Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 32430-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. N° 5170/2023 CENCOSUD SA (TF 32430-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de junio de 2024.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante la resolución de fojas 132/41 la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación por mayoría confirmó parcialmente la Resolución N° 1082/2012 (AD PASO) dictada por el Administrador de la Aduana de Paso de los Libres en las actuaciones n° 12326-121-2008, pero declarando que el monto adeudado asciende a U$S 2.794,95. A través de ese acto administrativo se habían rechazado las impugnaciones formuladas por la actora contra los cargos por los que se había reclamado la diferencia de tributos resultante del ajuste de valor realizado respecto de la mercadería incluida en los despachos de importación oficializados por la apelante. Impuso las costas a la actora vencida.
Para decidir como lo hizo la mayoría del tribunal comenzó por señalar que con arreglo a lo decidido por la Corte Suprema en la causa “Cladd”, la DGA carece de facultades para reclamar los importes exigidos en concepto de percepciones de IVA e Impuesto a las Ganancias, por lo que el cargo quedaría reducido únicamente a un ajuste en el IVA Tasa General.
Explicó luego que de lo que se trata en el caso es de determinar si el organismo aduanero puede dejar de lado los montos informados por el importador en base a valores referenciales extraídos del sistema NOSIS.
Señaló que estaba fuera de discusión que el servicio aduanero puede cuestionar la exactitud de la información suministrada por los responsables de la obligación tributaria. Y que, por razones evidentes, en casos como este el fisco debe recurrir a pruebas indirectas para despejar las sospechas de sobrefacturación de la importación para facilitar el giro de divisas en épocas en que existe en los hechos un desdoblamiento cambiario, o bien de subfacturación para menguar la base de imposición.
Recordó enseguida que la OMC reconoce las dificultades que surgen a la hora de fundamentar el apartamiento del método de "valor de transacción" del art. 1° del Acuerdo de Valoración, especialmente en países en desarrollo como la República Argentina; por lo que en caso de que la Alta en sistema: 28/06/2024 administración aduanera tenga dudas acerca de la veracidad y exactitud de dicho valor, se invierte la carga de la prueba recayendo en el importador la obligación de demostrar dicha exactitud.
Advirtió a continuación que según el derecho de la OMC, la determinación del valor en aduana surge de aplicar las normas de valoración a las transacciones comerciales en el marco de los procedimientos que la aduana estableciere en cada jurisdicción. En ese contexto describió los mecanismos implementados por la RG 857/2000 ("Sistema de control de valor.
Procedimientos de selectividad para el control de valor. Procedimientos para la determinación final del valor en aduana de las mercaderías importadas") y la RG 1004/2001 (sobre "Implementación de un mecanismo para el establecimiento de valores referenciales de carácter preventivo”), a la postre concentrados mediante la RG AFIP 1907/2005, del 5/7/2005, en un único plexo normativo que reúne todas las disposiciones relacionadas con el control de valor de las mercaderías importadas (denominándose allí "valores criterio" a los valores referenciales). En virtud de este último reglamento el servicio aduanero identifica –explicó- posiciones arancelarias "sensibles" a la subfacturación, respecto de las cuales considera necesario extremar los controles, y les fija valores de aduana referenciales con los cuales habrán de confrontarse los "valores de transacción" declarados por los importadores; en caso de resultar menores estos últimos, el servicio aduanero aplica lo dispuesto en la "Decisión relativa a los casos en que las administraciones de aduanas tengan motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado", permitiendo igualmente la liberación a plaza de la mercadería siempre que el importador asegure el eventual reclamo fiscal, de modo que tales tareas de "mayor" control no entorpezcan el normal fluir del comercio. En los términos de esta norma –señaló- le compete al importador, y no al servicio aduanero, demostrar la veracidad y exactitud del "valor de transacción" declarado, en los términos del Acuerdo de Valoración.
Señala que el hecho de que el Acuerdo de Valor autorice el empleo de valores criterio para ciertas partes del procedimiento de valoración (i.e., para la evaluación de los valores declarados en caso de operaciones entre partes vinculadas) no obsta a que la Aduana lo utilice en otros aspectos del mismo procedimiento.
Y destacó que no surge del cuerpo del Acuerdo limitación alguna que impida a la administración expresar sus dudas respecto del "valor en aduana" con fundamento en esa discrepancia, cuando entiende que ello impide determinar el valor en aduana de las mercancías importadas con arreglo a las disposiciones del artículo 1" (punto 1 de la Decisión del Comité de Valoración antes citada).
