Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2020-15395348-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
I. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 2489/2017 dictada en la Actuación N° 13681-27- 2012/3 según lo expuesto en los Considerandos V a XIII del voto del Dr. Licht, disponiendo que el Cargo 115/15 devengará los intereses indicados en el Considerando XIII del mismo voto.
II. Revocar el Cargo 116/15, oportunamente formulado por los conceptos Percepciones RG 3431/91 y Percepción del Impuesto a las Ganancias RG 3543/92, en los términos del Considerando XI del voto del Dr. Licht.
III. Costas según los respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-119453738-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 27 de Octubre de 2025 EMPRESAS En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel N. Licht, Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura, a fin de resolver en los autos caratulados: “CEREALES PARTNERS LLC UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS c/ DGA s/ Recurso de Apelación”, Expte. N° 38.063-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. CEREALES PARTNERS L.L.C U.T.E. interpuso recurso de apelación contra la Resolución que confirmó los cargos aplicados a las importaciones documentadas por dicha firma durante el período 2010/2012. Estos cargos fueron impuestos bajo el criterio de que las cláusulas del contrato de licenciamiento evidenciaban que el pago del canon estaba directamente vinculado a las mercaderías importadas, constituía una condición de venta y no se encontraba incluido en el precio efectivamente abonado o a abonar por ellas.
II. El recurrente cuestionó el acto administrativo alegando una violación del debido proceso adjetivo, dado que la autoridad no consideró sus argumentos defensivos, afectando así gravemente su derecho de defensa. Sobre el fondo del asunto, sostuvo esencialmente que no estaba obligado a adquirir los productos exclusivamente de un proveedor específico. Además, destacó que las regalías se pagaban por todos los productos comercializados bajo las marcas licenciadas, independientemente de que provinieran de la licenciante o de terceros. Efectivamente, el recurrente señaló que la Aduana no logró acreditar, ni a través de las cláusulas contractuales ni mediante circunstancias económicas ajenas al contrato, la existencia de un vínculo directo entre las mercaderías importadas y el canon abonado, como tampoco demostró que el pago de las regalías constituyera una condición necesaria para la venta de dichas mercaderías. Es por esa razón que, cuestionó la interpretación realizada por el servicio aduanero sobre el concepto de “pago directo o indirecto”, por considerar que dicho organismo lo había reformulado y aplicado erróneamente en relación con los términos específicos del Acuerdo. Finalmente, denunció la vulneración del principio de neutralidad y objetó que la Aduana invocara precedentes jurisprudenciales que, según su criterio, resultaban ajenos a la controversia planteada en autos.
Por otro lado, sostuvo que no había abonado ni debía abonar las regalías reclamadas, en tanto había recibido una nota de crédito de parte de la licenciante —acreedora de tales sumas— que condonó el saldo de regalías pendientes, incluyendo aquellas devengadas durante el período bajo análisis.
En su interpretación de la norma aplicable, si el comprador no está obligado a abonar el canon, incluso después del momento de la importación, dicho pago no debería incorporarse al precio efectivamente pagado o a pagar por las mercaderías. En forma subsidiaria, el recurrente objetó el ajuste correspondiente al IVA del 21% incluido en el cargo 115/15 (“Cargo 115”), al considerar que dicha exigencia implicaba una doble imposición respecto del tributo ya satisfecho. Asimismo, impugnó el cargo 116/15 (“Cargo 116”) relacionado con los conceptos “IVA adicional” y “percepción del impuesto a las ganancias”, sosteniendo que tales rubros no correspondían ser intimados a su parte. Del mismo modo, cuestionó la aplicación de una tasa de interés del 3% mensual sobre tributos determinados en dólares estadounidenses. Finalmente, ofreció prueba, formuló la reserva del Caso Federal y solicitó la revocación íntegra de la resolución recurrida.
III. Al contestar el recurso, el organismo fiscal sostuvo que el recurrente intentaba eximirse de su responsabilidad tributaria solicitando una declaración de nulidad carente de fundamentos sustanciales. En ese sentido, defendió la validez de la determinación tributaria, resaltando que el licenciante ejercía un control directo o indirecto sobre el fabricante, circunstancia suficiente —a su entender— para concluir que el pago de las regalías configuraba una condición necesaria para concretar la venta destinada a la exportación. Para fundamentar dicha conclusión, detalló los elementos que —a su criterio— demostraban la existencia de ese control, organizándolos en tres categorías diferenciadas: aquellos relacionados con los productos, los referidos al fabricante y, finalmente, los vinculados al control efectivo ejercido por el licenciante. Asimismo, sostuvo que el estudio de valor elaborado por la Aduana evidenciaba claramente la relación directa entre el pago de regalías y la adquisición de las mercaderías importadas, razón por la cual el canon debía considerarse necesariamente una condición de venta. En igual sentido, expuso los tres requisitos esenciales que deben concurrir para justificar el ajuste aduanero por concepto de cánones y derechos de licencia, según lo establecido en el Acuerdo. Por último, respecto a la nota de crédito invocada por el recurrente, afirmó que ésta carecía de relevancia para la resolución del asunto, dado que constituía un aspecto propio de la relación contractual entre las partes involucradas, sin afectar en modo alguno la procedencia del ajuste realizado por la Aduana Finalmente, afirmó que resultaban procedentes los ajustes practicados en concepto de IVA, IVA adicional e impuesto a las ganancias, así como también los intereses reclamados. Citó jurisprudencia en respaldo de su posición, ofreció prueba, formuló reserva del Caso Federal y solicitó la confirmación íntegra del decisorio apelado, con imposición de costas.
IV. A fs. 238, este Tribunal tuvo por presentada a la representación fiscal, por contestado en tiempo y forma el traslado conferido y por debidamente acompañadas las actuaciones administrativas. En la misma providencia, y en atención al estado de la causa, se dispuso la apertura a prueba, y se procedió a proveer lo solicitado por el actor en el capítulo prueba de su escrito de inicio, conforme se detallará a continuación: “1) Abrir la causa a prueba por el término de sesenta (60) días. 2) Respecto de la prueba documental, estése a las constancias obrantes en las actuaciones administrativas que corren por separado. 3) En cuanto a la prueba pericial contable solicitada en el punto c), por Secretaría General de Asuntos Aduaneros desinsacúlese perito contador de la lista de peritos de la Excma. Cámara, quien deberá realizar su cometido dentro de los veinte días de aceptado el cargo”. A fs. 247 obra la constancia de notificación a la parte actora de la providencia precedentemente mencionada y, a fs. 256/258 vta., se encuentra glosado el informe elaborado por la perito contadora, cuyo traslado dio origen a la presentación efectuada por el recurrente a fs. 261/262. En dicha oportunidad, el actor formuló objeciones respecto de lo expresado por la experta en el punto 3° de su informe, en cuanto allí manifestó desconocer la existencia de la nota de crédito emitida por la licenciante, equivalente al saldo de las regalías devengadas durante el período comprendido entre los años 2009 y 2013. Por su parte, a fs. 268, se incorporó la presentación del representante fiscal, quien, en virtud del traslado conferido, también objetó el informe pericial, señalando que los asientos contables allí considerados carecían, a su entender, de toda relevancia probatoria. Como consecuencia natural de la secuencia procesal descripta, se confirió nuevo traslado a la perito contadora respecto de las manifestaciones efectuadas por la parte actora, lo cual motivó una nueva presentación de la experta, glosada a fs. 270/271, mediante la cual aclaró que tuvo acceso a la copia de la referida nota de crédito. A fs. 306 se declara cerrado el período probatorio y se elevan los autos a consideración de la Sala “G”. A fs. 308 se ponen las actuaciones a disposición de las partes para alegar, obrando el alegato de la parte actora a fs. 316/331vta.. A fs. 333 se pasan los autos a sentencia.
V. Así las cosas, debe hacerse notar que los agravios planteados por el recurrente carecen de la entidad necesaria para justificar una declaración de nulidad. Esto es así, porque nos encontramos ante una cuestión que se enmarca dentro de un hecho estrictamente reglado, característico de la naturaleza tributaria, en el que la medida de la obligación no debería quedar a discreción de ninguna de las partes de la relación jurídica. En este sentido, es importante destacar que el carácter reglado de la obligación tributaria guía al tribunal en la reconstrucción de los hechos en disputa y en la aplicación de la directiva legislativa de buscar la verdad jurídica objetiva.
En esta línea de análisis, debe ponderarse que, más allá de si la autoridad aduanera cumplió con los requisitos formales para dictar la resolución impugnada, estamos ante un acto administrativo cuya validez no puede ser definida discrecionalmente por la autoridad competente. Por ello, existe la posibilidad de subsanar en esta instancia cualquier irregularidad ocurrida durante el procedimiento administrativo. Ciertamente, esto establece una diferencia clara entre la posibilidad de corregir un acto administrativo emitido en ejercicio de facultades regladas y uno dictado en el marco de facultades discrecionales. Esta opinión es consistente con la doctrina reiterada de nuestro Máximo Tribunal (Fallos 205:549, 247:52, 267:393, entre otros), que sostiene: "cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce mientras exista la posibilidad de subsanar dicha restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, satisfaciendo ese derecho fundamental al ofrecer la posibilidad de recurrir a un organismo jurisdiccional en procura de justicia. Tal como, en este caso, lo ha hecho el recurrente ante este Tribunal, pudiendo ofrecer todas las pruebas que sustentan su derecho..." (in re "Mirror Holding S.A.", 15/9/06, expte. N° 20.440-I).
En este sentido, cabe destacar que en esta instancia el administrado pudo ejercer plenamente su derecho de defensa, presentando sin restricciones todas las pruebas que consideró necesarias.
Consideraciones particulares merece el agravio formulado por el recurrente en relación a que la resolución impugnada adhirió a los términos contenidos en las Notas elaboradas por la División Empresas Vinculadas, circunstancia que —según su propio planteo— habría de sumirlo en un estado de absoluta indefensión.
Ahora bien, es preciso señalar que la sola adhesión a un dictamen técnico, lejos de constituir per se una vulneración del deber de motivación que impone el ordenamiento jurídico, constituye una modalidad expresamente admitida —e incluso promovida—, siempre que dicha adhesión sea formulada en términos claros, expresos y recaiga sobre documentos que contengan, en sí mismos, una fundamentación suficiente, razonada y jurídicamente válida.
Tal es, precisamente, lo que ocurre en el presente caso. La resolución impugnada no puede reputarse inmotivada, por cuanto deja constancia expresa de su fundamento al adherir al contenido técnico y jurídico de las Notas emitidas por la mencionada División, las cuales se encuentran debidamente incorporadas al expediente administrativo. De esta manera, se satisface el principio de debida motivación consagrado en el artículo 7, inciso e), de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, en tanto el administrado tuvo cabal conocimiento de las razones de hecho y de derecho que sustentaron el acto, y pudo, en consecuencia, ejercer en plenitud su derecho de defensa.
En este contexto, sostener que la motivación sólo es válida cuando la autoridad administrativa formula por sí misma —y desde cero— el desarrollo argumental contenido en los dictámenes técnicos, implicaría desatender por completo el modo en que funciona la actividad administrativa. En efecto, en el marco de dicha actividad resulta habitual que las decisiones se nutran de informes producidos por órganos técnicos competentes, a cuyas conclusiones la autoridad sustantivamente competente puede adherir válidamente, sin que ello configure una delegación indebida ni un menoscabo de la garantía de motivación. Aún más, en aquellos supuestos en que la Administración dispone de áreas especializadas precisamente encargadas de emitir este tipo de informes o dictámenes, imponer la obligación de replicar textualmente sus fundamentos en el acto resolutivo final contravendría los principios de economía, eficacia y eficiencia que informan la función administrativa.
Por consiguiente, no se advierte irregularidad alguna en la modalidad adoptada por la resolución cuestionada. La adhesión efectuada por la autoridad decisora no puede interpretarse como una renuncia a su competencia ni como una omisión de su deber de motivar, sino que debe entenderse como una expresión válida de voluntad administrativa, en tanto el dictamen al que se remite satisface los estándares exigidos por el ordenamiento jurídico y se encuentra debidamente incorporado al expediente. Sin lugar a dudas, este criterio guarda coherencia con el principio de motivación in aliud —también denominado in aluendi— de los actos administrativos, el cual permite a la Administración fundar sus decisiones en documentos o antecedentes previos, siempre que estos sean accesibles, consten en el expediente y resulten conocidos por el administrado.
En esa inteligencia, el planteo del actor, al insistir con la nulidad del acto sobre la base de una supuesta falta de análisis autónomo y específico por parte de la autoridad que resuelve, desconoce la validez de la técnica de motivación por remisión. En rigor, la figura de la motivación in aluendi tiene por objeto evitar redundancias innecesarias en la fundamentación de los actos administrativos, contribuyendo a la eficiencia decisoria sin sacrificar las garantías sustanciales del debido proceso.
Cabe concluir, entonces, que el agravio en cuestión carece de entidad suficiente para conmover la validez del acto impugnado, por cuanto las supuestas deficiencias denunciadas no han causado al actor una situación de indefensión ni un perjuicio irreparable en esta instancia. A mayor abundamiento, toda vez que el actor ya tenía acceso a las Notas y conocimiento de sus fundamentos, su estrategia procesal bien pareciera orientada más a obtener una ventaja formal que a cuestionar la sustancia del acto administrativo. En consecuencia, corresponde el rechazo del planteo de nulidad articulado por el recurrente en este punto. En cuanto a las costas, aunque el agravio fue tratado previamente, es importante señalar que el recurrente no lo presentó como una excepción procesal independiente, sino como una defensa adicional contra el acto apelado, con el fin de obtener su revocación. Dado que no se generó una actividad procesal autónoma sobre este punto, no corresponde imponer costas al respecto.
VI. Pues bien, conforme se desprende de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas, la Aduana procedió a formular y notificar los Cargos que dieron origen a la presente controversia, reclamando al actor el pago de una diferencia de tributos respecto de las destinaciones de importación definitiva documentadas durante el período comprendido entre los años 2010 y 2012, identificadas a fs. 9/55 del expediente administrativo respectivo (“Despachos”). A tal efecto, fundó la determinación de los Cargos en las Notas N° 511/15 (DV EMVI), de fecha 21 de mayo de 2015 (“Nota 511”), y N° 579/15 (DV EMVI), de fecha 28 de mayo de 2015 (“Nota 579”), ambas incorporadas a las actuaciones administrativas de referencia. Sobre esa base, la Aduana practicó la liquidación pertinente (fs. 56) y notificó dicha determinación al actor, según consta a fs. 57 de las actuaciones.
Asimismo, en consonancia con lo señalado por el servicio aduanero en la referida Nota 511, en Cargo 115 y el Cargo 116 (“Cargos”), derivaron del estudio de valor que la Aduana le iniciara al actor con el objeto de dilucidar si correspondía adicionar al valor FOB declarado, las regalías que el importador había devengado durante los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012. Cabe destacar que, según consta a fs. 6 del expediente administrativo, la Aduana precisó que las mercaderías objeto de análisis consistieron en productos terminados destinados a la reventa en el mercado interno.
En consecuencia, sustanciada que fue la investigación de valor, la Aduana estimó que existían fundamentos que justificaban dudar de los precios declarados por el actor en los referidos Despachos. En tal sentido, procedió a practicar los correspondientes ajustes de valor conforme lo dispuesto por el artículo 8, párrafo 1, inciso c) del Acuerdo, basándose en las conclusiones alcanzadas en la Nota 511 y, especialmente, en la fórmula de cálculo que obra a fs. 8 del expediente administrativo. Así, se estableció el porcentaje que representaron las regalías devengadas en relación con el valor FOB total de las mercaderías importadas para la reventa en plaza.
De este modo, los porcentajes determinados —a saber, 10,73% para el ejercicio 2010, 10,86% para el ejercicio 2011 y 11,36% para el ejercicio 2012— fueron aplicados a los Despachos, resultando de ello las diferencias tributarias consignadas en la liquidación obrante a fs. 56, cuya notificación se materializó conforme consta a fs. 57 de las actuaciones administrativas citadas.
Finalmente, una vez notificados los Cargos, el actor interpuso recurso de impugnación, el cual fue sustanciado por el propio servicio aduanero conforme el procedimiento previsto a tal efecto Como consecuencia de la aludida sustanciación, la División Empresas Vinculadas formuló la Nota 19/2017 (DV EMVI) de fecha 11/01/2017 que en lo sustancial: 1) citó textualmente el inciso c) del apartado 1 del art. 8 del Acuerdo y la parte pertinente de la Nota Interpretativa al art. 8 que indica que los cánones y derechos de licencia comprenden a los pagos relativos a patentes, marcas comerciales y derecho de autor; 2) indicó que los pagos directos e indirectos a los que se refiere el inciso c) del apartado 1 del art. 8 del Acuerdo permiten estas posibilidades: a) que el canon se pague directamente como consecuencia de una estipulación del contrato de venta; o, b) que se pague indirectamente como consecuencia de una obligación que surja de otra fuente, como por ejemplo de un contrato de licencia distinto del de venta; 3) mencionó que debe hacerse un cuidadoso análisis de los contratos involucrados y de los aspectos propios de cada transacción ya que la práctica indica que generalmente la obligación de pagar un canon, surge de un contrato de licencia que obra por separado, sin que ninguno de ambos contratos -ni el de venta ni el de licencia- haga referencia al otro; 4) reseñó la opinión de la doctrina sobre lo que se considera “condición de venta” coincidiendo con Glashoff y Sherman en el sentido de que la expresión “condición de venta” no tiene un significado único y claro que se pueda aplicar automáticamente a los distintos casos de la vida mercantil y que siempre el pago del canon o de un derecho de licencia es “una condición de venta si, de no mediar el pago de ese canon o derecho de licencia, los bienes no se hubieran vendido al precio acordado ”.
Al mismo tiempo, (fs. 244) citó la opinión doctrinaria del Dr. Zolezzi destacando palabras del autor en el sentido de que la condición de venta debe buscarse en la interdependencia entre la compra de lo tangible y el derecho a usar o comercializar lo intangible; 5) describió el núcleo del debate impugnativo indicando que a su criterio el licenciante ejerce un control directo o indirecto sobre el fabricante, suficiente para que el pago de los cánones se considere como condición de venta para la exportación: así detalló los elementos que a su juicio deben considerarse para determinar dicho control, dividiéndolos entre aquellos que son concernientes a los productos, al fabricante y al control real por el licenciante; 6) se explayó sobre la condición distintiva de la marca y su contenido económico; 7) recalcó que el estudio de valor y en consecuencia los Cargos fueron efectuados sobre operaciones de importación con vinculadas de productos finales licenciados para su reventa todas concentradas en un único proveedor Nestlé Chile S.A. y mayoritariamente por las marcas: Nestlé Nesquick, Nestlé Trix, Nestlé Fitness, Nestlé Chocapic, Nestlé Zucosos, Nestlé Estrellitas Nestlé Gold y Nestlé Corn Flakes; e 8) indicó que es evidente que existe interdependencia entre la compra de lo tangible por parte del actor de mercaderías a fabricantes independientes del exterior y el derecho a usar o comercializar lo intangible, en razón de la autorización para la utilización de las marcas a cambio de un canon según las contrataciones celebradas y analizadas en el marco del estudio de valor y del presente caso.
En definitiva, la Aduana ratificó su posición entendiendo que las regalías abonadas por el actor implicaron una condición de venta.
VII. En ese estado de situación, nada nuevo digo al señalar que en el Acuerdo subyace un principio general de autonomía de la voluntad entre las partes, reconociéndose que el precio de transacción, libremente convenido, refleja —en la mayoría de los casos— el valor real de las mercancías. En efecto, este principio otorga protagonismo a la autonomía de la voluntad, en tanto considera, como regla general, el precio efectivamente pagado o por pagar en el marco de las operaciones comerciales celebradas entre el comprador y el vendedor, siempre que se verifiquen ciertas condiciones expresamente contempladas. Ahora bien, no puede soslayarse que el propio Acuerdo prevé excepciones que operan como límites a dicho principio de autonomía, con la finalidad de garantizar una valoración aduanera que resulte justa y objetiva. En consecuencia, la valoración en aduana de las mercaderías importadas debe efectuarse conforme las disposiciones del referido instrumento internacional. En tal sentido, el Acuerdo dispone que la primera base para la determinación del valor en aduana es el valor de transacción, es decir, el precio efectivamente pagado o por pagar por las mercaderías cuando estas se venden para su exportación al país de importación (arts. 1, 8 y 15 del Acuerdo y sus notas interpretativas).
De manera concordante, cabe precisar que el sistema de valoración aprobado por el Acuerdo se estructura sobre un criterio principal, previsto en el artículo 1, complementado por criterios secundarios que deben aplicarse, como regla general, en forma sucesiva y en el orden en que se enumeran —con la única salvedad de la facultad de invertir el orden de aplicación en lo que respecta a los artículos 5 y 6—. Así las cosas, el valor en aduana de las mercaderías importadas, según la definición contenida en el artículo 1, será el valor de transacción, constituyendo la primera base para la determinación de dicho valor, conjuntamente con las previsiones del artículo 8, referidas a los ajustes al precio efectivamente pagado o por pagar. En consecuencia, recién cuando no resulte posible establecer el valor de transacción conforme al método primario del artículo 1, será procedente acudir a las restantes bases de valoración, previstas en forma sucesiva y excluyente en los artículos subsiguientes.
En este orden de ideas, resulta pertinente destacar que el artículo 17 del Acuerdo establece que sus disposiciones no deben interpretarse de manera que limiten o cuestionen la facultad de la Administración de Aduanas para verificar la veracidad o exactitud de cualquier información, documento o declaración que se presente a los fines de la valoración en aduana. Por ende, se refuerza la potestad del servicio aduanero para ejercer un control efectivo sobre los elementos que conforman el precio declarado.
