Abriendo la norma
Cámara Segunda Civil y Comercial de la Plata Sala II Integrada · Causa 121426
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se revoca la sentencia atacada y en consecuencia: 1) Se hace lugar a la demanda del interdicto de recobrar articulado por el señor Cerdá contra el señor Jonatan Rojas y/o contra cualquier otro ocupante que se encuentre en el lote sito en calle 155 entre 523 y 524, vereda de los números pares, identificado como Circ. III, Sección B, Chacra 89, Manzana 89 d, lote 7 de La Plata, restituyéndosele la posesión al actor en el plazo de diez días de quedar firme el pronunciamiento, bajo apercibimiento de lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública (art. 609, CPCC); 2) Si realizado el mandamiento de constatación surgiere que existen personas menores de edad en el mismo, previo a ejecutar la sentencia en instancia de origen, se dará intervención a la Asesoría de Menores e Incapaces de este Departamento Judicial a los fines que realice las peticiones que estime, teniendo presente que se trata de un proceso sumarísimo (art. 496, CPCC; fs. 32); 3) En caso que exista al menos una persona menor de edad, el plazo para el cumplimiento de la sentencia será de 20 días; 4) Las costas de ambas instancias se imponen al legitimado pasivo en su condición de vencido (arts. 577, 2383, 2758, 2790 CC; 68, 330, 354 inc. 1, 384, 456, CPCC).
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXIII Causa N° 121426; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº27 - LA PLATA CERDA JORGE DANIEL C/ OCUPANTES LOTE AV. 155 E/ 523 Y 524 S/INTERDICTO REG. SENT.: 40/2017 Sala II - FOLIO: 264 “En la ciudad de La Plata, a los 14 días del mes de Marzo de dos mil diecisiete, reunidos en acuerdo ordinario la señora Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctora Silvia Patricia Bermejo, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827), para dictar sentencia en la Causa 121426, caratulada: "CERDA JORGE DANIEL C/ OCUPANTES LOTE AV. 155 E/ 523 Y 524 S/INTERDICTO", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término la doctora BERMEJO. La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 82/84?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZ DOCTORA BERMEJO DIJO:
I. La sentencia de primera instancia rechazó el interdicto de recobrar articulado por el señor Jorge Daniel Cerda contra el señor Jonatan Rojas, por la ocupación del inmueble sito en calle 155, entre 523 y 524, de La Plata, difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad (fs. 82/84).
II. Contra tal forma de decidir, interpone recurso de apelación el actor (fs. 85), el que se fundó (fs. 88/89), sin obrar contestación de la contraria. Luego se llamó autos para sentencia (fs. 99).
III. Se agravia el apelante por la improcedencia de la acción intentada, ya que de la prueba rendida surgiría su calidad de propietario. Agrega que el hecho de que la desposesión haya sido pública no significa que no fuera violenta. Explica que una testigo afirmó que hubo amenazas y agrega que los ocupantes, al sacar el alambrado y poner una cerca de chapa sin autorización, tornaron violenta la desposesión. Aduna que no se habría tenido en cuenta que los demandados no se presentaron en autos, implicando esto el reconocimiento de los hechos relatados, al igual que tampoco el a quo ha valorado la documentación acompañada y la confesión ficta.
IV. Ya habiendo entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, desde el 1 de agosto del año 2015 –art. 7, ley 26.994, conf. art. 1 ley 27077-, habrá que aclarar si corresponde juzgar este litigio con el marco legal con el cual nació –el Código Civil anterior- o con el nuevo. Tal disquisición deberá disiparse desde lo dispuesto por el art. 7 de la ley ahora en vigor, el cual señala que “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo.”.
Como refiere Aida Kemelmajer de Carlucci, la regla es la irretroactividad de la ley (autora citada, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Editorial Rubinzal-Culzoni Editores, págs. 50 y 51). Aun cuando, como refiere la distinguida autora, no hay divergencias sustanciales en la regulación de los derechos reales en el ordenamiento actual con el anterior, en verdad, en este caso se trata del ejercicio de una acción referida a la protección de esos derechos. Así, con relación a las nuevas normas procesales, las mismas son de aplicación inmediata a los juicios en trámite, siempre sin privar de validez a los actos procesales cumplidos, ni dejarse sin efecto lo actuado de conformidad con las leyes anteriores (autora y ob. cit., Tomo I, pág. 110). Es decir, sin vulnerar al debido proceso legal (doct. esta Sala, causa 118.724, sent. del 27-8-2015, RSD 104/2015, entre muchas otras).
V. La sentencia de primera instancia sopesó los dichos del testigo Calgaro, quien explicó que los ocupantes entraron con una camioneta, sacaron el alambrado y estaban haciendo un galpón. De ello colige que actuaron en forma pública, sin intención de ocultar la desposesión, no usando medios para evitar la oposición de su contradictor. Concluyó de tal manera el a quo en rechazar la pretensión pues “…para la procedencia del interdicto en tratamiento la posesión y el despojo con violencia o clandestinidad deben aparecer en forma clara e indubitable, circunstancia que no se verifica en el "sub lite" a través de la magra prueba producida (arts. 384 y 456 CPCC)”. (fs. 82/ 84).
VI. Tanto el interdicto de retener como el de recobrar se conceden al poseedor actual o tenedor de bienes muebles o inmuebles, con el objeto de hacer cesar la turbación de la posesión o de la tenencia o para obtener la restitución de la posesión o tenencia del bien respectivamente (Morello, Augusto Mario, “Juicios Sumarios”, Tomo I. Interdictos. Desalojo, Librería Editora Platense, tercera edición, 1995, pág.18).
La finalidad de estas acciones consiste en evitar la justicia por mano propia y que de una forma expeditiva recupere el pretensor el corpus de la posesión que perdió por quien prima facie carece de derecho.
Cabe referir que emana de las actuaciones que al referido se le dio traslado de la pretensión y no contestó (fs. 38/39; art. 354 inc. 1, CPCC) y que notificado para absolver posiciones no compareció (fs. 71/72 y 73).
Como dijo la Corte de la Nación, “La falta de contestación de la demanda faculta al juez para dar por reconocidos los hechos establecidos en ella, facultad que es de pertinente ejercicio en tanto las constancias de los autos no desvirtúen las afirmaciones del actor” (CSJN, “Provincia de Chaco c/ Consorcio de Propietarios de Callao 322 al 28. El trébol, S.R.L. c/ Nación”, Fallos: 262:458). En cuanto a la incomparecencia a la audiencia de absolución de posiciones, en palabras de nuestra Suprema Corte, “La confesión ficta debe apreciarse en su correlación con el resto de las pruebas atendiendo a las circunstancias de la causa, pues de lo contrario se haría prevalecer la ficción sobre la realidad y la decisión podría alejarse de la verdad material, siendo potestad privativa de los jueces de grado ponderar sus efectos, a cuyos fines tienen un amplio margen de discrecionalidad” (SCBA, Ac 66897, sent. del 16-2-2000; AC 83598, sent. del 24-9-2003; Ac 88301, sent. del 8-9-2004). Sin embargo, en el caso de estos obrados, la prueba producida, la que ahora se mencionará, no se contradice con las consecuencias de la inactividad del contrario, tanto en la omisión de contestar demanda como en su ausencia a absolver posiciones (arts.
384, 415, 456, CPCC).
En la demanda, el señor Cerdá dijo que se percató de la ocupación de su propiedad en el mes de marzo del año 2014, cuando al regresar de sus vacaciones, concurrió a realizar las tareas habituales de mantenimiento y lo encontró ocupado por personas que no tenían su autorización y que habían colocado un portón con candado que le impedía el acceso. También observó que habían puesto unas chapas verdes y que habían empezado a construir con material (fs. 13/14 vta.).
Como ilustra el art. 608 del CPCC, para que proceda el interdicto de recobrar se requiere, entre otros recaudos, que quien lo intente hubiere tenido la posesión actual o la tenencia del bien (inc. 1, art. cit., CPCC). En síntesis, nadie puede exigir por la pérdida de una posesión que antes no se tenía.
Con respecto a este punto, es dable precisar que el accionante es titular registral del bien, por ser condómino, habiéndolo adquirido por compraventa pasada ante escritura pública en el año 1980 (fs. 2/7). También el testigo Calgaro da cuenta que el señor Cerdá iba a su terreno a cuidarlo, a cortar el pasto (ver fs. 64, respuesta a la segunda; arts. 384, 456, CPCC).
La circunstancia que sea un único testigo no menoscaba su fuerza de convicción. Como ha dicho nuestra Suprema Corte, “El sistema de apreciación regido por la sana crítica -esquema de persuasión racional- (arts. 384 y 456, C.P.C.), no le impide al juez fundar su pronunciamiento en un testigo único (SCBA, Ac 66561, sent. del 31-3-1998; Ac 87034, sent. del 24-8-2005; C 105241, sent. del 3-8-2011, entre muchas otras).
En definitiva, por lo expuesto, aprecio acreditado que, previo a los acontecimientos que originan este pleito, el actor se encontraba en la posesión de ese lote (arts. 384, 456, CPCC). El otro recaudo a abonarse para la viabilidad de la pretensión es que el legitimado activo hubiere sido despojado total o parcialmente del bien, con violencia o clandestinidad (inc. 2, art. 608 CPCC cit.).
El despojo o desposesión consiste en la exclusión absoluta del poseedor, en relación a todo o parte de la cosa. Acorde explica Mariani de Vidal, algunos autores, siguiendo al derecho francés, opinan que sólo hay despojo cuando la desposesión es violenta. Por el contrario, tomando como fuente el art. 2490 del Código Civil, otros consideran que existe despojo en todos los casos que hay desposesión, por cualquier medio: violencia, clandestinidad o abuso de confianza (Mariani de Vidal, Marina, “Curso de Derechos Reales”, tomo I, Víctor de Zavalía Editor, Buenos Aires, pág. 87; en este mismo sentido ver Salas, Acdeel y Trigo Represas, Félix, “Código Civil anotado”, Tomo 2, Editorial Depalma, 1979, pág. 643, comentario al art. 2492 del CC).
Por ello se ha dicho, por ejemplo, que media despojo cuando se han cortado los alambres que circundan la finca, no obstante la protesta de los ocupantes, aunque no se haya ejercido violencia física sobre éstos; o cuando la persona a la que se dio albergue clausura el lugar con candado (ver Salas, Acdeel y Trigo Represas, Félix, ob. cit., pág. 642).
Según consta en la declaración testimonial de la señora Susana Graciela Vargas, antes del despojo, los dos lotes -el de ella y el del actor, pues son vecinos- estaban alambrados y para acceder corrían una parte del mismo que estaba enganchado. Añadió que el día que entraron los desconocidos construyeron una casilla de chapa y que como no vivían allí dejaron a un albañil. Aclaró que luego hicieron una casa de material. Puntualizó que cuando llegaron esos ocupantes al terreno lo comenzaron a cerrar con chapas y media sombra (fs. 63 y vta.; arts. 384, 456, CPCC). A su vez, el señor Rubén José Calgaro dijo que quienes ingresaron sacaron el alambrado y pusieron una cerca de chapa (fs. 64; arts. 384, 456, CPCC). De los hechos descriptos surge que la posesión del lugar era del señor Cerdá, ejercida en su carácter de condómino, cuando fue desposeído por personas que luego, al realizar el mandamiento de constatación se identificó como Jonatan Rojas, quien no exhibió DNI (fs. 28 vta.).
En suma, si cuando el señor Cerdá llegó a su finca la encontró cercada y los ocupantes le impidieron el paso, cabe concluir que se lo ha despojado de su posesión. Y aunque ello se haya mantenido a la vista del público no le resta clandestinidad, respecto del momento de producirse ese ingreso en relación al dueño. Ello en tanto el propietario no supo ni estaba advertido que ese accionar iba a acontecer o podía suceder. El término clandestinidad debe interpretarse como que el ingreso se concreta a sabiendas de la falta de derecho en la ocupación, en contra de la voluntad del dueño o poseedor, franqueando el obstáculo que debe sortearse para el ingreso al bien. Como refiere el diccionario, cuando se menciona a la clandestinidad, se vincula a la calidad de clandestino, lo que se señala que es: “adj. Secreto, oculto, y especialmente hecho o dicho secretamente por temor a la ley o para eludirla...”
(http://dle.rae.es/?id=9OqKyBG). Esta es la forma en la cual han actuado quienes entraron al inmueble (arts. 384, 456, CPCC). Además, si se interpretara que para la viabilidad de la acción prevista en el art. 2490 del Código Civil se requiriese de violencia clara y extrema en las personas -como aprecio que entendió el a quo-, quedarían fuera de su aplicación los casos en los cuales el obrar de los ciudadanos no llegan a ese extremo. Incluso la violencia puede darse sobre las personas o sobre las cosas, lo que advierto que ocurrió en estas actuaciones, pues se ingresó por la puerta o tranquera que estaba cerrada y luego se cambió todo el perímetro del lugar (arts. 384, 415, 456, CPCC).
VII. Previo a concluir y en atención a que el señor Jonatan Rojas, al diligenciarse el mandamiento de constatación, le informó al Oficial de Justicia que en el referido bien vivía él con su esposa y su hijo (fs. 28 vta.), previo a ejecutar la decisión, de oficio, se deberá realizar un nuevo mandamiento a los fines de certificar si ese hijo es menor de edad y si viven otras personas menores de edad en el lugar. En caso afirmativo, se debió dar intervención a la señora Asesora de Menores e Incapaces para que pueda peticionar en su representación si así lo considerase (conf. art. 103, CCCN). Los niños, niñas y adolescentes reciben reconocimiento y protección especial tanto en la Constitución de la Nación (artículo 75 inc. 23, C.N.), como en la de nuestra Provincia (artículo 36 inc. 2, Const. Prov.), al igual que en Tratados internacionales (v.gr. Convención sobre los Derechos del Niño, entre muchos otros). Así, existiendo tal posibilidad y en consideración a que el presente litigio se referiría a la vivienda en la que habitan, entiendo que aun cuando la pretensión prospere en cuanto a los derechos que aquí se debaten y dentro de lo que resulta la discrecionalidad judicial, deberán tomarse las medidas preventivas referidas (arts. 706 y conc., CCCN). En razón que las decisiones que se dicten en un proceso en que están involucrados niños, niñas o adolescentes, debe tener en cuenta el superior interés de esas personas (art. 706 inc. “c”, CCCN), el que deviene de aplicación inmediata (SCBA C. 119.424, "B., M. y otros. Filiación", sent. del 6-IV-2016) y que, no obstante que esa norma está incluida en el Título VIII, del Libro Segundo, del nuevo Código Civil y Comercial –es decir, los procesos de familia-, se refiere en general a los litigios en los que se hayan involucrados sus intereses, merece puntualizarse lo presente (esta Sala, causa 120836, sent. del 9-3-2017, RSD 35/17).
Ese mismo grupo de personas son beneficiarios de las Reglas de Brasilia, al referenciarse como personas en situación de vulnerabilidad, la cual puede estar provocada, entre otras razones, por la edad (artículo 5 de las Reglas referidas). Así, en el segundo párrafo de esa regla se aclaró que “Todo niño, niña y adolescente debe ser objeto de una especial tutela por parte de los órganos del sistema de justicia en consideración a su desarrollo evolutivo”. Teniendo en cuenta ese especial contexto, y para el supuesto que haya personas menores de edad en la vivienda cuya restitución se persigue por el interdicto, entiendo que en tal caso y aun cuando la pretensión prospere en cuanto a los derechos que aquí se debaten y dentro de lo que resulta la discrecionalidad judicial, aprecio que el plazo para el cumplimiento coactivo de la sentencia debiera modificarse de diez días a veinte días (conf. esta Sala, causa 115.325, sent. del 11-9-2014, RSD 125/14).
Tal como se lee de la Exposición de Motivos de las Reglas de Brasilia “El sistema judicial se debe configurar, y se está configurando, como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad. Poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de dicho derecho. Si bien la dificultad de garantizar la eficacia de los derechos afecta con carácter general a todos los ámbitos de la política pública, es aún mayor cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad dado que éstas encuentran obstáculos mayores para su ejercicio. Por ello, se deberá llevar a cabo una actuación más intensa para vencer, eliminar o mitigar dichas limitaciones. De esta manera, el propio sistema de justicia puede contribuir de forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión social.”. Es así que en el Capítulo I, Sección primera, segundo párrafo del segundo apartado dice que “…Los servidores y operadores del sistema de justicia otorgarán a las personas en condición de vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias singulares”.
La misma Corte de la Nación consideró prudente adherir a las Reglas de Brasilia cuando ella fuera procedente, como guía de los asuntos a los que se refiere (CSJN, Acordada 5/2009, del 24-II- 2009). Y es desde esta perspectiva que, como expuse, de ser compartido por mi colega de Sala, y de tratarse de niños que deberán dejar su vivienda, entiendo que el plazo debiera ampliarse al que ahora se propone (arg. arts. 14 bis, 18, 75 inc. 23, C.N.; 36 inc. 6, Const. Prov. y conc.).
VIII. En tal entendimiento, he de propiciar receptar al recurso, revocar la sentencia atacada y: 1) Hacer lugar a la demanda del interdicto de recobrar articulado por el señor Cerdá contra el señor Jonatan Rojas y/o contra cualquier otro ocupante que se encuentre en el lote sito en calle 155 entre 523 y 524, vereda de los números pares, identificado como Circ. III, Sección B, Chacra 89, Manzana 89 d, lote 7 de La Plata, debiendo serle restituida la posesión al actor en el plazo de diez días de quedar firme el pronunciamiento, bajo apercibimiento de lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública (art. 609, CPCC); 2) Si realizado el mandamiento de constatación surgiere que existen personas menores de edad en el mismo, previo a ejecutar la sentencia, postulo dar intervención a la Asesoría de Menores e Incapaces de este Departamento Judicial a los fines que realice las peticiones que estime corresponder teniendo presente que se trata de un proceso sumarísimo (art. 496, CPCC; fs. 32); 3) En caso que exista al menos una persona menor de edad, postulo que el plazo para el cumplimiento de la sentencia se extienda al de 20 días; 4) Las costas de ambas instancias sean al legitimado pasivo en su condición de vencido (arts. 577, 2383, 2758, 2790 CC; 68, 330, 354 inc. 1, 384, 456, CPCC).
Voto, por la NEGATIVA.
El Señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZ DOCTORA BERMEJO DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde revocar la sentencia atacada y en consecuencia: 1) hacer lugar a la demanda del interdicto de recobrar articulado por el señor Cerdá contra el señor Jonatan Rojas y/o contra cualquier otro ocupante que se encuentre en el lote sito en calle 155 entre 523 y 524, vereda de los números pares, identificado como Circ. III, Sección B, Chacra 89, Manzana 89 d, lote 7 de La Plata, debiendo serle restituida la posesión al actor en el plazo de diez días de quedar firme el pronunciamiento, bajo apercibimiento de lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública (art. 609, CPCC); 2) Si realizado el mandamiento de constatación surgiere que existen personas menores de edad en el mismo, previo a ejecutar la sentencia en instancia de origen, corresponde dar intervención a la Asesoría de Menores e Incapaces de este Departamento Judicial a los fines que realice las peticiones que estime, teniendo presente que se trata de un proceso sumarísimo (art. 496, CPCC; fs. 32); 3) En caso que exista al menos una persona menor de edad, postulo que el plazo para el cumplimiento de la sentencia se extienda al de 20 días; 4) Las costas de ambas instancias corresponde sean impuestas al legitimado pasivo en su condición de vencido (arts. 577, 2383, 2758, 2790 CC; 68, 330, 354 inc. 1, 384, 456, CPCC).
ASI LO VOTO.
El Señor Presidente doctor HANKOVITS por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
- - - - - - - - -- - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - -
POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se revoca la sentencia atacada y en consecuencia: 1) Se hace lugar a la demanda del interdicto de recobrar articulado por el señor Cerdá contra el señor Jonatan Rojas y/o contra cualquier otro ocupante que se encuentre en el lote sito en calle 155 entre 523 y 524, vereda de los números pares, identificado como Circ. III, Sección B, Chacra 89, Manzana 89 d, lote 7 de La Plata, restituyéndosele la posesión al actor en el plazo de diez días de quedar firme el pronunciamiento, bajo apercibimiento de lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública (art. 609, CPCC); 2) Si realizado el mandamiento de constatación surgiere que existen personas menores de edad en el mismo, previo a ejecutar la sentencia en instancia de origen, se dará intervención a la Asesoría de Menores e Incapaces de este Departamento Judicial a los fines que realice las peticiones que estime, teniendo presente que se trata de un proceso sumarísimo (art. 496, CPCC; fs. 32); 3) En caso que exista al menos una persona menor de edad, el plazo para el cumplimiento de la sentencia será de 20 días; 4) Las costas de ambas instancias se imponen al legitimado pasivo en su condición de vencido (arts. 577, 2383, 2758, 2790 CC; 68, 330, 354 inc. 1, 384, 456, CPCC). REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE. FIRMADO: Dr. Francisco Agustín Hankovits. Presidente. Dra. Silvia Patricia Bermejo. Juez de Cámara. Ante mi: Dr. Luis Alberto Maimone. Secretario.”
Fin de la sentencia