Alta en sistema: 28/06/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V En punto a la determinación del valor de la mercadería, el a quo señaló que la falta de contestación por el importador ante los requerimientos de que aportara documentos adicionales para la justificación del valor, hizo que el servicio aduanero debiera llevar a cabo un Análisis de Valor investigativo sin contar con elementos que verificaran los montos originalmente declarados.
En punto al valor finalmente adoptado en los actos cuestionados, -explicó- la Aduana observó que parte de las mercaderías documentadas en los despachos de importación en trato se encuentran por debajo de los valores criterio que se detallan en la RG AFIP N° 1870/05 DGA "Publicación de Valores Referenciales". Además, señaló que el importador declaró la condición de venta EXWORK para los DI 07-042-IC03-006299-B y el 07-042-IC05-011458-T, omitiendo de esta forma los gastos de fábrica, factoría, almacenaje, carga en el vehículo receptor; gastos estos que forman parte del precio para la importación, a los efectos de determinar tributos y gravámenes. Recordó que el Fisco había concluido que, “atento la falta del material documentado que debía presentar el administrado y viendo que las mercaderías documentadas se encuentran dentro de las mercaderías con Valores Referenciales, se toma como el valor real el que se determina como valor criterio, modificando la Base de Tributación […]”, lo cual consideró válido dada la falta de aportación de datos por el particular. El a quo entendió que la inexactitud o falta de veracidad de los valores había sido suficientemente acreditada y que, en esas condiciones –aun cuando no concurrieran los supuestos del artículo 1 del Acuerdo de Valor- el servicio aduanero se había apartado justificadamente del “valor de la transacción” preferido por el acuerdo, por considerarlo excesivamente bajo, reemplazándolo por el de los valores criterio.
Recordó la carga del artículo 377 del CPCCN y la presunción de legitimidad de la RG 1907/08; y explicó que “mal puede atarse el destino de la determinación del valor de aduana a la buena voluntad del importador si, agotados los medios previstos en la normativa multilateral, éste decide no prestar la colaboración que el caso requiere”, “[…]por cuanto resulta indudable que el importador es la parte que se encuentra en mejores condiciones de demostrar la veracidad de los datos que surgen de la transacción, frente al estado de incertidumbre de la administración aduanera con entidad suficiente como para poner seriamente en duda la real dimensión de las operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida”.
En suma, juzgó correcto el ajuste sobre el valor de la mercadería, realizado con el fin de resguardar la renta fiscal, así como la Alta en sistema: 28/06/2024 confección del cargo sustituyendo la base imponible por el “valor criterio” empleado, conforme el método del art. 2 del Acuerdo de Valoración (mercaderías idénticas).
II. Que contra dicha decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación a fojas 146 (de la causa en soporte papel), y expresó agravios a fojas 148/57, los que fueron replicados a fs. 161/2.
En su memorial señala que la resolución recurrida es arbitraria y no constituye derivación razonada del derecho vigente. Además, a su juicio, se efectuó una interpretación arbitraria de la prueba obrante en la causa. Recuerda que tanto el Acuerdo de Valor del GATT como la Decisión relativa al valor –que rigen predominantemente el caso- receptaron la noción positiva de valor que privilegia el valor de la transacción. Con arreglo al Acuerdo de Valor –explica- sólo cuando no se cumplan las condiciones del artículo 1 puede el servicio aduanero determinar el valor recurriendo sucesivamente a los métodos taxativamente previstos en el artículo 2. Pero para ello –explica- debe probar que el valor declarado es irrisorio, inferior a lo usual o arbitrario. La carga de la prueba –enfatiza- recae sobre la Aduana. En ese sentido señala que la RG AFIP nº 1907/2005, vigente al tiempo del dictado del acto cuestionado, contemplaba un mecanismo preventivo de asignación de selectividad y no un método para determinación del valor en aduana, que debía realizarse a través de la confección de un estudio de valor, con arreglo a lo dispuesto en el Acuerdo de Valor.
Pone de relieve que, contrariamente a lo indicado en la resolución apelada, produjo prueba que demostraba la veracidad del valor consignado en el despacho, con arreglo a los términos de la propia RG Nº 1907 /2005 (i.e., liquidaciones bancarias, lista de precios y listados/copias de operaciones registradas por otras empresas por la misma posición arancelaria, cercanas en el tiempo, y con igual origen y procedencia). Señala que la autenticidad de los documentos aportados no está discutida y que, con arreglo al sistema de valoración vigente, la Aduana no podría válidamente desestimar el valor declarado sin demostrar que este no era real.
