Abriendo la norma
Corte de Catamarca
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por el Dr. Jorge Esteban Guatimalt en su carácter de representante de la querella particular constituida por las Sras. Paulina Trinidad Zurita y Érica Cecilia Zurita, en contra de la Sentencia nº 29 de fecha 16 de abril de 2026, dictada por el Juzgado Correccional de Tercera Nominación.
2No hacer lugar al Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Jorge Esteban Guatimalt, confirmando la Sentencia N° 29/2026, dictada el 16 de abril de 2026 por el Juzgado Correccional de Tercera Nominación.
3Tener presente la reserva del caso federal.
4Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).
SENTENCIA NÚMERO: CUARENTA Y UNO
En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los cinco días del mes de agosto de dos mil veintiséis la Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por la doctora María Fernanda Rosales Andreotti, como Presidenta, por el doctor Néstor Hernán Martel y la doctora Rita Verónica Saldaño; se reúnen en acuerdo para entender en el Recurso de Casación deducido en el expediente Corte nº 041/26 – Cerda, Jonathan Javier – Zurita, Patricia Emilce – usurpación, etc. – s/ rec. de casación c/Sent. nº 29/26 de expte. nº 41/25.
I. Por Sentencia nº 29 de fecha 16 de abril de 2026, el Juzgado Correccional de Tercera Nominación, en lo que aquí concierne, resolvió: “1°). Absolver a Jonathan Javier Cerda del delito de usurpación en calidad de coautor, por el beneficio de la duda (arts. 181 inc. 1° y 45 del Código Penal; art. 401 in fine, 406 y 409 del CPP). 2°) Absolver a Patricia Emilce Zurita de los delitos de usurpación en calidad de coautora y coacción en calidad de autora, todo en concurso real, por el beneficio de la duda (arts. 181 inc. 1°, 149° bis segundo párrafo, 55 y 45 del Código Penal; y arts. 401 in fine, 406 y 409 del CPP).”
II. Las Sras. Paulina Trinidad Zurita y Érica Cecilia Zurita, en su calidad de querellantes particulares con el patrocinio letrado del Dr. Jorge Esteban Guatimalt; interponen recurso de casación contra la Sentencia N° 29/2026, invocando como motivo casatorio la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, la inobservancia y errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas e inobservancia y errónea aplicación de las normas previstas para la individualización de la pena. Afirman que el remedio recursivo fue interpuesto en tiempo en contra de una sentencia definitiva que ha zanjado el asunto de manera injusta y arbitraria.
Consideran que se incurrió en la omisión de tratamiento con perspectiva de género violándose convenciones internacionales, porque la decisión de absolver a los imputados, prolonga su situación de vulnerabilidad, dejándolas en la calle con una seria afección en la salud de la primera de ellas, sin reparo en la condición de mujer mayor adulta.
Relatan los antecedentes de la causa remontándose a la fecha de la denuncia -31/01/2022-, realizada por Érica Cecilia Zurita contra los imputados, la requisitoria fiscal de citación a juicio, la declaración de los imputados y algunas consideraciones sobre la audiencia de debate, específicamente sobre las declaraciones testimoniales de Paulina Zurita, Érica Zurita, Alfredo Alberto Zurita y Rodolfo Eduardo Matesich. Concluyen el apartado con la transcripción de las conclusiones finales emitidas por las partes.
Bajo el título “La Sentencia, su incongruencia/incoherencia típica y arbitrario razonamiento, violación de la sana crítica, construcción meramente dogmática con una estructura cimentada en premisas falsas”, las recurrentes critican la parte pertinente de la sentencia que afirma que, al existir vínculos familiares entre las partes involucradas, se debe ampliar el análisis más allá de los requisitos formales.
Dicen que allí reposa el primer error porque las recurrentes son también hermanas, pero ese vínculo no les impidió llevar adelante ciertos actos cuya naturaleza enumeran, por lo que el Juez debería haberse preguntado el por qué la imputada Emilce Zurita no pudo hacer lo propio documentando la supuesta operación de compraventa de la casa.
Critican el párrafo en el que Juez de juicio afirma que la tarea de esclarecer la verdad resulta compleja, debiendo evitarse la influencia de elementos subjetivos; porque entienden que, justamente lo subjetivo, son las acusaciones, resentimientos, lazos familiares y problemas de salud.
Continúan transcribiendo párrafos de la sentencia impugnada, en este caso sobre los montos de adquisición de la casa aducidos por la imputada Zurita, respecto del cual, sostienen que el análisis y apreciación del juez son sesgados y parcializados porque en la primera declaración de imputados de Zurita y Cerda, ellos nada dijeron sobre monto alguno, siendo Alfredo Zurita quien introduce la cuestión siendo la única referencia por lo que no constituye ni semiplena prueba de la existencia de aquella supuesta adquisición.
Luego manifiestan que el Juez utilizó la palabra “ocupación” para referirse a necesidad de dilucidar la calidad en que los imputados Zurita y Cerda llegan al inmueble ubicado en ruta provincial n° 4 y que ello es justamente lo que sucedió, y no una compraventa.
