Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas,
2Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 5.638.649 (Pesos cinco millones seiscientos treinta y ocho mil seiscientos cuarenta y nueve) equivalente a 138,98 ( ciento treinta y ocho con 98/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $ 14.096.623 (Pesos catorce millones noventa y seis mil seiscientos veintitrés) equivalente a 347,46 (trescientos cuarenta y siete con 46/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria –, los que quedan a cargo de CEIO S.A. , teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, y la Acordada N° 4/24 (21/02/2024) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe firma conjunta Número: IF-2024-25521540-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 11 de Marzo de 2024 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el Expte. Nº EX-2021-54563326- -APN-SGAI#TFN y sus acumulados Nº EX-2023-19361668- -APN-SGAI#TFN y EX-2022-60053469- -APN-SGAI#TFN caratulado “CEIO S.A.” s/recurso de apelación.
El Dr. Martín dijo:
I. Que en los IF-2021-54563274-APN-DTD#JGM, IF-2023-19361594-APN-DTD#JGM y IF-2022-60053401-
APN-DTD#JGM CEIO S.A. y el Sr. Ricardo Kiernecki interponen recursos de apelación contra las resoluciones N° 54/2021, 38/2022 y 2/2023, de fecha 20 de mayo de 2021, 23 de mayo de 2022 y 30 de enero de 2023, respectivamente, todas ellas dictadas por la Jefa (Int.) de la División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Centro II de la D.G.I- A.F.I.P., a través de la cuales se:
a) Determinó de oficio junto con los intereses resarcitorios el Impuesto a la Ganancias por los ejercicios fiscales 2015 a 2017, dejándose en suspenso el juzgamiento de la conducta en los términos del artículo 20 del Régimen Penal Tributario. – Resolución 54/2021-
b) Estableció la materia imponible frente al Impuesto a las Ganancias- Salidas No Documentadas por los pagos realizados en los períodos 08/2016 a 09/2017, dejándose en suspenso, el juzgamiento de la conducta en los términos del artículo 20 del Régimen Penal Tributario –Resolución 2/2023-
c) Determinó la responsabilidad personal y solidaria al Sr. Kiernicki Ricardo respecto de la deuda que CEIO S.A. mantiene en el Impuesto a las Ganancias de los ejercicios fiscales 2015 a 2017, con más los accesorios, dejando en suspenso el juzgamiento de su conducta en los términos señalados en la resolución 54/2021.- Resolución 38/2022-
En primer lugar, plantean la nulidad de las resoluciones toda vez que de las constancias obrantes en el expediente administrativo solo surgen informes de inspección sin el soporte documental de tales conclusiones. El organismo fiscal dictó un acto administrativo disponiendo la suspensión de la CUIT de los contribuyentes observados y su inclusión en la base apoc, pero no explicó los motivos por los cuales los proveedores fueron impugnados. En este sentido consideran que sólo existen presunciones relativas a la existencia de facturas apócrifas y no un acto administrativo firme que así lo disponga. A su vez, destacan que se violaron las garantías constitucionales del debido proceso y la inviolabilidad del derecho de defensa, puesto que el juez administrativo no admitió la prueba ofrecida en la contestación de la vista.
Exponen que el fundamento de los actos administrativos radica en la impugnación de las operaciones respaldadas por las facturas de adquisición de servicios de consultores de informática, cuyos proveedores son: Gil Hutton Pablo Ramón, Tecnodigital Baires S.A., Retriden S.A., Compañía Tecnológica de Inversiones S.A., Renaxur Baires S.A. y Netfly S.A., los cuales de acuerdo a la investigación llevada a cabo fueron declarados apócrifos. En virtud de ello, manifiesta que los servicios contratados fueron necesarios para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas a los efectos de poder realizar las prestaciones de los nuevos servicios que sus clientes le fueron solicitando. Manifiestan que la firma actuó de buena fe aportando la documentación solicitada en la etapa de inspección, a través de la cual se desprende que las facturas observadas poseían CAI vigente, las operaciones se encontraban debidamente registradas en los libros contables de la sociedad; los prestadores de servicio estaban debidamente inscriptas ante la A.F.I.P; a la fecha de las operaciones los proveedores en cuestión no se encontraban incluidos en la Base Apoc y el pago de los comprobantes impugnados fue realizado con transferencias bancarias o cheques, conforme lo dispone la ley antievasión, procediéndose en cada caso a practicar las retenciones correspondientes las que se informaron mensualmente en el S.I.C.O.R.E.- Impuesto a las Ganancias.
Explican que a su entender cuando se efectúan prestaciones de servicios los medios probatorios se reducen, máxime en el caso de autos, donde la necesidad de la contratación de los mismos está vinculada a los requerimientos de los clientes y no se materializa sino en nuevos programas que reemplaza o modifica a los existentes pudiendo sólo verificarse que el programa que se utiliza es diferente del que se poseía al momento de iniciar los servicios con sus clientes.
Frente a la imputación de la responsabilidad solidaria del Sr. Kiernecki Ricardo, éste considera que el organismo recaudador se encuentra impedido de intimarlo de pago hasta tanto la deudora principal haya incumplido su obligación, la que recién surgiría cuando exista una sentencia firme contraria a los intereses de CEIO S.A. En razón de lo expuesto, entiende que la resolución recurrida carece de causa ya que la sociedad no posee deuda con el Fisco Nacional.
Por los argumentos desarrollados las recurrentes solicitan que se haga lugar a los recursos de apelación interpuestos, con costas. Citan jurisprudencia. Ofrecen prueba documental, informativa, pericial informática y pericial contable. Hacen reserva del caso federal.
II. Que en los IF-2021-75175066-APN-DTD#JGM, IF-2023-51456992-APN-DTD#JGM y IF-2022-104111661- APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta los traslados deducido en autos.
