Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala I · Causa 176855
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por los fundamentos consignados en el precedente acuerdo: I.)
Se hace lugar al recurso de apelación incoado por la parte actora, declarando procedente parcialmente a la consignación judicial, rechazándose la consignación de la cuota n° 19 y admitiendo la compensación reclamada en autos; II) Diferir para una etapa posterior de liquidación la admisión o no de los restantes depósitos, III) imponer las costas en un 20% a la parte actora y en un 80% a la partes demandada vencida (art. 71 del CPC); IV.) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967); V.)
Sala Primera de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del Plata Expte. Nº 176855.
Autos: "CENTRO DE SERVICIOS PAPEROS SA C/ BOSCH DIEGO S/ CONSIGNACION DE SUMAS DINERO, ALQ., ARRENDAM.".
Habiéndose practicado oportunamente en esta Sala Primera de la Cámara de Apelación Civil y Comercial el sorteo prescripto por el artículo 263 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, del cual resultó el siguiente orden de votación: 1º) Dr. Rodrigo Hernán Cataldo y 2º) Dr. Alfredo Eduardo Méndez, se reúnen los Señores Magistrados en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos "CENTRO DE SERVICIOS PAPEROS SA C/ BOSCH DIEGO S/ CONSIGNACION DE SUMAS DINERO, ALQ., ARRENDAM.".
Instruidos los miembros del Tribunal, surgen de autos los siguientes A N T E C E D E N T E S :
La Sra. Jueza de Primera Instancia dictó sentencia el 14/2/2023, rechazando la demanda que, por consignación judicial, promoviera Centro de Servicios Paperos S.A. contra Diego Bosch.
Contra ese pronunciamiento, interpuso recurso de apelación Centro de Servicios Paperos S.A el 28/2/2023, el que se concedió el 16/3/2023. Dicho remedio fue fundado el 5/4/2023, recibiendo réplica de la parte demandada el 17/4/2023.
Al fundar su embate, el recurrente se desconforma de la sentencia dictada, presentando 6 agravios:
Agravio 1: Sostiene que, existió, de parte de la Sra. Jueza, una deficiente valoración de la prueba, particularmente de las declaraciones testimonial de los Sres. Diego Gabriel Gasco, Federico Molinari, la prueba pericial y la oficiatoria al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos. Considera que esto provocó una falla en el razonamiento lógico de la Magistrada. Agrega que la adecuada valoración de esta prueba demuestra, a las claras, lo que las partes entendieron durante la ejecución del contrato como pago cancelatorio a través de la moneda nacional al cambio oficial. Agravio 2: Según su posición, es equivoca la conclusión de la Sra. Jueza, en tanto sostuvo que la parte actora no acreditó la imposibilidad de adquirir dólares.
Agravio 3: Agravia a la apelante las opciones que consideró la Sra. Jueza, sobre los modos para acceder a la compra de dólares para cumplir con la obligación, considerando que ante la ausencia de estipulación por las partes (ver Clausula 3ª del Contrato), la deuda debe ser abarcada por las disposiciones contenidas en el Art. 765 del Cód. Civ. y Com., no correspondiendo conducir al obligado en moneda extranjera a materializar operatorias bursátiles que no han sido las contempladas en el artículo citado, remarcando que la prestación debida no tiene por objeto títulos de crédito sino una “cantidad de cosas”.
Agravio 4: Plantea la doctrina del absurdo diciendo que en la sentencia se tergiversa el contrato realmente suscripto asignando a la conducta de esta parte una supuesta “novación”; agregando que su parte jamás invocó una novación de las obligaciones, sino que se ejerció la opción contemplada por el Art. 765 del Cód. Civ. y Com. en los términos allí legislados, obligación de dar cantidades de cosas, pudiendo el deudor liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal.
Según su posición, durante el primer tramo de contrato el demandado recibió la cantidad de pesos equivalentes a los dólares pactados y que posteriormente cambia de posición al pretender una ventaja mayor y solicitar una cotización diferente a la moneda extranjera. Y que la sentencia ha aprobado esta conducta.
Agravio 5: Se alza contra el valor de instrumento público que les brinda la sentencia a las cartas documentos de fecha 5 de febrero 2021 y 5 de marzo 2021, por cuanto no considera que para otorgarle tal consideración debió acreditarse el aviso de recepción, o a lo sumo acreditar el aviso de visita; extremos que, entiende, no se han probado.
Agravio 6: Finalmente se agravia de la imposición de costas, entendiendo que existieron razones fundadas para litigar y que por dicho motivo debieron establecer de otro modo.
Concluye su presentación, con la introducción de la cuestión federal.
En posición contrapuesta, la parte demandada, en su oportunidad inicia la presentación solicitando la deserción del recurso por qué no se observa cual es el yerro lógico y/o de aplicación del derecho vigente que plantea.
Cuando pasa a responder los agravios dice que las declaraciones testimoniales no agregan ningún hecho que pueda verificar la integridad e identidad del ofrecimiento de pago y la mora en su recepción por el acreedor Sr. Bosch.
Posteriormente realiza un desarrollo explicativo de los motivos por los cuales no puede aplicarse la compensación que entiende propone la actora.
Se rechaza el fundamento de imposibilidad de adquirir dólares y suma que la parte ni siquiera demostró haber intentado el mecanismo -o algún otro- y no haber podido.
Respecto del agravio sobre el valor de las Cartas Documento sostiene que tardío, ya que su veracidad quedo firme con el despacho de fecha 04/02/2022 en que el Juzgado, las tuvo por reconocidas y ello no fue apelado.
Cierra su contestación con la oposición al agravio de las costas y la reserva de caso federal.
