Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las sanciones impuestas en el IVA y el IG, con costas.
2Revocar las multas aplicadas en el ISND, con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-38644403-APN-VOCVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 16 de Abril de 2024 En el día de la fecha se reúnen los miembros de la Sala "C" del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudio Esteban Luis (Vocal Titular de la 8° Nominación) y Viviana Marmillon (Vocal Titular de la 7° Nominación) para resolver el expte. 33.685-I caratulado: "CEREALES ZUBILLAGA S.A. s/ apelación":
El Dr. Luis dijo:
I. Que a fs. 44/56, 245/257 y 296/607 se apelaron las siguientes resoluciones:
1. Resolución 15/2010 que aplicó una multa equivalente a 3 veces el impuesto al valor agregado (IVA) omitido por los períodos 03 a 06 y 09/2002 -cfme. arts. 46 y 47, incs. “a” y “b”, ley 11.683.
2. Resolución 16/2010, que impuso 2 sanciones: la primera graduada en 3 veces el impuesto a las ganancias (IG) defraudado en el período 2002 -cfme. arts. 46 y 47, incs. “a” y “b”, ley 11.683 y la segunda, graduada en el 70% del impuesto omitido en el impuesto a las salidas no documentadas (ISND) por 02 a 09/2002 -cfme. art. 45, ley 11.683.
3. Resolución 005/2013, que aplicó una multa equivalente a 3 veces el IG defraudado por el período fiscal 2003 - cfme. arts. 46 y 47, incs. “a” y “b”, ley 11.683 y una multa graduada en un 70% del importe omitido por el ISND por los períodos 10/2002 a 09/2003 (cfme. art. 45, ley 11.683).
La actora planteó la nulidad del procedimiento seguido por el fisco nacional. Entendió que el mismo se encuentra viciado por entender que el ente fiscal desconoció que las actuaciones administrativas (aa) sobre las que se sustentaron las sanciones aplicadas fueron revisadas en sede comercial y penal.
Adujo que en la prueba pericial practicada en sede penal se reconoció la existencia y veracidad de las operaciones celebradas con los proveedores que el fisco cuestionó. En este sentido, destacó que con fecha 30/06/2009, el Juzgado Federal de Azul dictó resolución en la que dispuso declarar extinguida la acción penal y sobreseer a Amilcar Nelson Jáuregui como titular de la firma en relación con la presunta comisión del delito de evasión simple por IVA (período 01 a 09/2002).
Asimismo, planteó la prescripción de las multas aplicadas, por entender que se encuentra vencido en exceso el plazo del art. 56 de la ley 24.522 (Ley de Concursos y Quiebra – LCQ) para insinuar deudas anteriores al concurso. Puntualizó que con fecha 31/08/2007 presentó su concurso preventivo en el cual se redujeron los importes de los impuestos cuyo cobro persigue el fisco en concepto de IVA, IG, por los períodos 2002 y 2003, e ISND por los períodos fiscales 2 a 9/2002 (v. resolución del 21/2/2008 citada a fs. 46vta./47, acompañada a fs. 92/96). En este sentido, destacó que no existe IVA adeudado, por lo que no puede ser sancionada. Destacó que la AFIP eligió insinuar su crédito en el concurso, presentando su verificación (cfme. art. 32, ley 24.522), que produce los efectos de la demanda judicial, sellando de ese modo la elección de la vía del reclamo, declinando voluntariamente la vía administrativa. En definitiva, consideró que las multas impuestas se encuentran viciadas de nulidad porque se la pretende condenar por falta de pago de un crédito respecto del que no existe una resolución que la declare verificada, ergo, al no haber crédito reconocido, no existió perjuicio para el Estado. A su vez, respecto del ISND (períodos 10/2002 a 09/2003) señaló que mediante resolución de fecha 08/03/2012, la Sala B de la CAC confirmó la sentencia dictada en el concurso preventivo, que había desestimado en su totalidad el monto debido en concepto del impuesto mencionado.
Destacó que la apertura del concurso preventivo produjo la suspensión de las acciones contra el deudor (cfme. art. 21, incs, 1 y 3, LCQ) y la obligación de los acreedores de verificar su crédito en el concurso, según lo dispuesto por el art. 32 de dicha ley. Con relación a la aplicación de las sanciones, indicó que el fisco impugnó las operaciones celebradas con los proveedores Transporte Paraná de Hugo Osvaldo Roldán; Santos, Adrián Cadena; Big Pig SA; Frassi, Amadeo Carmen; Rembado, Luis; NOA Agropecuaria SRL y Erdmann del Carril e Hijos SA.
Señaló que en el marco de la causa penal se dispuso la producción de una pericia a la Unidad Especial de Delitos Económicos de Gendarmería Nacional, en donde se reconocieron las operaciones celebradas por la contribuyente con los proveedores Amadeo Carmen Frassi, Erdmann del Carril e Hijos SA, Transportes Sur de Rembado Luis Nicolás, y NOA Agropecuaria, habiéndose reducido los impuestos pretendidos por el fisco en los términos del art. 36 de la ley 24.522.
Asimismo, sostuvo que no existen impuestos defraudados y refirió que la veracidad de las operaciones celebradas se encuentra acreditada por el dictamen realizado por el experto del cuerpo de contadores forenses en la causa penal. Destacó que acercó la documentación respaldatoria de cada operación, explicándola en forma detallada y que al momento de la prevista también aportó las cartas de porte, los tickets de descarga, formas de pago y las facturas de venta.
Sostuvo que el fisco rechazó dicha prueba por entenderla insuficiente, sin considerar que las que no fueron acompañadas eran irrelevantes si se considera la cantidad de operaciones concretadas y su volumen. Entendió que las resoluciones son arbitrarias, pues se desestimaron elementos importantes para su defensa, como por ejemplo la no consideración de la reducción de los impuestos planteada por la pericia realizada por Gendarmería. Afirmó que no declaró los tributos en forma engañosa y que las resoluciones no cuentan con la fundamentación necesaria para ligar las presunciones de los incs. “a” y “d” del art. 47 de la ley 11.683 con los hechos descriptos en las resoluciones recurridas. En lo relativo al elemento subjetivo, indicó que no se demostró intencionalidad alguna en su accionar.
Por otra parte, y en cuanto a las diferencias de ventas omitidas señaladas por el fisco en sus resoluciones, manifestó que las mismas fueron rectificadas, que eran mínimas y que respondían a un error. Indicó que la determinación del elemento subjetivo de la supuesta conducta fraudulenta se basa en simples presunciones e inferencias del funcionario actuante.
Citó la jurisprudencia de la CSJN en "Parafina del Plata" y "Usandizaga Perrone" respecto de la personalidad de la pena y "Mazza, Generoso", "Casa Elen Valmi de Claret" y "Montenegro" respecto de la extensión al campo de la responsabilidad penal tributaria del sistema de presunciones establecidas por la ley con el objeto de determinar la existencia y medida de la obligación tributaria.
Reiteró el agravio respecto de la "graduación" de las multas impuestas porque no existe deuda firme que establezca su monto y porque en el proceso penal la cuantía fue reducida. Por los argumentos que desarrolló y la jurisprudencia que citó, solicitó que se dejen sin efecto las resoluciones apeladas, con costas.
II. Que a fs. 129/167, 298/337 y 615/634 el fisco contestó los traslados conferidos, acompañó los antecedentes administrativos de la causa (aa) y solicito que, oportunamente, se dicte sentencia confirmando las multas impuestas, con costas.
III. Que a fs. 347 se abrió la causa a prueba, a fs. 941 se clausuró el período probatorio y se elevaron las actuaciones a la Sala C. A fs. 947 se pusieron los autos para alegar, haciendo uso de su derecho solo el fisco a fs. 954/961. Finalmente, a fs. 963 se llamaron los autos para dictar sentencia.
IV. Que cabe recordar que los jueces no estamos obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos brindados por las partes, sino solo aquellos que resultan necesarios para emitir un pronunciamiento válido (Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 297:140; 301:970, entre otros), ni tampoco obligados a ponderar todas y cada una de las pruebas producidas en la causa, sino sólo aquellas que se estimen conducentes para fundar las conclusiones a las que se arriba (Fallos 321:1776), debiendo aclarar que a los efectos de resolver esta causa se tuvo particularmente en cuenta que la sentencia dictada a fs. 853/854 -por una conformación anterior de esta Salase encuentra firme.
V. Que corresponde tratar en primer lugar los agravios de la actora relacionados con: 1) la prescripción de las multas impuestas, por entender que el plazo dispuesto por el art. 56 de la ley 24.522 se encuentra vencido y, 2) el planteo de nulidad del procedimiento seguido por el fisco que la actora lo reputa viciado por haberse desconocido que las actuaciones administrativas sobre las que se sustentaron las sanciones aplicadas fueron revisadas en sede comercial y penal, habiéndose modificado los impuestos determinados. En este sentido, la actora destacó que en sede penal se reconoció la veracidad de las operaciones celebradas con los proveedores cuestionados y en sede concursal se redujeron los importes de los impuestos que originaron la aplicación de las sanciones aquí apeladas y que al haber la AFIP elegido insinuar su crédito en el concurso, presentando su verificación, selló la elección de la vía del reclamo, declinando voluntariamente la vía administrativa, pretendiendo ahora aplicar multas sobre un crédito que no se debe, por inexistente.
1. Que como adelanté, la recurrente opone excepción de prescripción de las acciones del fisco por entender que se encuentra cumplido el plazo de dos años que dispone el art. 56 de la LCQ para “insinuar deudas de origen anterior a la presentación del concurso” y, en subsidio, argumenta que operó la prescripción quinquenal conforme lo dispuesto por los arts. 56 y 65, inc. “d” de la ley 11.683.
En cuanto a la aplicación de la prescripción concursal alegada cabe destacar que esta Sala, en su actual composición, ha tenido ocasión de expedirse respecto de este tema en la causa “Stensor S.A. s/ Apelación”, expte. 33.547-I, de fecha 13/10/2022 en la que se sostuvo que “…no puede soslayarse que la ley 11.683 contiene normas autónomas y que una interpretación que conduzca a que prevalezca la norma concursal sobre la tributaria, llevaría a que los plazos de prescripción (caducidad previstos en esta última) para impugnar las ddjj y determinar la materia imponible podrían quedar subsumidos por la del art. 56 de aquel ordenamiento concursal; enervando de tal modo el ejercicio de las acciones y poderes fiscales, que, para determinar los impuestos y para aplicar las multas se estipulan en los arts. 59 a 61 de la ley tributaria. Desde otra perspectiva, podría llegar a sostenerse que el cumplimiento del plazo de la prescripción abreviada del art. 56 de la LCQ constituiría un impedimento definitivo para el ejercicio de las facultades del fisco para determinar de oficio las obligaciones del concursado; no obstante el mayor plazo de prescripción contenido en la ley tributaria que específicamente rige la materia, conclusión a la que sólo podría arribarse por conducto de una interpretación inadecuada del marco normativo y que prescinda de la auténtica voluntad del legislador. En tal sentido, constituye una pauta hermenéutica saludable aquella que consigna que las leyes deben ser interpretadas evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero, el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos 308:1857, entre muchos otros)”.
Al respecto, debo recordar que la CSJN en el precedente “Supercanal S.A.” (Fallos 326:1774) concluyó que los órganos jurisdiccionales establecidos por la ley 11.683 tienen la plena competencia en casos de apelaciones de determinaciones de oficios y multas impuestas por el ente recaudador, que la decisión del Tribunal Fiscal o la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, una vez firme, es cosa juzgada y no puede ser revisada por el juez del concurso y recién cuando la determinación de oficio o la multa se encuentren firmes y el organismo fiscal inicie la ejecución de la deuda, dicha ejecución debe someterse al procedimiento previsto en la LCQ.
Ello así, y teniendo en cuenta esta doctrina, hasta tanto no se haya cumplido el procedimiento ya en curso ante este Tribunal, destinado a revisar las sanciones aplicadas, y este decisorio quede firme –y sea favorable al fiscoel organismo recaudador no tiene título válido para presentarse a verificar ante el concurso como deuda líquida y exigible, puesto que su accionar se encuentra suspendido mientras dure el procedimiento ante este TFN. Por todo lo expuesto, entiendo que el plazo de prescripción abreviada que contiene la LCQ en su art. 56 no resulta aplicable al caso y no habiéndose efectuado planteo alguno respecto de la prescripción contemplada en la ley 11.683, corresponde rechazar el planteo de prescripción.
2. En lo tocante a las causales de nulidad articuladas por la recurrente, corresponde señalar:
a) Respecto de la falta de validez del procedimiento administrativo por inexistencia de deuda, por haberse aplicado las sanciones sobre los importes determinados y no sobre los verificados en el concurso, debe destacarse que además del fundamento expuesto al rechazar el planteo de prescripción, debe agregarse que la decisión que hubiere recaído en el incidente de verificación tardía iniciado por el fisco para verificar el crédito de la obligación tributaria no puede sin más entendérselo como habilitante de la inexistencia o ilegitimidad de dicho crédito, pues lo resuelto en sede comercial respecto de la obligación tributaria sólo puede afectar la cobrabilidad del crédito pero no su existencia emanada del organismo competente según la ley 11.683 para practicar la determinación de oficio del tributo e instruir el sumario correspondiente. Nótese al respecto que la propia CSJN le asignó a la intervención del fuero concursal la facultad de revisión intrínseca del título en sustento del crédito pretendido a los fines de su cobro, pero no la concerniente a la existencia y magnitud del hecho imponible, aspecto reservado al juez tributario.
Al respecto, la CSJN tiene dicho que "...lo dispuesto por el art. 22 de la ley 19.551... sólo debe ser entendido con el alcance de impedir que se realicen procesos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al organismo competente la determinación de obligaciones tributarias anteriores a la fecha de iniciación de aquél ni la de las sanciones pecuniarias que se vinculen con ellas…(Fallo 310:785, considerando 6).
De las constancias de autos se desprende que las obligaciones que originaron las sanciones aplicadas, fueron objeto del procedimiento de determinación de oficio y recurrido por la actora mediante la interposición de sendos recursos de reconsideración, que a la postre, rechazados y en consecuencia firme los ajustes fiscales, dieron lugar a la verificación del crédito en el concurso de la actora cuya denegatoria parcial motivó el incidente de verificación que fue rechazado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 2, Secretaría Nro. 3 de la CABA, decisión que fue confirmada por la Alzada. En este sentido, se advierte que el fisco actuó de acuerdo con lo dispuesto por la jurisprudencia de la CSJN (cfme. Fallos 326:1774 - “Supercanal S.A. s/ apelación IVA”, del 02/06/03; y Fallos 326:2146 –“Gauchat, Enrique Pedro c/DGI”, del 04/07/03- entre tantos otros). De acuerdo con lo expuesto, lo resuelto en sede comercial sólo refiere al cobro de la obligación pero no -como se afirmó- a su existencia y magnitud, pues lo cierto es que el legislador estableció un procedimiento y régimen recursivo específico (administrativo, jurisdiccional y judicial), el que no fue utilizado íntegramente por la actora. Ello así, corresponde rechazar el agravio planteado por la recurrente en este sentido.
b) Que con relación al restante agravio de la actora relativo a que no se tuvieron en cuenta las constancias de la causa penal ni el informe pericial que allí se produjo (v. fs. 277/282 -ratificado a fs. 667/674vta.-), debo destacar que mediante sentencia del 30/06/2009 el Juzgado Federal Nro. 1 de Azul sobreseyó al Sr. Amilcar Nelson Jáuregui de los presuntos hechos de evasión del IG (período 2002), IVA (período 2002) y SND (período 2002) en virtud de la extinción de la acción penal por prescripción. Por los restantes hechos (IG y SND -ambos del período 2003-), se lo citó a prestar declaración indagatoria; y luego de realizada, se resolvió decretar la falta de mérito del imputado y, posteriormente, con el avance de la investigación, se dispuso el sobreseimiento del nombrado. Esta decisión fue apelada y revocada por la Alzada, dictando en su reemplazo la falta de mérito. Finalmente, por resolución del 15/02/2012 el Juzgado interviniente sobreseyó al Sr. Jáuregui por aplicación del principio de ley penal más benigna. Ambas sentencias se encuentran firmes (v. resultado de la medida para mejor proveer obrante a fs. 907/912).
En este sentido, corresponde recordar lo dispuesto expresamente en el art. 20 la ley 24.769 –entonces vigente- en cuanto que "la formulación la denuncia penal no suspende ni impide la sustanciación y resolución de los procedimientos tendientes a la determinación y ejecución de la deuda tributaria… La autoridad administrativa se abstendrá de aplicar sanciones hasta que sea dictada la sentencia definitiva en sede penal. En este caso no será de aplicación lo previsto en el artículo 74 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones o en normas análogas de las jurisdicciones locales. Una vez firme la sentencia penal, la autoridad administrativa aplicará las sanciones que correspondan, sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia judicial" (el destacado me pertenece).
En el caso de autos, resulta claro que las sentencias firmes dictadas en sede penal no tuvieron entre sus fundamentos al informe pericial elaborado en dicha sede, por lo que no corresponde que este Tribunal considere las afirmaciones que surgen del mismo, pues no existió valoración alguna por parte de la justicia penal. De lo expuesto se desprende que el procedimiento seguido por el fisco nacional se ajustó a derecho, pues las sentencias que recayeron en sede penal pusieron fin a la acción penal por cuestiones ajenas a los hechos de la causa (prescripción y aplicación de la ley penal más benigna), por lo que debe rechazarse la nulidad articulada por la actora al respecto.
En cuanto a las costas de los planteos de prescripción y nulidad analizados, debe destacarse que los mismos no fueron planteados en los términos del art. 171 de la ley 11.683, sino como una defensa previa contra los actos sancionatorios apelados, con el objeto de que los mismos sean revocados, por ello, al no haberse generado una actividad procesal autónoma, resulta improcedente la imposición de costas.
VI. Que a continuación corresponde me expida con relación a si las multas aplicadas se ajustan a derecho. A dichos fines, cabe destacar que a fs. 2954/2996 del "IVA Cuerpo 15” luce agregado el informe final de inspección (en adelante IFI) del que se desprende que la actora tiene por actividad el acopio de cereales, la fabricación de alimentos balanceados y la explotación agrícola. Los inspectores actuantes tuvieron en cuenta que los libros: diario, de registro de asistencia en asambleas, el de inventario y balances y el de registro de accionistas fueron extraviados, aportándose copia de la denuncia policial. Se dejó constancia que verificaron los libros IVA compras e IVA ventas, observando que se encuentran en hojas móviles sin encuadernar ni prenumerar. Asimismo, indicaron que la numeración registrada por el sistema computarizado utilizado para su confección no se encuentra en forma correlativa, lo que se produce -según lo manifestado por el Sr. Jáuregui, director titular la firma-, por un error del sistema. Según lo indicado por dicho director, la empresa no lleva planillas de caja que registren los ingresos de dinero -efectivo, lecops, cheques de terceros y patacones- y en el mayor de la cuenta caja se incluyen todo tipo de valores -pesos, patacones y lecops-.
Los inspectores cuestionaron la existencia y procedencia de las operaciones realizadas con los proveedores Erdmann Carril e Hijos S.A., Transporte Paraná de Hugo Osvaldo Roldán, Adrián Cadena Santos, Big Pig SH, Amadeo Frassi, Luis Aldo Nicolás Rembado y NOA Agropecuaria por no encontrarse debidamente acreditadas, presentando las siguientes irregularidades:
1. Erdmann Carril Hijos SA: No se lo pudo localizar en ninguno de los domicilios. Posee como actividad registrada la cría de ganado bovino y el cultivo cereales. No presentó ddjj en el IG, ni Seguridad Social (en adelante SS), habiendo presentado ddjj de IVA en los meses que registra operaciones con Cereales Zubillaga SA. Ésta aportó recibos presuntamente emitidos por el proveedor, emitidos por computadora, sin logo preimpreso, numeración, ni pie de imprenta. Habiéndose solicitado cartas de porte, remitos y tickets balanza, la actora manifestó haberlos extraviado y no poseer ningún otro tipo de documentación respaldatoria de las operaciones. Posteriormente, aportó constancia de registro de operadores de granos del proveedor, notificación de AFIP de exclusión al régimen de retención y/o percepción en IVA, constancia de inscripción del proveedor y hojas impresas en las que figura la leyenda romaneos de entrada en donde se observa que los viajes se realizaron con transporte propio.
Por su parte, del circuito de pagos detallado a fs. 2957/2958 del IFI, se observa que existen cheques que fueron cobrados por el Sr. Jáuregui y que fueron utilizados para realizar transferencias a la cuenta de la proveedora, y otros respecto de los que se manifestó que fueron aplicados como anticipo por la venta de una sembradora. Se apersonó el Sr. Jorge Arizmendi en representación de su tía Delia Salvatierra, persona de avanzada edad y de salud delicada, cuyo domicilio fue declarado como perteneciente al proveedor. Al respecto, el Sr. Arizmendi afirmó que se brindó ese domicilio “para evadir al fisco”, ya que allí jamás existió dicha firma y siempre fue ocupado por la familia Salvatierra desde hace cien años a la fecha.
En definitiva, de la información recolectada, el fisco concluyó que este proveedor no posee capacidad técnica ni operativa para realizar las operaciones cuestionadas.
2. Transporte Paraná de Hugo Osvaldo Roldán: Se envió requerimiento al domicilio fiscal de este proveedor, habiendo sido recibido y no contestado. El proveedor figura en la base Apoc. Al constituirse los inspectores en dicho domicilio, la esposa del Sr. Roldán manifestó que su esposo nunca fue el dueño de Transportes Paraná, que fue empleado de una empresa hasta 1983 y que desde entonces hace changas. En cuanto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, se observaron presentaciones de ddjj de IVA en los meses en los que se realizaron las operaciones con la verificada. Presentó las ddjj del IG hasta el año 2002. No registró presentaciones del 2000 en adelante. La recurrente negó poseer documentación respaldatoria que avale las operaciones analizadas además de las ya aportadas. Este proveedor utilizó 2 imprentas distintas para la confección de los comprobantes, de cuyas circularizaciones sólo una contestó que no realizó trabajo alguno para el proveedor. El requerimiento a la otra imprenta fue devuelto con la leyenda "cerrado - ausente". Del circuito de pagos, se comprobó que algunos cheques fueron cobrados por Amilcar Jáuregui y por una persona del mismo apellido que uno de los socios, y en cuanto a los endosos, solamente figuran en el mismo los números de cuenta, sin contener los datos dispuestos por la normativa del BCRA para el momento del cobro del cheque. Se pudo identificar al titular de una de las cuentas, Sr. Hugo Néstor Galgano, quien declaró haber recibido los instrumentos de pago de Cereales Zubillaga S.A. al momento de disponerse el corralito y que la actora entregó los cheques a cambio del pago de warrants constituidos a su nombre. El Sr. Galgano informó que no conoce al proveedor ni realizó operaciones con él. Asimismo, al ser contactado el Sr. Hugo Osvaldo Roldán en su domicilio fiscal, declaró no conocer a Transporte Paraná, que no tuvo relación comercial con Cereales Zubillaga SA ni la conoce, que no cobró dinero o cheques de la actora, que no reconoce como propias las facturas exhibidas que poseen el logo de Transporte Paraná en las cuales figura como titular, dado que nunca realizó los fletes allí facturados, ni se inscribió en la AFIP-DGI, ni realizó ningún tipo de fletes de cereales ni de otro concepto.
3. Adrián Cadena Santos: Posee como actividad registrada la de cultivo de hortalizas y legumbres, no posee bienes registrables y figura en la base Apoc. Realizó operaciones de venta de agroquímicos, y comisiones por ventas, y no registra inscripción en el registro de operadores de granos. En su domicilio comercial funciona el mercado de concentración Fisherton en la ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe, en donde se labró acta al gerente del Mercado de Concentración, quien manifestó que nunca existió un operador de frutas y verduras con ese nombre. Asimismo, la contadora y el encargado del domicilio manifestaron que el proveedor nunca fue inquilino, locatario ni copropietario y que los operadores del mercado Fisherton sólo comercializan frutas, verduras y hortalizas, pero no granos ni agroquímicos. En la localidad de Alvear, que es donde el proveedor registra su domicilio fiscal, se labró acta al intendente de la comuna, quien manifestó que el proveedor no figura como contribuyente de la misma. Por otra parte, la imprenta que consta al pie de las facturas cuestionadas aportó fotocopia de constancia informativa y solicitud de impresión, cuya firma no coincide con la de la nota aportada, ni con la que consta en el formulario F 560 de inscripción ante la AFIP-DGI. El proveedor no presentó ddjj en el IG ni en SS, no pagó impuesto alguno. Ante la solicitud de cartas de porte, remitos, tickets balanza que avalen las operaciones supuestamente documentadas con las facturas emitidas por el proveedor, la recurrente manifestó haberlos extraviados y no poseer ningún otro tipo de documentación respaldatoria. Del circuito de pagos (cheques y bonos) se desprende que en 2 de los 6 casos fueron cobrados por el Sr. Jáuregui y en los restantes, figuran endosos que consignan solamente un número de cuenta bancaria.
4. Big Pig S.H.: Se envió requerimiento al domicilio fiscal, regresando el mismo con la leyenda “inexistente”, mientras que el cursado al domicilio comercial retornó con la leyenda "desconocido". Se concurrió al domicilio comercial, constatándose que allí funciona una empresa de turismo, desde hace 18 meses, según el encargado del edificio y que anteriormente se encontraba allí otra empresa de turismo. La actividad registrada por este supuesto proveedor es la cría de ganado bovino y el concepto facturado a la recurrente es soja estrujada. No está registrado en el registro de operadores de granos. El proveedor presentó ddjj de IVA hasta el año 2001, no presentó las correspondientes a la SS y no registra pagos en el 2002. Se solicitó a la recurrente que aporte documentación respaldatoria de las facturas y recibos presentados, pero manifestó haberlos extraviado. Posteriormente, aportó fotocopias de 3 cheques emitidos por el proveedor que fueron rechazados por falta de fondos. En cuanto a la circularización a las imprentas, respecto de la que confeccionó los recibos, el correo informó que el titular de la misma falleció. En cambio, la imprenta encargada de la confección de las facturas, indicó que la sociedad está informada de que el sistema de autorización de impresión sólo le permitió realizar el 25% de lo solicitado pero aun así continúan solicitándolas. Se visualizó que de la comparación de las firmas de los recibos y las solicitudes aportadas, las mismas no son coincidentes. La inspección concluyó que el proveedor no posee la capacidad técnica ni operativa para la realización de las operaciones facturadas, destacando la discordancia entre la actividad registrada y los conceptos facturados por el proveedor y que no registra inscripción en el registro de operadores de granos.
5. Carmen Frassi Amadeo: Se cursó requerimiento a la proveedora al domicilio fiscal, siendo devuelto con “plazo vencido no reclamado” y al domicilio comercial, retornando con la leyenda "desconocido". Se localizó un domicilio alternativo, en donde el proveedor recibió el requerimiento pero no contestó en el plazo indicado. Posteriormente, se recibió una nota detallando la operación realizada, sin aportar ningún tipo de documentación respaldatoria. La actividad registrada es servicio de labranza, siembra y transplante, y el concepto facturado soja extrusada. No posee bienes registrables y se encuentra incluido en la base Apoc. La AFIP registra en sus bases que el proveedor es socio de Agroworld SRL. El proveedor presenta ddjj de IVA hasta 08/2003, registrándose en el período 02/2002 que el débito fiscal es inferior al crédito fiscal facturado a la verificada, mientras que presentó las ddjj de IG hasta el año 2002 y las correspondientes a SS hasta 2001. La fiscalización actuante solicitó cartas de porte, remitos y tickets balanza que respalden la operatoria, además de las facturas y recibos aportados, y la recurrente informó haberlos extraviado y que no posee ningún otro tipo de documentación respaldatoria. Se consultó a la imprenta encargada de la confección de las facturas, quien manifestó que en el año 2001 fue visitado por el proveedor, quien le solicitó que le confeccionara las facturas con una autorización de impresión solicitada en otra imprenta, desconociendo que dicha autorización sólo tiene validez en la imprenta en que se solicita. Puesto en conocimiento de ello, el proveedor manifestó que iba a solucionar el problema descripto, no habiendo vuelto desde entonces. Del análisis del circuito de pagos se desprende (v. fs. 2971/2972, aa) que ninguno de los cheques fueron emitidos a nombre del proveedor y que una gran parte fue cobrado por el Sr. Jáuregui, mientras que otros fueron endosados a un número de cuenta bancaria cuyo titular resultó ser la Asociación Civil Cumelen, que cambiaba los cheques a la verificada por patacones. Ello así, la inspección concluyó que este proveedor no posee la capacidad técnica ni operativa para realizar las operaciones impugnadas.
6. Luis Aldeo Nicolás Rembado: Se envió requerimiento al domicilio fiscal y el proveedor reconoció la operación con la actora. Se le requirió que aporte copia de la documentación respaldatoria, copia de las ddjj, de los libros de IVA del mes en que se registraron las facturas, detalle de retenciones efectuadas y sufridas, y saldo de la cuenta, no obteniendo respuesta. El proveedor registra como actividad la “venta al por mayor y empaque de frutas, legumbres y hortalizas frescas, transporte automotor de carga, fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería, fabricación de productos metálicos y venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos metálicos”. El concepto facturado fue fletes de soja. El proveedor no posee bienes registrables, no generó saldos a pagar en IVA y en el mes de la factura a la recurrente, declaró débito fiscal cero. En cuanto al IG, el proveedor presentó las ddjj hasta el año 2002 y no presentó relativas a SS, sin haber registrado pagos de impuestos de ningún tipo entre 2001 y 2003. La actora manifestó no poseer ningún otro tipo de documentación más allá de la factura y recibo ya aportados. Del circuito de pago, se desprende que los cheques utilizados para cancelar la factura supuestamente emitida por el proveedor, fueron endosados en su mayoría en un número de cuenta que corresponde a la Asociación Civil Cumelen, que ya figuraba habiendo cobrado cheques de otro proveedor impugnado, Amadeo Carmen Frassi. Dicha asociación informó que los valores fueron recibidos de la firma recurrente como consecuencia del cambio de patacones en poder de la asociación por efectivo. Por su parte, los inspectores señalaron que se registraron inconsistencias entre lo informado por la actora y el proveedor, en tanto la primera indicó que la operación se realizó en el año 2002 y el proveedor en el año 2003. Es por ello que la inspección concluyó que el proveedor no posee la capacidad técnica ni operativa para la realización de la operación.
7.-NOA Agropecuaria SRL: Se enviaron requerimientos a los domicilios fiscal, comercial y alternativo, volviendo todos con la leyenda “se mudó”. Sin embargo, lograron ubicar al socio gerente, Sr. Andrés Gustavo Croco, quien respondió los requerimientos cursados, informando que no posee la documentación solicitada por haberla extraviado, que no practicó retenciones de ninguna naturaleza y que la firma cesó totalmente su actividad hace dos años aproximadamente y que nunca operó con contribuyentes de esa jurisdicción. La actividad que tiene registrada es “cultivo de oleaginosas”, no posee bienes registrables y del análisis del cumplimiento fiscal del proveedor, se observan presentaciones en IVA hasta el 2003, no habiendo presentado ddjj en el IG ni en SS.
Más allá de los comprobantes F1116/BF1116/A emitidos, se solicitó a la recurrente la presentación de cartas de porte, remitos y tickets balanza, a lo cual contestó haberlos extraviados y que no posee otro tipo de documentación respaldatoria más que el F 1116/B con los romaneos confeccionados, los que registran como responsables del transporte propio, no teniendo camiones para tal fin. Posteriormente, la recurrente aportó: constancia de inscripción, certificado de no retención, DNI del socio gerente, hoja de boletín oficial donde figura la proveedora, formularios de inscripción, de modificación de datos, de incorporación al registro de operadores de granos y contrato social. En cuanto al circuito de pagos, se observó que ningún cheque fue cobrado por el proveedor y, localizados los endosantes, la inspección constató que el Sr.
Omar Luis Dastugue vendió trigo a Cereales Zubillaga SA en los años 2002 y 2003, que no conoce a la firma NOA Agropecuaria SRL y que no recuerda quién le entregó los cheques que figura endosando; el Sr. Héctor Masson informó que los valores cobrados tienen su origen en trabajos de proyecto y dirección técnica sobre una casa habitación encomendada por la firma Visan Ingeniería SA; la Sra. Patricia Silveyra declaró haber recibido el cheque de su ex concubino, quien es pariente de Amilcar Jauregui; y por último, Visan Ingeniería SA declaró haber cobrado los valores en atención a la mejora por construcción a un inmueble situado en la ciudad de Olavarría. Asimismo, se observó que la Asociación Civil Cumelen, ya mencionada como agente cobradora de otros proveedores de la actora, también figura cobrando cheques entregados a este proveedor por medio de su cuenta bancaria.
Por todo esto es que la fiscalización actuante concluyó que el proveedor no tiene capacidad técnica ni operativa para realizar las operaciones detalladas.
Durante el transcurso de la fiscalización el Sr. Jauregui manifestó que no existe otra documentación de compra que la ya aportada, y que las cartas de porte, remitos, tickets balanza correspondientes a las operaciones con Erdmann del Carril e Hijos SA, Transporte Paraná, Transporte del Sur, Frassi Amadeo Carmen, Big Pig SH, NOA Agropecuaria SRL y Santos Adrián Cadena se encuentran extraviados.
Asimismo, se constató que el transporte utilizado para el traslado del cereal comercializado en las operaciones analizadas fue realizado con transporte propio de la actora y que del cotejo de la información volcada en el sistema CITI Compras con lo registrado en los libros de IVA Ventas se encontraron más diferencias relativas a operaciones no registradas que también integran el ajuste practicado por el fisco.
También, se detectó la existencia de una factura confeccionada por Autosiglo SA correspondiente a la compra de una camioneta marca Toyota, que está asentada dos veces en el libro de IVA Compras, con fecha de 17/01/2003 y el 21/02/2003.
Se compararon las retenciones computadas en las ddjj de IVA con el sistema, surgiendo diferencias que fueron contrastadas con los correspondientes comprobantes respaldatorios y las mismas fueron incorporadas al ajuste efectuado.
El fisco también ajustó la cuenta “intereses financieros” (asiento N 1501) del ejercicio 2002, correspondiente a un crédito a largo plazo tomado con el Banco de la Edificadora de Olavarría, así como los gastos bancarios de ese ejercicio con el Banco Nazionale del Lavoro. Dichos gastos financieros generaron una diferencia que también fue impugnada.
Por otra parte, la AFIP-DGI observó que con relación al impuesto a los combustibles líquidos abonado, el monto se dedujo como pago a cuenta del IG y también como gasto en dicho impuesto, correspondiendo ajustarlo en tanto no corresponde su deducción conforme RG 1385/01 art. 4, habiéndose realizado el nuevo cálculo de deducción como pago a cuenta.
Posteriormente a la puesta en consideración de la recurrente de los ajustes efectuados, ésta presentó su descargo. En atención a lo manifestado por Cereales Zubillaga SA, el fisco cursó un requerimiento al presidente de la firma Erdmann del Carril e Hijos SA quien manifestó que formó esa sociedad familiar junto con su esposa y su hija mayor, a la que perteneció hasta el año 1994, fecha en la que vendió el campo por problemas económicos y que siguió realizando operaciones esporádicas con la firma comprándole caballos. Asimismo, manifestó que nunca cobró cheques ni valores de Cereales Zubillaga SA ni tuvo relación comercial con ésta de ningún tipo. Lo detallado más arriba resulta de interés en la presente causa, en tanto debo analizar la conducta de la recurrente a los fines de expedirme respecto de las multas aquí discutidas.
VII. Que con relación a las multas por defraudación aplicadas en el IVA por los períodos 03 a 06 y 09/2002 e IG por los períodos 2002 y 2003, el art. 46 de la ley 11.683 (vigente al momento de los hechos) en su parte pertinente disponía que: “…el que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de dos (2) hasta diez (10) veces el importe del tributo evadido”. La figura se construye con un “elemento objetivo”, consistente en la falta de ingreso total o parcial del impuesto debido, y un “elemento subjetivo“, consistente en “una actividad dolosa tendiente a defraudar los intereses del fisco” (Fallos 323:2172 considerando 4).
El art. 46 citado exige al ente recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen sino también el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Al respecto, el ente fiscal debe probar el soporte fáctico de la presunción de dolo, el que debe ser cierto y no meramente conjetural. Una vez acreditado dicho soporte, se infiere la conducta dolosa; más la vinculación entre el soporte fáctico y el hecho presunto, debe ser unívoca, sin margen razonable para una consecuencia distinta.
Ello así, demostrado el elemento objetivo del ilícito, las presunciones establecidas en el art. 47 admiten prueba en contrario. En el caso, el ente fiscal aplicó la presunción dispuesta los incs. “a” y “b” del art. 47 que establece que: “se presume, salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones juradas engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando: a) medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas...; b) Cuando en la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible...”.
En efecto, las constancias agregadas en las actuaciones y que fueron relatadas en el Considerando VI.-, dan cuenta de que el fisco detectó inconsistencias con los supuestos proveedores de la actora, dejando en evidencia que incorporó facturas apócrifas en su operatoria. Nótese que varios de sus proveedores desconocieron a la actora, en algún supuesto se facturó por bienes que difieren de la actividad en la que se encuentra inscripto el proveedor, se detectaron serias inconsistencias respecto de la impresión de los comprobantes, etc. Sumado a ello, la actora no posee determinada documentación vinculada a los proveedores impugnados por haber sido extraviada. La reseña efectuada relativa a la actuación del personal fiscalizador y las irregularidades detectadas, da cuenta de la debida exteriorización de las presunciones del art. 47 de la ley 11.683 utilizadas. Como se afirmó, éstas admiten prueba en contrario, siendo la apelante quien debe demostrar la falta del elemento subjetivo requerido para tener por configurado el ilícito que se le imputa, en atención a la inversión de la carga de la prueba que la aplicación de dichas presunciones ocasiona procesalmente.
En efecto, resulta evidente que -tal como se desprende de las actuaciones administrativas relatadas- los hechos descriptos generaron una grave contradicción entre las constancias documentales y demás antecedentes con los que surgieron de las ddjj presentadas por la actora, sin que haya podido desvirtuar esta presunción. Nótese que de la prueba testimonial ordenada a los Sres. Ricardo Held, Luis María Cajén y Raquel Mariano, sólo se produjo a fs. 377 la relativa al Sr. Held, advirtiéndose que no se logró acreditar cuál es la relación de dicha persona con alguno de los proveedores cuestionados, por lo que su deposición nada aporta a la dilucidación de la causa. Con relación a los restantes testigos, la actora desistió de la prueba referida al Sr. Cajén (v. fs. 386) y no instó la relativa a la Sra. Mariano, lo que denota su falta de interés en la acreditación de los dichos expuestos en su recurso de inicio.
Así, quedó evidenciado con los elementos hasta aquí analizados que el contribuyente incurrió en irregularidades que revelan la intención de ocultar su realidad impositiva, lo que -claramente- no fue puesto en conocimiento por la actora, sino evidenciado por el fisco, sin que aquella parte haya acompañado prueba fehaciente alguna que avale sus dichos.
En definitiva, considero que se encuentran configurados los elementos correspondientes para tener por configurada la sanción prevista en el art. 46 de la ley 11.683, no existiendo elementos que justifiquen una dispensa, un reencuadre o modificación de la graduación dispuesta en los actos recurridos, por lo que corresponde confirmar las sanciones aplicadas en el IVA por los períodos 03 a 06 y 09/2002 e IG por los períodos 2002 y 2003, con costas.
VIII. Que ahora corresponde resolver si se ajusta a derecho la aplicación de las multas impuestas impuesta en el ISND por los ejercicios 02 a 09/2002 y 10/2002 a 09/2003 (cfme. art. 45, ley 11.683).
A fin de establecer el encuadre efectuado por el organismo recaudador y con el objeto de esclarecer los elementos necesarios para la configuración del ilícito que se le imputa a la recurrente, debe tenerse presente que las infracciones materiales reguladas en la ley 11.683 requieren por su indiscutida naturaleza penal, de la configuración en primer término del “elemento objetivo”; y en segundo, del “elemento subjetivo”.
1. Que respecto del “elemento objetivo” debo anticipar que no se cumple en la especie la tipicidad exigida por la figura infraccional invocada por el fisco nacional, ante la imposibilidad de otorgar a los conceptos volante o comprobante de pago el carácter de declaración jurada.
El concepto declaración jurada implica una cuantificación de los presupuestos del hecho imponible, materializados por el sujeto pasivo y sujeta a la verificación fiscal.
Por otra parte, tampoco es posible atribuirles a los comprobantes en cuestión naturaleza de declaración jurada por invocación del artículo 15 de la ley 11.683, porque ello es pretender otorgarles un alcance del que claramente carecen. En efecto, las boletas de depósito y comunicaciones de pagos contempladas en dicha normativa son confeccionadas por el responsable con datos que él mismo aporta, situación que no acontece en la especie, toda vez que la calificación de no documentada de la salida de fondos es efectuada por el fisco con posterioridad a su tarea de verificación y como consecuencia de ella, razón por la que los instrumentos que se pretenden asimilar integran una etapa posterior, que es la referida al cumplimiento de la obligación tributaria mediante el pago.
2. Que por otro lado, respecto del “elemento subjetivo” corresponde señalar que el artículo 40 –antes 36- de la LIG crea una ficción al establecer un impuesto especial a las salidas no documentadas, con base en considerar que el beneficiario oculto o innominado de un cobro se encuentra alcanzado con el impuesto a las ganancias, y presume, en consecuencia, que la operación objeto del pago resulta gravada y a la tasa máxima; colocando en cabeza del sujeto pagador la obligación de ingresar dicho presunto impuesto. Es decir, la norma obliga a quien realizó la erogación sin documentación o con una reputada apócrifa, a ingresar a título propio el impuesto del tercero beneficiario oculto de ese cobro (Fallos 323:3376 considerando 7°; 275:83 considerando 6°, reiterada en Fallos 323:3376 y 326:2987). Tan impuesto de un tercero es, que: a) la propia LIG en su actual art. 41 –antes 37- dispone que no corresponderá el pago de dicho impuesto cuando se presuma que los pagos “no llegan a ser ganancias gravadas en manos del beneficiario”, y b) la Corte admitió su deducción por parte del sustituto que efectuó el pago (Fallos 275:83).
Dicho esto, cabe recordar que el derecho penal tributario se conforma con el derecho penal infraccional –con las figuras punitivas previstas en la ley 11.683- y el derecho penal delictual –con las figuras actuales del régimen penal tributario creado por el art. 279 de la ley 27.430, aplicándose en ambos los principios propios del derecho penal, entre los que se encuentra el de personalidad de la pena. Sobre la naturaleza “penal” de las infracciones tributarias –y más allá de la vasta doctrina y jurisprudencia existente sobre la materia- es inveterada y pacífica la doctrina de nuestro Máximo Tribunal desde el precedente de Fallos 271:297.
En tal inteligencia, de configurarse el llamado “elemento objetivo” de la figura, corresponderá analizar el “elemento subjetivo”, a fin de establecer si la conducta antijurídica reprochada le es imputable al presunto infractor en función del principio de personalidad de la pena, al tratarse del impuesto de un tercero.
3. De los antecedentes de la causa y todo lo expuesto, surge que ni siquiera se encuentra configurado el “elemento objetivo” de la figura en los términos descriptos en el punto 1 del presente considerando, ante la imposibilidad de otorgar a los conceptos volante o comprobante de pago el carácter de declaración jurada exigido por la norma, deviniendo, por ende, inoficioso el tratamiento del “elemento subjetivo” de la figura.
Ello así, corresponde revocar las sanciones impuestas en el ISND, con costas.
La Dra. Marmillon dijo:
Que adhiere al voto del Vocal preopinante.
Por ello, SE
1. Confirmar las sanciones impuestas en el IVA y el IG, con costas.
2. Revocar las multas aplicadas en el ISND, con costas por su orden.
Se deja constancia de que este pronunciamiento se dicta con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de la Sala “C”, conforme a lo previsto por el artículo 184 de la ley 11.683, por encontrarse vacante la Vocalía de la 9° Nominación.
Regístrese, notifíquese, y a la actora mediante edictos, devuélvanse los antecedentes administrativos de la causa y oportunamente archívese.
Date: 2024.04.12 13:08:40 -03:00 Date: 2024.04.16 14:11:56 -03:00 Viviana Marmillon Claudio Esteban Luis Vocal Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.16 14:11:57 -03:00
Fin de la sentencia