Expone que las resoluciones apeladas son actos administrativos que gozan de legalidad y reúnen los requisitos necesarios que las convalidan tanto en lo que hace a la causa-fuente de su dictado, como asimismo al procedimiento seguido y su motivación. Señala que tanto la vista como la determinación de oficio, se encuentran perfectamente motivados, pues de su simple lectura, surgen los elementos de hecho y de derecho que llevaron a la convicción administrativa de correr vista a la contraria y su posterior conclusión resolutiva, otorgando la oportunidad a la encartada de que ejerza su defensa y aportar todas las pruebas que hagan a su derecho. Menciona que del cotejo de las actuaciones administrativas no se vislumbra en qué medida las recurrentes se han visto menoscabadas en sus garantías, ello si se tiene en cuenta que han podido presentar su descargo en tiempo y forma, ofrecieron prueba y pudieron presentar sin inconveniente alguno el recurso de apelación ante esta instancia jurisdiccional, exponiendo los argumentos que hacen a su derecho.
Manifiesta que para determinar la condición de “proveedor apócrifo” con relación a las operaciones facturadas, no se basó en argumentos aislados o presunciones, sino en una serie de elementos, que, considerados conjuntamente, permitieron arribar a la conclusión de que se trata de personas que no realizaron las operaciones respaldadas con los comprobantes cuestionados.
Acerca del planteo sobre que debiera computarse contra el ajuste las retenciones practicadas en el Impuesto a las Ganancias por la firma, destaca que los agentes de retención resultan responsables por deuda ajena, o sea que los mismos no sustituyen a la recurrente en su obligación tributaria, sino que -por una cuestión de administración tributaria- actúan en forma solidaria por éste.
Respecto de la responsabilidad solidaria expone que el artículo 8 de la ley de rito no requiere el carácter firme del acto de determinación del tributo del deudor principal, sino que únicamente se haya cursado a éste la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de 15 (quince) días previsto en el segundo párrafo del artículo 17 de la citada noma, hecho ocurrido en el caso de marras toda vez que la resolución emitida al Sr. Kiernicki data de fecha 23/05/2022 y el acto administrativo por el cual se determinó la obligación tributaria a CEIO S.A.se dictó el 20/05/2021, notificada el 21/05/2021 por lo que el vencimiento del plazo indicado ut-supra ocurrió el 18/06/2021.
Concluye resaltando que en los periodos observados, el Sr. Kiernicki Ricardo es el presidente de la firma y apoderado de las cuentas bancarias abiertas a nombre de la sociedad, siendo responsable del manejo de fondos de la empresa deudora, por lo que atento a lo dispuesto en los artículos 6 inc. d) y 8 inc. a) de la ley de rito resulta responsable en forma personal y solidaria del cumplimiento de la obligación impositiva de CEIO S.A. Que a tenor de lo expuesto solicita que se confirmen los actos apelados. Se opone a la prueba ofrecida por las actoras. Acompaña antecedentes administrativos. Hace reserva del caso federal.
III. Que teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley de Procedimiento Tributario- Apertura a Prueba- en la PV-2021-116922560-APN-VOCXII#TFN (EX-2021-54563326- -APN-SGAI#TFN) se hizo lugar a la prueba pericial contable designándose al Sr. Luis Alberto Malato en representación de la actora y al Sr. Miguel Ángel Treglob designado a propuesta del Fisco Nacional para que presenten conjuntamente el informe de los puntos a) a f) consignados en el escrito recursivo que obra en el IF-2021-54563274-APN-DTD#JGM, pto. VII. PRUEBA, apartado E-Pericial Contable., el cual luce agregado en el RE-2022-102246326-APN-DTD#JGM. En consecuencia en la PV-2022-117764241-APN-VOCXII#TFN se declaró cerrado el período de instrucción. Posteriormente por medio de la PV-2023-121994551-APN-SGAI#TFN la Secretaría General de Asuntos Impositivos procedió a acumular los expedientes EX-2022-60053469-APN-SGAI#TFN y EX-2023-19361668- APN-SGAI#TFN al EX-2021-54563326-APN-SGAI#TFN, atento a lo dispuesto en la sentencia de Tribunal en Pleno que obra en el IF-2023-118679735-APN-VOCXI#TFN.
Que cabe mencionar que las probanzas ofrecidas en los EX-2023-19361668- -APN-SGAI#TFN y EX-2022- 60053469- -APN-SGAI#TFN resultan ser idénticas a las ya producidas en el EX-2021-54563326- -APNSGAI# TFN, por lo que en la PV-2023-126831737-APN-VOCXII#TFN se estuvo a lo ordenado en la PV-2022-
117764241-APN-VOCXII#TFN (cierre de instrucción), dejándose constancia que el Sr. Kiernicki no propuso probanza alguna vinculada con la responsabilidad solidaria.
IV. Que en la PV-2023-137482341-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D” y a través del IF-2023-138296465-APN-VOCXII#TFN se ponen los autos para alegar. En el IF-2023-142768296- APN-DTD#JGM obran los alegatos del Fisco Nacional, y en el IF-2023-138296465-APN-VOCXII#TFN los de la actora. Finalmente en el IF-2024-22895195-APN-VOCXII#TFN se disponen los autos para sentencia.
V. Que por una cuestión de procedencia, cabe analizar el planteo nulidad, invocado por las recurrentes. Que en lo estrictamente formal, las resoluciones recurridas, satisfacen los requisitos estatuidos por el artículo 7° de la ley 19.549, toda vez que tanto de los actos de apertura del sumario como así también en los que se determinan de oficio se han consignado de manera concreta la causa y la motivación del procedimiento, no concurriendo así las circunstancias planteadas por el art. 14 de la citada norma, que darían lugar a las causales de nulidad absoluta. En cuanto al rechazo de la prueba ofrecida en sede de la Administración, debe señalarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en reiteradas oportunidades que la eventual restricción de la defensa en el procedimiento administrativo es subsanable en el trámite judicial subsiguiente (Fallos: 212:456; 218:535; 267:393; 273:134), por lo que tampoco se afecta la eficacia del procedimiento ni lesiona su derecho de defensa, por cuanto la posterior instancia ante este Tribunal la habilita a ofrecer los medios probatorios que considere procedentes, tal como ha sucedido en el caso de autos, todo ello sin perjuicio de las facultades que posee el juez administrativo para analizar la prueba ofrecida y decidir sobre la procedencia de ella. Que en la PV-2021-116922560-APN-VOCXII#TFN se hizo lugar a la prueba pericial contable designándose al Sr. Luis Alberto Malato en representación de la actora y al Sr. Miguel Ángel Treglob designado a propuesta del Fisco Nacional para que presenten conjuntamente el informe de los puntos a) a f) consignados en el escrito recursivo (IF-2021-54563274-APN-DTD#JGM), pto. VII. PRUEBA, apartado E-Pericial Contable., el cual luce en el RE-2022-102246326-APN-DTD#JGM.
