Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 19364-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAdmitir la caducidad acusada por el Fisco Nacional – AFIP-DGI, con costas a la actora (cfme. arts. 310, inciso 1º y 73 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
53431/2012 CENTENARY SA (TF 19364-I) c/ DGI s/ Buenos Aires, 8 de agosto de 2019.- SH Y VISTOS;
El acuse de caducidad de instancia formulado a fs. 736/736vta. por el Fisco Nacional (A.F.I.P.-D.G.I), que fue replicado por la actora a fs. 739/740; y
I. Que la parte demandada plantea que ha transcurrido en exceso el plazo previsto en el art. 310, inc. 2º del Código Procesal. Precisa que desde el auto de fecha 10 de diciembre de 2015 – por el que se tiene presente la liquidación de tasa de justicia acompañada por la actora y por constituido su domicilio electrónico denunciado- sólo consta la presentación de un escrito fechado el 2 de febrero de 2017 cuyo título reza “solicitud de pase al fiscal”, el cual no reviste la condición de acto impulsorio (fs. 736 y vta.).
II. Que la actora, a fs. 739/740, solicita el rechazo de la caducidad acusada, argumentando que no resulta aplicable el art. 310, inc. 2º del Código Procesal, toda vez que no corresponde a su parte instar la prosecución de la causa en esta etapa, debido a que la apelación fue interpuesta y fundada ante el Tribunal Fiscal de la Nación y que su parte cumplió los trámites procesales pertinentes ante esta Cámara. Cita jurisprudencia referida al art. 313, inc. 3º del CPCCN.
III. Que tiene dicho este Tribunal que la instancia es el conjunto de actos procesales que realizan las partes para obtener la decisión judicial de un litigio y que se suceden desde la interposición de una demanda, o la petición que abre una etapa incidental, un proceso o la concesión de un recurso, hasta la notificación de la respectiva sentencia o resolución. Así, toda petición inicial de un proceso, trámite o procedimiento dirigido a un juez o tribunal para que satisfaga un interés legítimo de quien acciona es una instancia y, a partir de ello, comienza para el interesado la carga de impulsar el procedimiento, sin que sea necesario que se haya trabado la litis ni ordenado correr traslado de la demanda (Conf. esta Cámara, esta Sala, in re “ONAB c/ Navarrete Celia s/ proceso de ejecución”, sentencia del 13/08/08; in re “BCRA-Resols Alta en sistema: 12/08/2019 76/05 y 203/05 c/ Gaillard Raúl Augusto Alfonso s/ ejecución fiscal”, sentencia del 14/02/11; in re “Lisotto Ricardo Fabián c/ EN-Mº Justicia- PFA- Dto 2744/93 884/08 s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg”, sentencia del 22/02/13; Causa Nº 14984/09, in re “González Orejan Osvaldo Daniel c/ UBA - Facultad Ciencias Exactas y otros s/ empleo público”, sentencia del 18/11/14; Causa Nº 12239/09, in re “CNRT Resol 1580/01 Disp 3159 y otras c/ La Puntual de Gonzales y Cia SCS s/ Proceso de conocimiento”, sentencia del 11/05/15, entre otros).
Ello no obstante, la caducidad de la instancia debe responder a las particularidades de cada caso y, por constituir un modo anormal de terminación del proceso y de interpretación restrictiva, la aplicación que de ella se haga debe adecuarse a ese carácter, sin llevar con ritualismo el criterio que la preside más allá del ámbito que le es propio (C.S., Fallos: 308:2219; 319:1142; 320:38; 322:2943; y esta Cámara, esta Sala, Causa Nº 8129/11, in re “Santoni María Luisa c/ ENOHS y otros s/ Daños y perjuicios”, del 25/09/14).
Asimismo, es preciso destacar que, como regula el Código Procesal de la Nación, no podrá decretarse la caducidad de la instancia “cuando los procesos estuvieren pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuere imputable al tribunal, o la prosecución del trámite dependiere de una actividad que este Código o las reglamentaciones de superintendencia imponen al secretario o al oficial primero” (Conf. art. 313, inc. 3, del CPCCN).
IV. Que, de la compulsa de la causa surge que:
(i) por el despacho de fs. 700, de fecha 12 de noviembre de 2015 (notificado a la demandada el 17/11/2015 y a la actora el 20/11/2015), la Secretaría hizo saber a las partes la asignación de la causa a este Tribunal, ordenó el oficio a la Procuración de Tesoro, cursó intimaciones a fin de que se liquide y cancele la tasa de justicia, se acompañen los bonos del ley y se constituya domicilio electrónico. (ii) a fs. 704/707 la demanda cumplió los trámites a su cargo;
Alta en sistema: 12/08/2019 53431/2012 CENTENARY SA (TF 19364-I) c/ DGI s/ (iii) la actora a fs. 710 constituyó domicilio electrónico, practicó la liquidación de la tasa de justicia y manifestó sobre su monto que “se debe verificar en el concurso ya que se ha realizado un beneficio de litigar sin gastos cuando se inició el mismo”. Asimismo, señaló que el bono correspondiente se encuentra adjunto a fs. 603, motivo por el cual se dejó sin efecto la intimación del punto IV de fs. 700.