Dicen que se omitió merituar en este punto el violento despojo que ellas sufrieron que fueron corridas del inmueble con golpes de puño, patadas y pedradas buscando auxilio en la ruta, lo que constituye un hecho comisivo típico de usurpación.
Que ha sido demostrado que la casa estaba amoblada y no surge de ningún lado que la adquisición haya incluido muebles. De ello surge que, como todo usurpador, los imputados primero disfrutaron de ellos y después los comenzaron a vender, al igual que ofrecer en venta la misma casa, sobre lo que se agregó prueba documental en la causa, además de contarse con el testimonio de Matesich al respecto, pruebas que el Juez no tuvo en cuenta.
Consideran que esas acciones demuestran que los imputados nunca fueron poseedores del inmueble sino meros e ilegítimos ocupadores, usurpadores y dañinos.
Al resistir el párrafo de la sentencia que hace alusión a la “arbitrariedad del Ministerio Público Fiscal al centrarse en la ausencia de documentación escrita que acredite la compraventa alegada por los imputados, porque tampoco obra constancia escrita del comodato alegado por Érica y Paulina Zurita”, afirman que tal razonamiento es absurdo porque después de decir que lo subjetivo no debe influir en la resolución del asunto, ahora afirma que se está frente a un conflicto económico dentro del seno familiar donde la confianza y cariño hacen viable la prescindencia de formalidades.
Luego se explayan sobre lo que consideran un alarmante desconocimiento del derecho por parte del Juez de mérito, al prescindir de la forma escrita en base a la hermandad, confianza y cariño, citando la normativa civil aplicable al respecto.
Afirman que los testimonios de personas o referencias verbales del negocio pueden servir únicamente como prueba complementaria pero no son suficientes por sí solos porque si no existe ningún tipo de documentación escrita o principio de ejecución comprobable, la compraventa no podrá ser probada legalmente.
También hay error jurídico, a criterio de las recurrentes, al requerirse prueba escrita del comodato porque lo crucial no es éste sino la existencia de despojo que ocurrió porque los imputados abusaron de la confianza pretendiendo interversión de título cuando les solicitaron la restitución del inmueble. Citan doctrina en apoyo de su postura.
Se agravian porque el Juez, a pesar de admitir la libertad probatoria la limita solo y exclusivamente al testimonio de Alfredo Zurita, respecto quien, las querellantes recurrentes, consideran que no es un testigo fiable o creíble, por distintos motivos.
Dicen que, conforme a la importancia dada a la libertad probatoria, debe repararse que la encartada Zurita en sus tres declaraciones de imputada afirma “hasta que ellas me dijeron que le devuelva la casa”, de lo que debe colegirse la obligación de restituir el bien.
Agregan que ellas mismas, en sus declaraciones testimoniales, dijeron que solicitaran pacíficamente a Emilce Zurita que se retirara de la vivienda, lo que implica una comunicación resolutiva del contrato venta verbal en la hipótesis sustentada por el Juez y un requerimiento expreso de devolución del inmueble.
Luego se agravian por la valoración que el magistrado hizo de la declaración de la testigo Ana Kransky, porque no advierte que, según la declaración, la operación se contrató con Paulina, entonces se preguntan el porqué se realizó el pago a Érica Zurita.
También se agravian por el poco valor que se le dio al testimonio de Altamirano Zurita diciendo que no se probó las restricciones de permanencia de personas en época de pandemia, porque en ese tiempo existían normas de emergencia sanitaria nacional que así lo estipulaban. Dicen que así se valoró positivamente el testimonio de Alfredo Zurita y no así el de Altamirano Zurita por lo que hay discriminación y manifiesta arbitrariedad en una parcial formación convictiva.
Respecto al testimonio de Rodolfo Eduardo Matesich, se agravian también por la valoración judicial, diciendo que este testigo no elabora una nueva versión, sino que reafirmó y ratificó lo que ya había dicho en la causa, por lo que, complementándola con la abundante prueba documental, instrumental y testimonial, se desprende que hubo usurpación y no la supuesta compraventa, salvo en la apreciación del Juez.
Critican el párrafo de la sentencia impugnada que explica el estado de duda en el que se ve inmerso el Juez a partir de los distintos testimonios recibidos por ser anfibológicos. Dicen que ello no es así, porque los testimonios son coherentes y uniformes, con excepción del testimonio fabricado de Alfredo Zurita, porque dan cuenta de que hubo un acto de solidaridad para con Emilce Zurita quien después abusó y no salió más de la casa.
Asimismo, consideran que el Juez se equivoca al valorar aisladamente cada medio probatorio porque la valoración debe realizarse en conjunto, en forma complementaria e integrativa. Que el juzgador se limitó a los testimonios prestados en debate, omitiendo toda la otra prueba incorporada, como ser el informe socio ambiental, fotografías, acta de constatación.
Explican que el delito se configura cuando hay efectivamente un despojo, no solo por el abuso de confianza sino además por el hecho violento que sufrieron las querellantes al ser expulsadas de la vivienda, por lo que entienden que el Juez se equivoca en el análisis del tipo penal que realiza en la sentencia.