Que por lo tanto, corresponde rechazar el planteo de nulidad articulado por las apelantes, no debiéndose imponer costas a su cargo, en virtud que tal defensa fue interpuesta como otro agravio más, sin otorgársele el carácter de previo y especial pronunciamiento.
VI. Que ello así cabe establecer si la resolución 54/2021 que determinó el Impuesto a las Ganancias por los ejercicios fiscales 2015 a 2017 se ajusta a derecho.
Que de las presentes actuaciones se desprende que CEIO S.A. cierra sus ejercicios en diciembre de cada año y se dedica por cuenta propia o de terceros a la enseñanza de idiomas. Para llevar a cabo dicha actividad compra, vende, importa, exporta, comisiona, representa y distribuye productos, licencias, materiales, libros, CDs, DVDs, software y hardware destinados a la educación, recreación, capacitación y/o programas educativos para ser aplicados a instituciones públicas o privadas, a personas jurídicas y a individuos de todas las edades. A su vez presta los siguientes servicios: i) capacitación presencial y a distancia con tutores, profesores y profesionales especializados., ii) de diseño y desarrollo de planes de estudio y capacitación para alumnos, empleados, capacitadores profesionales y docentes, iii) de desarrollo y dictado de programas relacionados a idiomas extranjeros y en materia aeronáutica en modalidad blended, a distancia y presencial; desarrollo de plataformas educativas y contenido para el dictado de programas oficiales y no oficiales para instituciones educativas y para empresas, iv) capacitación a alumnos individuales y a empleados de empresas aeronáuticas según lo regulado por la Administración Nacional de Aviación Civil y v) de asesoramiento en materia de consultoría técnica, organización comercial, estratégica y de operaciones.
Que en el caso de marras se realizaron tareas tendientes a verificar las operaciones de prestación de servicios recibidas por los proveedores Gil Hutton Pablo Ramón, Tecnodigital Baires S.A., Retriden S.A., Compañía Tecnológica de Inversiones S.A., Renaxur Baires S.A., Netfly S.A., los cuales de acuerdo a la investigación llevada a cabo fueron declarados apócrifos con relación a las operaciones facturadas, atento a las irregularidades que presentaban. En consecuencia, el Fisco Nacional impugnó los gastos deducidos en el Impuesto al a las Ganancias por los ejercicios fiscales 2015 a 2017 y los créditos fiscales computados en el Impuesto al Valor Agregado. Respecto de éstos últimos cabe destacar que durante la etapa de inspección, con fecha 17/07/2019 CEIO S.A. conformó el ajuste propuesto en IVA presentando las declaraciones juradas rectificativas por los períodos fiscales 01/2015 a 12/2017 (fs. 964/993 IF-2021-75171908-APN-DTD#JGM) y abonando el gravamen correspondiente conforme luce a fs. 1192/1197 en el IF-2021-75172160-APN-DTD#JGM.
Que de las manifestaciones efectuadas en los escritos recursivos se desprende que las facturas impugnadas fueron realizadas con la necesidad de contratar servicios para nuevos softwares o la actualización de los existentes o la creación de nuevos programas destinados a las exigencias de los clientes.
Que ello así, resulta oportuno mencionar que conforme surge de los informes de inspección que obran en los IF- 2021-75170051-APN-DTD#JGM e IF-2021-75172160-APN-DTD#JGM los proveedores observados, integran parte de una grupo económico de empresas ficticias donde todas las sociedades que lo conforman poseen características similares tales como la relación débito/ crédito fiscal en el Impuesto al Valor Agregado similar a uno, poseen pagos escasos de impuestos, hay falta de presentación en las declaraciones juradas y no disponen de empleados y presentan incumplimientos en los regímenes de retención a sus proveedores. A su vez los integrantes y representantes de las distintas empresas del grupo no poseen un perfil acorde a la actividad que declaran así como tampoco tienen de capacidad contributiva suficiente para respaldar su volumen de facturación. Los administradores de clave fiscal, apoderados, contadores, escribanos, cotitulares de cuentas bancarias, se encontraban a cargo de la misma persona humana, independientemente de la empresa que representaban del grupo económico, hecho que supone la presencia de prestanombres utilizados para ocultar los verdaderos responsables de la maniobra. Los sujetos cuestionados emiten facturas presuntamente apócrifas desde las mismas I.P. Según los regímenes de información presentados por los distintos contribuyentes cuestionados se observó que los proveedores cuestionados informan operaciones comerciales entre ellas. Asimismo, los proveedores del servicio de internet utilizado en la emisión de las facturas electrónicas suministraron información sobre denominación, datos de contacto y domicilios de instalación de contratantes, los que se reiteran en las distintas empresas del grupo.
Que en efecto, teniendo en cuenta dichos antecedentes el organismo recaudador realizó la denuncia correspondiente lo que originó la causa Nº 865/2017 s/ infracción ley 24.769 cuya instrucción se encuentra a cargo de la Fiscalía en lo Penal Económico Nº1. En virtud de ello y luego de haberse dictado la sentencia penal el Fisco Nacional incluyó a los contribuyentes en la base apoc con el estado “denuncia penal” bajo los lineamientos establecidos en la Instrucción General Nº748/2005 punto 2.2.6- sin capacidad económica.
Posteriormente, impugnó la deducción de gastos efectuada por CEIO en el Impuesto a las Ganancias por los ejercicios fiscales 2015 a 2017.
Que frente a esta circunstancia, la recurrente sostiene en su defensa que las facturas que instrumentan las operaciones cumplen con la normativa vigente y que ninguna norma impone a su cargo el deber de constatar el cumplimiento que los proveedores den a sus obligaciones fiscales. En esta línea de pensamiento, expone que no le resultan imputables los incumplimientos de un tercero, al haber actuado con la diligencia debida en orden a controlar la veracidad de los comprobantes extendidos, sin que se pueda pretender que sustituya al Fisco Nacional en sus tareas de control para comprobar la capacidad económica y financiera de los proveedores con los que opera.
Que sin embargo, cabe destacar que el argumento del organismo fiscal para impugnar el la deducción del gasto radica en sostener que los elementos reunidos permiten cuestionar la realidad de las transacciones comerciales, al carecer los proveedores con capacidad operativa y financiera para realizar las operaciones.
Que ello así, debe resaltarse que los agravios esgrimidos por la actora corresponden a aspectos formales, al hacer referencia únicamente a las facturas, a los recibos aportados y a los comprobantes que verifican la validez de las facturas extendidas, extremos que por sí solos no logran demostrar la realidad de las operaciones contenidas en dicha facturación, al no acreditar que los servicios hayan sido reales y sean efectuados por los proveedores cuestionados en autos. En efecto, la circunstancia de que un proveedor no se encuentre incluido en dicha base de datos no implica que posea capacidad operativa debido a que la sola inclusión no constituye por sí misma el motivo del cuestionamiento de la validez de su facturación, sino que a ello se agregan las restantes constataciones efectuadas por el personal fiscalizador, las que deben ser rebatidas por la recurrente. Por consiguiente, no resulta suficiente el cumplimiento de los recaudos formales, sino que también es necesario la consumación del aspecto material referido a la existencia de las operaciones. (Stop Car S.A. (TF 26.815-I) c/ DGI".).
Que por otra parte, es importante señalar que en el caso bajo trato la prueba aportada hace referencia a las facturas cuestionadas, los aspectos formales de las mismas y su modalidad de cancelación, lo que evidencia la ausencia de pruebas categóricas y conducentes para desvirtuar la postura fiscal. En virtud de ello cabe destacar que la prueba pericial contable que luce en el RE-2022-102246326-APN-DTD#JGM también hace referencia a los requisitos formales de la facturación emitida y en dicho informe pericial no se acompañó ni se mencionó la forma de cancelación de las transacciones impugnadas.
Que asimismo debe advertirse que de la documental aportada no surge de manera detallada la relación que CEIO S.A. tenía con los proveedores impugnados, situación que la perjudica al no ofrecer ni en esta instancia ni durante el proceso administrativo contrato alguno o elemento que brinde mayores precisiones acerca de su relación comercial. En este sentido, cabe señalar que conforme surge del Formulario Nº 931 que obra a fs. 1007 del IF- 2021-75172160-APN-DTD#JGM CEIO S.A. dispone de seis empleados en relación de dependencia, sin embargo en ningún momento la recurrente da precisiones ni menciona sobre las actividades que los mismos efectúan y el perfil asignado, por lo que al no aportar prueba alguna a los efectos de verificar la trazabilidad existente entre los servicios que la firma recibió y los que vendió, no se descarta la posibilidad que las compras impugnadas pudieran ser producidas por los trabajadores de CEIO S.A. y no por los proveedores cuestionados, máxime si se tiene en cuenta la variedad de actividades que realizan éstos últimos. Asimismo, cabe señalar que los servicios -a medida- adquiridos fueron realizados sobre la base del conocimiento humano, requiriéndose en consecuencia el aporte de un esfuerzo personal, y a pesar de ello los contribuyentes cuestionados no poseen trabajadores declarados.
Que en este orden de ideas, es importante resaltar que la recurrente conformó el ajuste en el Impuesto al Valor Agregado rectificando las declaraciones juradas y abonando el gravamen correspondiente en el plan de pago Nº L937273, el cual fue confeccionado fuera de un régimen de regularización con beneficios de condonación o exención. Dicho accionar provoca el reconocimiento por parte de CEIO S.A. de que no efectuó las operaciones con los proveedores cuestionados.
Que en efecto, la actora no aportó elementos de convicción que permitan descalificar las objeciones realizadas por el Fisco Nacional con relación a los proveedores impugnadas, en particular respecto a la falta de capacidad económica y operativa constatada, así como tampoco acercó a la causa, en forma subsidiaria que los mismos eran pertinentes para mantener, conservar y obtener ganancias gravadas, o que formaran parte de un insumo imprescindible para la etapa siguiente con relación a sus clientes.
Que por lo tanto, resulta acertado el criterio fiscal para considerar apócrifas las operaciones examinadas, toda vez que los comprobantes cuestionados no acreditan por si solos la prestación de los servicios impugnados, no encontrándose comprobado el circuito de pagos mediante el cual las transacciones hayan sido efectivamente realizadas o abonadas. Por consiguiente, corresponde disponer la confirmación del cargo bajo análisis.
VII. Que resta referirse al ajuste practicado en el Impuesto a las Ganancias - Salidas No Documentadas. –Resolución 2/2023-
Que el art. 37 de la ley del Impuesto a las Ganancias (“t.o en 1998) Dto 649/97) establece que “cuando una erogación carezca de documentación y no se pruebe por otros medios que por su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, no se admitirá su deducción en el balance impositivo y además estará sujeta al pago de la tasa del treinta y cinco por ciento (35%) que se considerará definitivo”; mientras que el art. 38 de dicha ley dispone que "no se exigirá el ingreso indicado en el artículo anterior, en los siguientes casos: a) Cuando la Dirección General Impositiva presuma que los pagos han sido efectuados para adquirir bienes, b) Cuando la Dirección General Impositiva presuma que los pagos -por su monto, etc,- no llegan a ser ganancias gravables en manos del beneficiario”.
Que con relación a la jurisprudencia, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver la causa “Red Hotelera Iberoamericana” del 26/8/2003 señaló: “18) Que en tales circunstancias resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 37 de la ley de impuesto a las ganancias (t.o. en 1986 y sus modif.), ya que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa norma- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario.
19. Que lo aseverado se apoya en conocidos criterios, establecidos desde antiguo por el Tribunal, en el sentido de que la proscripción de la aplicación analógica o extensiva de la ley -como ocurre en el campo penal y en el tributario- no excluye la hermenéutica que cumpla el propósito legal, con arreglo a los principios de una razonable y discreta interpretación (Fallos: 254:362; 256:277) o, dicho en otras palabras, ‘las normas impositivas no deben necesariamente entenderse con el alcance más restringido que su texto admite, sino en forma tal que el propósito de la ley se cumpla, de acuerdo con los principios de una razonable y discreta interpretación’ (Fallos: 243:204 y su cita, entre otros).
20. Que, en ese mismo sentido, debe ponerse de relieve que de acuerdo con lo prescripto por la ley 11.683 (artículos 1 y 2 en el t.o. 1998), en materia de interpretación de las leyes impositivas debe atenderse al fin de ellas y a su significación económica, lo que impide otorgar relevancia a la mera existencia de un instrumento si se demuestra que éste no refleja la realidad económica.
21. Que, sobre la base de tales principios, no puede sino entenderse que tanto en uno como en el otro supuesto mencionado en el considerando 18, la erogación carece de respaldo documental, máxime si se tiene en cuenta - en lo relativo al propósito de la ley- que, como lo ha señalado la Corte en el precedente de Fallos: 323:3376, el instituto de las “salidas no documentadas” ha sido adoptado por el legislador para asegurar la íntegra percepción de la renta fiscal en una particular situación en la cual, ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio (conf., en el mismo sentido, Fallos: 275:83, citado en el mencionado precedente).
23. Que, por lo demás, la doctrina del precedente de Fallos: 323:3376 lleva a descartar que el artículo 37 de la ley de impuesto a las ganancias revista el carácter de una norma sancionatoria…”
Que en igual sentido se pronunció dicho Tribunal con fecha 27 de septiembre de 2011 in re “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI” donde al remitirse al dictamen de la Señora Procuradora Fiscal, sostuvo en su parte pertinente que “....ante la impugnación sustantiva del Fisco Nacional -quien imputa que las operaciones económicas y la documentación recibida por Interbaires S.A. carecen de sinceridad- el contribuyente debía probar por otros medios que tales erogaciones fueron realmente efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas (arg. art. 37, ya citado)....”, reiterando dicho criterio en la causa “Antu Aplicaciones Industriales Integradas S.A. - TF 20958-I c/ DGI” de fecha 31 de julio de 2012.
Que ello así, a tenor de lo apuntado corresponde valorar los elementos de prueba colectados durante la fiscalización y ante esta instancia, debiendo evaluarse si se ha logrado la efectiva individualización de los beneficiarios.
Que el personal actuante verificó que las facturas emitidas por los proveedores habían sido en su mayoría canceladas total o parcialmente mediante con cheques o transferencias bancarias según los recibos de pago los cuales obran en el IF-2023-51445194-APN-DTD#JGM. En este sentido debe mencionarse que de la resolución apelada se desprende que las compras efectuadas a Gil Hutton Pablo Ramón, Tecnodigital Baires S.A., Retriden S.A.y Renaur S.A. son erogaciones que carecen de respaldo.
Que si bien durante la etapa administrativa la recurrente aportó los recibos de pago de las transacciones cuestionadas y el detalle de los mismos, cabe señalar que dichas erogaciones son consecuencia de comprobantes sin motivación tanto desde la naturaleza del gasto como del receptor del pago ya que esconden al real beneficiario de la operación no dando certeza de a quienes se enviaron dichos cheques y quiénes los recibieron. A su vez, tampoco demuestra que las operaciones fueron realizadas por los proveedores impugnados.
Que para aplicar el instituto de las Salidas no Documentadas, el Fisco Nacional cuestiona que las sumas no fueron percibidas por los proveedores, ya que éstos no fueron quienes llevaron a cabo las operaciones facturadas. Por lo que, de esta manera el beneficiario del pago de la operación reflejada en ese comprobante permanece oculto, generando una salida de fondos no documentada al carecer dicho instrumento de aptitud para individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario.
Que a ello cabe agregar, que de admitirse que el beneficiario se encuentra identificado por el hecho de que una persona física o jurídica -distinta a la que emitió la factura- figure como perceptor en el cheque endosado, llevaría a neutralizar la aplicación de la figura de la salida no documentada.
Que por lo tanto, al verificarse el presupuesto que hace a la aplicación del impuesto previsto en el art. 37 de la ley del Impuesto a las Ganancias, es decir un beneficiario oculto, procede la confirmación de este ajuste, con costas.
VIII. Que merece un párrafo aparte el planteo sobre las retenciones en el Impuesto a las ganancias efectuadas por CEIO S.A respecto de los comprobantes cuestionados.
Que de los escritos recursivos se desprende, en carácter subsidiario, que las mismas deberían computarse a cuenta del gravamen que efectivamente corresponda en caso de que ésta instancia confirmara el ajuste fiscal. Que al respecto, cabe dejar constancia que dichas retenciones fueron acreditadas en los CUITS de los proveedores observados y el desconocimiento por parte del Fisco Nacional de las operaciones ventiladas en la litis, no implica que dichos contribuyentes hayan computado en sus declaraciones juradas el impuesto efectivamente retenido contra la multiplicidad de actividades que poseen declaradas, cuestión que no ha sido acreditada.
IX. Que acerca de los intereses resarcitorios reclamados, cabe señalar que los mismos han sido liquidados en conformidad con lo prescripto en el art. 37 de la Ley de Procedimiento Tributario por lo que corresponde disponer su confirmación.
X.-Por los motivos enunciados en los considerandos V a VIII corresponde rechazar los recursos planteados por CEIO S.A., con costas.
XI. Que corresponde resolver si la resolución 38/2022 se ajusta a derecho, analizando la procedencia de la extensión de responsabilidad del Sr. Kiernecki Ricardo por el incumplimiento de la sociedad de autos. en el pago de su deuda tributaria en el Impuesto a las Ganancias por los ejercicios fiscales 2015 a 2017.
