Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-1.824/11-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 621/634 y, en consecuencia, casar la sentencia interlocutoria dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial que luce a fs. 614/616 y componer positivamente la litis, rechazando el pedido de caducidad, debiendo continuar los autos según su estado.-
2Imponer las costas del presente incidente, en todas las instancias, en el orden causado; porque -de acuerdo a las particularidades del asunto- la demandada pudo considerarse con derecho para peticionar como lo hiciera. (conf. arts. 69 y 68, Cód. Procesal).-
3Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto den cumplimiento a la normativa previsional y tributaria vigente.-
4Remitir a la Secretaría de Superintendencia de este Tribunal Superior de Justicia, copia de la presente, a efectos de que se inicien las actuaciones disciplinarias que correspondan, conforme lo expuesto en los considerandos de la presente.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: C-1.824/11-TSJ Sentencia N°: 562 Actor: CEJAS DE SORIA NATIVIDAD GENOVEVA Demandado: MORENO JULIO CESAR Y OTROS Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 12-03-14 Texto: TOMO XVI – SENTENCIA – T.S.J..-
REGISTRO Nº 562 FOLIO Nº 3.190/3.193 PROT. ELECT. TSS1 001 S.141
Río Gallegos, 12 de marzo de 2014.-
Los presentes autos caratulados: “CEJAS DE SORIA, NATIVIDAD GENOVEVA C/ MORENO JULIO CESAR Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº C-1.975/01 (C-1.824/11-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y,
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 621/634 contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 614/616 que confirma el pronunciamiento dictado en primera instancia, el cual hace lugar a la caducidad de instancia opuesta por la demandada.- La actora recurre el fallo de segunda instancia acusando violación de la ley y doctrina legal aplicable (art. 3º inc. a) de la ley 1687.-
A fs. 593/594 obra el interlocutorio en el cual el “a quo” hace lugar al planteo de la demandada y decreta perimida la instancia. Funda su decisión en que desde el último acto impulsorio (realizado el 11 de mayo de 2010) hasta el acuse de caducidad (ocurrido el 7 de septiembre de 2010) ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 288 inciso 2º del CPC y C, computado como lo dispone el artículo 289 del citado código. Además le impone las costas a la actora.- La Alzada confirma dicha resolución. Para arribar a tal conclusión realiza una reseña de circunstancias fácticas que emergen de la causa, las que, según los camaristas, permiten concluir que ha existido un notorio desinterés por parte de la actora en el impulso del proceso.
“…Criterio que se refuerza porque la caducidad de la instancia, amén de ser una sanción por negligencia, constituye un dispositivo de interés público a favor de la administración de justicia, por cuya razón, a tenor de los antecedentes de autos y aun siguiendo un criterio estricto, su aplicación deviene como lógica consecuencia de la inactividad del actor que se tradujo en un tácito desistimiento porque en el transcurso de cuatro meses corridos desde la última actividad procesal idónea, no acreditó haber presentado un escrito apto para impulsar el proceso…” (confr. fs. 615 vta.).- Contra ésta última decisión, la actora interpone recurso de casación (confr. fs. 621/634). Allí postula que no se ha producido en autos la caducidad denunciada y que su parte ha cumplido con el deber de hacer avanzar la causa hacia la definitiva.
Alega que en la situación en que se encuentra el juicio corresponde al juzgado activarlo. Explica que la demora se debe a que el perito forense Dr. Vera Maydana no presenta su dictamen, no obstante haber sido intimado para ello; que el expediente se halla supeditado a que el experto presente el informe, y que, ante dicha circunstancia, el impulso está a cargo del Juez. Cita el artículo 447 del CPC y C que establece que en el caso de que el perito actuante no presente el informe el Juez nombrará a otro de oficio; de allí, concluye “…Si el perito oficial o privado no acepta o no participa en el trámite de dar inicio a la pericia encomendada, le incumbe al Juez nombrar a un reemplazante, aún sin pedido expreso de las partes.
Como surge del expediente, la inacción del Sr. Forense puso en marcha la regla del artículo 447 del CPCC, que determinó en el Juzgado la carga de movilizar la litis en atención al peritaje pendiente de realización…” (confr. fs. 625). Agrega que el artículo 448 del código citado, también avala su postura en cuanto prevé que será removido el perito que no presente su dictamen oportunamente y el Juez de oficio deberá nombrar otro en su lugar.- Dice que el caso encuadra en el artículo 291 inciso 3º del CPC y C, que dispone que no se produce la caducidad cuando los procesos estuvieren pendientes de una resolución y la demora en dictarla fuera imputable al tribunal, o la prosecución del trámite dependiera de una actividad que la ley impone al Secretario u Oficial Primero.
Manifiesta, respecto a la sentencia de Cámara, que se trata de una decisión dogmática, dictada sin analizar los argumentos expuestos por su parte, y violatoria de la ley, en el caso, los artículos 291 inciso 3º, y 447 y 448 del Código Procesal Civil y Comercial. En síntesis, argumenta que la caducidad de instancia declarada en autos no resulta ajustada a derecho, debido a que la paralización del trámite de la causa de manera alguna puede ser imputada a su parte, sino al Juzgado ya que es obligación de éste impulsarlo, conforme lo imponen las normas “ut supra” indicadas, debiendo a su vez el juez tomar las medidas tendientes a evitar la paralización del proceso, de acuerdo a lo establecido por los artículos 34 y 36 del CPC y C.- El recurso es declarado admisible por este Tribunal a fs. 648 y vta.
A fs. 652/654 vta., la demandada presenta el memorial previsto en el artículo 8° de la ley 1687. En él, sintéticamente, postula que la caducidad debe ser confirmada, dado que han transcurrido los plazos legales sin que la actora haya realizado actuación alguna tendiente a hacer avanzar el proceso hacia la definitiva. Cita doctrina y jurisprudencia que avalan su postura.-
A fs. 659/660 vta. dictamina el Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, quien expresa -por los motivos que allí esgrime y a los cuales nos remitimos “brevitatis causae”- que “…en el resolutorio impugnado no se ha violado la ley ni existe arbitrariedad en el fallo conforme lo alegara la recurrente, siendo opinión de ésta Fiscalía que el Recurso de Casación interpuesto no es procedente…” (confr. fs. 660 vta.).-
II. Del estudio de los fundamentos de la casación, se advierte que los planteos de la recurrente remiten, en principio, a cuestiones procesales ajenas al ámbito casatorio. En efecto, la impugnación está estructurada en torno a circunstancias fácticas y preceptos de neto contenido procesal y, por ende, en principio, extrañas al carácter sustancial que impregna a la vía extraordinaria provincial. Este Alto Cuerpo ya ha postulado - refiriéndose a la perención de la instancia- que “… es una mera cuestión procesal reservada a la jurisdicción ordinaria…” (confr. Tomo XX -Interlo-cutorio-, Reg. 2.622, Folio 3.924/3.926).- Sin embargo, cabe hacer excepción a esa regla cuando lo decidido en el caso trasunta un injustificado rigor formal en la apreciación de las constancias de la causa, que afecta a la garantía de defensa en juicio; máxime cuando, como en la especie, la decisión en recurso pone fin al pleito o causa un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior (confr. CSJN: Zunino, María A. y otros c. Núñez y Cavanna S.A., 06/03/2007, Publicado en: La Ley Online: Cita online: AR/ JUR/2470/2007, Fallos Corte: 330:524; ídem, Fallos: 307:1693; 320:1821, entre otros).- Resulta aplicable al supuesto de marras la doctrina de nuestro máximo tribunal. Particularmente, configura agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior -a los fines de la procedencia del recurso deducido contra la resolución que declaró la caducidad de la instancia- si la situación puede encuadrarse, a los efectos de la prescripción, en lo dispuesto por el artículo 3987 del Código Civil, en cuanto el recurrente perdería la posibilidad de reiterar eficazmente su reclamo en las instancias ordinarias (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Mato de Solari, Liliana I. y otros c. Kasa S.A., 10/04/2003, Publicado en: La Ley Online: Cita online: AR/JUR/7162/2003, Fallos: 326:1183, del dictamen del Procurador Fiscal que la Corte hace suyo).-
III. Abonadas ya las razones que llevaron a la apertura de la vía extraordinaria provincial, cuadra ahora avocarse al tratamiento de la cuestión sustancial.-
La caducidad o perención de instancia como modo anormal de extinción del proceso tiene lugar cuando la parte a quien incumbe la carga de impulsarlo no instare su curso durante el plazo establecido por la ley, siempre que aquel no estuviera pendiente de una resolución judicial y la demora en dictarla fuere imputable al Tribunal.-
Por otro lado este Tribunal ha señalado, siguiendo al Tribunal Cimero de la Nación CSJN, 23/10/2007, Galvalisi, Giancarla c. Administración Nacional de la Seguridad Social, La Ley, 15/11/2007, 15/11/2007, 7 - IMP 2007-23, 2211 - DJ 2007-III, 1050 - TySS 2007, 944, AR/JUR/6676/2007, Del dictamen de la Procuradora Fiscal subrogante que la Corte, por mayoría, hace suyo): “no puede soslayarse -al decidir un caso concreto- que la aplicación de la caducidad de la instancia debe adecuarse al carácter restrictivo que es propio a la institución, sin llevar ritualistamente el criterio que la preside más allá de su ámbito, temperamento que conduce a descartar su procedencia en los casos de duda razonable en los que debe privilegiarse la solución que mantenga con vida el proceso” (confr. Tomo XIII -contencioso administrativo-, Reg. 871, Folio 2519/2521).- A mayor abundamiento, corresponde señalar que, también, la Corte Suprema Nacional ha dicho que la caducidad de la instancia sólo halla justificación en la necesidad de conferir un instrumento al Estado para evitar la indefinida prolongación de los juicios, pero no un artificio tendiente a impedir un pronunciamiento sobre el fondo del pleito o prolongar situaciones en conflicto; de manera que por ser dicho instituto un modo anormal de la terminación del proceso, su aplicación debe adecuarse a ese carácter sin llevar con excesivo ritualismo el criterio que la preside más allá de su ámbito propio (confr. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Zunino, María A. y otros c. Núñez y Cavanna S.A., 06/03/2007, Publicado en: La Ley Online: Cita online: AR/JUR/2470/2007, Fallos Corte: 330:524, del dic-tamen de la procuradora fiscal subrogante que la corte hace suyo ). Asimismo: “La perención de la instancia debe responder a las particularidades de cada caso, y, por ser un modo anormal de terminación del proceso y de interpretación restrictiva, su aplicación debe adecuarse a ese carácter sin llevar ritualistamente el criterio que la preside más allá del ámbito que le es propio, especialmente cuando -como en el caso- el trámite se encuentra en estado avanzado y los justiciables lo han instado durante años” (confr. CSJN, Mato de Solari, Liliana I. y otros c. Kasa S.A., fallo cit.).-
IV. Las premisas señaladas precedentemente aplicadas al caso de marras, llevan a dejar sin efecto el pronunciamiento de la anterior instancia.-
El instituto de la caducidad de la instancia no tiene un fin en sí mismo de modo de provocar una innecesaria duplicación de los juicios; su interpretación y aplicación debe ser restrictiva cuando, como en la especie, el pleito se encuentra avanzado en su desarrollo; en la duda el juzgador debe pronunciarse a favor de la subsistencia del proceso (confr. Colombo, Carlos J. y Kiper, Claudio M., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, anotado y comentado", T° III, 2ª. Edición, Buenos Aires, ED. La Ley, 2006, págs. 314/315).- Si bien lo que la ley sanciona con la extinción del proceso es el incumplimiento de la carga de impulsar, su fundamento radica en la inactividad de parte del interesado, de la cual se presume su desinterés en continuar el juicio. Mal puede entenderse pues que en el especial caso de autos ha existido el mentado abandono del juicio desde que la parte ha efectuado ingentes tareas para lograr que un perito médico acepte el cargo, y, una vez logrado ello, que presente el dictamen. En efecto se observa que reiteradamente ha solicitado remoción de los distintos médicos designados en autos, ante los reiterados incumplimientos de éstos últimos; obsérvese que fue a instancias suyas que, finalmente, se nombró al Dr. Vera Maydana, al que notificó debidamente e intimó a sus efectos (confr. fs. 525/526, 534 y 539/541), sin que éste último diera cumplimiento a su cometido y no brindara razón alguna para ello. Teniendo en cuenta que el médico nombrado es empleado judicial (se desempeña como médico forense, tal como se indica en su designación a fs. 526), ésta circunstancia atenúa la falta que pudiera atribuirse al accionante, toda vez que no es esperable tal reticencia por parte de un profesional que integra el Poder Judicial.- Lo mismo cabe decir de la pericial mecánica que, tal como señala el fallo impugnado, también se encuentra pendiente. Surge de las constancias de la causa los denodados esfuerzos realizados por la accionante a efectos de lograr un experto que acepte el cargo (confr. fs. 428/430, 458/459, 470/471, 489, 498, 520, 522, 562/572), a lo que se suma que el propio tribunal le informara que no cuenta con peritos mecánicos para realizar la pericia, haciendo cargar a la parte con la tarea de proponer a uno (confr. fs. 522).-
V. En síntesis, dado el avanzado estado del juicio, el criterio restrictivo que debe mediar a la hora de decretar perimida la instancia, la actividad desarrollada por la accionante que impide considerar que haya mediado de su parte desinterés en la prosecución de la causa y teniendo especialmente en cuenta las particularidades de la cuestión -en lo que respecta a las, ya detalladas, vicisitudes que debió afrontar la interesada para lograr la realización de las periciales- atentaría contra la justicia del caso atribuirle exclusiva responsabilidad en la demora. No cabe pues considerar que en el especial caso de autos ha existido el mentado abandono del juicio cuando éste ya se encontraba ampliamente sustanciado.- Asimismo, atendiendo al carácter de empleado judicial del Dr. Vera Maydana, ante el notorio incumplimiento de la tarea encomendada, deberá extraerse copias de la presente y remitirlas a la Secretaría de Superintendencia de este Tribunal Superior de Justicia, a los fines de proceder al inicio de las actuaciones disciplinarias que correspondan.-
Por ello y consideraciones expuestas, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la actora y casar íntegramente la resolución impugnada y componer positivamente la litis, rechazando el pedido de caducidad, debiendo continuar los autos según su estado. Con costas, en todas las instancias en el orden causado, porque, de acuerdo a las particularidades del asunto, la demandada pudo considerarse con derecho para peticionar como lo hiciera. (confr. arts. 69 y 68, Cód. Procesal).- Por todo lo expuesto, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 621/634 y, en consecuencia, casar la sentencia interlocutoria dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial que luce a fs. 614/616 y componer positivamente la litis, rechazando el pedido de caducidad, debiendo continuar los autos según su estado.-
2. Imponer las costas del presente incidente, en todas las instancias, en el orden causado; porque -de acuerdo a las particularidades del asunto- la demandada pudo considerarse con derecho para peticionar como lo hiciera. (conf. arts. 69 y 68, Cód. Procesal).-
3. Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto den cumplimiento a la normativa previsional y tributaria vigente.-
4. Remitir a la Secretaría de Superintendencia de este Tribunal Superior de Justicia, copia de la presente, a efectos de que se inicien las actuaciones disciplinarias que correspondan, conforme lo expuesto en los considerandos de la presente.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, 2º párrafo, de la ley Uno, t.o. ley 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal a/c Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1001S.141 Tomo: XVI Sentencia: 562.-
Folio N°: 3.190/3.193.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia