Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 32670-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, con costas (art. 68 primer párrafo, CPCCN).
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes mencionados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
CAF 19825/2021/CA1; CEREALES EL CONDOR SA (TF 32670–I)
C/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO DVP
PDP Buenos Aires, de octubre de 2022 Y VISTOS, CONSIDERANDO:
I. Que a fs. 1876/1900 el Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A, resolvió i) rechazar las nulidades articuladas por Cereales El Cóndor SRL y ii) confirmar la totalidad de las resoluciones apeladas, con costas.
Para así resolver, en primer lugar sintetizó los actos administrativos que motivaron las presentaciones de los recursos de apelación que originaron estos actuados, describiendo el expediente Nº 32.670-I, en el cual se analizó el ajuste fiscal en torno al IVA por los periodos fiscales 11/03 a 8/05, con sus respectivos intereses y multa (Resolución Nº 157/2008 DV RRR2); el Expte. N° 32.997-I, conformado a partir de la apelación de los actos administrativos que denegaron las solicitudes de compensación de IVA y el anticipo nro. 4 del Impuesto a las Ganancias; el Expte. Nº 35.705-I, donde se examinó el ajuste fiscal del IVA por los periodos fiscales 4/05 al 12/06, y la consecuente liquidación de intereses y aplicación de multa, dispuesto por Resolución Nº 166/11 (DV RRR2), así como el acto administrativo por medio del cual se rechazó la solicitud de compensación por retenciones del IVA; y el Expte. Nº 36.815-I, en el que se discutió la determinación de oficio de la responsabilidad solidaria del Sr. Diruscio, respecto de las obligaciones tributarias de Cereales el Cóndor, en concepto de IVA por los periodos 4/05 y 12/06.
Con relación a dichos expedientes, el a quo reseñó los argumentos vertidos por Cereales El Cóndor y el Sr. Mario Norberto Diruscio, así como por el fisco nacional en sus respectivas presentaciones, y mencionó que en la causa se produjo prueba.
En cuanto al planteo de nulidad articulado por la actora, puntualizó que se sustentaba en la presunta violación del art. 19 de la ley 11.683 –que dispone la estabilidad del acto administrativo–, toda vez que la Resolución Nº 166/11 (DV RRR2) incluía –a su criterio– periodos y conceptos ya analizados en la Resolución Nº 157/08 (DV RRR2), que a todo evento se encontraba recurrida ante el Tribunal Fiscal, produciéndose el efecto suspensivo previsto en el art. 167 de la ley 11.683. Al respecto, estimó aplicable el inciso a) del art. 19 de la norma supra referida, habida cuenta del expreso carácter parcial de la determinación efectuada por la Resolución Nº 157/08 (DV RRR2), lo cual –adujo– se vislumbraba en la incorporación de nuevos conceptos no incluidos previamente –v. Resolución Nº 166/11 (DV RRR2)–, circunstancia que no podía ser considerada como un cambio en el criterio, tal como lo alegaba la actora. Por su parte, y con fundamento en el precedente “Nidera S.A c/ DGI s/ recurso directo de organismo externo” del Máximo Tribunal, consideró que el efecto suspensivo previsto en el art. 167 de la ley de rito fiscal, no constituía un óbice para que el Fisco determinara obligaciones de periodos fiscales posteriores, computando compensaciones y saldos favorables establecidos en determinaciones anteriores del tributo que aún no hubieren adquirido firmeza.
En lo atinente al fondo de la cuestión, precisó que el thema decidendum versaba sobre una cuestión de hecho y prueba, en miras a determinar la efectiva correspondencia entre las circunstancias tenidas en cuenta por la administración fiscal y las negadas por la firma contribuyente, en lo relativo a la caracterización como apócrifos de ciertos documentos emitidos por los proveedores DIGIMAL SRL, EDM GROUP EXPORT IMPORT SA, AGRO SAN IGNACIO SRL, SACHAYOJ SA, AGRO PRODUCTOS PAMPEANOS SA, MAYPUN SA, CORCECAM SRL, ARAS DEL SUR SA, DEL PINAR SRL, AGROMECO SA, CEREALES CHIQUI SRL, LA PAMPEANA CEREALES SRL, ESTABLECIMIENTOS BEDAN S.R.L, ECLIPSE CEREALES SRL, MENICA SA, CAMPO BUENA VISTA SA y WAPI SA.
A tales efectos, realizó un extenso análisis de los elementos colectados por el Fisco en la instancia administrativa, bajo las órdenes de inspección Nros. 96.654, 441.416, 317.327, 339.347 –en el Considerando CAF 19825/2021/CA1; CEREALES EL CONDOR SA (TF 32670–I)
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V del pronunciamiento apelado se sintetizó la totalidad de la prueba producida en aquélla instancia–, así como de la prueba acompañada y producida por la firma contribuyente en autos –ver. Considerando VI de dicha sentencia–, concluyendo que no tenía entidad suficiente como para rebatir la tesis del Fisco, en cuanto a la inexistencia de las operaciones impugnadas con los proveedores reseñados.
Ponderó la prueba pericial contable e informativa producida en la causa, así como las respuestas brindadas por las empresas que habrían intervenido en el traslado, venta y/o entrega del cereal consignado en las cartas porte, aseverando que de ella no surgía elemento alguno que coadyuvara a probar que las ventas fueran realizadas por los proveedores cuestionados –ver. Considerando VI de la sentencia en crisis–. Sentado ello, explicó que, conforme jurisprudencia de esta Alzada y del Máximo Tribunal, en casos como el de autos, para que pueda reconocerse el crédito fiscal del IVA en cabeza del contribuyente, debe probarse la real existencia de las compras efectuadas, puntualizando que “la mera existencia de facturas en legal forma no habilita, sin más, el computo del crédito fiscal”, requiriéndose –conforme una correcta interrelación de los arts. 12 y 6 de la ley de IVA– “que medie la efectiva existencia de los bienes y que estos hayan sido puestos a disposición del comprador”. Luego, en consonancia con el principio de la realidad económica, negó que pudiera hacerse lugar al cómputo de créditos, sin el debido correlato de una operación explicita, que generara el débito pertinente.
En virtud de ello, consideró que la recurrente no había logrado aportar detalles fehacientes y relevantes de los bienes que le habrían sido entregados, en tanto no acreditó –más allá de todas sus conjeturas y explicaciones– la materialidad y veracidad de las operaciones, desde el punto de vista económico. Por ello, entendió que correspondía confirmar el criterio sostenido por el fisco nacional. En otro orden de consideraciones, con sustento en jurisprudencia del Alto Tribunal, confirmó los intereses resarcitorios aplicados en las resoluciones apeladas, al ponderar como válida la aplicación del art. 37 de la ley 11.683, considerando que se encontraban presentes –y de forma concurrente– los tres elementos configurativos de la mora: el retardo en el pago, la imputabilidad al deudor y el daño. Sumado a ello, la inexistencia de prueba aportada por parte de la actora, que diera cuenta de que la mora en el ingreso de las obligaciones, no le era imputable.
Asimismo, estimó procedente la sanciones aplicadas por la autoridad fiscal, en virtud del art. 46 de la ley 11.683 –para los periodos 6/04, 11/04, 7/05 y 10/05–, por considerar que se daban los recaudos consagrados en el referido dispositivo, es decir: la concurrencia de la omisión en el pago del impuesto –elemento objetivo– y la voluntad comisiva del contribuyente –elemento subjetivo–, toda vez que – valiéndose de las presunciones establecidas en el art. 47 de la citada norma–, se configuraba en autos la “grave” incidencia sobre la determinación.
Desde otra perspectiva, en el Considerando X de su decisorio, el a quo refirió a las denegatorias de compensación oportunamente solicitadas por Cereales El Cóndor, resueltas por la administración fiscal los días 1/12/08, 3/12/08 y 14/12/11, expresando que, atento al modo en que se resolvían los ajustes practicados a través de las Resoluciones N° 157/08 (DV RRR2) y 166/11 (DV RRR2), correspondía confirmarlas.
Finalmente, en orden a la determinación de oficio de la responsabilidad solidaria del Sr. Mario Norberto Diruscio, en su calidad de socio gerente de Cereales El Cóndor SRL, efectivizada por Resolución N° 88/12 (DV RRR2), con cita y transcripción de jurisprudencia del Alto Tribunal, destacó que se encontraba cumplido el recaudo necesario para que tal medida tuviera lugar, desde que la determinación de oficio del IVA –períodos fiscales 4/05 a 12/06– en cabeza de la deudora principal había sido notificada el 25/11/11, mientras que la determinación de la responsabilidad solidaria fue resuelta el 11/9/12.
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II. Que contra dicha resolución se alza la parte actora, interponiendo recurso de apelación a fs. 1912 –el cual fue concedido a fs. 1944–, y expresando agravios a fs. 1914/1941, los que fueron replicados por la contraria a fs. 1958/1986.
Tres son los agravios en torno a los cuales la actora estructura su memorial:
En el primero, esgrime que el fallo del Tribunal Fiscal resulta arbitrario, por incurrir en una grave deficiencia en la valoración de la prueba. Sostiene que la sentencia recurrida consagra un doble estándar en la valoración de la prueba, al permitirle al fisco, por un lado, “…probar mediante generalizaciones inexactas, conclusiones, y prejuzgamiento de funcionarios, que incluyen información en “base fisco” e indicios atemporales que carecen de rigor probatorio” mientras que, por otro lado, le niega al contribuyente “el valor probatorio de documentos, reconocimiento de partes, informes, y documentación de terceros que han intervenido en las operaciones…”, lo que habría derivado en una decisión ilógica y arbitraria.
Alega que la prueba producida en autos tuvo por objeto acreditar que los proveedores entregaron el cereal y que, a partir de ella – según afirma–, se logró reconstruir el circuito de entrega de la mercadería, documentada en las cartas porte por varios miles de toneladas. Pone en duda que el Tribunal Fiscal comprendiera la operatoria de compra–venta de cereales, al restarle valor probatorio al reconocimiento e información provista por distintos sujetos –vendedores, transportistas, bancos, corredores, entregadores, etc–, con vínculo directo y necesario en los negocios cuestionados. En esta línea, sostiene que la interrelación de dichos sujetos, en conjunción con el cumplimiento de un sinnúmero de formalidades, constituye un “…complejo y multipersonal sistema de control cruzado de la operación y sus sujetos intervinientes…”. Argumenta que, sin perjuicio de que por principio las cuestiones de hecho escapan al examen de esta Alzada, debiendo aceptarse la apreciación que de ellas realizó el Tribunal Fiscal, conforme la jurisprudencia del Tribunal Cimero, dicho principio cede cuando el acto administrativo presenta graves deficiencias en la valoración de la prueba y/o en la apreciación de los hechos relevantes, circunstancia que –según sostiene– se configuría en el presente caso.
En esta tesitura, efectúa una reseña de la prueba producida en el Expte. Nº 32.670-I –poniendo el foco en la pericial contable, la documental y la informativa– y sostiene que de la misma surge que: i) su parte retuvo y depositó el IVA en cada operación, ii) pagó el valor convenido a cada proveedor –en el caso, DIGIMAL SRL, EDM GROUP EXPORT IMPORT SA y AGRO SAN IGNACIO SRL–, iii) los apoderados de las mencionadas firmas intervinieron personalmente en las operaciones y iv) los transportistas reconocieron haber realizado los traslados de las mercaderías.
En paralelo, cuestiona que la prueba utilizada por el fisco posea suficiente entidad convictiva como para desacreditar los extremos supra alegados, toda vez que –según afirma– se basa en información proveniente de bases de datos de la AFIP –relativas a patentes, bienes, calidad de campos, capacidad operativa–, que se encuentra desactualizada o es inexacta, y generalizaciones efectuadas por el ente –sobre la presunta utilización de cheques endosados transferidos a terceros y falta de transporte de la mercadería por parte de los transportistas–, lo que se traduce en un claro desconocimiento de la prueba producida.
Con respecto a la prueba producida en el Expte. N° 35.705-I, esgrime que la información aportada por los terceros que intervinieron en la compra–venta de cereales –transportistas, entregadores, corredores, etc– corrobora la existencia de las operaciones impugnadas. En esta línea, arguye que la información provista permite –en varios casos– corroborar que la mercadería consignada en las cartas porte fue cargada por el proveedor, transportada y adquirida por su parte.
En virtud de lo expuesto, concluye que el fallo recurrido resulta arbitrario, en tanto “…el hilo argumental del juzgador carece de fundamentos racionales, pues resulta imposible seguir el curso del CAF 19825/2021/CA1; CEREALES EL CONDOR SA (TF 32670–I)
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razonamiento que le permitió concluir como se produjeron los hechos…” y exige su revocación con costas.
En el segundo orden de agravios, sostiene que la sentencia recurrida convalidó el ejercicio abusivo de un derecho.
A modo de interrogante plantea lo siguiente: “¿Si el contribuyente ha pagado el 100% del IVA que se genera en un hecho imponible, vía retención y depositado a AFIP el 76,2% (8% del 10,5%) y por pago a otro contribuyente el 23,8% (2,5% de 10,5%), es aceptable que el Estado Nacional le reclame el 100% del IVA?” (sic).
Seguidamente, a pesar de que prosigue con la modalidad consultiva, asevera que existiría abuso de derecho si el Estado exige el ingreso del 100% del gravamen, con relación a un hecho imponible en cuya virtud el contribuyente ya ingresó un porcentual, vía retención en la fuente. Puntualiza que al ser el IVA un impuesto trasladable al siguiente en la cadena de comercialización, “…permite que cualquier acción materializada por un delincuente (sic) traslade sus efectos al otro aun cuando este último no haya actuado con negligencia o sea sorprendido en su buena fe…”.
Explica la finalidad que reporta el sistema de percepción del impuesto en la fuente y señala que, en el caso de autos, el tributo fue abonado oportunamente, desinteresando al fisco y, por ello, resultando “irrelevante e intrascendente determinar con precisión el proveedor”. Estima improcedente que se deba abonar nuevamente el tributo como consecuencia de la impugnación del proveedor, aduciendo que ha existido una sola operación comercial o hecho imponible, y lo único que se habría modificado es su elemento subjetivo.
En esta línea, alega que de seguirse la postura del fisco –en el sentido de que las operaciones habrían sido concertadas con otros proveedores–, las retenciones practicadas pasarían a configurar un crédito en su favor, que el Estado debería reconocer y reimputar.
Sostiene que el único perjuicio que podría sufrir el organismo recaudador sería el de no haber percibido la totalidad del impuesto.
En virtud de lo expuesto, señala que: “…el fallo, al consentir el ajuste –y admitir que el fisco cobre mayor cantidad de impuesto que el que hubiera correspondido en el peor de los escenarios– se subsume en un típico supuesto de convalidación del ejercicio abusivo del derecho con daño a una parte que exige su revocación…”.
Cita jurisprudencia y doctrina en torno al instituto de abuso de derecho.
En el tercer orden de agravios explica que, para confirmar la aplicación de los intereses y la multa, el Tribunal Fiscal sostuvo que: “… está probada la privación del capital y el daño al acreedor así como la gravedad palmaria de la conducta en razón de la existencia del proveedor…”, lo cual –a su criterio– es una afirmación dogmática, carente de lógica y contraria a los hechos.
Afirma que: “Con sustento en el principio de realidad económica… los hechos y el derecho nos demuestran que en relación al i.v.a. y el comercio de granos poco importa establecer el vendedor de la mercadería. La existencia de un régimen de percepción en la fuente que obliga a retener el 76,4% del impuesto máximo que puede generar el hecho imponible de la venta es prueba suficiente de ello” (sic). Expone que, en virtud del pago anticipado del gravamen – régimen de percepción en la fuente–, “…el acreedor nunca fue privado de capital ni sufrió un daño…”, requiriendo, por lo tanto, que sea dejado sin efecto el pronunciamiento que convalidó los intereses y la multa.
III. Que, previo a ingresar al tratamiento de los agravios expresados por la parte actora es importante destacar que esta Sala no se encuentra obligada a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de esta Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, CAF 19825/2021/CA1; CEREALES EL CONDOR SA (TF 32670–I)
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Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/2008; “Multicanal S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986", del 21/5/2009; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/2010; “CPACF- Inc Med (2-III- 11) c/ BCRA- Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 – Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/2011, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018, entre otros).
IV. Que, por su parte, cabe recordar que el recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la ley 11.683 otorga carácter limitado a la revisión de esta Cámara, y que, por principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho (conf. Fallos 300:985).
Así pues, “…lo que se encuentra sometido a conocimiento de este tribunal consiste, primeramente, en verificar si se evidencian deficiencias manifiestas en la valoración efectuadas por dicho tribunal. Puesto que, cuando lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación se apoya en la ponderada valoración del conjunto de elementos probatorios incorporados en el proceso (arg. CSJN, Fallos: 332:357), sólo cabe confirmar la decisión recurrida (CSJN, Fallos: 326:2987 y 334:249)…” (cfr. CNACAF, Sala III, “La Luguenze SRL (TF 31.645-I) c/ DGI”, Causa Nº 27409/2012 del 31/10/12; “Lanusse, Josefina Milagros (TF 34.584-I) c/DGI”, Causa Nº 4502/2014 del 29/9/14; “Frigorífico Pilcomayo SRL (TF 24.222-I) c/DGI”, Causa Nº 18124/2016 del 14/9/17; “Nobleza Piccardo SAICYF (TF 33113-I) c/DGI”, Causa Nº 83620/2016, del 16/10/18; “Establecimiento Agropecuario Las Tres Marías SA (TF 40.985-I) c/DGI”, Causa Nº 72673/2018, del 7/5/19, entre otros). En efecto, si el apelante pretende la revisión de cuestiones de hecho y prueba de la sentencia del Tribunal Fiscal, constituye un requisito de procedencia que demuestre, preliminarmente, que la valoración efectuada por el mismo fue arbitraria.
