Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 1 de Mar del Plata · Causa 74989
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar la inconstitucionalidad del art. 11 inc. 2 de la Ley 27.348 y la inconstitucionalidad sobreviniente del Art. 7 de la Ley 23.928, texto según Ley 25.561, para el caso concreto.
II. Rechazar las inconstitucionalidades tratadas en la primera cuestión de la presente y declarar competente este Tribunal para resolver la presente causa.
III. Declarar abstracto expedirse sobre las restantes inconstitucionalidades planteadas.
IV. Por los fundamentos legales expuestos hacer lugar a la demanda incoada por MARIANO JAVIER CERDÁ (DNI 23.215.894) , condenando al FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES , en su carácter de empleador autoasegurado, a pagarle al actor la suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 14/100 ($ 2.659.935,14) , en concepto de indemnización por Incapacidad Laboral Permanente Parcial y Definitiva (ILPPD) del ONCE CON SEIS POR CIENTO (11,6%) , de acuerdo a lo normado en el art. 14 apartado 2 inc. a) de la Ley 24.557 y art. 3 de la Ley 26.773, conforme lo considerado al tratar la cuestión anterior.
V. Imponer las costas al demandado FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (arts. 24, 89 y ccds. Ley 15.057 y art. 68 C.Pr.).
VI. Imponer actualización de capital e intereses al demandado FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES , los que se determinan, actualizando el capital nominal de la sentencia según índice RIPTE desde la fecha de la PMI de autos hasta la fecha del presente acuerdo; y a su monto resultante se …
CERDÁ MARIANO JAVIER C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ ENFERMEDAD PROFESIONAL 74989
En la ciudad de Mar del Plata, a la fecha de firma digital del presente, se reúne en Acuerdo ordinario el Tribunal del Trabajo N° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata a fin de dictar SENTENCIA en los autos caratulados: " CERDÁ MARIANO JAVIER C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ ENFERMEDAD PROFESIONAL " (EXPTE. N° 74.989). Se observa para la votación de los Señores Jueces el orden establecido en el sorteo practicado, arrojando el siguiente resultado definitivo: Dres. ESCOBAR-MEREB-CORDERO . De inmediato el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones, luego de desarrollar los siguientes:
Con fecha 01/03/2024, se presenta JUAN IGNACIO BLASCONE, en representación de CERDÁ MARIANO JAVIER (DNI 23.215.894) , promoviendo demanda contra FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES , en su carácter de empleador autoasegurado, persiguiendo el reconocimiento del carácter profesional de la enfermedad que denuncia y el otorgamiento de las prestaciones correspondientes, reclamando la suma de PESOS CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 5.736.185,68) , y/o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse, con más intereses y costas. Solicita asimismo la nulidad absoluta de la disposición dictada el 24/10/2023 por el Titular del Servicio de Homologación de la Comisión Médica N° 12 de Mar del Plata, que determinó el carácter NO PROFESIONAL de la enfermedad denunciada, identificada como várices primitivas bilaterales, con primera manifestación invalidante el 28/12/2022.
Relata que el actor se desempeña como policía de la Provincia de Buenos Aires desde marzo del año 2000, habiendo tenido como primer destino el Escuadrón Ciclista de la ciudad de Mar del Plata, donde realizaba tareas de guardia y seguridad bajo un régimen de doce horas de servicio por treinta y seis horas de descanso. Explica que prestaba tareas en la zona céntrica, cubriendo la Peatonal y el perímetro comprendido entre la costa, las avenidas Luro, Independencia y Colón y que, si bien se le proveía una bicicleta para desplazarse, durante la mayor parte de la jornada efectuaba recorridas de prevención a pie dentro de un radio limitado y permanecía en paradas fijas en esquinas comerciales asignadas.
Refiere que, simultáneamente al servicio ordinario, realizaba horas de Compensación de Recargo de Servicio -CO.RE.S.- y de Policía Adicional -POL.AD.-, cumpliendo tareas de vigilancia y custodia en casinos, registro automotor, ferrocarril, estadios deportivos y otras instituciones. Señala que los recargos CO.RE.S. eran obligatorios, se cumplían después del servicio ordinario durante ocho a doce horas continuas y exigían permanecer disponible en estado de bipedestación constante, sin posibilidad de rechazarlos bajo apercibimiento de sanción, dando lugar a jornadas superiores a veinticuatro horas continuas.
Describe que era requerido hasta tres veces por mes para los denominados servicios de canchas en el Estadio José María Minella, donde debía permanecer de pie en los sectores de ingreso y egreso, efectuando requisas y controles desde antes del comienzo de los eventos hasta después de su finalización, durante un mínimo de ocho a diez horas. Agrega que debía portar el equipo reglamentario completo, compuesto por arma, cargadores, esposas, chaleco, correaje y borcegos, con un peso total de diez a doce kilogramos.
Explica que los servicios POL.AD. consistían en guardias de consigna fija, efectuadas por necesidad económica en turnos de seis a ocho horas diarias, permaneciendo de pie y con el uniforme reglamentario. Señala que cumplió tales funciones en el Casino Central, custodiando el ingreso y egreso de personas; en el Ferrocarril Argentina, recorriendo los vagones para evitar actos de vandalismo; y en el Registro Automotor N° 3, ubicado en Hipólito Yrigoyen y Garay, realizando vigilancia y custodia de la dependencia, siempre con el equipo de seguridad completo.
Refiere que hacia el año 2011 fue trasladado a la Comisaría Segunda de Mar del Plata, manteniendo el régimen de doce horas de servicio por treinta y seis de descanso. Indica que realizaba operativos de intercepción vehicular junto con personal de tránsito, requiriendo documentación e inspeccionando remises y taxis en una parada fija ubicada en Castelli y avenida Independencia, permaneciendo de pie durante seis a ocho horas, en horario nocturno de 22:00 a 06:00 horas. Agrega que durante los períodos de descanso continuaba realizando servicios CO.RE.S. en el Estadio Minella y en el ingreso al Museo MAR, en turnos de seis a ocho horas, como así también tareas de vigilancia y guardia ante manifestaciones en el Palacio Municipal.
Señala que desde el año 2017 comenzó a prestar tareas en la Estación Comunal de Policía Pehuajó, de lunes a sábados de 9:00 a 17:00 horas, realizando seguridad de objetivos fijos, guardias y rondines en la zona céntrica y bancaria. Expone que adicionalmente cumplía servicios durante los fines de semana en establecimientos bailables, controlando el ingreso y egreso de personas durante un mínimo de ocho horas, en estado de bipedestación restringida. Refiere que los operativos y servicios tenían una duración mínima de seis a ocho horas, con una frecuencia de ocho a doce servicios mensuales y que, sumados al servicio ordinario, implicaban permanecer en dicha posición durante un mínimo de dieciocho horas por día de servicio, equivalentes a cincuenta y cuatro horas semanales. Sostiene asimismo que, computando la totalidad de los servicios ordinarios y adicionales, debía cumplir más de ochenta horas semanales en esas condiciones.
Relata que en el año 2020, en el contexto epidemiológico, fue destinado al Vacunatorio Club Estación Chapadmalal, bajo un régimen de veinticuatro horas de servicio por cuarenta y ocho horas de descanso. Explica que debía recibir a las personas, organizar las filas, vigilar la dependencia y realizar guardia en la entrada principal. Agrega que desde el año 2021 presta tareas en el Predio Judicial de Secuestros dependiente de la Comisaría N° 12, ubicado en Tres Arroyos y Rawson de Mar del Plata, donde realizó trabajos de acondicionamiento, cercado, excavación y movilización de cubiertas y tiene a su cargo la custodia de los vehículos retenidos y el control de su movimiento dentro del establecimiento, permaneciendo de pie y en constante estado de alerta durante la jornada.
Describe que las tareas desarrolladas exigían permanecer en bipedestación estática o restringida durante jornadas prolongadas, con escaso desplazamiento y portación permanente de cargas. Agrega que el chaleco antibalas provisto no se adecuaba a su contextura física y que su peso, sumado al del restante equipo reglamentario, afectaba la circulación sanguínea de los miembros inferiores. Sostiene que tales condiciones lo expusieron al agente de riesgo denominado aumento de la presión venosa en miembros inferiores.
Manifiesta que ingresó a trabajar en perfecto estado de salud y que, ante el cansancio constante en las piernas y la aparición de várices, consultó a un flebólogo por intermedio de su obra social, quien indicó la realización de un ecodoppler venoso de miembros inferiores, practicado el 12/02/2021. Denuncia la persistencia de pesadez, cansancio, calambres y edemas y atribuye a las condiciones de prestación laboral la aparición de várices primitivas bilaterales. Acompaña asimismo un informe médico de parte que describe várices en el miembro inferior derecho, con trayectos venosos dilatados y claudicación para la marcha, refiere insuficiencia valvular severa de la unión safenofemoral y de la vena safena magna derechas y estima una incapacidad del 8%.
Relata que, como consecuencia de ello, el 27/12/2022 denunció la enfermedad profesional mediante telegrama dirigido a PROVINCIA ART S.A. , dentro del régimen de autoseguro provincial, quedando registrado el siniestro N° 05533774/001/00. Expone que el 24/01/2023 se rechazó la contingencia por considerar que no se encontraba expuesto al riesgo de aumento de la presión venosa en miembros inferiores según el listado de enfermedades profesionales.
Refiere que posteriormente promovió actuación ante la Comisión Médica N° 12 de Mar del Plata, dando origen al expediente administrativo SRT N° 199395/23. Señala que el 21/06/2023 el Área de Secretarios Técnicos Letrados emitió informe jurídico dando curso al procedimiento y que el 30/08/2023 fue examinado por la doctora Susana Andrea Valente, matrícula provincial 94.382, consignándose como diagnóstico insuficiencia venosa de miembros inferiores. Expone que la Comisión Médica concluyó que la enfermedad revestía carácter inculpable, por considerar que la actividad laboral no generaba exposición al agente de riesgo vinculable con la dolencia, estimando procedente el rechazo y sugiriendo canalizar la atención mediante la obra social, hospital público o profesional de su elección. Agrega que dicha conclusión dio lugar a la disposición del 24/10/2023 cuya nulidad solicita.
Sostiene que la afección denunciada guarda relación causal con las tareas desempeñadas durante su carrera, por encontrarse sometido a extensas jornadas de trabajo, bipedestación estática o restringida, escasa movilidad y portación de cargas. Invoca al respecto el Decreto 49/2014 y señala que la actividad desarrollada reunía las condiciones de bipedestación con deambulación restringida allí contempladas, consistentes en desplazarse menos de cien metros por hora durante, por lo menos, tres horas seguidas de la jornada habitual.
Sobre tales fundamentos solicita que se declare el carácter profesional de la dolencia y se determine la incapacidad y correspondiente indemnización. Atribuye responsabilidad a la accionada en su carácter de empleadora autoasegurada, fundando asimismo su pretensión en el incumplimiento de los deberes de prevención, seguridad y control. Sostiene que no se implementaron programas anuales de prevención conforme la Resolución SRT 771/2013, ni las recomendaciones ergonómicas de la Resolución 295/2003, ni los exámenes periódicos exigidos por la Resolución SRT 37/2010. Denuncia asimismo deficiencias de equipamiento, elementos de protección, entrenamiento y capacitación y refiere que tampoco se cumplió la previsión del art. 64 inc. d) de la Ley 13.982 relativa a los exámenes médicos periódicos. Invoca el precedente "Torrillo" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sostiene que las condiciones del servicio y la ausencia de prevención constituyeron causas directas e inmediatas de la enfermedad, negando predisposición o concausalidad.
En cuanto a la incapacidad, denuncia con carácter estimativo una minusvalía física del 8% por várices primitivas bilaterales, conforme la Tabla de Evaluación de Incapacidades del Decreto 659/96, adicionando factores de ponderación por tipo de actividad laboral alta -20%-, necesidad de recalificación -10%- y edad -2%-. Aplica la sumatoria del 32% sobre la incapacidad física, obteniendo un incremento de 2,56% y arribando a una incapacidad laboral parcial y permanente del 10,56% de la total obrera.
A los fines de la liquidación consigna como primera manifestación invalidante el 28/12/2022, considera una edad de 49 años y utiliza un coeficiente de 1,32. Computa remuneraciones ajustadas por $ 3.551.257,83 durante 365 días, un ingreso base diario de $ 9.729,47 y un IBM de $ 295.775,99, al que adiciona $ 351.259,70 en concepto de intereses, obteniendo un IBM con intereses de $ 647.035,69. Aplicando la fórmula del art. 14 apartado 2 inc. a) de la Ley 24.557 cuantifica la prestación en $ 4.780.154,74 y adiciona el 20% previsto por el art. 3 de la Ley 26.773 por $ 956.030,94, arribando al total reclamado de PESOS CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 5.736.185,68) . Solicita la aplicación de la variación RIPTE conforme el art. 12 LRT y su modificación por Decreto 669/2019 y contempla asimismo la actualización de los pisos legales y prestaciones de pago único.
Solicita una revisión judicial amplia y plena en los términos del art. 2 inc. j) de la Ley 15.057, que comprenda tanto el carácter profesional de la enfermedad como la determinación del grado de incapacidad y las prestaciones dinerarias correspondientes. Invoca el precedente "Ángel Estrada y Cía. S.A." de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sostiene que el control judicial suficiente impide reenviar la controversia a sede administrativa una vez agotada aquella instancia.
Plantea eventualmente la inconstitucionalidad del art. 6 de la Ley 24.557, para el supuesto de interpretarse que reserva a las Comisiones Médicas la determinación del carácter profesional de las enfermedades no listadas o restringe las facultades revisoras de los jueces. Extiende el cuestionamiento a una interpretación de su apartado 2 inc. b) que prive de reparación a enfermedades vinculadas causalmente con el trabajo por la existencia de otros factores concurrentes. Invoca los precedentes de la Suprema Corte provincial "Enríquez", "Butrón", "Gómez" y "Cuevas".
Ofrece prueba documental, documentación en poder de la demandada, informativa, pericial contable, médica, en seguridad e higiene y testimonial. Entre la documental acompaña carta poder, copia del DNI del actor, ecodoppler de miembros inferiores de fecha 12/02/2021, expediente administrativo SRT N° 199395/23, recibos de haberes e informe pericial de parte. Solicita que se intime a la demandada a acompañar los recibos correspondientes al año anterior a la primera manifestación invalidante, los exámenes preocupacional y periódicos y el legajo de tratamiento del siniestro, bajo apercibimiento del art. 386 C.P.C.C.
Requiere que la pericia contable determine fecha de ingreso, jornada, funciones, remuneraciones y valor mensual del ingreso base, incluyendo los conceptos que constituyan remuneración o ganancia conforme el Convenio 95 de la OIT, con aplicación del índice RIPTE y del art. 12 inc. 2 LRT, solicitando la capitalización a la fecha de interposición de la demanda conforme el art. 770 CCyCN. Solicita que la pericia médica determine el estado de salud, las limitaciones funcionales, su vinculación con las tareas y la incapacidad, utilizando el Baremo del Decreto 659/96 como guía e incorporando los factores de ponderación. Requiere asimismo que el perito en seguridad e higiene examine la exposición al agente de riesgo y el cumplimiento de las obligaciones preventivas. Ofrece informativa a AFIP, Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Instituto Radiológico, Provincia ART y SRT y propone prueba testimonial.
Solicita la aplicación de intereses desde que la deuda se tornó exigible hasta su cumplimiento, conforme la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires para depósitos a treinta días mediante el sistema Banca Internet Provincia y, para el supuesto de incumplimiento una vez firme el pronunciamiento, la tasa activa de dicha entidad para operaciones de descuento comercial a treinta días. Peticiona el beneficio de justicia gratuita y, finalmente, que oportunamente se haga lugar a la acción en todas sus partes, con intereses, costos y costas.
Corrido el traslado de ley, con fecha 20/05/2024 se presenta la doctora ALDANA AGUILAR, en representación del FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES , acreditando personería mediante poder general para juicios sustituido por el señor Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires, y contesta demanda solicitando su íntegro rechazo, con costas.
Niega todos y cada uno de los hechos expuestos en la demanda que no sean objeto de expreso reconocimiento y desconoce la documentación acompañada que no revista carácter de instrumento público. Se opone asimismo a la incorporación de nueva documentación que hubiera sido conocida por la parte actora al momento de promover la acción. En particular, niega que su representado adeude suma alguna al actor; que las tareas desarrolladas hubieran ocasionado incapacidad o secuelas resarcibles; que hubieran perjudicado su salud y provocado la aparición de várices bilaterales primitivas; que padezca una incapacidad igual o superior al 10,56% de la total obrera; que el ingreso base ascienda a $ 647.035,69; que corresponda indemnizar daños en forma autónoma; que proceda aplicar intereses desde la fecha del siniestro o primera manifestación invalidante; y que las lesiones denunciadas sean consecuencia del incumplimiento de deberes de prevención por parte de su mandante.
Al exponer los antecedentes fácticos y administrativos señala que el actor inició el 04/05/2023 el expediente administrativo SRT N° 199395/23, motivado en el rechazo de la contingencia denunciada. Refiere que el trabajador atribuyó las várices de miembros inferiores a sus tareas como policía, con veintidós años de antigüedad, que realizó estudios mediante su obra social y que la denuncia fue rechazada por carta documento del 24/01/2023 por falta de exposición al riesgo.
Describe el examen físico practicado en sede administrativa. Respecto del miembro inferior derecho, menciona várices en territorio de safena interna, golfo venoso en cara interna y posterior, várice arrosariada en cara posterior de la pierna y pigmentación ocre en placas, sin telangiectasias, varículas ni várices en territorio de safena externa. En cuanto al miembro inferior izquierdo, consigna telangiectasias y várices en territorio de safena externa e interna, sin varículas ni pigmentación ocre. Señala que en ambos miembros se registró ausencia de edema, trastornos tróficos, proceso flogótico, úlceras activas, cicatrices de úlceras, manguito esclerorretráctil y fibroedema en bota.
Expone que la Comisión Médica concluyó que la enfermedad revestía carácter inculpable, al considerar que la actividad laboral desarrollada no generaba exposición al agente de riesgo vinculable con la dolencia, estimando procedente el rechazo y sugiriendo canalizar la atención médica mediante la obra social, hospital público o profesional de elección. Agrega que el 24/10/2023 se dictó la disposición DIAPA-2023-6443-APN-SHC12#SRT, que determinó el carácter NO PROFESIONAL de la enfermedad denunciada, con primera manifestación invalidante el 28/12/2022, relacionada por el trabajador con las tareas prestadas para el MINISTERIO DE SEGURIDAD -SEGURIDAD PROVINCIAL, encontrándose autoasegurada la Provincia de Buenos Aires. Sostiene que dicha disposición fue debidamente notificada al actor.
Sostiene que los agravios dirigidos contra el dictamen de la Comisión Médica carecen de fundamentación suficiente y constituyen discrepancias subjetivas con lo decidido. Afirma que no existe nexo causal entre la enfermedad alegada y las tareas prestadas y que tampoco surge acreditada incapacidad alguna.
Afirma que corresponde al actor acreditar tanto la existencia de una incapacidad laboral como su vinculación causal con la enfermedad denunciada y que su determinación debe efectuarse obligatoriamente conforme el Baremo Nacional aprobado por Decreto 659/96 y el art. 9 de la Ley 26.773. Señala que el ingreso al trabajo en buen estado de salud no resulta por sí mismo demostrativo de la incidencia laboral en el origen o desarrollo de una dolencia, invocando los precedentes de la Suprema Corte provincial "Pérez Bautista José" y "Mendoza Juan José".
Desarrolla consideraciones médicas y bibliográficas relativas a la etiología y frecuencia de las várices, destacando su elevada prevalencia en la población general y la incidencia del sobrepeso, obesidad, edad, factores ambientales, alimentación, sedentarismo, estreñimiento y hábitos de vida. Menciona asimismo factores familiares y congénitos y afirma que en el 90% de los casos se encuentra un déficit valvular congénito e historia familiar. En ese marco, sostiene que la enfermedad denunciada resulta ajena al trabajo por no reunirse las circunstancias necesarias para admitir su carácter profesional.
Invoca la aplicación obligatoria del Decreto 659/96 y del art. 9 de la Ley 26.773, destacando la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Ledesma Diego" y "Seva Franco Gabriel" y de la Suprema Corte provincial en "Agosto Guillermo", causa L. 121.391, sentencia del 19/02/2020.
Impugna la liquidación practicada por el actor. Sostiene que una eventual indemnización debe determinarse conforme la legislación vigente al momento del siniestro, tomando los recibos de haberes correspondientes al año anterior y los conceptos salariales comprendidos. Cuestiona el ingreso base y el porcentaje de incapacidad utilizados y afirma que el reclamo carece de fundamento fáctico y jurídico. En este apartado del escrito menciona un porcentaje incapacitante del 46%. Invoca los precedentes "Espósito" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y "Staroni", "Godon" y "Corbalán Nadia" de la Suprema Corte provincial.
Respecto del índice RIPTE, sostiene que el IBM debe actualizarse mediante las variaciones intermensuales hasta la fecha del siniestro y que, desde entonces, corresponde aplicar los intereses que determine el Tribunal. Invoca la Resolución SSN 1039/2019, reglamentaria del Decreto 669/19, y sostiene que la tasa RIPTE debe calcularse mediante la suma simple de las variaciones porcentuales mensuales y no mediante un coeficiente obtenido de la división de índices. Cita en sustento de esa interpretación el precedente "Angulo, Diego Enrique c/ Provincia ART S.A." de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Al desarrollar la cuestión relativa al inicio del cómputo de intereses, sostiene que deben calcularse desde la fecha del infortunio, invocando el precedente "Aiello Roberto" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y "Petrucci, Mariano Daniel c/ Provincia ART S.A." de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Reitera que la determinación del capital debe regirse por la legislación vigente al momento del siniestro, citando el precedente "Scalercio Adriano Ismael c/ Provincia ART S.A.".
Plantea la inconstitucionalidad del art. 11 de la Ley 27.348 y, a todo evento, del art. 1 del Decreto 669/19. Sostiene que los mecanismos de actualización allí previstos vulneran la prohibición de indexar, el principio de razonabilidad y el derecho de propiedad, en contradicción con los arts. 7 y 10 de la Ley 23.928, modificados por el art. 4 de la Ley 25.561. Invoca los precedentes "Fabiano" de la Suprema Corte provincial y "Mazzolo" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Expone que la combinación de los distintos apartados del art. 12 LRT podría producir una triple repotenciación del crédito y una cuarta si se adicionara la tasa BIP. Cuestiona asimismo la capitalización prevista para el supuesto de mora y la posterior aplicación de la tasa activa del Banco Nación, por considerarlas contrarias a la doctrina legal provincial. Sostiene que la comparación con la variación del índice de precios al consumidor evidencia la irrazonabilidad de los resultados y solicita que, de prosperar el planteo, se determine el IBM sin incidencia del RIPTE, adicionando los intereses que correspondan conforme la doctrina legal vigente.
Solicita la aplicación del límite de responsabilidad por costas previsto por el art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación, invocando la doctrina de la Suprema Corte provincial en "Acosta", "Cano", "Romero", "Ortellado" y "Conforti" y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Latino", "Abdumarran", "Brambilla" y "Villalba".
En materia de intereses, sostiene que corresponde aplicar la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires, tanto respecto del capital como de los honorarios y aportes previsionales. Invoca la doctrina legal de la Suprema Corte provincial emanada de los precedentes "Ubertalli", "Trofe", "Cabrera", "Vera", "Mascali", "Isla" y "Fuentes Benítez" y sostiene que debe preservarse el criterio de reemplazo de la tasa activa por la tasa pasiva más alta que paga dicha entidad.
Ofrece prueba informativa y solicita librar oficio al MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES para que remita el expediente administrativo EX-2024-15982318- -GDEBA-FDE. Reitera que la carga de acreditar las circunstancias alegadas pesa sobre la parte actora conforme el art. 375 C.P.C.C. y que la prueba debe resultar conducente para demostrar el desacierto atribuido a la Comisión Médica.
Manifiesta desinterés en la prueba pericial médica y solicita que, en caso de designarse un experto, intervenga un profesional de la Asesoría Pericial de Tribunales conforme el art. 24 del Acuerdo 1793/78. Requiere que, antes de emitir dictamen, tenga a la vista los expedientes y el legajo personal del trabajador, deslinde enfermedades preexistentes o ajenas al ámbito laboral y ajuste su evaluación a los Decretos 659/96 y 49/2014. Sostiene que únicamente resultan indemnizables las secuelas derivadas de una contingencia laboral y dentro de los términos de la Ley 24.557.
