Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la nulidad articulada por la recurrente, con costas.
2Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
3Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $438.361 (pesos cuatrocientos treinta y ocho mil trescientos sesenta y uno) equivalente a 71,15 (setenta y uno con 15/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $1.095.903 (pesos un millón noventa y cinco mil novecientos tres) equivalente a 177,90 (ciento setenta y siete con 90/100) UMA, los que quedan a cargo del la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en autos y el resultado obtenido en los puntos precedentes, conforme Ley 27.423, Acordada N°21/2021 (1/10/2021) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
4Regular los honorarios de la contadora María Angélica Angélica Gattorronchieri por su desempeño en autos como perito contadora designada a propuesta del Fisco Nacional en el importe de $318.801 (pesos trescientos dieciocho mil ochocientos uno) equivalente a 64,69 (sesenta y cuatro con 69/100) UMA el que queda a cargo de la actora, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y la labor pericial realizada conforme lo dispuesto por Ley 27.423, Acordada N°21/2021 (1/10/2021) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe firma conjunta Número: IF-2021-99294749-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 18 de Octubre de 2021 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el Expte. N° 49.682-I, caratulado “CENSIMA S.A.I.C s/ recurso de apelación”
La Dra. Gómez dijo:
I. Que a fs. 46/84, la recurrente interpone recurso de apelación contra la resolución emitida el 11 de febrero de 2019 por la Dirección Regional Sur de la AFIP- DGI. , se determinó el IVA por los períodos fiscales enero a diciembre de 2012; marzo, junio, julio y noviembre de 2013; enero a mayo y julio a diciembre de 2014, resultando impuesto a ingresar por los períodos 1 a 5, 7 y 12/2012; 3,6 y 7/2013; 3, 5, 7 a 9, 11 y 12/2014 más intereses resarcitorios y aplicándose una multa por los períodos enero a mayo, julio y diciembre de 2012; y marzo, junio y julio de 2013, sanción graduada en dos tantos del tributo que se imputa como dejado de ingresar, ello de conformidad con lo dispuesto por los arts. 46 y 47 inc. c) de la ley de rito fiscal. Finalmente, respecto a los períodos 3, 5, 7 a 9, 11 y 12/2014 se hizo reserva de aplicar sanciones, en virtud de lo establecido por el art. 20 de la ley 24.769 (vide 12/36).
Plantea la nulidad de la resolución apelada. Sostiene que la inspección resultó insuficiente y se basó en presunciones para determinar de oficio sin motivo aparente. Señala que tampoco tomó conocimiento del proceso por el cual los proveedores cuestionados fueron declarados apócrifos y el estado actual en que se encontrarían dichas causas, lo cual contraria el principio de inocencia. Concluye que la reseña efectuada, refleja la afectación del derecho de defensa y del debido proceso adjetivo, a la vez que expone la ausencia de motivación del criterio del organismo.
Expresa que las cuestiones que llevaron al Fisco a determinar el IVA resultan ajenas a su parte y son solamente atribuibles a los proveedores impugnados, respectos de los cuales dice haber tomado todos los recaudos necesarios al momento de realizar las operaciones, resultando ajeno a Censima S.A.I.C. la relación que existiera de los proveedores entre sí. Resalta que las operaciones fueron debidamente registradas y poseen la documentación respaldatoria correspondiente, inclusive comprobantes de retenciones, no habiendo sido cuestionada por el organismo recaudador la validez de los instrumentos emitidos. Indica en tal sentido, que aportó facturas, recibos de pago y probó el circuito de pagos ante la inspección, destacando que los proveedores se encontraban debidamente inscriptos ante AFIP.
Respecto a los proveedores en particular, resalta en cuanto a Horacio Aníbal Cardozo que se impugnan las operaciones en virtud de que éste negó haber tenido relación comercial con la firma Moura y Cia S.A., sin que pueda utilizarse por vía de la analogía como sustento para objetar las operaciones, máxime cuando en este caso coinciden o son complementarias las actividades desarrolladas por el Sr. Cardozo y la aquí recurrente. En el caso del Sr. Franco Papadopulos, trae a colación que surge de los antecedentes administrativos, que el citado tiene capacidad económica, posee propiedades, rodados y cuentas bancarias todo lo cual acredita su existencia; ello así, la actora concluye que la impugnación se basó en cuestiones que no le son imputables. Con relación al Sr. Juan Carlos Zárate, además de subrayar que las actividades resultan coincidentes, manifiesta que se utilizó el informe de una fiscalización confeccionado cuatro años después que se emitiera la factura y un año desde el comienzo de la inspección, no existiendo nexo de causalidad para invalidar las operaciones celebradas con este proveedor. En cuanto a Mimet S.R.L., expresa que en el momento de realizarse las operaciones comerciales la firma no estaba incluida en la Base APOC y que el representante de la firma se presentó ante la inspección y confirmó la existencia y cobro (cheque o transferencia bancaria) de las ventas de chatarra, no siendo ello tomado en cuenta en el acto apelado. En lo que atañe a Procesos y Construcciones S.A., sostiene que el único indicio en las inclusión de la mentada firma en la Base Apoc en 2017, esto es cinco años después de la operatoria invocada, sin existir otros motivos que justificaran desacreditar la veracidad de aquella; aduce que lo mismo ocurre con Fialmet S.A. que fue incluido en esa base en 2016 cuando las operaciones fueron desde marzo de 2012 a diciembre de 2014, resaltando que la empresa tomó conocimiento de una fiscalización cursada a dicha firma lo que sumado a las respuestas que diera durante la inspección que diera origen a la presente determinación objetada, dan cuenta de la existencia de la empresa.
En virtud de esta reseña, considera que resulta procedente el cómputo de créditos fiscales efectuados y de los requisitos establecidos para su cómputo.
Finalmente, con relación a la multa aplicada, expone que no se configura el tipo penal descripto por el art. 46 en la ley de rito fiscal, en tanto considera que no puede inferirse la presencia de dolo en base a presunciones y solicita en subsidio, el reencuadre de la conducta en el art. 45.
Ofrece prueba informativa y pericial contable, hace reserva del caso federal, solicita se resuelva el planteo de nulidad incoado y, en su caso, revoque el acto apelado, con costas.
II. Que a fs. 104/127 obra escrito de contestación de recurso del Fisco Nacional. En cuanto a la nulidad planteada, señala que se cumplimentaron todos los requisitos esenciales y sustanciales exigidos por las normas que reglan la sustanciación del procedimiento previsto en el ordenamiento jurídico, arribando a una decisión fundada, lo que torna en carentes de asidero los agravios de la recurrente, por lo que solicita el rechazo de tal planteo, con costas. Con relación al ajuste practicado, puntualiza que respecto a todos los proveedores no existe prueba directa que compruebe la realidad fáctica invocada por la contraria, más allá de los elementos formales acompañados, siendo que éstos se contraponen con las serias inconsistencias detectadas por el Fisco respecto a las operaciones invocadas. En tal sentido, pone de relieve que la existencia de comprobantes de retenciones, solo otorga un marco formal a la operatoria cuestionada pero no demuestra su materialidad.
Sin perjuicio de resaltar que no existieron agravios contra la liquidación de accesorios, indica que resulta de aplicación el art. 37 de la ley de rito fiscal, en virtud de tratarse de una indemnización a Fisco por no haberse ingresado en tiempo oportuno la suma en concepto de tributo adeudada.
Finalmente, en cuanto a la multa aplicada en virtud del art. 46 de la ley de rito fiscal, indica que probada la realidad fáctica de los hechos –inexactitud entre lo declarado y lo evidenciado a partir de la fiscalización- cabe la aplicación de la sanción, rechazando la posibilidad de reencuadre en el art. 45 de la ley de rito fiscal. Se opone a la producción de la prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme el acto apelado. Con costas.
III. Que a fs. 151 luce el acta de audiencia preliminar en los términos del art. 173 de la ley de rito, por la que se resolvió abrir la causa a prueba, obrando el auto correspondiente a fs. 152 en el que se hizo lugar a la informativa dirigida a las empresas Fialmet S.A. y Miamet S.A. y la pericial contable respecto de los puntos identificados como 1°, 2° y 4°.
A fs. 232 se clausura el período probatorio, a fs. 246 se eleva la causa a conocimiento de la Sala “D” y a fs. 250 se pone a alegar, lo que es cumplido a fs. 257/259 y265/295 por el Fisco Nacional los alegao. Finalmente por IF- 2021-99067916-APN-VOCX#TFN pasan los autos a sentencia.
IV. Que en primer lugar, corresponde referirse al planteo de nulidad.
Que ante todo, no debe olvidarse que “la nulidad por vicios procesales carece de un fin en sí misma, es decir, no tiene existencia autónoma, dado que el derecho procesal es una vía para asegurar la aplicación del derecho de fondo. Sólo procede cuando de la violación de las formalidades surge un perjuicio real y concreto en el derecho de la parte, principio que se sintetiza en la máxima “no hay nulidad por la nulidad misma”, receptado en el art. 172 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación” (CNACAF, Sala V, “Sosa Mirta Elena” sentencia del 4/6/997). Es decir, que las nulidades no pueden decretarse para satisfacer el interés teórico, sino únicamente cuando ellas hayan redundado en un perjuicio demostrado y concreto para el derecho de quien las pide (conf. "Anteurquiza, Hugo Ramón" - CNACAF. - Sala IV - 26/3/1992 - entre otros).
Que surge de las actuaciones administrativas que el contribuyente tuvo pleno conocimiento de los requerimientos del organismo, siendo las diferentes respuestas suscriptas por representante de la misma más el aporte de documentación correspondiente (vide fs. 4 y 10 Cpo. IVA I), lo que acredita de forma suficiente que conocía de manera íntegra en aquel momento los alcances de la investigación llevada a cabo por el organismo recaudador (cfr. Sala I de la Alzada in re “Pérez Alfonso, Máximo c/DGI s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 2 de julio de 2015).
Ello así, no se advierte que el Fisco haya vulnerado en forma alguna el derecho al debido proceso o haya restringido el derecho de defensa de Censima S.A.I.C; puesto que de acuerdo con las constancias, el Fisco Nacional dio cumplimiento con los requisitos establecidos por la ley de rito fiscal y corrió vista del ajuste en el IVA practicado por la inspección a la recurrente, ello de conformidad con lo establecido por el art. 17 de la ley 11.683 (fs.752/775 act. adm.), pudiendo la actora interponer el descargo respectivo (vide fs. 791/823 ant.). Que por último, debe destacarse que la resolución impugnada fue dictada con fundamento en las circunstancias de hecho y derecho, es decir, que no sólo se han cumplido con los requisitos de validez sino que se han valorado las circunstancias fácticas y jurídicas que la presupone, más allá del acierto o error en que pueda haber incurrido el ente fiscal al valorarlas, cuestión que debe ser analizada en el momento de resolver la cuestión de fondo. Por lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de nulidad incoado, con costas a la actora en virtud de haber sido interpuesta como cuestión previa (vide fs. 84, punto 2 de autos°) y lo expresamente solicitado por el Fisco Nacional (vide fs. 107 y 127 punto 6° de autos).
V. Que corresponde expedirse sobre la procedencia de la resolución apelada, en la que se impugna la operatoria con los pretendidos proveedores Sres. Horacio Aníbal Cardozo, Franco Ariel Papadopulos y Juan Carlos Zarate, y las firmas Mimet S.R.L., Proceso y Producción S.A. y Fialmet S.A.
Que la recurrente tiene como actividades declaradas “Industrias Manufactureras N.C.P.”; “Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos”; “Recuperación de materiales y desechos metálicos”, “Servicio de transporte automotor de cargas N.C.P.”; “Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados N.C.P.”; y “Servicios complementarios para el transporte marítimo N.C.P”; cerrando la firma los ejercicios comerciales el 31 de diciembre de cada año. Que, en lo que aquí interesa, el Fisco puntualizó que los proveedores observados no poseían la capacidad económica para llevar a cabo las operaciones por las que Censima S.A.I.C computó crédito fiscal (vide Informe Final de Inspección, fs. 649/662 ant.).
Que en el caso de Proceso y Producción S.A. y al Sr. Zarate se les atribuyó el carácter de “usinas de facturación apócrifa”, remarcando en el caso de la firma citada la inexistencia de cuentas bancarias y la presentación de declaraciones juradas en cero desde el período 2010 hasta el momento del acto apelado; mientras que con relación al Sr. Zarate se dijo que el domicilio comercial no contaba con consumos relevantes, ni se correspondían con la actividad de depósito y almacenamiento declarada mientras que el domicilio fiscal era el particular de su madre. En el caso del Sr. Papadopulos se hace notar que fue incluido en la Base Apoc el 7/4/2006 como “Usina de Empresa Desactivada”, considerando el Fisco que se trata de una “empresa en marcha” y funcional a la emisión de facturas apócrifas, además de la falta de localización y la ausencia de CAI vigentes. En lo que atañe al Sr. Cardozo los funcionarios actuantes concluyeron que era un “Prestanombre”, dado que en el marco de una inspección dijo que las facturas y remitos fueron prestados a un tercero, en blanco.
En cuanto a Fialmet SA se expone que no se verificaron signos de capacidad económica y financiera, por lo que es considerada como una empresa inscripta al solo efecto de facturar crédito no legítimo. Dicha conclusión se sustenta en la mayoría de las compras realizadas por la firma fueron desconocidas por los proveedores involucrados, con lo cual no existirían los bienes facturados y vendidos posteriormente a empresas como la aquí recurrente. Con relación a Mimet SRL, el Fisco señaló que no fue posible acreditar el circuito comercial y físico de la materia prima facturada, poniendo de resalto la inconsistencia detectada en relación a la falta de facturación por el traslado de mercaderías, además de que no contaba con personal en relación de dependencia registrado; ante ello, expuso que no se pudo establecer el real funcionamiento de la sociedad.
Que en virtud de los datos colectados durante la fiscalización, se vislumbra un razonamiento congruente sobre la inexistencia del circuito comercial que pretende hacer valer la apelante, siendo que además las irregularidades detectadas se presentaron en forma reiterada respecto de los supuestos proveedores, esto es su falta de capacidad económica, lo que no puede entenderse como simples incumplimientos formales de terceros (cfr. Sala I de la Alzada, in re “Las Tres Mulitas, sentencia del 9 de diciembre de 2015). En consecuencia, ante las fundadas observaciones efectuadas por el organismo, pesaba sobre la parte actora, la demostración de la existencia y veracidad de las operaciones cuestionadas, además de aportar prueba conducente para rebatir las conclusiones a las que arriba la demandada (cfr. Sala III de la CNACAF in re “Agroindustrias Quilmes SA (TF 28408-I) c/DGI”, sentencia del 09/04/2013), siendo que sobre ella pesaba la carga de la prueba.
Que la actora también se queja que la determinación se dictó sin haber objetado la validez de la contabilidad. Que dicho agravio no puede prosperar, puesto que ni la ley ni su decreto reglamentario imponen que previo a determinar de oficio el Fisco deba impugnar la contabilidad de la empresa. A su vez, es dable poner de resalto que el Fisco tuvo en consideración los datos brindados por la propia recurrente sobre la supuesta operatoria celebrada con los proveedores cuestionados y luego, a través de las atribuciones conferidas por los arts. 33 y 35 de la ley de rito, colectó la información necesaria de dichas empresas para sustentar la evaluación de la situación de la recurrente en cuanto al cumplimiento de sus deberes fiscales, no advirtiéndose irregularidad o arbitrariedad alguna en tal labor, ni sustentándose el ajuste sobre presunciones.
VI -Que resta analizar la prueba producida ante esta instancia.
