Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-736/13-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar a la medida cautelar solicitada por Cerro Vanguardia S.A. a fs. 286/290 vta..-
2Imponer las costas en el orden causado (art. 90 del CPCA).-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: C-736/13-TSJ Sentencia N°: 985 Actor: CERRO VANGUARDIA S.A.
Demandado: PROVINCIA DE SANTA CRUZ – MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN – SECRETARIA DE ESTADO DE MINERIA Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA – INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR Fecha: 06/05/15 Texto:
TOMO XVI -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº: 985 FOLIO Nº 3002/3.006 PROT. ELECT. TSS1 010 C.151
Río Gallegos, 06 de Mayo de 2015.-
Los presentes autos caratulados: “CERRO VANGUARDIA S.A. C/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ - MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN - SECRETARIA DE ESTADO DE MINERIA S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR-”, Expte. Nº C-736/13, venidos al Acuerdo para resolver; y,
I. Que conforme surge de fs. 252/292 vta. de los presentes, Cerro Vanguardia S.A. promueve demanda contencioso administrativa -en los términos de la Ley Nº 2600- contra la Provincia de Santa Cruz - Ministerio de la Producción - Secretaría de Estado de Minería, solicitando se declare la nulidad de “…(a) El proveído de fecha 13 de diciembre de 2012, dictado por la Secretaría de Estado de Minería de la Provincia de Santa Cruz… mediante el cual se comunica a CVSA que todas las empresas mineras quedan sujetas al pago de Regalías Mineras equivalentes al 3% del valor boca-mina… (b) El proveído de fecha 27 de diciembre de 2012 dictado por la Secretaría de Estado de Minería de la Provincia de Santa Cruz… mediante el cual se intima a CVSA para que dentro del plazo de 5 (cinco) días integre la diferencia entre lo abonado en concepto de regalías correspondientes al mes de noviembre de 2012 y lo cabía [sic] abonar según lo establecido en la Ley 3290… Subsidiariamente, y para el caso de que V.E. entienda que el acto de alcance general que ha motivado el dictado de las Decisiones Administrativas -la Ley 3290- resulta de aplicación concreta a CVSA aun sin considerar válidas las Decisiones Administrativas, se solicita también su nulidad por los mismos fundamentos aquí vertidos, pues CVSA considera que la aplicación de la Ley 3290 no es posible frente a su particular situación…” (cfr. fs. 252 y vta.).- Asimismo, la actora peticiona que “…previo a todo trámite, se decrete la inmediata suspensión de los efectos y la ejecución de las Decisiones Administrativas y la de todo acto o decisión emitidos respecto de CVSA como consecuencia del dictado de la Ley 3290, hasta tanto V.E. resuelva la presente acción declarando las nulidades peticionadas.
Ello en los términos del artículo 33 y concordantes del CPCA…” (cfr. fs. 286 y vta.). Fundamenta esta solicitud en que la ejecución de los actos administrativos atacados le están causando un gravísimo perjuicio, que será irreparable si no se dispone la urgente suspensión de su ejecución (conf. fs. 286 vta.). Afirma que “…Al incrementarse al triple el porcentual de pago de las regalías (del 1% al 3%) sin ninguna previsión ni aviso, CVSA está viendo seriamente afectada su ecuación económico-financiera pues, por imperio de este tributo, sus costos se elevaron sustancialmente y por montos millonarios cuya actual acumulación resulta imposible de seguir asumiendo…” (cfr. fs. 286vta./287). Por otro lado, entiende que el perjuicio provocado resulta de difícil o imposible reparación ulterior, lo que justificaría la suspensión de los actos en cuestión (conf. fs. 287 vta.).
En este sentido asevera que “…Es de público conocimiento que ya no resulta aplicable el viejo aforismo ‘fiscus semper solvens’, que, de alguna manera, diera motivo a las teorías más restrictivas del control jurisdiccional de los actos de la administración pública… Si al final de un proceso judicial -que puede durar años- la Provincia de Santa Cruz fuera obligada a reintegrar todo el exceso cobrado a CVSA por el ilegítimo incremento del porcentual de las regalías, su devolución sería de difícil o imposible cumplimiento para las arcas provinciales sin alterar su solvencia y débil salud financiera…” (cfr. fs. cit.). Seguidamente expresa que la suspensión de los actos no perjudicará el interés público, sino que evitaría la posibilidad de que el erario público deba hacerse cargo del agravamiento mensual de los enormes daños y perjuicios que su ejecución estaría ocasionando (conf. fs. 288).- Respecto a los presupuestos de la medida cautelar, afirma que “…(a) Verosimilitud del derecho… en el caso es evidente, a la luz de lo que se expuso en el presente escrito, y de la prueba documental adjuntada, que dan cuenta de la improcedencia de aplicar a CVSA un incremento en el porcentual de regalías… Tanto la aplicación a CVSA del beneficio de estabilidad fiscal y del régimen de privilegios de estímulo surge de normas nacionales y provinciales, lo cual resulta justificativo suficientemente verosímil para suspender las Decisiones Administrativas que tienden a contradecir los preceptos de estas normas… (b) Peligro en la demora… En el caso, la verosimilitud del derecho es superlativa, de modo que deben evaluarse con limitado rigor los restantes requisitos… Sin perjuicio de ello, en el caso particular de CVSA la no obtención de la suspensión de efectos solicitada trasuntará un resulta [sic] peligro grave e inminente de que la sentencia llegue en forma tardía al no poder continuar con sus actividades… (c) Contra cautela.
Solicito de V.E. que la suspensión de los efectos de las Decisiones Administrativas se acuerde bajo caución juratoria, por estricta aplicación de lo previsto en el artículo 201, inc. 1, del Código Procesal…” (cfr. fs. 288vta./290vta.).- Que sustanciada la petición conforme el artículo 25 del CPCA -Ley Nº 2600 - mediante traslado conferido a fs. 1087, es contestada a fs. 1091/1102 vta. por la accionada, quien peticiona el rechazo de la medida solicitada.-
Señala que “…se desprende de la documental incorporada y de la misma lectura de la demanda que se contesta y en concreto, en lo referente a la cautelar pretendida, que se intenta la suspensión de los efectos de una simple y llana notificación, una providencia, una comunicación, carente de las aristas de acto administrativo; dicho de otro modo, las providencias simples que se atacan no llegan a erigirse como ‘actos administrativos’, trasuntándose como simples comunicaciones emanadas de la autoridad de aplicación hacia las mineras reiterándoles los límites o cuantificando la prestación a integrar… El Estado Provincial respeta fielmente los atributos conferidos por las Leyes Provinciales a las mineras, sin que ello implique que éstas puedan irrogarse derechos que no le son propios, como los supuestos ‘derechos adquiridos’ que pregona CVSA… Es necesario dejar establecido que las regalías son un derecho y no un tributo y su aumento en el porcentual no afecta el régimen de estabilidad fiscal concedido a las empresas mineras, ya que no tienen naturaleza fiscal…” (cfr. fs. 1096 y vta.).
Argumenta la demandada que nunca puede pretenderse ilegítimo el pago ni hablarse rectamente de “ingreso de dinero”, ya que se trataría del cumplimiento puntual de obligaciones que originadas en la letra expresa de la ley nunca podrían calificarse como ilegítimas (conf. fs. 1097 vta.). Respecto a que el supuesto daño sería de imposible o difícil reparación ulterior, atento -dice la actora- la fragilidad de las arcas del Estado, afirma la Provincia que “…Incurre de este modo la accionante en una valoración impropia, de contenido eminentemente político, emitiendo juicios que exceden el marco de sus injerencias y que escapan incluso a la esfera de su conocimiento, resultando tanto más improcedentes en una demanda judicial…” (cfr. fs. 1098).
Por otro lado, expresa que “…CVSA no ha demostrado que efectivamente se ha producido un incremento en su carga tributaria actual, producto del incremento de regalías, respecto a la carga tributaria existente al momento de la presentación del estudio de factibilidad -que debe necesariamente constar en su certificado de estabilidad fiscal-, por lo que nunca podría aseverar que se ha avasallado su estabilidad fiscal…” (cfr. fs. 1099).- En relación con los presupuestos de la medida cautelar, afirma que la actora “…alude a cuestiones difusas o vagas intentando asentar la viabilidad de la medida en lo expuesto anteriormente… y documental adjunta, de lo cual intenta extraer con vehemencia una conclusión que está ausente…” (cfr. fs. 1099 vta.).
Funda su postura en que la verosimilitud del derecho no se encuentra acreditada, y que “…se impone la necesidad de contraponer a la alegada verosimilitud, el principio de presunción de legalidad del acto administrativo…” (cfr. fs. 1100).-
Seguidamente se pronuncia respecto del peligro en la demora, al decir que “…Esta parte desconoce, que la empresa pueda sufrir un grave e irreparable perjuicio por la ejecución de la decisión administrativa, cuando el importe de las regalías no es un gasto computable en los indicadores de la estabilidad fiscal de la empresa, debido a que no incide en la carga tributaria total aplicable a su emprendimiento minero en la jurisdicción… De esta manera, no se encuentran debidamente acreditadas las circunstancias de gravitación económica que reclama la recurrente, y responde, en su caso, a una situación hipotética que no alcanza a justificar el dictado de la medida precuatoria…” (cfr. fs. 1101 vta.).-
Por último concluye que “…debemos considerar que en la muy lejana hipótesis de avenirse a la cautelar que se pregona, la Secretaría de Estado de Minería se encontraría inhabilitada de llevar a cabo sus funciones, con el agravante, no menor, de que cualquier intimación que se efectúe pueda ser objeto de una medida cautelar, privándolo de tal modo de las herramientas legales que posee para salvaguardar los derechos e intereses de la Provincia de Santa Cruz…” (cfr. fs. 1102).-
Que, a fs. 1103, se corre vista al Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, quien se expide en sentido negativo respecto de la admisibilidad de la medida cautelar solicitada, justifica su postura en que: “…no existe un derecho verosímil que justifique la solicitud del dictado de la medida cautelar, toda vez que como ya se ha establecido, la misma tiene por sí carácter restrictivo, el que se acentúa cuando se pretende la suspensión de un acto administrativo el cual va acompañado de la presunción de legitimidad por lo que solo correspondería en caso de que la ilegalidad sea manifiesta, y de que el peligro en la demora cause un daño grave e irreparable... no se advierte cuál es el peligro en la demora que invoca la actora, pudiéndose interpretar el dictado de la medida cautelar requerida como un adelanto del fallo que en definitiva se dictará el cual de resultar favorable a la accionante importará que el supuesto daño o perjuicio en que se hubiere incurrido pueda ser reparado… considero, que la aplicación del acto cuestionado no generaría -en principio- a la actora un perjuicio de imposible o difícil reparación, ya que nada impediría que, en caso de obtener una sentencia definitiva favorable obtenga una justa reparación integral de los daños y perjuicios que hubiera ocasionado el acto…” (cfr. fs. 1104 vta./1105).-
II. Que a los fines de resolver la cuestión planteada, debe analizarse si se encuentran acreditados los requisitos de procedencia de toda medida cautelar, en orden a lo normado por los artículos 25 y ss. del CPCA -Ley Nº 2600-, esto es, verosimilitud del derecho y peligro en la demora, y si se cumplieran éstos, deberán valorarse las exigencias previstas en los inc. a) y b) del art. 33 de la ley citada, esto es, que la ejecución o cumplimiento del acto impugnado causare o pudiere causar perjuicios más graves que su paralización, o sea de difícil o imposible reparación ulterior, siempre que de ello no resulte un grave perjuicio para el interés público; o las causas de nulidades alegadas en el acto o disposición aparecieran de manera manifiesta.-
Que, a tal fin, y como ya lo ha desarrollado este Tribunal en antecedentes similares (conf. Tomo XIII -Contencioso Administrativo-, Reg. 852, Folio 2419/2422), se parte de la base que todo razonamiento a efectuarse sobre la materia, debe hacerse teniendo en cuenta que los actos administrativos se presumen legítimos, y por ello, la procedencia de medidas cautelares que alteren dicha presunción debe ser apreciada con criterio restrictivo (CSJN, Fallos 205:365, 210:48, Cám. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala I, 14-3-74, Sala II. 24-9-80, Sala III 19-6-80 y 13-12-83, Sala V, 31-10-95 “Giardinieri de Artuso Eladia c/Ministerio de Cultura y Educación s/Med. Caut. Aut.”, causa 25914/95, e “Intercam SAC c/Banco Central de la República Argentina E.N. s/Proceso de Conocimiento”, causa 20.510/96) (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo XII -Contencioso Administrativo-, Reg. 835, Folio 2364/2371; Tomo XIII -Contencioso Administrativo-, Reg. 852, Folio 2419/2422; Tomo XV -Contencioso Administrativo-, Reg. 978, Folio 2984/2986).- Al respecto, en cuanto al recaudo de la verosimilitud del derecho, hay que considerar que para derrumbar la enunciada presunción de legitimidad, la misma debe emerger con indiscutible nitidez, lo cual -en principio- no se advierte en el caso sub examine. Se observa que los actos administrativos impugnados intiman a la actora a abonar, en virtud de la sanción de la ley 3290, Regalías Mineras equivalentes al 3% del valor boca mina (conf. fs. 9 y 11).-
En este sentido, del análisis de los actos cuestionados, no emana “prima facie” la observancia de una arbitrariedad manifiesta ya que, por un lado encuentran fundamento en el dictado de la ley Nº 3290, y por otro, obedecen al ejercicio de potestades constitucionales y legales pertinentes por parte de la Secretaría de Minería de la Provincia, ello sin perjuicio del oportuno mérito que sobre la cuestión de fondo le corresponda realizar a este Alto Cuerpo al momento de dictar sentencia definitiva (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo XI -Contencioso Administrativo- Reg. 781, Folio 2199/2201; Tomo XII -Contencioso Administrativo-, Reg. 835, Folio 2369/2371; Tomo XIII -Contencioso Administrativo- Reg. 852, Folio 2419/2422; Tomo XV -Contencioso Administrativo-, Reg. 961, Folio 2914/2916; entre otros).
No sólo lo expuesto debe ser el sendero a transitar para la resolución del presente sino que, además y en punto a la fijación de la correspondiente doctrina judicial, debe señalarse el estrecho límite de movilidad con que cuenta la cautelar peticionada ante actos nacidos de la administración pública. Más pretendiéndose en el, sub lite, la suspensión de un acto emanado de una persona de Derecho Público y en ejercicio de ese mismo poder, deberá tenerse en cuenta la naturaleza jurídica del acto administrativo impugnado (conf. art. 30°, inc. a del CPCA -Ley N° 2600-), y añadirse, en consecuencia, las notas derivadas del carácter excepcional de la medida conforme lo establece el art. 33° en sus incs. a) que dispone: “…la ejecución o cumplimiento del acto impugnado causare o pudiere causar perjuicios más graves que su paralización, o sea de difícil o imposible reparación ulterior, siempre que de ello no resulte un grave perjuicio para el interés público;”, y b), que expresa: “…las causas de nulidad alegada en el acto o disposición aparecieran de manera manifiesta”; y que no se anticipe -de manera irreversible- el resultado del proceso principal (a excepción hecha de que éste pierda su objeto por el transcurso del tiempo antes de que pueda recaer en el mismo una resolución definitiva, situación ésta que, en el sub lite y por la índole del objeto pretendido, se torna inoperante), todo ello en virtud de la limitación que impone la presunción de legitimidad del que gozan los actos administrativos, de la que deriva su ejecutoriedad como regla general y la suspensión jurisdiccional, la excepción (cfr.
Raimundin, Ricardo, “La suspensión del acto administrativo como medida de no innovar”, en J.A., 1967-IV, p. 282). “…Ha de considerarse que la medida de no innovar requiere que se dicte contra un órgano administrativo -y más allá de doctrina y jurisprudencia que aplican a ultranza la presunción de legitimidad de actos administrativos- ha de decirse que en tal supuesto, debe estimarse con la mayor prudencia admitiéndola sólo en aquellos casos en que es indispensable para la salvaguarda de los derechos del peticionante, se haya acreditado la verosimilitud del derecho con fuerza suficiente de convicción que desvanezca aquella presunción, y la demora pueda acarrear un perjuicio grave, inminente e irreparable…” (SAIJ, Sumario: Q0001734, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, RAWSON, CHUBUT, Pugh, Mabel Luben s/ Recurso de Apelación contra Res. 154-Acta 630 del ISSyS de la Pcia., INTERLOCUTORIO del 18 de Mayo de 1992), extremos que no se acreditan en autos.- Es preciso tener en cuenta que en el presente caso, los actos cuestionados se han dictado dentro de las facultades que posee la Secretaría de Minería, con lo cual -si bien la normativa vigente permite hacer lugar a la medida peticionada produciendo una “revocación” anticipada de lo resuelto en sede administrativa a través de la vía cautelar, sin el correspondiente debate acerca de las razones y fundamentos fácticos y jurídicos que puedan alegar las partes a lo largo del presente proceso (cfr. art. 33)- no se advierten en este estadio procesal que aparezcan de modo manifiesto las causas invocadas por la parte actora para ello (conf. art. cit. inc. b)).-
No puede dejar de reiterarse que, conforme el criterio mayoritario de nuestra jurisprudencia, en los litigios contra la Administración Pública se agrava la carga -no cumpliéndose en autos- de demostrar la verosimilitud del derecho “…en razón de que los actos de los poderes públicos gozan de una presunción de validez que el interesado en la medida cautelar debe desvirtuar acreditando 'prima facie' la arbitrariedad del acto recurrido o, para hacer caer la presunción de legalidad, la violación de la ley… (CNCiv. Sala F, 17/10/94)…” (LL, 1994, t. E, pág. 391) (conf. TSJ, Santa Cruz, Tomo XIII -Contencioso Administrativo- Reg. 852, Folio 2419/2422).-
III. Que no se configura en autos un peligro inminente o de tal gravedad que amerite el dictado de la cautelar que se peticiona. Así se ha sostenido que “... Por lo general el peligro en la demora resulta de las circunstancias del caso y no requiere prueba, quedando su apreciación al arbitrio del juez. Si se trata de un acto de autoridad, en cambio, debe ser irreparable, pues prevalece el orden público, que califica el carácter restrictivo de la interpretación (CNCiv., Sala B, ED. t.93, p. 603)...”. También se considera que “... El juez, por otra parte, para valorar el peligro en la demora debe tener en cuenta la solvencia de la parte demandada, habiéndose señalado que si es notoria, por lo que resulta remoto el peligro de que el actor pueda verse privado de los resarcimientos a los que tuviera derecho, no procede la prohibición de innovar (CNCiv, Sala A, LL, t. 125, p. 105)...” (citas de Martínez Botos, Medidas Cautelares, 4ª edición, p. 322) (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo XII -Contencioso Administrativo-, Reg 784, Folio 2215/2218; ídem, Reg. 835, Folio 2369/2371; Tomo XIII -Contencioso Administrativo-, Reg. 852, Folio 2419/2422).-
IV. Que, en la tesitura que se viene proponiendo, atento la naturaleza de la cuestión traída y estado procesal en que se enhebra el planteo de la actora, cabe establecer “prima facie” en orden a los antecedentes hasta ahora aportados, que los argumentos en que apontoca su requerimiento aparecen desposeídos de la presunción de verosimilitud suficiente como para enervar durante el curso del diferendo los efectos de la medida cuya nulidad involucra la sustanciación de fondo. Mermado en su fuerza convictiva, la prueba y razonamiento aportado por la accionante no logra el fumus bonis iuris que cumplimente el recaudo de certeza susceptible de socavar la presunción de legitimidad del acto administrativo al que se opone.
En tal sentido se ha afianzado la doctrina al afirmar que procede la medida “…cuando la fuerza de convicción de los datos aportados por quien pide la suspensión o el cese de sus efectos desvanecen la presunción de legitimidad y enervan su ejecutoriedad…” (conf. Snopek, Guillermo; “Medidas Cautelares en contra de la Administración Pública, ed. 1985, p. 104; TSJ Santa Cruz, Tomo IV -Contencioso Administrativo-, Reg. 335, Folio 778/779), situación ésta que, debidamente analizada por el Excmo. Tribunal Superior, no es cumplida de la manera requerida en estos actuados. Precisamente, y siguiendo el criterio ya expuesto por este Tribunal, en el caso de autos, la aplicación de los actos cuestionados no generarían -en principio- a la actora un perjuicio de imposible o difícil reparación, ya que nada impediría que, en caso de obtener la actora una sentencia definitiva favorable, obtengan una justa reparación integral de los daños y perjuicios que hubieran ocasionado los actos, más aún teniendo en cuenta que el demandado en autos es el Estado, cuya solvencia se presume y no puede ser cuestionada (conf.
TSJ, Santa Cruz, Tomo V -Contencioso Administrativo-, Reg. 335, Folio 778/779; ídem Reg. 366, Folio 880/881; Tomo XIII -Contencioso Administrativo-, Reg. 852, Folio 2419/2422).- Resulta necesario señalar que, respecto a lo expresado por la actora a fs. 287 vta. en cuanto a que “…Si al final de un proceso judicial… la Provincia de Santa Cruz fuera obligada a reintegrar todo el exceso cobrado a CVSA por el ilegítimo incremento del porcentual de las regalías, su devolución sería de difícil o imposible cumplimiento para las arcas provinciales sin alterar su solvencia y débil salud financiera…” (cfr. fs. cit.), la Corte Suprema de la Nación ha afirmado que “…La presunción de solvencia de que gozan los Estados, aun en situaciones de emergencia, obsta a un pronunciamiento favorable (Fallos: 316:107; 318:1084 y sus citas; 324:1784, entre muchos otros)… el hecho de que la demanda pueda ser definitivamente rechazada, no aparece como un daño irreparable para el Estado Nacional.
La presunción de solvencia… garantizará, en su caso, la devolución de las sumas que se transfieran durante la sustanciación del litigio y el pago de las que pudiesen corresponder en concepto de daños y perjuicios…” (Fallos 326:3615). Por cuanto resulta erróneo lo argumentado por la actora, a la luz de la doctrina de la Corte citada anteriormente.- Si bien esta presunción no puede tornarse por sí sola en una valla insalvable para la procedencia de las medidas cautelares intentadas contra el Poder Administrador, no menos cierto es que para desvirtuarla es imprescindible que la actora acredite prima facie que el acto es ajeno a la razonabilidad y que el accionar administrativo no se sustente en derecho alguno, extremos que a criterio de este Alto Cuerpo no se encuentran acreditados en esta incidencia cautelar.-
Por todo ello, es que corresponde no hacer lugar a la medida cautelar peticionada, con costas en el orden causado, en virtud de lo estipulado por el artículo 90 del CPCA -Ley Nº 2600-.-
Que, en virtud de las consideraciones expuestas, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No hacer lugar a la medida cautelar solicitada por Cerro Vanguardia S.A. a fs. 286/290 vta..-
2. Imponer las costas en el orden causado (art. 90 del CPCA).-
3. Regístrese y Notifíquese. Oportunamente, acumúlense las presentes actuaciones al principal.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal A/C Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dr. Domingo Norberto Fernández -Vocal Subrogante-.
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1010C.151 Tomo: XVI Sentencia: 985 Folio N°: 3.002/3.006 Secretaría: 1
Fin de la sentencia