Se opone a la producción de la prueba pericial en seguridad e higiene por considerarla improcedente y solicita que, si el Tribunal dispusiera su realización, sea a exclusivo cargo del actor.
Finalmente, respecto de la prueba pericial contable, se opone a su producción por considerarla innecesaria, sosteniendo que la situación de revista, las remuneraciones y el cálculo del salario diario pueden determinarse mediante operaciones a cargo del actuario. Afirma que las presunciones establecidas por la Ley de Contrato de Trabajo no resultan aplicables al Fisco de la Provincia de Buenos Aires, en virtud de lo dispuesto por el art. 2 inc. a) LCT, y que tampoco resultan aplicables las presunciones derivadas de los arts. 55 LCT y 39 de la Ley 11.653, ni exigibles los certificados del art. 80 LCT. Agrega que las obligaciones relativas a libros contables vinculadas con la Ley 10.620 no alcanzan al Fisco, cuyas constancias se rigen por la legislación administrativa. Solicita, en definitiva, que se tenga por contestada la demanda, por ofrecida la prueba y que oportunamente se rechace íntegramente la acción promovida contra su representado.
En tales términos queda trabada la litis
El 27/05/2024 la actora contesta traslado en los términos del art. 34 Ley 15.057.-
Por resolución del 05/06/2024 es dictado el auto de apertura a prueba, proveyéndose la ofrecida por las partes.-
Proveídas oportunamente las pruebas ofrecidas, producidas las mismas y realizados los alegatos por escrito, quedan las actuaciones en estado de dictar sentencia.
PRIMERA : ¿Es procedente la demanda instaurada?
SEGUNDA : ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION el Sr. Juez Dr. Escobar dijo:
Desde ya adelanto para esta cuestión y las restantes a fin de no ser reiterativo, que el Juez no está obligado a ponderar una por una y exhaustivamente todas las argumentaciones y pruebas agregadas a la causa, sino solo aquellas que estimare conducentes para fundar sus conclusiones, ni analizar todas las cuestiones y argumentos utilizados que - a su juicio- no sean decisivos (CSJN, 29/4/1970, LL. 139-617; 27/8/1971, LL 144-611, citas jurisprudenciales en Morello, Augusto Mario, Código Procesal Civil y Comercial, T.II-C, pág. 68 punto 2, Edit. Abeledo Perrot, art. 386 última parte CPC; C.N.A.T., " Bazaras, Noemí c/ Kolynos" S.D. 32. 313 del 29/6/1999 y C.N.A.T del 30/4/2008 " Correa / Niro Construcciones S.A. y otros", T.T. nro. 3 MDP del 12/5/2010 " Arendt, Matías c/ Asociación Mutual Empleados de Casino y otros s/ Accidente", " MATTIA, Cesar Gerardo c/ Servicio Penitenciario Bonaerense s/ Accidente de Trabajo ", Expte 66.258 y · TOLEDO, Ramón Alberto c/ MAPFRE Argentina ART SA s/Accidente de trabajo "Exp. 58.306, los dos últimos de este Tribunal Trabajo nro. 1.-
Sentados los antecedentes de la causa a los fines de resolver la presente cuestión se agregaron las siguientes pruebas.
1. DOCUMENTAL : adjuntada digitalmente a la demanda.
2. INFORMATIVA :
Oficio AFIP : agregado electrónicamente con fecha 26/06/2024, quien informa: En razón de lo solicitado en el oficio en trato, se adjunta la información que ha surgido de la consulta efectuada a las bases de datos del Organismo para la persona y los extremos requeridos.
Se adjunta consulta correspondiente a CERDÁ MARIANO JAVIER (CUIL 20-23215894-9) , de la cual surgen sus datos registrados en relación de dependencia, con individualización de los distintos empleadores, períodos y remuneraciones totales brutas declaradas. Entre los antecedentes informados se registran relaciones con FERRERAS HNOS S A (CUIT 30-52905087-5), correspondientes a enero, febrero y marzo de 1996 y, posteriormente, con el MINISTERIO DE SEGURIDAD -SEGURIDAD PROVINCIAL (CUIT 30-64883908-8) . Respecto de este último constan registraciones a partir de enero de 2012 y hasta mayo de 2024.
En lo que respecta al período inmediato anterior a la primera manifestación invalidante denunciada en autos -28/12/2022-, surgen registradas por el MINISTERIO DE SEGURIDAD -SEGURIDAD PROVINCIAL las siguientes remuneraciones totales brutas: diciembre de 2021 $ 194.736,29; enero de 2022 $ 142.862,19; febrero de 2022 $ 135.039,39; marzo de 2022 $ 136.145,89; abril de 2022 $ 186.607,59; mayo de 2022 $ 188.666,02; junio de 2022 $ 278.319,03; julio de 2022 $ 205.515,29; agosto de 2022 $ 206.415,29; septiembre de 2022 $ 241.237,94; octubre de 2022 $ 241.237,94 y noviembre de 2022 $ 274.424,47. La planilla continúa registrando remuneraciones correspondientes al mismo empleador con posterioridad a dicho período y hasta mayo de 2024.
Oficio MINISTERIO DE SEGURIDAD : agregado electrónicamente con fecha 08/07/2024, quien informa: "Atento a lo actuado en el expediente administrativo que en este acto se acompaña, elévese a V.E., en su carácter de oficiante, a los fines estime corresponder".
Se adjunta copia del expediente administrativo EX-2024-22171186- -GDEBA-DDPRYMGEMSGP, correspondiente a CERDÁ MARIANO JAVIER (DNI 23.215.894) , con la situación de revista, foja de servicios y certificados de revista y haberes del trabajador.
De la documentación acompañada surge que la División Legajos y Antecedentes - Sección Expedientes e Informes, mediante informe de fecha 26/06/2024, remitió la situación de revista y foja de servicios del actor, identificado como Teniente 1ro. (E.G.), legajo N° 156.979. En la situación de revista se consigna fecha de ingreso el 20/03/2000, fecha de nacimiento el 06/05/1973, destino en la Comisaría Mar del Plata 12da. y situación de servicio activo. Se registra una antigüedad al 26/06/2024 de veinticuatro años, tres meses y dos días.
De la foja acompañada surge su incorporación como aspirante a agente el 20/03/2000 y su pase a revistar como agente desde el 25/07/2000. Se consignan posteriormente las jerarquías de cabo desde el 01/01/2004, oficial de policía desde el 01/03/2005, sargento desde el 20/07/2009, subteniente desde el 01/08/2012, teniente desde el 01/01/2015 y teniente primero desde el 01/01/2021.
En cuanto a los destinos, se registran antecedentes en el Escuadrón Ciclista, distintas comisarías, jefaturas y centros de reentrenamiento de Mar del Plata, Destacamento Ferrocarril Norte y Destacamento Centenario. Entre los movimientos posteriores constan el destino en la Estación de Policía Comunal Pehuajó del 10/10/2017; el traslado a la Comisaría Mar del Plata 2da. del 26/06/2020; a la Comisaría Mar del Plata 8va. del 26/03/2021 y a la Comisaría Mar del Plata 12da. del 28/03/2022.
Con fecha 05/07/2024, la Dirección de Liquidación de Haberes, informa que adjunta copias de los recibos de haberes correspondientes al período interanual noviembre de 2021 a noviembre de 2022. La documentación incorporada contiene certificados de revista y haberes correspondientes a enero de 2021 a noviembre de 2022, con discriminación de conceptos, haberes, descuentos e importes netos.
En lo que respecta al período inmediato anterior a la primera manifestación invalidante denunciada en autos -28/12/2022-, en las liquidaciones mensuales identificadas con terminación /001 constan los siguientes totales de haberes: diciembre de 2021 $ 129.824,19; enero de 2022 $ 142.862,19; febrero de 2022 $ 135.039,39; marzo de 2022 $ 136.145,89; abril de 2022 $ 186.607,59; mayo de 2022 $ 188.666,02; junio de 2022 $ 189.746,02; julio de 2022 $ 205.515,29; agosto de 2022 $ 206.415,29; septiembre de 2022 $ 241.237,94; octubre de 2022 $ 241.237,94 y noviembre de 2022 $ 274.424,47.
Se acompañan asimismo liquidaciones separadas de aguinaldo correspondientes a junio de 2021 por $ 49.504,08, diciembre de 2021 por $ 64.912,10 y junio de 2022 por $ 88.573,01. Constan también liquidaciones separadas por el concepto "PAGO DECRETO 1315/15", por $ 5.000 mensuales entre enero y julio de 2021, y "PAGO DECRETO 956/20", por $ 5.000 mensuales entre agosto y diciembre de 2021 y por $ 7.500 mensuales entre enero y noviembre de 2022.
Oficio PROVINCIA ART S.A. : agregado electrónicamente con fecha 30/07/2024. La entidad informa que remite los legajos administrativos relativos a los siniestros Nros. 5533774/01 y 5486667/01, correspondientes a CERDÁ MARIANO JAVIER (CUIL 20-23215894-9) , figurando como empleadora el MINISTERIO DE SEGURIDAD PROVINCIAL (CUIT 30-64883908-8) .
De las actuaciones remitidas surge que el siniestro N° 05533774/001/00 fue registrado como enfermedad profesional, con fecha de ocurrencia y recepción de la denuncia el 28/12/2022, bajo la descripción "VARICES Y ULCERAS EN AMBAS PIERNAS". Se acompaña telegrama fechado e impuesto el 27/12/2022, con constancia de ingreso a la entidad el 28/12/2022, mediante el cual el trabajador denunció tareas de guardia, operativos y vigilancia en bipedestación con escasa movilidad, portación de elementos de seguridad y realización de horas CO.RE.S., solicitando las prestaciones de la Ley 24.557.
Se adjunta constancia de alta médica/fin de tratamiento de fecha 24/01/2023, en la que se consigna como diagnóstico "VOLUMINOSOS TRONCOS VARICOSOS EN TODA LA PIERNA DERECHA. NO HAY ULCERAS", sin secuelas incapacitantes, con fecha de retorno al trabajo el 25/01/2023. En el resumen del siniestro consta estado cerrado y como causa de cierre enfermedad o accidente inculpable por dictamen.
Con fecha 21/06/2023, en el expediente administrativo SRT N° 199395/23, el Área de Secretarios Técnicos Letrados emitió dictamen jurídico suscripto por GASTÓN LUIS REY . Se dejó constancia de que la entidad tomó conocimiento de la denuncia el 28/12/2022, suspendió los plazos el 30/12/2022 y rechazó la contingencia el 24/01/2023. Al tratar la prueba testimonial, se consignó que las tareas realizadas por el damnificado no habían sido negadas ni controvertidas por la aseguradora/empleadora. Se difirió la producción de la pericial técnica para el supuesto de que el médico de la Comisión la estimara necesaria y decisiva para emitir su dictamen y se remitieron las actuaciones al área médica.
Con fecha 23/10/2023 la Comisión Médica N° 12 emitió dictamen médico, suscripto por la doctora MARÍA VERÓNICA VIDAL , matrícula nacional 115.942. Se consignó como primera manifestación invalidante el 28/12/2022 y como tareas habituales policía de calle y seguridad, con una antigüedad referida de veintidós años en la empresa y en la tarea. En cuanto a las modalidades de prestación, se registró deambulación restringida, jornadas de ocho horas en cada destino bajo el régimen de doce horas por treinta y seis, realización de examen preocupacional y ausencia de exámenes periódicos. Se consignaron respuestas negativas respecto de deambulación nula, bipedestación con portación de cargas y exposición a carga térmica.
Respecto de los estudios y tratamientos recibidos, se dejó constancia de ecodoppler de miembros inferiores y tratamiento esclerosante de la pierna derecha mediante atención particular u obra social, y evaluación médica por la ART. Se tuvo a la vista el ecodoppler del 12/02/2021, que informó insuficiencia valvular severa de la unión safenofemoral y de la vena safena magna en el miembro inferior derecho. Como antecedente se individualizó el expediente SRT N° 315751/23, por divergencia en el alta, con fecha de contingencia el 21/06/2023, sin porcentaje de incapacidad consignado.
En el examen físico se dejó constancia de várices esenciales en ambos miembros inferiores. En la pierna izquierda se describieron telangiectasias en la cara anterior del muslo y várices superficiales en la cara anterior de la pierna; en la derecha, várices superficiales en la cara posterior y pigmentación ocre en placas. En los campos correspondientes al examen vascular se consignó edema leve en ambas piernas, sin úlceras activas, cicatrices de úlceras, trastornos tróficos, síndrome postrombótico ni insuficiencia venosa profunda. En el apartado de observaciones se describieron várices en territorio de safena interna derecha, con golfo venoso y trayecto arrosariado, y várices en territorio de safena externa e interna izquierdas, consignándose allí ausencia de edema en ambos miembros.
Luego de valorar la documentación incorporada y el examen físico, la Comisión Médica diagnosticó "I83 - Venas varicosas de los miembros inferiores - Varices bilaterales" y concluyó que la enfermedad revestía carácter inculpable, por considerar que la actividad laboral desarrollada no generaba exposición al agente de riesgo vinculable con dicha enfermedad, estimando procedente el rechazo de la contingencia.
Finalmente, con fecha 24/10/2023, mediante disposición DIAPA-2023-6443-APN-SHC12#SRT, el Titular del Servicio de Homologación de la Comisión Médica N° 12 aprobó el procedimiento llevado a cabo en el expediente SRT N° 199395/23 y determinó el carácter NO PROFESIONAL de la enfermedad denunciada, con primera manifestación invalidante el 28/12/2022, relacionada con las tareas prestadas para el Ministerio de Seguridad, bajo el régimen de autoseguro provincial. Se acompaña asimismo detalle de liquidaciones por auditoría médica externa, comunicaciones postales y homologaciones ante comisiones médicas, por un total de $ 31.785,49.
Respecto del siniestro N° 05486667/001/00, se adjunta resumen correspondiente a una denuncia por COVID-19, con fecha de ocurrencia el 22/01/2022 y recepción el 26/01/2022. Se describe la aparición de síntomas luego de finalizar el servicio ordinario y resultado positivo del hisopado. Se consigna baja médica desde el 22/01/2022, fecha de egreso el 31/01/2022 y diagnóstico U07.1, enfermedad respiratoria aguda debida al nuevo coronavirus, sin incapacidad permanente registrada.
En dicho legajo se incorpora carta documento del 08/02/2022, mediante la cual se ratificó el alta médica con retorno laboral el 01/02/2022; formulario de denuncia; constancia de IOMA del 25/01/2022 con resultado positivo del test rápido e indicación de diez días de aislamiento y tres días de cuidados; y declaración jurada del empleador que describe tareas de prevención del delito a bordo de un móvil policial, con lugar de prestación en Ruta 88, kilómetro 10, Comisaría Octava, y último día de trabajo presencial el 22/01/2022. Se adjunta detalle de liquidaciones por prestaciones ambulatorias y envío de carta documento, por un total de $ 1.131,34.
Oficio INSTITUTO RADIOLOGICO MAR DEL PLATA SRL : agregado electrónicamente con fecha 15/08/2024, quien informa: "En consecuencia informo que el estudio adjunto al mismo resulta ser auténtico".
Oficio SRT : agregado electrónicamente con fecha 02/12/2024. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo informa que remite copia del expediente administrativo SRT N° 199395/23, iniciado con fecha 04/05/2023 ante la Comisión Médica N° 12 de Mar del Plata, bajo el trámite "Rechazo de la Contingencia AT/EP", correspondiente a CERDÁ MARIANO JAVIER (CUIL 20-23215894-9) , figurando como empleador el MINISTERIO DE SEGURIDAD -SEGURIDAD PROVINCIAL (CUIT 30-64883908-8) y como ART/EA GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Se consigna como fecha de primera manifestación invalidante el 28/12/2022 y como contingencia denunciada una enfermedad profesional.
De las actuaciones remitidas surge que la contingencia fue rechazada con fecha 24/01/2023, bajo el fundamento de que el trabajador no se encontraba expuesto al riesgo de aumento de la presión venosa en miembros inferiores. En la comunicación se señala asimismo que, ante la falta de respuesta del empleador a los requerimientos de documentación sobre riesgos, condiciones de trabajo y exámenes médicos, no resultaba posible verificar dicha exposición. Con fecha 21/06/2023, el Área de Secretarios Técnicos Letrados emitió dictamen jurídico, suscripto por GASTÓN LUIS REY , en el que se consignó que las tareas realizadas por el damnificado no habían sido negadas ni controvertidas por la aseguradora/empleadora y se difirió la producción de la pericial técnica para el supuesto de que el médico de la Comisión la estimara necesaria y decisiva para emitir su dictamen.
Con fecha 30/08/2023 se celebró audiencia médica, con intervención del actor, su letrada patrocinante doctora CLARA GEZ CARRICA , la perito médica de la ART/EA doctora CECILIA BONIFACIO y la médica de la Comisión Médica doctora SUSANA ANDREA VALENTE . Se dejó constancia de que el actor se desempeñaba como policía de calle y seguridad, con una antigüedad referida de veintidós años en la tarea y en la empleadora. En el apartado de preexistencias se individualizó el expediente SRT N° 315751/23, por divergencia en el alta, con fecha de contingencia el 21/06/2023, sin porcentaje de incapacidad consignado, indicándose "Otras Preexistencias: no".
En cuanto a las tareas, se consignó que el actor realizaba operativos con guardias fijas, permaneciendo parado en funciones de guardia y control, con uniforme, borcegos y chaleco, en diferentes destinos: comisaría, operativos vehiculares, vacunatorio, rondines en la vía pública desde una esquina fija con recorridos de cien metros hacia cada cuadra y custodia de vehículos con causas penales en el predio judicial. Se registró jornada de doce horas por treinta y seis, con horas extras y descansos según demanda. En los campos correspondientes a las modalidades de prestación se consignó deambulación restringida y respuestas negativas respecto de deambulación nula, bipedestación con portación de cargas y exposición a carga térmica. En el campo de duración de la jornada habitual se asentó "Jornadas de 8 horas en cada destino (12 x 36)", indicándose realización de examen preocupacional y ausencia de exámenes periódicos. Se acompaña asimismo certificado de revista de la Comisaría Mar del Plata 12da., de fecha 24/04/2023, suscripto por ARIEL ROMAN BRAVO , que consigna un régimen horario durante abril de 07:00 a 19:00 horas y licencia anual desde el 18/04/2023 hasta el 12/05/2023.
Respecto de la contingencia denunciada, se registró que el trabajador refirió padecer várices de miembros inferiores a causa de sus tareas como policía, habiendo iniciado estudios mediante su obra social y recibido tratamiento esclerosante en la pierna derecha, mientras que por la ART se efectuó evaluación médica. Se tuvo a la vista ecodoppler venoso de miembros inferiores de fecha 12/02/2021, que informó insuficiencia valvular severa de la unión safenofemoral y de la vena safena magna en el miembro inferior derecho. En el miembro inferior izquierdo se consignaron unión safenofemoral, vena safena magna y vena safena parva permeables y competentes, sin signos de trombosis ni venas perforantes insuficientes.
En el examen físico se dejó constancia de várices esenciales en ambos miembros inferiores, con telangiectasias en la cara anterior del muslo izquierdo y várices superficiales en la cara anterior de esa pierna; en la derecha se describieron várices superficiales en la cara posterior y pigmentación ocre en placas. En los campos del examen vascular se consignó edema leve en ambas piernas, sin úlceras activas, cicatrices de úlceras, trastornos tróficos, síndrome postrombótico ni insuficiencia venosa profunda. En el apartado de observaciones se describieron várices en territorio de safena interna derecha, con golfo venoso y trayecto arrosariado, y várices en territorio de safena externa e interna izquierdas, consignándose allí ausencia de edema en ambos miembros. Se consignó como diagnóstico "Insuficiencia venosa mmii.".
Con fecha 23/10/2023 la Comisión Médica N° 12 emitió dictamen médico, suscripto por la doctora MARÍA VERÓNICA VIDAL , matrícula nacional 115.942. Luego de valorar la documentación incorporada, el ecodoppler y el examen físico practicado, diagnosticó "I83 - Venas varicosas de los miembros inferiores - Varices bilaterales" y concluyó que la enfermedad denunciada revestía carácter inculpable, por considerar que la actividad laboral desarrollada no generaba exposición al agente de riesgo vinculable con dicha enfermedad, estimando procedente el rechazo de la contingencia.
Finalmente, con fecha 24/10/2023 el Titular del Servicio de Homologación de la Comisión Médica N° 12, mediante disposición DIAPA-2023-6443-APN-SHC12#SRT, aprobó el procedimiento llevado a cabo en el expediente SRT N° 199395/23 y determinó el carácter NO PROFESIONAL de la enfermedad denunciada por CERDÁ MARIANO JAVIER , con primera manifestación invalidante el 28/12/2022, relacionada con las tareas prestadas para el MINISTERIO DE SEGURIDAD -SEGURIDAD PROVINCIAL .
3. PERITAJES :
PERICIA MÉDICA : presentada electrónicamente con fecha 04/09/2024 por el perito médico cirujano DANIEL ALEJANDRO MARINO , matrícula provincial 94.131, quien informa haber examinado al actor, sin consignar la fecha del examen.
Al examen de los miembros inferiores constata ausencia de cicatrices, con simetría, sensibilidad, temperatura, trofismo y movilidad conservados. En la pierna derecha describe múltiples dilataciones varicosas en territorio de safena interna y externa, a predominio posterior, con golfos venosos, y a nivel del tobillo múltiples dilataciones, telangiectasias y dermatitis ocre. En la pierna izquierda informa dilataciones menos significativas, con telangiectasias que llegan hasta el muslo y tobillo de similares características al contralateral. Deja constancia de que no presenta edema.
Al responder los puntos de pericia, remite a lo desarrollado a lo largo del informe. Transcribe un ecodoppler de miembros inferiores, sin precisar su fecha, que informa en el miembro inferior derecho unión safenofemoral de 7 mm con reflujo severo hacia la vena safena magna de 9 mm, insuficiente hasta la región media de la pierna, generando trayectos varicosos en la cara interna distal del muslo y de la pierna, con transferencia del reflujo a la vena intersafena. Se describe vena safena parva permeable y competente, sistema venoso profundo permeable y competente, compresibilidad conservada, sin signos de trombosis ni venas perforantes insuficientes. En el miembro inferior izquierdo se informan unión safenofemoral, vena safena magna y vena safena parva permeables y competentes, con sistema profundo conservado, sin signos de trombosis ni venas perforantes insuficientes.
Explica que, según el interrogatorio, la patología se instaló lentamente con el correr de los años, vinculándola con una actividad que exige permanecer de pie durante varias horas, en forma estática, en tareas de vigilancia nocturna de predios de retención judicial del automotor. En los antecedentes refiere un desempeño aproximado de veinticuatro años y, en la conclusión, menciona veintidós años de actividad. Considera que el actor presenta una enfermedad laboral como consecuencia de sus tareas como oficial de policía, dando por cumplidos los requisitos de permanencia prolongada de pie, estática o con movilidad reducida, bipedestación con exposición a cargas térmicas y antigüedad en la tarea de tres años.
Refiere que el actor es de contextura delgada, con un peso de 70 kg y una talla de 175 cm, que no presenta antecedentes médicos de relevancia y que continúa desarrollando la misma actividad para la misma empleadora. Consigna que manifiesta un empeoramiento progresivo de la sintomatología, con dolor, pesadez, edema y reaparición de dilataciones varicosas a predominio de la pierna derecha. Acompaña fotografías de los miembros inferiores.
A los fines de determinar incapacidad, manifiesta haber utilizado expresamente la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales de la Ley 24.557 , encuadrando la afección como enfermedad venosa estadio III, con dilatación de los dos sistemas venosos superficiales, pigmentación ocre y trastornos tróficos . Por dicha afección estima una incapacidad del 10% . Adiciona factores de ponderación por dificultad moderada para la realización de las tareas -15%- y edad -1%-, cuya sumatoria del 16% aplica sobre la incapacidad física, obteniendo un incremento de 1,6% y una incapacidad total del 11,6% .
Indica que el actor presenta dilatación de trayectos varicosos con golfos, que define como la dilatación máxima de un trayecto venoso, y placa de dermatitis ocre, cuadro que requerirá tratamiento quirúrgico para su resolución. Califica la incapacidad determinada como parcial, definitiva y permanente.
Observación a la pericia médica. Con fecha 11 de septiembre de 2024, la doctora Aldana Aguilar, en representación de la demandada, observa el informe pericial médico. Cuestiona que se encuentre acreditado el nexo causal entre la patología varicosa y las tareas desarrolladas por el actor, sosteniendo que estas no requieren bipedestación estática prolongada y/o movilidad reducida. Señala que no se realizó una anamnesis completa para descartar otras causas y menciona a la genética como principal etiología de la enfermedad varicosa. Solicita que el factor laboral sea acreditado mediante documental legal.
PERICIA EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO : presentada electrónicamente con fecha 10/10/2024 por el perito FRANCO ALFREDO CONSORTI , matrícula N° 8.273 del Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires, quien informa haber realizado una inspección ocular en la Comisaría N° 12 de Mar del Plata y una investigación del puesto de trabajo mediante cuestionario. Aclara que la documentación solicitada a la empleadora y a Provincia ART resultó nula o incompleta.
Al responder los puntos de pericia, señala que, mediante la aplicación del Protocolo de Ergonomía de la Resolución 886/2015 y el análisis de riesgos del puesto de trabajo, determina que el actor se encontró expuesto al factor de riesgo ergonómico bipedestación, vinculado con el agente código 80010, aumento de la presión venosa en miembros inferiores. Explica que, conforme la Disposición G.P. SRT 02/2014, dicho agente resulta potencialmente generador de várices primitivas bilaterales por la ejecución habitual de tareas que requieren permanencia prolongada de pie, estática o con movilidad reducida.
En la Planilla 1 de identificación de factores de riesgo acompañada se consigna como puesto de trabajo "Efectivo Policial" y se marca la presencia del factor bipedestación, con referencia a la función de "oficial de guardia en consigna fija/disponible". En el campo correspondiente al nombre del trabajador figura "Flores Aurelia" y, en el encabezado de tareas habituales, "Incorporar materia prima (cajon)".
En la Planilla 2.D, correspondiente a bipedestación, se consignan respuestas afirmativas respecto de la permanencia de pie durante dos horas seguidas o más sin posibilidad de sentarse; permanencia durante tres horas seguidas o más con escasa deambulación, no superior a cien metros por hora; permanencia durante dos horas seguidas o más, con escasa deambulación, levantando o transportando cargas superiores a dos kilogramos; y presencia de alguna manifestación temprana de las enfermedades contempladas por la resolución. Se consigna respuesta negativa respecto de bipedestación prolongada en ambientes con temperatura y humedad superiores a los límites legalmente admisibles.
En la planilla de evaluación de riesgos adjunta se identifica bipedestación estática con deambulación nula durante la jornada habitual y riesgo biomecánico. Mediante el método denominado FINE se asignan un nivel de deficiencia de 10, exposición de 4, probabilidad de 40 y consecuencias de 25, obteniéndose un nivel de riesgo de 1000, zona I, calificado como "Situación Crítica. Corrección Urgente". En el campo correspondiente al relevamiento fotográfico se indica "No disponible".
Indica como medidas preventivas capacitación sobre los riesgos de la actividad, provisión de calzado apropiado, utilización de medias de compresión, alternancia de tareas y determinación de períodos de descanso para variar las posturas y efectuar estiramientos con ejercicios de kinesiología.
Finalmente, manifiesta que no le fue proporcionada documentación que le permitiera responder acerca de la realización del examen psicofísico de ingreso conforme la Resolución SRT 37/2010; existencia de programas anuales de prevención conforme la Resolución SRT 771/2013; evaluación y detección de riesgos del ambiente y del puesto de trabajo por la empleadora autoasegurada; determinación de medidas técnicas para neutralizarlos; y realización de exámenes periódicos y postocupacional de egreso.
PERICIA CONTABLE : presentada electrónicamente con fecha 5 de marzo de 2025 por la contadora pública ANALIA BELEN ALEN , matrícula del C.P.C.E.P.B.A. Tº 179 Fº 195, quien informa haberse expedido con respaldo en la documentación obrante en autos.
Al responder los puntos de pericia, señala que de la documentación tenida a la vista no surge información que le permita informar la fecha de ingreso, el horario de labor y las funciones desempeñadas por el actor.
En relación con las remuneraciones, acompaña el Anexo I, denominado "REMUNERACIONES LIQUIDADAS", confeccionado sobre la base de los recibos de haberes examinados, correspondiente al período diciembre de 2021 a noviembre de 2022. Detalla los conceptos sueldo básico, riesgo profesional, título secundario, bonificación remunerativa no bonificable, título terciario, antigüedad, BNRB, horas CORES Seg Ordi y SAC. Discrimina, asimismo, como conceptos no remunerativos, el bono extraordinario y el pago correspondiente al Decreto 956/20.
Consigna como "Total remunerativo" los siguientes importes: diciembre de 2021, $ 194.706,29; enero de 2022, $ 142.862,19; febrero de 2022, $ 135.039,39; marzo de 2022, $ 136.145,89; abril de 2022, $ 186.607,59; mayo de 2022, $ 188.666,02; junio de 2022, $ 278.319,03; julio de 2022, $ 205.515,29; agosto de 2022, $ 206.415,29; septiembre de 2022, $ 241.237,94; octubre de 2022, $ 241.237,94; y noviembre de 2022, $ 274.424,47. Las sumas identificadas como no remunerativas ascienden a $ 22.500 en diciembre de 2021 y a $ 7.500 mensuales entre enero y noviembre de 2022.
A los fines de determinar el ingreso base, acompaña el Anexo II, en el que incorpora los importes mensuales consignados como "Total remunerativo" en el Anexo I. Informa un total de remuneraciones con SAC de $ 2.431.177,33 y considera 360 días, obteniendo un subtotal de $ 6.753,27 que multiplica por 30,4, con un ingreso base mensual de $ 205.299,42.
En la columna correspondiente a la actualización por RIPTE, consigna un total de remuneraciones de $ 3.210.208,37, un subtotal de $ 8.917,25 y, mediante la aplicación del coeficiente 30,4, un ingreso base mensual actualizado de $ 271.084,26.
Al responder el punto relativo al coeficiente por edad, señala que del expediente SRT 199395/23 surge como fecha de primera manifestación el 28 de diciembre de 2022 y que el actor tenía 49 años a esa fecha. Por su parte, el encabezamiento del Anexo II consigna, bajo la denominación "FECHA ACCIDENTE", el 22 de junio de 2021 y una edad de 43 años.
Para la liquidación de la prestación, el Anexo II utiliza la fórmula ingreso base por 53, por el porcentaje de incapacidad y por el coeficiente 65/edad. Aplica una incapacidad del 10,56% y un coeficiente de 1,44444444, consignando un resultado de $ 1.659.695,25 sobre el ingreso base de $ 205.299,42 y de $ 2.191.517,46 sobre el ingreso base actualizado de $ 271.084,26. El anexo no contiene un desarrollo separado del adicional previsto por el art. 3 de la Ley 26.773, de los intereses ni de la capitalización solicitados en el cuestionario.
Finalmente, respecto de si la empleadora se encontraba autoasegurada en los términos del art. 3 de la LRT, informa que no tuvo a la vista documentación que le permitiera responder.
Valoradas las constancias obrantes en autos conforme las reglas de la sana crítica (art. 57 Ley 15.057), advierto en primer término que no constituye materia controvertida que CERDÁ MARIANO JAVIER se desempeñaba como personal policial para el MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES , ni que denunció una afección varicosa de miembros inferiores como enfermedad profesional, contingencia que fue rechazada en sede administrativa por considerarse que la actividad desarrollada no generaba exposición al agente de riesgo vinculable con la dolencia denunciada.
El aspecto central de la controversia radica entonces en determinar si las tareas efectivamente desarrolladas por el actor reunían las características necesarias para generar exposición al agente de riesgo previsto para la afección denunciada y, en su caso, si la patología constatada guarda relación causal con dichas tareas y ha dejado secuelas incapacitantes indemnizables.
En cuanto a las concretas modalidades de prestación, adquieren particular relevancia las actuaciones administrativas remitidas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y la pericia en higiene y seguridad producida en autos. La documentación acompañada por el Ministerio de Seguridad acredita el ingreso del actor el 20/03/2000, su carrera policial y sus sucesivos destinos, encontrándose destinado en la Comisaría Mar del Plata 12da. desde el 28/03/2022.
De las actuaciones administrativas surge que el trabajador describió tareas de policía de calle y seguridad, con una antigüedad de veintidós años en la actividad. Se registraron operativos con guardias fijas, permanencia de pie en funciones de guardia y control, operativos vehiculares, vigilancia en vacunatorio, rondines desde una esquina fija y custodia de vehículos con causas penales en el predio judicial. También se consignaron jornadas bajo el régimen de doce horas por treinta y seis, realización de horas extras y descansos según demanda. El certificado de revista expedido por la Comisaría Mar del Plata 12da. documenta, asimismo, un régimen horario de 07:00 a 19:00 horas durante abril de 2023.
Tales antecedentes deben apreciarse con el alcance que corresponde a cada uno de ellos. La descripción de las tareas fue recabada del trabajador en sede administrativa, mientras que el certificado de revista acredita el régimen horario informado por la dependencia. A su vez, el dictamen jurídico del Área de Secretarios Técnicos Letrados de fecha 21/06/2023 dejó expresamente asentado que las tareas realizadas por el damnificado no habían sido negadas ni controvertidas por la aseguradora o empleadora. Esta constancia resulta relevante para ponderar aquellas descripciones, sin confundirla con un reconocimiento del carácter profesional de la enfermedad.
Especial relevancia probatoria reviste la pericia en higiene y seguridad elaborada por Franco Alfredo Consorti. El experto informó haber realizado una inspección ocular en la Comisaría N° 12 de Mar del Plata y una investigación del puesto de trabajo mediante cuestionario. Sobre esa base, y mediante la aplicación del Protocolo de Ergonomía y el análisis de riesgos del puesto, concluyó que el actor se encontraba expuesto al factor bipedestación, vinculado con el agente aumento de la presión venosa en miembros inferiores.
No desconozco las discordancias que presentan las planillas acompañadas, en las cuales figuran el nombre "Flores Aurelia" y una referencia a incorporar materia prima en un cajón, ajenos a la individualización del actor y a las funciones policiales examinadas. Tales circunstancias impiden atribuir a esos casilleros, aisladamente considerados, el valor de un relevamiento individual inequívoco de Cerdá. Por ello, la conclusión del experto debe ponderarse juntamente con el cuerpo de su informe, la inspección que declara haber realizado y los restantes antecedentes incorporados, sin trasladar automáticamente al trabajador todas las condiciones consignadas en aquellos formularios.
De este modo, ponderando conjuntamente dichos elementos, considero acreditado que la actividad habitual del actor comprendía guardias y consignas que exigían permanencia prolongada de pie y movilidad restringida. Esta conclusión encuentra sustento en la correspondencia entre las tareas registradas en sede administrativa, la deambulación restringida allí consignada y la exposición identificada por el experto en higiene y seguridad. La antigüedad documentada en la actividad policial, apreciada junto con los antecedentes de desempeño en funciones de calle, guardia y seguridad, permite asimismo tener por acreditado un tiempo prolongado de exposición, superior al mínimo de tres años previsto para la enfermedad denunciada.
El Decreto 49/2014 incorporó al listado de enfermedades profesionales las várices primitivas bilaterales, asociándolas al agente aumento de la presión venosa en miembros inferiores y a tareas que requieren permanencia prolongada de pie, estática o con movilidad reducida. Contempla tanto la bipedestación estática como la deambulación restringida, con las condiciones temporales que establece para cada modalidad.
No desconozco tampoco que la Comisión Médica N° 12 concluyó en sede administrativa que la enfermedad revestía carácter inculpable. Sin embargo, dicha conclusión debe ser ponderada juntamente con la prueba producida en autos. En las propias actuaciones administrativas quedaron registradas las guardias fijas y la deambulación restringida, extremos que encuentran respaldo en la conclusión del perito en higiene y seguridad acerca de la exposición al agente de riesgo. Por otra parte, las respuestas negativas relativas a deambulación nula, portación de cargas y carga térmica no descartan por sí mismas la modalidad de bipedestación con movilidad restringida que sustenta el encuadramiento considerado.
Desde el punto de vista médico, el ecodoppler venoso de miembros inferiores de fecha 12/02/2021 objetivó insuficiencia valvular severa de la unión safenofemoral y de la vena safena magna derechas. La autenticidad del estudio fue reconocida por el Instituto Radiológico Mar del Plata SRL. En el miembro inferior izquierdo se informaron los sectores examinados permeables y competentes, circunstancia que debe conservarse en la valoración, sin atribuir al estudio una insuficiencia bilateral que no describe.
El carácter bilateral del cuadro encuentra sustento en los exámenes físicos incorporados. La Comisión Médica registró várices en ambos miembros inferiores y emitió diagnóstico de várices bilaterales. Posteriormente, el perito médico Daniel Alejandro Marino examinó personalmente al actor y constató en la pierna derecha múltiples dilataciones varicosas en territorio de safena interna y externa, con golfos venosos, telangiectasias y dermatitis ocre. En la pierna izquierda describió dilataciones de menor significación, telangiectasias hasta el muslo y tobillo de similares características al contralateral.
El experto vinculó la enfermedad varicosa con las tareas policiales desarrolladas durante años y con la permanencia prolongada de pie que estas exigían. Su conclusión causal encuentra respaldo en la exposición laboral ponderada precedentemente y en los hallazgos objetivos del examen.
La demandada observó la experticia cuestionando la exposición laboral y la ausencia de una anamnesis completa para descartar otras causas, con particular referencia a la etiología genética. Tal objeción debe ser examinada, pero la invocación general de una posible causa hereditaria no acredita su incidencia concreta en este trabajador. El perito consignó ausencia de antecedentes médicos de relevancia y no se incorporó un estudio que individualice un factor extralaboral capaz de explicar el cuadro y desvirtuar la vinculación establecida con las condiciones de trabajo acreditadas.
De tal manera, ponderando integralmente la prueba informativa, documental administrativa, médica y técnica producida en autos , considero acreditada la exposición prolongada del trabajador a condiciones de bipedestación con movilidad restringida compatibles con las actividades contempladas por el Decreto 49/2014, así como la existencia de enfermedad varicosa bilateral vinculada causalmente con dichas condiciones.
En cuanto al grado de incapacidad, corresponde valorar la conclusión técnica alcanzada por el perito médico. El experto manifestó haber utilizado la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales de la Ley 24.557 y encuadró la afección como enfermedad venosa estadio III, asignando una incapacidad física del 10%. Los hallazgos de dilatación de los sistemas venosos superficiales y pigmentación ocre se corresponden con las características contempladas para dicho estadio en la tabla aplicada, cuyo rango comprende el porcentaje establecido.
Adicionó factores de ponderación por dificultad moderada para las tareas, del 15%, y edad, del 1%, cuya sumatoria aplicó sobre la incapacidad física, obteniendo un incremento de 1,6% y una incapacidad total del 11,6%. La observación de la demandada se concentró en el nexo causal y no aportó una evaluación médica que desvirtúe la entidad de las secuelas constatadas o el cálculo efectuado.
La pericia contable aporta, por su parte, elementos para la determinación de las remuneraciones y del ingreso base. La experta examinó recibos de haberes correspondientes a diciembre de 2021 a noviembre de 2022 y obtuvo un ingreso base mensual de $ 205.299,42 y un ingreso base actualizado por RIPTE de $ 271.084,26. Su manifestación acerca de que la documentación examinada no le permitía informar la fecha de ingreso y las funciones no desvirtúa los datos suministrados por el Ministerio de Seguridad y los restantes antecedentes valorados.
Sin embargo, los resultados de la liquidación no pueden adoptarse íntegramente sin examinar sus inconsistencias. Aunque el cuerpo del informe identifica como primera manifestación el 28/12/2022 y señala una edad de 49 años, el Anexo II consigna el 22/06/2021 y 43 años, utilizando un coeficiente de 1,44444444. Asimismo, liquida sobre una incapacidad del 10,56%, distinta de la determinada por el perito médico. Estas referencias no modifican la fecha de nacimiento acreditada, la contingencia objeto del proceso ni la conclusión médica alcanzada.
Por ello, la documentación salarial y el desarrollo contable constituyen elementos útiles para la cuantificación, cuya aplicación deberá ajustarse a las constancias acreditadas y a las pautas jurídicas que correspondan, sin trasladar automáticamente los resultados finales del anexo.
Entonces, valorando integralmente la prueba producida conforme las reglas de la sana crítica, tengo por acreditado que el actor MARIANO JAVIER CERDÁ padece enfermedad varicosa bilateral vinculada causalmente con las tareas policiales desarrolladas para el MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y que, según la determinación pericial efectuada el 04/09/2024 con la tabla entonces aplicada, presenta una incapacidad laboral parcial y permanente del 11,6% de la total obrera .
Solicita la parte actora inconstitucionalidades de los arts. 21, 22, 46, 50 de ley 24.557, decretos 717/96, 1278/00 y 410/01. Inconstitucionalidad del art. 17 del decreto 472/2014, reglamentario de ley 26.773, Inconstitucionalidad del DNU 54/17; inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 3,12, 14,15, 16 y 21 de ley 27.348, y decretos reglamentarios, y de la ley 14.997 que adhirió la Provincia de Bs. As. a la ley 27.348. La demandada defiende la constitucionalidad de los layes mencionadas.
Aclaro que, en autos, el actor demanda por la vía sistémica de la LRT, y solo tratare las inconstitucionalidades pertinentes para el presente reclamo, ya que la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006; L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; L. 119.002, "Carabajal", sent. de 25-IV-2018; e.o.; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o. La declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal sólo ha de tener cabida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad normativa inconciliable (causa L. 74.814, "Sánchez", sent. de 29-IX-2004; e.o.).
Considerando que la ley 14.997 de la Provincia de Bs As fue publicada en el BO el 08/1/18; la cual adhiere a la ley 27.348, y el accidente reclamado en autos acaeció el 06/6/18, posterior a la misma; debe aplicarse la mencionada ley. En todo de acuerdo con la doctrina de los fallos "Marchetti", "Delgadillo" y otros de la SCJBA, los que consideraron constitucional la ley 14.997 y el paso previo por las Comisiones Médicas, indispensable para concluir la vía administrativa y poder incurrir en la acción ordinaria ante los Tribunales del Trabajo, considero constitucional la misma. También en acuerdo al fallo "Pogonza" de la CSJN, manifestando que resulta razonable la finalidad perseguida por el legislador al atribuir competencias decisorias a las comisiones médicas, ya que los vicios de la ley 24.557, fueron subsanados por la ley 27.348, la que permite recurrir las decisiones de las comisiones medicas jurisdiccionales o de la Central ante los tribunales con competencia laboral de la Jurisdicción local; garantizando la revisión Judicial plena de hechos y derechos. Considero constitucional a dichas Comisiones Médicas.
Vale aclarar, que a la fecha de esta sentencia se encuentra vigente el Decreto 549/2025 del día 05/08/2025 (B.O. 06/08/2025) que en su art. 1 sustituye "el ANEXO I del Decreto 659 del 24 de junio de 1996" por un nuevo ANEXO "TABLA DE EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES LABORALES", modificando así la tabla vigente que cuya última actualización fue mediante el art. 2 del dto de 49/2014.El decreto 549/2025 dispone en su art. 3 que "-La "TABLA DE EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES LABORALES", sustituida por el artículo 1 del presente decreto, entrará en vigencia a los CIENTO OCHENTA (180) días corridos, contados desde su publicación en el BOLETÍN OFICIAL, y a partir de esa fecha resultará de aplicación a toda valoración o determinación de incapacidad laboral que no haya sido aún dictada, independientemente de la instancia administrativa o judicial en la que se encuentre.
Considero que el mencionado artículo no supera la condición de legalidad requerida para que avanzar satisfactoriamente en el análisis de su constitucionalidad, dado que supone la aplicación retroactiva de la norma en franca violación con lo dispuesto por el art. 7 del CCCN. - En mi opinión, la norma cuya aplicación se pretende retroactiva, no posee un estricto carácter procesal en cuyo caso admitiría aplicación retroactiva y además seria materia reservada a cada jurisdicción (arts. 75, incs. 12 y ccdtes). La norma regula sobre el grado de incapacidad que se reconoce por cada lesión o secuela que se deriva de un infortunio laboral, siendo esta una de las variables que integra la fórmula para determinar la indemnización correspondiente que deviene del infortunio laboral (arts. 11, 14 y 15 LRT). Es decir, impacta sobre el derecho de fondo al integrar la formula aplicable para determinar la reparación del daño.
Considero que el momento en que ocurrió el evento dañoso, primera manifestación invalidante o fecha del accidente, fija el marco normativo aplicable. Estamos en presencia de situaciones jurídicas consumadas bajo la norma anterior, la aplicación retroactiva altera las consecuencias jurídicas de un hecho ya consumado afectando lo previsto en los arts. 7 del CCCN, 17 y 28 de la CN. Así lo dispone al art. 2 de la Ley 26773 que "El derecho a la reparación dineraria se computará, más allá del momento en que se determine su procedencia y alcance, desde que acaeció el evento dañoso".
Por ello he resuelto en base al dictamen pericial oportunamente presentado, con la valoración efectuada en base al baremo temporalmente vigente.
Luego de comprobados los hechos expuestos precedentemente, corresponde una decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según corresponde por ley y declarando el derecho de los litigantes (arg. art. 57 inc. 6to. Ley 15.057), y resolver la procedencia de los créditos reclamados en la acción del siguiente modo:
Que, al momento de la primera manifestación invalidante padecida por el actor, derivada de la enfermedad profesional denunciada con fecha 28 de diciembre de 2022, su empleadora MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES se encontraba bajo el régimen de autoseguro administrado por PROVINCIA ART S.A., conforme surge de las constancias de autos.
Que corresponde aplicar al caso lo normado en el art. 14 inc. 2 apartado a) de la Ley 24.557, de acuerdo al porcentaje de incapacidad padecido por el actor: "Cuando el porcentaje de incapacidad sea igual o inferior al CINCUENTA POR CIENTO (50%) una indemnización de pago único, cuya cuantía será igual a CINCUENTA Y TRES (53) veces el valor mensual del ingreso base, multiplicado por el porcentaje de incapacidad y por un coeficiente que resultará de dividir el número SESENTA Y CINCO (65) por la edad del damnificado a la fecha de la primera manifestación invalidante".
Que la edad del actor al momento de la primera manifestación invalidante era de 49 años, correspondiendo aplicar el coeficiente 65/49 = 1,33.
Que, a los fines de determinar el Ingreso Base Mensual previsto en el art. 11 inc. 1 de la Ley 27.348, corresponde tomar las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones informadas por PERITAJE CONTABLE, de cuyo cálculo resulta un Ingreso Base Mensual de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y CUATRO CON 26/100 ($ 271.084,26).
Ahora bien, ocurrido el evento dañoso denunciado en autos con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 27.348, corresponde efectuar el cálculo del inciso 2 del art. 11 de la Ley 27.348, esto es, la actualización por intereses conforme tasa activa Banco Nación como estipula la norma. Realizada la actualización arroja para el IBM un total al 11/11/2026 (Capital + Intereses) = $ 271.084,26 + $ 677.968,81 =
$ 949.053,07 .
Que de lo expuesto se obtiene una indemnización por incapacidad laboral permanente parcial del ONCE CON SEIS POR CIENTO (11,6%) , que resulta de la siguiente operación:
53 x $ 949.053,07 (IBM actualizado) x 11,6 % x 1,33
53 x $ 949.053,07 = $ 50.299.812,71
$ 50.299.812,71 x 11,6 % = $ 5.834.778,27
$ 5.834.778,27 x 1,33 = $ 7.760.255,10
Que cabe también aplicar una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado, equivalente al veinte por ciento (20%) de la indemnización por ILPPD conforme lo dispone el art. 3 de la Ley 26.773, por la suma de $ 1.552.051,02, conforme el siguiente cálculo: $ 7.760.255,10 x 20 % = $ 1.552.051,02.
Correspondiéndole al actor por el porcentaje de ILPPD padecida como consecuencia de la enfermedad profesional relatada en autos, la suma de $ 7.760.255,10, de acuerdo a la fórmula aplicada ut supra, debe agregarse a dicho monto lo dispuesto por el art. 3 de la Ley 26.773 que asciende a la suma de $ 1.552.051,02.
Dando un Total a resarcir de $ 9.312.306,12 .-
Que habida cuenta el tenor del siniestro debatido en autos y el tiempo transcurrido desde el mismo, se denota claramente la insuficiencia de la indemnización resarcitoria que resulta del monto que arroja la actualización dispuesta por el inciso 2° del art. 11 de la Ley 27.348. Que para la confirmación de ello es adecuado efectuar una comparación con otra forma de actualización del crédito, apartándolo de la solución de la normativa y aplicar un índice para actualizarlo con el objetivo de preservar el crédito del trabajador. En dicha lógica lo más conveniente y cercano a la realidad laboral es utilizar a estos fines el índice RIPTE que elabora el MTSS y que fuera utilizado comparativamente por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa "Barrios".
En este orden de ideas, la situación de autos tendría la siguiente resolución: tomando el Ingreso Base Mensual determinado a la PMI (art. 11 inc. 1 Ley 27.348) de $ 271.084,26, se efectúa el cálculo de la fórmula polinómica prevista en el art. 14 inc. 2 apartado a) de la Ley 24.557, esto es:
53 x $ 271.084,26 (IBM) x 11,6 % x 1,33
53 x $ 271.084,26 = $ 14.367.465,78
$ 14.367.465,78 x 11,6 % = $ 1.666.626,03
$ 1.666.626,03 x 1,33 = $ 2.216.612,62
Correspondiéndole al actor por el porcentaje de ILPPD padecida como consecuencia de la enfermedad profesional relatada en autos, la suma de $ 2.216.612,62, de acuerdo a la fórmula aplicada ut supra, debe agregarse a dicho monto lo dispuesto por el art. 3 de la Ley 26.773 que asciende a la suma de $ 443.322,52.
ILPPD: $ 2.659.935,14 .
El resultado actualizado por RIPTE desde la PMI (28/12/2022) hasta el presente acuerdo arroja el siguiente resultado: $ 27.157.937,78
Que el capital indicado en primer término se encuentra calculado conforme el mecanismo de determinación previsto en el art. 11 incs. 1 y 2 de la Ley 27.348.
Que dicho mecanismo legal dispone que las remuneraciones utilizadas para el cálculo de las prestaciones dinerarias del sistema de riesgos del trabajo se actualicen mediante el índice RIPTE hasta la fecha de la primera manifestación invalidante, fijando de tal modo el valor económico de la indemnización a ese momento. Para luego traerlos hasta la fecha del acuerdo con una actualización a tasa activa del Banco Nación.-
Que la aplicación estricta de dicho esquema conduce a que el capital indemnizatorio quede expresado a la PMI pero sin contemplar un mecanismo que permita preservar razonablemente su valor real durante el tiempo que insume la tramitación de un proceso judicial.
Que en un contexto inflacionario como el ocurrido tiempo atrás puede producir -y de hecho lo hace- una significativa pérdida del valor económico de la indemnización reconocida por ILPPD, generando una desproporción negativa entre el daño sufrido y la reparación efectivamente percibida.
Que en un razonamiento equivalente al utilizado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, cuando al resolver la causa Barrios, Héctor Francisco y otra c/ Lascano, Sandra Beatriz y otra, examinó las consecuencias que el mantenimiento rígido del nominalismo legal podía producir sobre créditos indemnizatorios en contextos de depreciación monetaria, concluyó que tal situación conducía a resultados manifiestamente irrazonables al licuar el contenido económico del crédito reconocido judicialmente.
Que dicha doctrina pone de relieve que la garantía de propiedad consagrada en el art. 17 de la Constitución Nacional de la República Argentina no se satisface mediante el mero reconocimiento nominal de un crédito, sino que exige preservar razonablemente su contenido económico real.
Que trasladada dicha lógica al presente caso, la aplicación estricta del mecanismo previsto en el art. 11 inc. 2 de la Ley 27.348 conduciría a una degradación sustancial del valor real de la indemnización reconocida al trabajador, circunstancia incompatible con las garantías constitucionales de propiedad (art. 17), protección del trabajo (art. 14 bis) e igualdad ante la ley (art. 16) ya que los siniestros no alcanzados por esta normativa tendrían una reparación más amplia económicamente de un siniestro sufrido por un trabajador con motivo o en ocasión de su labor.
Que, en consecuencia, declaro la inconstitucionalidad de dicha disposición - inc. 2 Art. 11 Ley 27.348- exclusivamente para el caso concreto, en ejercicio del control difuso de constitucionalidad que compete a este Tribunal, por considerar que el mismo no preserva adecuadamente el crédito indemnizatorio del trabajador, prescindiendo de su aplicación en lo relativo al mecanismo de actualización del crédito indemnizatorio de la LRT. El que dispongo se realice de la siguiente manera: declarar la inconstitucionalidad sobreviniente del Art. 7 de la Ley 23.928, texto según Ley 25.561, y proceder a la actualización de los créditos que en autos se reclaman mediante un índice de actualización.
Que conforme surge de las constancias de autos, se consideró una incapacidad laboral permanente del ONCE CON SEIS POR CIENTO (11,6%).
Que de lo expuesto se obtiene una indemnización por incapacidad laboral permanente parcial del ONCE CON SEIS POR CIENTO (11,6%), que resulta de la siguiente operación:
53 x $ 271.084,26 (IBM) x 11,6 % x 1,33
53 x $ 271.084,26 = $ 14.367.465,78
$ 14.367.465,78 x 11,6 % = $ 1.666.626,03
$ 1.666.626,03 x 1,33 = $ 2.216.612,62
Correspondiéndole al actor por el porcentaje de ILPPD padecida como consecuencia de la enfermedad profesional relatada en autos, la suma de $ 2.216.612,62, de acuerdo a la fórmula aplicada ut supra, debe agregarse a dicho monto lo dispuesto por el art. 3 de la Ley 26.773 que asciende a la suma de $ 443.322,52 = ILPPD: $ 2.659.935,14.
Que, en consecuencia, el capital indemnizatorio por incapacidad laboral permanente parcial del ONCE CON SEIS POR CIENTO (11,6%) asciende a la suma de $ 2.659.935,14.-
Conforme lo expresado anteriormente y declarada la inconstitucionalidad del inc. 2 del art. 11 de la Ley 27.348 y la inconstitucionalidad sobreviniente del Art. 7 de la Ley 23.928, texto según Ley 25.561, el capital indemnizatorio será actualizado por RIPTE, desde la PMI al presente acuerdo conforme último índice publicado y según el siguiente cálculo:
Coeficiente de Ajuste 10,21
Desde DICIEMBRE 2022 $ 2.659.935,14
Equivalen al presente acuerdo a $27.157.937,78 .
Al monto resultante de la actualización por RIPTE se adicionará un interés puro del TRES por ciento (3%) anual, desde que cada suma es debida hasta la fecha en que quede firme la presente Sentencia.
En caso de falta de pago de la liquidación judicial en el plazo de 10 días que otorga la sentencia, los intereses moratorios allí liquidados se acumularán al capital. (art. 770 inc. c. C.C.C.N.). Para el caso de incumplimiento de la sentencia, luego de la indicada acumulación, se actualizarán los créditos insatisfechos mediante el mismo criterio utilizado para actualizar el capital de sentencia con un interés moratorio anual del 6%.-
Con el sentido y alcance expuestos más arriba , ASI LO VOTO (Art. 168 y 171 de la Constitución de la Pcia. de Bs. As; art. 57 ssgtes y ccdtes ley 15.057).-
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DOCTOR MEREB, dijo:
Adhiero por mis fundamentos y voto en idéntico alcance que el Dr. ESCOBAR a excepción del agravamiento de la tasa de interés para el supuesto de incumplimiento, toda vez que considero prematuro expedirme en este estadio sobre la eventual y ulterior conducta renuente del deudor.-
Con el sentido y alcance expuestos más arriba, ASI LO VOTO (Art. 168 y 171 de la Constitución de la Pcia. de Bs. As; art. 57 ssgtes y ccdtes ley 15.057).-
A LA PRIMERA CUESTION EL DOCTOR CORDERO , dijo:
Que por mis fundamentos adhiero al voto y con idéntico alcance que el Dr. ESCOBAR -
Con el sentido y alcance expuestos más arriba, ASI LO VOTO. (arts. 168, 171 y ccds. Constitución Pcial., art. 57 y conc. Ley 15.057).-
A LA SEGUNDA CUESTION: El señor Juez Dr. Escobar dijo:
Atento el resultado de la votación habida precedentemente y por los fundamentos legales allí referidos corresponde:
Declarar la inconstitucionalidad del art. 11 inc. 2 de la Ley 27.348 y la inconstitucionalidad sobreviniente del Art. 7 de la Ley 23.928, texto según Ley 25.561, para el caso concreto.-
Rechazar las inconstitucionalidades tratadas en la primera cuestión de la presente y declarar competente este Tribunal para resolver la presente causa.-
Declarar abstracto expedirse sobre las restantes inconstitucionalidades planteadas.-
Por los fundamentos legales expuestos corresponde hacer lugar a la demanda incoada por CERDÁ MARIANO JAVIER (DNI 23.215.894) , condenando al FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES , en su carácter de empleador autoasegurado, a pagarle al actor la suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 14/100 ($ 2.659.935,14) , en concepto de indemnización por Incapacidad Laboral Permanente Parcial y Definitiva (ILPPD) del ONCE CON SEIS POR CIENTO (11,6%), de acuerdo a lo normado en el art. 14 apartado 2 inc. a) de la Ley 24.557 y art. 3 de la Ley 26.773, conforme lo considerado al tratar la cuestión anterior.-
Imponer las costas al demandado FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (arts. 24, 89 y ccds. Ley 15.057 y art. 68 C.Pr.).-
Imponer actualización de capital e intereses al demandado FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES , los que se determinan, actualizando el capital nominal de la sentencia según índice RIPTE desde la fecha de la PMI de autos hasta la fecha del presente acuerdo; y a su monto resultante se aplicará una tasa de interés puro del 3% anual desde que cada suma es debida hasta la fecha del presente acuerdo, sin perjuicio que a pedido de parte se actualicen hasta que quede firme la sentencia, los que se calculan de la siguiente forma:
Capital Nominal procedente en Sentencia $ 2.659.935,14 actualizado por RIPTE desde la fecha de la primera manifestación invalidante hasta la fecha del presente acuerdo, $ 27.157.937,78.-
Tasa de Interés pura 3%, sobre capital actualizado por RIPTE, desde la fecha de la primera manifestación invalidante -28/12/2022- hasta la fecha del presente acuerdo, $ 3.156.273,21.-
Totalizando de este modo el monto de condena que contiene esta sentencia entre capital actualizado por RIPTE ($ 27.157.937,78) e intereses al 3% anual ($ 3.156.273,21), la suma de PESOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 30.314.210,99) .-
La suma condenada deberá ser depositada dentro de los diez días de notificada la presente, en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, a la orden del Tribunal y cuenta de autos.
Estimo los honorarios de acuerdo al monto de condena ($ 30.314.210,99) (capital actualizado más interés), remitiendo a los antecedentes obrantes en la sentencia y habiéndose tenido en cuenta el valor mérito y calidad jurídica de la labor desarrollada, la complejidad y novedad de la cuestión planteada, la responsabilidad que de las particularidades del caso puede derivarse para el profesional, al resultado obtenido, la trascendencia de la resolución a la que se llega para casos futuros, las actuaciones de los profesionales intervinientes en el desarrollo del proceso en las distintas etapas, la trascendencia económica y moral que para el interesado reviste la cuestión en debate, la posición económica y social de las partes y el tiempo empleado en la solución del litigio, estimo justo regular los siguientes honorarios, los del letrado apoderado de la parte actora doctor JUAN IGNACIO BLASCONE en la cantidad de CIENTO SIETE CON CUARENTA Y CINCO (107,45) JUS (Equivalentes al día de la fecha a $ 6.062.842,20 , valor del JUS a la fecha $ 56.426 conforme Resolución 1517 del 23 de octubre del 2026), los de la letrada de la parte demandada, doctora ALDANA AGUILAR en la cantidad de SETENTA Y CINCO CON VEINTIUNO (75,21) JUS (Equivalentes al día de la fecha a $ 4.243.989,54 , valor del JUS a la fecha $ 56.426 conforme Resolución 1517 del 23 de octubre del 2026), (arts. 21, 22, 23 última parte, 26, 28, 30, 51 y conctes ley 8904, arts. 9, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 27 inc. c), 28 inc. h), 43, 51, 54, 63 y conctes ley 14.967) a los que se adicionará el 10% del art. 12 inc. a) de la ley 8455, (Art. 35 inc. e y f de la Ley 6742), los de la perito contadora ANALIA BELEN ALEN , en la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 2.121.994,77) (arts. 175, 206 y 207 Ley 13.750 modificatoria de la Ley 10.620) a los que se adicionará el porcentaje de ley (art. 193 de la ley 10.620 y art. 33 de la ley 12.724 texto según ley 13.948), los del perito médico DANIEL ALEJANDRO MARINO , en la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 2.121.994,77) (Art. 35 inc. e y f de la Ley 6742), a los que se adicionará el porcentaje de ley, los del perito en higiene y seguridad en el trabajo FRANCO ALFREDO CONSORTI en la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 2.121.994,77) con más el 10% de ley (arts. 25, 26 ley 5920), y en caso de resultar dichos profesionales inscriptos al IVA, deberá adicionarse el porcentaje correspondiente a dicho impuesto.
