Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa EX-2026-84600667-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso de amparo interpuesto y ordenar al Fisco Nacional para que en el término de 30 (treinta) días finalice el trámite correspondiente, mediante la acreditación de los reintegros aprobados; con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-90932121-APN-VOCIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 17 de Septiembre de 2026 LORENZO IND. Y COM. S.A. s/amparo”.
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reunidos los miembros de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dra. Viviana Marmillon (Vocal Titular de la Vocalía de la 7º Nominación), Claudio Esteban Luis (Vocal Titular de la 8° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Subrogante de la 9º Nominación), para resolver el Expediente EX-2026- 84600667-APN-SGAI#TFN caratulado: “CERÁMICA SAN LORENZO IND. Y COM. S.A. s/amparo”.
El Dr. Martín dijo:
I. Que mediante RE-2026-84596436-APN-SGAI#TFN Cerámica San Lorenzo Industrial y Comercial S.A. interpone recurso de amparo en los términos del artículo 182 de la Ley 11.683 por la demora excesiva de ARCA en hacer efectiva la devolución del saldo a favor de libre disponibilidad del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2024, convalidado desde el 03/02/2026 mediante el Certificado N° 28034417/2026 emitido por la Dirección de Control Grandes Contribuyentes Nacionales de dicho organismo.
Menciona que con fecha 25/06/2025 presentó la solicitud de devolución de dicho saldo de libre disponibilidad en los términos de la RG 2224/79 (DGI) y que el 27/06/2025, siguiendo los lineamientos impartidos por la propia dependencia fiscalizadora, presentó una declaración jurada rectificativa N° 1, la que fue informada a ARCA mediante multinota F.206/I.
Que habiendo transcurrido más de siete meses desde la solicitud, señala que ARCA emitió finalmente el citado Certificado de Convalidación en fecha 03/02/2026, admitiendo el crédito impositivo por la suma de $ 1.572.140.679,07 y autorizando la devolución del importe total, fijando la admisibilidad formal de la solicitud a partir del día 27/06/2025 - fecha de la presentación jurada rectificativa-, consignando a su vez que, de corresponder, oportunamente se practicará la respectiva liquidación de intereses.
Que no obstante ello indica, que a la fecha, la transferencia de los fondos no se ha materializado, persistiendo aún dicha inactividad por parte de ARCA, incluso, tras la presentación del pedido de Pronto Despacho administrativo efectuado por su parte el 14/03/2026, el que fue respondido por el propio organismo con fecha 30/03/2026, reconociendo que la devolución reclamada “se encuentra[n] en proceso de pago“, que “las mismas serán canceladas a medida que se autoricen nuevos procesos para avanzar con los depósitos” y que “se calcularán intereses hasta la fecha de efectivo pago”.
En consecuencia, afirma la amparista no existe controversia alguna respecto de la legitimidad, procedencia o estado de aprobación de la devolución solicitada, pero sí existe una demora injustificada y excesiva del Fisco en la efectivización de la devolución convalidada hace más de 211 días corridos y más de 129 días hábiles administrativos, agregando a su vez que desde la propia respuesta al pronto despacho han transcurrido 180 días corridos, sin que se haya concretado el depósito denunciado.
Por su parte, señala que en este caso se encuentran reunidos todos los requisitos que establece la norma de rito para la procedencia del presente recurso y que la demora del fisco viola el nuevo marco del art. 25 de la Ley 27.742 -que incorpora el art. 1° bis de la Ley 19.549- el cual reconoce expresamente el derecho de los administrados a la obtención de una decisión efectiva dentro de un plazo razonable.
Destaca que si bien está reclamando la efectivización del reintegro del saldo a favor, no está reclamando en autos una “condena” al Fisco a devolver, sino simplemente la culminación de un trámite o diligencia en los términos del art. 182 de la ley 11.683, en tanto al Fisco sólo le resta hacer efectiva la devolución de los importes ya reconocidos al amparo de la RG 2224 mediante el pago.
Afirma a su vez que dicha demora le ocasiona un perjuicio financiero al no contar con la devolución solicitada, capital que requiere para su operatoria comercial.
Cita jurisprudencia a favor de sus dichos, ofrece prueba documental, hace reserva de caso federal y en definitiva solicita se haga lugar al presente amparo por mora ordenando a ARCA la inmediata transferencia de los fondos convalidados, con más los intereses que pudieran corresponder hasta la fecha de efectivo pago, con costas al Fisco Nacional.
II. Que mediante PV-2026-85562021-APN-VOCIX#TFN esta Vocalía instructora solicitó al Fisco Nacional que informe la causa de la demora imputada y, en su caso, la forma de hacerla cesar, lo cual es contestado en IF-2026-88502754-APN- DTD#JGM.
Señala que con relación al informe requerido, se procedió con la debida urgencia del caso a consultar a las áreas técnicas y operativas intervinientes y, en tal sentido, la División Pagos Tributarios (DE TESO) de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, mediante IF-2026-02815648-ARCA-DVPAGT#SDGADM de fecha 7 de septiembre de 2026, precisó en el marco de sus competencias que: “…la liquidación se encuentra en proceso de tramitación a la espera de autorización para su cancelación…”.
Añade que en función de ello, la acción aquí intentada deviene manifiestamente improcedente, toda vez que la situación planteada por la recurrente no reúne los requisitos substanciales establecidos por el art. 182 de la ley 11.683 para su procedencia, ya que de las constancias de las actuaciones y de la actividad efectivamente desplegada por el Organismo, revela la existencia de un procedimiento en curso, en el que se sucedieron diversas intervenciones administrativas orientadas a la efectiva cancelación del crédito reclamado.
Al respecto informa que desde el pronto despacho presentado el 14/03/2026 por la aquí amparista se verifica una secuencia continua de actuaciones administrativas, que describe y que concluyeron formalmente el 30/03/2026 mediante F202600279856, oportunidad en la que se brindó respuesta a la contribuyente y el Sector Devoluciones informó que las sumas reclamadas se encontraban en proceso activo de pago, con más los intereses correspondientes hasta la fecha de efectivo depósito, lo que denota una actividad real, continua y vinculada con la sustanciación del trámite, circunstancia que impide equiparar el transcurso del tiempo con la configuración automática de la demora prevista en el art. 182 de la Ley N° 11.683.
Por otra parte, indica el Fisco Nacional que la cuestión planteada por la contribuyente exige distinguir entre la convalidación del crédito y su efectiva cancelación, ya que de la lectura del escrito de inicio de la amparista se advierte que aquella no persigue un pronunciamiento destinado a los fines previstos por la norma, sino que está destinada a obligar al Organismo a la devolución de las sumas reclamadas mediante la transferencia de los fondos convalidados, supeditando improcedentemente la conclusión del procedimiento administrativo al desembolso efectivo del crédito.
En ese sentido alega que el amparo por mora constituye un remedio destinado a superar situaciones de demora excesiva en la realización de trámites o diligencias que se encuentren a cargo de la Administración, pero no constituye una vía destinada a sustituir las competencias propias del Organismo ni a imponer la inmediata efectivización del resultado económico pretendido por el administrado.
Agrega que la falta de acreditación inmediata de los fondos no permite, por sí sola, concluir que haya existido una conducta omisiva o arbitraria imputable a la Administración. Lo que debía acreditarse para habilitar la procedencia del amparo, afirma, es una paralización injustificada de la actuación administrativa, extremo que no surge de las constancias de autos, que acreditan que la actividad administrativa no se agotó con la respuesta brindada el 30/03/2026, sino que continuó hasta el 07/09/2026, fecha en la que el área competente informó expresamente que la liquidación permanecía en proceso activo de tramitación y pendiente de la autorización necesaria para su cancelación.
En conclusión, sostiene que el Fisco Nacional no ha permanecido inerte, sino que ha desplegado una actividad continua, concreta y documentada desde la presentación del pronto despacho y con posterioridad a la respuesta brindada a la contribuyente, registrándose incluso actuaciones posteriores hasta el 07/09/2026.
Cita jurisprudencia a favor de sus dichos, acompaña los antecedentes administrativos, introduce la cuestión federal y solicita se dicte sentencia rechazando el presente recurso de amparo, con costas.
III. Que por PV-2026-90268959-APN-VOCIX#TFN se elevan los autos a consideración de la Sala “C”.
En primer lugar, corresponde analizar si se ajusta a derecho el recurso de amparo interpuesto.
Que para la procedencia de la vía preventiva del amparo (art.182 de la Ley N° 11.683 t.o. en 1998 y sus modif.) deben verificarse los siguientes requisitos: a) Perjuicio hacia una persona individual o colectiva; b) Existencia de una demora excesiva; c) Trámite o diligencia a cargo de los empleados administrativos de ARCA (ex AFIP).
Cabe señalar que con el dictado de la Ley N° 25.795, se incorporó a los requisitos referidos la solicitud, por parte de la amparista, de pronto despacho previo ante la autoridad administrativa y el transcurso de un plazo de 15 días sin lograr su propósito, requisito éste que se encuentra acreditado con la “comunicación de descargo” de fecha 30/03/2026 correspondiente a la presentación N° 2026000290479 del 14/03/2026 acompañada por la amparista en RE-2026- 84599375-APN-SGAI#TFN y por el Fisco Nacional en IF-2026-88498371-APN-DTD#JGM -archivo embebido-, habiéndose asimismo iniciado el presente recurso de amparo el 01/09/2026.
Es dable destacar que el recurso de amparo instituido por la Ley 11.683 (t.o. citado) está destinado a garantizar derechos que resulten vulnerados por dilaciones no justificadas de los empleados de ARCA en realizar trámites o diligencias que estén a su cargo, inactividad del organismo que resulte generadora de un perjuicio real al contribuyente.
IV. Que corresponde analizar entonces las circunstancias fácticas del caso.
Que conforme se desprende de lo alegado por la amparista, así como del informe previsto en el art. 183 de la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modifics.) presentado por el Fisco Nacional y documentación acompañada, ambas partes se encuentran contestes en afirmar que 03/02/2026 Cerámica San Lorenzo Ind. y Com. S.A. obtuvo el Certificado de Convalidación N° 28034417/2026 emitido por la Dirección de Control Grandes Contribuyentes de ARCA por el cual se convalidó el Saldo de Libre Disponibilidad del Impuesto a las Ganancias de aquélla, correspondiente al período fiscal 2024, por el monto histórico de $ 1.572.140.679,07 con más sus intereses, en atención a la solicitud formulada con fecha 27/06/2025, en los términos de la RG N° 2224 (DGI) y su modificatoria.
Que pese a ello, la amparista alega una demora injustificada y excesiva del Fisco Nacional en la efectivización de la acreditación bancaria y transferencia de los fondos convalidados, como un trámite pendiente de culminación en los términos del art. 182 de la Ley 11.683, condicionado precisamente al pago efectivo de aquellos fondos. Ahora bien, cabe aquí señalar que de acuerdo al procedimiento previsto en la RG (AFIP) N° 2224 y sus modif., la aprobación de la solicitud de devolución y con ello la emisión del acto con el consiguiente “certificado de convalidación”, se tiene por concluido el trámite iniciado. De allí que ante el pedido de pronto despacho interpuesto por la aquí amparista, el organismo fiscal le hizo saber con fecha 30/03/2026 que “...las devoluciones reclamadas se encontraban en proceso de pago, ...que serán canceladas a medida que se autoricen nuevos procesos para avanzar con los depósitos y que se calcularán intereses hasta la fecha de efectivo pago”.
Así, en cuanto a los requisitos de procedencia del recurso aquí tratado previsto en el art. 182 de la ley 11.683, debe afirmarse que es el propio Certificado de Convalidación debidamente notificado a la aquí amparista el que da cuenta que al interponer dicho remedio ante este Tribunal, el trámite ya estaba finalizado, en los términos de la normativa antes citada.
En ese sentido, cabe señalar que ante planteos similares, la Alzada ha sostenido que el recurso de amparo se limita exclusivamente a vencer la inactividad formal, quedando fuera de su ámbito la pretensión prestacional; es decir, que el amparista no puede exigir el cumplimiento de una obligación de hacer distinta al dictado de un acto ni urgir pagos (Sala II “Liag Argentina SA (TF 13684652-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, Expte. Nº 12332/2021, sentencia de octubre de 2021; “Goyaike SAACI Y F (TF 79377761-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo, Expediente Nº 7816/2021, sentencia del 23 de junio de 2021 y “Patagonia Meat SA (TF 14205567-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, Expte. Nº 7190/2021, sentencia de junio de 2021; Sala IV “Appendino, Luis c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, Expte. Nº 52980/2017, sentencia del 26/12/17; “Kaplan, Luis Alfredo c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, Expte. Nº 67308/2017, sentencia del 26/10/17; “Equimac SACIFI e I c/EN - DNV (Ex 1012/08) s/amparo por mora”, sentencia del 15/07/14 y “Asociación de Cooperativas Argentinas Coop Ltda c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 05/03/15; Sala I “Mazzuchini, Gilberto Darío c/DGI s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 09/06/15, y Sala III in re “MC Meat S.A. (TF 19.615-I) c/ DGI”, sentencia del 10/07/01).
Asimismo, se ha expresado que la vía de la acción contemplada en el art. 28 de la ley 19549 -análoga a la instituida en el ya citado art. 182 de la LPT-, sólo resulta aplicable ante la morosidad de la autoridad administrativa en emitir un dictamen o resolución; mientras que en la petición destinada a urgir un pago -más allá de su forma-, al no estar contemplada en los referidos supuestos, queda fuera de los mismos (conf. Sala V, “El Comercio Cía. de Seg. Aprima Fija S.A. c/ E.N. Sección Unidad de Consolidación de Deuda Pública s/amparo por mora”, del 4/10/95; “Romero Carlos H. c/ EN (Mº del Interior) s/amparo por mora”, del 6/12/95; esta Sala, “Carlos A. Caruso y Cía. SACEI y otros c/ Mº de Economía y MOSP s/amparo por mora”, del 15/3/95; en igual sentido, “Culligan Argentina SA c/ EN –STA s/amparo por mora”, del 23/4/13; “Marini Jorge Raúl y otro c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo por mora”, del 13/6/17; “López Emiliano c/ EN -M Justicia y DDHH s/ amparo por mora”, del 27/2/18; “Duhalde Carlos María c/ EN -M Justicia DDHH- s/ amparo por mora”, del 17/5/18, entre otros).
En función de lo expuesto, el cobro efectivo del saldo de libre disponibilidad que la amparista persigue, excede el objeto formal de recurso de amparo aquí intentado, ya que éste no resulta idóneo para urgir el pago ni puede estar dirigido a obtener una condena de pago de suma alguna de dinero, planteo que, en todo caso, se deberá discurrir por la vía que corresponda.
En consecuencia, corresponde rechazar el presente recurso de amparo, con costas en el orden causado, atento a las particularidades del caso que justifican el apartamiento del principio objetivo de la derrota. (artículo 68, segunda parte, C.P.C.C.N.).
La Dra. Marmillon dijo:
I. Que adhiero al relato de los hechos efectuado en el voto que antecede, más no con la solución alcanzada.
II. No se encuentra debatido en autos que:
.- la amparista presenta con fecha 25/06/2025 una solicitud de devolución de los saldos a favor de libre disponibilidad del impuesto a las ganancias, correspondiente al período fiscal 2024, con fundamento en lo dispuesto por la RG (DGI) 2224/1979, que alcanzan un total de $1.572.140.679,07.-
.- con fecha 27/06/2025 presentó una declaración jurada rectificativa por idéntico monto.
.- el 03/02/2026 el organismo recaudador emite el certificado N° 28034417/2026, validando la devolución pretendida. .- el 14/3/2026 Cerámica San Lorenzo Industrial y Comercial SA presenta pronto despacho como consecuencia de no haberse materializado la devolución del saldos reclamados, situación que se mantiene a la fecha de interposición del presente amparo.
.- el 30/03/2026 en contestación a dicha presentación, el ente fiscal responde: “Las devoluciones reclamadas se encuentran en proceso de pago. Las mismas serán canceladas a medida que se autoricen nuevos procesos para avanzar con los depósitos. Se calcularán intereses hasta la fecha de efectivo pago”.
Por otra parte, según se desprende de lo manifestado por la representación fiscal al contestar el informe requerido por este Tribunal y de la documentación acompañada en dicha oportunidad, que el 07/09/2026 la División Pagos Tributarios de ARCA ratificó que “…la liquidación correspondiente continuaba en proceso activo de tramitación, a la espera de la autorización necesaria para su cancelación”.
III. Que el recurso de amparo ante el Tribunal Fiscal de la Nación previsto en el artículo 182 de la ley 11.683 es un remedio procesal instituido “…para proteger los legítimos derechos e intereses de los particulares cuyo normal ejercicio se ha obstaculizado por una demora excesiva en la realización de trámites a cargo de los organismos recaudadores” (Tejerina, Jorge Proyecto de creación de un Tribunal Fiscal Administrativo).
Por tanto, dicho instituto tiene por finalidad lograr el pronunciamiento expreso de la Administración cuando ésta es remisa en hacerlo, sin incursionar en el fondo de la cuestión subyacente a una determinada petición, sino tan solo lograr una orden para que aquella se expida en la forma que considere pertinente.
Ahora bien, en el caso de autos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, luego de más de siete meses de presentado el pedido de devolución, se expidió favorablemente respecto de la devolución de saldos a favor de libre disponibilidad en el impuesto a las ganancias, emitiendo los correspondientes Certificados de Convalidación el 03/02/2026, pero transcurridos otros siete meses de tal diligencia no se ha efectivizado la transferencia pertinente ni se han brindado precisiones en este sentido, impidiendo así la disponibilidad de los fondos en cuestión.
En consecuencia, frente a la demora incurrida corresponde hacer lugar al recurso interpuesto, con costas, a fin de que en el término de 30 (treinta) días se termine el proceso de acreditación de los reintegros aprobados, toda vez que una solución contraria tornaría ilusorio el derecho que le fuera reconocido a la contribuyente por el propio ente fiscal, quedando al arbitrio de éste la finalización del trámite que tuvo como objetivo el pago del monto cuya devolución se intentara y se aprobara. Ello así, conforme lo sostuviera la suscripta en las causas Adeco Agropecuaria SA (1/11/2021), Provinvest SA 30/9/2021, Bravo, Micaela Inés 21/12/2023, consentidas por el fisco y más recientemente en los autos “Cabrera, Carolina M. del 30/4/2026 y como Vocal subrogante en la Sala “A”, en los autos “Cerámica San Lorenzo Ind y Com. SA, 17/7/2026.
IV. Que a mayor abundamiento, respecto de la cita de jurisprudencia efectuada por el Fisco Nacional (Fallos 313/1706), cabe poner de manifesto que las circunstancias de hecho allí configuradas no guardan identidad con la situación de autos. En dicha oportunidad nuestro Tribunal Cimero sostuvo:
“7°) Que en el sub lite, si bien la actora apoya su pretensión en las disposiciones del art. 5° de la Resolución General 2786 (DGI), en cuanto establece que el organismo recaudador procederá a abonar el importe de las devoluciones comprendidas en el régimen allí establecido en los plazos que para caso se fija, lo cierto es que, conforme se desprende de los términos en que se encuentra redactada dicha norma, ese reintegro debe estar precedido de un pronunciamiento expreso de la autoridad administrativa, desde que solamente procede respecto de “devoluciones formalmente admisibles” (el destacado es propio).
Entonces, toda vez que la petición de la demandada no estuvo dirigida a instar el pronunciamiento de la Administración en orden a la declaración de admisibilidad formal de la devolución, el requerimiento deducido a fin de que el Tribunal Fiscal condene a la Dirección General Impositiva al pago de las sumas solicitadas, con más actualización e intereses, excede el propósito de que se realice un mero trámite y, en consecuencia, se tornaría improcedente.”
Ahora bien, como se detallara en los considerandos precedentes, en autos sí se produjo el pronunciamiento de la autoridad administrativa, precisamente reconociendo el derecho a la devolución de $ 1.572.140.679,07.-, cuyo cumplimiento aquí se pretende.
El Dr. Luis dijo:
I. Que comparto el relato de los hechos efectuados por el vocal instructor.
II. Que el presente caso me otorga la posibilidad, una vez más, de exponer los fundamentos que sostienen mi postura al respecto. En este sentido, quiero recordar que, tal como ya lo he dicho en diversos pronunciamientos, a mi criterio, los trámites referidos a solicitudes de devolución –como es el caso- se los debe considerar realizados recién cuando los importes aprobados por la administración fiscal se encuentran efectivamente acreditados y los fondos disponibles para el solicitante y no antes de ese preciso momento; porque, tengo para mí, que sostener un criterio distinto conduciría a un reconocimiento meramente formal, únicamente simbólico y no esperablemente efectivo del derecho. En efecto, de nada sirve que la administración fiscal reconozca la procedencia de una devolución (como ocurrió en el caso de autos), pero luego no realice la efectiva acreditación de los fondos, quedando disponibles para su utilización por parte del contribuyente beneficiario.
Y la postura que sostengo, no contradice lo expuesto por la mayoría de la CSJN en el precedente “Comatter” (Fallos 313:1706), porque refiere a una situación de hecho distinta. Allí existía un pedido de reintegro (referido a la RG DGI 2786) sin resolver por parte de la administración y la amparista había solicitado en su acción que este Tribunal le ordene al fisco la acreditación de las sumas objeto del pedido de devolución, pero sin existir el acto administrativo que reconocía el derecho. Por ello, correctamente, este Tribunal rechazó el amparo; la Alzada confirmó el pronunciamiento y, llegado el caso al Máximo Tribunal, este señaló que “…si bien la actora apoya su pretensión en las disposiciones del art 5° de la Resolución General 2786 (DGI), en cuanto establece que el organismo recaudador procederá a abonar el importe de las devoluciones comprendidas en el régimen allí establecido en los plazos que para cada caso se fijan, lo cierto es que (…) …ese reintegro debe estar precedido de un pronunciamiento expreso de la autoridad administrativa, desde que solamente procede respecto de “devoluciones formalmente admisibles”” (Considerando 7. La negrita me pertenece). Es decir, una correcta hermenéutica de lo dispuesto en el art. 182 y 183 de la ley 11.683 y a la luz de lo dicho por la Corte, lo que tiene vedado este Tribunal es subrogarse el lugar del organismo recaudador para decidir respecto de la procedencia o no de la devolución, u ordenarle que concluya un trámite de determinada manera; porque esa es una atribución propia y excluyente de dicho organismo. En este sentido, encuentro que el meollo de la cuestión radica en determinar el alcance de los términos del art. 183 de la ley 11.683 al disponer que “…podrá el TRIBUNAL FISCAL resolver lo que corresponda para garantizar el ejercicio del derecho del afectado, ordenando en su caso la realización del trámite administrativo…” (la negrita es propia) y, a mi criterio, dicha “realización” sólo se encuentra debidamente cumplida –en este tipo de trámites- cuando el solicitante tiene plena disponibilidad de los fondos de las devoluciones aprobadas.
Es que, “…al sustentar la Constitución Nacional los derechos que plasma en su articulado, da por sentado la existencia de los remedios técnicos necesarios para asegurar a los habitantes de la Nación su goce pleno y efectivo, puesto que, de no ser así, ellos importarían declaraciones abstractas sin ningún valor” (subrayado propio. Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi en Fallos 323:2418 al remitirse al Dictamen de la PGN; entre tantos otros).
Por las razones expuestas, voto por hacer lugar al amparo y ordenar al fisco nacional para que en el término de 30 (treinta) días finalice el trámite correspondiente, en los términos dispuestos en el considerando anterior; con costas. En virtud de la votación que antecede, por mayoría SE RESUELVE:
Hacer lugar al recurso de amparo interpuesto y ordenar al Fisco Nacional para que en el término de 30 (treinta) días finalice el trámite correspondiente, mediante la acreditación de los reintegros aprobados; con costas. Regístrese y notifíquese.
Date: 2026.09.17 11:36:11 ART Date: 2026.09.17 17:51:39 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Viviana Marmillon Claudio Esteban Luis Vocal Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.09.17 18:10:51 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Daniel Alejandro Martín Vocal Subrogante Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.17 18:11:59 -03:00
Fin de la sentencia