Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 35741-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fojas 887 y, en consecuencia, confirmar la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación de fojas de fojas 870/874, que confirmó las Resoluciones Nros. 430/11; 431/11; 432/11; 277/12 y 278/12 División y Recursos de la Dirección Regional de Mar del Plata de la AFIP;
2Imponer las costas de esta instancia a cargo de la parte actora por resultar vencida (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. N° 51364/2022 “CEREALES MARÍA IGNACIA SRL (TF 35741-I) c/ DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”.
Buenos Aires, de diciembre de 2024.
Y VISTOS; CONSIDERANDO:
Los Sres. Jueces de Cámara, Dres. Guillermo F. Treacy y Pablo Gallegos Fedriani dijeron:
I. Que a través de la resolución de fojas 870/874, la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación rechazó el recurso de apelación interpuesto por la actora contra las siguientes Resoluciones de la División y Recursos de la Dirección Regional de Mar del Plata de la AFIP:
(i) Resolución N° 430/2011, en la que se impugnaron los créditos fiscales del impuesto al valor agregado computados en los períodos fiscales de octubre y diciembre de 2005, y julio y diciembre de 2006, y se determinó de oficio la obligación del periodo fiscal de marzo de 2006;
(ii) Resolución N° 431/2011, a través de la cual se determinó de oficio la obligación en el impuesto a las ganancias por los períodos fiscales de 2005 y 2006, y se le aplicó a la actora una multa por defraudación respecto del período fiscal 2005;
(iii) Resolución N° 432/2011, en la que se intimó al pago del impuesto a las salidas no documentadas por los períodos fiscales de octubre y diciembre de 2005, enero a marzo de 2006, mayo a septiembre de ese año, y noviembre del mismo, y se le aplicó una multa por defraudación;
(iv) Resoluciones Nros. 277/12 y 278/12 en las que se aplicaron multas por defraudación respecto de las obligaciones intimadas en las Resoluciones Nros. 431/11 y 432/11, en los términos de los artículos 46 y 47, incisos b) y c) de la Ley N° 11.683.
Para así decidir, el Tribunal Fiscal recordó que en el procedimiento de fiscalización llevado a cabo a la actora -cuya actividad principal es la venta al por mayor de cereales- se impugnaron las compras de cereales al proveedor Oscar Alfredo Guerrero, en razón de obrar registrado en la base Apoc como un contribuyente “sin Alta en sistema: 30/12/2024 capacidad económica”. También señaló que de la información colectada de los sistemas de Administración Tributaria surgía que, en los períodos en que llevó a cabo las operaciones con la firma actora, su proveedor no declaraba empleados, no tenía rodados ni maquinarias a su nombre, no llevaba registros contables y no había presentado las DDJJ del impuesto a las ganancias de los períodos fiscales 2005 y 2006.
Puso de resalto que a criterio del juez administrativo, el cereal documentado en los comprobantes fiscales extendidos por el Sr. Guerrero, en realidad, eran de propia producción de CEREALES MARÍA SRL y ésta lo hizo pasar como comprado para reducir sus costos en el impuesto a las ganancias y para computar créditos fiscales en el impuesto al valor agregado.
Además, señaló que los cheques emitidos en cancelación de las operaciones habían sido cobrados por terceras personas; y que al no acreditarse la efectiva capacidad operativa del Sr. Guerrero para producir el cereal tampoco se logró demostrar la veracidad de las operaciones que efectuó la actora.
Asimismo, el Tribunal Fiscal señaló que las cartas de porte adolecían de irregularidades debido a que: (i) muchos de los transportistas que figuraban en ellas desconocieron haber prestado el servicio de transporte; (ii) algunas no se hallaban firmadas; (iii) si bien la actora requirió como prueba informativa que el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca acompañara a esta causa las cartas de porte, no se logró dar cuenta de su existencia.
Por tales razones, se concluyó que la actora no había demostrado -ni en sede administrativa ni ante el Tribunal Fiscalla efectiva adquisición de los cereales de quien le extendió los comprobantes fiscales para validar los créditos en el IVA., y que además, la falta de prueba sobre los beneficiarios de los pagos de CEREALES MARÍA SRL demostraba que las erogaciones de la empresa en realidad tampoco existieron, resultando así aplicable en el impuesto que prevé el artículo 37 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
Finalmente, en cuanto a las sanciones por defraudación, se concluyó que no existían dudas respecto a que se hallaban configurados los elementos objetivo y subjetivo que permitían encuadrar la conducta de la actora en dicha figura, consistente en la presentación de declaraciones juradas inexactas a partir de maniobras para disminuir las obligaciones debidas en ambos gravámenes, concretamente, haber utilizado facturación apócrifa para simular operaciones propias.
Alta en sistema: 30/12/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Las costas fueron impuestas a cargo de la parte actora por resultar vencida.
II. Que contra esa decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación a fojas 887, y expresó agravios a fojas 897/899, los que fueron replicados por su contraria a fojas 904/909. En su presentación, manifestó que el Tribunal Fiscal demoró injustificadamente en resolver la presente causa. Señaló que las Resoluciones de la División y Recursos de la Dirección Regional de Mar del Plata de la AFIP habían sido apeladas en el año 2011, que en el año 2015 culminó el periodo probatorio y que la resolución del Tribunal Fiscal fue dictada en el año 2022. Por ello, consideró que se vio afectada la garantía de obtener una resolución dentro de un plazo razonable.
III. Que cabe señalar que si bien en el caso de autos se discute la procedencia de la reclamación de un tributo, y no la directa aplicación de una sanción -tal como ocurrió en el citado caso “Losicer”-, corresponde examinar las constancias de autos a la luz del estándar fijado por la Corte Suprema en dicho precedente (Fallos: 335:1126), en la inteligencia de que la garantía de un plazo razonable -prevista en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos- también resulta de aplicación al ámbito tributario (ver mi voto en causa N° 55643/2016 “Alba Compañía Argentina de Seguros SA c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 27/06/2017). Al respecto, el Alto Tribunal, a fin de evaluar si la tramitación de un sumario administrativo se ha excedido del plazo razonable (directriz que, como se señaló, emerge del art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, integrante de bloque de constitucionalidad federal; art. 75 inc. 22 CN), ha seguido un test tomado de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez ha seguido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dicho test abarca los siguientes aspectos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y d) el análisis global del procedimiento. Tales pautas tienen como fin dar un contenido concreto a la garantía de obtener un pronunciamiento sin demoras indebidas, que se vincula con el derecho de defensa en juicio y el debido proceso (art. 18 CN). El Alto Tribunal ha aclarado que la vigencia de esta garantía no podía traducirse en un número fijo de días, meses o años (Fallos 330:3640, citado en “Losicer”; esta Sala in re: “MERA de ANDRIANO, Myrtha Gladis y otro c/ BCRA – Resol. 213/08 (Expte. 102548/86 Sum Fin 763)”, del 04/12/12). Alta en sistema: 30/12/2024 IV.- Que el único agravio de la actora se dirige a cuestionar la demora por parte del Tribunal Fiscal de la Nación en resolver la presente controversia.
Al respecto, de las constancias de la causa surge que las Resoluciones Nros. 430, 431 y 432 -dictadas por la AFIP- a través de las cuales se impugnaron los créditos fiscales del impuesto al valor agregado y se determinó de oficio la obligación en el impuesto a las ganancias fueron dictadas en noviembre del año 2011 (v. fs. 6/119, 222/322 y 423/510 de las presentes actuaciones), mientras que las Resoluciones Nros. 277 y 278 en las que se aplicaron multas por defraudación se dictaron en julio del año 2012 (v. fs. 616/629 de las presentes actuaciones).
La parte actora apeló dichas Resoluciones ante el Tribunal Fiscal de la Nación y a partir de allí se tramitaron los siguientes expedientes: (i) N° 35.741-I, en el que se había apelado la determinación de oficio efectuada a CEREALES MARÍA SRL respecto del impuesto a las ganancias por los periodos fiscales 2005 y 2006; (ii) N° 35.742-I, donde se discutía la resolución por la que se determinó de oficio a la misma empresa en el impuesto a las ganancias -salidas no documentadas- por idénticos periodos fiscales; (iii) N° 35.743-I, en el que se controvirtió el acto administrativo por el que se determinó de oficio a la actora en el impuesto al valor agregado respecto de los periodos fiscales de octubre 2005 a diciembre de 2006. Dichos expedientes fueron acumulados en fecha 30/11/2012 a partir de la Resolución dictada en pleno por el Tribunal Fiscal de la Nación (v. fs. 598 de las presentes actuaciones).
A su vez, también tramitaron los expedientes Nros. 36.645-I y 36.646-I. En el primero de ellos, se había recurrido el acto administrativo por el cual se le había aplicado a la sociedad una multa con sustento en los artículos 46 y 47, incisos b) y c) de la Ley N° 11.683, equivalentes a tres veces el impuesto a las ganancias -salidas no documentadas- presuntamente evadido, referido a los periodos fiscales contenidos en la apelación interpuesta en la causa N° 35.742-I, mientras que en el segundo, se refería a los periodos fiscales señalados en la apelación obrante en la causa N° 35.741-I. Asimismo, en fecha 22/08/2013 el Tribunal Fiscal resolvió acumular la totalidad de los expedientes señalados (v. fs. 725 de las presentes actuaciones). Seguidamente, el 13/02/2014 se ordenó abrir la causa a prueba, a partir de lo cual se agregó -entre otras cosasdocumental relativa a los movimientos comerciales de la sociedad Alta en sistema: 30/12/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V (registros contables y cartas de porte), declaraciones testimoniales (de vecinos de la parte actora, productores agropecuarios, contadores de la firma, integrantes de otras empresas de servicio de transporte), oficios dirigidos al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y a otras dependencias a fin de obtener información de los procesos de quiebra iniciados respecto del Sr. Guerrero (v. fs. 741 de las presentes actuaciones).
Luego, en fecha 30/09/2015 se declaró el cierre del periodo probatorio y, finalmente, el 15/03/2022 el Tribunal Fiscal resolvió la controversia en favor de la parte demandada. Ahora bien, teniendo en cuenta la acumulación de los expedientes administrativos, y el análisis de las constancias probatorias a efectos de determinar la veracidad de las operaciones de la parte actora con su proveedor (Sr. Guerrero), se advierte que el asunto presentaba aristas de complejidad, toda vez que fue necesario contar con un plexo probatorio amplio, que razonablemente exigía un examen minucioso de las constancias de la causa. A ello debe añadirse que, frente a un análisis global del procedimiento, no puede escapar el hecho de que a partir del 17 de marzo del año 2020 y hasta agosto de ese mismo año el Tribunal Fiscal de la Nación declaró una feria extraordinaria por razones de salud pública, originadas en la propagación a nivel mundial, regional y local de distintos casos de coronavirus (COVID-19), lo que influyó en el normal trámite de las causas de esa dependencia (conf. Resoluciones Nros. 13/20; 17/2020; -y sus posteriores prórrogas-; y Resolución N° 30/2020 del Tribunal Fiscal de la Nación).
De lo expuesto surge que, al menos dos de los puntos que incluye el test para determinar la razonabilidad del plazo para obtener un pronunciamiento (complejidad del asunto y análisis global del procedimiento) permiten concluir que no luce como irrazonable el plazo ocurrido entre el dictado de las Resoluciones impugnadas hasta la resolución definitiva (10 años), a diferencia del ponderado en el precedente “Lociser”, de más de 20 años. Máxime, cuando de los términos del recurso interpuesto no se advierte que la recurrente haya formulado razonamientos que logren de algún modo rebatir la conclusión alcanzada por el Tribunal a quo.
Por consiguiente, corresponde rechazar el recurso interpuesto por la parte actora y confirmar la resolución apelada.
V. Que por los fundamentos expuestos, corresponde: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fojas 887 y, en consecuencia, confirmar la resolución del Alta en sistema: 30/12/2024 Tribunal Fiscal de la Nación de fojas de fojas 870/874, que confirmó las Resoluciones Nros. 430/11; 431/11; 432/11; 277/12 y 278/12 División y Recursos de la Dirección Regional de Mar del Plata de la AFIP; 2) Imponer las costas de esta instancia a cargo de la parte actora por resultar vencida (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
ASÍ VOTAMOS.
El Señor Juez de Cámara, Dr. Jorge F.
Alemany dijo:
I. Que, en cuanto al relato de los hechos, cabe remitir a lo manifestado en el voto que antecede en los considerandos I y II.-
II. Que, corresponde examinar el agravio de la parte actora relativo a que el proceso se habría extendido excediendo el “plazo razonable”, de modo tal que a su entender no correspondería que le fueran exigidos los tributos ni la multa que se debaten en la presente causa.-
Al respecto, corresponde señalar que el principio del “plazo razonable” de duración de los procesos es aplicable a toda índole de procedimientos pero, sobre todo, al proceso penal con la finalidad de que el sujeto que se encuentra bajo tratamiento legal no permanezca largo tiempo bajo acusación y asegurar que la causa se decida prontamente.-
Dicho concepto fue asimismo aplicado a los procedimientos infraccionales y; en tal sentido, se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de L. 216 XLV “Losicer, Jorge Alberto y otros c/BCRA” del 26 de junio de 2012, respecto del procedimiento ante el Banco Central de la República Argentina y; en el precedente de Fallos 334:1264, en cuanto al procedimiento infraccional ante el servicio aduanero, que en ese caso se había extendido durante 23 años.-
En los presentes autos, fueron determinados de oficio el Impuesto a las Ganancias, el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Ganancias por Salidas no documentadas sobre la base de la impugnación de las operaciones concertadas con el proveedor Oscar Alfredo Guerrero, que fue considerado apócrifo. Asimismo, le fueron impuestas al contribuyente una serie de multas como consecuencia de las diferencias tributarias detectadas.
Tal como se indica de manera pormenorizada en el considerando V del voto precedente, lo cierto es que el plazo de 10 años transcurrido entre el inicio de la causa ante el Tribunal Fiscal y el Alta en sistema: 30/12/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V dictado de la sentencia no se advierte como irrazonable, a diferencia del ponderado en el precedente de Fallos 334:1264, de 23 años, eventualmente aplicable de manera analógica.
En consecuencia, VOTO POR: Rechazar el recurso interpuesto por la parte actora y confirmar la sentencia apelada, con costas (artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).-
En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fojas 887 y, en consecuencia, confirmar la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación de fojas de fojas 870/874, que confirmó las Resoluciones Nros. 430/11; 431/11; 432/11; 277/12 y 278/12 División y Recursos de la Dirección Regional de Mar del Plata de la AFIP; 2) Imponer las costas de esta instancia a cargo de la parte actora por resultar vencida (art. 68, primer párrafo, del CPCCN). Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvanse.
Guillermo F. TREACY Jorge F. ALEMANY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Alta en sistema: 30/12/2024
Fin de la sentencia