Sin perjuicio de ello y atento lo dispuesto por los arts. 277 LCT, 730 CCyCN y doctrina legal SCBA en el fallo L. 117.701 "Titos María Luciana c/ Atento Argentina S.A s/ cobro de salarios", corresponde en este estado limitar la responsabilidad de la condenada en costas hasta el 25% del monto de la sentencia, prorrateando el monto de los honorarios profesionales a su cargo, incluyendo en dicha limitación aparte de los honorarios, los aportes e Impuesto al Valor Agregado en caso de resultar dichos profesionales inscriptos al IVA, la tasa de justicia y la contribución por los montos que se detallan, a continuación: los del letrado apoderado de la parte actora doctor JUAN IGNACIO BLASCONE en la cantidad de CUARENTA Y SIETE CON TREINTA Y CINCO (47,35) JUS (Equivalentes al día de la fecha a $ 2.671.509,94 , valor del JUS a la fecha $ 56.426 conforme Resolución 1517 del 23 de octubre del 2026), (arts. 21, 22, 23 última parte, 26, 28, 30, 51 y conctes ley 8904, arts. 9, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 27 inc. c), 28 inc. h), 43, 51, 54, 63 y conctes ley 14.967) a los que se adicionará el 10% del art. 12 inc. a) de la ley 8455, (Art. 35 inc. e y f de la Ley 6742), los de la perito contadora ANALIA BELEN ALEN , en la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 1.113.533,91) (arts. 175, 206 y 207 Ley 13.750 modificatoria de la Ley 10.620) a los que se adicionará el porcentaje de ley (art. 193 de la ley 10.620 y art. 33 de la ley 12.724 texto según ley 13.948), los del perito médico DANIEL ALEJANDRO MARINO , en la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 1.113.533,91) (Art. 35 inc. e y f de la Ley 6742), a los que se adicionará el porcentaje de ley, los del perito en higiene y seguridad en el trabajo FRANCO ALFREDO CONSORTI en la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 1.113.533,91) con más el 10% de ley (arts. 25, 26 ley 5920), y en caso de resultar dichos profesionales inscriptos al IVA, deberá adicionarse el porcentaje correspondiente a dicho impuesto.
Con el sentido y alcance expuestos más arriba, ASÍ LO VOTO (arts. 168, 171 y ccds. Constitución Pcial., art. 57 y conc. Ley 15.057 y 375 C.P.C.C.)
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DOCTOR MEREB , dijo:
Adhiero por sus fundamentos al voto del doctor ESCOBAR , con idéntico alcance.
Con el sentido y alcance expuestos más arriba, ASÍ LO VOTO (arts. 168, 171 y ccds. Constitución Pcial., art. 57 y conc. Ley 15.057 y 375 C.P.C.C.)
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DOCTOR CORDERO , dijo;
Adhiero por sus fundamentos al voto del doctor ESCOBAR , con idéntico alcance.
Con el sentido y alcance expuestos más arriba, ASÍ LO VOTO (arts. 168, 171 y ccds. Constitución Pcial., art. 57 y conc. Ley 15.057,Arts. 375 C.P.C.C.)
Suscripto y registrado por el Actuario firmante la Sentencia dictada en autos, en la ciudad de Mar del Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital.
Mar del Plata,
A mérito del resultado de la votación y citas legales formuladas en el Acuerdo que antecede, el Tribunal
I. Declarar la inconstitucionalidad del art. 11 inc. 2 de la Ley 27.348 y la inconstitucionalidad sobreviniente del Art. 7 de la Ley 23.928, texto según Ley 25.561, para el caso concreto. II) Rechazar las inconstitucionalidades tratadas en la primera cuestión de la presente y declarar competente este Tribunal para resolver la presente causa. III) Declarar abstracto expedirse sobre las restantes inconstitucionalidades planteadas. IV) Por los fundamentos legales expuestos hacer lugar a la demanda incoada por MARIANO JAVIER CERDÁ (DNI 23.215.894) , condenando al FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES , en su carácter de empleador autoasegurado, a pagarle al actor la suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 14/100 ($ 2.659.935,14) , en concepto de indemnización por Incapacidad Laboral Permanente Parcial y Definitiva (ILPPD) del ONCE CON SEIS POR CIENTO (11,6%) , de acuerdo a lo normado en el art. 14 apartado 2 inc. a) de la Ley 24.557 y art. 3 de la Ley 26.773, conforme lo considerado al tratar la cuestión anterior.
V. Imponer las costas al demandado FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (arts. 24, 89 y ccds. Ley 15.057 y art. 68 C.Pr.). VI) Imponer actualización de capital e intereses al demandado FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES , los que se determinan, actualizando el capital nominal de la sentencia según índice RIPTE desde la fecha de la PMI de autos hasta la fecha del presente acuerdo; y a su monto resultante se aplicará una tasa de interés puro del 3% anual desde que cada suma es debida hasta la fecha del presente acuerdo, sin perjuicio que a pedido de parte se actualicen hasta que quede firme la sentencia, los que se calculan de la siguiente forma: Capital Nominal procedente en Sentencia $ 2.659.935,14 actualizado por RIPTE desde la fecha de la primera manifestación invalidante hasta la fecha del presente acuerdo, $ 27.157.937,78.
Tasa de Interés pura 3%, sobre capital actualizado por RIPTE, desde la fecha de la primera manifestación invalidante -28/12/2022- hasta la fecha del presente acuerdo, $ 3.156.273,21. Totalizando de este modo el monto de condena que contiene esta sentencia entre capital actualizado por RIPTE ($ 27.157.937,78) e intereses al 3% anual ($ 3.156.273,21), la suma de PESOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 30.314.210,99) . VII) La suma condenada deberá ser depositada dentro de los diez días de notificada la presente, en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, a la orden del Tribunal y cuenta de autos. VIII) Estimo los honorarios de acuerdo al monto de condena ($ 30.314.210,99) (capital actualizado más interés), remitiendo a los antecedentes obrantes en la sentencia y habiéndose tenido en cuenta el valor mérito y calidad jurídica de la labor desarrollada, la complejidad y novedad de la cuestión planteada, la responsabilidad que de las particularidades del caso puede derivarse para el profesional, al resultado obtenido, la trascendencia de la resolución a la que se llega para casos futuros, las actuaciones de los profesionales intervinientes en el desarrollo del proceso en las distintas etapas, la trascendencia económica y moral que para el interesado reviste la cuestión en debate, la posición económica y social de las partes y el tiempo empleado en la solución del litigio, estimo justo regular los siguientes honorarios, los del letrado apoderado de la parte actora doctor JUAN IGNACIO BLASCONE en la cantidad de CIENTO SIETE CON CUARENTA Y CINCO (107,45) JUS (Equivalentes al día de la fecha a $ 6.062.842,20 , valor del JUS a la fecha $ 56.426 conforme Resolución 1517 del 23 de octubre del 2026), los de la letrada de la parte demandada, doctora ALDANA AGUILAR en la cantidad de SETENTA Y CINCO CON VEINTIUNO (75,21) JUS (Equivalentes al día de la fecha a $ 4.243.989,54 , valor del JUS a la fecha $ 56.426 conforme Resolución 1517 del 23 de octubre del 2026), (arts. 21, 22, 23 última parte, 26, 28, 30, 51 y conctes ley 8904, arts. 9, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 27 inc. c), 28 inc. h), 43, 51, 54, 63 y conctes ley 14.967) a los que se adicionará el 10% del art. 12 inc. a) de la ley 8455, (Art. 35 inc. e y f de la Ley 6742), los de la perito contadora ANALIA BELEN ALEN , en la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 2.121.994,77) (arts. 175, 206 y 207 Ley 13.750 modificatoria de la Ley 10.620) a los que se adicionará el porcentaje de ley (art. 193 de la ley 10.620 y art. 33 de la ley 12.724 texto según ley 13.948), los del perito médico DANIEL ALEJANDRO MARINO , en la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 2.121.994,77) (Art. 35 inc. e y f de la Ley 6742), a los que se adicionará el porcentaje de ley, los del perito en higiene y seguridad en el trabajo FRANCO ALFREDO CONSORTI en la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 2.121.994,77) con más el 10% de ley (arts. 25, 26 ley 5920), y en caso de resultar dichos profesionales inscriptos al IVA, deberá adicionarse el porcentaje correspondiente a dicho impuesto.
Sin perjuicio de ello y atento lo dispuesto por los arts. 277 LCT, 730 CCyCN y doctrina legal SCBA en el fallo L. 117.701 "Titos María Luciana c/ Atento Argentina S.A s/ cobro de salarios", corresponde en este estado limitar la responsabilidad de la condenada en costas hasta el 25% del monto de la sentencia, prorrateando el monto de los honorarios profesionales a su cargo, incluyendo en dicha limitación aparte de los honorarios, los aportes e Impuesto al Valor Agregado en caso de resultar dichos profesionales inscriptos al IVA, la tasa de justicia y la contribución por los montos que se detallan, a continuación: los del letrado apoderado de la parte actora doctor JUAN IGNACIO BLASCONE en la cantidad de CUARENTA Y SIETE CON TREINTA Y CINCO (47,35) JUS (Equivalentes al día de la fecha a $ 2.671.509,94 , valor del JUS a la fecha $ 56.426 conforme Resolución 1517 del 23 de octubre del 2026), (arts. 21, 22, 23 última parte, 26, 28, 30, 51 y conctes ley 8904, arts. 9, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 27 inc. c), 28 inc. h), 43, 51, 54, 63 y conctes ley 14.967) a los que se adicionará el 10% del art. 12 inc. a) de la ley 8455, (Art. 35 inc. e y f de la Ley 6742), los de la perito contadora ANALIA BELEN ALEN , en la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 1.113.533,91) (arts. 175, 206 y 207 Ley 13.750 modificatoria de la Ley 10.620) a los que se adicionará el porcentaje de ley (art. 193 de la ley 10.620 y art. 33 de la ley 12.724 texto según ley 13.948), los del perito médico DANIEL ALEJANDRO MARINO , en la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 1.113.533,91) (Art. 35 inc. e y f de la Ley 6742), a los que se adicionará el porcentaje de ley, los del perito en higiene y seguridad en el trabajo FRANCO ALFREDO CONSORTI en la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 1.113.533,91) con más el 10% de ley (arts. 25, 26 ley 5920), y en caso de resultar dichos profesionales inscriptos al IVA, deberá adicionarse el porcentaje correspondiente a dicho impuesto.
IX. Registrar. Practicar liquidación. Notifíquese electrónicamente (Ac. 4039 S.C.B.A.).-
ARTÍCULO 54 Ley 14.967 : Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.
Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido.
Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio.
En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.
Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.
Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.
Operada la mora, el profesional podrá optar por:
a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.
b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.-
En Mar del Plata en la fecha indicada en la constancia de la firma digital CERTIFICO, que el doctor ESCOBAR recibió las presentes actuaciones el día 27/11/2025 y se expidió con fecha 12/11/2026, el doctor MEREB las recibió el día 12/11/2026 y se expidió el día 17/11/2026 y el doctor CORDERO las recibió el día 17/11/2026 y se expidió el día 18/11/2026. CONSTE.-
Firmas
Funcionario firmante: ESCOBAR Alejandro Javier - JUEZ
Funcionario firmante: CORDERO Carlos María - JUEZ
Funcionario firmante: MEREB José Alberto - JUEZ
Funcionario firmante: CENTENO Anabela Paola - AUXILIAR LETRADO
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1303-2026
Fin de la sentencia