Que sobre la pericia contable realizada (fs.181/197), cabe resaltar que si bien no se observaron alteraciones en los libros comerciales, no puede pasarse por alto que el perito del Fisco puso de relieve que respecto a los mismos poseen fecha de rúbrica posterior al momento en que se comienza a registrar en los mismos (fs. 193). Que sobre el registro de las operaciones cuestionadas, los expertos manifiestan que se realizan asientos globales, indicando el perito del Fisco que ello impide identificar a los clientes y comprobantes involucrados (fs. 194). Además, surge de lo allí expuesto que existan enmiendas sobre los comprobantes de respaldo (vg. Emitidos por los Sres. Cardozo y Zarate y Mimet S.R.L), falta de suministro físico de ellos (en el caso del Sr. Papadopulos), discordancia entre los datos consignados en las facturas y remitos (en lo que atañe a Proceso y Producción S.A.). En todos los casos, la respuesta de los peritos es coincidente en cuanto a la cancelación de las supuestas operaciones, que los recibos a nombre del proveedor se identifican los cheques con los cuales se “cancelarían” (sic.) las facturas, pero dicen que “...no se puede concluir si realmente han sido canceladas pues es la entidad bancaria la única que puede saber si esos cheques han sido depositados o no y quien los cobro” (sic). Como dato adicional, informan que en el caso de Fialmet S.R.L. algunos comprobantes consignan que el pago fue realizado con cheques en forma parcial según consta en un recibo, completándose el valor facturado en otro recibo de fecha posterior.
Que como corolario de lo expresado, debe señalarse que la información brindada en la pericia contable no resulta suficiente para rebatir las conclusiones a las que arriba el ente fiscal por cuanto “...según la ley 11.683, el valor probatorio de todas las 'registraciones contables' se encuentra sujeto al respaldo de 'los comprobantes correspondientes' y a 'la fe que éstos merezcan' (conf. art. 33 -1º párrafo-, in fine)...”y por lo tanto no puede atribuírsele a dicha medida por sí sola la aptitud para sostener que efectivamente se llevaron a cabo las operaciones cuestionadas, máxime que se tratan de registros globales (cfr. Corte Suprema de Justicia in re "Bridas Austral S.A. c/ Estado Nacional - Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos - Dirección General Impositiva s/ Dirección General Impositiva", sentencia del 15 de abril de 2014).
Que tampoco la informativa producida demuestra la materialidad de la relación comercial con Mimet SRL y Fialmet S.A (vide fs. 168 y 175/178, respectivamente). Que en sendas contestaciones no se aportó instrumento alguno que acredite que los firmantes sean los representantes de tales empresas, ni las firmas allí insertas contienen certificación alguna, teniendo en cuenta que se trata de dos proveedores objetados. Que ello sumado a los elementos reseñados en autos impide otorgarle a dichas probanzas la fuerza necesaria para rebatir los argumentos del Fisco Nacional.
Que si bien no es responsabilidad del contribuyente determinar si la documentación que le aporta el proveedor es o no apócrifa, no obstante ello tiene a su cargo el deber de acreditar que las facturas aportadas responden a operaciones efectivamente realizadas, lo cual no se ha cumplido en cuanto a los proveedores cuestionados, conforme lo expuesto (cfr. CNCAF, Sala V in re “Barrere y Asociados Sociedad de Hecho”, sentencia del 24/06/2005). En tal sentido, “la carga de la prueba no supone ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés de cada litigante; es una circunstancia de riesgo, que consiste en que quien no prueba los hechos que debe probar, pierde el pleito” (cfr. CNCiv., Sala C - La Ley T.117:808, 11371-S), correspondiendo concluir que los agravios de la recurrente, sobre quien pesaba la carga de probar sus afirmaciones (arg. Art. 377 del C.P.C.C.N.), al no ser sustentados por actividad probatoria suficiente, resultan meras consideraciones dogmáticas que no logran conmover las conclusiones a las que arribara el juez administrativo en el acto apelado. Que resulta pertinente recordar que, en lo que aquí interesa, el Cimero Tribunal al resolver la causa "Ferretti, Félix Eduardo" (sentencia del 10 de marzo de 2015) respecto a la procedencia del cómputo del crédito fiscal, expresó: "Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes o prestadores de servicio de transporte, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta o servicios que aquél les adjudicó.