Entienden que el a quo, ha cargado en el Ministerio Público Fiscal y en la querella, una tarea de imposibilidad material y jurídica consistente en probar algo inexistente al decir: “la acusación no ha logrado acreditar, más allá de toda duda razonable, inexistencia de la relación contractual alegada por los imputados”, lo que resulta incoherente con la afirmación anterior donde sostuvo que hubo una mutación unilateral del comodato a una compraventa inexistente.
Afirman que el despojo ha quedado demostrado y que la cuestión de títulos es ajena al razonamiento que debe desplegarse consistente en probar la concurrencia de los elementos típicos que configuran el delito de usurpación -despojo por abuso de confianza y violencia en este caso-.
Sin embargo, entienden que el Juez desplazó el foco del despojo de la posesión/tenencia hacia la discusión sobre el título o contrato, además de valorar de forma fragmentaria la prueba, respondiendo selectivamente a algunos indicios y dejando prácticamente sin desarrollo otros muy relevantes.
Entonces, la absolución dictada, a pesar de apoyarse formalmente en el in dubio pro reo, descansa sobre una base falaz y hecha para sostener la versión conveniente de los imputados.
De ello coligen que la sentencia presenta un vicio estructural que invalida el razonamiento: la absolución por el beneficio de la duda no fue construida sobre el objeto típico sometido a juicio, que es el desapoderamiento de la posesión, sino sobre una cuestión ajena a ese núcleo consistente en un supuesto contrato verbal de compraventa invocado por la defensa.
Relatan que ello sucede cuando, a pesar de que la acusación presentaba un caso de usurpación por abuso de confianza, el Juez, en pleno juicio, expresó que la discusión “no se centra en el estado del inmueble… sino en la cuestión del título por el que habita la imputada”, configurándose así una inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva.
Las recurrentes dicen que, al no recaer la duda sobre el hecho típico acusado, sino sobre una controversia relativa al título, la absolución deja de ser una derivación razonada del derecho vigente y de las constancias comprobadas de la causa y de allí deriva la arbitrariedad del fallo.
Concluyen reiterando que la sentencia resulta de una inconsistencia, incoherencia y arbitrariedad brutal por fundamentación aparente y violación de las reglas de la sana crítica racional.
Por todo ello consideran que la sentencia es violatoria de garantías constitucionales del debido proceso legal, la sana crítica racional, dañina al dejar en la calle a las querellantes sin aplicar las reglas o convenciones internacionales que protege a la mujer y examinar el caso con perspectiva de género, además de arbitraria, con fundamentación aparente ignorando la primacía de la prueba documental sobre el relato exculpatorio de los imputados.
Critican por último la valoración del hecho nominado tercero calificado como coacción, diciendo que el Juez consideró que el mismo es propio de las relaciones entre hermanos que se tornaron conflictivas, lo que resulta un disparate jurídico.
Hacen reserva de caso federal ante el eventual rechazo a la petición de que se case la sentencia absolutoria por hallarse ésta edificada sobre una errónea construcción del beneficio de la duda ordenándose, además, la restitución inmediata del bien inmueble usurpado.
De acuerdo con el resultado del sorteo efectuado para determinar el orden de votación (fs. 30), nos pronunciaremos de la siguiente manera: en primer lugar, la Dra. Rosales Andreotti; en segundo lugar, el Dr. Martel y, en tercer lugar, la Dra. Saldaño.
Así las cosas, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:
1. ¿Es admisible el recurso?
2. ¿La resolución cuestionada, ha incurrido en la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva? ¿Qué solución corresponde dictar?
A la Primera Cuestión, la Dra. Rosales Andreotti dijo:
El recurso de casación reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos en el art. 460 del C.P.P debido a que fue interpuesto en tiempo y forma oportunos; por parte legitimada -la acusación privada-; y se dirige contra una resolución que, por ser absolutoria, pone fin al proceso y es definitiva.
Se encuentran removidas en el caso concreto las limitaciones del derecho al recurso contra sentencia absolutoria, al haberse requerido en juicio la imposición de una pena y, por lo tanto, estar regulado expresamente el supuesto de procedencia en el Código Procesal Penal (CPP), en el art. 457 en función del 456 inc. 2 para la querella particular.
En consecuencia, el estándar que debe superar la acusación para que la impugnación de una decisión absolutoria resulte admisible y logre prosperar, resulta satisfecho. Así voto.
A la Primera cuestión, el Dr. Martel dijo:
Comparto el criterio sostenido por la Sra. Ministra preopinante, respecto a la admisibilidad formal del recurso, por ello, adhiero a su voto y me expido en igual sentido.
A la Primera cuestión, la Dra. Saldaño, dijo:
Adhiero a los argumentos relacionados a la admisibilidad del recurso y emitidos por la Sra. Ministra que lidera el acuerdo, por tal motivo, adhiero al mismo y voto en igual sentido.