V. Que previo a dar inicio al examen de los agravios presentados por la actora, tornase imperioso señalar los tópicos sobre los cuales el a quo se pronunció, y que no han merecido reproche ante esta instancia de Alzada.
Por caso, en lo que a Cereales El Cóndor concierne, no ha presentado objeciones con relación a la desestimación de la nulidad articulada en la instancia anterior (ver Considerando IV de la sentencia apelada), ni contra los rechazos a las solicitudes de compensación oportunamente efectuadas, resueltas por la administración tributaria los días 1/12/08 (fs. 622), 3/12/08 (fs. 623) y 14/12/11 (fs. 1150/1151), y convalidadas por el tribunal de grado (ver Considerando X de su pronunciamiento). En este último aspecto, vale remarcar que las sentencias que habían hecho lugar a la competencia del Tribunal Fiscal para entender en dichas materias, han sido consentidas por la demandada (ver. fs. 725/727 vta y 1224/1226 vta).
De su lado, con relación al Sr. Mario Norberto Diruscio, no consta en autos que hubiere apelado la sentencia que confirmó la determinación de su responsabilidad solidaria –atento su carácter de socio gerente de Cereales El Cóndor SRL–, en orden a los fundamentos impresos en el Considerando XI de ese pronunciamiento.
En razón de lo apuntado, las tres materias descriptas no han de formar parte del presente pronunciamiento.
VI. Que a los efectos de profundizar el análisis de la temática hasta aquí expuesta, y sin perjuicio de incurrir en repeticiones – por haber sido claramente reseñado por el Tribunal Fiscal en el Considerando VII de su decisorio–, resulta apropiado recordar que esta CAF 19825/2021/CA1; CEREALES EL CONDOR SA (TF 32670–I)
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Sala tiene dicho que, conforme a una uniforme y reiterada jurisprudencia, para que el crédito fiscal pueda computarse, deben cumplirse una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que hubiera sido facturado y discriminado; b) que se encuentre facturado y discriminado en la factura o en el documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto en el IVA, y g) que las operaciones que originan crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
A lo expuesto debe añadirse que, a los fines del aludido reconocimiento, la firma contribuyente debe probar, entre otros extremos, la real existencia de las compras efectuadas, con sus correspondientes facturas en donde se halle el impuesto discriminado; y a su vez, para que pueda computar este crédito fiscal, necesariamente tiene que haber existido la generación de un débito fiscal en la etapa anterior por esa misma operación, para el vendedor, locador o prestador, pues se supone que el contribuyente puede tomar en cuenta el crédito así constituido, por haber abonado el IVA en la etapa anterior. Así pues, y de conformidad con tales pautas, cabrá analizar y valorar los elementos de prueba aportados y señalados por la firma apelante, a los fines de comprobar si se han configurado los recaudos pertinentes, determinantes de la generación del crédito fiscal cuyo reconocimiento persigue, a cuyo efecto se deberá tener también en consideración de manera especial, los argumentos vertidos por el organismo recaudador –valorados ya por el Tribunal Fiscal– para su denegatoria, en tanto la controversia de autos gira en torno de la impugnación de los aludidos fundamentos (esta Sala, in re “Calimboy SA c/AFIP-DGI Resol. 17/2005 (RDEX)”, del 20/5/10, y sus citas).
Frente a este estado de cosas, lo que el artículo 12 y concordantes de la ley de gravamen exige del contribuyente, no es la demostración del efectivo ingreso a las arcas del organismo recaudador, sino la prueba de la existencia de la operación por la que se pagó el IVA y su vinculación con las ventas realizadas (cfr. esta Sala, in re “Molinos Rio de la Plata SA c/EN-AFIP-DGI s/DGI”, Causa 41.234/13, del 16/2/17, y sus citas).
En la especie, el fundamento por el cual el organismo fiscal ha cuestionado las operaciones de compra con los proveedores bajo estudio, radica en su falta de capacidad económica y operativa, extremo al que arribó a partir de la valoración de sendos indicios en rededor suyo. En igual sentido, luego de cotejar la totalidad de la prueba producida por la apelante, y contrastarla con la labor desplegada por el fisco, el Tribunal Fiscal confirmó tal criterio, al considerar que en el sub lite, y más allá de la existencia de la mercadería vendida –circunstancia no debatida en autos–, no se encontraban debidamente acreditadas las ventas en cabeza de los proveedores impugnados.
VII. Que en su memorial, sostiene la firma contribuyente que de la correcta valoración de la prueba documental, pericial e informativa acompañada y/o producida en los Exptes. Nros. 32.670-I y 35.705-I, se deriva indubitablemente la existencia de las ventas en cabeza de los proveedores examinados.
