Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 48139-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir los agravios de la firma actora y modificar el pronunciamiento del Tribunal Fiscal en punto a las costas del proceso, con arreglo al considerando V.
2Dejar sin efecto la regulación de los honorarios fijados en el punto 2° del pronunciamiento apelado, declarar insustancial el tratamiento de los recursos de apelación deducidos por ambas partes contra la regulación y ordenar al Tribunal Fiscal que practique una nueva regulación.
3Distribuir las costas de esta instancia en el orden causado.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SALA I 23442/2022 CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAIC Y G
(TF 48139-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 1° de diciembre de 2022.-RR Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que la Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación, en el pronunciamiento del 26 de abril de 2021 (fs. 872/873), resolvió: (a) tener a la firma actora por desistida de la acción y del derecho, incluido el de repetición, en los términos de la ley 27.541 (y la ampliación dispuesta por la ley 27.562), con costas; y (b) regular los honorarios a favor de los letrados intervinientes por la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva (AFIP-DGI).
II. Que la firma actora y la AFIP-DGI recurrieron ese pronunciamiento.
(i) La AFIP-DGI (ver el escrito de fs. 887) cuestionó la regulación de los honorarios por considerarla “baja”.
(ii) La firma actora apeló la imposición de las costas y, subsidiariamente, los honorarios (ver el recurso de fs. 912/924 y su réplica de fs. 938/939).
Sostuvo las siguientes críticas:
a. Fue condenada a soportar la totalidad de las costas del proceso, cuando, en rigor, la causa concluyó por la adhesión al régimen de regularización previsto en la ley 27.541 (con las modificaciones de la ley 27.562).
b. El artículo 11 de la referida ley estableció, con alcance general, para los sujetos que adhieran a ese régimen, el beneficio de la exención parcial de los intereses resarcitorios (según la proporción establecida para los supuestos contemplados en el inciso ‘c’) y de la condonación de las sanciones de multas (inciso ‘a’).
c. Dado que esa norma prevé la exención de los intereses resarcitorios que superan el 75% del capital adeudado (por tratarse de diferencias de impuestos del año 2010), no es razonable que deba soportar las costas respecto de ese concepto.
d. Las costas, en este aspecto, deben ser distribuidas en el orden causado, por no existir una parte vencida.
“[E]l Régimen de la Ley 27.541 contiene una estructura de índole transaccional, toda vez que a cambio de que el contribuyente se allane, desistiendo de proseguir el pleito, renunciando a todo derecho y acción, y asumiendo el pago de las costas, el mismo tiene la correlativa condonación de la multa e intereses mencionados. En consecuencia, y mediando concesiones recíprocas -el Fisco renuncia a la parte de la deuda en cuestión a cambio de la regularización del resto- es razonable considerar que el pleito ha concluido por un acto de contenido equivalente a una transacción”.
e. Los honorarios regulados a favor de los letrados intervinientes por la AFIP-DGI son excesivamente desproporcionados, dado el tenor de los trabajos desarrollados y el resultado del proceso.
III. Que es necesario efectuar una reseña de las normas aplicables a la regularización de las deudas informada por la firma actora: (i) El Congreso Nacional sancionó la ley 27.653, titulada “ALIVIO FISCAL PARA FORTALECER LA SALIDA ECONÓMICA Y SOCIAL A LA PANDEMIA GENERADA POR EL COVID-19”, que fue publicada en el Boletín Oficial el 11 de noviembre de 2021. —En el Título II (“Alivio fiscal para el sostenimiento económico”), Capítulo II – “Ampliación de la moratoria para deudas posteriores y deudas no regularizadas”, ordenó la ampliación del régimen de regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras aprobado por la ley 27.541 (modificada por la ley 27.562) y la prórroga de la vigencia de esas normas, para que “las y los contribuyentes y responsables de los tributos (…) cuya aplicación, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SALA I 23442/2022 CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAIC Y G (TF 48139-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO percepción y fiscalización estén a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (…), puedan acogerse, por las obligaciones vencidas al 31 de agosto de 2021 inclusive o infracciones relacionadas con dichas obligaciones, a dicho régimen de regularización de deudas tributarias (…) y de condonación de intereses, multas y demás sanciones” (artículo 5°).
—Previó que a los efectos de esa ampliación “resultarán de aplicación todas las disposiciones previstas en la ley 27.541 (…) modificada por la ley 27.562”, salvo diversas excepciones que no interesan al caso (artículo 6°).
(ii) El régimen de regularización previsto en la ley 27.541 (modificada por la ley 27.562) incluye las obligaciones fiscales que enumera el artículo 8º “que se encuentren en curso de discusión administrativa o sean objeto de un procedimiento administrativo o judicial a la fecha de publicación de la ley (…), en tanto los contribuyentes y/o responsables se allanen incondicionalmente por los conceptos y montos regularizados y, en su caso, desistan y renuncien a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos (artículo 9º).
A su vez, establece, con alcance general, para los sujetos que se adhieran al régimen, la exención y/o condonación de: (a) “de las multas y demás sanciones previstas en la ley 11.683, que no se encontraren firmes a la fecha del acogimiento; y (b) “de los intereses resarcitorios y/o punitorios previstos en los artículos 37, 52 y 168 de la ley 11.683”, según la proporción prevista para los diversos casos allí enumerados (artículos 11, 12 y 13).
IV. Que, en ese contexto, referentemente a las costas del proceso debe señalarse que:
(i) El artículo 9º de la ley 27.541 (con las modificaciones de la ley 27.562) es claro al expresar que quedan incluidas en el régimen de regularización aquellas obligaciones que —como en el caso— se encuentran en curso de discusión judicial, en tanto el responsable “se allane incondicionalmente por los conceptos y montos regularizados y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos”.
(ii) En cambio, en cuanto aquí más interesa, respecto de los intereses resarcitorios, las costas deben distribuirse en el orden causado, puesto que con relación a ese rubro el proceso culminó en razón de la eximición prevista en los artículos 11, inciso ‘c’, de la referida ley, y no con motivo del desistimiento formulado por la firma actora.
En ese sentido, dado que la ley establece el beneficio de la liberación de multas y la eximición de los intereses cuando se cumplan las diversas condiciones allí previstas, resulta claro que una vez acreditado su cumplimiento la condonación y/o la eximición opera de pleno derecho, razón por la cual no resulta posible afirmar que exista un parte vencida en el pleito, en los términos del artículo 68, párrafo primero, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (esta sala, causa n° 19301/2021 “Newtronic S.A. (TF 26179-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 12 de julio de 2022, y sus citas).
Un criterio idéntico fue sostenido por esta sala cuando examinó la forma en que correspondía distribuir las costas relativamente a diversos beneficios análogos de condonación y/o de eximición de sanciones e intereses, previstos en los regímenes de las leyes 26.476 (causas “Arre Beef” y “Recursos Humanos y Organización”, pronunciamientos del 2 de febrero de 2012, entre otros) y 27.260 (causas “Bertolini, Francisco Eugenio” y “Eventos del Campo S.A.”, pronunciamientos del 13 de diciembre de 2016, “Arbolitos S.A.” y “Servicios Portuarios”, pronunciamientos del 10 de agosto de 2017 y 20 de diciembre de 2018, respectivamente). Y, respecto de la última ley mencionada, ese criterio CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SALA I 23442/2022 CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAIC Y G (TF 48139-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO constituye doctrina legal de esta cámara (acuerdo plenario, causa n° 78983/2018 “Alpargatas SAIC”, pronunciamiento del 16 de diciembre de 2020; ver, asimismo, el pronunciamiento dictado por esta sala en dicha causa el 25 de marzo de 2021).
V. Que con esa perspectiva, los agravios de la firma actora deben ser admitidos.
Consecuentemente, corresponde modificar la decisión apelada en punto a las costas del proceso, del siguiente modo:
(i) Imponer a la firma actora las costas correspondientes a los tributos regularizados y a los intereses resarcitorios que no se encuentren alcanzados por el beneficio previsto en el artículo 11, inciso ‘c’, de la ley 27.541 (según las modificaciones de la ley 27.562).
(ii) Distribuir en el orden causado las costas referentes a los intereses resarcitorios que se encuentre alcanzados por el beneficio aludido en el punto anterior.
VI. Que las costas de esta instancia tambien deben ser distribuidas en el orden causado (artículo 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; esta sala, causa n° 28.580/2019 “Santa Caterina S.R.L. c/ Dirección General Impositiva”, pronunciamiento del 6 de septiembre de 2022).
VII. Que corresponde dejar sin efecto la regulación de los honorarios fijados en el punto 2° del pronunciamiento apelado, declarar insustancial el tratamiento de los recursos de apelación deducidos por ambas partes contra dicha regulación y ordenar al Tribunal Fiscal que practique una nueva regulación con arreglo a este pronunciamiento. En mérito de las razones expuestas, el tribunal RESUELVE: 1. Admitir los agravios de la firma actora y modificar el pronunciamiento del Tribunal Fiscal en punto a las costas del proceso, con arreglo al considerando V. 2. Dejar sin efecto la regulación de los honorarios fijados en el punto 2° del pronunciamiento apelado, declarar insustancial el tratamiento de los recursos de apelación deducidos por ambas partes contra la regulación y ordenar al Tribunal Fiscal que practique una nueva regulación. 3. Distribuir las costas de esta instancia en el orden causado. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, remítase al Tribunal Fiscal de la Nación.
Fin de la sentencia