El a quo no explicó -a su entender- los antecedentes empleados por la aduana para descartar el valor declarado. Pone de relieve que no es claro cuál fue el método empleado por la Aduana para realizar el ajuste cuestionado, sobre todo, porque -como surge de la prueba informativa obrante a fs. 78/9- no hay antecedentes en los que aquel haya podido basarse. Explica que al no haberse apoyado en un estudio de valor, no puede sostenerse que la Aduana haya adoptado el método de mercaderías idénticas del artículo 2 del Acuerdo de Valor.
Alta en sistema: 28/06/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Indica que en las condiciones descriptas, con arreglo a profusa jurisprudencia del TFN y un pronunciamiento de esta Sala, no puede validarse el obrar del servicio aduanero, sino a riesgo de confirmar un valor arbitrariamente asignado, en un acto cuyo control de legitimidad resultaría imposible. Pone de resalto que la RG Nº 1907/05 establece que la aduana debe dejar constancia de los motivos por los cuales se desestima un determinado método de valoración y fundamentar la elección de aquel que adopte. Sin perjuicio de lo anterior, subraya que, de acuerdo al informe técnico nº 173/08 (SE FVIM) con el que inician las actuaciones, se habrían fijado valores referenciales sólo para la posición que podría corresponder a la del ítem 1 del despacho nº 07042IC03003205X, pero no para el resto de las mercaderías. Pero, aun así, serían necesarios datos adicionales (tiempo, nivel comercial, cantidades, condiciones de venta) para poder reputarla idéntica o semejante en los términos del Acuerdo de Valor.
En punto al ajuste referido a los despachos respecto de los que se cuestionaba la condición de venta declarada, explica que tampoco era razonable en este caso sustituir directamente los valores por los de referencia o criterio, cuando la Aduana podía obtener el dato de la diferencia de los gastos de flete confrontando el resto de los campos del mismo despacho.
Se queja, finalmente, de que el servicio aduanero no haya respetado el procedimiento establecido en la RG nº 1907/05, según el cual debió correrle una nueva vista durante 15 días luego de haber consultado a las áreas de valoración y antes de adoptar una decisión definitiva (apartado II, anexo III).
III. Que esta Sala ya ha señalado que el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, incorporado a nuestro Código Aduanero por medio de la ley 23.311, establece como principio general en materia de valoración la preeminencia del “valor de transacción”; es decir que éste, tal como es definido en su artículo 1º (el precio realmente pagado o por pagar por las mercaderías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación), es la primera base para determinar el valor en aduana de conformidad con el Acuerdo (confr. Introducción General del Acuerdo), quedando excluido el empleo de valores ficticios o arbitrarios, e instaurándose una noción positiva de valor (causa nº 61.308/2016 “Colgate Palmolive Argentina SA c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 20/12/2016).
En la Introducción General del Acuerdo se expresa también que el artículo 1º debe considerarse en conjunción con el artículo 8º, que dispone el ajuste del precio realmente pagado o por pagar en los casos en que determinados elementos -que, se considera, forman parte del valor en aduana- Alta en sistema: 28/06/2024 corran a cargo del comprador y no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar por las mercaderías importadas.
Los artículos 2º a 6º prevén métodos alternativos para establecer el valor en aduana cuando éste no pueda determinarse sobre la base del valor de transacción; y el artículo 7º contempla cómo calcularlo cuando no pueda determinarse con arreglo a ninguno de los artículos anteriores. Por otra parte, el artículo 17 expresa que “[…]ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo podrá interpretarse en un sentido que pueda restringir o poner en duda el derecho de los Administradores de Aduanas de comprobar la veracidad o la exactitud de cualquier información, documento o declaración, presentados a efectos de la valoración en aduana. Ello con la finalidad de hacer cumplir al importador la obligación de declarar en forma completa, precisa y veraz, todos los elementos que puedan incidir en la determinación del valor” (confr. Sala IV, in re “Kossakoff, Mario José –TF 8499-A- c/ A.N.A.”, sentencia del 30/4/98).
IV. Que, sin embargo, en el procedimiento de ajuste de valor quien afirma el hecho que origina el conflicto es el servicio aduanero, que debe probar la veracidad de su cuestionamiento. Sólo en caso de logarlo transferirá al importador la carga de demostrar la legitimidad de su declaración; hasta entonces ninguna carga pesa sobre el particular (v. esta Sala, causa nº 61.308 /2016 “Colgate Palmolive Argentina SA c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 20/12/2016; Sala IV, in re “D.G.A. -en Donati- TF 19481-A”, sentencia del 17/03/09).