Se disiente aquí con esa postura, toda vez que la prueba señalada, tal como afirma el Tribunal Fiscal, únicamente da cuenta de la existencia del material transado, más no de que hubiere sido efectivamente vendido por los proveedores consignados en las facturas.
En efecto, como bien puntualiza el Tribunal a quo, en los informes contables obrantes a fs. 1079/1087 y 1235/1298, los peritos únicamente dejaron constancia de la información asentada en la propia documentación contable compulsada, lo que incluyó los medios de pago empleados, las retenciones efectuadas y el cumplimiento de la normativa vigente, lo cual representan “…registraciones que solo valen en relación CAF 19825/2021/CA1; CEREALES EL CONDOR SA (TF 32670–I)
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con la fe que merezcan los comprobantes que les sirven de respaldo…”; sin embargo, al ser puestos fundamentalmente en crisis, le restan la eficacia probatoria pretendida por el recurrente.
La misma conclusión puede extraerse respecto de la prueba informativa producida en autos.
Obsérvese que, con respecto al oficio contestado por la firma Amato y Catalano S.R.L (ver fs. 1522/1622) –por medio del cual la actora pretende acreditar la compra de 2310 toneladas a diversos proveedores impugnados–, la propia firma señaló: que “…es ajena a la operación comercial de compraventa de la mercadería, en la cual no interviene ni intermedia…”, acompañando impresión de los adjuntos correspondientes a cada factura, de donde surge –en los propios términos de la oficiada– “…la procedencia y el peso de procedencia (estas dos informaciones según lo consignado en las respectivas cartas de porte)…” (ver fs. 1622/1623, el subrayado no pertenece al original). En otras palabras, la información aportada por la empresa oficiada, en lo que respecta a la procedencia de los cereales, se sustenta únicamente en circunstancias formales –la información consignada en las cartas de porte–, aspecto que, como es sabido, se encuentra controvertido en autos.
Asimismo, los reconocimientos efectuados por algunos de los transportistas, además de resultar insuficiente a los fines de probar los extremos requeridos en autos –por consignar ventas efectuadas por Cereales el Cóndor a terceros, dando cuenta únicamente de la existencia de la mercadería transada, mas no su adquisición a los proveedores impugnados– (ver fs. 1691/1695; 1789/1793; 1796/1832; 1833/1848 entre otros), o carecer de información respaldatoría (ver a modo de ejemplo fs. 1697; 1851), no presentan per se suficiente entidad convictiva como para rebatir la profusa labor realizada por el fisco, en cuanto a la determinación de la incapacidad estructural –económica y operativa– de los proveedores analizados, a los efectos de realizar las operaciones impugnadas. Finalmente, de la prueba documental acompañada por la empresa contribuyente, no se desprende información alguna que permita a esta Alzada tener por acreditada la real existencia de las ventas de cereales en cabeza de los proveedores cuestionados.
VIII. Que, a modo de colofón, y en virtud de lo hasta aquí expuesto, el examen de la prueba descripta no permite arribar a una conclusión diferente a la del a quo, por cuanto la misma, según se puede vislumbrar, ha tomado una dirección que, atento los cargos impuestos por el organismo fiscal, no es la correcta.
En efecto, como ya fuera dicho, la impugnación de las operaciones tiene epicentro en la presunta falta de capacidad económica y operativa de los diecisiete proveedores en cuestión. Frente a ese extremo objetivo, la existencia de facturas, remitos y cartas de porte, así como la información que han brindado en autos las entidades financieras y los intermediarios, no admite tener por probado lo contrario. En otras palabras, el respaldo documental, el circuito material de los productos –lo que incluye a los sujetos intervinientes– y el circuito económico de los valores correspondientes, no resultan suficientes para rebatir el cargo imputado por el fisco nacional –y confirmado por el Tribunal Fiscal–. En virtud de ello, esta Alzada comparte lo sostenido por el Tribunal Fiscal, en el sentido de que en autos no se ha logrado acreditar que los proveedores impugnados fueran los verdaderos vendedores de las semillas, operaciones que a la postre generaron el crédito fiscal observado por el fisco.
IX. Que en torno a la materia en debate, cabe tener presente que el Máximo Tribunal, en los últimos lustros, ha tenido ocasión de pronunciarse en planteos con características similares a las de autos. En la causa “ADM Argentina SA c/EN-AFIP-DGI Resol.