A la Segunda Cuestión, la Dra. Rosales Andreotti dijo:
1. Acusación: Los hechos materia de requerimiento de elevación a juicio y posterior mantenimiento al momento de emitir sus conclusiones finales y requerir pena contra Patricia Emilce Zurita y Jonathan Javier Cerda, tanto por la acusación pública como la privada, fueron los siguientes:
Hecho nominado primero: “Que en fecha y horario que no se ha podido determinar con precisión pero que estaría comprendido a fines del mes de septiembre de 2020 y principios del mes de octubre del año 2020, Érica Zurita, le prestó temporalmente a su hermana Emilce Zurita y la pareja de esta Jonathan Damián Cerda, su vivienda sita en Ruta Provincial N° 4, Kilómetro: 15.5 de la Provincia de Catamarca, e identificada con matrícula Catastral N° 07-24-90-4943. Que dicho préstamo fue otorgado por Érica Zurita hasta que Emilce Zurita y Jonathan Damián Cerda resuelvan su problema habitacional. Que en fecha 28 Enero del año 2022, en horario que no puede determinarse con precisión pero en momentos previos a la hora 17:00, Érica Zurita en compañía de su hermana Paulina Zurita se dirigieron a la vivienda de mención, solicitándole a Emilce Zurita y Jonathan Damián Cerda que se retiren de la vivienda que le pertenecen y en la que permanecía en calidad de préstamo, procediendo Emilce Zurita y Jonathan Damián Cerda valiéndose de la confianza conferida para haber entrado oportunamente al inmueble, se aprovecharon de dicha situación y se negaron a retirarse de la vivienda de mención, despojando de forma total la posesión que hasta ese momento era ejercida por Érica Zurita, de forma pacífica y continuada, privándola del goce material y efectivo de la misma, manteniéndose ambos en el lugar hasta el día de la fecha”.
Hecho nominado tercero: “Que el día 28 de enero de 2022 minutos después de las 17:00 horas, e inmediatamente ocurrido el Hecho Nominado Segundo, Emilce Patricia Zurita se hizo presente en el Parador donde vive actualmente su hermanaÉrica Cecilia Zurita, sito en Kilómetro 15.5 de la Ruta Provincial N° 4 de la Provincia de Catamarca, y desde el frente del mismo procedió a manifestarle “Si me cortás el agua y la luz te voy a clavar un cuchillo, te voy a matar, no me importa ir a la cárcel, dichos estos que generaron temor en la persona de Érica Cecilia Zurita”.
En consecuencia, la acusación atribuía a Jonathan Damián Cerda el delito de usurpación en calidad de coautor (descripto como hecho nominado primero), previsto en el art. 181 inc. 1 y 45 del Código Penal.
Por su parte se acusaba a Patricia Emilce Zurita de los delitos de usurpación en calidad de coautora, previsto en el art. 181 inc. 1 y 45 del Código Penal (hecho nominado primero) y, coacción en calidad de autora previsto en el art. 149 bis, segundo párrafo y 45 del Código Penal, todo en concurso real (art. 55 CP).
2. Sentencia absolutoria impugnada:
2. a) Acervo probatorio producido/incorporado en y a debate: El Juez Correccional admitió que se produjera en el debate oral, prueba de notable extensión y variedad que conviene sistematizar con detenimiento, pues el análisis de los agravios de la querella exige una comprensión precisa de qué fue lo que el a quo ponderó y cómo lo hizo.
- Declaración de imputada Zurita: en líneas generales, al prestar declaración, la imputada afirmó que su hermana Paulina le ofreció en venta su casa sita en Catamarca, con facilidades de pago y ella aceptó. Afirma haber entregado dinero y que no recibió ningún tipo de documentación por la confianza existente derivada del vínculo fraterno. Negó que se tratara de un préstamo. Afirmó que al descubrir una plantación de gran magnitud de plantas de marihuana en la vivienda, se comunicó con la hermana, le informó la situación, le manifestó su deseo de no involucrarse y le solicitó que regresara, porque Paulina aún estaba en la provincia de Córdoba. Como consecuencia de su oposición a la actividad de plantación y venta de marihuana, sus hermanas, Paulina y Érica, le pidieron que desalojara el inmueble y le informaron que no le devolverían el dinero abonado. Por eso permaneció en el lugar y así comenzó el hostigamiento del que fue víctima, incluso falsas denuncias en su contra, entre otros actos que detalla. Dijo que actualmente viven en el lugar sólo ella y su hija, porque el padre de esta última, se retiró del hogar debido a la problemática originada con sus hermanas. Relató también, otras problemáticas familiares que involucraban a su hermano y padre de todas ellas. Culminó reiterando que actuó confiando en la buena fe y en la palabra de su hermana mayor.
- Declaración de imputado Cerda: la declaración, en sus partes relevantes, dice que llegó a la vivienda tiempo después de su compañera Emilce Zurita quien le había dicho que existía la posibilidad de que su hermana le vendiera una casa en cuotas. Por eso dejó su actividad laboral en Córdoba y vino a esta provincia. Refiere también que el descubrimiento de la existencia de plantación de marihuana fue la génesis de los conflictos que persisten en la actualidad. Que ante el comienzo de denuncias que lo incluían pese a no tener participación, decidió dejar de residir en el lugar. Dijo no poder precisar detalles de la operación de compraventa porque fue ajeno al negocio. La querella le preguntó sobre el ofrecimiento de la casa en venta, existiendo un boleto de traspaso de posesión en el que constaba su firma y que también constaban publicaciones de facebook con ese mismo fin. Cerda negó ambos.
- Declaraciones testimoniales de: Érica Cecilia Zurita; Paulina Trinidad Zurita; José Luis Rizzardo; Pablo Ezequiel Ortiz; Ana Kransky; Alfredo Alberto Zurita; Rodolfo Eduardo Matesich; Alberto Félix Melchior; Marcos Arrieta.
- Prueba documental: Denuncia de Érica Cecilia Zurita; Copia simple de mensura para prescripción adquisitiva; Copia simple de disposición de Catastro; de factura de Ec Sapem a nombre de Erica Zurita; copia de recibo de provincia franciscana de asunción a nombre de también de Érica Zurita. Copia de comprobantes de pago de Rentas también a su nombre. Acta de constatación. Fotografías. Planillas de antecedentes de los imputados; entre otra profusa prueba documental enumerada en la sentencia atacada.
2. b) Los fundamentos de la absolución de los imputados en la sentencia impugnada: A partir de la prueba descripta, el a quo estableció la absolución de Zurita y Cerda en orden a los delitos atribuidos; en el entendimiento de que, la cuestión a dilucidar era la calidad en la que Patricia Emilce Zurita y Jonathan Javier Cerda ocuparon el inmueble en ruta provincial 4, a efectos de determinar si, efectivamente, como sostenía la acusación, existió originariamente un préstamo de la vivienda y posterior abuso de confianza por parte de los imputados quienes modificaron unilateralmente su condición de meros tenedores.
Al respecto, concluye el Juez que el Ministerio Público Fiscal, de manera arbitraria, se focaliza en la posición exculpatoria y la falta de documentación de la compraventa alegada por los imputados y no, en el origen de la ocupación del inmueble por parte de quienes fueron enjuiciados.
Tuvo además en cuenta las características que presentaba el caso: conflicto económico generado dentro del seno familiar y su impacto en la valoración de los hechos.
Ante la falta de documentación que acredite las versiones contrapuestas sobre aquello que fijó como “cuestión a dilucidar”, el a quo echa mano del principio de libertad probatoria acudiendo a la prueba testimonial ofrecida por las partes.
Sin embargo, a pesar de la numerosa prueba testimonial, al tratarse de personas que no son ajenas a las partes, ellas sólo aportaron mayor confusión, impidiendo al Juez discernir, más allá de duda razonable, quien dice la verdad. El a quo individualiza los testigos que le causaron tal confusión, diferenciando al testigo Alfredo Alberto Zurita al ser la única persona que brindó datos relevantes del negocio jurídico que vinculaba a las partes, a la sazón, sus hermanas.
Luego, hizo referencia a la postura asumida por la acusación pública y privada respecto a este último testigo, a pesar de haber sido ofrecido por la primera, y la falta de actividad de litigio tendiente a esclarecer dudas ya sea a través de un interrogatorio idóneo, propuesta de pruebas o solicitud de medidas a partir de esa declaración. También valora la declaración de la testigo Ana Kransky, considerando desacertada la postura fiscal de desestimarla por lo dispuesto por el art. 229 del CPP, sin reparar en el aporte de datos útiles que se desprenden de ese testimonio.
Continúa el Juez explicando el valor que le merece cada testimonio según la actividad casi nula desplegada por la parte acusadora.
Después de esa valoración el a quo concluye preguntándose ¿alcanzan esos testimonios, con sus matices y contradicciones, para alcanzar una certeza positiva o negativa respecto a lo sucedido?, a lo que responde negativamente porque a su entender, hay prevalencia de la duda como obstáculo a la formación de convicción definitiva y ello se debe a que alguien está faltando a la verdad sin haber logrado acusación y defensa desentrañar tal extremo.
Luego, explica las diferencias y principios que gobiernan el proceso civil y penal, para después referirse al tipo penal imputado y sus características.
Respecto al hecho nominado tercero calificado como coacción, entiende que no hay prueba alguna que lo acredite, existiendo solamente la declaración de la denunciante y de la imputada que se contraponen.
En función de estos argumentos el sentenciante concluyó la absolución de ambos imputados por el beneficio de la duda.
3. El recurso de casación de la querella: si bien, supra, se ha hecho referencia a lo manifestado por las recurrentes en el recurso de casación interpuesto, resulta relevante tener en cuenta que se invocan tres motivos: la inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva; la inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas y la inobservancia y errónea aplicación de las normas previstas para la individualización de la pena (art. 454 CPP incs. 1, 2 y 3).
Sin embargo, ellos no son abordados de manera prolija y estructurada sino que, bajo distintos títulos -antecedentes de la causa y sus subtítulos como punto cuatro y la sentencia como punto cinco -, y sin solución de continuidad, las recurrentes plantean la que consideran ser la correcta valoración de la prueba producida y aportada en juicio y el por qué entienden que se configuró una inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. Nada dicen respecto al tercer motivo esgrimido, es decir, inobservancia o errónea aplicación de las normas previstas para la individualización de la pena, que de hecho no existe porque estamos ante una absolución.
4. Solución del caso: Desde ya adelanto que los agravios enarbolados por la parte querellante no tendrán favorable acogida y la decisión sometida a revisión jurisdiccional será confirmada. El planteo sobre la arbitrariedad no prosperará, pues el decisorio cumple acabadamente con los parámetros establecidos en el artículo 401 in fine del Código Procesal Penal de la provincia y, en rigor de verdad, sólo se advierte disconformidad con la solución y confusión respecto a los principios rectores en materia penal, principalmente, aquellos limitadores del ius puniendi estatal, así como también, la presunción de inocencia, su alcance y características.
a) Aclaraciones preliminares: En primer término, corresponde establecer que el estándar de revisión de las sentencias absolutorias por aplicación del principio in dubio pro reo, es sumamente restrictivo.
Ello encuentra fundamento en el hecho de que sólo el imputado tiene un derecho al recurso asegurado convencionalmente (art. 8.2h de la CADH) y no así los acusadores, a quienes algunas leyes procesales reconocen posibilidad recursiva en determinados supuestos. La nuestra lo hace en casos como el que nos ocupa, como afirmé al resolver la primera cuestión (arts. 456 y 457 del CPP).
Recordemos que la intervención del querellante particular en el proceso penal se presenta como una manifestación del derecho a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva (conforme artículo 75, inciso 22, de la CN y, en consecuencia, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, específicamente en sus arts. 8.1 y 25). Es indudable que, por virtud de estas directivas constitucionales, la víctima del delito tiene un verdadero derecho a una intervención relevante en el proceso penal para la satisfacción de sus legítimos intereses jurídicos. En el presente, lo tuvo.
En consideración a ello, además de los supuestos tradicionalmente admitidos por la jurisprudencia y doctrina (ausencia de fundamentación, fundamentación omisiva y/o ilegal), la víctima del delito puede impugnar un fallo absolutorio respecto de la valoración de las pruebas, en casos en los que se haya omitido aplicar aquellas reglas comprendidas en la sana crítica racional, o se haya incurrido en un ejercicio irrazonable que incumpla con lo exigido por el art. 208 de la Constitución de Catamarca, o implique la configuración de arbitrariedad, es decir, la doctrina de la CSJN para descalificar fallos judiciales que carecen de fundamentos razonables o que presentan contradicciones lógicas.
Recordemos también, que la presunción de inocencia es un derecho humano fundamental, así como también una regla de trato procesal, además de erigirse como vertiente de regla de valoración probatoria que impacta en las características que deben reunir los medios de prueba para ser considerados como válidos y lícitos a fin de destruir el estatus de inocente que goza toda persona sujeta a un proceso penal.
En consecuencia, como es sabido, toda condena debe sustentarse en la plena convicción de culpabilidad, más allá de toda duda razonable y de esta manera se garantizará el derecho de presunción de inocencia del imputado. En el mismo sentido, el principio in dubio pro reo, consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional (art. 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), constituye no solo una regla de juicio sino también un mandato de optimización que el juez penal debe aplicar frente a toda incertidumbre probatoria insuperable, sin que ello importe -como erradamente postulan las recurrentes- una construcción arbitraria, sino la aplicación correcta del estándar constitucional de la prueba de cargo.
Por último, también debemos tener presente que, en la valoración de la prueba, rige la apreciación de manera libre y lógica; y el juez tiene la obligación de fundamentar su decisión y dar las razones que la ha motivado sobre la explicación estricta de las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, a la luz de la sana crítica. (ver JAUCHEN, Eduardo - año 2020 - Tratado de la Prueba Penal - Rubinzal Culzoni - pág 53).
Entonces, con las limitaciones señaladas, procederé a analizar la sentencia impugnada, a los fines de determinar si la misma, incurre en arbitrariedad, como postulan las recurrentes.
b) Análisis conforme agravios planteados: A fin de dar respuesta a los agravios planteados, he de tomar el orden en el que fueron vertidos:
- En primer lugar, se plantea la omisión de tratamiento con perspectiva de género y violación de Convenciones Internacionales, haciendo referencia al despojo que sufrió una mujer mayor adulta.
Resulta evidente que lo manifestado no tiene asidero alguno, no sólo porque se divorcia de lo que debe entender por la obligación de juzgar con perspectiva de género (al respecto ver, por ejemplo: https://revistaargumentos.justiciacordoba.gob.ar/index.php/primera/article/view/209/134), sino que la queja, en la forma en que fue efectuada, no resiste análisis desde que la perspectiva de género en el ámbito judicial busca eliminar la desigualdad y el desequilibrio de poder entre agresores y víctimas, no siendo este un caso que la plantee: dos querellantes mujeres, una imputada también mujer; la condición de adulta mayor por parte de una de las primeras, y de madre de hijos menores por parte de la segunda.
Cabe señalar que, tal como lo ha puntualizado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la obligación de incorporar dicha perspectiva al análisis judicial no equivale a una presunción de culpabilidad en cabeza de quien es señalado como victimario (en el caso un hombre y una mujer), no importa desvirtuar las reglas de valoración probatoria ni el estándar de la duda razonable y no modifica la carga probatoria. En el sub examine, el a quo analizó los testimonios de las querellantes con la debida atención a su condición, sin que pueda afirmarse que los descartó por razones discriminatorias; por el contrario, los ponderó junto con las versiones contrapuestas y consideró que persistía una duda razonable insuperable.
- Luego las recurrentes relatan los hechos y explican que el día 31/01/2022 realizaron denuncia contra los imputados porque al pedirles que devuelvan la vivienda que les habían prestado, se negaron a hacerlo. En la denuncia se consigna que ese día además de la negativa a reintegrar el inmueble, Érica y Paulina Zurita (querellantes), fueron víctimas de violencia física y verbal por parte de Emilce Zurita y Jonathan Cerda (imputados).
Al respecto, cabe aclarar que más allá de lo entendido por los ocurrentes en el sentido de postular la existencia de despojo con violencia, lo sucedido constituye hechos diferentes e independientes, y así fue entendido por parte del Fiscal de Instrucción en la génesis de causa, al investigarse la posible comisión de tres hechos delictivos diferenciados y concursados materialmente: usurpación, lesiones leves y coacción.
Respecto al primero de los delitos -aunque parezca innecesario decirlo ya que surge de la norma del art. 181 del CP -, se reconocen cinco medios comisivos: violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o clandestinidad; una acción típica: despojar; distintas modalidades de comisión: invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes; y se tutela la posesión o tenencia de un inmueble o el ejercicio de un derecho real constituido sobre él.
El caso concreto tramitó desde su origen, como una supuesta usurpación por abuso de confianza de Zurita/Cerda, quienes se mantuvieron en el inmueble contra la voluntad de quienes eran sus poseedoras, hermanas Zurita mayores.
Así fue atinadamente establecido por el Juez de juicio en su sentencia, a pesar de la insistencia de la querella de relatar hechos o presentar agravios en el presente, sobre extremos que no guardan relación con el objeto del juicio.
El segundo hecho materia de investigación fue declarado prescripto y el tercero, siguió la suerte del primero -absolución por la duda-, porque la acusación los relacionó sin separarlos adecuadamente y aportar la prueba pertinente para cada uno de ellos.
Como fueron establecidos los hechos, la ocupación del inmueble en cuestión por parte de los imputados, se remonta al comodato o préstamo de uso que Érica Cecilia y Paulina Trinidad Zurita le dieron en el año 2020 a su hermana menor, Patricia Emilce Zurita, quien las despoja en enero del año 2022 al negarse a restituir el inmueble, por lo que las recurrentes afirman que hubo interversión de título por parte de quien era tenedora.
Por su parte los imputados desde el primer momento -primera declaración de imputado-, alegaron que adquirieron de buena fe y de manera onerosa el inmueble en cuestión.
Estas son las dos posiciones encontradas y sobre las que la prueba debía echar luz, encontrándose, como es sabido, a cargo de la acusación la carga de acreditar los extremos del delito.
Las recurrentes descalifican la sentencia tomando distintos párrafos de la misma y refutándolos, pero sin argumentos sólidos, idóneos ni suficientes en tanto, no sólo soslayan o desconocen principios, instituciones, normas, derechos y garantías del fuero penal, sino que mezclan situaciones con efectos civiles.
Así señalan que es arbitrario el razonamiento del juez de dejar de lado las normas formales de contratación en atención al vínculo familiar de las partes, porque las denunciantes también son hermanas y sin embargo celebraron actos jurídicos entre ellas, entonces, según ellas, el juez debería haberse preguntado el porqué la imputada Emilce Zurita no pudo hacer lo propio.
No es éste un razonamiento lógico, el a quo se apoya en un dato objetivo constituido por el vínculo fraterno existente y la manera en que la familia se relaciona y efectúa negocios jurídicos según máximas de experiencia; las recurrentes, por su parte, se apoyan en hipótesis o conjeturas exigiendo o postulando conductas posibles que no tuvieron lugar.
Cuestionan también la interpretación del juez de la operación de compraventa relatada por los imputados, destacando que las declaraciones de ellos no siempre fue la misma a lo largo de la causa, pero no por ser contradictorias sino por brindar menos o más información, por lo que no logro comprender el motivo del agravio de las recurrentes (rige el art. 276 CPP).
Además, se agravian por la declaración del testigo Alfredo Zurita, hermano de las querellantes y de la imputada, haciendo hincapié en la enemistad con las primeras, pero omitiendo las posibilidades que les brinda el procedimiento penal, por ejemplo, al momento de ofrecer prueba (art. 360 CPP), además de que el testimonio en cuestión fue sometido al contradictorio por lo que goza de plena validez y eficacia.
Luego critican la referencia de la sentencia de la necesidad de dilucidar en qué calidad los imputados ocuparon el inmueble, resaltando con negrita la palabra “ocuparon” y dándole un sentido que no tiene, a lo que agregaron que el despojo fue violento reiterando que Érica y Paulina fueron corridas del inmueble con golpes de puño, patadas y pedradas de la vivienda.
La confusión de las recurrentes es grande. Primero, porque tergiversan el significado del término ocupación dado por la Real Academia Española y por el mismo art. 181 del Código Penal aplicable. Segundo, porque se insisten con el despojo violento cuando lo que se juzgó fue un hecho de usurpación por abuso de confianza, y no por violencia, porque la violencia, más allá del progreso o no de ese hecho, fue calificada como lesiones leves, hecho independiente legislado en otra norma y pasible de otra sanción.
Consideran las recurrentes que hubo falta de rigurosidad por parte del juez respecto a las formas contractuales y se explayan sobre la normativa civil aplicable según el negocio de que se trate, soslayando una vez más, que nos encontramos en el fuero penal siendo válido el razonamiento del juzgador sobre la posibilidad de prescindir de formas atento al vínculo familiar.
Luego confunden lo que implica la libertad probatoria en materia penal con la prueba que resulta útil para provocar la convicción jurisdiccional (al referirse que se limitó al testimonio de Alfredo Zurita) y con la prescindencia del contrato escrito de compraventa.
Debe comprenderse que la libertad probatoria que refiere el a quo es la que rige el derecho penal, y es invocada en el caso a los fines de llevar claridad sobre el negocio celebrado por las hermanas, ya sea comodato o compraventa -origen de la ocupación de los imputados como materia a dilucidar-, mediante la prueba testimonial, atento la ausencia de documentación que acredite las versiones contrapuestas -comodato/compraventa-.
El Juez de juicio valoró la prueba en forma integral, racional y conforme a las reglas de la sana crítica racional (art. 401 del CPP), sin que pueda advertirse en su razonamiento ninguna arbitrariedad que autorice la intervención de este Tribunal de casación. La duda razonable que condujo a la absolución de los encartados Patricia Emilce Zurita y Jonathan Javier Cerda no fue construida sobre premisas falsas ni sobre un desplazamiento ilegítimo del objeto típico, sino como consecuencia natural de la subsistencia de versiones fácticas contrapuestas que la acusación no logró despejar más allá de toda duda razonable, estándar cardinal del proceso penal (art. 401 in fine CPP; art. 18 CN).
En este sentido, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional ha afirmado en numerosas oportunidades que el tribunal de casación no puede sustituir la valoración probatoria del juez de mérito cuando ésta resulta razonablemente fundada, aun cuando pudiera discreparse con sus conclusiones, pues la inmediación es privativa del debate oral y el principio in dubio pro reo impone que toda duda insuperable beneficie al imputado.
A igual conclusión arriban los principales tribunales de impugnación del país. El Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires ha sostenido también en varias oportunidades que la sana crítica racional exige que el juzgador exponga las razones que lo llevan a otorgar o negar credibilidad a los distintos medios probatorios; verificada esa exigencia, el tribunal revisor carece de facultades para reeditar la valoración como si fuera una segunda instancia ordinaria.
Correlacionando, como sostuvo el Juez de juicio, el caso se enmarca en una disputa familiar, la cual denota sus particularidades. Parte de los agravios aquí vertidos son reediciones de argumentos que han tenido respuesta adecuada en la sentencia en tanto se sostuvo que la parte acusadora no probó el despojo de la posesión por el cual acusó. De allí que el recurso de casación interpuesto por las querellantes particulares no logra demostrar la existencia de un vicio lógico, una omisión valorativa arbitraria ni una errónea aplicación de la ley sustantiva en la sentencia absolutoria objeto de impugnación.
En el caso, el a quo fundó su decisión absolutoria en la subsistencia de una duda razonable respecto de la configuración del tipo penal de usurpación, derivada de la coexistencia de versiones testimoniales encontradas y de la imposibilidad de descartar con el grado de certeza requerido la versión exculpatoria de los imputados. Dicho razonamiento supera el escrutinio casatorio.
Por las razones expuestas en los considerandos que anteceden, y habiendo constatado que la sentencia absolutoria dictada por el Juzgado Correccional de Tercera Nominación reúne los estándares de motivación constitucionalmente exigibles, la duda que expresa el Juez se encuentra fundada y la sentencia se ajusta a derecho, por lo cual el recurso de la querella particular debe ser rechazado. Ello no implica ninguna postura sobre los derechos sobre el inmueble que pueda resolverse en el fuero correspondiente o por otros medios de resolución de conflictos aplicables. ASI VOTO.
A la Segunda cuestión, el Dr. Martel dijo:
Comparto los fundamentos emitidos por la Sra. Ministra preopinante que deciden correctamente la presente cuestión y la solución arribada. En consecuencia, adhiero a su voto y me expido en igual sentido.
A la Segunda cuestión, la Dra. Saldaño, dijo:
La Dra. Rosales da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto y lo hago en idéntico sentido.
Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA,
1. Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por el Dr. Jorge Esteban Guatimalt en su carácter de representante de la querella particular constituida por las Sras. Paulina Trinidad Zurita y Érica Cecilia Zurita, en contra de la Sentencia nº 29 de fecha 16 de abril de 2026, dictada por el Juzgado Correccional de Tercera Nominación.
2. No hacer lugar al Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Jorge Esteban Guatimalt, confirmando la Sentencia N° 29/2026, dictada el 16 de abril de 2026 por el Juzgado Correccional de Tercera Nominación.
3. Tener presente la reserva del caso federal.
4. Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).
5. Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.
FIRMADO: Dra. María Fernanda Rosales Andreotti –Presidenta de la Sala Penal-, Dr. Néstor Hernán Martel y Dra. Rita Verónica Saldaño. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.
Fin de la sentencia