Sobre la base de este marco normativo y, como se desprende de los considerandos que anteceden, el servicio aduanero consideró que los precios documentados por el importador —determinados mediante el método previsto en el artículo 1— debían ser objeto de un ajuste conforme lo estipulado en el artículo 8, apartado 1, inciso c) del Acuerdo. Por consiguiente, la evaluación de dicho extremo se torna esencial para determinar la procedencia del ajuste aplicado y, en definitiva, para apreciar la validez y justicia del acto administrativo aquí recurrido.
En consecuencia, corresponde resolver la presente apelación a la luz de las disposiciones del Acuerdo, considerando, además, las particularidades propias de la relación comercial y contractual que vinculó al importador con el licenciante extranjero, circunstancia que reviste especial importancia a los fines de esclarecer la naturaleza de las operaciones y la justificación del ajuste efectuado.
VIII. En la tarea de determinar si corresponde adicionar al valor en aduana el pago de regalías conforme al artículo 8.1.c) del Acuerdo, resulta imprescindible mirar más allá de la letra del contrato. En efecto, se impone un examen que penetre en la lógica jurídica, económica y funcional que gobierna la relación entre los sujetos que intervienen en la operatoria internacional bajo análisis.
Claramente, la relación que nos ocupa excede un mero juego de voluntades contractuales. Así surge, con claridad meridiana, de la propia conformación de Cereales Partners LLC UTE ("UTE"), una Unión Transitoria de Empresas integrada por partes iguales entre Nestlé Argentina S.A. y la sucursal argentina de Cereales Partners LLC. En consecuencia, la importadora no aparece como una entidad desvinculada, sino como el engranaje operativo de una maquinaria corporativa más amplia, coordinada y estratégicamente diseñada.
No por casualidad, la UTE celebra un contrato de licencia (“Contrato”) con Cereales Partners Worldwide S.A. ("CPW"), entidad que no sólo actúa como titular de marcas, sino como vértice de la alianza mundial entre Nestlé y General Mills en el competitivo universo de los cereales para desayuno. Fue en este marco que la licenciataria obtuvo, de manera exclusiva, el derecho a usar las marcas, patentes y el know-how de CPW, a cambio del pago de regalías equivalentes al 5% de las ventas netas en productos licenciados y al 2,5% en aquellos utilizados como ingredientes sin referencia a marcas.
Precisamente, esta estructura contractual encuentra anclaje en una realidad económica que supera lo meramente formal. No está en discusión que la UTE importaba sus productos de Nestlé Chile, empresa vinculada al mismo conglomerado. En efecto, no se encuentra controvertido en autos que el actor importaba mercaderías que adquiría a Nestlé Chile y, que las tres sociedades involucradas (la UTE, CPW y el proveedor – Nestlé Chile-, se encontraban vinculadas entre sí en los términos del artículo 15.4 del Acuerdo. A mayor abundamiento, en sus estados contables “el importador informa haber realizado operaciones comerciales con sociedades relacionadas en los términos del Art. 33 de la Ley 19.550, por ende, incluidos los términos del artículo 15 apartado 4, del Acuerdo de Valoración GATT/OMC (Leyes 23.311 y 24.425) con las siguientes compañías” enumerándose entre otras a Nestlé Chile (fs. 3 de las actuaciones administrativas).
En este estado de cosas, también merece especial atención la cláusula 11.1 del Contrato —obrante a fs. 88/107 del expediente principal— que reconoce expresamente que la licenciataria es compañía afiliada del licenciante. Este reconocimiento contractual no puede ser entendido como una mera formalidad societaria, sino como una manifestación explícita de que ambas entidades operan bajo una estructura económica común, organizada y coordinada dentro del mismo grupo multinacional. Dicha afiliación implica un control conjunto de sus operaciones comerciales y estratégicas, lo cual permite inferir que las decisiones fundamentales en materia de producción, distribución y fijación de precios no se adoptan de forma autónoma, sino dentro de un marco común de gobernanza empresarial.
En consecuencia, esta realidad económica, que excede los límites formales del derecho societario, obliga a considerar que la relación entre las partes no puede analizarse únicamente desde la perspectiva de la separación jurídica, sino que debe atenderse al contenido sustancial de su vinculación funcional y económica. Ello por cuanto, no basta con mirar los términos de un contrato ni con calcular por inercia el precio de una transacción. Hay que detenerse. Mirar de cerca. Escuchar lo que las cláusulas dicen en voz baja. Percibir los vínculos que subyacen a lo que, en apariencia, es una compraventa más dentro del comercio internacional.
En consecuencia, en cuanto aquí es de específico interés, a fin de determinar si las regalías constituyen una condición de venta en el contexto del presente caso, resulta fundamental acudir tanto a pruebas documentales como a evidencias de comportamiento comercial. Al unísono es importante reparar que, en el ámbito contencioso-administrativo, el estándar de prueba aplicable para determinar si las regalías constituyen una condición de venta es el de preponderancia de la evidencia, lo cual no exige demostrar con certeza absoluta la conexión entre dichas regalías y la operación de venta. En pocas palabras, este estándar implica que basta con que la evidencia presentada muestre que es más probable que la relación exista que no, porque a diferencia del proceso penal, en el cual el estándar de prueba demanda un grado de certeza elevado —la culpabilidad debe probarse "más allá de toda duda razonable"—, en el proceso contenciosoadministrativo el objetivo es establecer una probabilidad mayoritaria.
En términos más claros, este tribunal entiende que la preponderancia de la evidencia es el estándar adecuado, dado que las controversias en este ámbito generalmente versan sobre relaciones patrimoniales y obligaciones administrativas, en lugar de derechos fundamentales cuyo resguardo exigiría un mayor nivel de certeza. Así, este estándar permite una evaluación flexible y proporcional a la naturaleza de la controversia, basada en el equilibrio de probabilidades y en el conjunto de pruebas documentales y de comportamiento comercial que obren en el expediente. En consecuencia, al aplicar la preponderancia de la evidencia en el caso presente, este tribunal bien puede considerar que los pagos de regalías constituyen una condición de venta si las pruebas aportadas en su conjunto permiten concluir que, en su mayoría, es más probable que dichos pagos estén relacionados con la venta de los productos que no lo estén. Ahora bien, no se discute que CPW actúa como coordinadora mundial de la asociación empresarial entre Nestlé y General Mills, y que en virtud de ese rol posee el derecho de utilizar y sublicenciar know-how, procesos, fórmulas, recetas y patentes desarrolladas por ambas compañías matrices. En consecuencia, este conjunto de activos intangibles —que excede la simple cesión de una marca— se encuentra incorporado materialmente en los productos importados, cuyas características finales responden directamente a los estándares definidos por el licenciante.
En virtud del Contrato, el uso de los activos intangibles —incluyendo marcas, fórmulas, patentes, diseño, know-how y procesos— se encuentra expresamente limitado a la licenciataria. A mayor abundamiento, la lectura integral de las cláusulas contractuales permite concluir que tales derechos no solo son conferidos con carácter exclusivo, sino que están sujetos a estrictos mecanismos de control por parte de la licenciante, los cuales excluyen cualquier posibilidad de que terceros ajenos accedan a ellos sin autorización previa. En efecto, la cláusula 2 establece que la licenciante otorga a la licenciataria una licencia exclusiva para usar las marcas dentro del territorio y en relación con los productos, prohibiendo expresamente su uso respecto de productos no comprendidos en el contrato sin aprobación previa. A su turno, la cláusula 4 dispone que ningún producto puede ser comercializado o vendido bajo las marcas licenciadas que no hayan sido aprobados previamente por escrito. Por añadidura, la cláusula 10 indica que el actor venderá los productos exclusivamente bajo una o más de las marcas, que usará las marcas exclusivamente sobre los productos o en relación a los mismos y se compromete a no usar ninguna marca que se parezca a cualquiera de las marcas del Contrato y que pueda causar engaño, confusión o error (clausula 8). Del mismo modo, el capítulo B otorga una licencia exclusiva sobre el know-how, procesos de fabricación, recetas, fórmulas y patentes para producir, empacar y comercializar los productos. Asimismo, la cláusula 11.1 califica a la licenciataria como compañía afiliada, y el capítulo E impone la obligación de promocionar las marcas licenciadas en el territorio.
En consecuencia, el análisis de estas cláusulas permite sostener, con fundamento contractual concreto, que el régimen de licencia no solo habilita al licenciatario, sino que excluye a cualquier otro actor económico que pretenda importar o comercializar los productos sin intervención de CPW. En el presente caso, tal afirmación se refuerza aún más si se considera que las mercaderías objeto de análisis son productos terminados que ingresan al país con la marca y la tecnología ya incorporadas. Por ello, las cláusulas del Contrato no solo condicionan cómo debe fabricarse un producto, sino que resultan esenciales para que los bienes puedan ser importados legalmente y luego revendidos en el mercado argentino. En particular, la cláusula que concede a la licenciataria el acceso exclusivo al know-how, recetas, procesos y patentes adquiere singular importancia, ya que, aunque la licenciataria no intervenga en el proceso de fabricación local, los productos que importa fueron elaborados en el extranjero utilizando precisamente ese conocimiento técnico. Por lo tanto, el pago de regalías no puede considerarse ajeno o posterior a la importación, sino que remunera el uso previo de activos intangibles que ya se encuentran incorporados en el producto terminado. De este modo, el Contrato asegura que solo quien ostenta la licencia puede importar y comercializar legalmente dichos productos con esas características, reforzando su función como instrumento esencial dentro del funcionamiento integrado del grupo económico. En consecuencia, lejos de ser un contrato accesorio o meramente formal, el Contrato se erige como un componente central del esquema operativo transnacional de la empresa, en tanto define no solo el acceso a los derechos de propiedad intelectual, sino también quién está habilitado a comercializar los productos importados y bajo qué condiciones. Esta configuración jurídica se completa con una serie de condiciones operativas y comerciales —como la obligación de aprobación previa, el control de calidad, la prohibición de sublicencia, la presencia de la marca en el producto terminado y la vinculación estructural entre licenciante y licenciataria— que, en su conjunto, permiten calificar al pago de regalías como condición de venta conforme al artículo 8.1.c) del Acuerdo, y justificar su incorporación al valor en aduana como un ajuste necesario y legalmente previsto.
A todo lo anterior, cabe sumar lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Ford Argentina SCA (21.950-A) c/ DGA", sentencia del 28/05/2013, en el que se afirmó que la concertación del canon constituye una condición implícita de venta cuando el producto importado incorpora tecnología y estándares definidos por el licenciante. En efecto, según se desprende de las consideraciones vertidas en dicho pronunciamiento, se concluyó que para fabricar productos con la marca resulta imprescindible importar productos que posean la tecnología definida según normas de producción que dan lugar al producto final que tiene identidad propia y sobre el que se basa el pago del canon, como asimismo que la concertación del canon constituye una condición de venta implícita para importar insumos provistos por el licenciante. Tal como allí se afirmó, el hecho de que el producto no pueda ser comercializado legalmente sin el uso de esos intangibles determina que el pago de regalías sea un requisito indispensable para que la operación de compraventa se perfeccione.
Esta doctrina encuentra plena aplicación en el presente caso, aunque aquí no se trate de insumos sino de productos terminados. Justamente, la relación es aún más directa: no existe una etapa de fabricación local donde pudiera discutirse si el know-how ha sido utilizado o no. El producto llega al país ya confeccionado, con las marcas, fórmulas y procesos previamente definidos y aplicados. Así, la regalía pactada remunera directamente el uso de esos activos intangibles en origen, sin los cuales la importación no sería posible. Por tanto, si en el caso Ford —donde se trataba de insumos— la Corte entendió que existía condición implícita de venta, con mayor razón debe concluirse en igual sentido cuando el producto llega listo para su comercialización, moldeado desde su origen por los estándares que impone el contrato de licencia. Así planteada la cuestión, corresponde puntualizar que para que proceda válidamente el ajuste al valor en aduana por regalías conforme al artículo 8.1.c) del Acuerdo, deben cumplirse tres requisitos concurrentes: primero, que los cánones estén relacionados con las mercancías que se valoran; segundo, que el pago del canon constituya una condición de venta; y tercero, que su importe no esté incluido en el precio pagado o por pagar por las mercancías.
En el caso bajo examen, tales condiciones se verifican de manera inequívoca. En primer lugar, el canon pactado retribuye directamente el derecho a comercializar las mercaderías importadas. Así, el capítulo B del Contrato, concede acceso al know-how, recetas, procesos y patentes. Esto significa que, aunque no haya fabricación local, el producto que se importa fue fabricado usando ese know-how. Por tanto, el pago de regalías remunera el uso pasado de esos activos en la producción del bien que ahora se importa. Esta cláusula vincula el pago de regalías con el producto que se importa terminado. En lo que concierne a la contraprestación económica, el artículo 32.1 establece el pago de regalías equivalentes al 5% de las ventas netas. Dichas regalías se calculan sobre cada unidad vendida y se vinculan exclusivamente a productos licenciados.
De tal mecánica se desprende una relación directa entre el producto importado y el pago exigido por la licencia, lo que evidencia su carácter no opcional ni abstracto, sino concreto y sistemático. En segundo lugar, y complementando lo afirmado precedentemente, la licencia es obligatoria y su cumplimiento condiciona el acceso al producto. En efecto, la licenciataria solo puede comercializar productos aprobados por CPW, lo cual refuerza que, aunque los productos se fabriquen en otro país, la licenciataria no tiene autonomía para venderlos en Argentina sin aprobación previa. Esto otorga al licenciante control sobre qué productos se pueden importar y revender, aunque no intervenga en la venta directa. Al mismo tiempo, no puede olvidarse que la licenciataria no es una compradora neutral, sino parte de una estrategia global de posicionamiento de marca, ya que su rol es actuar como brazo comercial del licenciante en el país, reforzando la idea de integración funcional entre las partes que intervienen en la operación. Bajo esa óptica, la escisión formal entre el contrato de licencia y la compraventa internacional no impide reconocer su íntima interdependencia. La posibilidad de importar los productos objeto de compraventa queda subordinada a la previa existencia y vigencia del Contrato.
En definitiva, aunque la licenciante no sea el proveedor, ejerce un rol de control y habilitación que influye decisivamente sobre las condiciones de la transacción.
Por último, el pago se realiza en forma independiente del precio de compra pactado con el proveedor. En efecto, en lo que respecta al tratamiento del pago de regalías desde el punto de vista de su inclusión en el precio de las mercaderías, cabe puntualizar que el Contrato y la mecánica de facturación acreditan que dichas regalías se devengan y liquidan separadamente del precio pactado con el proveedor extranjero. Esta circunstancia evidencia que el precio facturado por Nestlé Chile —y declarado por el actor ante la Aduana— no contempla el canon correspondiente al uso de marcas, patentes, fórmulas y know-how. En este contexto, el núcleo del conflicto planteado por el actor radica precisamente en su interpretación de que tales pagos no deben adicionarse al precio declarado, al considerar que no constituyen una condición de venta para la exportación al país de importación. Sin embargo, esta postura no se condice con el contenido del Contrato ni con las circunstancias objetivas que rodean la operatoria.
Todo lo expuesto permite concluir que la regalía abonada por la UTE a CPW constituye una condición de venta en los términos del artículo 8.1.c) del Acuerdo y que, como tal, corresponde su incorporación al valor en aduana de las mercaderías importadas.
Cabe indicar, finalmente, que este criterio coincide con lo resuelto por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal – Sala III, en la causa 25364/2023 “Cereales Partners LLC UTE (TF 37553-A) c/ DGA s/recurso directo”, sentencia del 6 de agosto de 2024, donde se ventiló una cuestión análoga. Si bien en aquel caso el proveedor fue CPW Brasil Ltda. y en el presente se trata de Nestlé Chile, la estructura jurídica, la identidad funcional del licenciante y la mecánica de pagos resultan esencialmente idénticas. Así las cosas, debe concluirse que el canon pactado constituye una condición de venta y, como tal, debe ser incorporado al valor en aduana.
IX. Despejado lo anterior, corresponde examinar con detenimiento el acuerdo de condonación alegado por la actora. En este caso, el actor alega que resulta imposible afirmar que, respecto del período bajo análisis, el pago del canon haya operado como condición de venta de las mercaderías importadas. Ello, en virtud de que, mediante un acuerdo de condonación y renuncia celebrado entre el actor y su licenciante, se eximió en forma definitiva al primero del pago de regalías. Por tal motivo, el actor manifestó que “las regalías que conforman el pretendido ajuste nunca fueron abonadas —y jamás deberán abonarse—, y por lo tanto no son cánones o derechos de licencia que el comprador (vgr. Cereales Partners) ‘tenga que pagar’, pues como dijimos mi mandante NUNCA TENDRÁ QUE PAGARLOS. Por lo tanto, no puede adicionarse al precio pagado o por pagar en los términos del art. 8.1. (c) del Acuerdo de Valor de la OMC”.
Ahora bien, esta afirmación exige ser contrastada con la realidad jurídica y económica acreditada en autos. A fs. 150/155 de las actuaciones administrativas, constan cuatro certificaciones contables que dan cuenta de las regalías devengadas por el actor durante el período 2010-2012. Asimismo, a fs. 199/201 se incorpora una nota al pie que señala que dichas regalías estuvieron impagadas hasta el 31/12/2013, fecha en la cual fueron formalmente condonadas mediante la emisión de una Nota de Crédito.
En este sentido, resulta esencial recordar que las solicitudes de importación que originan la presente controversia fueron registradas entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2012. Y que el acuerdo de condonación invocado por la actora fue celebrado con posterioridad: exactamente el 31 de diciembre de 2013. Dicha secuencia temporal se ve ratificada por el informe pericial producido en autos, del cual efectivamente se desprende que las regalías devengadas durante el período 2010/2012 a favor de Cereales Partners Worldwide S.A. no fueron efectivamente abonadas, sino condonadas a través de la ya mencionada Nota de Crédito.
En este contexto, el artículo 8.1 del Acuerdo cobra particular relevancia. Allí se establece que deben adicionarse al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas “los cánones y derechos de licencia relativos a las mercancías objeto de valoración que el comprador esté obligado a pagar, directa o indirectamente, como condición de la venta”. La clave, entonces, radica en la expresión “esté obligado a pagar”, que remite a una obligación jurídica vigente, no a la concreción material del pago. A partir de la literalidad del precepto transcripto, se advierte que el eje del análisis no se centra en el pago efectivo de las regalías, sino en la existencia de una obligación jurídica de pagarlas. La expresión “esté obligado a pagar” remite claramente a una situación de exigibilidad. En este sentido, el ajuste es procedente cuando el comprador, al momento de la importación, se encuentra jurídicamente comprometido al pago de regalías vinculadas a la venta de las mercaderías importadas.
Cabe enfatizar que el término utilizado por el Acuerdo no es “haya pagado” ni “pagará”, sino “esté obligado a pagar”, lo cual pone de relieve que el criterio de ajuste no depende del efectivo desembolso, sino de la existencia de una obligación contractual vigente y exigible al momento de la importación Dicho de otro modo, lo que se exige no es que el canon haya sido efectivamente abonado, sino que exista una obligación legal, derivada del contrato, de pagarlo al momento en que se realiza la importación. En consecuencia, el argumento de que las regalías “nunca fueron abonadas —y jamás deberán abonarse—” no basta para descartar el ajuste. Si durante el período 2010-2012 existía una obligación contractual exigible —como lo prueban las certificaciones contables que devengaban las regalías—, el hecho imponible previsto en el artículo 8.1.c) se encuentra configurado.
Por tanto, la condonación posterior al hecho imponible no modifica la naturaleza ni la existencia de la obligación vigente al momento de importación. En otras palabras, la obligación que aquí interesa no es la efectivamente satisfecha, sino la jurídicamente exigible en el instante de la importación. Así lo ha entendido también la jurisprudencia nacional. En efecto, en el caso "Ford Argentina SCA (TF 27.570-A) c/ Dirección General de Aduanas", resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 21 de octubre de 2014, se afirmó que “la aludida condonación del canon pactado, realizada después del registro de las solicitudes de importación carece de toda incidencia sobre la valoración aduanera, en atención a que la ley tiene por perfeccionado el hecho imponible y fijada la base en la fecha en que se realiza aquel registro”. Esta misma interpretación se encuentra prevista en el artículo 9 del Acuerdo y su nota interpretativa, que fijan el momento de la importación como el determinante para la valoración. Más recientemente, en la causa 25364/2023 "Cereales Partners LLC UTE (TF 37553-A) c/ DGA", la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó este criterio. En dicha oportunidad, rechazó expresamente que “la hipotética condonación que habría sido efectuada en la nota de crédito del año 2013” pudiera ser admitida con el alcance pretendido por la actora, por cuanto lo determinante para definir el caso es “la concurrencia de un derecho de licencia o canon que debe afrontar el importador como condición de venta de las mercaderías o, dicho de otro modo, la imposibilidad de separarlos de la venta”.
En el mismo sentido, la Sala II, en los autos “Ford Argentina SCA (TF 23547-A) c/ DGA” (sentencia del 24 de febrero de 2015), luego de recibir los autos en devolución tras la decisión de la Corte, confirmó el cargo notificado por la Aduana con fundamento en el mismo principio: el hecho imponible queda perfeccionado al momento de la solicitud de destinación de importación.
A mayor abundamiento, y como ha sostenido el Dr. Zolezzi con claridad: “ningún arreglo entre particulares, por el que se condone al importador una parte o el todo del precio pagado o por pagar (art. 1 del Acuerdo) o de los ajustes que se le deban hacerse a ese precio (conforme al art. 8 del mismo), pudiendo ser válido entre ellos, es inoponible al fisco al efecto del cálculo del importe de los derechos de importación”.
En este sentido, cabe recordar que los acuerdos privados celebrados entre las partes, aún válidos y eficaces inter partes, no pueden afectar la configuración jurídica de la obligación tributaria nacida ex lege. Desde luego, los particulares conservan la libertad de pactar según su interés. Pero dicha libertad no se proyecta sobre la potestad fiscal del Estado ni sobre la configuración objetiva del hecho imponible. En consecuencia, cualquier modificación posterior —como la condonación del canon— carece de virtualidad frente al Fisco, cuando el hecho imponible ya se encuentra consolidado conforme a la ley. Por ende, admitir que una nota de crédito emitida con posterioridad a la importación elimina la necesidad del ajuste por regalías devengadas equivaldría a habilitar la reconfiguración retroactiva de las obligaciones tributarias por vía privada. Lo que, en rigor, importaría una inadmisible sustitución del principio de legalidad por la voluntad de las partes.
