Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 56661144-I
—SALA IV-
CAF 32823/2025/CA1 CENTRAL COSTERA SA (TF 56661144-i) c/DIREC- CIÓN GENERAL IMPOSITIVA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EX- TERNO Buenos Aires, noviembre de 2025.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Que, conforme surge de autos, la actora interpuso amparo por mora ante el Tribunal Fiscal de la Nación, en los términos del art. 182 de la ley 11.683, invocando las demoras en que había incurrido la AFIP en expedirse respecto de las solicitudes de reintegros efectuadas en los términos de la RG 2244 y modif.
2. Que el Tribunal Fiscal, por mayoría, hizo lugar al amparo interpuesto y fijó el plazo de 15 días para que el organismo fiscal completase las diligencias necesarias para la conclusión del trámite iniciado por la amparista.
Impuso las costas al Fisco.
Para así resolver efectuó las siguientes consideraciones:
- En el caso de autos, a partir del decisorio judicial firme la amparista se presentó ante el organismo fiscal solicitando que se expidiera respecto de la solicitud de devolución efectuada en los términos de la RG nº 2224.
- Las presentaciones digitales con las solicitudes formuladas no han merecido respuesta expresa por parte del Fisco. Asimismo, de las constancias que aporta el apoderado fiscal, y no obstante las diligencias que habría realizado la Agencia interviniente con las áreas centrales del organismo, lo cierto es que tampoco el pedido expreso del pronto despacho ha tenido respuesta alguna. Cabía señalar al respecto que aun cuando el Fisco estimó concluir el trámite en el mes de julio, no se indicaba la fecha precisa ni la existencia de alguna tarea pendiente por parte de la amparista ni por la propia Administración que obstara a finalizar el trámite iniciado el 10/12/24. - Debía recordarse al respecto que la Administración tiene la obligación de resolver las cuestiones que se someten a su consideración, ya sea dentro de los plazos fijados por la ley o en un tiempo prudencial, contando para ello con amplias facultades según la ley aplicable a fin de evitar causar un perjuicio al contribuyente. En el caso, se advierte que el Fisco ha incurrido en una demora en realizar un trámite a su cargo, habiendo excedido las pautas temporales razonables para resolver la solicitud efectuada por la contribuyente, por lo que se estima procedente, en atención a las particularidades del caso, hacer lugar al recurso, fijando un plazo de 15 días 1 para que el Fisco complete las diligencias necesarias para la conclusión del trámite a su cargo, con costas.
3. Que, contra dicha resolución apeló el Fisco y expresó agravios el 7 de julio del corriente, que fueron contestados por su contraria el 13 de agosto.
Sostuvo al respecto que la sentencia no se ajusta a derecho en tanto otorga relevancia a cuestiones que no justifican la procedencia del amparo. Afirma en tal sentido que surge de las actuaciones que su parte desarrolló tareas de verificación y análisis de la documentación pertinente.
Finalmente, se agravia de la imposición de costas y sostiene que no corresponde fijarlas a su parte por cuanto no ha existido demora alguna injustificada.
4. Que, el artículo 182 de la ley 11.683 prescribe que la persona individual o colectiva perjudicada en el normal ejercicio de un derecho por demora excesiva de los empleados administrativos en realizar un trámite o diligencia a cargo de la AFIP podrá ocurrir ante el Tribunal Fiscal de la Nación mediante recurso de amparo, siempre que haya interpuesto pedido de pronto despacho ante la autoridad administrativa y que haya transcurrido un plazo de 15 días sin que se hubiese resuelto el trámite.
Asimismo, el art. 183 del referido plexo normativo dispone que el Tribunal Fiscal, si lo juzgare procedente, en atención a la naturaleza del caso, requerirá del funcionario a cargo de la AFIP que dentro de un breve plazo informe sobre la causa de la demora imputada y la forma de hacerla cesar. Luego, podrá resolver lo que corresponda para garantizar el ejercicio del derecho afectado, ordenando en su caso la realización del trámite administrativo o liberando de él al particular mediante el requerimiento de la garantía que estime suficiente.
5. Que el amparo previsto en los arts. 182 y sig. de la ley 11.683 es un remedio excepcional que tiene como finalidad proteger a los contribuyentes contra las posibles arbitrariedades de la DGI que por una excesiva demora afecten el normal ejercicio de sus derechos.
Su fundamento es el de dar al administrado un remedio procesal eficaz, caracterizado por la celeridad de su trámite, que le asegure o restablezca el goce de derechos cuando se consideren lesionados por el organismo recaudador. Su objeto es impedir que se produzca la lesión de un derecho a través de una demora excesiva.
6. Que, en el caso de autos, la actora optó por interponer el presente amparo ante el Tribunal Fiscal en los términos de los arts. 182 y siguientes, a fin de que se pronuncie respecto de la solicitud de devolución de $32.713.872,64 con más intereses, ordenada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 5 en el caso “ENDESA COSTANERA SA C/EN – AFIP-DGI S/DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA” el 18 de febrero de 2021, respecto del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta relativa a los período fiscales 2006, 2008 y 2010, que se encuentra firme.
Alegó al respecto que el 15/4/25 presentó una solicitud de pronto despacho a fin de que se resolviera su solicitud de devolución y habiendo transcurrido un plazo mayor a 15 días —SALA IV- CAF 32823/2025/CA1 CENTRAL COSTERA SA (TF 56661144-i) c/DIREC- CIÓN GENERAL IMPOSITIVA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EX- TERNO hábiles desde su interposición, y ante la excesiva e injustificada demora en la emisión de un pronunciamiento formal y concreto del organismo, peticionó que el Tribunal Fiscal se expidiera a los efectos de que se dictase tal pronunciamiento.
El 3/6/25, el TFN requirió al Fisco que informase sobre las causas de la demora y la forma de hacerla cesar y éste le hizo saber que la demora denunciada no era irrazonable toda vez que el trámite se encontraba en curso en la etapa de análisis técnico y revisión documental, previendo su finalización en el mes de julio.
Al respecto, es dable señalar que la locución “demora excesiva” reviste la condición de concepto jurídico indeterminado siendo, en principio, de resorte de la Administración articular (por norma o acto) la delimitación de los extremos que la conforman. Claro está que la discrecionalidad en la apreciación de ambos términos conjugados en orden a revisar el aspecto temporal de la actividad administrativa, resulta acotada en aquellos supuestos en que el plazo para el cumplimiento del trámite se encuentra estipulado en la reglamentación aplicable (Sala III “Gaveteco SAICF c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” del 6 de febrero de 2018 y “Fundemap SA c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 20/3/2018).
En el caso, no puede dejar de considerarse que, si bien el Fisco fue desarrollando tareas de fiscalización, no hubo respuesta alguna de su parte transcurrido el plazo de 15 días del pronto despacho previsto en la ley 11.683, y tampoco surge de autos ni fue informado que se hubiesen concluido las diligencias a su cargo.
Por lo expuesto, corresponde confirmar la resolución apelada excepto en cuanto a las costas que se imponen por su orden en ambas instancias atento las particularidades del caso (art. 68, segunda parte del CPCCN).
ASI SE RESUELVE.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia