además excesiva la alícuota pura del 6% anual en contraste con el rendimiento que tiene una inversión a plazo fijo en esa moneda en el banco público bonaerense.
La segunda conclusión es la siguiente: más allá de las ya enunciadas diferencias que existen entre una obligación de dar moneda sin curso legal (art. 765 del CCyC donde se debe la divisa y se puede pagar en pesos) y una obligación de valor expresada en moneda sin curso legal (art. 772 del CCyC donde se debe un valor expresado en una cantidad de divisas y se paga siempre en pesos), la realidad es que la condena apelada en este proceso tiene por objeto una suma de moneda sin curso legal al que se le ha adicionado una potestad del deudor para pagar por equivalente en moneda nacional, contexto en el cual —como ya dije— aquellas diferencias prácticas entre una y otra obligación se ven prácticamente diluidas.
Por ello, considero que en el caso hubiera correspondido aplicar la doctrina de la Casación fijada en el caso “Panettieri” en cuanto dispone que el crédito devenga intereses moratorios desde el día del hecho y a «la tasa pasiva más alta que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos en dólares estadounidenses a treinta días». No solo así lo considero por los motivos ya apuntados (en particular, la similitud entre el tipo de condena y una simple obligación de dar moneda extranjera), sino porque además las reflexiones del Ministro Soria brindan sólidas razones para considerar inadecuada tanto la decisión de la jueza (de aplicar una tasa pura del 2,5% anual hasta la fecha de su sentencia) como la que propone el apelante (aplicar una tasa pura el 6% anual en ese mismo tramo). El Banco de la Provincia de Buenos Aires no ha pagado nunca, en los últimos veinte años, un interés el 2,5% anual en dólares por sus depósitos a treinta días en esa moneda (véase:
https://www.bancoprovincia.com.ar/Content/docs/tasas_frecuentes.pdf -último día de visita 4/9/2022-). Por tal motivo, considerando que la codemandada Gabarain consintió el fallo que le fue adverso y que la solución apelada resulta más favorable a la actora que la enunciada en el párrafo anterior, propondré al acuerdo —haciendo aplicación del postulado de la reformatio in pejus— desestimar el agravio y confirmar la decisión de primera instancia (arts. 242 y cctes. del CPCCBA, 765, 772 y cctes. del CCyC).
III.2.b. Incapacidad sobreviniente de T. R. Toledo.
El apoderado común de los accionantes solicitó se revea el monto del resarcimiento por incapacidad sobreviniente de T. R. Toledo, elevándolo «al máximo de la fórmula Acciarri, sin deducción alguna desde los 18 años y actualizando el SMVyM» (sic., punto «III.B» del memorial).
Más allá de que no hay tal cosa como “máximo” de una fórmula de cuantificación, el agravio se sustenta en dos objeciones vinculadas al modo en que la magistrada mensuró el daño: (i) que el Salario Mínimo Vital y Móvil se encuentra devaluado y ya es mayor al tomado como parámetro en la sentencia; (ii) que la morigeración que hizo del valor resultante de la fórmula es inadecuado.
El agravio prospera parcialmente.
No es fundada la crítica referida a la depreciación del Salario Mínimo Vital y Móvil utilizado como parámetro económico en la fórmula escogida por la jueza de primera instancia. En rigor, no se invoca allí un error en la utilización de la fórmula o en el método de cuantificación, sino una circunstancia coyuntural posterior que habría afectado el valor real de la referencia económica utilizada en el cálculo.