En base a ello, los Señores Jueces resolvieron plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S :
1ª) ¿Es justa la sentencia de fecha 14 de febrero de 2023?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RODRIGO HERNÁN CATALDO DIJO:
1. El acuse de deserción no puede prosperar.
En efecto de una lectura de la expresión de agravios se advierte que los argumentos en los cuales se funda la apelación están directamente dirigidos a los pilares que formaron parte de la decisión jurisdiccional, no solo en cuanto al criterio de lo resuelto sino también a la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales y la errónea valoración de la prueba, por lo que considero que el reproche traído es suficiente y sortea el test del art. 260 del CPC.
2. Dejo debida constancia que este Tribunal de Apelación no se encuentra obligado a seguir a los litigantes en todos sus razonamientos, ni a refutarlos uno por uno. Posee amplia libertad para examinar los hechos y las distintas cuestiones planteadas. Así puede asignarles el valor que les corresponda o que realmente tengan en tanto se consideren decisivos para fundar la resolución y prescindir de los que no sirvan a la justa solución del recurso. En consecuencia, sólo serán analizadas las argumentaciones de la parte vencida que sean conducentes (ver CSJN, "Fallos": 258:304; 262:222; 265:301; 272:225).
De una lectura de los actuados se advierte que la visión asumida por la distinguida colega de la instancia de origen en cuanto al conflicto de autos ha sido parcelada, a mi entender, a algunos aspectos jurídicos específicos -es decir, una visión micro- cuando en realidad en una óptica dinámica y macro del contrato indica que otro es el camino a seguir. En efecto, habiendo quedado firme y sin controvertir por las partes la relación contractual que las unía (contrato de compraventa de 9 hectáreas de superficie de tierra por una suma de U$S 600.000 en la localidad de Balcarce, Pcia. De Buenos Aires, Cláusula 1ra del contrato del 23/8/2019), más allá de la buena o mala fe que ellas se imputen -lo que considero no se encuentra presente en ninguno de los cocontratantes habida cuenta de que ambas consideraron que estaban actuando conforme a lo que entendían que emergía de las cláusulas contractuales como cualquier contratante previsor lo haría (creo que ese ha sido el estándar de interpretación contractual que emerge del art 961 del CCC)-, corresponde analizar la pretensión esgrimida en autos como una derivación de un conflicto contractual.
Así es que considerar la pretensión entablada solo como una consignación y compensación judicial -y no novación como erróneamente se desliza en la sentencia- sin observar que estamos en presencia de un cumplimiento contractual en ciernes y una renegociación voluntaria del contrato a la que se sometieron tácitamente los contratantes en parte por una coyuntura de emergencia económica y sanitaria y por la otra en virtud de disposiciones expresas de la ley contractual así como de los principios del Contractual Soft Law.
Del recuento de situaciones fácticas con incidencia jurídica determinantes en estos actuados considero que emergen las siguientes: estamos en presencia un preliminar de contrato paritario de boleto compraventa; de larga duración (116 cuotas mensuales, es decir, casi 10 años); que fue afectado por la pandemia del covid 19 (emergencia sanitaria) y por normas de emergencia financiera (normas del BCRA de control de cambios -CEPO); además de otros hechos provocados por las partes. Veamos. Como ya lo adelanté, el requerir por vía judicial la consignación judicial de sumas de dinero y la compensación dineraria es indicativo de que existe la firme intención de la compradora accionante de requerir el cumplimiento del contrato, es decir, ser fiel al principio de convalidación o conservación de los actos jurídicos, ya que la regla en materia contractual siempre es estar al cumplimiento obligacional que emerge del sinalagma -pacta sunt servanda- y por la conservación del negocio jurídico (argto. arts. 1066 CCyC).
Ahora bien, ello no significa que en un negocio jurídico pensado por las partes para permanecer en el tiempo, de larga duración y financiamiento -como es el del caso de autos en que los contratantes decidieron establecer el pago del saldo de precio en la cantidad de 116 cuotas-, no sea lógico y normal que el acto jurídico contractual trasunte ciertas vicisitudes y avatares propios del desarrollo contractual convalidante del principio de ejecución.
En esa inteligencia es que puede considerarse, como una primera apreciación preliminar, que no es acertado establecer como conclusión apriorística, tal como lo hace la colega de la instancia originaria, que la situación generada en la causa no esté prevista en norma alguna (pág. 17, 4to pár. de la sentencia impugnada), por el contrario, existen múltiples dispositivos legales que prevén la posibilidad de solucionar el conflicto contractual en ciernes con una renegociación o readecuación o modificación voluntaria o forzada del contrato (argto. arts. 1011, 1013, 1090 y 1091 del CCyC).
De este modo, más allá de que la categoría de contratos de larga duración aparece mencionada expresamente en el art. 1011 del CCyC para aludir, quizá implícitamente a cierta clases de contratos destinados a la distribución comercial, lo cierto es que el plazo acordado por las partes y en cierto modo lo escuetas que han sido las cláusulas contractuales, dejan ver que por vía del tiempo los cocontratantes han querido que el tiempo sea esencial no solo para la financiación del precio sino también para el cumplimiento del objeto del contrato.
Es en ese contexto en el que se enanca, ya no solo como regla del soft law sino también como exponente derivada de la nueva lex mercatoria, los principios contractuales internacionales que han sido reconocidos por la legislación doméstica a partir del año 2015 con la sanción del Código Civil y Comercial, que impone como regla al momento de remediar los conflictos contractuales no solamente el deber de colaboración -como una expresión auténtica del principio de buena fe- sino también el deber de renegociar o readecuar las cláusulas contractuales ante ciertas dificultades que puedan encontrarse durante la ejecución del negocio jurídico.
Más allá de que estamos en presencia de un contrato paritario, el advenimiento de un nuevo paradigma de los contratos relacionales de neto corte neosolidario deja ver una tendencia a la existencia de una bilateralidad dinámica y sucesiva que no puede quedar desnaturalizada por el ejercicio de una facultad rescisoria o resolutoria en el marco de las ineficacias contractuales (argto. SOZZO, Gonzalo; Las relaciones contractuales en tiempos de emergencia. Contratos Resilientes, p. 239/244, ed. Rubinzal Culzoni, 2020).
La culminación de este proceso es el advenimiento no solo de la readecuación contractual como una forma de remedio sinalagmático frente a los incumplimiento o dificultades por las cuales pueda atravesar el negocio jurídico sino también la aparición de los denominados contratos reflexivos, es decir, aquellos en los que las partes con sus cláusulas o la ley, mediante las salvaguardas pertinentes tienden a favorecer las instancias de renegociación (SOZZO, Gonzalo. Op. Cit. P. 218, citando al profesor alemán Gunther Teubner en sus diversos trabajos de La fuerza del Derecho; El derecho como sistema, entre otros y ALTERINI, Atilio A.; Contratos, Teoría General, 443 y sigtes., ed. Abeledo Perrot).
Puede advertirse en el caso de autos, que más allá de una renegociación o adecuación frustrada llevada adelante por las partes en la época que fue desde agosto del año 2020 a enero de 2021 -oportunidad que también promocionó este Tribunal al haber convocado a una audiencia con las partes en la que se fijara un cuarto intermedio con ánimo conciliatorio sin resultado alguno, al igual que la primera sentenciante-, se ha probado la existencia del denominado principio de ejecución contractual, por lo que nunca puede considerarse que la regla de interpretación contractual es la de considerar que la salida automática ante un retraso, tardanza o presunto incumplimiento defectuoso de las obligaciones contractuales es la de la resolución o extinción de aquel por más que las partes lo hayan previsto en la cláusula "SEXTA" del contrato suscripto el día 23 de agosto de 2019, sino mas bien lo contrario.
Apontoca lo expuesto la circunstancia de que el mecanismo resolutorio contractual no opera de pleno derecho ni de una manera sencilla sino solo en aquellos casos en los que se encuentra expresamente pactado (lo que no es el caso de autos) o por la cláusula resolutoria implícita prevista en la sección legal que aborda la extinción contractual que va del art. 1076 al 1091 del CCyC y como un efecto natural de los contratos bilaterales (argto. LORENZETTI, Ricardo L.; Tratado de los Contratos. Parte General, p. 769 y sigtes., ed. Rubinzal Culzoni, 2018).
Esto a mi entender habilita a analizar la presencia en el caso de autos la presencia de la denominada obligación de renegociación contractual automática a la que se aludiera anteriormente, a veces forzada a veces voluntaria, denominada comúnmente en doctrina como la adecuación voluntaria o forzada del contrato y que muchas veces se da como consecuencia de las conductas propias de las partes, que no pueden escapar a la teoría de los actos propios (también denominadas teorías de Estoppel, Laches o Verwirküng; al respecto puede verse BORDA, Alejandro; La teoría de los actos propios; Abeledo Perrot, 2000) y que sirven de guía, pauta o fuente de interpretación conforme lo dispone en particular el art. 1065 del CCyC.
Es lo que Morello, con la claridad que lo caracterizaba, sostenía respecto a la adecuación por vía judicial al mencionar que "lo que nos ocupa no concierne al modo de resolución del negocio sino al modo de solucionar las dificultades (cambios) económicos y/o jurídicas sobrevenidas, y cuyas respuestas provienen del lado de la revisión o adaptación de los términos del contrato (argto. MORELLO, Augusto M., La adecuación del Contrato, p. 79, ed. LEP. 1994).
En tal sentido desde la previsión de las cláusulas hardship (ver en tal sentido art. 6.2.1/3 del año 2004, 2010 y futuras actualizaciones) regulada en los principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales o los Principios de Derecho Europeo de los Contratos (más conocidos por su sigla PECL Principles of European Contract Law) -entre otros-, nuestra legislación siguió los mismos lineamientos contractuales en cuanto a los remedios a los que las partes podían recurrir frente a la conflictiva contractual (argto. arts. 956, 1011, 1013, 1031, 1032, 1081, 1090, 1091, siguientes y concordantes del CCyC), estableciendo la regla de que antes de recurrir directamente a la consecuencia resolutoria como salida de extinción contractual es conveniente acudir a una adecuación consensuada o forzosa del contrato (ver VERGARA, Leandro; La readecuación contractual; pub. En La Ley 10/08/2020 AR/DOC/2566/2020 y Teoría General del Contrato, t. II y III, ed. La Ley e Instituto de Derecho Privado latinoamericano, 2012; McKENDRICK, Ewan; Contract Law, Fourth Edition, Oxford, 2010; BURROWS, FINN & TODD; Law of Contract in New Zealand, Lexis Nexis Buterworths, 2nd edition 2002).
3.1. Con este panorama es que se advierten varias cuestiones que deben ser sometidas a análisis bajo el paraguas de ese estándar de interpretación de cumplimiento contractual.
El primero de ellos es que a mi entender no hay que observar el contrato como una cuestión estática, sino más bien efectuar un análisis dialéctico y dinámico del negocio jurídico, el que atento a su finalidad específica por la cual las partes han decidido celebrarlo, también deben considerarse la existencia de circunstancias particulares de cumplimiento y ejecución.
En segundo término, se advierten segmentos contractuales del pasado, del presente y del futuro del contrato -cuotas pactadas aún no devengadas o vencidas- que inciden directamente sobre su cumplimiento y ejecución y que marcan las directivas a seguir en adelante ya que se verá alcanzado no solo por la pretensión de autos sino también por la adecuación contractual habida en la causa.
Con relación a la funcionalidad contractual se avizora un primer momento del contrato (celebrado el día 23 de agosto de 2019), en el que se cumplió parte del precio de la compraventa (entrega de U$S 20.000, billete, contra entrega de la posesión de la cosa) -conforme cláusula TERCERA- el que tuvo por efecto constituir el principio de ejecución del contrato, a cuenta de precio (léase confirmatorio del acto) sirviendo el boleto de compraventa con firma certificada de suficiente recibo y carta de pago (cláusula TERCERA, punto 1).
En una segunda etapa comenzó a ejecutarse el punto 2 de la cláusula TERCERA, que como precio se estableció que el saldo adeudado de U$S 580.000 se pagaría en 116 cuota iguales y consecutivas de U$S 5.000, en forma firme e irrevocable (ver cláusulas TERCERA Y SEXTA), venciendo la primera de ellas el día 10 de octubre de 2019.
Es aquí donde las partes, acusando recibo en la dinámica contractual de la legislación de control de cambios de emergencia (CEPO cambiario), ejecutaron -es decir, la compradora abonó y la vendedora consintió- el contrato de la siguiente forma: los pagos que se realizaron los días 16 de septiembre de 2019 (correspondiente a la cuota n°1 con vencimiento el día 10/10/2019); 21 de noviembre de 2019 (correspondiente a la cuota n° 2 con vencimiento el día 10 de noviembre de 2019); 19 de diciembre de 2019 (correspondiente a la cuota n°3 con vencimiento el 10 de diciembre de 2019-; 4 de febrero de 2020 (correspondiente a la cuota n° 4 con vencimiento el día 10 de enero de 2020); 16 de marzo de 2020 (correspondiente a la cuota n° 5 con vencimiento el día 10 de febrero de 2020); 27 de abril de 2020 (correspondiente a la cuota n° 6 con vencimiento el día 10 de marzo de 2020); 29 de mayo de 2020 (correspondiente a la cuota n° 7 con vencimiento el 10 de abril de 2020); 19 de agosto de 2020 (correspondiente a la cuota n° 8 con vencimiento el 10 de mayo de 2020); el 28 de agosto de 2020 (correspondiente a la cuota n° 10 con vencimiento el 10 de julio de 2020) y 28 de agosto de 2020 ( correspondiente a la cuota n° 11 con vencimiento el 10 de agosto de 2020).
Cabe aclarar en este punto que no se acompaña constancia de recibo de la cuota n° 9 -aunque si aparece mencionada en la prueba pericial contable de fecha 15/3/22 en el gráfico cuotas abonadas registradas en el libro diario-, que debería haber vencido el día 10 de junio de 2020 -puesto que la propia actora manifiesta que acompaña solamente 10 recibos suscriptos por el Sr. Bosch-, circunstancia que no obsta al análisis y al tratamiento de lo que aquí se debate en virtud de lo dispuesto por el art. 899 inc. b del CCyC (ver escrito de demanda punto X, prueba, 1 documental iv). Se concluye en tal sentido que todos los pagos fueron realizados en Pesos, con Cheques de Pago Diferido y equivalentes a la suma de U$S 5.000 y siempre considerando la conversión de la divisa al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina y sin que se hiciera en ninguno de ellos reserva respecto a la moneda de pago. Esa era la dinámica y la metodología de pago.
Además de ello, la mayoría de las cuotas fueron abonadas fuera del plazo originariamente previsto, sin que se percibieran intereses por ello, siendo los recibos todos cancelatorios de las cuotas aludidas y sin efectuarse reserva alguna respecto a la moneda de pago, la falta de pago de intereses ni las imputaciones respectivas (toda vez que en los recibos se vuelcan conceptos que fueron compensados).
Que dicha circunstancia modificó la cláusula originaria de pago no en cuanto al monto adeudado pero si en cuanto a la forma y modo de cumplimiento, puesto que tal actitud adoptada por la vendedora aquí demandada encuadró claramente en lo dispuesto por los arts. 13, 765, 896, 899 y 1081 del CCyC.
Tal conducta asumida por la acreedora, por efectos de la teoría de los actos propios jurídicamente relevantes provocó una adecuación del contrato en cuanto a su modo de cumplimiento que sirvió de base de ejecución contractual hasta agosto de 2020, fecha en la que evidentemente, la brecha cambiaria existente entre el tipo de cambio oficial con relación a los restantes tipos de cambio financieros vigentes aún en la actualidad en el mercado cambiario, no resultaron convenientes para el vendedor, provocándose allí las desavenencias que motivan el conflicto de autos. La solución propuesta es la que, además, prevé el artículo 1065 inciso b) del CCyC al establecer como fuente de interpretación "la conducta de las partes, incluso la posterior a su celebración".
En otras palabras y para que quede claro, habiéndose pactado la cláusula precio en moneda extranjera, si las partes con posterioridad a la celebración del contrato lo ejecutaron dando en pago parte en dólares estadounidenses y otra parte en moneda de curso legal (pesos) al tipo de cambio vendedor, no existe mejor interpretación de la voluntad de las partes que entender que la cláusula TERCERA se adecuó a los parámetros establecidos por el art. 765 del CCyC, habiéndose fijado como valor de conversión de la moneda extranjera el tipo de cambio vendedor del Banco de la nación Argentina. No existen dudas de ello. No fue una cuota o dos, fueron 11 cuotas que casi durante 1 año se cancelaron de ese modo, generando expectativas y previsibilidad al respecto de que en lo sucesivo el contrato podría seguir prestándose de la misma manera.
Reitero en este punto. Se advierte que más allá de los alcances interpretativos efectuados en torno a los dispuesto por el art. 765 del CCyC y la jurisprudencia emanada de esta alzada, lo cierto es que en el caso de autos no ha operado la renuncia al dispositivo legal mencionado (art. 13 del CCC) y que conforme a las pautas que se abordaron es evidente que las partes durante el desarrollo del cumplimiento contractual modificaron la cláusula contractual precio efectuando una ampliación de la misma y que alteró las bases del cumplimiento del negocio jurídico.
Bajo ese prisma es que debe juzgarse, pues, la procedencia o no de la consignación judicial traída bajo revisión.
3.2.Pero además de ello -más allá de no encontrarse convenidos intereses compensatorios o moratorios- es evidente que las cuotas se cancelaron sin reserva del pago de réditos o intereses, en ninguna de las 11 cuotas abonadas, lo que deja presumir -más allá del depósito efectuado en autos por capital más los intereses a la tasa activa más alta- que no era usual que se los cobrara y que existía cierta laxitud en el cumplimiento o pago de las cuotas, los que eran recibidos por la vendedora sin reserva alguna (argto. arts. 899, sigtes. Y ccdtes.), por ello resulta llamativo a esta altura que se sustente que el depósito judicial resulta incompleto -tanto en cuanto a lo expuesto por el accionado como por cuanto lo sostenido por la Sra. Magistrada- toda vez que todos los pagos fueron recibidos sin intereses, en algunos casos con plazos superiores a 1 mes de vencida la cuota o en otros algunos días (como se verá); máxime cuando los pagos no fueron negados, ya que expresamente fueron reconocidos y además se encuentran corroborados con la pericial contable de fecha 15 de marzo de 2022 en la que el Profesional en Ciencias Económicas Guillermo Haddad concluyó en que los hechos económicos relatados en la demanda eran verídicos, surgiendo de los libros contables de la parte actora la registración de los pagos.
En este punto cabe aclarar que la pericia contable resulta convalidante de los pagos efectuados como demostración de los hechos o actos que fueron motivo de registración, más ello no implica hacer probar en contra del demandado la presunción establecida a partir de los arts. 320 a 331 del CCyC, puesto que el accionado no resulta ser, en principio o por lo menos no se ha demostrado, sujeto obligado a llevar libros o lo hace voluntariamente.
Desde esta perspectiva, resulta de aplicación lo dispuesto por el art. 768 del CCyC en cuanto a que los intereses moratorios se devengan a partir de la mora -la que se estableció en forma automática pero sin pacto de porcentaje de interés alguno (ver cláusula SEXTA)- y, siendo que la tasa aplicada -tasa activa del Banco de la Provincia de Bs. As.- resulta ser la adecuada para este tipo de operaciones.
3.3. Otro tanto puede decirse de la denominada "multa" de U$S500 por cada día de retardo. No solo que no se cobró en las 11 cuotas anteriormente aludidas, sino que existen otros argumentos de peso por los cuales no pueden ser consideradas a los efectos del análisis de la procedencia de la pretensión, con independencia de su negociación entre las partes o su pretensión de cobro en otro proceso o en otra etapa, ya que en este no ha sido objeto de reclamo por vía reconvencional.
En efecto, el primero de ellos es que resulta contrario a la teoría de los actos propios sostener y remarcar por parte de la accionada que el contrato se encuentra resuelto pero al momento de contestar la pretensión sostiene que el monto de la multa no ha sido consignado, cuando es evidente que la multa está prevista para provocar o facilitar el cumplimiento y, en su caso, como indemnización que impide requerir otros daños y su objeto no se confunde con el objeto del contrato y además es subsidiaria (argto. KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, La Cláusula Penal, p. 51 y 86, ed. Depalma, 1981).
En segundo término, la multa está dispuesta en el marco contractual como una suerte de cláusula penal y, como se sabe, la cláusula penal no forma parte del precio, por ende nunca podría considerarse como objeto de análisis a los fines de la integridad del pago puesto que no forma parte del elemento estructural específico precio.
4.1 Con el plafón fáctico y jurídico aludido es que desembocamos en el análisis de si debe prosperar la pretensión de consignación judicial incoada así como la compensación de créditos peticionada.
En tal sentido, de la lectura del punto VIII del escrito de demanda -cuotas 12 a 19, con vencimientos los días 10/9/2020; 10/10/2020; 10/11/2020; 10/12/2020; 10/01/2021; 10/02/2021; 10/03/2021 y 10/04/2021, respectivamente- se advierte que la conversión de los Dólares Estadounidenses 5.000 se hizo al tipo de cambio oficial vendedor del Banco de la Nación Argentina, a excepción de la cuota 19 la que a todas luces mantuvo el tipo de cambio vendedor pero del mes anterior y no la que correspondía al 10 de abril de 2021 (ver pág. oficial del Banco de la Nación Argentina sección Cotización histórica del dólar).
En efecto, la cotización del dólar para el tipo de cambio vendedor para los días 9 y 12 de abril de 2021 era de $98 pesos por dólar y no $95.50, por lo que el monto depositado de dicha cuota es inferior al que correpondería, es decir, debería haber depositado $490.000 y no $477.500, no procediendo la consignación judicial de dicha cuota. En este punto, sin perjuicio del rechazo de la pretensión puesto que las cuotas son divisibles, es evidente que deberá postergarse para una etapa ulterior -de determinación o liquidación crediticia- la posibilidad de que el accionante subsane su defecto tal como implícitamente lo prevé el art. 907 y 908 del CCyC.
Con este panorama, pues, se advierte que habiendo depositado en moneda de curso legal el equivalente a la cantidad de U$S 5.000 -como se venía haciendo desde la segunda cuota pactada hasta la 11-, corresponde hacer lugar a la pretensión de consignación judicial en los términos del art. 904 siguientes y concordantes del CCyC.
No es acertado lo que manifiesta el letrado apoderado de la demandada en su contestación con relación a la conversión al tipo de cambio comprador -salvo por la cuota n°19-, puesto que la liquidación y depósito de las cuotas vencidas lo ha sido -como se dijo y de hecho coinciden en los números- al tipo de cambio vendedor (ver en tal sentido que ambas partes con contestes en que el tipo de cambio del dólar del Banco Nación al tipo vendedor para el día 10 de septiembre de 2020 era de $ 79 por dólar).
No resultan atinadas, tampoco, las manifestaciones vertidas en torno a que los pagos eran parciales y no fueron aceptados, toda vez que la documentación acompañada de los 9 recibos no fue negada por la accionada y, además, del texto de ellos no surge oposición o reserva alguna, como se dijo (arts. 894, 896, 899 del CCyC).
Con esta tónica es que deberán analizarse los restantes depósitos efectuados en autos con posterioridad a la presentación de la demanda, lo que quedará reservado para una etapa de liquidación, sin perjuicio de que las partes pueden en cualquier momento, judicial o extrajudicialmente, reestablecer las negociaciones del contrato, readecuarlo o modificarlo como mejor lo consideren.
Resta analizar, pues, dos cuestiones relevantes en torno a la cuestión de autos la temática de la mora del acreedor y la cuestión referida al monto de los intereses.
4.2 En lo que respecta a la mora del acreedor, resulta claro que las negociaciones entre las partes en el sinalagma en ejecución se estancaron y pretendieron ejercer -cada una desde su lugar- los derechos que a su entender les correspondían. Dicha actitud no puede considerarse como obstruccionista o de mala fe. Suele suceder en los contratos que se ejecutan a lo largo del tiempo y en especial, en el contrato bajo análisis habida cuenta de que había sido afectado por la emergencia sanitaria y económica de nuestro país y que repercute, indudablemente, sobre las partes.
Con ese panorama y sin perjuicio de lo dispuesto por el Código Civil y Comercial respecto de la mora obligacional, lo cierto es que en materia contractual, más allá de poder considerarse un efecto natural de los contratos bilaterales a la demora, resulta interesante ver como el sinalagma funcional enanca de tal modo las prestaciones contractuales permitiendo a las partes establecer una suerte de reciprocidad en la mora prestacional. En el sub lite, más allá de la mora automática fijada por contrato en la cláusula SEXTA, es evidente que las partes mantenían un trato displicente en torno a este tópico, toda vez que como se dijo, resultaba normal o común el abono o cancelación tardío de las cuotas o el pago adelantado en algunas, sin que ello significara un entorpecimiento al desarrollo sinalagmático o al plan prestacional.
Obsérvese en tal sentido que la cuota 1 se canceló antes del vencimiento, la cuota 2 se pagó 11 días más tarde, la 3 se abonó 9 días más tarde, la 4 se canceló 25 días después del vencimiento, la 5 se depositó también 25 días más tarde, la 6 se abonó 48 días más tarde, la 7 se pagó 49 días posteriores al vencimiento, la 8 se canceló 3 meses más tarde del vencimiento originario, la 10 se canceló 49 días más tarde y la 11 se abonó 18 días más tarde a su respectiva fecha de vencimiento. Evidentemente la cuota 9, que no se encuentra adjuntada en autos, también debió haber sido depositada después de su vencimiento original, es decir, después del día 10 de junio de 2020.
De esto se deduce que las partes le habían impreso una dinámica específica a la relación contractual, que desborda el principio de la mora automática pactada y la reciprocidad en su constitución, porque así lo dispusieron ellas, es lo que normalmente suele ocurrir en materia contractual y además la actitud de las partes con posterioridad a la celebración del contrato es pauta y fuente de interpretación (arts. 1061, 1064, 1065 y 1067 del CCyC).
Adviértase que esta asiduidad estaba dada, incluso, en la compensación de diversos conceptos con la cuota pura del saldo de precio (puede observarse ello en cada uno de los conceptos vertidos en los recibos no objetados).
Ahora bien, dicho esto, es evidente que algún desconcierto económico se produjo entre los contratantes -presumo que por el aumento en la brecha cambiaria entre el dólar oficial y los dólares financieros-, así como también la imposibilidad de obtener las habilitaciones administrativas en tiempo oportuno, circunstancias que motivaron los cuestionamientos que hoy se analizan.
En tal sentido resultan claros los testimonios del Arq. Gasco -en la audiencia de vista de causa de fecha 16 de mayo de 2022 [en la que además la distinguida colega de la instancia de origen recalca "que las partes estuvieron muy cerca de arribar a un acuerdo conciliatorio"] y del Cdor. Molinari, de los cuales no encuentro motivo para apartarme -toda vez que no fueron cuestionados en ese momento por el letrado de la parte demandada más allá de las preguntas de rigor ni fueron impugnados en los términos del art. 456 del CPC-.
En efecto, el Arq. Gasco señaló que la problemática se inició cuando el expediente administrativo en la Municipalidad de Balcarce se trabó por el tema de la titularidad de los lotes y por la existencia de construcciones preexistentes (min. 3:30, 4:10), toda vez que en catastro figuraba otro titular del terreno (min 4:55), de allí que ellos iniciaron dos trámites específicos, se hizo la regularización del terreno en general, con desligamiento de tareas y otro sobre el lote vendido (min. 5:35), siendo aproximadamente la fecha de esos trabajos Noviembre de 2020 (min. 6:20). También se realizaron tareas sobre el lote completo porque no estaba subdividido (min. 6:48), se presupuestaron los trabajos y honorarios (min. 8), los cuales fueron abonados por Centro de Servicios Paperos S.A. (min. 8:20). En definitiva, ante la pregunta de la Magistrada el testigo expresó que el trámite se trabó en la Municipalidad de Balcarce al verificar catastro la diferencia de titular y la división de obras privadas, además vino la pandemia, lo que les impidió seguir yendo, manteniendo contacto digital (min,8:37 a 9:05). Cabe destacar en este punto que no hubo repreguntas. Es concorde la fecha indicada por el testigo en torno al momento en el que el contrato no solo fue afectado por la pandemia sino también por el inconveniente administrativo que evidentemente insumió entre los meses de septiembre y diciembre de 2020, toda vez que del oficio contestado por la Municipalidad de Balcarce -que se encuentra agregado en autos el expediente administrativo-, surge claramente que la fecha en que se regularizó la situación fue diciembre de 2020.
Recordemos en este punto que la parte vendedora había asumido el compromiso de realizar todas las tareas administrativas pertinentes dentro de los 24 meses de suscripto el boleto tendientes a lograr la transferencia del inmueble a su costa y hasta el momento en que se suscitó el problema no existen muestras de que haya promovido o impulsado tal acción, la que evidentemente fue a todas luces realizada y soportada económicamente por la compradora, a la vista del cocontratante vendedor y sin que se haya opuesto este último a tal proceder (ver cláusula CUARTA).
Por su parte, el Cdor. Molinari (ver su declaración a partir del min. 12:30) -a pesar de haber sido preguntado por el distinguido Profesor Dr. Vázquez respecto a su aptitud para declarar-, expresa que llevaba la parte contable y administrativa de la empresa como profesional independiente (ver min. 14:24), se encargaba, además, de pagar las cuotas y confeccionar los cheques que Centro de Servicios Paperos le entregaba al Sr. Bosch (min. 14:50), siendo habitual que el pago se realizara con cheques, se los enviaban a Ariel Visconti -un empleado de la empresa- y este último se los entregaba al Sr Bosch -vendedor-. Indica que esos cheques eran en moneda de curso legal -pesos- equivalentes a U$S 5.000 tomando como referencia de conversión el tipo de cambio vendedor del banco de la Nación Argentina al día anterior al vencimiento de la cuota (min. 15 a 15:50). Luego de explayarse sobre algunas cuestiones indica que un día que viajó a la ciudad de Balcarce para llevar él el pago correspondiente a una cuota del boleto de compraventa -no recuerda en que fecha, a pesar de haber sido preguntado varios veces por la época en que sucedió, incluso por el letrado del demandado- se comunicó con el Sr. Bosch para coordinar la entrega del cheque y que allí el accionado le manifestó que no le convenía seguir utilizando la misma metodología, que le convenía la entrega de dólar billete y que en ese momento acordaron no encontrarse porque no tenía sentido (ver min. 16:35, 16:55, 17:34 Y 17:41). Amplía, además, que dicha objeción nunca había sido puesto de manifiesto, ya que no le convenía el tipo de cambio oficial (mins. 18:40 y 19:08).
Por su parte, a pesar de que los testigos ofrecidos por la parte demandada son testigos de oídas (tanto el Ing. Agrónomo Bergonzi como el Veterinario Richilo), surge interesante del relato de este último no pudo llevar adelante un emprendimiento comercial con el Sr. Bosch porque no había recibido un pago y ello fue aproximadamente en diciembre de 2020 [se señala que no había podido comprar hacienda vacuna] (ver min. 29:40). En otras palabras, incluso en pandemia y con emergencia económica el contrato se siguió ejecutando hasta el interregno que va desde septiembre de 2020 a enero de 2021, siendo recién allí que la parte compradora aquí actora envía una carta documento -no negada- con fecha 22 de enero de 2021 en la que pone el problema contractual existente. Hasta ese momento ningún reclamo formal materializó la parte vendedora aquí demandada.
Es decir, se advierte que la parte vendedora, a pesar de no haber recibido pago alguno hasta enero de 2021 -que es cuando recibe la CD- nada había dicho respecto de los pagos, de la moneda, de los intereses o de la multa, es solo a partir de la recepción de la carta documento remitida por los actores con fecha 22 de enero de 2021 en la que empieza a ensayar las defensas esgrimidas en su contestación de demanda.
Entiendo en ese sentido, pues, que dicho medio de intimación fehaciente fue suficiente para constituir en mora al acreedor en recepcionar los pagos adeudados, no solo porque no existe ninguna actitud antecedente de su parte que demostrara la tendencia a la percepción de lo adeudado, sino que también es dable poner de manifiesto que las partes venían operando con una suerte de purga de la mora como mecanismo de ejecución contractual.
Pero más allá de hecho, la mora del acreedor está evidenciada por tratarse de una situación dinámica y transitoria, que se caracteriza por una actitud reticente de falta de cooperación y que resulta imputable -aquíal vendedor no solo por la intimación de enero de 2021 sino por la ausencia de actitud colaborativa en recepcionar los pagos (PIZARRO-VALLESPINOS; Tratado de Obligaciones, t III, p. 36 y sigtes, ed. Rubinzal Culzoni). No existen pruebas en la causa de que el vendedor haya estado desconforme con los pagos que se venían realizando e incluso de que la ausencia de pago de las cuotas de septiembre de 2020 a enero de 2021 pretendía cobrarlas. Es recién a partir de la CD enviada por la actora que recién toma posición al respecto.
Esa circunstancia, por si sola, con los antecedentes de como venía desarrollándose el contrato resultan suficientes para considerar cumplido el requisito del art. 886 segundo párrafo del CCyC.
4.3 Respecto de la restante cuestión -monto de los intereses-, más allá de considerar que el procedimiento de consignación judicial no se obstaculiza aún en el supuesto en que el deudor se encuentre en mora (art. 908 del CCyC), lo cierto es que considero que la manera en que se desarrolló la ejecución contractual, con pagos durante casi 1 año con posterioridad a la fecha de vencimiento, sin que se haya hecho expresa reserva de dicha circunstancia en los recibos acompañados, pudieron generar la expectativa en el contratante comprador de que no serían requeridos, por lo que considero que el hecho de no haber sido integrados en la demanda no provoca la desestimación per se de la pretensión, a pesar de que debo mencionar de que sí se liquidaron a partir de la remisión de la CD del 22 de enero de 2021.
Esta circunstancia motiva, a mi entender, que no pueda considerarse defectuosa la consignación en virtud de que existió, a mi entender, un supuesto de purga de la mora debitoris, ya que existieron ofertas reales de cumplimiento -reconocidas por la propia vendedora en su conteste de demanda- que no se alejaban sustancialmente de lo que se venía ejecutando en el contrato y de lo que resulta de los depósitos efectuados en autos.
En definitiva, considero que la purga de la mora debitoris no solo fue sorteada por la propuesta de pago al acreedor, efectiva e íntegra (conforme se venía desarrollando en el contrato y aceptó la compradora; art. 886 del CCyC) sino también por la renuncia implícita que efectuó el acreedor a hacer valer los derechos que le correspondían -tópico tratado en el punto anterior-, toda vez que nada dijo respecto a tales circunstancias sino hasta la recepción de la CD aludida (argto. PIZARRO-VALLESPINOS; Tratado de las Obligaciones, t II, p. 346 y sigtes, ed. Rubinzal Culzoni, 2017). Más allá de ello, nada impide que las partes puedan arribar a un acuerdo en torno a la recomposición económica de intereses para tal período, tal como se dijo anteriormente.
5. Compensación.
La compensación prospera.
En efecto, más allá de que la Magistrada de la instancia de origen no trató la temática por considerar que había caído en abstracto, lo cierto es que como se dijo en la cláusula CUARTA vendedor asumió el compromiso de sufragar la totalidad de "los gastos de sellados y demás impuestos, tasas, contribuciones provinciales, municipales o nacionales que corresponden al lote objeto de transferencia".
En esa inteligencia, más allá del plazo originario de 24 meses que se había establecido, lo cierto es que la compradora asumió las erogaciones económicas provocadas por la regularización de la titularidad y administrativos provocados por la subdivisión y que eran a cargo de la vendedora. De allí que, reuniendo la calidad de acreedores y deudores recíprocos la vendedora y la compradora, corresponde hacer lugar a la compensación por la deuda menor a partir del momento en que las obligaciones comenzaron a coexistir, ya que la compensación no fue excluida convencionalmente (argto. art. 921 y 929 del CCyC).
Al contrario, no solo no fue excluida convencionalmente sino que voluntariamente se efectuó en cada uno de los pagos anteriores ya que por una razón u otra la cuota cancelada en pesos equivalentes a U$S 5.000 contenía conceptos compensatorios (ver recibos adjuntados), circunstancia que a mi entender motiva la procedencia de la acción (cf. Prueba documental acompañada, prueba informativa y declaración testimonial del Sr. Gasco, así como también la prueba pericial contable acompañada en autos, compensación registrada contablemente por un monto de 340.114,44, pericia de fecha 15/3/2022).
Por ende, corresponde hacer lugar a la compensación esgrimida a partir de la fecha en la que se realizaron los pagos a compensar por parte del comprador.
6. Colofón.
Como consecuencia de los expuesto, más allá de no ser acertadas las afirmaciones formuladas por la primera sentenciante en torno a la validez de las cartas documentos como instrumentos públicos, considero necesario expresar que al encontrarnos en un contrato en curso de ejecución, que no se encuentra resuelto y en el que las partes han estado en los prolegómenos de un acuerdo jurisdiccional en varias oportunidades, considero apropiado que las partes restablezcan las relaciones contractuales a los efectos de continuar su ejecución readecuada -sea en el marco extrajudicial o judicial-.
Por lo expuesto, VOTO POR LA NEGATIVA.
EL SEÑOR JUEZ DR. ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RODRIGO HERNÁN CATALDO DIJO:
Corresponde, si mi tesitura es acompañada: 1) Hacer lugar al recurso de apelación incoado por la parte actora, debiendo declararse procedente en forma parcial la consignación judicial, rechazándose la consignación de la cuota n° 19 y admitiendo la compensación reclamada en autos; 2) Diferir para una etapa posterior de liquidación el análisis y admisión de los restantes pagos posteriores a la interposición de la demanda y 3) imponer las costas en un 20% a la parte actora y en un 80% a la partes demandada vencida (art. 71 del CPC).
ASÍ LO VOTO.
EL SEÑOR JUEZ DR. ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por los fundamentos consignados en el precedente acuerdo: I.)
Se hace lugar al recurso de apelación incoado por la parte actora, declarando procedente parcialmente a la consignación judicial, rechazándose la consignación de la cuota n° 19 y admitiendo la compensación reclamada en autos; II) Diferir para una etapa posterior de liquidación la admisión o no de los restantes depósitos, III) imponer las costas en un 20% a la parte actora y en un 80% a la partes demandada vencida (art. 71 del CPC); IV.) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967); V.) Notifíquese la presente por el (Ac. 4039 SCBA). DEVUÉLVASE.
En la ciudad de Mar del Plata, se procede a continuación a la firma digital de la presente, conforme Ac. 3975 de la SCBA.
Fin de la sentencia