Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 26.113-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 86/08, dictada en el expediente N° 604874/02 por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros.
2Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-44479861-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 20 de Abril de 2023 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: “CEMENTOS AVELLANEDA S.A. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente Nº 26.113-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 52/58, se presenta la firma Cementos Avellaneda S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N°86/08, dictada en el expediente N°604874/02 por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, mediante la cual se la condena a la pena de comiso de la mercadería amparada por los Despachos de Importación N°97001IC05036667J y 97001IC04107156A. Ello, por la supuesta comisión de la infracción al art. 966 del Código Aduanero (CA), con el fundamento de no haber cumplido con la condición que motivó el otorgamiento de la exención tributaria. Luego de efectuar una breve reseña de los hechos, se agravia de la afectación del derecho de defensa en juicio y la violación al debido proceso adjetivo, lo que significó el pretender correr una vista mediante una notificación que la apelante considera viciada de nulidad, lo que no le permitió ejercer con plenitud su derecho de defensa. Con relación al fondo de la cuestión, afirma que la mercadería era de importación permitida para el régimen general, no de la excepción a una prohibición de importación como exige el tipo infraccional. Dicho razonamiento se desprende de la interpretación efectuada a través de la norma aplicable al caso, esto es, el art. 2 de la Resolución 91/95. Menciona que la autoridad aduanera expresa que en el caso de marras nos encontramos frente a una prohibición de carácter relativo, pero omite citar cual sería la norma que crea dicha prohibición. Señala que de los propios despachos de importación surge que se oblaron la pertinente tasa de estadística, la de comprobación, los derechos de importación y el IVA. Advierte que los vehículos fueron importados por Tecnipisos S.R.L., luego integraron el patrimonio de Tecnipisos S.A., para finalmente ser parte de la transferencia del fondo de comercio a Cementos Avellaneda S.A. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada.
II. De su lado, a fs. 70/75, el representante del organismo fiscal solicita el rechazo de la apelación planteada por la actora. Luego de realizar una breve reseña de los hechos, menciona que la recurrente pretende oponerse al progreso de la acción aduanera mediante la nulidad invocada. Explica que la firma tomó vista del expediente administrativo, presentándose en el mismo y ejerciendo aquél derecho de defensa que ahora estima se ha vulnerado. Manifiesta que no hay nulidad por la nulidad misma, que se demanda un perjuicio para que esta pueda ser invocada, entendiendo además que se debe demostrar su gravedad y trascendencia como para afectar el derecho de defensa en juicio y obligar así a retrotraer las actuaciones al momento donde se provoca el agravio. Con relación al fondo de la cuestión, declara que la mercadería fue ingresada al territorio aduanero al amparo de la Resolución 909/94, según surge además de los despachos de importación obrantes a fs. 3/4. Arguye que dicha norma establece una excepción al régimen general, mencionando particularmente algunos de los considerandos de la norma, entre los cuales se matiza: “Que asimismo corresponde contemplar las exclusiones al Régimen siguiendo el lineamiento de las necesidades del mercado”. Aclara que la actora adquirió mercadería importada al amparo de la normativa sub examine, la cual estableció un régimen excepcional en función de condiciones socialespolíticas y económicas que resultaron propicias a los fines de la introducción de dichas mercaderías en el territorio aduanero, las cuales, en un contexto distinto, tal vez no hubieran recibido tal contemplación. Expone que deben cumplirse ciertos requisitos para que se configure la excepción anteriormente mencionada, los cuales no se cumplieron en el presente caso. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme el fallo aduanero, con costas.
III. Sentado lo que antecede, en primer lugar, corresponde examinar el planteo de nulidad con fundamento en la violación de la garantía del debido proceso y la defensa en juicio. Ciertamente, el servicio aduanero cometió errores en la sustanciación del procedimiento administrativo. Concretamente corrió vista de lo actuado con un número de IC que no correspondía con el involucrado en autos; pero, luego de rectificar dicho acto, dejó sin efecto las notificaciones cursadas anteriormente y ordenó notificar nuevamente el auto de corrida de vista. Todo esto parece confirmar la impresión de que las irregularidades no menoscabaron la posibilidad de ejercer el derecho de defensa. Se comprueba de este modo que el planteo no tiene entidad, habida cuenta de que no es posible decretar nulidad alguna sin que exista desviación trascendente e interés jurídico en la declaración, derivada del perjuicio ocasionado por el acto presuntamente irregular. No existe la nulidad, por la nulidad misma o para satisfacer un mero interés teórico, razón por la cual debe existir y demostrarse el agravio concreto. Es sabido y conocido que no todo incumplimiento de las formas procesales acarrea la nulidad del acto, toda vez que en la materia rige el principio de trascendencia o instrumentalidad de las formas, que impone juzgar la validez del acto atendiendo a la finalidad, que en el caso concreto está destinado a satisfacer. Más aún, queda en evidencia que la firma no solo tenía conocimiento del hecho, sino que ejerció su derecho de defensa en sede aduanera a través de su “descargo precario” obrante a fs. 143/145 de las Actuaciones Administrativas.
IV. Sentado lo anterior, la cuestión de fondo a resolver radica en decidir si la sindicada como responsable ha cometido la infracción prevista en el art. 966 del CA. Para ello, debemos remitirnos en primer lugar a la normativa aquí cuestionada. La Resolución 91/95 establece en su art. 2: “Los vehículos especiales que por sus características estén comprendidos en la posición arancelaria 8705.40.00 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR podrán importarse libremente en los casos que se detallan a continuación: a) Cuando la unidad sobre la cual esté adosado el respectivo equipo mezclador se encuentre homologado de acuerdo a lo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 683/94, b) Cuando se trata de vehículos motohormigoneros autocargables cuyos equipos especiales no estén instalados sobre chasis en la Categoría con cabina monoplaza, y trompo con capacidad de hormigón superior o igual a Dos metros cúbicos (2m3), pero inferior o igual a Cuatro metros cúbicos (4m3), formando una unidad solidaria, y diseñados y construidos para operar dentro de las obras civiles en construcción”. Dicha norma es la citada por la apelante en su recurso de apelación a los efectos de demostrar que la mercadería era de importación permitida al momento de su ingreso a nuestro país, descartando que se trate en el caso de mercadería prohibida. Corresponde detenernos brevemente en este último punto para desarrollar el régimen de las prohibiciones establecidas por nuestro plexo legal.
En la Exposición de Motivos del CA, con relación a la Sección VII “Prohibiciones a la importación y a la exportación”, se precisa que “En cuanto a la terminología adoptada, debe advertirse que con la palabra 'prohibiciones' se designan las denominadas restricciones directas. Existe una prohibición tanto en los supuestos en que la misma afecta a la generalidad de las personas como en aquellos supuestos que reconocen excepciones a favor de una o de varias personas”. Es menester precisar que las prohibiciones, tanto de carácter absoluto como relativo y de carácter económico como no económico tienen diversos efectos jurídicos, y se establecen teniendo en cuenta diversas finalidades, por cuanto cada una de ellas resulta de aplicación en distintas operaciones y en distintos ámbitos espaciales, contemplando situaciones diferentes. Ahora bien, las importaciones condicionadas por la normativa aquí discutida se encuentran sujetas a lineamientos específicos cuyo carácter restrictivo hace a su excepcionalidad. Es por ello que ignorar las pautas y efectos pretendidos por la norma nos llevaría al extremo de permitir que los beneficiarios de alguno de los regímenes en mención, ante la falta de punición efectiva, hagan de la excepción un espurio negocio en franca colisión con los principios fundamentales de nuestro ordenamiento aduanero.
Con arreglo a ello, considero que las restricciones y condicionamientos encuentran sentido en el marco de las prohibiciones reguladas y su descarte, o minimización, atentan gravemente contra un sistema diseñado hermenéuticamente para desalentar tales conductas.
Continuando con el análisis de la norma, el art. 3 de la Resolución 91/95 establece: “Asimismo la importación de vehículos usados comprendidos en la partida arancelaria 8705.40.00 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.), se regirá por los mismos criterios establecidos en los artículos 1º y 2º de la Resolución M.E. y O. y S.P. Nº 909/94 del 29 de julio de 1994 y sus modificatorias” (el subrayado me pertenece).
Por su lado, el art. 1 de la Resolución 909/94, según la modificación de la Resolución 1472/94 dispuso que: "Los bienes usados comprendidos en los capítulos 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 que se importen en forma definitiva para consumo comprendidos en las posiciones de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) que se detallan en el anexo 1 de la presente resolución, deberán tener la calidad de acondicionados o sometidos a proceso de reconstrucción o en su defecto, dichos bienes, deberán cumplimentar los procesos indicados en el país". Asimismo, el segundo párrafo del art. 20 de la referida Resolución (según la modificación de la Resolución 1472/94) preceptúa que: "El acondicionamiento o el proceso de reconstrucción podrá ser efectuado en el país por el importador, que, a su vez, deberá reunir la condición de usuario directo del bien usado. En este caso, los mismos estarán sujetos al régimen de comprobación de destino por el término de dos (2) años, en cuyo lapso queda prohibida la enajenación a título gratuito u oneroso de dichos bienes" (el subrayado me pertenece).
V. En ese orden de ideas, queda fuera de toda duda que las mercaderías al amparo de los despachos de importación que aquí se cuestionan se encontraban sujetas al cumplimiento de lo estipulado mediante la Resolución 909/94. Ello se desprende de las propias IC, donde del detalle declarado por ambas se visualiza el concepto “(056) D.I. USADOS R. 909/94”. En tal entendimiento del asunto, la figura infraccional involucrada exige como elementos típicos en materia de importación: la existencia de una prohibición a la importación; que se haya autorizado la importación para consumo en excepción a la prohibición, bajo la condición del cumplimiento de determinadas obligaciones y que el sujeto activo haya incumplido con la obligación que hubiere condicionado el otorgamiento del beneficio.
Ahora bien, con arreglo a consolidados principios elaborados por la jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de interpretación de normas jurídicas, la primera regla que rige esa labor hermenéutica a cargo del juzgador le impone atenerse a las palabras utilizadas en la redacción de los textos normativos. Esa literalidad de la cláusula sobre cuya inteligencia se discrepa, ha de llevarse a cabo teniéndose en cuenta, que, cuando la interpretación de la norma no exige un esfuerzo para determinar su sentido, debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso contempladas por la regla (Fallos 320:61; 323:1625; 341:1443; entre otros). Sobre la base de lo expuesto, cabe consignar que los términos en cuanto al alcance de la norma reglamentaria son claros e inequívocos, en cuanto establece que el reacondicionamiento de la mercadería importada estará sujeta al régimen de comprobación de destino por el término de dos (2) años.
VI. En el caso de marras se comprueba que los requisitos establecidos por la norma no se cumplieron en su totalidad, puesto que la mercadería fue cedida a la empresa Cementos Avellaneda S.A. durante el transcurso del plazo en el cual operaba dicha condición, en clara violación a los preceptos establecidos mediante la citada Resolución 909/94, cuando establece la obligatoriedad para el importador de ser el usuario directo del bien usado y que este último quede sujeto al régimen de comprobación de destino por el término de dos años, lapso durante el cual se encuentra prohibida su enajenación a título gratuito u oneroso. Es el cumplimiento de estos requisitos lo que permite superar la prohibición a la importación de la mercadería que entra en el régimen (conf. art. 612 del CA).
De acuerdo con lo señalado, no quedan dudas que no se cumplió con las obligaciones que condicionaron el otorgamiento de la excepción a la prohibición de la importación a consumo.
VII. Por todo lo esbozado precedentemente, considero que se encuentran reunidos los elementos en la causa que acrediten la configuración de la infracción tipificada en el art. 966 del CA, que se le imputa a la actora, por lo que corresponde confirmar la Resolución apelada.
Por todo ello, voto por:
1. Confirmar la Resolución N° 86/08, dictada en el expediente N° 604874/02 por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros.
2. Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Sr. Vocal Instructor.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución N° 86/08, dictada en el expediente N° 604874/02 por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros.
2. Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2023.04.20 19:45:36 ART Date: 2023.04.20 21:20:36 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.04.20 21:42:36 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.04.20 21:43:09 -03:00
Fin de la sentencia