Este Tribunal tiene dicho que no posible postular en instancia recursiva y en concepto de agravio la sola depreciación o el carácter desactualizado de alguna o todas las indemnizaciones que reconoce una sentencia (o de las variables escogidas para cuantificarlas), pues ese problema, de existir, obedece a una causa coyuntural (la inflación y la depreciación de la moneda de condena) y no un defecto de la decisión jurisdiccional cuestionada (causas n° 171131 y 171130 -“Idoyaga...” y “Selva...”, sent. del 24/02/2022). Tiene razón la actora, en cambio, en lo que respecta a la morigeración. La indemnización por incapacidad sobreviniente tiene por objetivo resarcir el daño patrimonial que se deriva de la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas [la llamada capacidad productiva o laboral] y la merma en la aptitud para realizar otras actividades económicamente valorables [usualmente denominada capacidad vital] (art. 1746 del CCyC, c. 172711 -“Sposetti, Mónica...”, sent. del 28/10/2021, c. 172880 -"Bartoli, Cecilia..."- sent. del 30/11/2021, c. 171131 y 171130 -“Idoyaga...” y “Selva...”, sent. del 24/02/2022).
En otras palabras, se resarce el valor de la capacidad total o parcialmente afectada por las lesiones, sea que ese valor se identifique con la pérdida de ingresos laborales futuros ("actividades productivas" en los términos del art. 1746 del CCyC), o bien por el daño emergente generado por el costo de sustitución de las actividades cotidianas que realizaba la víctima y que, por la lesión sufrida, estará total o parcialmente imposibilitada de realizar con normalidad ("actividades económicamente valorables" según las denomina el artículo citado).
Esta Sala tiene dicho que aún en el supuesto en el que el juzgador no tenga certeza sobre una disminución en los ingresos de la víctima o incluso sabiendo efectivamente que el damnificado no sufrió esa merma (como en el caso de una niña que no tiene edad suficiente para generar ingresos remunerados), el resarcimiento igualmente es procedente en la medida en que se haya demostrado una incapacidad psicofísica permanente, sea total o parcial.
En tal caso, en lugar de analizar el valor potencial de la actividad futura como daño cierto (lucro cesante) podrá justipreciarse como una frustración de una chance. Esto es, admitir el resarcimiento no como un lucro cesante concreto sino sobre la base de la mutilación de la oportunidad o probabilidad de obtención o aumento de ganancias (entre otros, c. 171996 -“Valenzuela Bernal, Ovidio del Carmen”- del 02/09/2021; c. 168.803, -“Mangiaruga, Matías Damián...”-, sentencia del 07/05/2020; c. 167.312 -“Bertocchini, Dora del Carmen...”- sentencia del 10/05/2019, c. 166.500 -Del Hoyo, Andrés...”, sentencia del 27/11/2018).
De ello se sigue que no es equivocada, en principio, la decisión de la jueza de incorporar en el cálculo el impacto que genera la consideración de la chance frustrada. Tal ha sido el objetivo que pareciera haber perseguido la colega al morigerar el resultado de la fórmula (multiplicando el total por 0.6), internalizando en el crédito resarcitorio la magnitud de la chance que consideró afectada por la incapacidad resultante.
Si bien, reitero, la decisión ha estado bien orientada, considero que no fue debidamente aplicada.
En los casos en los que la víctima no genera ingresos o no tiene edad suficiente para generarlos, la noción de pérdida de chance solo refiere a su capacidad laboral, lo cual es razonable dado que —como dije— el perjuicio patrimonial se identifica con los ingresos frustrados por la capacidad, y estos últimos dependen, a su vez, de considerar un hecho no cierto, sino probable en una cierta medida (esto es, que la niña, arribando a una cierta edad, consiga un trabajo remunerado).
Pero no puede decirse lo mismo de su capacidad vital, donde no solo no se aprecia ninguna chance frustrada, sino que el daño patrimonial futuro identificado con el costo de sustitución de las actividades cotidianas que T. no podrá hacer el resto de su vida (o que las podrá hacer con dificultad o asistencia de un tercero) no constituye ninguna hipótesis plausible o probable: es un escenario cierto e indudable (véase, en particular, el pronóstico detallado por el perito Leandro Damián Sousa en el punto de pericia n°3 de su dictamen del 18/08/2020).
