Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 35.463-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones apeladas, en todas sus partes, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 16.352 (pesos dieciséis mil trescientos cincuenta y dos) por la representación procesal y de $ 40.881 (pesos cuarenta mil ochocientos ochenta y uno) por el patrocinio letrado; los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en la etapa cumplida, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24.432.
3Regular los honorarios del perito contador designado a propuesta del Fisco Nacional, Luis Alfredo Picarel, en la suma de $ 2.000 (pesos dos mil), los que quedan a cargo de la recurrente, por la aceptación del cargo, debido a que se dio por decaída dicha probanza.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-31473713-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 1 de Abril de 2022 S.R.L. s/recurso de apelación - Impuesto al Valor Agregado y a las Ganancias”.
En Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´ Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el Expte. N° 35.463-I (y acumul. Nros. 35.464-I, 37.103-I), caratulado “CERRAMAR S.R.L. s/recurso de apelación - Impuesto al Valor Agregado y a las Ganancias”.
El Dr. Martín dijo:
I. Que a fs. 70/86 y 187/201 Cerramar S.R.L. interpone recursos de apelación contra las Resoluciones N° 336/11 D.O. (DV RRMP) y N° 337/11 D.O. (DV RRMP) ambas de fecha 30 de septiembre de 2011 dictadas por el Jefe (int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mar del Plata de la A.F.I.P.- Dirección General Impositiva, por las que se determinaron sus obligaciones impositivas en el Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales enero a diciembre de 2007 y a las Ganancias del período fiscal 2007 con más intereses resarcitorios. Asimismo se aplicó una multa equivalente a tres tantos del Impuesto al Valor Agregado por los períodos mencionados en los términos de los arts. 46 y 47 incs. b) y c) de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), mientras que en el Impuesto a las Ganancias se hizo reserva para aplicar sanciones según lo establecido por el art. 20 de la ley N° 24.769.
A fs. 300/308 apela la Resolución N° 414/12 DO (DV RRMP) de fecha 20 de noviembre de 2012 dictada por el Jefe (int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mar del Plata de la A.F.I.P.- Dirección General Impositiva, por la que se aplicó una multa equivalente a tres tantos del Impuesto a las Ganancias omitido en el período fiscal 2007 en los términos de los arts. 46 y 47 incs. b) y c) de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.). Explica que se dedica a la actividad de venta al por mayor de artículos de ferretería y que en el marco de la inspección puso a disposición los libros y registros contables, las facturas, notas de débito y crédito, notas detallando aportes y retiros de socios, detalle de la cuenta bancaria y el balance cerrado al 31/12/2007. Se agravia de que se hayan realizado las determinaciones sobre base presunta cuando contaban con los elementos para hacerlas sobre base cierta.
Indica que la inspección teniendo en cuenta los extractos bancarios efectuó una comparación con las ventas declaradas y atribuyó las diferencias detectadas a supuestas ventas omitidas según la presunción del art. 18 inc. g)
1. y 2), al ignorar la documentación contable que registraba los aportes y retiros de los socios. Manifiesta que los aportes de los socios fueron registrados en sus libros, sin que éstos hayan sido fiscalizados y cumplido el requisito de su impugnación previa, por lo que advierte que se trata de un caso con base presunta forzada.
Rechaza que los socios carecían de solvencia para hacer los aportes y que la fiscalización omitió considerar los datos que no le eran favorables para escapar de la realidad de los hechos y de la verdad jurídica objetiva al recurrir a la aplicación de presunciones para evitar probar los extremos que invoca.
Alega que también se le restó valor probatorio al informe pericial por no haber aportado los registros contables los que fueron puestos a disposición en todo momento y que no se consideró que algunos de los socios adhirieron al régimen de la ley N° 26.476.
Enumera las fuentes de ingresos y origen de los fondos de cada uno de los socios en orden a demostrar que poseían capacidad suficiente para realizar los aportes.
Concluye que acreditó que las diferencias entre las acreditaciones bancarias y las ventas declaradas no se debe a una omisión de ventas sino al aporte de los socios con motivo de necesidades de giro y operatoria habitual. En lo que hace a la multa aplicada en el Impuesto a las Ganancias hace saber que no obstante que el ente fiscal no hizo la denuncia aplico lo dispuesto por el art. 20 de ley N° 24.769 y reanudó el sumario.
Sobre ambas sanciones se agravia de que se hayan utilizado las presunciones del art. 47 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.) cuando las determinaciones de oficio también se hicieron sobre base presunta. Además niega que se den los supuestos de los incisos de dicho art. aplicado al no existir contradicción en los libros, documentos y antecedentes, al haberse omitido relevar sus libros contables. En subsidio, pide que se reencuadre en la figura omisiva del art. 45 de la ley de procedimiento fiscal.
Por último, ofrece prueba documental, pericial contable e informativa y por los argumentos que desarrolla y la jurisprudencia citada pide que se revoquen las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas. Hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 96/116vta., 212/229vta. y 317/326 el Fisco Nacional contesta los traslados de los recursos deducidos en autos.
Expone que la inspección analizó una depuración bancaria efectuada por la recurrente con la finalidad de justificar el exceso de depósitos bancarios por sobre las ventas declaradas, para lo cual utilizó información obrante en su base de datos y también la brindada por el Banco de la Pcia. de Buenos Aires, con el que operaba la recurrente.
Aclara que la explicación de los aportes hechos por los socios, quienes aportaban fondos que luego eran retirados, para volver a aportarles al mes siguiente hizo presumir que tales importes eran contabilizados para equiparar saldos acreedores de la cuenta caja por falta de declaración de ventas y/o ingresos.
Señala que se evaluó la situación particular de cada uno de los integrantes, quienes no respondieron las circularizaciones, sin que se haya podido constatar la veracidad de los aportes.
Apunta que también se intentó justificar la depuración bancaria con una supuesta venta del fondo de comercio a la firma Herrajes Bepo S.A. pero el documento aportado carecía de fecha cierta y al solicitarse información a la sociedad compradora el sobre fue devuelto por causa “cerrado”, sin que además en los extractos haya un depósito por la suma que se quería justificar.
Pone de relieve que no existe arbitrariedad al haber tenido en cuenta el Juez Administrativo las probanzas incorporadas, sin que se hayan presentado probanzas fehacientes para conmover el ajuste efectuado. En cuanto al método presuntivo explica que la recurrente solo aportó documental, de las circularizaciones no se obtuvo respuesta y de la prueba pericial producida no surgieron nuevos elementos, por lo que al no contar con la información necesaria resultó razonable el uso de presunciones.
Respecto de los intereses resarcitorios resalta que no esgrime agravio alguno, por lo que al haber sido calculados en conformidad con el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.) deben ser confirmados.
Sobre las multas argumenta que el ilícito tipificado en el art. 46 de la ley de procedimiento fiscal se encuentra configurado con el ingreso en menos de los tributos y por el dolo consistente en obtener un provecho patrimonial indebido, y advierte que es improcedente su pedido de reencuadre.
Por lo expuesto, se opone a la prueba ofrecida y por los argumentos que desarrolla y la jurisprudencia que cita, peticiona que oportunamente se dicte sentencia confirmando las resoluciones apeladas, con costas. Hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 129 se dio por decaído el derecho a producir la prueba pericial contable ofrecida en la causa N° 35.463-I debido a que la recurrente no propuso perito y se hizo lugar a la prueba informativa.
Que a fs. 237 se acumuló la causa N° 35.464-I a la N° 35.463-I, por lo que a fs. 242 se reordenó el trámite y a fs. 251 se admitió la prueba pericial contable propuesta en la causa N° 35.464-I.
A fs. 336 se acumuló el Expte. N° 37.103-I a la causa N° 34.463-I, por lo que a fs. 340 nuevamente se reordenó el trámite de autos.
A fs. 360 se dio por decaído el derecho a producir la prueba informativa y pericial contable, y se cerró el período de instrucción.
Que ello así, a fs. 370 se elevan los autos a conocimiento de la Sala "D" y a fs. 374 se ponen los autos para dictar sentencia.
IV. Que corresponde establecer si las resoluciones apeladas se ajustan a derecho.
Que la recurrente se encuentra inscripta en la actividad de “venta al por mayor de artículos de ferretería”. Que en las presentes actuaciones el organismo fiscal procedió a evaluar las diferencias existentes entre los depósitos bancarios y las ventas declaradas. Para establecer el monto de los depósitos se consultó la base de datos del Fisco, para luego requerir al Banco de la Pcia. de Buenos Aires, con el que operaba la recurrente, copia de los resúmenes bancarios del período 01/01/2007 a 31/12/2007. Con esa información se sumaron todos los depósitos para obtener el monto bruto de los mismos en forma mensual, se depuraron conceptos como cheques rechazados y/o préstamos otorgados para arribar al monto de depósitos netos que sirvió de base para el presente ajuste. Luego se le restó el monto de las ventas brutas declaradas para lograr la diferencia que configuró el monto de ventas omitidas, a la que se le añadió el 10% según el art. 18 inc. g) de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.). Según la recurrente la diferencia obedecía a aportes efectuados por sus socios, cuya situación particular fue también analizada y se concluyó en que no se pudo corroborar la veracidad de los aportes debido a que, no solo los socios carecían de capacidad económica, sino que principalmente no se probó la entrega del dinero a la sociedad ni su restitución, es decir no se demostró el movimiento de fondos.
V. Que al esgrimir sus agravios la actora cuestiona el procedimiento desarrollado por el ente fiscal cuando del cotejo de las resoluciones apeladas se desprende que el organismo fiscal valoró debidamente las probanzas aportadas, tanto las constancias documentales como el informe pericial contable producido en sede de la Administración, sin que se observe un proceder arbitrario en el actuar fiscal que haya lesionado su derecho de defensa.
Que del relevo de las actuaciones administrativas se advierte que se constató un excedente de depósitos bancarios sobre las ventas declaradas que no pudo ser justificado por la aquí recurrente ya que si bien sostuvo que se debía a los aportes efectuados por sus socios no aportó documentación que reconstruya el circuito financiero respectivo consistente en la tenencia de los fondos, el aporte a la sociedad y su posterior devolución ni tampoco elementos que acrediten que éstos poseían ingresos suficientes para efectuar los supuestos aportes.
Y si bien intentó demostrar que los socios tenían fondos suficientes a través de la adhesión que hicieron al régimen de la ley N° 26.476, como bien sostiene el representante fiscal los montos regularizados no presentan ninguna incidencia para la sociedad ya que lo que tendría que haberse exteriorizado era el crédito que cada uno tenía con la sociedad en virtud de los supuestos aportes que ésta dice haber recibido. A ello cabe agregar, conforme se expone en las resoluciones apeladas, que los montos declarados por los socios en el marco de la ley N° 26.476 los ampara por el monto regularizado, sin que ello pueda tener alguna incidencia respecto de la sociedad y su posible capacidad para hacer aportes, como lo da a entender la recurrente.
Que conforme se expuso si bien la recurrente manifestó que puso a disposición sus registros contables, lo cierto es que los mismos no fueron aportados, a pesar de que como medida para mejor proveer se indicó que debía poner a disposición toda la documentación necesaria para que el perito contador pueda elaborar su informe (act. adm. 205/215, cpo. N° 2, act. adm.).
Que dicha probanza fue debidamente considerada por el Juez Administrativo para concluir que la misma no fue suficiente para acreditar el origen de las acreditaciones bancarias que no fueron declaradas como ingresos, sin que ante esta instancia la recurrente haya ampliado o incorporado nuevos puntos periciales, al limitarse a sostener que los socios tenían capacidad para efectuar aportes, pero sin brindar documentación que lo respalde. Que debido a la carencia documental el organismo fiscal intentó cuantificar la materia imponible obteniendo información de terceros, en este caso del Banco de la Pcia. de Buenos Aires y de los socios circularizados, sin que éstos últimos respondan.
Sobre la base de estas consideraciones resulta que haber acudido al sistema previsto en el art. 18 de la ley de procedimiento fiscal como ha hecho el Fisco atento las falencias constatadas resulta ajustado a derecho, sin que ante este Tribunal haya incorporado nuevos elementos para sustentar sus dichos en razón de que ambas probanzas ofrecidas, informativa y pericial contable, fueron dadas por decaídas debido a su negligencia para instar su producción, lo que pone de resalto la ausencia de pruebas categóricas y conducentes para desvirtuar la postura fiscal aplicada.
Que correspondía a Cerramar S.R.L. demostrar que no incurrió en la omisión de ventas imputada, lo que no ha sucedido en autos, al no lograr refutar la presunción aplicada por el ente fiscal, conforme se desprende de lo expuesto precedentemente.
Que en ese sentido deviene aplicable el criterio según el cual, cuando las manifestaciones de los contribuyentes o responsables no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración intergiversable de los hechos.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del C.P.C.C.N. deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 218:312, 294:69 y 328:53).
Que por lo tanto, resulta procedente el cargo practicado por el Fisco Nacional con relación a la existencia de ventas omitidas de declarar, por lo que, corresponde convalidar los ajustes efectuados en el Impuesto al Valor Agregado y a las Ganancias.
VI. Respecto de los intereses resarcitorios pretendidos, cabe señalar que han sido liquidados conforme las prescripciones del art. 37 de la ley de procedimiento fiscal, por lo que cabe disponer su confirmación.
VII. Que resta referirse a las multas aplicadas con sustento en los arts. 46 y 47 incs. b) y c) de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
Que en primer lugar cabe tener en cuenta que con relación a la multa del Impuesto a las Ganancias la recurrente invoca que a pesar de la reserva hecha en los términos del art. 20 de la ley N° 24.769 al emitir la Resolución N° 337/11 el ente fiscal no formuló la denuncia, sin que pueda juzgar su conducta al amparo de las infracciones tributarias al no haberse expedido previamente una resolución fundada que así lo autorice.
Que como bien lo manifiesta el representante fiscal como consecuencia de las modificaciones introducidas por la ley N° 26.735 (B.O. 28/12/11) a la ley N° 24.769, el saldo de impuesto a ingresar por el Impuesto a las Ganancias período fiscal 2007 no superaba el nuevo importe de la condición objetiva de punibilidad, por lo que no formuló la denuncia y procedió a la apertura del sumario, sin que sea necesario cumplir con lo dispuesto por el art. 19 del régimen penal tributario al haber sido derogado por la ley N° 26.735.
Que la actora hace mención de la doctrina emanada de la causa“Mazza Generoso y Mazza Alberto” del 06/04/1989 (Fallos 312:447), en la que la Corte Suprema de Justicia sostuvo que las presunciones otorgadas por la ley para determinar la obligación tributaria, no resultaban aptas para presumir una conducta fraudulenta del contribuyente, criterio que ha sido mantenido en las sentencias dictadas en las causas "Casa Elen-Valmi de Claret y Garello (TFN 10.582-I) c/DGI" - 31/3/1999, y "Montenegro Hermanos Sociedad Anónima c/Dirección General Impositiva" - 24/8/2000.
Que al analizar la figura del art. 46 y las presunciones enumeradas en el art. 47 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvo que del juego armónico de tales preceptos surge que se debe acreditar en forma clara y suficiente la intención de omitir el impuesto, es decir, la existencia de ardid, maniobra o engaño, y no solamente el resultado defraudatorio. Corresponde, pues, al juez administrativo probar fehacientemente los hechos que determinan la aplicación de las presunciones, los que deberán ser ciertos y no meramente conjeturales (Sala I, “Pereda, Francisco (TF 34.603-I) c/DGI” del 12/12/2013 y “Mora y Araujo Manuel c/EN-AFIP- DGI-R. 812/2004 (RNOR) s/DGI” del 08/04/2014).
Que las presunciones previstas en el art. 47 de la norma fiscal admiten prueba en contrario, correspondiendo a la recurrente probar la falta del elemento subjetivo doloso en orden a desvirtuar el criterio aplicado por el organismo fiscal.
Que el análisis de las circunstancias de hecho y prueba efectuado en el Considerando V, ponen de resalto que se encuentran configurados los elementos que permiten encuadrar la conducta en dicha figura infraccional, consistentes en la presentación de declaraciones juradas engañosas, sin que existan elementos que justifiquen el reencuadre peticionado.
VIII. Que por lo expuesto, voto por confirmar las resoluciones apeladas, en todas sus partes, con costas. Las Dras. Gómez y O´Donnel dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
Que en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar las resoluciones apeladas, en todas sus partes, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 16.352 (pesos dieciséis mil trescientos cincuenta y dos) por la representación procesal y de $ 40.881 (pesos cuarenta mil ochocientos ochenta y uno) por el patrocinio letrado; los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en la etapa cumplida, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24.432.
3. Regular los honorarios del perito contador designado a propuesta del Fisco Nacional, Luis Alfredo Picarel, en la suma de $ 2.000 (pesos dos mil), los que quedan a cargo de la recurrente, por la aceptación del cargo, debido a que se dio por decaída dicha probanza.
4. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.- Date: 2022.04.01 14:10:18 -03:00 Date: 2022.04.01 15:27:25 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.04.01 15:39:47 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.04.01 15:39:50 -03:00
Fin de la sentencia