En definitiva, la condonación posterior carece de aptitud jurídica para modificar la valoración aduanera, por lo que el ajuste en los términos del artículo 8.1.c) del Acuerdo resulta plenamente procedente.
X. Sentado lo que antecede, corresponde evaluar si el servicio aduanero determinó apropiadamente el quantum de los Cargos y en tal sentido es necesario considerar que el actor no objetó ni la fórmula utilizada ni el importe consignado como de valor FOB de las importaciones ni las regalías utilizadas a los fines del cálculo del ajuste.
Como consideración preliminar, es necesario indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que su jurisprudencia es obligatoria respecto de todos los tribunales inferiores a efectos de la adecuada salvaguardia de la unidad jurídica en la interpretación ínsita en el principio consagrado en el art. 116 de la C.N., habiéndose calificado a sí misma como “intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia”, como lo son, v.gr., el Código Aduanero..
Y pese a que la Corte Suprema “sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos [...]. De esa doctrina, y de la de Fallos: 212-51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia...” (C.S., “Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo”, del 4/7/85, “Fallos”, 307-1094 y sus citas). Ello es así por cuanto, por disposición de la Constitución Nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte Suprema tiene autoridad definitiva para la justicia de toda la República (art. 100, C.N. [actualmente, art. 116, según la reforma de 1994], y art. 14, ley 48, “Fallos”, 212-51); extremo que corresponde extender a la actuación de este Tribunal Fiscal, en tanto ejerce funciones jurisdiccionales sustantivas o materialmente judiciales, como órgano de justicia fiscal y aduanera, imparcial e independiente de la Administración activa.
A lo expuesto se agrega que la Corte Suprema ha expresado en forma contundente que el desconocimiento de las pautas dadas por ella en sus pronunciamientos bastan para descalificar las sentencias emanadas de tribunales inferiores, “pues la ausencia de argumentos que permitan determinar el criterio seguido para prescindir de la doctrina jurisprudencial de la Corte aplicable al caso importa una decisiva carencia de fundamentación que vicia la sentencia como acto jurisdiccional” (“García, Sixto E.”, del 30/6/99; Suplemento de Jurisprudencia Penal de “La Ley”, del 27/9/99, p. 30).
XI. En consecuencia, en cuanto a la procedencia del IVA adicional y anticipo del impuesto a las ganancias, debe estarse a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación establecida a partir de la sentencia de fecha 26 de noviembre de 2019 dictada en la causa caratulada "CLADD ITA S.A. c/ EN - DGA resol. 2590/06 (Expte. n° 604155/01) s/DGA" (TF 22.343-A), ocasión en la que -entre otras cuestiones-, la Corte tuvo que determinar si “la Aduana se encuentra facultada para exigir el pago de las percepciones del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias conforme a lo establecido en las resoluciones generales DGI 3431/91 y 3543/92 luego de vencidos los plazos correspondientes a las declaraciones juradas en las que resultan computables esos tributos”.
Así, la Corte indicó con relación a ambas percepciones que “… constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”. En tales circunstancias, la Corte sentó doctrina indicando que “… cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal”.
En tal inteligencia del asunto, el servicio aduanero carece de facultades para exigir en el cargo los importes correspondientes a las percepciones de IVA y de impuesto a las Ganancias.
XII. Respecto del agravio referido a la supuesta improcedencia del IVA 21% he de decir que el IVA (ley n° 20.631 –t.o. Dto.280/1997– y Decreto n° 692/98, Reglamentario de la ley) recae, en lo que aquí interesa, sobre las importaciones definitivas de cosas muebles y se trata de un impuesto indirecto y real, diseñado como un impuesto federal al consumo, de carácter general, plurifásico no acumulativo y que aplica el criterio de destino. La característica no acumulativa se la implementa a través de un mecanismo denominado “por sustracción”, que consiste en la deducción de créditos contra débitos, de modo que cada etapa de producción o comercialización termina tributando únicamente por el valor agregado en esa etapa. Esto es, al momento de determinar el impuesto a ingresar, el contribuyente deducirá del total de IVA cobrado en sus ventas (débito fiscal) la suma de los IVA pagados en sus compras (crédito fiscal), lo que constituye la base imponible del impuesto en la etapa, debiendo entonces ingresar al fisco únicamente el neto multiplicado por la alícuota. En pocas palabras, en cada etapa de producción o comercialización se tributa únicamente por el valor agregado en dicha etapa, calculado como la diferencia entre el precio cobrado de venta –sin IVA- y el precio pagado de compra –sin IVA-, a la que se le aplica la alícuota del impuesto [(Pr Neto Venta – Pr Neto Compra) x 21%].
En materia de comercio internacional o interjurisdiccional, nuestra legislación ha adoptado el principio de tributación en el país de destino, los que significa que, en lugar de que los impuestos sean pagados en la jurisdicción donde se fabrica el bien –y eximirlos en el lugar donde se consumen– (criterio país de origen), la ley del impuesto optó por disponer que los productos deben salir libres de impuestos del lugar de donde se producen, debiendo gravarlos el país de destino, donde se habrán de consumir. La fundamentación de tal decisorio radica en el principio de equidad, por cuanto “se supone que el sujeto reside en el Estado donde consume y dicho Estado ha de ser quien brinde bienes y servicios, por lo cual, debe ser el que reciba los impuestos”. Además, específicamente con respecto a las importaciones se dispuso que los bienes importados deben recibir igual tratamiento que los nacionales, de forma tal que serán alcanzados por la misma alícuota que los bienes de origen nacional. Para ello, el artículo 2° del Decreto reglamentario de la ley del IVA aclara que importación definitiva es la que el Código Aduanero refiere como importación para consumo, que este último define como aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer por tiempo indeterminado dentro del territorio aduanero (art. 636 C.A.).
En ese sentido, de acuerdo con el inciso c) del artículo 1° de la ley del impuesto, la configuración del hecho imponible requiere la existencia de dos elementos: uno de carácter objetivo (cosa mueble importada) y otro de carácter territorial (la importación debe ser hecha a nuestro país). Así, “a diferencia de lo que sucede con las cosas muebles de origen nacional, no son necesarios ni el requisito de onerosidad ni condición subjetiva de tipo específico alguno”. Y resulta de claro entendimiento que la transferencia de bienes antes de la destinación para consumo se encontraría fuera del objeto del impuesto, al no cumplirse el requisito de territorialidad que surge del inciso a) del artículo 1°, ya que los bienes no se encuentran en el territorio de la Nación (Dictamen 51/98, DAT, BAFIP 26, pág. 1681). Por otro lado, según el dictamen 4/03 (DAL, BAFIP 71, pág. 1155), la registración de la solicitud de importación consolida la importación definitiva e indica quien es el importador definitivo de los bienes, por lo que “cualquier transacción que se realice a partir de ese momento se está perfeccionando sobre bienes situados o colocados en el territorio del país y se encontraría sujeta a imposición” (Marchevsky, Rubén – “Impuesto al Valor Agregado. Análisis integral” – Errepar – 1° edición - pp. 188/189).
A mayor abundamiento, una de las características de las importaciones es que se encuentran sometidas a un mecanismo de pago distinto al general, puesto que el IVA se “anticipa” con el despacho a plaza conjuntamente con los derechos aduaneros (art. 27 de la ley), aplicándose sobre el precio normal –previsto en el CA, s/ art. 64 del DR definido para el cálculo de los derechos de importación al que se agregarán todos los tributos a la importación o con motivo de ella (art. 25 de la ley), siendo sujeto pasivo del impuesto el importador (art. 4° de la ley). En los hechos, el IVA Importación (llamado IVA Tasa General) se calcula sobre el valor CIF al que se agregan los derechos de importación y la tasa de estadística de corresponder. En síntesis, las mercaderías que han de importarse vienen –o deberían venir– libres de impuestos y, al importarse en forma definitiva, tributan el IVA. Por tanto, el importador tendrá, en su liquidación del impuesto, un crédito fiscal que deducirá del débito generado con la venta de la mercadería importada, y deberá ingresar al fisco la diferencia multiplicada por la alícuota [(débito fiscal cobrado por la venta del insumo en el mercado interno – crédito fiscal pagado al nacionalizar la mercadería importada) x 21%].
Es por esa razón que no conmueve tal convencimiento el argumento sostenido por el actor en el sentido de que se estaría realizando un pago doble sobre las licencias, habidas cuentas de que no exige mayor esfuerzo de razonamiento comprender que el valor agregado que el intangible representa no está incluido en el precio. Sentada la idea de que la marca y la tecnología incorporada representa un valor agregado -en el país de fabricación- al producto importado, va de suyo que si lo que el IVA TG busca gravar es el total del valor agregado al producto en el exterior, ninguna duda cabe en la determinación del quantum del impuesto no puede dejar de incluirse la totalidad de dicho valor. Verdaderamente es prerrogativa exclusiva del legislador determinar la base de imposición y nunca de la autoridad de aplicación.
XIII. Finalmente, debo tratar el agravio planteado por la actora referido a la aplicación de intereses sobre los Cargos.
Primeramente, debo decir que, en materia de tributos aduaneros, el art. 794 del C.A. establece, para el Fisco acreedor, que “vencido el plazo de DIEZ (10) días, contado desde la notificación del acto por el cual se hubieren liquidado los tributos, o vencido el plazo cierto de espera que se hubiere concedido para su pago, el deudor o responsable debe pagar juntamente con los mismos un interés sobre el importe no ingresado de dicho plazo, incluida en su caso la actualización respectiva. La tasa de interés será fijada con carácter general por la Secretaría de Estado de Hacienda y no podrá exceder, en el momento de su fijación, del doble de la que percibiere el Banco de la Nación Argentina para el descuento de documentos comerciales”.
Y, para los casos de devolución de importes indebidamente percibidos en concepto de tributos, ya fuera que el pago se hubiere efectuado espontáneamente o a requerimiento del servicio aduanero, el mencionado cuerpo normativo indica en los arts. art. 811 y art. 812 que “los intereses se devengarán desde la fecha de la presentación del escrito por el cual se reclamare la repetición, hasta el momento de su pago” y que “la tasa de interés aplicable será la que fijare la Secretaría de Estado de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 794”. No redunda recordar que la tasa y el mecanismo de aplicación de los intereses resarcitorios tanto en materia impositiva como aduanera, para ambos casos de Fisco acreedor y deudor, fueron fijados con carácter general por el Ministerio de Hacienda, a través de la Resolución N° 314/2004 del Ministerio de Economía y Producción, la cual fue derogada el 01/08/19 mediante Resolución del Ministerio de Economía Nº 598/2019, que introdujo modificaciones significativas al esquema de tasas de intereses resarcitorios y punitorios, para impuestos y recursos aduaneros, tanto para fisco acreedor como deudor.
Y si bien la tasa correspondiente a impuestos, anticipos, pagos a cuenta y multas ha sufrido modificaciones a lo largo de los años –tanto a nivel nacional como provincial–, no se observó lo mismo respecto de la alícuota que paga el Fisco en el caso de repeticiones, devoluciones, reintegros o compensaciones, que se había mantenido en 0,50% desde su reglamentación tanto para materia aduanera (art. 3° de la mencionada resolución) como impositiva (art. 4° de la misma norma) hasta la Resolución N° 598/2019 ocurrida en agosto de 2019. En dicha oportunidad se estableció que tal tasa será, para los casos que se trate de conceptos no expresados en dólares estadounidenses, igual a la “efectiva mensual surgida de considerar la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina para el período de treinta (30) días finalizado el día veinte (20) del mes inmediato anterior al inicio del referido trimestre”.
Mientras, para los casos “de conceptos expresados en dólares estadounidenses, la tasa de interés aplicable será del cero como veinte por ciento (0,20%) mensual”. La tasa de interés resarcitorio para los casos del Fisco acreedor (establecida en el art 1° de la Resolución Nº 314/2004) inicialmente se fijó en 2% mensual para tributos impositivos y aduaneros, cuatro meses más tarde reducida a 1,5% por la Resolución Nº 578/2004 del Ministerio de Economía y Producción. En el año 2010, el mismo Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emitió la Resolución Nº 841 por la cual elevó la tasa aplicable a impuestos al 3% mensual. Durante el año 2019, y ante un marcado crecimiento de la deuda tributaria para con el fisco, el Ministerio de Hacienda mediante la Resolución N° 50/2019 (B.O. 8/2/2019) cambió de un régimen de tasa fija a uno variable, incrementando el porcentaje a 4,50% hasta el 31 de marzo de 2019.
A partir de entonces, dispuso que “...la tasa de interés resarcitorio mensual…, vigente en cada trimestre calendario, será la efectiva mensual equivalente a uno coma dos (1,2) veces la tasa nominal anual canal electrónico para depósitos a plazo fijo en pesos a ciento ochenta (180) días del Banco de la Nación Argentina vigente el día veinte (20) del mes inmediato anterior al inicio del referido trimestre”. La tasa resultante para el trimestre abril a junio de 2019 se ubicó en 3,76%, mientras que la correspondiente al período siguiente, esto es julio a septiembre próximos, se elevó a 4,73% mensual, lo que significó un incremento de 26% respecto del valor vigente en el trimestre anterior. Por su parte, la Resolución Nº 598/2019, con incidencia a partir del 01/08/2019, si bien no modificó la tasa de interés resarcitorio para deudas en pesos, si lo hizo para las aduaneras en dólares.
En este caso, estableció que la tasa de interés aplicable fuera de 0,83% “cuando las obligaciones de que se trate se encuentren expresadas en dólares estadounidenses o deban abonarse de acuerdo con el monto de categorías u otros conceptos similares vigentes a la fecha de su efectivo pago”. Esta norma fue derogada por la Resolución del Ministerio de Economía Nº 559/2022 y entró en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial (25/08/2022) surtiendo efectos desde el primer día del mes inmediato siguiente al de esa fecha, o sea el 01/09/2022. En lo que aquí interesa, dispuso que “Cuando se trate de conceptos expresados en dólares estadounidenses, la tasa de interés aplicable será del cero coma veinte por ciento (0,20 %) mensual”, con lo cual redujo la tasa de interés expresada por su antecesora.
Sin embargo, el art. 9º de la Resolución del Ministerio de Economía Nº 3/2024 derogó la norma en comentario, entrando en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial (22/01/2024), surtiendo efectos desde el primer día del mes inmediato siguiente al de esa fecha, es decir el 01/02/2024. Esta norma indicó que la tasa de interés resarcitorio mensual prevista en el artículo 794 del C.A. (art. 1º de la Resolución 3/2024) cuando las obligaciones de que se trate se encuentren expresadas en dólares estadounidenses o deban abonarse de acuerdo con el monto de categorías u otros conceptos similares vigentes a la fecha de su efectivo pago (art. 3 de la misma norma) sea del (0,83 %). Puesta así las cosas, y en relación a la posibilidad de morigerar la tasa de interés aplicable, advierto que podría hacerse sin declarar la inconstitucionalidad de la reglamentación aplicable y sin necesidad de violentar la norma procesal que limita las facultades jurisdiccionales de este organismo administrativo jurisdiccional.
En efecto, tal como dije al fallar en la causa: “PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA SA c/ DGA s/recurso de apelación”, EX-2020-15395348- -APN-SGASAD#TFN (sentencia del 18/02/21), este tribunal no puede declarar la inconstitucionalidad de una norma ley asimilándose a los jueces de la Constitución y brincando con juegos interpretativos la máxima que impone el sometimiento de la administración a la ley. No obstante ello, también advertí que ese obstáculo legal no encorsetaba la posibilidad de resolver el caso sometido a decisión mediante una justa ponderación de los principios aplicables y sin necesidad de declarar la inconstitucionalidad de norma alguna. En ese orden de ideas, hice hincapié en que la limitación legal tenía exclusiva relación con los casos que demandaban su solución mediante una subsunción de los hechos en las normas aplicables.
Añadiendo que solamente ante los casos de ausencia de complejidad sustancial, en donde el control de constitucionalidad debía ser directo, no podía prescindirse de resolver el caso sino mediante una declaración de inconstitucionalidad que me estaba prohibida realizar. En sentido contrario, advertí que no era menester la declaración de inconstitucionalidad si la resolución del caso demandaba recurrir a la ponderación de los valores, principios y normas con incidencia en la situación examinada. Así fue el 30 de abril de 2020, en la sentencia dictada in re “C., J. C. c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa - Ejército s/ daños y perjuicios”, EDCMXIX-139, Revista de Derecho Administrativo, mayo 2020 - Número 5, la Corte Suprema declaró inaplicable el régimen de ejecución de sentencias de condenas monetarias contra el Estado Nacional, regulado en el art. 22 de la Ley 23.982, respecto del crédito de una persona mayor de 70 años de edad, discapacitada, y con serios problemas de salud.
Así lo hizo el Alto Tribunal al encontrar que el caso del actor no estaba exceptuado normativamente del régimen general para la cancelación de créditos no consolidados en contra de un organismo del sector público, que implica una serie de trámites y plazos de espera para su percepción, considerándose entonces en el voto principal a la situación planteada como un “caso no previsto” que, por razones de equidad, debía ser resuelto por aplicación de normas análogas. En cuanto aquí es de específico interés, debe hacerse notar que el voto principal (suscripto por los Dres. Maqueda, Lorenzetti y Rosatti) evita expresa e intencionalmente declarar la inconstitucionalidad del art. 22 de la Ley 23.982, siquiera en cuanto a su aplicación al caso concreto.
A todas luces es significativo que en este nuevo pronunciamiento el Alto Tribunal elija apartarse de la declaración de inconstitucionalidad y se incline directamente por la inaplicabilidad de la ley en el caso concreto. En ese marco interpretativo, debe considerarse que la Corte Suprema no ha hecho otra cosa que prescindir de la norma aplicable cuando conduce ocasionalmente a un resultado injusto en su aplicación concreta a un caso particular, en función de sus particularidades, a veces imprevisibles para el propio legislador. En estos supuestos, corresponde prescindir de la letra de la norma y priorizar el espíritu del legislador, resolviendo el caso como este lo hubiera hecho de haberse representado las circunstancias del mismo, aun cuando esto implique dejar de lado el texto de la previsión normativa aplicable al caso.
Ello así, con fundamento en lo antes expuesto, y en concordancia con el voto de la mayoría en “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación (TF. N° 39.770-A)”, Sala F, sentencia del 13/09/2021), debo considerar la exorbitancia manifiesta que significa cobrar una tasa de interés del 3%, 4,5%, 3,76 % o 4,73% mensual aplicada sobre una divisa extranjera actualizada al día del pago por el tipo de cambio vigente. Por lo expuesto, propongo la reducción de la tasa de interés al porcentaje estipulado en la Resolución Nº 3/2024 para deudas expresadas en dólares (esto es, 0.83% mensual), a aplicarse por el período devengado desde los 10 días de la notificación del Cargo 115 hasta la fecha de su efectivo pago en los términos de los art. 794 y 796 del C.A.
XIV. A tenor de lo expuesto, voto por confirmar parcialmente el criterio del fisco, según lo expuesto en los Considerandos V a XIII.
Por ello, VOTO POR:
I. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 2489/2017 dictada en la Actuación N° 13681-27- 2012/3 según lo expuesto en los Considerandos V a XIII, disponiendo que el Cargo 115/15 devengará los intereses indicados en el Considerando XIII.
II. Revocar el Cargo 116/15, oportunamente formulado por los conceptos Percepciones RG 3431/91 y Percepción del Impuesto a las Ganancias RG 3543/92, en los términos del Considerando XI.
III. Costas según los respectivos vencimientos.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que adhiero en lo sustancial al Voto que antecede, por resultar aplicable “mutatis mutandis” la jurisprudencia citada (en causa homónima de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y en la causa Ford emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación).
Ello, en tanto sus fundamentos permiten concluir -específicamente en este caso- que corresponde confirmar el Cargo 115/15 (primera parte del punto 1 de la parte resolutiva).
También adhiero a los fundamentos que derivan en revocar el Cargo 116/15.
II. Disiento expresamente con algunos argumentos del Considerando XIII que resultan en el segundo aspecto del punto 1 de la parte resolutiva, relativos a la tasa de interés aplicable a los administrados que deben abonar estas deudas aduaneras en dólares, en cuanto proponen morigerar la alícuota legalmente aplicable, al “prescindir” de la normativa, inclinándose por no aplicarla, en línea con un sólo precedente jurisprudencial.
III. Fundamento mi discrepancia de criterio, en la necesidad de respetar las tasas establecidas por cada norma, según el tiempo en que comenzaron a regir las mismas. Considero que en este ámbito -de jurisdicción administrativa- está vedado dejar de aplicar las Resoluciones oportunamente pertinentes, aún para intentar evitar un resultado que se presume inequitativo (pero cuya confiscatoriedad no se encuentra cabalmente demostrada en estos actuados).
En este sentido, también se ha pronunciado la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Provincia de Santa Cruz” (Fallos 316:42), cuando sostuvo que no se justifica una interpretación que equivalga a prescindir del texto legal, si no media debate y declaración de inconstitucionalidad. Por el contrario, y en concordancia con la letra expresa de la normativa -de cuya aplicación no encuentro graves razones para apartarse- observo que la intención del Legislador al momento de haber elevado las tasas, (luego modificadas por vía de otra Resolución por la cual resultaron inferiores), tendía en ese tiempo a permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado.
Esta posición también se sostuvo cuando nustro Más Alto Tribunal sentenció:
“Se justifica que las leyes impositivas contemplen medios coercitivos para lograr la satisfacción oportuna de las deudas fiscales cuya existencia afecta de manera directa el interés de la comunidad porque gravitan en la percepción de la renta pública; con ese propósito se justifica la aplicación de tasas de interés más elevadas” (Fallos 316:42).
Asimismo, destaco que el Máximo Tribunal aún no ha anulado ó morigerado “per se” las tasas que surgen de las normas que rigen específicamente esta materia, para casos como el de autos. En tal sentido, también considero inaplicable el antecedente referido, que se refiere a una persona física mayor de setenta años, cuando este caso en particular es relativo a una empresa constituída bajo la forma de Sociedad Anónima. Como consecuencia de los razonamientos precedentes, la DGA deberá en cada caso aplicar la normativa vigente según la resolución que determine las tasas correspondientes, dictadas por las autoridades competentes, según lo indicado en los arts. 37 y 52 de la Ley 11.683 y en los arts.794 y 797 del Código Aduanero (Ley 22415).
Máxime, cuando su invalidez -hasta el momento- tampoco ha sido declarada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Aplicar una morigeración distinta, ajena a lo normado, por la vía interpretativa de este Tribunal, implicaría pasar por alto los fines tenidos en cuenta por la autoridad competente, que legisló, en cada momento, las tasas aplicables a este tipo de deudas de los administrados, con el organismo fiscal. Ello, según su propia evaluación de oportunidad, mérito y conveniencia, que también está vedado a nuestra limitada jurisdicción.
En tal sentido, no puedo olvidar que la fijación de la tasa de interés aplicable a los créditos tributarios es llevada a cabo en base a dichos criterios, que no son susceptibles de revisión en esta Instancia administrativa, y sólo corresponde a los jueces controlar la legitimidad del obrar de las autoridades. Por ello, entiendo que este Tribunal no está facultado para sustituirse a ellas en la valoración de las circunstancias ajenas al campo de lo jurídico (en sentido similar, CSJN; FALLOS 3 08:2246 y sus citas 311:2128; 321:1252, espc. Consid. VII y sus citas). Y mucho menos, en consecuencia, si se trata, como en el caso que nos ocupa, de Vocales del Tribunal Fiscal de la Nación.
Como consecuencia de los fundamentos antes resumidos, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la Resolución apelada. Con los intereses -que deberá calcular el Fisco- según los parámetros aplicables en cada momento, y lo dispuesto por el art. 794 del Código Aduanero.
2. Revocar el Cargo 116/15, en los términos del Considerando XI del voto del Dr. Licht 3.- Con costas según los respectivos vencimientos.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Que, en honor a la brevedad, me remito a lo expuesto por el Dr. Miguel N. Licht en los Considerandos I a VII de su Voto.
II. Que, en definitiva, lo que en el caso se trata de resolver es si resulta ajustada a derecho la Resolución N° 2489/2017, dictada en la Actuación SIGEA N° 13681-27-2012/3, mediante la cual se resuelve rechazar la impugnación impetrada por la firma CEREALES PARTNERS LLC UTE, confirmando en consecuencia el cargo N° 115/15, formulado en concepto de ajuste de valor, y el cargo N° 116/15 que determina los importes correspondientes a percepciones de IVA adicional y Ganancias.
III. Que propongo en el presente resolver, en cuanto al fondo del asunto, de conformidad con mi reciente voto en oportunidad de resolver en la Causa “NESTLE ARGENTINA S.A. c/D.G.A.”, TF N° 35.815-A (Sent. del 14/08/2025).
Allí, dejé sentado en primer lugar, el marco normativo aplicable y la doctrina que abona mi postura. De este modo, y haciendo referencia al Acuerdo Relativo a la aplicación del Art. VII del GATT, reseñé que en el mismo se establece que el “valor de transacción”, tal como se define en su art. 1°, es la primera base para la determinación del valor en aduana. El referido art. 1° dispone: “El valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción, es decir el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación ajustado de conformidad con lo dispuesto en el art. 8°…”.
El citado art. 8° establece -en lo que aquí interesa- en su apartado 1, inciso c) que “...para determinar el valor en aduana de conformidad con lo dispuesto en el art. 1°, se añadirán al precio realmente pagado o por pagar de las mercaderías importadas los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de valoración que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías, en la medida en que los mencionados cánones y derechos no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar...”.
A su vez, la Nota Interpretativa al párrafo 1 c) del mencionado artículo dice que: “1. Los cánones y derechos de licencia que se mencionan en el párrafo 1 c) del artículo 8 podrán comprender, entre otras cosas, los pagos relativos a patentes, marcas comerciales y derechos de autor. Sin embargo, en la determinación del valor en aduana no se añadirán al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas los derechos de reproducción de dichas mercancías en el país de importación. 2. Los pagos que efectúe el comprador por el derecho de distribución o reventa de las mercancías importadas no se añadirán al precio realmente pagado o por pagar cuando no constituyan una condición de la venta de dichas mercancías para su exportación al país importador”.
Que, en definitiva, según lo dispuesto por el referido art. 8 ap. 1.c. del Acuerdo de Valor del GATT, resulta necesaria la concurrencia de tres requisitos o elementos para efectuar un “ajuste” de valor por el concepto “cánones y derecho de licencia”:
i. que existan cánones o derechos de licencia;
ii. que exista una relación entre esos cánones y derechos de licencia y las mercaderías importadas; y iii. que el pago de los cánones y derechos de licencia sea una condición de venta de las mercaderías importadas.
Que, al respecto, la doctrina señala que “Estos tres requisitos se deben cumplir simultáneamente, por lo que la falta de uno sólo de ellos impide efectuar el ajuste previsto en la norma considerada” (cfr. Lascano, Julio Carlos, “El Valor en Aduana de las Mercaderías Importadas”, de Osmar E. Buyatti, 2007, pág. 213).
Asimismo, la doctrina es conteste en que el ajuste (por añadidura al valor FOB pactado) por cánones y derechos de licencia “... constituye uno de los temas más intrincados del Acuerdo de Valoración, ya que existen muy pocas precisiones sobre este asunto en el texto legal.” (cfr. Lascano, Julio Carlos, “El Valor en Aduana de las Mercaderías Importadas”, Osmar E. Buyatti, 2007, pág. 211 y ss., con cita de Saul L. Sherman y Hinrich Glashoff, “Customs Valuation, Commentary on the GATT Customs Valuation Code”). Que, así también, la doctrina se ha expresado en el sentido de que “… para determinar si existe o no una condición de venta en el sentido del art. 8.1.c) debe hacerse un cuidadoso análisis de los contratos involucrados y de los aspectos propios de cada transacción. Generalmente, la obligación de pagar un canon no se estipula en el contrato de venta de las mercaderías importadas. Es más posible que ella emane de un convenio de licencia que obre por separado, el cual, además, puede haberse celebrado entre el comprador y el vendedor o entre aquél y un tercero. Teniendo en cuenta estas estipulaciones de ese convenio y las del contrato de venta, como asimismo las circunstancias particulares del caso, es que puede establecerse si los cánones se pagan como condición de venta de las mercaderías importadas.” (cfr. Zolezzi, Daniel, “Las marcas, las patentes y el valor en aduana en instrumentos de la Organización Mundial de Aduanas y en la Jurisprudencia”, El Derecho, 18/04/2013).
IV. Que habiéndome remitido al voto del vocal instructor en cuanto a las cuestiones fácticas y a los antecedentes que el servicio aduanero tuvo en cuenta a los fines de fundar el cargo aquí cuestionado, considero pertinente hacer especial referencia en este punto a ciertos elementos de relevancia para la resolución del caso bajo análisis.
• El “contrato general de licencias” (copia obrante a fs. 90/107 de autos)
De dicho instrumento suscripto entre la aquí actora (licenciataria) y su licenciante CPW S.A. (coordinadora a nivel mundial de la asociación empresarial en el área de cereales para el desayuno entre Nestlé S.A. y General Mills, Inc.) se desprende lo siguiente:
-La vigencia del mismo se da desde el 1/1/10 al 31/12/12.
-La Licenciante otorga a la licenciataria el derecho exclusivo y la sub licencia para usar las marcas dentro del territorio estrictamente sobre y en relación con los productos (Cláusula 2) Ésta se obliga a usar dichas marcas en productos que sean manufacturados, procesados, envasados (en cada caso, por la Licenciataria misma o de conformidad con la Cláusula 25 –a la que me referiré más adelante-), importados, almacenados, comercializados y/o vendidos bajo estrictos estándares de calidad u otras especificaciones que establezca o apruebe la licenciante (Cláusula 3).
-La Licenciante acuerda otorgar a la licenciataria una sub licencia de uso de know how y patentes (Art. 17).
-El licenciante otorga a la licenciataria durante la vigencia del contrato el derecho exclusivo, la autoridad y sub licencia para usar o hacer que se use el know how estrictamente en relación a los productos dentro del territorio.
-La licencia sobre las patentes confiere una sub licencia exclusiva durante la vigencia del contrato, estrictamente para hacer, hacer que se hagan, envasar, usar, ofrecer para su uso, importar, disponer de, ofrecer para su disposición, mantener para disposición o de otro modo, o vender los productos dentro del territorio (sujeto solamente a la cláusula 25 del contrato, a la que me referiré más adelante). -Se le otorga a la licenciataria el derecho de disponer que cualquiera de los productos, componentes o ingredientes del mismo sean manufacturados por una o más de sus compañías afiliadas de CPW, en el territorio u otro lugar. Seguidamente, se establece que tendrá el derecho de disponer –previa autorización de la licenciante- que cualquiera de los productos o componentes o ingredientes del mismo, sea manufacturado usando cualquier parte del know how o sub licencia bajo las patentes, por una o más partes no relacionadas en el territorio o en otro lugar. Conservando la licenciante el derecho de establecer las exigencias que considere adecuadas, sobre aspectos relacionados con el control de calidad y el cumplimiento general de las condiciones del contrato, por las partes manufactureras no relacionadas (Cláusula 25).
-Como contraprestación por las sub licencias de las marcas, patentes y know how otorgadas o a ser otorgadas por la licenciante, la licenciataria le pagará durante la vigencia del contrato, derechos de licencia los que se determinan de la siguiente manera: “(a) sujeto a lo establecido por el párrafo (b) siguiente, el cinco por ciento (5%) de las ventas netas de los Productos vendidos por la LICENCIATARIA bajo cualquiera de las Marcas, (b) dos y medio por ciento (2,5%) de las ventas netas de los Productos vendidos sin referencia a las Marcas a fin de ser utilizados como ingredientes en bienes distintos a cereales para el desayuno, …”. Aclarándose que “… no se pagarán derechos de licencia sobre: (i) cualquiera de los Productos importados por la LICENCIATARIA al menudeo u otros paquetes a Compañías Afiliadas de CPW, en relación con los cuales ya se haya pagado un derecho de licencia a CPW; y (ii) cualquiera de los Productos vendidos dentro del Territorio o fuera del Territorio a Compañías Afiliadas de CPW en relación con los cuales se deberá pagar un derecho de licencia a CPW sobre las ventas de los mismos. …”. (Cláusula 32)
- Prueba pericial contable (fs. 256/258vta. y fs. 270/271 de autos y fs. 215/219 de las act. adm) -En el informe pericial producido ante esta instancia se determina que los conceptos devengados en concepto de regalías asciende a la suma de U$S 438.261 para el año 2010, U$S 672.021 para el año 2011 y U$S 901.381 para el año 2012. Asimismo, se informa que la deuda por regalías mantenida por la aquí actora para los periodos mencionados fue condonada por CPW S.A. en diciembre de 2013, observándose un crédito registrado en el Sistema Legal SAP y un saldo adeudado de cero pesos en los registros contables de la actora. Asimismo, la perito aclara que tuvo acceso a la Nota de Crédito emitida por CPW S.A. por la condonación de las regalías. Cabe señalar que el informe también destaca que fueron ingresados los importes totales de IVA sobre las regalías informadas.
-Con importes coincidentes, el informe pericial obrante en las actuaciones administrativas determina las sumas devengadas en concepto de regalías, así como que las mismas no fueron efectivamente pagadas tras haber mediado su condonación y que se confeccionó la nota de crédito respectiva. Asimismo, se informa el ingreso de la totalidad del IVA sobre las regalías.
V. Que, en virtud de lo expuesto, se extrae que efectivamente existe una relación contractual que involucra a Cereales Partners Worldwide SA, a Cereales Partners LLC UTE, como así también, a Compañías Afiliadas a CPW, en el ámbito de las relaciones entre las empresas del grupo económico internacional (vinculadas en los términos del art. 15.4 del Acuerdo de Valor).
Que, el contrato celebrado otorgó a la recurrente el uso de la Marca, licencia de know-how y patentes dentro del Territorio Nacional, asimismo, la recurrente se obligó a vender los productos bajo una o más de las marcas (condición de venta- Cláusula 10).
Sin embargo, no se desprende de está clausula, ni del análisis del propio contrato, que esta obligación de vender los productos bajo alguna de las marcas se encuentre supeditada a que dichos productos, componentes, ingredientes se produzcan o elaboren, así como sus envases, por una o más de sus empresas relacionadas al grupo o a la misma licenciante, sino todo lo contrario, en la cláusula 25 se establece un contrato de “manufactura”, en el cual se le otorga a la recurrente la libertad (“el derecho”) de obtener dichos productos, insumos, componentes, ingredientes (se produzcan o elaboren) y envases, por su cuenta, mediante empresas vinculadas, o a través de independientes (solo estipulándose que la CPW ejerza un control de calidad, autorización de muestras, entre otros) (ver cláusula 25 del Contrato de licencia). En este sentido, no se da (en el caso) el requisito de la condición de venta que refiere a la imposibilidad de separar la compra de los bienes importados del pago de los cánones o regalías, que permitan presumir que el otorgante de la licencia controla efectivamente las condiciones de la venta de las mercaderías. Ya que, el licenciante no tiene que pagar un canon para poder comprar las mercaderías sino que lo abonaría sobre el producido de las ventas.
Asimismo, a mayor abundamiento, de la propia clausula 32 las partes pactaron que los productos que sean vendidos, dentro o fuera del Territorio, en empaques de “menudeo” desde compañías afiliadas a la licenciada (como en el caso: importación de mercaderías desde compañías vinculadas) no deberán abonar en dicho momento ninguna remuneración a la licenciante (en concepto de las licencias de Marcas, know how, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, procesos, secretos y fórmulas de fabricación y asistencia técnica y gerencial de producción y administración, marketing, comercialización, distribución y venta), ya que en relación a éstos, específicamente, se estableció que “… se deberá pagar un derecho de licencia a CPW sobre las ventas de los mismos.” (ver clausula 32 (ii) del contrato).
VI. Que resulta relevante considerar el comentario 25.1 del Comité de Valoración que, en lo que aquí importa, asume que resulta “…Un factor clave que permite determinar si el comprador debe pagar el canon o derecho de licencia como condición de venta de las mercancías importadas reside en saber si el comprador no podría comprar las mercancías importadas sin pagar dicho canon o derecho de licencia (…) No obstante, se debe analizar cada situación teniendo en cuenta todos los elementos de hecho relacionados con la venta y la importación de las mercancías, incluyendo las obligaciones contractuales y legales contempladas en los documentos pertinentes, como el contrato de venta y el acuerdo de canon o de licencia.” (el resaltado es propio)
Que en un caso de similar tenor al de esta causa, de igual carátula, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal afirmó que “… para que el canon, derecho o regalía guarde relación con las mercaderías importadas, y no con cuestiones ajenas a su provisión, se ha dicho que el factor más importante a considerar es si el importador habría adquirido lo tangible sin comprar lo intangible, y que no es determinante la forma en que se calcula el canon, sino los motivos por los cuales se abona. Además, la relación debe poder determinarse mediante datos objetivos y cuantificables, de forma tal que, en caso de importación de partes o de un ingrediente constitutivo del producto autorizado por el licenciante, el canon abonado sobre el producto de la venta puede estar total o parcialmente relacionado, o no tener relación alguna con las mercaderías importadas (conf. Sala III, causa “Neumáticos Goodyear SA c/DGA”, sent. del 30/04/01, que confirmó un ajuste practicado porque pudo determinarse que los insumos importados para la fabricación de neumáticos, provistos por la casa matriz del productor y otras empresas vinculadas, representaban el 90% del producto terminado)”. “Para resolver éste y otro tipo de inconvenientes, la legislación europea prevé que las regalías pagadas por el derecho a utilizar una marca de fábrica o de comercio únicamente se adicionen al valor de transacción cuando pueda comprobarse, en forma simultánea, que: a) las regalías afectan a las mercaderías revendidas en el mismo estado en que se importaron o después de ser objeto de una operación sencilla, de modo que pueda cuantificarse sin dificultad el importe correspondiente a las mercaderías importadas; b) las mercaderías se comercializan con la marca por la que se paga el canon, colocada antes o después de la importación; c) el comprador no goza de libertad para adquirir esas mercaderías a otros proveedores no vinculados al vendedor. Es decir que, una hipótesis clara de ausencia de relación se presenta cuando el comprador goza de entera libertad para adquirir las mercancías de otros proveedores no vinculados al vendedor (…)”. El subrayado me pertenece. (Causa “Nestlé Argentina SA c/DGA s/rec de apelación” Expte. Nro 8106/2018, sentencia del 10/05/2018)
Que más recientemente, la Sala I de la referida Cámara reafirmó lo decidido en aquel precedente, enfatizando en la libertad de usar la marca, tanto si adquiere las mercaderías al otorgante de la licencia, como a un proveedor independiente o-incluso-fabricarlas por cuenta propia. Frente a ello, recalcó la ausencia de relación entre lo tangible y lo intangible. (Sala I, causa 30058/2023 “Nestlé Argentina SA c/DGA s/ recurso directo de organismo externo” 15/11/2023)
VII. A criterio de este Vocal, corresponde mantener una interpretación estricta del concepto de “condición de venta” previsto en el art. 8.1.c) del Acuerdo de Valor del GATT, en resguardo de la seguridad jurídica que debe regir las relaciones comerciales internacionales.
La posibilidad de adicionar cánones y regalías al valor en aduana exige no sólo su existencia y vinculación con las mercaderías importadas, sino además que su pago sea una condición necesaria para concretar la operación de compraventa internacional.
En el caso, no se ha acreditado tal extremo. Por el contrario, el contrato prevé expresamente situaciones en las que no corresponde el pago de regalías al momento de la importación, y permite obtener insumos o productos a través de terceros no vinculados, con aprobación técnica pero sin subordinación comercial. En ese marco, no puede presumirse una “condición de venta” a partir de meras conjeturas ni construcciones dogmáticas basadas en la vinculación societaria. Se requiere prueba concreta que demuestre que sin el pago del canon no habría habido venta de la mercadería, extremo que no surge acreditado en autos.
Aceptar un ajuste sobre la base de hipótesis no verificadas socavaría la previsibilidad y afectaría la legalidad tributaria, pilares esenciales para los operadores del comercio exterior.
VIII. Que, en definitiva, teniendo en consideración que en la causa no se encuentra acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Acuerdo de Valoración del GATT para que proceda el incremento de los valores declarados por la firma no cabe más que desestimar el ajuste practicado por la Aduana y, por ende, el cargo formulado por tal concepto. En relación al cargo formulado en concepto de percepciones de IVA adicional y Ganancias adhiero a lo dispuesto por el Vocal instructor en el considerando XI.- de su voto.
IX. Que, no obstante lo resuelto, considero oportuno dejar a salvo mi opinión en relación a la condonación de las regalías alegada por la recurrente. En tal aspecto entiendo acertada la doctrina que establece –en oportunidad de comentar el fallo de la Sala III citado por el Vocal instructor- que la condonación efectuada en virtud de una nota de crédito no puede ser admitida como demostrativa de ausencia de pago, quedando enmarcada en el ámbito de las relaciones entre empresas del grupo económico, sumado a la circunstancia de que “… ningún arreglo entre particulares, por el que se condone al importador una parte o el todo del precio pagado o por pagar (art. 1 del Acuerdo) o de los ajustes que se le deban hacerse a ese precio (conforme al art. 8 del mismo) pudiendo ser válido entre ellos, es inoponible al fisco al efecto del cálculo del importe de los derechos de importación. …” (“La condonación de un canon, no disminuye el valor en aduana de una importación”, Daniel Zolezzi, Guía Práctica de Comercio Exterior y Anticipos del Nomenclador Arancelario Aduanero N° 516 31/12/24).
X. Que en virtud de lo resuelto, deviene abstracto el tratamiento de las restantes cuestiones invocadas.
Por ello, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución N° 2489/2017 dictada en la Actuación SIGEA N° 13681-27-2012/3 y, en consecuencia, el cargo N° 115/15.
2. Revocar el cargo N° 116/15 formulado en concepto de percepciones de IVA adicional y Ganancias.
3. Costas a cargo del Fisco.
Atento el resultado del Acuerdo y a efectos de conformar mayoría en el punto relativo a los intereses (arts. 794 y concs. del C.A.), el Dr. Horacio J. Segura emite voto complementario exclusivamente respecto de dicha cuestión, dejando expresamente sentado que adhiere al criterio sustentado por el Dr. Miguel N. Licht, ello sin perjuicio de lo sostenido en los considerandos de su voto y por resultar, en definitiva, más favorable al apelante, aplicando ello exclusivamente en el presente caso y por las razones expuestas. En virtud del Acuerdo que antecede, SE
I. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 2489/2017 dictada en la Actuación N° 13681-27- 2012/3 según lo expuesto en los Considerandos V a XIII del voto del Dr. Licht, disponiendo que el Cargo 115/15 devengará los intereses indicados en el Considerando XIII del mismo voto.
II. Revocar el Cargo 116/15, oportunamente formulado por los conceptos Percepciones RG 3431/91 y Percepción del Impuesto a las Ganancias RG 3543/92, en los términos del Considerando XI del voto del Dr. Licht.
III. Costas según los respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.10.23 15:09:00 ART Date: 2025.10.23 16:26:14 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.10.27 21:08:16 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.27 21:08:42 -03:00
Fin de la sentencia