Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 28856-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAdmitir parcialmente el recurso interpuesto por la actora, confirmar la resolución apelada en lo sustancial que decide y revocarla en lo que respecta a las costas, que se imponen en ambas instancias al Fisco Nacional.
- SALA IV -
40141/2025 CENCOSUD SA (TF 28856-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 26 de marzo de 2026.
1. Que, a fs. 39/41, el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, revocó la resolución DE ASAT 1069/10, dictada en el expediente SIGEA 13289-8625-2008, y, en consecuencia, ordenó la devolución de la suma de $2.558,08 abonada en concepto de Arancel Externo Común (AEC) con relación a las destinaciones 04 001 IC04 10568L, 31048H y 43920J, más los intereses devengados desde el 9/4/08 hasta la efectiva puesta a disposición de los fondos, en los términos del artículo 811 del Código Aduanero. Distribuyó las costas por su orden.
Para así resolver, tuvo en cuenta que las destinaciones involucradas en la causa se habían oficializado con posterioridad a la decisión del Consejo del Mercado Común (CMC) 21/02 –que había prorrogado el incremento transitorio del 1,5% aplicable al AEC hasta el 31/12/03-, pero antes de que la resolución del Ministerio de Economía y Producción (MEyP) 607/04 (BO 6/9/04) la incorporara al ordenamiento interno.
No obstante, advirtió que, con anterioridad a que tuviese lugar dicha incorporación, se había dictado la resolución MEyP 603/03 (BO 23/12/03), que en su artículo 2º mantuvo sin límites temporales el incremento transitorio del artículo 3º del decreto 690/02 para las posiciones arancelarias detalladas en su anexo I.
Sobre esa base, infirió que tácitamente se había dejado sin efecto el incremento respecto de las posiciones arancelarias no detalladas en aquél, por lo que, en definitiva, el aumento del 1,5% del AEC no regía al momento de oficialización de las destinaciones objeto de reclamo, por ser posterior a la entrada en vigencia de la resolución MEyP 603/03 y documentar la importación para consumo de mercadería clasificada en posiciones arancelarias no comprendidas en su anexo.
Por ende, declaró que el pago efectuado por ese concepto y en el porcentaje antes referido carecía de causa, y era procedente su devolución.
Con respecto a la moneda en que correspondía proceder a la devolución, remitió a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Cencosud SA”, sentencia del 15/4/14.
Finalmente, la mayoría distribuyó las costas por su orden dado que el pronunciamiento de la Corte invocado era posterior al inicio de la acción.
2. Que, contra dicha resolución y la denegatoria de aclaratoria de fs. 56, la actora interpuso apelación (fs. 60); la cual se fundó a fs. 62/67vta., se concedió a fs. 69 y no fue replicada.
En primer término, cuestionó que se hubiese omitido un pronunciamiento sobre las tasas de interés aplicables. A su entender, la sentencia debió dar bases precisas para la liquidación a practicar, en especial, en lo que respeta a los accesorios. Destacó que el tribunal administrativo omitió referir, por ejemplo, al artículo 812 del Código Aduanero, generando incertidumbre sobre su cuantificación. Agregó que el hecho de haber solicitado en su reclamo la devolución del crédito más intereses no implicó consentir cualquier tasa de interés, sino diferir la discusión para el momento en que el Tribunal Fiscal de la Nación se pronunciase al respecto; lo que, sin embargo, no ocurrió. En consecuencia, pidió a esta Cámara que se expidiese sobre el punto, con fundamento en lo previsto por el artículo 278 del CPCCN. También pidió que se declarase la inconstitucionalidad de la tasa prevista en la resolución MEyP 314/04, con arreglo a la pacífica jurisprudencia de este Tribunal. En segundo y último término, criticó la distribución de las costas en el orden causado. Planteó que el Fisco resultó sustancialmente vencido y es quien debería cargar con los gastos causídicos.
3. Que no corresponde que esta Alzada se pronuncie sobre las tasas de interés aplicables ni sobre la constitucionalidad de la resolución MEyP 314/04. Ello es así pues dichas cuestiones no fueron interpuestas oportunamente como defensa ante el Tribunal Fiscal de la Nación (v. fs. 11/14), lo cual impide su consideración en esta instancia de apelación de acuerdo con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de esta Sala (cfr. Fallos: 311:651; 312:103; 333:2197, y esta Sala, causas 49098/13 “Gibaut Hnos Manufactura de Cueros SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 23/12/14; 10044/12 “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 28477- A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 3/5/16, entre otras). En este sentido, resulta inaplicable el artículo 278 del CPCCN, ya que dicha norma se limita a capítulos propuestos a la decisión del juez de grado y omitidos en su sentencia, supuesto que no se verifica en el caso.