En otras palabras: la pérdida de chance refiere únicamente a los ingresos laborales futuros, pero no puede ni debe afectar a la capacidad genérica referida a actividades no retributivas pero económicamente valorables dado que se sustentan en un daño futuro cierto.
De ello se sigue que la morigeración que genera la consideración de la chance frustrada debe realizarse de modo tal que afecte únicamente a las variables económicas que refieren a la capacidad laboral y sin repercutir en la capacidad vital. Allí radica el error de la magistrada, pues al morigerar el resultado final de la fórmula Acciarri ($6.937.076) que ya había sido incrementarlo en un 20% representativo de las demás aptitudes vitales y genéricas frustradas ($8.324.491), terminó por generar una reducción sobre el valor de esta última capacidad (la vital) que debía mantenerse intacta. Agrego a ello que, a mi modo de ver, el porcentaje utilizado para mensurar la chance frustrada ha sido injustificadamente alto (una disminución del 40%), sin que existan elementos que permitan así justificarlo.
No puedo dejar de considerar que la prueba producida da cuenta de que T. era una niña sana y su madre ha sido sumamente activa en la rehabilitación, en el cuidado y —en lo que aquí más me interesa destacar— en el estudio y formación escolar de su hija, todo lo que me persuade de que la probabilidad de que en su mayoría de edad hubiera adquirido un trabajo sean considerablemente altas, de no haber mediado el hecho lesivo. Propondré al acuerdo reducir al 10% la morigeración enunciada, la cual solo debe afectar a la porción del cálculo que versa sobre las actividades laborales. Asimismo, propondré incrementar a un 30% el porcentaje representativo de la capacidad vital afectada, considerando la gravedad de las lesiones detalladas por el perito Sousa y las secuelas resultantes que requerirán asistencia en el futuro (v. dictamen del 18/08/2020).
Manteniendo el mismo tipo de cálculo y las demás variables utilizadas por la jueza, corresponde que al total de $6.937.076 representativo de rentas futuras frustradas (pág. 52 de la sentencia de primera instancia) se lo morigere en un 10% para internalizar la chance frustrada (arrojando un total de $6.243.368,40). A ese resarcimiento se le adicionará el 30% representativo de las restantes aptitudes vitales y genéricas -no estrictamente laborales- que resultaron parcialmente frustradas, fracción que se calculará sobre el total no morigerado que arroja el cálculo (es decir, el 30% de $6.937.076). Ello arroja un total de $8.324.491,20 -resultante de calcular [6.243.368,40 + (6.937.076*0,3)], monto por el cual propondré al acuerdo que progrese el rubro y sea admitido el agravio en estudio (c. 161169 -"Ruiz Díaz, José..." del 18/08/2016; arts. 7, 1730, 1746 y cctes. del CCyC).
III.2.c. Lucro cesante de la Sra. Gladys Toledo.
En el apartado «6.3» del escrito de demanda en la causa “R.” (fs. 32), el apoderado común de los accionantes reclamó lo que pareciera ser un lucro cesante de la Sra. Gladys Toledo y la indemnización por incapacidad sobreviniente de su hija T.. El monto total peticionado (enunciado en el primer párrafo de fs. 33/vta) no distingue una y otra víctima y no hay mayores detalles sobre el primero de los reclamos por fuera de un único y lacónico párrafo obrante a fs. 32 donde se indica la ganancia mensual de la madre de la niña y el hecho de que debió dejar de trabajar.
Coincido con la jueza de primera instancia al encuadrar el reclamo de la Sra. Toledo como un lucro cesante; esto es, corresponde interpretar que lo que se han reclamado son las ganancias que dejó de percibir por dedicarse al cuidado de su hija luego del trágico hecho que motiva este pleito. Si bien la pretensión no tiene en este punto la claridad que hubiera sido deseable, y poco y nada se dice sobre la extensión que tuvo ese cuidado (es decir, hasta cuándo la Sra. Toledo se vio imposibilitada de trabajar para cuidar a su hija), lo cierto es que —a diferencia de lo resuelto en el fallo apelado— considero que existen elementos suficientes para considerar procedente el reclamo.
Del testimonio brindado por las Sras. Mirta Trejo, Graciela Soragni y del Sr. Víctor Segovia surge acreditado que la Sra. Toledo realizaba tareas como empleada doméstica. Los testigos hablan de changas y detallan que no era un empleo fijo, lo que lleva a inferir que se trataba de un trabajo por horas que realizaba en casas particulares. La testigo Juárez relató en la audiencia de vista de causa que tenía a T. a su cuidado el día del hecho porque, precisamente, su madre se encontraba trabajando (minuto 12:03). En similar sentido se expide la Sra. Soragni (minuto 28:19) donde refiere que la Sra. Toledo “antes trabajaba” y que luego del accidente “Gladys anduvo para acá, para allá con los cuidados de la nena” (minuto 30:15) y luego “dejó de trabajar”. Felipe Lemmo también reparó en el cuidado y la atención de la Sra. Toledo con su hija: «su tiempo es con la nena», aseveró (min. 35:40 de la audiencia).
El Sr. Segovia declaró en 2013 (o sea, cuatro años después del hecho -v. fs. 354-) que la Sra. Toledo “trabaja de changas de limpieza”, utilizando el tiempo verbal presente, lo que me lleva a inferir que en algún momento posterior al hecho y anterior a 2013 —que no es posible definir con claridad, pues la demanda nada dice— pudo volver a realizar tareas remuneradas (art. 375, 384 del CPCCBA).
Encuentro en este material probatorio elementos más que suficientes para considerar demostrado que, dada la gravedad de las lesiones sufridas por la niña T. R. Toledo, su madre debió abocarse tiempo completo a su cuidado y rehabilitación.
El artículo 165 del Código de Procedimientos faculta al juez a estimar la cuantía de la indemnización cuando el daño se encuentre debidamente acreditado. Es decir, puede estimar -aun sin prueba específica- la extensión económica del perjuicio y cuantificar el resarcimiento, todo ello condicionado a que la prueba producida sea suficiente para demostrar el detrimento patrimonial sufrido por la víctima. Esta prerrogativa debe ser ejercida con cautela y razonabilidad (c. 172400 -"Mendoza, Marta..."-, del 15/03/2022). Encontrándose demostrado el perjuicio, entiendo razonable cuantificar la indemnización del siguiente modo: (i) estimaré un total de tres años de lucro cesante comprensivo del tiempo durante el cual la Sra. Toledo no pudo realizar ninguna tarea remunerada por estar abocada por completo al cuidado de su hija, acompañándola en sus tratamientos médicos y de rehabilitación (un total de 36 meses, de agosto de 2009 a agosto de 2012); (ii) tomaré como parámetro de ingreso al valor actual de la hora de personal para tareas generales con retiro que en la actualidad asciende a $362,50.- (Anexo III de la Resolución 2/2022 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares; véase https://casasparticulares.afip.gob.ar/ayuda/empleador/remuneraciones.aspx) y (iii) calcularé un total de 3 horas diarias (1.087,50.- por día) durante 240 días laborales anuales (261.000 por año). Ello, multiplicado por los tres años a los que me referí anteriormente, arroja un total de $783.000, monto por el cual propondré al acuerdo prospere rubro y sea admitido el agravio en estudio (art. 375, 384 y cctes. del CPCCBA).
Los intereses moratorios sobre este rubro deberán liquidarse siguiendo las pautas y tasas fijadas por la jueza de primera instancia en el auto aclaratorio del 29 de octubre de 2021 (6% anual desde la fecha del hecho hasta la presente sentencia, y de ahí en más a la tasa bancaria allí estipulada siguiendo la doctrina de los fallos “Vera” y “Nidera S.A.” de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires) [v. SCBA, C.123.297, "Calderón, Edgardo..." del 4-11-2020].
III.2.D. Daño moral de la Sra. Cebeyra.
La sentencia reconoce un resarcimiento de $3.000.000 en concepto de daño moral a favor de la Sra. Cebeyra por el trágico fallecimiento de su hijo Mauricio.
Tiene razón la recurrente cuando afirma que existen motivos suficientes para incrementar la indemnización.
Este Tribunal ha dicho en reiteradas oportunidades que la fijación de la reparación por daño moral queda librada al criterio del juez aunque es necesario indicar las pautas objetivas que fueron evaluadas y ponderadas para arribar a la suma de condena (esta Sala, c. 169141 -“Bravo...”-, sent. del 07/07/2020, c. 169939 -"Rabainera..."- sent. del 10/09/2020, c. 170031 -"Lasa..."- sent. del 08/10/2020).
El Código Civil y Comercial expresamente prescribe en su artículo 1741 que el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas, superando de ese modo aquel criterio que sostenía que la reparación del daño extrapatrimonial importaba asignar un precio al dolor.
Se trata, en cambio, y como explica Galdós, de establecer el precio del consuelo: la mitigación del dolor de la víctima a través de bienes deleitables que conjugan la tristeza, la desazón o las penurias, proporcionándole a la víctima recursos aptos para menguar el detrimento causado y permitiéndole acceder a gratificaciones viables que le brinden alguna forma de alivio (Galdós, Jorge M., en “Código Civil y Comercial de la Nación, comentado” dirigido por Ricardo Luis Lorenzetti, 1ra ed., Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2015, t. VIII, pág. 503).
No puedo dejar de reconocer que en épocas de aguda inflación el dinero deja de cumplir una de sus funciones más importantes: ser unidad de cuenta o mecanismo para establecer, expresar y comparar el precio de los bienes y servicios (c. 171996 -"Valenzuela Bernal, Ovidio del Carmen..." del 02/09/2021).
Ello hace difícil no solo cuantificar un resarcimiento evaluando el valor de mercado de productos que puedan considerarse satisfacciones sustitutivas y compensatorias, sino también juzgar en instancia recursiva el acierto o error de una decisión adoptada por otro juez en un tiempo pasado. Los valores establecidos en la sentencia de primera instancia ya han sido afectados por la inflación acumulada desde su dictado hasta la resolución de los recursos en la Alzada, y los precios relativos de la economía bien pudieron haber cambiado entre una y otra decisión, complejizando aún más la tarea revisora.
Según he puesto de relieve en anteriores pronunciamientos de este Tribunal, la más calificada doctrina autoral en la materia, refiriéndose a la pérdida de un hijo, expresa que “desde un punto de vista sustancial, resulta inimaginable procurar la explicación de un padecimiento semejante – quizás el más duro que pueda enfrentarse-, porque no hay palabras que sugieran siquiera la medida de ese dolor” (Zavala de González Matilde, “Daños a las personas, Pérdida de la vida humana”, Buenos Aires: Hammurabi, 1990, t. 2-b, pág. 275; mi voto en causa n°165710 "Paschero, Liliana Raquel..." sent. del 28/08/2018, c. 169604 -“Demassi, Graciela” del 29/04/2022). La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado que es tan inmenso el dolor que produce la pérdida de un hijo, que ha dado lugar a un vacío semántico, a raíz del cual los idiomas eviten nominarlo. Así “mientras que la persona que pierde su cónyuge se torna viudo o viuda, el que pierde el padre o la madre se torna huérfano, los idiomas (con excepción del hebreo) no tienen un término correspondiente para el padre o la madre que pierde su hijo o hija. La única calificación (en hebreo) de esta situación traduce "la idea de abatimiento del alma" (Caso “Bulacio vs. Argentina”, sentencia de 18 de septiembre de 2003. Voto razonado del Juez A.A. Cançado Trindade, párr. 24-25).
Por supuesto que no hay consuelo posible que el derecho pueda proporcionar a una madre que ha tenido que vivir la imprevista partida de su propio hijo. Es imposible siquiera imaginar que exista alguna suma de dinero que pueda lograr algún propósito paliativo ante lo que probablemente sea el dolor más inmenso que un ser humano puede experimentar.
En este punto tengo presente la invariable doctrina legal de la Casación conforme la cual «no media infracción legal aun cuando la sentencia otorgue una indemnización mayor a la reclamada en la demanda si en ésta quedó aquélla librada a lo que, "en más o en menos", resulte de la prueba» (art. 163 inc. 6, C.P.C.)." (Ac. 42935, "Gómez..." del 04/06/1991, Ac. 53743 "González de Vernini..." del 05/12/1995, Ac. 65214 -"R. Torres..." del 04/03/1997, Ac. 67732 -"Meza..."- del 24/02/1998, Ac. 81476 -"Mart..."-, del 23/04/2003, C.102641 -"B., L. V."- del 28/09/2011, entre otros; v. fs. 8/vta de la causa “Cebeyra...”)
Por ello, teniendo en cuenta lo resuelto en casos con ribetes fácticos similares al presente (Sala II, c. 137518 -"Santecchia..."-, sent. del 14/02/2018; c. 72400 -"Mendoza, Marta...", sent. del 15/03/2022, c. 169604 -“Demassi, Graciela” del 29/04/2022 ) y las características del hecho que motiva este proceso y que llegan incontrovertidas a esta instancia, considero que la indemnización por daño moral de la Sra. Cebeyra debe ser elevada a $5.920.000 a valores actuales (art. 1068 y cctes. del CC, 1741 y cctes. del CCyC).
Dicho resarcimiento deber considerarse cuantificado a valores actuales, por tratarse de una deuda de valor (esta Sala, c. 169939 -"Rabainera..."- sent. del 10/09/2020, c. 170031 -"Lasa..."- sent. del 08/10/2020, causas 137518 -"Santecchia..."- sent. del 14/02/2018, 161257 - "Pellizi..."- sent. del 06/10/2016, 131.976, 131.833, 130.138 - “Caparrós...”- sent. del 16/03/2016, entre otras). Por ello, los intereses moratorios fijados por la jueza en su sentencia aclaratoria del 29 de octubre de 2021 deberán reparar en la fecha de la presente sentencia para operar el cambio de la tasa pura del 6% anual a la alícuota bancaria allí establecida (SCBA, C.123.297, "Calderón, Edgardo..." del 4-11-2020; C. 120.536, -"Vera, Juan Carlos"- 18/04/2018 y C. 121134 -"Nidera S.A."-del 03/05/2018; mi voto en causas “Taddey” y “Cerizola” -n° 165.213 y 165.214, del 04/06/2018-, “Idoyaga...” -171131- y “Selva...” -171130-, sent. del 24/02/2022).