En efecto, constituye un indiscutido principio procesal –aplicable a todo litigio, aun no judicial- que está siempre a cargo de quien afirma un hecho la prueba de su existencia, cuando pretende fundar en él un derecho (Fallos: 217:635, entre muchos otros; Sala IV, in re “Macnet S.A. -TF 14723-A- c/D.G.A.”, sentencia del 13/09/05; Sala V, in re “Relojes Irel S.R.L. -TF 18490-A- c/D.G.A.”, sentencia del 03/07/07).
Conforme al Acuerdo, se parte del reconocimiento del precio declarado en tanto no medien circunstancias que cuestionen su veracidad, pero, cuando esto último ocurre, es la aduana quien debe allegar medios de prueba suficientes para destruir la presunción creada, aportando precisa y específicamente los datos, elementos y razones que justifiquen el rechazo del valor de transacción y el ajuste del valor declarado mediante el empleo de alguno de los métodos subsidiarios (confr. Sala IV in re “Applica Americas Inc. S.A: (TF 21374-A) c/ DGA”, sentencia del 16/2/10; Sala II, in re “Distribución SRL (TF22146-A) c/ DGA, sentencia del 28/10/10, y “Applica Américas Inc Suc Arg (TF 22145-A) c/ DGA”, sentencia del 11/11/10).
Alta en sistema: 28/06/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Cuando se fija el valor en aduana mediante métodos diferentes al del valor de transacción, el Acuerdo de Valoración prescribe que deben emplearse antecedentes de mercaderías idénticas o similares -esto último en razón de sus características físicas, calidad, marca, prestigio comercial, etc.-, vendidas para la exportación al mismo país de importación, y exportadas en el mismo momento que las mercaderías objeto de valoración, o en un momento aproximado.
Sin embargo, desde el relato contenido el Informe 173/08 (SE-FVIM) con el que se dio inicio a las actuaciones administrativas (fs. 1/3 del expte. administrativo) hasta la motivación del acto administrativo recurrido (fs. 109/11) resulta que la Aduana se limitó a sustituir los valores declarados por el importador por los extraídos del listado de “valores criterio” concebidos por la RG 1709/05 para emplearlos como base de la tributación, en lugar de descartar fundadamente los valores declarados y reemplazarlos empleando alguno de los procedimientos previstos en el artículo 2 del Acuerdo de Valoración del GATT. En estas condiciones, con independencia de si el procedimiento fue llevado a cabo adecuadamente con arreglo a lo prescripto en la RG 1709/05, confiriendo al particular una última vista antes de resolver el ajuste, o de si las posiciones de los valores de referencia empleados eran coincidentes, o aún de si era razonable sustituir un valor o adicionar el precio del transporte pagado para los DITs en los que se declaró el precio EX-WORK en vez de FOB, no puede validarse la actuación del servicio aduanero sino a riesgo de desconocer la obligación derivada del mentado tratado de valorar la mercadería, cuando se justifique el apartamiento del “valor de transacción”, exclusivamente con arreglo a alguno de los métodos allí previstos (arg. esta Sala, causa “Colgate”, ya citada; y nº 3054/2016 “Ditoys SA c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 12/04/2016).
Para más, resulta claro de los términos de la propia RG 1709 /05 que el mecanismo allí contemplado, que opera con el empleo de “valores criterio”, es solamente de carácter precautorio (conf. Anexo II, punto I.1); y tiene por efecto hacer cursar por el canal rojo a aquellas destinaciones que se aparten de esos valores de referencia, permitiendo la liberación de la mercadería solamente a partir de la constitución de garantías para el resguardo del interés fiscal (punto III). La implementación de este mecanismo no releva a la Administración de realizar el correspondiente estudio de valor, justificando eventualmente el apartamiento del valor declarado y la adopción del método sucedáneo (v. Anexo III, esp. punto 2).
Por ello, corresponde acoger este agravio de la actora y revocar el acto atacado.
Alta en sistema: 28/06/2024 V.- Que, finalmente, no hay motivos para apartarse del principio general de la derrota, de manera que la accionada deberá cargar con las costas de ambas instancias (arts. 1163, CA y 68, 1º parte, CPCCN).
VI. Que por los fundamentos vertidos, corresponde: 1) Hacer lugar al recurso de la actora, revocar el pronunciamiento apelado y dejar sin efecto la Resolución N° 1082/2012 (AD PASO) dictada por el Administrador de la Aduana de Paso de los Libres en las actuaciones n° 12326-121-2008; 2) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 1163, CA y 68, 1º parte, CPCCN).
ASÍ SE RESUELVE
El Sr. Juez de Cámara Dr. Jorge Federico Alemany no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109, RJN). Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Guillermo F. TREACY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Alta en sistema: 28/06/2024
Fin de la sentencia