Por lo tanto, el cómputo de los accesorios deberá regirse por lo dispuesto en los artículos 811 y concordantes del Código Aduanero. Cabe precisar que la aplicación del artículo 812 no se encuentra excluida por la decisión apelada, máxime cuando se refiere a “los supuestos previstos por el artículo 811” y fue expresamente invocado en el escrito de inicio (v. esp. fs 14).
4. Que, por el contrario, debe admitirse el agravio relativo a las costas. Según el artículo 1163 del Código Aduanero (texto según el art. 273 de la ley 27.430 –BO 29/12/17–) “[l]a parte vencida en juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiere solicitado. Sin embargo, la Sala respectiva podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante - SALA IV - 40141/2025 CENCOSUD SA (TF 28856-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición…”.
Es decir que, en su actual redacción, el Código Aduanero faculta al Tribunal Fiscal de la Nación para eximir total o parcialmente al litigante vencido de pagar los gastos de la contraria, tal como lo hace la ley 11.683 en materia de imposición interna (cfr. esta Sala, causa 86874/17 “Spicer Ejes Pesados SA”, sent. del 26/12/17 y sus citas). No obstante, dicha facultad debe ser ejercida con carácter restrictivo, conforme a las condiciones expresamente establecidas en el citado artículo (doctr. Fallos: 311:809; 317:1640; 328:4054 y 4504, y esta Sala, causa 67672/18 “Sancor Cul c/ DGA”, del 20/9/18, entre otras). Ello obedece a que la regla general que impone al vencido el pago de las costas encuentra fundamento en la falta de éxito de su pretensión y en la necesidad de preservar la integridad del derecho reconocido a la parte vencedora. De lo contrario, los gastos incurridos por esta última se traducirían en una merma del derecho declarado en la sentencia. Por tal razón, la potestad de eximición debe aplicarse con prudencia, y únicamente cuando medien circunstancias que tornen manifiestamente injusta la aplicación del principio general (cfr. esta Sala, causas “Aguas Argentinas SA c/ ETOySS”, sentencia del 8/2/00; y “Guardini Santos, Cirilo c/ EN”, sentencia del 19/6/01, entre otras). En otras palabras, debe verificarse la existencia de motivos que, apreciados objetivamente, permitan inferir la presencia de una justa causa para litigar. Concepto, éste, que tradicionalmente se ha vinculado con la existencia de serias dificultades en la resolución del conflicto, ya sea por su complejidad, por tratarse de una cuestión novedosa, o por la existencia de divergencias doctrinarias y jurisprudenciales en torno a su interpretación (cfr. Sala II, causa “Rocco, Rolando A. c/ MEOySP”, sentencia del 16/4/98; Sala III, causa “Puntual SACIFIA c/ Banco Hipotecario Nacional”, sentencia del 31/8/82; y esta Sala, causa “Bianchi, Néstor Alcides c/ EN (SIDE)”, sentencia del 4/9/87, entre otras). En el caso bajo examen, no se advierten dificultades técnicas que justifiquen apartarse del principio general. La procedencia de la repetición fue declarada de manera categórica y ya existían precedentes de esta Cámara que habían resuelto la cuestión de fondo en el mismo sentido (cfr. esta Sala, causas 30184/11 “Cosméticos Avon SAIC (TF 28278-A) c/ DGA”, sent. del 14/2/12, y 29783/15 “PBB Polisur SA c/ DGA”, sent. del 1/3/16; entre muchas otras).
Por lo tanto, la distribución de costas por su orden decidida en la instancia anterior carece de justificación, debiendo imponerse las costas de ambas instancias al Fisco Nacional en su carácter de vencido (art. 1163 del CA, y art. 68 del CPCCN). Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: Admitir parcialmente el recurso interpuesto por la actora, confirmar la resolución apelada en lo sustancial que decide y revocarla en lo que respecta a las costas, que se imponen en ambas instancias al Fisco Nacional. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
ROGELIO W. VINCENTI JORGE EDUARDO MORÁN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia