Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 46.667-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la nulidad intentada por la actora, con costas.
2Confirmar la resolución apelada, en todas sus partes, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-121764710-APN-VOCI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 11 de Noviembre de 2022 En el día de la fecha se reúnen los miembros de la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Subrogante de la 1° Nominación), Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) y Pablo Alejandro Porporatto (Vocal Subrogante Titular de la 3° Nominación) para resolver el Expte. Nº 46.667-I caratulado “CERQUETELLA JUAN ALCIDES s/recurso de apelación”.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que a fs. 51/73 se interpone recurso de apelación contra la resolución de fecha 11 de abril de 2016 dictada por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mercedes de la A.F.I.P.- Dirección General Impositiva, mediante la cual se determinó de oficio el Impuesto sobre los débitos y créditos en cuenta corriente bancaria, por los períodos comprendidos entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de septiembre de 2014, intimándose tributo a ingresar más intereses resarcitorios y aplicando una multa equivalente al 70% del impuesto presuntamente omitido, con sustento en lo dispuesto en el artículo 45 de la ley N° 11.683 (t.o en 1998 y sus modif.).
Expone la recurrente que la actividad que desarrolla es la venta a pequeños comerciantes de las aguas gaseosas y saborizadas que elabora la empresa Coca Cola Femsa SA (en adelante CCFSA) y que por la especial modalidad bajo la cual desarrolla la misma no se configura a su respecto el hecho imponible del impuesto tipificado en el artículo 1 inc. c) de la ley 25.413. Sostiene la actora que no es un distribuidor de tales productos sino que compra los mismos y los revende a pequeños comerciantes locales debiendo cumplir con estrictas reglas y condiciones impuestas por el productor resaltando que por el escaso volumen de ventas, los cobros y pagos a sus clientes, se realizan en dinero en efectivo, debiendo –ingresados los pagos- depositarlos inmediatamente en la cuenta de CCFSA.
Plantea la nulidad de la resolución apelada por entender que el acto administrativo desconoce u omite arbitrariamente los hechos acreditados y el derecho vigente, por lo cual el mismo carece de causa en los términos del artículo 7 inciso b) de la ley 19.549. Asimismo, sostiene que de la lectura del acto recurrido puede observarse la falta de motivación del mismo, por cuanto omite expresar en forma concreta las razones que inducen a su dictado.
En cuanto al ajuste efectuado, indica que en virtud de la relación comercial entre la recurrente y CCFSA, esta última le exige una serie de requisitos entre los cuales se encuentra la venta a pequeños comerciantes (kioscos y almacenes) que cancelan sus pagos únicamente en efectivo y que no opera –la actora- con cuentas bancarias, siendo la única que posee abierta a los fines de adquirir un vehículo de reparto bajo leasing. Se agravia que la resolución apelada sostiene que los pagos realizados por la actora a CCFSA encuadran en el hecho imponible definido por el art. 1 inc c) de la ley 25.413 y en la RG 1135, modificada por la RG 2111, ello por cuanto la inspección habría arribado a la conclusión de la existencia de un sistema organizado de pagos tendiente a impedir la bancarización de las operaciones sin tener en consideración que dicho sistema organizado de pagos debe ser utilizado en reemplazo del uso de cuentas bancarias que la actora no utiliza.
Agrega que las normas en las que el Fisco Nacional basa el ajuste practicado entra en colisión con las disposiciones de la ley de Coparticipación Federal de Impuestos N° 23.548, en cuanto el impuesto determinado se superpone con el hecho imponible del impuesto al Valor Agregado lo que implica una doble imposición por un mismo hecho violándose principios de raigambre constitucional.
Solicita, en caso de hacerse lugar a la pretensión fiscal, se aplique la alícuota general del 6% y no la duplicada prevista en el artículo 1 de la ley 25.413, ello por cuanto se violaría el principio constitucional de igualdad al equiparar a quien utiliza efectivo en reemplazo de cuentas bancarias con el fin de evitar el pago del impuesto. En cuanto a la sanción aplicada, manifiesta que no se configura para el caso la existencia de los elementos objetivo y subjetivo requeridos por el artículo 45 de la ley 11.683. Expresa que el Fisco no esgrimió fundamento para justificar la sanción y mucho menos la graduación impuesta. Invoca la existencia del error excusable en su accionar, pues tal como surge de los agravios expuestos pudo creer razonablemente que actuaba de conformidad con las normas aplicables. En subsidio, solicita que en caso de confirmarse la procedencia de la sanción impuesta se aplique el mínimo legal.
Se agravia de la liquidación de los intereses resarcitorios. Remarca que en el caso no se dan los supuestos para la constitución en mora del deudor conforme lo establece el propio Código Civil, esto es, retardo en el cumplimiento de la obligación y que el mismo sea imputable a título de culpa o dolo.
Finalmente, cita jurisprudencia y doctrina en apoyo de su postura. Ofrece prueba y solicita que se deje sin efecto la determinación practicada, con costas. Hace reserva de caso federal.
II. Que a fs. 81/92vta el Fisco Nacional contesta el traslado conferido. Sobre la nulidad articulada alega que el acto cumple con todos los requisitos exigidos por la ley de procedimientos administrativos, al igual que para su dictado se siguió con los pasos fijados por la ley de procedimiento tributario. Rechaza el argumento de la actora en cuanto sostiene que el acto apelado resulta arbitrario por cuanto el mismo es el resultado de una gran tarea de fiscalización y verificación efectuada por el organismo, y el juez administrativo concluyó que de dicha recolección surgían elementos suficientes para ajustar la materia imponible. En cuanto al argumento efectuado respecto de la violación del derecho de defensa, sostiene que el juez administrativo ponderó debidamente la prueba ofrecida por el contribuyente, razón por la cual no se vislumbra que se haya colocado a la misma en el estado de indefensión que alega ni se haya violado el debido proceso. Agrega que las conclusiones a las que arribara el juez administrativo no implican que el acto recurrido sea tildado de irrazonable, no obstante que la determinación no resulte favorable a los intereses de la apelante no implica que el mismo sea nulo, por lo que solicita se rechace la defensa planteada con costas.
En cuanto al ajuste efectuado, sostiene la procedencia del mismo. Aduce que en relación al impuesto sobre los débitos y créditos bancarios se le solicito al contribuyente detalle de pagos efectuados a la firma proveedora CCFSA para la cancelación de las facturas de compra para el período involucrado, observándose que la recurrente –para la cancelación de las operaciones con su proveedor- realiza depósitos directamente en las cuentas del mismo, para lo cual solo utiliza dinero en efectivo. Ello así, dicho procedimiento da cuenta que los pagos se habría efectuado mediante un sistema organizado entendiendo como tal a un conjunta de prácticas relacionadas entre si con el único objeto de reemplazar el uso de las cuentas que establece el artículo 1, inciso a) de la ley N° 25.413, confirmado ello por el hecho de la aquí recurrente si poseía cuentas en distintas entidades bancarias, con lo cual se habría configurado el hecho imponible en cabeza del contribuyente.
Asimismo, niega que el impuesto establecido por la ley N° 25.413 (y modif) atente contra principios constitucionales tales como legalidad, propiedad y no confiscatoriedad, razón por el cual no puede tildarse al mismo de inconstitucional.
Respecto de los intereses resarcitorios, el Fisco expone que la naturaleza jurídica de estos radica en la falta de pago en tiempo y forma, resultando ajustada a derecho la aplicación del artículo 37 de la ley 11.683. Por último y en cuanto a la sanción aplicada, sostiene que se encuentran configurados los elementos objetivo y subjetivo, con lo cual resulta ajustada a derecho y correctamente encuadrada por encontrarse acreditada la conducta imputada sin que la actora haya probado siquiera la existencia de un error excusable, por lo que solicita su confirmación.
Por los argumentos que desarrolla, peticiona que oportunamente se dicte sentencia confirmando el acto recurrido en todas sus partes, con costas y se tenga presenta la reserva del caso federal.
III. Que a fs. 106 se abre la causa a prueba haciéndose lugar a la informativa ofrecida por la actora. A fs. 116 se clausura el período probatorio y a fs. 126 se elevan las actuaciones a consideración de la Sala “A”. Que a fs. 133 se ponen los autos a disposición de las partes para que presenten los alegatos de bien probado, obrando la presentación del ente fiscal a fs. 137/145vta, sin que las recurrentes hicieran uso de su derecho. Finalmente a fs. 148 pasan los mismos a sentencia.
IV. Que en primer lugar corresponde resolver el pedido de nulidad formulado por la recurrente toda vez que este Tribunal declaro dicho planteo como de previo y especial pronunciamiento (vde fs. 100 de autos). Que si bien la actora opone la nulidad del acto apelado y las actuaciones en las que se sustentan, cabe adelantar que dicha defensa no puede prosperar. Para arribar a dicha conclusión debe precisarse que no se advierte en el caso que el acto determinativo carezca de fundamentación como plantea la recurrente ni que la decisión adoptada sea arbitraria o que el procedimiento se haya visto viciado. Que del examen de las actuaciones se evidencia que el acto no solo fue emanado por autoridad competente sino que del mismo se vislumbran los antecedentes de hecho y de derecho que justifican su dictado, razón por la cual los argumentos vertidos como fundamento de la nulidad intentada, resultan ser una mera discrepancia con el criterio fiscal y que, en realidad, integran el fondo de la cuestión que este Tribunal está llamado a resolver.
Que “la nulidad por vicios procesales carece de un fin en sí misma, es decir, no tiene existencia autónoma, dado que el derecho procesal es una vía para asegurar la aplicación del derecho de fondo. Sólo procede cuando de la violación de las formalidades surge un perjuicio real y concreto en el derecho de la parte, principio que se sintetiza en la máxima “no hay nulidad por la nulidad misma”, receptado en el art. 172 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación” (CNACAF, Sala V, sentencia de fecha 4/6/1997, “Sosa Mirta Elena”). En tal sentido corresponde desestimar la nulidad impetrada por la parte actora, con costas.
V. Que también corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad desarrollado por la recurrente respecto de la ley 25.413, atento a que el art. 185 de la ley 11.683 (t.o. 1998) -del cual el apelante tiene pleno conocimiento según surge de fs. 21 de su recurso- veda a este Tribunal la posibilidad de pronunciarse sobre la validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, en tanto previamente no lo haya hecho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuyo caso lo autoriza a seguir la interpretación del Alto Tribunal; circunstancia que no se ha concretado respecto a la norma del gravamen citada.
VI. Que atañe ahora resolver si la resolución apelada se ajusta o no a derecho y, para ello, estimo pertinente realizar una reseña de las diligencias realizadas en sede fiscal.
Que surge del Informe Final de Inspección (vde fs. 394/400 cpo II Imp sobre Débitos y Créditos Bancarios) que la contribuyente es una persona física cuya actividad declarada es la “venta al por mayor de bebidas alcohólicas”, realizando las ventas al público sin efectuar reparto alguno, y los pagos al principal proveedor se realiza mediante depósitos en efectivo en la cuenta bancaria del mismo, en este caso, FEMSA Coca Cola. Que la fiscalización practicada tiene su origen como consecuencia del cruce efectuado; cantidad de personal declarado en promedio contra ventas exteriorizadas y ejercicio 2012 y 2013. Que de la comparación de las ventas declaradas por el contribuyente y los depósitos bancarios informados surge que las primeras ventas son notoriamente superiores a las acreditaciones informadas, por lo que se presume podrían haber eludido el gravamen. Que la firma registró acreditaciones bancarias en los ejercicios fiscales 2012 y 2013 cuyos valores son inferiores a los ingresos declarados en el impuesto a las ganancias, situación que fue observada en la etapa investigativa como supuesta maniobra para evadir tributar el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios.
Ante dicha circunstancia se analizó conjuntamente con la fiscalizada la operatoria comercial a los fines de dilucidar la existencia de un sistema organizado de pagos que reemplace la utilización de las cuentas bancarias propias. Para verificar dicha situación, se solicitó al responsable una muestra sobre los pagos cancelatorios de compra, identificando fecha, forma y/o medio de pago e importe, dicho requerimiento fue cumplimentado y pudo observarse que la cancelación de las compras fue efectuada mediante depósitos en efectivo directamente en la cuenta bancaria de su principal proveedor CCFSA. Sentado ello, la fiscalización concluyo que el contribuyente –al efectuar depósitos en efectivo directamente a su proveedor- utilizó un “sistema organizado” con la finalidad de reemplazar el uso de cuentas bancarias propias.
En función de ello, se procedió a calcular el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios sobre el total de pagos (compras) efectuados en efectivo a la proveedora CCFSA.
VII. Que, de forma preliminar, estimo pertinente recordar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (Fallos: 301:1187; 319:119; 307:2012; 311:2135; entre otros).
Que la actora sustenta sus agravios remarcando la improcedencia del ajuste practicado en base a que la modalidad en la cancelación de las operaciones con CCFSA son producto, por un lado, de las condiciones impuestas por este último a la actora y, por otro, que por el volumen de operaciones realizado -y los clientes con los que comercializa- el producto de las ventas se percibe únicamente en dinero en efectivo, sin que ello implique efectuar maniobras tendientes a sustituir el uso de cuentas bancarias.
Por su parte, el Fisco Nacional sostiene que el método utilizado por la aquí recurrente para cancelar las operaciones con su proveedor constituye un sistema organizado de pagos que sustituye la utilización de sus propias cuentas bancarias, operatoria que constituye hechos imponibles gravados con el Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios en cabeza de este.
Que -y como se indicó ut supra- por aplicación de lo dispuesto por la ley 25.413 el Fisco determinó el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios sobre los pagos efectuados a proveedores. Sentado ello, sobre el basamento legal del ajuste efectuado, este Tribunal ha tenido oportunidad de expedirse al resolver la causa “La Angostura SRL” –Sala B-, sentencia de fecha 12/02/2010. Que en dicho decisorio y luego de analizar la normativa aplicable se señaló que a partir de la citada ley, la amplitud conceptual dada por el legislador, ya no solo se alcanza operaciones relacionadas con entidades financieras exclusivamente, sino también comprende a los terceros por otros movimientos de fondos que realicen, precisando que: “...se observa entonces que se introducen dos conceptos esenciales que van a coadyuvar a la interpretación razonable de la norma legal en cuestión. Por un lado, la "actividad económica", aspecto éste que circunscribe la gravabilidad de los movimientos de fondos, lo cual si bien parecía obvio debía ser expresado, toda vez que únicamente pueden estar alcanzados por el gravamen aquellos que se efectúan en el marco de una actividad económica de la persona que los realiza. Por otro lado, el "sistema de pagos organizado", lo cual permite afirmar -a contrario sensu- que está fuera del objeto del gravamen todo pago que no responda a un sistema organizado.”
“Que, en definitiva, la cuestión pasa por dilucidar qué se entiende por sistema de pagos organizado.” “Que, no existe ninguna definición legal y ateniéndonos a la definición que da el diccionario de la Real Academia Española, se entiende por "sistema" el "Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí" o, bien, el "Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto".
“Que, así las cosas, el ´sistema de pagos organizado´ del que venimos hablando, debe tratarse de un conjunto de reglas, principios o cosas relacionadas entre sí, ordenadamente, con el objeto de reemplazar el uso de las cuentas previstas en el art. 1º, inc. a), de la ley 25.413 y sus modificaciones. Es decir, efectuando una razonable interpretación de la ley y su reglamentación, solamente quienes hayan tenido o tengan un Sistema de Pago Organizado, tendiente a impedir la "bancarización" de las operaciones, estarán obligados de manera directa a percibir y pagar este impuesto.”
Que ello así, en esta instancia, resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos (conf. Art. 377, C.P.C.C.N.), cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su posición jurídica (Fallos: 331:881). En tal sentido, corresponde entonces examinar las únicas probanzas ofrecidas y producidas ante esta instancia jurisdiccional. Que la respuesta suministrada por Coca Cola FEMSA, la firma acompaña el listado de pagos efectuado por la contribuyente a la oficiada durante los períodos enero 2012 y septiembre 2014. Por otra parte, en la respuesta brindada por el Banco Central de la República Argentina, la entidad informa que por disposición del “secreto bancario” instituido por el artículo 39 de la ley N° 21.526 la información requerida no se encuentra en poder de esta. (vde respuestas de las entidades Coca Cola FEMSA SA y Banco Central de la Republica Argentina --fs. 106/113 y 115 de autos respectivamente-)
Que del análisis de las pruebas rendidas, cabe señalar que la misma resulta insuficiente para revertir los argumentos expuestos por el juez administrativo en el acto apelado, al respecto, los datos suministrados por las oficiadas no aportan mayores precisiones sobre la cuestión planteada puesto que no se encuentra controvertido si la aquí recurrente efectuó o no pagos al proveedor CCFSA durante los períodos objetados, hecho que fuera reconocido por la propia actora (vde fs. 52vta de autos) y por la contraria (vde fs. 86vta de autos). Por otra parte, en cuanto a las cuentas bancarias de la recurrente, si bien la misma al contestar el requerimiento por parte de la fiscalización informó que solo poseía una a cuyo fin era la de adquirir un vehiculo de reparto, no puede pasarse por alto que de las bases del organismo surge que la actora si poseía distintas cuentas bancarias en los bancos Superville SA y HSBC Bank Argentina SA y que en los períodos involucrados en el ajuste las mismas se encontraban activas, sumado a que en los mismos períodos se realizaron depósitos en las mismas (vde fs. 440 y 442/444 Cpo III Imp sobre Debitos y Créditos Bancarios) por lo que resulta llamativo que teniendo cuentas bancarias en distintas entidades, el contribuyente optara por no hacer uso de ellas a los fines de cumplimentar las disposiciones normativas al respecto.
Sentado ello, cabe mencionar que se encuentra acreditado en autos que el recurrente para el desarrollo de su actividad comercial, realizó pagos a su proveedor por montos significativos mediante efectivo y/o depósitos en cuentas bancarias de este y en el contexto de una relación comercial habitual sin que aportara en autos otras pruebas que desvirtuara el criterio seguido para determinar el gravamen objeto de la presente litis. En efecto, existen movimientos de fondos que reflejan el ejercicio de una actividad económica, con la finalidad de reemplazar el uso de la cuenta corriente (conf. criterio de la Corte Suprema de Justicia in re “Piantoni Hnos. SACIFI y A c/Dirección General Impositiva”, sentencia del 12 de diciembre del 2017 y de esta juzgadora en la causa “Investor SRL”, Expte. N° 35.731-I de fecha 25/8/2014, en la que intervine como Vocal subrogante, decisorio que fue confirmado por la Alzada -Sala III- con fecha 21/3/2017).
Por lo expuesto, debe tenerse por configurado el hecho imponible previsto en la Ley 25.413 y confirmar la determinación practicada por el ente fiscal por los períodos enero de 2012 a septiembre de 2014. Que, en cuanto a la petición que formula en subsidio a fin de que se aplique una alícuota reducida del impuesto, considero que la misma debe ser denegada. Que conforme al análisis efectuado a lo largo del presente decisorio ha quedado evidenciado que la operatoria desplegada por la aquí recurrente se enderezó a reemplazar el uso de cuentas bancarias omitiéndose así el gravamen del 6%o que debía ingresarse sobre los créditos y débitos que se hubieran generado en los términos fijados por el art. 1 inciso a) de la ley del gravamen; siendo precisamente lo que ha pretendido evitar el legislador al concebir el esquema implementado mediante el inciso c) del Artículo 1° de la ley del gravamen, ello con el fin de que el gravamen se aplique sobre un número de situaciones en las cuales podría llegar a sustituirse, a sabiendas, la utilización de la cuenta bancaria del sujeto del impuesto para evitar la imposición en su justa medida, como en el caso concreto.
Que por tal motivo no resulta procedente el argumento esbozado por la actora de que no se utilizó un sistema de pagos organizado por parte de esta tendiente al reemplazo del uso de cuentas bancarias, puesto que –y tal como fuera indicado- el actor poseía cuentas bancarias activas y pudiendo haber hecho uso de ellas optó por no hacerlo. Que en este sentido, corresponde destacar que se ha dicho que la imposición sobre los movimientos en efectivo y la aplicación de una alícuota mayor para este supuesto persiguen alentar la bancarización de las operaciones, ello en consonancia con la política desarrollada en los últimos años en nuestro país y en el derecho comparado que promueve una mayor formalización y transparencia de la economía (cf. dictamenes de la Procuración General emitidos en las causas "Vietri, Darío Tomas c/ Grúas San Blas y otros s/ accidente", S.C. V. 281, L. XLVII, del 23 de abril de 2013 y “Máxima Energía SRL (TF 30045-I) c/DGI” del 2 de junio de 2014).
VIII. Respecto a la defensa planteada por la recurrente contra la imposición de intereses resarcitorios, cabe señalar que, de conformidad con el artículo 37 de la Ley Nº 11.683, “la falta total o parcial de pago de los gravámenes, retenciones, percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta, devengará desde los respectivos vencimientos, sin necesidad de interpelación alguna, un interés resarcitorio”. Tal consideración, basada en la literalidad de la norma, permite descartar sin más los agravios expuestos por la recurrente en este caso (cfr. Sala V in re "Cuerolandia SACIF (TF 9740-I) c/ DGI", sentencia del 27/07/2005).
Que en esta línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en autos “Cittibank NA C/D.G.I” (sentencia del 1/06/2000), resolviendo que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias y que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del Código Civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales, ajenas al deudor y que deben ser restrictivamente analizadas -las cuales definitivamente no se presentan en el caso concreto- resaltando que la imposición de intereses es ajena a la de las normas represivas, con lo cual se descarta la necesariedad del elemento culpa para su imposición.
En tal sentido, debe precisarse que los accesorios previstos en el art. 37 de la ley de rito trascienden el mero interés particular de las partes pues ponen de relieve una finalidad de otra naturaleza, esto es la necesidad de estructurar un sistema que permita una más eficiente y rápida recaudación tributaria. De allí que, en principio, resulta razonable que frente a la mora en que incurra el contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, la ley prevea la posibilidad de fijar una tasa de interés más elevada que la prevista para las relaciones entre particulares (conf. “Arcana Orazio” del 03/07/84 y “Marthay, Jorge” del 06/06/1995, entre otras), sin que se advierta en el caso que el Fisco se haya extralimitado de forma alguna en el cálculo de los accesorios bajo trato. A mayor abundamiento, debe precisarse que "el interés común en el pago puntual de los impuestos a fin de permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado, interés que justifica la elevación de las tasas más allá de lo normal, elevación que -por otra parte- no beneficia a personas determinadas, sino a la comunidad toda" (Fallos: 308:283).
Ello así, procede confirmar la liquidación de los intereses resarcitorios, toda vez que los mismos se ajustan a lo dispuesto por el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.).
IX. Que resta pronunciarse sobre la multa impuesta a la recurrente graduada en el 70% del tributo determinado, con sustento en el art. 45 de la ley de rito.
Que el art. 45 de la ley N.º 11.683 (t.o. 1998 y modif.), en su parte pertinente dispone que: “el que omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas será sancionada con una multa graduada entre el cincuenta por ciento (50%) y el ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar ... siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable...”, es decir que el aspecto material de la infracción requiere de un resultado disvalioso, esto es la omisión del pago, mediante la falta de presentación de las declaraciones juradas o su inexactitud. Que las infracciones deben ser imputables tanto objetiva como subjetivamente para justificar la imposición de una sanción (doctrina de Fallos 271:297; 303:1548; 322:519), y el artículo 45 de la ley N.º 11.683 no exige una intención dolosa, sino que para que se configure la conducta allí contemplada resulta suficiente la culpa del contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales (conf. CNACAF, "Velocidad Tiempo Cero S.A. c/ DGI", Sala II,del 28/06/2007; "La Rueca Porteña SA c/ AFIP – DGI", Sala IV, del 27/10/1998). Ello así, en este caso concreto y en contraposición a lo sostenido por la recurrente, ha quedado acreditado que la recurrente realizó los pagos a su proveedor mediante depósitos bancarios en efectivo y en cuenta de este, lo que constituyó una maniobra tendiente a engañar y falsear la realidad de los hechos con el propósito de perjudicar al Fisco, circunstancia que no fue rebatida por la actora.
Que ello así y de acuerdo con las circunstancias expresamente analizadas, cabe confirmar la sanción impuesta, en tanto se encuentra debidamente justificado tanto el encuadre en el tipo penal como la graduación aplicada.
X. Que por todo lo expuesto, voto por: 1) Rechazar la nulidad intentada por la actora con costas; 2) Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que adhiere al relato de los hechos y al Considerando IV.- del voto de la Vocal preopiante.
II. Que con respecto al fondo del asunto, adhiero a la solución propiciada por la Dra. Gómez. En efecto, la cuestión traída a conocimiento de la suscripta resulta idéntica a la resuelta por esta Sala in re “Distrans S.R.L.”, Expte. 33.740-I, de fecha 9/9/2019, a cuyos fundamentos me remito en mérito a la brevedad.
Ello así, voto por: 1) rechazar la defensa de nulidad articulada por la actora, con costas; 2) Confirmar la resolución venida en recurso, en todos sus términos, con costas.
El Dr. Porporatto dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Gómez, salvo en lo relativo a la confirmación de la multa impuesta con sustento en el art. 45 de la ley de rito.
Al respecto, debe señalarse que el ilícito de omisión de impuestos tipificado en el artículo 45 de la Ley N° 11.683 requiere para la configuración de la infracción que tipifica, la concurrencia de dos elementos: por una parte la omisión de pago de impuestos y por otra el medio comisivo, que puede ser la falta de presentación de declaraciones juradas o la presentación de DDJJ inexactas- siempre y cuando el juez administrativo descarte la existencia de "declaración engañosa", y en la medida que no exista error excusable.
Corresponde entonces analizar si existió alguna causal que permita convalidar el accionar de la encartada en la figura del "error excusable", figura que fue expresamente invocada por la apelante. Sobre el particular, cabe señalar que el mismo es parte integrante del elemento subjetivo de la figura descripta en el artículo 45 de la ley 11683, atento a que puede sostenerse tal causal exonerativa de responsabilidad, cuando medie una razonable oscuridad de las normas o exista una hermenéutica diferente que coloque al contribuyente en la posibilidad - razonable- de equivocarse al aplicarlas o en una situación de confusión que lo lleve a incurrir en la infracción ("Ecohábitat S.A.” C.N.C.A.F. Sala IV del 7/5/09, "Coop. Agrícola De Manuel Ocampo Ltda" TFN, Sala A 2/11/98 entre muchos otros), lo que los suscriptos entienden que aconteció en las presentes actuaciones. Bajo tales pautas hermenéuticas debe revocarse la multa aplicada, pues si bien el aspecto objetivo de la infracción quedó configurado, su conducta resulta justificada en la inteligencia de las normas aplicables, sumado ello a las confusiones derivadas de fallos contradictorios, que actúan como causas de exculpación del error (cfr. “Cepas Argentina S.A.”; C.N.C.A.F. Sala III del 24/7/08).
Sobre el particular, y en el mismo sentido, la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal “Italnorte SAACIeI” de fecha 14/10/2014 ha expresado que “... ante la existencia de jurisprudencia contradictoria sobre la materia, se entiende razonable que la actora pudiera haber interpretado el caso de una manera diferente a como lo hizo la Administración Fiscal, lo que conlleva la posibilidad real de incurrir razonablemente en una equivocación que por sus características no merece ser sancionada. Todo ello induce a este Tribunal a considerar que existió error excusable eximente de sanción en los términos del artículo 45 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y modif.).”
A mayor abundamiento, cabe resaltar que el criterio adoptado por la Sala B que integro como vocal titulal, en la sentencia de fecha 06/09/2018 en los autos caratulados: “LA PAYUCA SRL S/ APELACIÓN” (Expte N° 35.124-
I. fue confirmado en el pronunciamiento del día 21/05/2019 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (SALA IV) en las actuaciones: “LA PAYUCA SRL c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO” (Expte N° 12706/2019) en virtud del cual resolvió que: “La existencia de error extrapenal como eximente de culpabilidad requiere un comportamiento normal y razonable del sujeto frente al evento en que se encontró, es decir que su actitud responda a una interpretación de la norma tributaria que entendía razonablemente no aplicable. También hay error excusable cuando la conducta del infractor proviene de normas fiscales de difícil o dudosa interpretación. Al respecto, se ha entendido que el error de derecho extrapenal será excluyente de responsabilidad cuando provenga de una razonable oscuridad de las normas o de criterios interpretativos diferentes que, aún actuando con la debida diligencia, coloquen al contribuyente en una situación de confusión. En el caso de autos, dadas la complejidad de las normas en cuanto al alcance del hecho imponible y a lo que debe considerarse como un “sistema organizado de pago”, ello pudo generar la confusión de considerar que las operaciones en cuestión no se encontraban alcanzadas por el impuesto (confr. en este sentido esta Sala en la causa nº 22.634/2013 “Altho Gruop SRL (TF 32730-I) c/ DGI” del 3 de diciembre de 2013).”
En definitiva, ello así, corresponde revocar la sanción aplicada al contribuyente en los términos del artículo 45 de la ley ritual. Las costas en este aspecto corresponde aplicarlas por su orden en atención a las particularidades de la cuestión.
Que en virtud de la votación que antecede, por mayoría;
1. Rechazar la nulidad intentada por la actora, con costas.
2. Confirmar la resolución apelada, en todas sus partes, con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas acompañadas y archívese. Date: 2022.11.10 17:44:01 -03:00 Date: 2022.11.10 18:42:57 -03:00 Laura Amalia Guzman Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Subrogante Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.11.11 09:13:25 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Subrogante Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.11.11 09:13:26 -03:00
Fin de la sentencia