Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar parcialmente las sanciones apeladas, de acuerdo con lo resuelto en los Considerandos VIII y IX, costas en proporción a los respectivos vencimientos y ordenar al organismo recaudador a que en el plazo de 30 (treinta) días proceda a efectuar la pertinente reliquidación de las multas apeladas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-80011406-APN-VOCVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 19 de Agosto de 2026 apelación”, sentencia En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúnen los miembros de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Viviana Marmillon (Vocal titular de la 7ma. Nominación) y Claudio Esteban Luis (Vocal titular de la 8va. Nominación) a fin de sentenciar en el expediente N° 37.653-I y su acumulado N° 37.654-I, caratulado “CERES S.A. s/recurso de apelación”.
La Dra. Marmillon dijo:
I. Que a fs. 45/57 y fs. 197/219 Ceres S.A. interpone sendos recursos de apelación contra las resoluciones Nros. 928/13 y 927/13 ambas de fecha 15/04/2013, dictadas por la AFIP-DGI. Por la primera de ellas se aplica una multa en relación con el impuesto al valor agregado del período fiscal mayo de 2001, con fundamento en el artículo 45 de la ley 11.683; por el restante acto administrativo se imponen sanciones en relación con el impuesto a las ganancias del año fiscal 2001 (conf. art. 45 de la ley de rito) y del ejercicio fiscal 2002 (conf. artículos 46 y 47 inciso b) del mencionado cuerpo legal).
En el primero de los recursos, N° 37.653-I y referido al acto administrativo 928, la contribuyente manifiesta que la determinación de oficio de la obligación que originara la sanción en cuestión no ha adquirido firmeza por encontrarse en discusión en la causa radicada ante este Tribunal, identificada bajo N° 22.966-I. Asimismo en este último expediente también se controvierte el acto administrativo por el cual se determinara de oficio el impuesto a las ganancias de los años fiscales 2001 y 2002, cuya sanción se impusiera en la resolución 927. Dichas resoluciones determinativas de los mencionados gravámenes, son las Nros. 360/03 y 361/03 que fueron declaradas nulas el 6/9/2011 por esta Sala “C” -en anterior integración- (conf. fs. 34/43). Apelado el mismo por el Fisco Nacional, la Alzada el 13/5/2014 lo dejó sin efecto, ordenando la devolución de los autos a este Tribunal a fin de dictar nuevo pronunciamiento (https://scw.pjn.gov.ar/scw/actuacionesHistoricas.seam?cid=227547)
Radicados los mismos ante la Sala “D”, a fs. 129/150vta. se resuelve, en lo que aquí interesa, confirmar las resoluciones determinativas, salvo respecto del rubro “créditos por ventas”, aprobándose oportunamente la reliquidación ordenada, cuya copia certificada obra a fs. 334/341 vta. de autos. Cabe destacar que el citado pronunciamiento se encuentra firme a la fecha, en atención a que fue consentido por el recurrente y desistido por el Fisco Nacional el recurso de apelación oportunamente interpuesto (v. fs. 857/859 del Expte. N° 22.966-I, que se tiene a la vista en este acto).
II. Que en la presente causa, en oportunidad de interponerse los recursos, la contribuyente plantea excepciones de litispendencia y nulidad y de acuerdo con lo resuelto oportunamente en el expediente que tramitara originariamente bajo el N°37.654-I, el tratamiento de la nulidad fue diferido para el momento de dictarse la sentencia definitiva (fs. 256); en cambio por pronunciamiento de fs. 278/289 vta. se rechazó la litispendencia opuesta y se dispuso la acumulación con la causa N° 37.653-I.
Respecto de las actuaciones 37.653-I, a fs. 73 se resolvió tratar como cuestión previa la nulidad y litispendencia opuestas oportunamente. En cuanto a esta última defensa, teniendo en consideración que su fundamento recaía en que la sentencia dictada en el Expte. N° 22.967-I, en el que se controvertían las determinaciones de oficio de las obligaciones principales relacionadas con las multas objeto de la presente causa no se encontraban firmes y teniendo en consideración que el 17/4/2015 se dictó sentencia definitiva firme, deviene abstracto pronunciarse al respecto.
En tal sentido, no debemos olvidar la doctrina sentada por nuestro Más Alto Tribunal al establecer que “los pronunciamientos que se dicten deben ajustarse a las condiciones existentes al momento en que ellos se dictan, aun cuando ellas resulten sobrevinientes y producidas durante la sustanciación del proceso (Fallos 311:787).
En relación con la cuestión de fondo, esto es la procedencia o improcedencia de las sanciones aplicadas, advierte la recurrente que el Fisco reconstruyó la materia imponible sobre la base de una “estimación de oficio”, lo que no resulta pertinente toda vez que, a su criterio sólo cuando la determinación de oficio esté fundada en un procedimiento sobre base cierta puede el organismo recaudador formular la correspondiente imputación de defraudación fiscal.
Manifiesta que el instituto presuntivo se caracteriza por incidir en las relaciones probatorias en el proceso determinativo de tributos, implicando en la mayoría de los casos el establecimiento de privilegios probatorios en favor de la Administración que se presentan incompatibles con principios constitucionales en el terreno del derecho tributario sancionador, tales como la inversión de la carga probatoria, que entra en contradicción con la presunción de inocencia, capacidad contributiva, defensa en juicio, igualdad, “non bis in ídem” y la garantía de propiedad.
Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo a sus dichos, hace reserva de caso federal. Finalmente peticiona se revoquen las sanciones apeladas, con costas.
III. Que a fs. 65/71 y 229/239vta. contesta los recursos interpuestos la representación fiscal. En primer término y respecto de la nulidad alegada por la recurrente en relación con la sanción aplicada por el impuesto al valor agregado del período fiscal 05/2001, destaca que el acto administrativo atacado cumple con cada uno de los requisitos esenciales establecidos en el artículo 7° de la ley 19.549, y por tal motivo, afirma que no sería procedente la sanción de nulidad; a mayor abundamiento sostiene que en las presentes actuaciones no se verifica ninguna de las circunstancias que contempla el artículo 14 de la ley citada, y que la nulidad impetrada por la contraparte se encontraría fundamentada exclusivamente en la litispendencia administrativa por ella opuesta.
Sobre la nulidad planteada respecto de la sanción de multa aplicada por el impuesto a las ganancias del ejercicio 2001 con sustento en el artículo 45 de la ley de procedimiento tributario, destaca que el monto consignado de $ 1.062.060,77 constituye la sumatoria de los montos de las sanciones aplicadas en la resolución N° 927/2003 por los períodos fiscales 2001 y 2002. Afirma que a través de un simple cálculo aritmético surge el monto de la sanción aplicada por el mencionado ejercicio 2001 que representa el 70% de la base imponible. Aduce que la apelante podía haber interpuesto el recurso de aclaratoria, cuya omisión no le puede ser imputada al Fisco Nacional, ya que se trata de un mero cálculo aritmético, motivo por el cual no puede aducirse nulidad alguna al respecto, pues no se ha encontrado en situación de indefensión que justifique el planteo nulidificante del acto sancionatorio, más allá de la forma en que quedara redactada la parte dispositiva. En consecuencia, sostiene que el acto administrativo en crisis cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 7 de la ley 19.549.
En relación con la cuestión de fondo y especialmente a la sanción aplicada con fundamento en el artículo 45 de la ley de rito fiscal respecto del impuesto al valor agregado del ejercicio fiscal 05/2001, resalta que la actora no ha expresado ningún agravio específico y que tan sólo se ha limitado a oponer excepciones improcedentes.
Comenta que se procedió a tipificar la conducta de la quejosa en la figura contemplada en el mencionado artículo toda vez que, por la inexactitud de la declaración jurada, dejó de ingresar el tributo en su justa medida y si bien tal proceder no denota un accionar doloso ni intención defraudatoria, de las actuaciones administrativas se desprende que por el impuesto y período fiscal indicados, éste arrojaba saldos a favor del Fisco Nacional que no fueron plasmados en la declaración jurada original, imputándosele una conducta negligente y culposa, a la vez que ha quedado verificado el elemento objetivo requerido por la figura. En relación con las sanciones aplicadas mediante la resolución N° 927/2003, se agravia que en la referida al impuesto a las ganancias del período fiscal 2001, se le imputó a la apelante haber presentado la declaración jurada del gravamen consignando montos en forma inexacta, encuadrando “prima facie” su conducta en las previsiones del citado artículo 45 de la ley de procedimiento fiscal, habiendo quedado conformada la base represiva para el mencionado ejercicio en la suma de $ 162.221,04.
Agrega que conforme surge de los antecedentes administrativos, manifiesta que para el período fiscal 2001 se constató la “no inclusión” en el rubro “Deudores por Venta” de un crédito con la firma Vicentin SAIC y en el rubro “Bienes de Uso” no fue declarada una desmotadora de algodón, lo que generó diferencias en concepto de incremento patrimonial no justificado.
Sobre la sanción por el mismo impuesto correspondiente al ejercicio 2002 con fundamento en los artículos 46 y 47 de la ley 11.683, afirma que se ha verificado un incremento patrimonial no justificado y la comisión de maniobras evasivas concretadas mediante la utilización de asientos contables que neutralizaban los ingresos por ventas. Tales maniobras quedarían evidenciadas al observarse que la firma realizó ventas al exterior, facturadas en dólares y registradas en valor pesos. Por la diferencia entre lo facturado y registrado, la misma fue computada como “diferencia de cotización” (saldo deudor), consignando este importe como un egreso del Estado de Resultados, no habiendo aportado la aquí recurrente documentación alguna que diera origen a esta cuenta, lo que incidió gravemente sobre la determinación de la materia imponible.
En cuanto a la configuración del elemento subjetivo, sostiene que quedó plenamente probado con la presentación de declaraciones juradas originales que en nada reflejan su situación real, lo que evidencia que aquellas fueron exteriorizadas a los fines de ocultar su verdadera situación fiscal.
Asevera que el dolo quedó acreditado con la adecuación de la conducta de autos a la presunción “ iuris tantum” del inciso b) del artículo 47 de la ley 11.683, que se configura –entre otros supuestos- a partir de la comprobación de una importante discordancia entre las declaraciones juradas y la documentación de la empresa fiscalizada, con grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible.
Resalta que la intencionalidad constatada en el accionar debió ser desarticulada por la recurrente mediante el aporte de pruebas idóneas dirigidas a ese objetivo independientemente de las exposiciones teóricas que realizó en su descargo, en el que sólo manifestó que el ajuste fue realizado sobre base presunta. Advierte que la actora incurre en un error conceptual al pretender sostener una crítica acerca de la aplicación al caso de la presunción del inciso b) del artículo 47 de la ley de rito fiscal; en ese orden de ideas, asegura que no estamos ante la utilización de presunciones que, habiendo servido para la determinación de la materia imponible, luego se trasladan al plano infraccional, pretendiendo únicamente con ellas sustentar la imputación. Contrariamente, afirma que, en el caso, el soporte fáctico se encuentra ampliamente demostrado, ya que no se trata simplemente de la aplicación de las presunciones legales a los fines de tener por acaecido el elemento subjetivo de la figura infraccional contenida en el mentado artículo 46.
En virtud de las consideraciones expuestas peticiona que se dicte sentencia rechazando la nulidad opuesta, la excepción de litispendencia planteada y la acción incoada, confirmando las resoluciones administrativas, con costas. Introduce cuestión federal.
IV. A fs. 343 se elevan los autos a conocimiento de la Sala “C” y a fs. 346 pasan los autos para dictar sentencia.
V. Que por un orden lógico de precedencia, cabe expedirse en primer término con relación al planteo de nulidad efectuado por la recurrente contra la resolución N° 927/2013, el que fue diferido a fs. 256 por este Tribunal para ser resuelto con el fondo de la cuestión.
Dicha defensa se sustenta en la presunta exorbitancia, inconsistencia y falta de causa de la resolución que aplica la multa relativa al impuesto a las ganancias del ejercicio fiscal 2001, en el entendimiento que siendo la base del gravamen omitido en el ejercicio fiscal 2001, $ 162.221,04, la sanción del 70% del mismo no puede alcanzar el monto de $1.062.060,77.