Que cabe concluir que nadie puede invocar el derecho a computar un crédito o gasto que se presenta injustificado en tanto la documentación en la que se basa presenta las inconsistencias y/o irregularidades ya referidas (criterio de esta juzgadora in re “Numen Insight S.A. s/recurso de apelación”, sentencia del 10 de agosto de 2017, entre otros).
A tenor de lo expuesto, corresponde confirmar el ajuste practicado.
VII. Respecto de los intereses liquidados, teniendo en cuenta su naturaleza resarcitoria y el criterio restrictivo para su exención que impera en la materia fiscal (cfr. Fallos: 323:1315); corresponde confirmar su procedencia y el cálculo efectuado en sendos actos determinativos apelados.
VIII. Que resta referirse a la sanción aplicada en el acto apelado en los términos de los arts. 46 y 47 c) de la ley de rito fiscal, graduada en dos veces el tributo dejado de ingresar (vide art. 35 de autos).
Que la figura tipificada en el art. 46 de la Ley N° 11.683 requiere para su configuración el elemento intención, según surge de las expresiones “declaraciones engañosas” u “ocultación maliciosa”, utilizadas para su descripción. De allí que resulta necesaria la prueba de aquel elemento subjetivo, carga ésta que incumbe al Fisco (cfr. Sala IV de la Alzada in re MG Promociones SRL”, sentencia del 9/09/2014).
Que el artículo 47 de ley 11.683 establece presunciones legales “iuris tantum” tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Quiere decir que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consisten en que una vez que el Fisco ha probado que en el supuesto bajo examen se configura alguno de los casos previstos en el citado artículo, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación, y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa (conf. CANACF -Sala V-, in re: “Beleza SA (TF 21382-I) c/ DGI”).
Asimismo y en atención a otro de los agravios expuestos por la actora en su recurso, esto es la inaplicabilidad de multa de carácter doloso en base a presunciones, cabe señalar que como se dijo en el punto V, el Fisco no sustentó la impugnación de crédito fiscal sobre presunciones que impliquen aplicar la jurisprudencia invocada en el recurso.
No obstante ello, estimo pertinente traer a colación lo expuesto por la Sala V de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal al resolver la causa “Italiano, Antonio Alberto”, con fecha 12/02/2008, donde (voto del Dr. Alemany) se expuso que “En el precedente "Mazza, Generoso" la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314... En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados.
Asimismo, en dicho precedente se expuso (voto del Dr. Morán) que “En lo que respecta a la causa "Montenegro", si bien al momento de acaecer el hecho imponible ya habían sido reincorporadas al texto de la ley 11683 las presunciones del citado artículo (conf. art. 19, L. 23314 - ADLA XLVI-B-1124-), no corresponde efectuar una aplicación mecánica del criterio allí expuesto. Siendo ésta una cuestión relacionada con el ámbito de la prueba, no puede ser ordenada con el carácter de un mandato ineludible. La fuerza vinculante de una presunción queda siempre al buen juicio del órgano que se encuentra en situación de aplicarla; de modo que podría optar por hacerlo siempre que entienda preservados los derechos fundamentales involucrados en el proceso” , para luego agregar que “...ello no puede interpretarse como una prohibición absoluta de aplicar las presunciones de dolo previstas en el citado artículo 47, en la medida en que éstas resulten intrínsecamente razonables, y se encuentren acreditados los hechos que determinan su aplicación.
Que, en un sentido acorde, esta Sala tiene dicho que la intención defraudatoria -indemostrable en cuanto estado psicológico condicionante de la voluntad del sujeto- "sólo puede evidenciarse mediante datos objetivos o manifestaciones externas que la pongan de manifiesto, que resultan ser aquellas a las que la ley atribuye ese significado..." ["Las Pirguas SRL (TF 24.592-I) c/DGI" – 31/8/2007]”. En igual sentido la Sala IV de la Alzada in re "Yuviet SA c/Dirección Gral. Impositiva" – 9/6/2005 Sentado ello, las presunciones establecidas en el artículo 47 admiten prueba en contrario (en este caso la prevista en el inc. c), y en tal sentido es resorte de la actora proponer y ofrecer las pruebas que hagan a su derecho a fin de desvirtuar las afirmaciones vertidas por el Ente Recaudador.