Que el artículo 8° en su inciso a) de la ley 11.683 (t.o. 1998 y mod.) establece -en su parte pertinente- que: “Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo, y si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los primeros cinco (5) incisos del art. 6º cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal dentro del plazo fijado por el segundo párrafo del artículo 17. No existirá sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Federal de Ingresos Públicos que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales.”
A lo que cabe agregar que el art. 17 de la ley de procedimiento fiscal dispone que en todos los casos en que pretenda hacerse efectiva la responsabilidad solidaria, deberá sustanciarse el procedimiento de determinación de oficio reglado en dicho artículo.
Que la Sala IV de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal señala en el fallo Citroni, René Nerio (TF 28.112-I) c/DGI de fecha 16/04/2013, que la responsabilidad del solidario nace solo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago cursada por el Organismo Recaudador; es decir que la falta de cumplimiento por parte del deudor principal a la intimación es el hecho que habilita al Fisco Nacional a extender la responsabilidad al solidario. La determinación de oficio cumplida respecto de aquel a quien se quiere hacer efectiva la responsabilidad solidaria solo se puede dictar una vez vencido el plazo de la intimación de pago cursada al deudor principal: solamente a su expiración se podrá tener por configurado el incumplimiento del deudor principal que habilita -en forma subsidiaria- la extensión de la responsabilidad al responsable por deuda ajena, sin que se advierta obstáculo legal alguno para que el Fisco comience el procedimiento de determinación de oficio con el objeto de verificar la eventual responsabilidad solidaria, aun antes de intimar de pago al deudor principal.
Que ello así, cabe resaltar que el recaudo necesario para extender la responsabilidad solidaria se encuentra cumplido en el caso en examen toda vez que la resolución 54/2021 de fecha 20 de mayo de 2021 determinó la materia imponible en el Impuesto a las Ganancias por los ejercicios fiscales 2015 a 2017 del deudor principal, “CEIO S.A”, la cual fue notificada el 21 de mayo del 2021, conforme en el IF-2021-75173201-APN-DTD#JGM. Mientras que la resolución 38/2022 de fecha 22 de mayo de 2022 fue notificada el 23 de mayo de dicho año, conforme obra en el IF-2022-108558948-APN-DTD#JGM., habiendo iniciado la inspección el 17 de septiembre del 2021 tal como luce en el IF-2022-108558948-APN-DTD#JGM; por lo que la intimación al deudor principal fue previa a la efectuada al responsable solidario.
Que, asimismo respecto al agravio esgrimido por la recurrente al manifestar la improcedencia del ajuste fiscal toda vez que la deuda principal se encuentra en discusión ante este Tribunal; es preciso mencionar el criterio del Máximo Tribunal en la causa “Bozzano, Raúl José (TF 33.056-I) el DGI” de fecha 11/02/2014 al señalar que “la norma transcripta no requiere el carácter firme del acto de determinación del tributo al deudor principal, sino únicamente que se haya cursado a éste la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días previsto en el segundo párrafo del art. 17 sin que tal intimación haya sido cumplida. La conclusión expuesta resulta acorde con la doctrina establecida por el Tribunal en el precedente “Brutti” (Fallos: 327:769).”. Por lo tanto, no corresponde hacer lugar al planteo bajo trato.
Que conforme luce en el IF-2022-108558948-APN-DTD#JGM con fecha 19/11/2013 el Directorio de CEIO S.A. aceptó la renuncia de Paula Kiernecki y designó en su reemplazo a Ricardo Kiernecki. Posteriormente, el 19/04/2018 la sociedad de autos renovó los cargos de presidente y vicepresidente del Directorio asignando los mismos a Kiernecki Ricardo y Paula, respectivamente.
Asimismo, de las actuaciones administrativas surge que Ricardo Kiernecki es apoderado y representante legal de las cuentas bancarias que posee CEIO S.A., encontrándose a cargo de la gestión de la empresa. En este sentido cabe señalar que el recurrente no aportó elemento alguno que le permita desligarse de la responsabilidad que se le imputa.
Que por lo tanto, el Sr. Ricardo Kernecki resulta responsable solidario por los montos que el Fisco Nacional oportunamente reclamo a la sociedad CEIO S.A. en concepto de Impuesto a las Ganancias por los ejercicios fiscales 2015 a 2017. En consecuencia, corresponde confirmar la resolución 38/2022, con costas. La Dra. Gómez dijo:
I. Que comparte la solución propiciada por el Dr. Martín con relación al rechazo de la nulidad planteada, coincidiendo en que no corresponde la imposición de costas en virtud de que la defensa no fue interpuesta como de previo y especial pronunciamiento.
II. También comparto en lo sustancial la decisión del Dr. Martín en cuanto confirma la impugnación efectuada en los actos determinativos respecto de la operatoria con los señalados proveedores Gil Hutton Pablo Ramón, Tecnodigital Baires S.A., Retriden S.A., Compañía Tecnológica de Inversiones S.A., Renaxur Baires S.A. y Netfly S.A., respecto a quienes se han desarrollado en el Considerando VI del voto del Vocal Instructor las irregularidades detectadas en la inspección y plasmadas en los actos apelados en autos.
No obstante ello, considero efectuar algunas precisiones adicionales.
Que en primer lugar no resulta controvertido que la recurrente consintió el ajuste en IVA por los períodos fiscales enero de 2015 a junio de 2017 y agosto a diciembre de 2017, detrayendo los créditos fiscales exteriorizados oportunamente, vinculados a los comprobantes observados en autos.
Respecto a la pericial contable obrante en el RE-2022-102246326-APN-DTD#JGM, la actora consideró su producción pertinente para acreditar que los proveedores cuestionados percibieron los pagos de las facturas impugnadas y que los mismos se llevaron a cabo mediante su bancarización.
Sin embargo, surge del punto individualizado como d), en la cual se requería “Determine qué documentación acompaña y avala la cancelación de cada factura indicando orden de pago, forma de pago (efectivo, cheques, otras).”, que ambos son expertos son coincidentes en poner de resalto que: “No fue exhibida la documentación que avale la cancelación de las facturas”; circunstancia que fue debidamente expuesta en el alegato de la representación fiscal obrante en el IF-2023-142768296-APN-DTD#JGM.
Sin perjuicio de esta falencia esencial para sustentar la postura de la recurrente, el hecho de que se hayan librado cheques o efectuado transferencias por el importe de las operaciones a favor de los proveedores en análisis y que, se hubiera constatado un débito al respecto, no modifica el criterio seguido por el organismo fiscal, ya que ello no resulta apto para establecer cuál ha sido la contraprestación que la firma actora recibió por ello, ni sirve para individualizar al verdadero beneficiario de las erogaciones, más allá de quienes nominalmente hayan recibido los fondos. En efecto, al haberse realizado actos y presentado documentación carente de sinceridad se ignora cuál ha sido la operación económica realmente realizada y quiénes y en qué proporción han obtenido beneficios pecuniarios de ella (cfr. Sala II de la CNACAF in re “Lo Bruno Estructuras S.A.”, sentencia del 3 de noviembre de 2023).
Que del cotejo de las constancias de la causa se evidencia un elenco de inconsistencias sobre los pretendidos proveedores y las operaciones invocadas, a lo que se suma la expuesta falta de trazabilidad respecto a los pagos y el consentimiento del ajuste por el indebido cómputo de crédito fiscal en IVA coincidente con el objetado en el Impuesto a las Ganancias por tales operaciones, además de la ausencia de pruebas idóneas en estas actuaciones, todo lo cual impide rebatir el criterio fiscal sobre la inexistencia de materialidad de las operaciones cuestionadas (cfr. Sala IV de la Alzada in re “Tecnobra S.A.”, sentencia del 15 de abril de 2014, que confirma el criterio de esta juzgadora plasmado en el decisorio de fecha 17 de septiembre de 2012).
En conclusión, nadie puede invocar el derecho a deducir gastos vinculados con operaciones cuya veracidad se encuentra ciertamente dubitada por las inconsistencias e irregularidades reseñadas, máxime si tal pretendido beneficio se relaciona con una causa cuya real existencia no ha sido debidamente acreditada (criterio de esta juzgadora in re “Numen Insight S.A. s/recurso de apelación”, sentencia del 10 de agosto de 2017, entre otros); en efecto, corresponde confirmar el ajuste en el Impuesto a las Ganancias Respecto a Salidas no Documentadas, la Corte Suprema sentenció que "...lo que persigue el gravamen de que se trata es imponer una tasa máxima a quien efectúe erogaciones no documentadas; es decir que, ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio" (Radio Emisora Cultural SA, 9/11/2000).
Asimismo, el Cimero Tribunal al resolver la causa “Red Hotelera Iberoamericana”, sentencia del 26 de agosto de 2003 (en especial Considerandos 18, 19, 20, 21 y 23 de dicho decisorio), pronunciándose en igual sentido dicho Tribunal con fecha 27 de septiembre de 2011 in re “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI” donde se remite al dictamen de la Señora Procuradora Fiscal, Laura M. Monti, en su parte pertinente, dice que “.... ante la impugnación sustantiva del Fisco Nacional -quien imputa que las operaciones económicas y la documentación recibida por Interbaires S.A. carecen de sinceridad- el contribuyente debía probar por otros medios que tales erogaciones fueron realmente efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas (arg. art. 37, ya citado)....”. Ello fue sostenido por el Máximo Tribunal en “Antu Aplicaciones Industriales Integradas SA (TF 20958-I)”, del 31 de julio de 2012; “Bolland y Cía. S.A. (TF 21122-I) c/ DGI”, del 21 de febrero de 2013 y “Epelco S.A. IECSA S.A. UTE (TF 21554-I)”, del 17 de septiembre de 2013.
En este orden de ideas, habiéndose en autos cuestionado la aptitud de las facturas para demostrar la causa de las operaciones –y erogaciones–, e individualizar a los verdaderos beneficiarios, se activa la pauta hermenéutica fijada por la Corte Suprema expuesta precedentemente (conf. Sala III de la CNACAF in re “Germaíz S.A. (TF 26512-I), sentencia del 11 de junio de 2019) y ante la ausencia de pruebas en contrario, debe confirmarse en ajuste efectuado en Salidas no Documentadas.
III. No obstante ello, cabe pronunciarse en este punto, sobre el planteo que formula la actora en su recurso respecto del cómputo de retenciones en el Impuesto a las Ganancias (fs. 31, IF-2021-54563274-APN- DTD#JGM), resaltando que en el caso fueron validadas por el informe contable (planilla anexa obrante en el RE- 2022-102246326-APN-DTD#JGM) y no fueron desconocidas por el Fisco.
Esta juzgadora considera que procede el cómputo de aquellas retenciones debidamente ingresadas por el retenedor contra el impuesto ajustado por el Fisco, atento que la confirmación de los ajustes practicados no puede abarcar la impugnación de aquellas retenciones que han sido efectivamente realizadas y acreditadas, aún cuando no se haya justificado la operatoria a la cual refieren. Que una conclusión contraria importaría una doble percepción impositiva (parcial) del impuesto involucrado en dichas operaciones por parte del Fisco Nacional, importando, ello, un verdadero enriquecimiento sin causa de la administración (criterio expuesto por esta juzgadora in re “Golden Peanut”, sentencia del 26 de junio de 2018)
Cabe traer a colación que la Corte Suprema de Justicia señaló in re “Compañía Argentina de Granos SA c/AFIP (DGI) s/contencioso administrativo – varios”, fechado el 11 de marzo de 2021, relativo a la demanda de repetición de importes ingresados por la citada compañía al Fisco Nacional en concepto de retenciones del impuesto al valor agregado (IVA) por las compras de cereal realizadas a ciertos proveedores, que el ajuste fiscal no se fundó en la declaración de inexistencia de las operaciones sino en la impugnación del cómputo del crédito fiscal originado en ellas.
Allí se puntualizó que “En primer lugar, porque reconoció en su escrito de demanda que había realizado operaciones de compra de cereales a productores agropecuarios en el período 12/2001 a 12/2007 -que generaron créditos fiscales en el IVA que fueron computados en sus propias declaraciones juradas del impuesto- respecto de las cuales practicó las retenciones del citado tributo en oportunidad de pagarle a sus proveedores. En segundo orden porque no demostró que la AFIP-DGI hubiera desconocido la existencia de las operaciones observadas en la inspección. Y por último, porque tampoco desvirtuó lo afirmado por el Fisco Nacional en el sentido que la compra de los granos por parte de CAGSA había quedado acreditada mediante la comprobación del circuito físico de las mercaderías. Todo lo expuesto impide considerar que el patrimonio de CAGSA haya experimentado menoscabo alguno como consecuencia de su actuación como agente de retención pues el IVA ingresado al Fisco surgió y fue retenido del precio que oportunamente había pagado por la compra de los granos”
Es dable traer a colación que, la Sala V de la Alzada in re “Cargill SACI c/ EN-AFIP-DGI-RESOL 7/12 s/Dirección General Impositiva” (sentencia del 9 de febrero de 2021) expresó que constituye un principio general del derecho que los pagos indebidos o sin causa o con causa inválida dan derecho a la devolución de lo pagado; y si la causa del pago de tales retenciones consistió en la realización de operaciones que, con posterioridad, el Fisco consideró inexistentes, no se explica cuál sería el título en virtud del cual puede pretender apropiárselo. Recientemente la Procuradora General se ha expedido en la causa citada en el párrafo precedente (dictamen del 23 de marzo de 2023), exponiendo que: “Sin embargo, al reconocerse la inexistencia de las operaciones de compra de granos entre Cargill y los proveedores cuestionados por el Fisco Nacional, las retenciones practicadas por la actora carecen de causa (cfr. arts. 1°, 2° y 5°, de la RG 1.394). Ello es claro para mí, porque el presupuesto de hecho para actuar en tal carácter -las operaciones de compra de granos- nunca existió en la realidad.” Por lo expuesto, corresponde que el Fisco Nacional reliquide el Impuesto a las Ganancias en la medida de las operaciones impugnadas, asignando a las retenciones validadas por el informe contable producido en autos el carácter de ingresos a cuenta de lo determinado (cfr. TFN “Ciccone Calcográfica SA” -Sala C- del 19/12/2003). Las costas se imponen en proporción a los respectivos vencimientos.
IV. Que sobre los intereses resarcitorios intimados, cabe recordar que éstos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias.
Que la Alzada tiene dicho que la ley de rito dispone la procedencia de un interés resarcitorio ante la falta de pago del gravamen sin necesidad de interpelación alguna, de modo tal que la sola falta de pago total o parcial de un gravamen, como en el presente, torna procedente la aplicación de este tipo de intereses. Tal consideración, basada en la literalidad de la norma -art. 37 de la ley de rito- permite descartar sin más los agravios expuestos por los recurrentes. (cfr. Sala V in re "Cuerolandia SACIF (TF 9740-I) c/ DGI", sentencia del 27/07/2005). Que en esta línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en autos “Citibank NA C/D.G.I” (sentencia del 1/06/2000), resolviendo que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias y que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del Código Civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales, ajenas al deudor que deben ser restrictivamente resaltando que la imposición de intereses es ajena a la de las normas represivas, con lo cual se descarta la necesariedad del elemento culpa para su imposición.
Que en virtud de todo lo expuesto, procede confirmar la liquidación de los intereses resarcitorios obrantes en los actos determinativos, respecto al Impuesto a las Ganancias en proporción ajuste que se confirma, toda vez que los mismos se ajustan a lo dispuesto por el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.).
V. Finalmente, adhiero al voto del Dr. Martín en cuanto confirma el acto por el cual se extendió la responsabilidad personal y solidaria al Sr. Kiernicki Ricardo respecto de la deuda determinada oportunamente a CEIO S.A., con más accesorios liquidados conforme el artículo 37 de la ley de rito fiscal.
VI. Por lo expuesto, voto por: 1) Confirmar parcialmente la resolución determinativa del Impuesto a las Ganancias, debiéndose computar las retenciones practicadas validadas por el informe contable. Las costas se imponen en proporción a los respectivos vencimientos; 2) Confirmar la resolución determinativa del Impuesto a las Ganancias- Salidas no documentadas en todas sus partes, con costas; 3) Confirmar el acto por el cual se extendió la responsabilidad personal y solidaria al Sr. Kiernicki Ricardo respecto de la deuda que CEIO S.A. mantiene en el Impuesto a las Ganancias de los ejercicios fiscales 2015 a 2017, en todas sus partes, con costas; 4) Corresponde ordenar al Fisco Nacional que en el plazo de treinta (30) días practique la liquidación de las sumas adeudadas en autos por la recurrente en concepto del Impuesto a las Ganancias, con los lineamientos expuestos precedentemente.
La Dra. O´Donnell dijo:
Que adhiere a la decisión del Vocal Instructor.
Que en virtud del acuerdo que antecede, por mayoría SE RESUELVE:
1. Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas, 2º) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 5.638.649 (Pesos cinco millones seiscientos treinta y ocho mil seiscientos cuarenta y nueve) equivalente a 138,98 ( ciento treinta y ocho con 98/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $ 14.096.623 (Pesos catorce millones noventa y seis mil seiscientos veintitrés) equivalente a 347,46 (trescientos cuarenta y siete con 46/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria –, los que quedan a cargo de CEIO S.A. , teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, y la Acordada N° 4/24 (21/02/2024) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
3. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 3.078.935 (Pesos tres millones setenta y ocho mil novecientos treinta y cinco) equivalente a 75,89 (setenta y cinco 89/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $ 7.697.337 (Pesos siete millones seiscientos noventa y siete mil trescientos treinta y siete) equivalente a 189,73 (cinto ochenta y nueve con 73/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria –, los que quedan a cargo del Sr. Kiernicki Ricardo, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, y la Acordada N° 4/24 (21/02/2024) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese y archívese. – Date: 2024.03.07 14:10:52 -03:00 Date: 2024.03.11 09:23:01 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.03.11 13:01:06 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.03.11 13:01:08 -03:00
Fin de la sentencia