En tal sentido, le asiste razón a la representación fiscal en cuanto peticiona el rechazo de la nulidad planteada ya que el monto total aplicado en la resolución 927/2013 equivalente a $ 1.062.060,77 constituye la sumatoria de los montos correspondientes a las dos sanciones aplicadas en relación con el impuesto a las ganancias, períodos fiscales 2001 y 2002.
Así, tal como lo detalla la resolución 927/2013, que reproduce los montos emergentes de la resolución determinativa de oficio N° 361/2003, controvertida en el expte 22.966-I que he tenido a la vista, la obligación tributaria de Ceres S.A en el impuesto a las ganancias se determinó de la siguiente manera: SALDO A FAVOR DE LA AFIP 2001: $162.221,04 y 2002: $316.168,68. Ergo, el 70% del primer monto alcanza a $ 113.554,7 y tres tantos de la segunda suma $ 948.506,04, lo que sumado resulta ser $ 1.062.060.- que es el aplicado en la resolución cuestionada (v. fs. 166/184, en especial fs. 183).
A mayor abundamiento, debe destacarse que la resolución en cuestión contiene los elementos jurídicos formales para declarar su validez, invoca la normativa legalmente tenida en cuenta para arribar a sus conclusiones, así como los conceptos y montos determinados, también menciona las circunstancias de hecho que la motivan, sin que ello implique prejuzgar sobre la pertinencia o no de los mismos, y se han cumplimentado los procedimientos establecidos, habiéndose posibilitado a la contribuyente conocer la pretensión fiscal y elaborar su defensa, por lo que acoger su defensa equivaldría a declarar la nulidad por la nulidad misma.
En virtud de las consideraciones efectuadas “supra”, procede rechazar este agravio y toda vez que el mismo no fue tratado como de previo y especial pronunciamiento sino como una defensa más frente a la pretensión fiscal, no puede considerarse en forma autónoma a los efectos de la imposición de costas (arg CSJN in re “Colorín IMSSA”, sentencia del 2/7/2013.-
VI. Que en cuanto a la restante nulidad articulada, si bien así la denomina la contribuyente, en realidad está dirigida a pretender la litispendencia con la causa N° 22.966-I, a la que ya se ha hecho referencia en el presente pronunciamiento.
VII. Que sentado lo que antecede, corresponde pronunciarse sobre la procedencia de las multas aplicadas a la luz de la normativa invocada por el organismo fiscal.
Cabe advertir en primer término que la controversia respecto de las determinaciones de oficio dictadas en relación con las obligaciones principales por las que se imponen las multas cuestionadas en autos, tramitaron originariamente en el expediente N° 22.966-I y su acumulado N° 22.967-I, en el que, como se explicitara precedentemente, recayó sentencia definitiva el 13/5/2014.
VIII. Que sentado lo que antecede procede analizar ahora si las sanciones por omisión de impuesto aplicadas se ajustan a derecho.
Dicho ilícito, tipificado en el artículo 45 de la ley 11.683, en su texto vigente al momento de producirse la conducta considerada punible, se configura cuando se “... omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas, será sancionado con una multa graduable entre el cincuenta por ciento (50%) y el ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable.”
El fundamento para aplicar las multas en el impuesto a las ganancias del período fiscal 2001 e impuesto al valor agregado del período fiscal 5/2001, proviene de los ajustes efectuados en sendos gravámenes por a) la no inclusión en el rubro “Deudores por Venta” del crédito con la firma Vicentin SAIC por la suma de $ 71.221,64 y b) en el rubro “Bienes de Uso” la falta de declaración de la desmotadora de algodón por un monto de $ 392.267,03 (conf. resoluciones determinativas de oficio Nros 927 y 928).
La Sala D al resolver respecto de la procedencia de tales cargos en el pronunciamiento firme cuya copia obra a fs. 129/150 vta, decidió dejar sin efecto el primero (Considerando VII), por lo que ante la falta de configuración del elemento objetivo cabe proceder en este aspecto a la revocación parcial de las sanciones bajo análisis.
Respecto del restante ajuste, el mismo fue confirmado según Considerando VIII de dicha sentencia y por lo tanto, “...si bien no cabe admitir la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que encuadra en la descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por el sistema penal vigente.” (CSJN “Wortman, Jorge y otros”, 8/6/1993).
Así, la norma bajo análisis sólo prevé como eximente de responsabilidad la existencia de error excusable, el que ha sido admitido por nuestro Máximo Tribunal en el fallo recaído en la causa: “Astra Capsa”, en el que luego de reiterar el criterio de la personalidad de la pena en el campo represivo tributario, sostuvo: “Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación vigente (Fallos: 316:1313; 320:2271). Al respecto, cabe señalar que el Tribunal ha admitido el error excusable como eximente de responsabilidad, cuando él resulta de los extremos fácticos del caso, cuya valoración corresponde a los jueces de la causa” (Fallos: 292:195; “García Navarro, José Ramón”, 10/12/1996; Fallos: 327:5345)” Además se ha admitido cuando media una razonable oscuridad de las normas o de criterios interpretativos diferentes que coloquen al contribuyente en una situación de confusión que lo lleve a incurrir en tal infracción (conf. CNACAF Sala IV, Ecohabitat S.A. 07/05/2009), o ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor. Es menester destacar que la actora no ha presentado en autos probanza alguna tendiente a evidenciar un obrar diligente al liquidar los tributos o acreditar la existencia de algunas de las causales referidas que permitan eximirlo de responsabilidad.
En tales condiciones, acreditada la materialidad de las infracciones, las que se consideran adecuadamente graduadas, corresponde su confirmación parcial, con costas.
IX. Que resta expedirse sobre la multa aplicada en los términos de los artículos 46 y 47 inciso b) de la ley 11.683 en la resolución N° 927/2013, respecto del impuesto a las ganancias del ejercicio fiscal 2002. El fundamento del ajuste consiste en la comisión de maniobras evasivas evidenciadas cuando la firma realizó ventas al exterior, las que fueron facturadas en dólares y registradas a valor pesos. Dicha diferencia fue computada como “diferencia de cotización” (saldo deudor) consignando este egreso en el Estado de Resultados, sin aporte de documentación sobre el origen de la cuenta.
Ahora bien, en oportunidad de analizarse dicho cargo por parte de la Sala “D” en el Considerando IX de su sentencia, (ver fs. 129/150 vta.) se sostuvo que...”resulta definitoria la falta de soporte instrumental que surge del informe pericial relativa a establecer el origen de la cuenta “Diferencia de cotización”, siendo que se registró como una cuenta de “pérdidas” cuando en realidad la diferencia de cotización era por ventas realizadas al exterior, con lo cual resultaba una cuenta de resultado positivo, circunstancia que no puede ser explicada por el perito de la parte actora que nada señaló a pesar de la impugnación del representante fiscal... Ello así, corresponde admitir el ajuste practicado y que fue objeto de análisis en este punto”.
Que el ilícito de defraudación fiscal tipificado en el referido artículo 46 (t.o. aplicable al caso) se configura cuando “…mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa [se] perjudicare al Fisco con liquidaciones de impuestos que no correspondan a la realidad [y] será reprimido con multa de DOS (2) hasta DIEZ (10) veces el importe del tributo evadido.”
Asimismo, la resolución recurrida ha hecho uso de la presunción regulada por el inciso b) del artículo 47 de dicha norma que dispone: "Se presume, salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando:... b) Cuando en la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible...”.
En cuanto a la configuración del elemento objetivo, con lo resuelto por este Tribunal y que fuera detallado en los párrafos 2 y 3 del presente considerando, el mismo ha quedado acreditado.
Respecto del elemento subjetivo, teniendo en consideración las inexactitudes puestas de manifiesto como consecuencia de la inspección iniciada, le incumbía al recurrente la carga de probar que aquellas “...habían sido la consecuencia de una omisión imputable a su parte a título de mera negligencia” porque “...si bien es cierto que no cabe admitir la existencia de responsabilidad de índole penal sin culpa, no es menos exacto tampoco que una vez que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta sancionada por la ley, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por el derecho penal vigente” (Wekser, Marcelo A -CNACAF Sala V 23/6/2015).
Por otra parte, es dable sostener que, de no ser por el ejercicio de las facultades de verificación del organismo fiscal, la conducta de la actora hubiese probablemente pasado desapercibida (conf. Sala I en “Mapri Distribuidora SRL” 7/3/2013 y “Refinadora Neuquina S.A.” 23/12/2015).
Resulta necesario destacar que la apelante, no obstante haber contado en esta instancia con todas las posibilidades, no ofreció prueba alguna para demostrar la aludida falta de intencionalidad dolosa, limitándose a alegar que las presunciones utilizadas para la reconstrucción de la materia imponible sobre la base de una estimación de oficio, carecen de entidad para formular una imputación de tipo penal por la supuesta comisión de la infracción tipificada en el artículo 46 de la ley 11.683.
Finalmente, respecto al argumento de la apelante, en efecto la suscripta no desconoce la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recaída en la causa "Mazza, Generoso y Mazza, Alberto" del 6/4/1989 (Fallos; 312:447), donde se sostuvo que las presunciones otorgadas por la ley para determinar la obligación tributaria no resultaban aptas para presumir una conducta fraudulenta del contribuyente, doctrina que ha sido mantenida en las sentencias dictadas en las causas “Casa Elen-Valmi de Claret y Garello (TFN 10.582-I) c/DGI” (sent. del 31/3/1999), y “Montenegro Hermanos Sociedad Anónima c/Dirección General Impositiva” (sent. del 24/8/2000).
Sin embargo, el Tribunal Cimero entendió que las presunciones del artículo 18 de la ley 11.683 no pueden fundar una sanción ello en la medida en que no se cuente con el sustento de otros elementos que acrediten la existencia de una actividad dolosa tendiente a defraudar los intereses del fisco.
En ese orden de ideas, a tenor de la jurisprudencia reseñada se advierte que dicha presunción, no permite “per se” tener por configurada una infracción dolosa; en cambio, ello es posible si se acredita, con otros medios de prueba, que existió una intencionalidad de defraudar al Fisco, mediante el empleo de un ardid o engaño, situación que se verifica en el caso, puesto que tal como surge tanto de los antecedentes administrativos como del informe final de inspección y su complementario (vide fs. 1/6, Cpo. Sumario S-402-1144-12 de los a.a. que corren por cuerda), la determinación del tributo se realizó en base a documentación contable y extracontable aportada por el recurrente e información proporcionada por aquéllos sujetos que fueron circularizados. Debe señalarse que en este sentido correspondía a la actora desvirtuar la presunción prevista en el artículo 47 inciso b) y que, sin embargo, no realizó actividad probatoria alguna en ese sentido. En virtud de lo expuesto, la sanción aplicada por el impuesto a las ganancias del período fiscal 2002 ha sido adecuadamente encuadrada y ponderada, razón por la que corresponde su confirmación.
X. Que sentado lo que antecede, procede confirmar parcialmente las sanciones apeladas, de acuerdo con lo resuelto en los Considerandos VIII y IX, costas en proporción a los respectivos vencimientos y ordenar al organismo recaudador a que en el plazo de 30 (treinta) días proceda a efectuar la pertinente reliquidación de las multas apeladas.
El Dr. Luis dijo:
Que adhiere al voto precedente.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar parcialmente las sanciones apeladas, de acuerdo con lo resuelto en los Considerandos VIII y IX, costas en proporción a los respectivos vencimientos y ordenar al organismo recaudador a que en el plazo de 30 (treinta) días proceda a efectuar la pertinente reliquidación de las multas apeladas. Se deja constancia que el presente pronunciamiento lo suscriben dos Vocales Titulares, por encontrarse vacante la Vocalía de la 9a. Nominación (cfr. art. 184, ley 11.683 -t.o. vigente- y art. 52 del Reglamento de Procedimientos de este Tribunal).
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2026.08.14 14:25:00 ART Date: 2026.08.19 16:17:53 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudio Esteban Luis Viviana Marmillon Vocal Vocal Tribunal Fiscal de la Nación Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.19 16:18:29 -03:00
Fin de la sentencia