(iv) remitidas que fueron las actuaciones al Representante del Fisco, a fs. 711 requirió el beneficio de litigar sin gastos mencionado por la actora a fin de poder emitir su opinión, el cual recién fue solicitado al juzgado en el que tramita el concurso por el oficio librado a fs. 733, que aún no ha sido contestado.
V. Que, por principio, todas las cuestiones atinentes a la tasa de justicia –como lo es la liquidación practicada por Centenary S.A. a fs. 710 y el oficio Ley 22.172 librado por esta Sala el 9 de mayo de 2019 al Juzgado de Primera Instancia de Concursos, Quiebras y Sociedades Segunda Nominación de Salta (v. fs. 733) solicitando tenga a bien informar si la parte actora ha tramitado un Beneficio de Litigar Sin Gastos en el expediente Nº C-40506/99 “Centenary SA s/concurso preventivo”- no deben suspender la prosecución normal del trámite de la causa (conf. art. 11, último párrafo, de la Ley 23.898).
A todo evento, bien pudo el tribunal haber ordenado la formación de un incidente de tasa, encauzando la manifestación de la parte actora como una suerte de oposición fundada en los términos del art. 11, penúltimo párrafo, de la ley 23.898. Al margen de esta cuestión, lo determinante del caso, a los efectos de revisar si se encuentra perimida esta primera instancia judicial, es que desde la notificación a la actora de la providencia de fs. 700, acaecida el 20 de noviembre de 2015 (cfr. diligencia de fs. 703 y vta.) ha transcurrido el plazo establecido por el art. 310 inc. 1º del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación sin que la recurrente haya impulsado idóneamente el trámite, debiendo Alta en sistema: 12/08/2019 ponerse de relieve que no ha acreditado el diligenciamiento de la comunicación prevista por el art. 8º de la ley 25.344, ordenado por el auto de fs. 700, punto II. Al respecto, resulta conveniente dejar sentado que el anterior oficio a la Procuración del Tesoro de la Nación, que se tuvo por diligenciado a fs. 624, no resulta útil para suplir el trámite pendiente, en razón de que en esa oportunidad la actora acompañó la copia de la apelación y de la expresión de agravios de la demandada (fs. 586/590), cuando en este nuevo oficio ordenado a fs. 700 debía acompañar copia del recurso de fs. 680/681vta., interpuesto contra la sentencia de fs. 634/638.
Por consiguiente, corresponde decretar la caducidad de la instancia en las presentes actuaciones.
VI. Que sin perjuicio de que los fundamentos por los que aquí se decreta perimida la instancia son distintos a los que opusiera la representación legal del Fisco Nacional-DGI al acusar a la actora del incumplimiento de la carga procesal de instar la acción - puesto que en primer lugar calculó el plazo de caducidad a la luz de lo dispuesto en el segundo inciso del art. 310 del código de forma, cuando en realidad es el primer inciso el que resulta de aplicación, precisamente por tratarse de un recurso directo y ser esta la primer instancia judicial, debiendo añadirse a ello que tuvo por impulsorios trámites que según lo normado por el art. 311 del citado código no revisten tal carácter a criterio de este Tribunal (vgr. fs. 710)-, corresponde que las costas sean impuestas a la actora.
Ello es así, en virtud de lo dispuesto por el art. 73, último párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación el que establece que declarada la caducidad de la primera instancia las costas del juicio deban ser impuestas a la actora, hallando tal régimen específico su justificación en razón del principio objetivo de la derrota, que no sólo prevé el caso de quien es declarado vencido mediante un sentencia judicial, sino también el de aquél que no llega a obtener el reconocimiento del derecho que invoca por haber dejado inerte la tramitación del proceso, circunstancia que de algún modo se encuentra tangencialmente reconocida por la actora en las explicaciones brindadas en su escrito de fs. 739/740 -al manifestar que “por un error involuntario Alta en sistema: 12/08/2019 53431/2012 CENTENARY SA (TF 19364-I) c/ DGI s/ de la Cámara se libró oficio al Juzgado Comercial nº 16 de Capital Federal, siendo que debía diligenciarse a la Provincia de Salta” y que, dicha deficiencia fue subsanada por la Sala sin intervención de su parteen el que sin siquiera ensayar una explicación en torno al trámite pendiente a su cargo que surge de lo proveído a fs. 700, punto II, pretende deslindarse de su inactividad declarando que “no existe ninguna obligación procesal pendiente de mi parte”.
Por ello, el Tribunal RESUELVE: admitir la caducidad acusada por el Fisco Nacional – AFIP-DGI, con costas a la actora (cfme. arts. 310, inciso 1º y 73 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
JORGE ESTEBAN ARGENTO CARLOS MANUEL GRECCO SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ
Alta en sistema: 12/08/2019
Fin de la sentencia