Que específicamente respecto a la presunción utilizada por el Fisco, cabe traer a colación lo sentenciado por el Dr. Carlos Porta in re “Cochería Tacuarí de Campos y Cía. SCA “ (TFN, Sala B, sentencia del 11 de febrero de 2008): “Que el inciso c) en realidad contiene una remisión al inciso a) (inexactitud en las declaraciones juradas) y al inciso b) (documentos que le sirvan de base), pero observado el fenómeno desde otra perspectiva: la disconformidad con las normas aplicables. Ahora bien, si no se precisa el concepto pareciera que este inciso sería de aplicación en todos los supuestos, pues es evidente que siempre que hay una diferencia en menos de impuesto, es que las normas se han aplicado "disconformemente". Que no ha sido esa la intención del legislador pues para ello usó un sistema taxativo en el artículo que indica que se trata de supuestos distintos y el matiz diferencial está dado, por el hecho de que la disconformidad sea "manifiesta", lo que exige que la disconformidad sea casi radicalmente opuesta a lo que la norma dice y no se trate de problemas de dudosa interpretación”. Que por lo expuesto las previsiones contenidas en el inciso c) del art. 47 antes citado, se encuentra debidamente acreditado, en tanto la manifiesta disconformidad con las normas está dada en virtud de que la recurrente cómputo crédito fiscal derivado de operaciones tildadas de apócrifas, ello en contraposición a lo expresamente dispuesto en el art. 12 de ley IVA que resulta citado por el acto apelado. En efecto, la actora dejó de ingresar gravamen en su justa medida, circunstancia que no hubiera sido exteriorizada de no mediar la actividad fiscalizadora del organismo recaudador.
Que teniendo en cuenta el análisis efectuado, han concordado elementos suficientes para tener por configurada los aspectos objetivo y subjetivo de las sanciones impuestas por los actos apelados, y no habiendo elementos que justifiquen una dispensa o reencuadre de la sanción aplicada, corresponde disponer su confirmación.
IX. Por lo expuesto, voto por rechazar la nulidad articulada, con costas; y confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
La Dra. O'Donnell dijo:
Adhiero a la solución propuesta por la Vocal Instructora, salvo respecto a la imposición de las costas por el planteo de nulidad -Consid.IV- según la doctrina de Fallos 336:70. Por ende, corresponde su rechazo, sin costas. El Dr. Martín dijo:
Que adhiere al voto de la Vocal Instructora.
Del resultado de la votación que antecede, SE
1. Rechazar la nulidad articulada por la recurrente, con costas.
2. Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
3. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $438.361 (pesos cuatrocientos treinta y ocho mil trescientos sesenta y uno) equivalente a 71,15 (setenta y uno con 15/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $1.095.903 (pesos un millón noventa y cinco mil novecientos tres) equivalente a 177,90 (ciento setenta y siete con 90/100) UMA, los que quedan a cargo del la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en autos y el resultado obtenido en los puntos precedentes, conforme Ley 27.423, Acordada N°21/2021 (1/10/2021) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
4. Regular los honorarios de la contadora María Angélica Angélica Gattorronchieri por su desempeño en autos como perito contadora designada a propuesta del Fisco Nacional en el importe de $318.801 (pesos trescientos dieciocho mil ochocientos uno) equivalente a 64,69 (sesenta y cuatro con 69/100) UMA el que queda a cargo de la actora, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y la labor pericial realizada conforme lo dispuesto por Ley 27.423, Acordada N°21/2021 (1/10/2021) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
5. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2021.10.18 12:27:38 -03:00 Date: 2021.10.18 13:56:52 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.10.18 14:50:47 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.10.18 14:50:48 -03:00
Fin de la sentencia