IV. Costas En atención al resultado obtenido por los distintos recursos, corresponde que: (a) las costas de primera y segunda instancia derivadas del rechazo de la demanda contra las firmas Ferias Comunitarias S.R.L., Organización Brujas S.A. y Red Informática de Pagos S.A. y la citada en garantía La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. sean impuestas a los actores, en su rol de parte vencida (arts. 68 y 274 del CPCCBA; esta Sala, c. 166833 -"Cerdan, Elena M. c. Supermercados Mayoristas Markro S.A."- del 03/06/2021); (b) las costas de segunda instancia generadas por el recurso de la parte actora se imponen a la Sra. Liliana Cristina Gabarain en su rol de parte vencida (art. 68 del CPCCBA; esta Sala, c. 166734 -"Capparelli, Soledad"- del 06/03/2019).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo: Corresponde: I) Reanudar el llamado de autos para sentencia; II) Hacer lugar al recurso de las firmas Organización Brujas S.A. y Ferias Comunitarias S.R.L. y Red Informática de Pagos S.A. y, en consecuencia, modificar la sentencia única de primera instancia rechazando la demanda que los actores en uno y otro proceso acumulado incoaron en su contra (y la citada en garantía La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A.); III) Hacer lugar parcialmente al recurso de los actores y, en consecuencia, modificar la sentencia única del siguiente modo: (a) aplicar, para la conversión del resarcimiento del daño moral de la niña T. R. Toledo el tipo de cambio conocido como “dólar MEP” o del dólar "contado con liquidación" -entre ellos, el que resulte más alto- vinculados a operaciones bursátiles en moneda extranjera mediante la compra en pesos de bonos solidarios y su posterior venta en dólares; (b) elevar a $8.324.491,20 el resarcimiento por incapacidad sobreviniente de T. R. Toledo; (c) otorgar un resarcimiento de $783.000 en concepto de lucro cesante para la Sra. Gladys Toledo, con más los intereses detallados en el considerando «III.2.c»; (d) elevar a $5.920.000 el resarcimiento por daño moral de la Sra. Patricia Susana Cebeyra, modificando el sistema de cálculo de los intereses moratorios de conformidad con lo establecido en el apartado final del considerando «III.2.d» de la presente; confirmando todo lo restante que hubiera sido materia de agravio; IV) Imponer las costas del siguiente modo: (a) las generadas en primera y segunda instancia derivadas del rechazo de la demanda contra las firmas Ferias Comunitarias S.R.L., Organización Brujas S.A. y Red Informática de Pagos S.A. y la citada en garantía La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. se imponen a los actores en cada proceso acumulado, en su rol de parte vencida); (b) las costas de segunda instancia generadas por el recurso de la parte actora se imponen a la Sra. Liliana Cristina Gabarain en su rol de parte demandada vencida (art. 68 del CPCCBA; consid. «IV» de la presente); V) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente:
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo se resuelve: I) Reanudar el llamado de autos para sentencia; II) Hacer lugar al recurso de las firmas Organización Brujas S.A. y Ferias Comunitarias S.R.L. y Red Informática de Pagos S.A. y, en consecuencia, modificar la sentencia única de primera instancia rechazando la demanda que los actores en uno y otro proceso acumulado incoaron en su contra (y la citada en garantía La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A.); III) Hacer lugar parcialmente al recurso de los actores y, en consecuencia, modificar la sentencia única del siguiente modo: (a) aplicar, para la conversión del resarcimiento del daño moral de la niña T. R. Toledo el tipo de cambio conocido como “dólar MEP” o del dólar "contado con liquidación" -entre ellos, el que resulte más alto- vinculados a operaciones bursátiles en moneda extranjera mediante la compra en pesos de bonos solidarios y su posterior venta en dólares; (b) elevar a $8.324.491,20 el resarcimiento por incapacidad sobreviniente de T. R. Toledo; (c) otorgar un resarcimiento de $783.000 en concepto de lucro cesante para la Sra. Gladys Toledo, con más los intereses detallados en el considerando «III.2.c»; (d) elevar a $5.920.000 el resarcimiento por daño moral de la Sra. Patricia Susana Cebeyra, modificando el sistema de cálculo de los intereses moratorios de conformidad con lo establecido en el apartado final del considerando «III.2.d» de la presente; confirmando todo lo restante que hubiera sido materia de agravio; IV) Imponer las costas del siguiente modo: (a) las generadas en primera y segunda instancia derivadas del rechazo de la demanda contra las firmas Ferias Comunitarias S.R.L., Organización Brujas S.A. y Red Informática de Pagos S.A. y la citada en garantía La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. se imponen a los actores en cada proceso acumulado, en su rol de parte vencida); (b) las costas de segunda instancia generadas por el recurso de la parte actora se imponen a la Sra. Liliana Cristina Gabarain en su rol de parte demandada vencida (art. 68 del CPCCBA; consid. «IV» de la presente); V) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967). VI) en los términos del art. 10 del Anexo I -«Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos»- del Ac. 4039/21 de la SCBA). Oportunamente, devuélvase.
Fin de la sentencia