24/08 (DV DyR2) s/DGI”, del 10/3/15, afirmó que “…corresponde desestimar los agravios fundados en la alegada existencia de los granos exportados…, en el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 12 in fine de la ley de IVA… y en la retención e ingreso del 70% de los débitos fiscales consignados en las facturas impugnadas por parte de la actora…”.
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“En lo concerniente a tales aspectos, la apelante no ha rebatido eficazmente el argumento central tenido en cuenta por el a quo para decidir como lo hizo, consistente en señalar que ante la falta de veracidad de las operaciones impugnadas no se verifica el primer recaudo legal del reintegro referido a la existencia de la operación generadora del crédito correspondiente” (Considerando 7º).
En sentido semejante “Molinos Río de la Plata SA c/ENAFIP- DGI Resol. 68/10 (GC) y otros s/DGI”, del 25/8/15.
Concretamente, en supuestos en los que el cuestionamiento radicó en la identidad del sujeto vendedor, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que “…el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación… resultan inhábiles por sí solos, ante la gravedad de los indicios expuestos, para tener por acreditada la existencia de las operaciones…” (CSJN, “Stop Car SA (TF 26815-I) c/DGI”, del 21/8/13; criterio reiterado en “Floriner SA (TF 24275-) c/DGI”, del 10/12/13). En otro orden, en un resonante caso en el que se cuestionaba la identidad de los vendedores, el Alto Tribunal afirmó que “…la norma transcripta –en referencia al artículo 12 de la ley del gravamen– subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto –en el caso– de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquel les adjudicó” (CSJN, “Feretti, Félix Eduardo (TF 22752-I) c/DGI”, del 10/3/15).
X. Que, en virtud de lo hasta aquí analizado, se observa que el Tribunal a quo realizó una razonable valoración de los hechos, a la luz de la prueba aportada y/o producida en autos, no surgiendo de los elementos señalados por el contribuyente –ni de los obrantes en los expedientes administrativos que se tuvieron a la vista– indicio alguno que lleve a esta Alzada a considerar que haya existido error o arbitrariedad manifiesta en la valoración de los hechos y/o de la prueba, todo lo cual lleva a concluir que lo resuelto por el a quo, en cuanto a las circunstancias de hecho y prueba, merecen su confirmación en esta instancia.
XI. Que llegados a este estadio, resta examinar los agravios referidos a las retenciones que la actora aduce haber ingresado a las arcas fiscales, sustrato a partir del cual elabora dos tipos de agravios: i) el primero, concerniente al presunto abuso de derecho en que habría incurrido la administración fiscal al intimar el pago del IVA, y ii) el segundo, vinculado con la intimación de los intereses resarcitorios y la imposición de la multa.
Con relación al primero, en el Considerando II de esta sentencia se expuso que la apelante arguye que ya habría ingresado el 100% del IVA correspondiente al hecho imponible, por vía de retención en la fuente, motivo por el cual –sostiene–, reportaría un abuso de derecho pretender nuevamente su ingreso. Señala que el ente fiscal se encontraría desinteresado, resultando irrelevante e intrascendente conocer con precisión quiénes fueron los proveedores de las mercaderías en cuestión. El agravio no puede prosperar.
La apelante parece confundir dos personalidades diferentes que se vinculan con el organismo fiscal, a cuyo respecto les alcanzan distintas realidades jurídicas.
Por un lado, se encuentra el “Responsable por deuda propia”
–comúnmente denominado: “contribuyente”–, quien se encuentra obligado “a pagar el tributo al Fisco en la forma y oportunidad debidas” (ley 11.683, art. 5°, párrafo primero); y por el otro, los “Responsables del cumplimiento de la deuda ajena”, entre los que se hallan los “agentes de retención y de percepción” (art. 6°, inc. f).
En el sub lite, Cereales El Cóndor ha revestido las dos cualidades señaladas: la de “contribuyente”, con relación al pago del IVA por sus propias ventas –aspecto en el cual interesa el examen del crédito fiscal–, y la de “agente de retención”, al tener que retener e ingresar al fisco un porcentual de IVA correspondiente a los proveedores con los que se vinculó CAF 19825/2021/CA1; CEREALES EL CONDOR SA (TF 32670–I)
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De suyo, se evidencia así la presencia de dos obligaciones tributarias diferentes: una, la que tiene origen en la realización del hecho imponible por parte de la “actora-contribuyente”, y otra, la que recae en cabeza –también– de la actora, aunque ahora en carácter de agente de retención, vinculada con el/los hecho/s imponible/s realizado/s por los sujetos retenidos.
Sobre el singular, tiene dicho la Corte Suprema que la ley 11.683 instituyó “… como responsables de la retención del impuesto a ciertos sujetos específicamente llamados agentes de retención, los que son distintos de aquéllos que resultan obligados al pago del impuesto por su carácter de contribuyentes. A los primeros, la ley les atribuyó el deber de practicar retenciones por deudas tributarias de terceros, sobre los fondos de que disponen cuando con su intervención se configura el presupuesto de hecho determinado por la norma legal. Además, los obligó a ingresar al fisco los importes retenidos en el término y las condiciones establecidas, puesto que tal actividad se vincula, en lo que aquí interesa, con el sistema de percepción de los tributos en la misma fuente en virtud de una disposición expresa que así lo ordena y atendiendo a razones de conveniencia en la política de recaudación tributaria” (cfr. CSJN, “Cintafón SRL”, 3/4/86. El subrayado no es del original).
Como corolario de lo explicado, se concluye que no existe abuso de derecho por parte de la demandada, desde que, el ingreso de las retenciones por parte de Cereales El Cóndor, no conforma un anticipo o adelanto del IVA que deba ingresar por el desarrollo de su propia actividad comercial.
Reafirma lo expuesto un reciente pronunciamiento del Alto Tribunal, recaído en la Causa “Compañía Argentina de Granos SA c/AFIP (DGI) s/contencioso administrativo-varios”, del 11/3/21, el cual tuvo lugar a raíz de una demanda entablada por una firma, a la cual se le había efectuado un ajuste en el crédito fiscal del IVA, pretendiendo luego repetir las “retenciones practicadas e ingresadas”.
Denegando la repetición intentada, el Tribunal Cimero sostuvo que: “En forma previa al tratamiento de los agravios resulta necesario apreciar que en todo momento el ente recaudador ha sostenido en las presentes actuaciones que la impugnación del cómputo de los créditos fiscales originados en las compras de granos solamente requirió la comprobación de que ellas fueron realizadas con proveedores que no son los que surgen de las facturas observadas. Sobre esa base el Fisco Nacional también ha entendido que resulta válido el ingreso de las retenciones en concepto de IVA, y que no corresponde su repetición…, porque se trata de ventas de cereales que están gravadas por el impuesto” (Considerando 6°).
Descalificando el fallo que había hecho lugar a la repetición, expresó el Tribunal que: “… la actora en su escrito de demanda no solicitó la repetición de las sumas ingresadas en su condición de contribuyente del IVA…, sino que persiguió la repetición de los montos ingresados al Fisco en su carácter de agente de retención del citado impuesto” (Considerando 8°).
Para finalizar, destacó que la compra de granos había quedado acreditada mediante la comprobación del circuito físico de las mercaderías, lo cual impedía considerar que el patrimonio de la actora hubiere experimentado menoscabo a consecuencia de su actuación como agente de retención (Considerando 14), adicionando que correspondía “rechazar el argumento atinente a que las retenciones ingresadas por la empresa resultarían incausadas por no corresponder a operaciones de venta que hayan generado el correspondiente crédito fiscal, toda vez que, como quedó comprobado en autos, el ajuste fiscal no se fundó en la declaración de inexistencia de las operaciones sino en la impugnación del cómputo del crédito fiscal originado en ellas…” (Considerando 15).
XI. Que con relación al segundo de los agravios sustentados en torno a las retenciones practicadas, relativo a los intereses resarcitorios y la multa aplicada, tampoco pueden tener favorable acogida.
CAF 19825/2021/CA1; CEREALES EL CONDOR SA (TF 32670–I)
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Es que, en sustancia, el argumento empleado por la recurrente guarda semejanza con el analizado en el considerando anterior. En efecto, afirma que existió un “pago anticipado del gravamen” (sic), lo cual significaría que “el acreedor nunca fue privado de capital ni sufrió un daño” (sic).
Nos encontramos con las mismas dos situaciones analizadas anteriormente: la obligación –principal– de Cereales El Cóndor de ingresar el IVA por sus operaciones, y el deber de la misma empresa de retener e ingresar un porcentual del impuesto que corresponde al proveedor –agente retenido–. El primer ingreso no es anticipo del segundo, pues son dos obligaciones diversas.
Por esta razón, se desestima el agravio en trato.
XII. Que en orden a todo lo analizado, se concluye que el examen practicado por el a quo se presenta como una razonada derivación del derecho vigente, lo cual conduce a confirmar su sentencia, con costas de Alzada a la vencida, por no caber mérito alguno para la dispensa (CPCCN, art. 68 primer párrafo).
En mérito de lo expuesto SE RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, con costas (art. 68 primer párrafo, CPCCN).
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes mencionados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia