Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 1 de La Plata · Causa 88998
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la demanda interpuesta por Carestia Juan Carlos y Cervini Hugo Roberto contra la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, declarando la inconstitucionalidad de las siguientes normas: art. 42 de la ley 11.739; art. 37 de la ley 11.905; art. 29, de la ley 12062; art. 27, ley 12.232; art. 27, ley 12.396; art. 24 de la ley 12.575; art. 24 de la ley 13.154 y arts. 1 y 2 de la ley 13.354.
2Ordenar a la demandada a que, dentro del plazo de sesenta (60) días, computados desde que adquiera firmeza la liquidación respectiva, abone la bonificación por antigüedad respectiva a todos los años incluidos en su cómputo en un 3%, desde el 04/02/2023 (art. 163 de la CPBA), a valor actual a la fecha en que adquiera firmeza la sentencia conforme lo dispuesto en el apartado 9., con más los intereses indicados en el apartado 10 de la presente . -
3Imponer las costas a la demandada vencida (art. 51, inc. 1° CCA).
4Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta aprobación de la liquidación a practicarse (art. 51, ley 14.967).
88998 -" CERVINI HUGO ROBERTO Y OTRO/A C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO/A S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO "
La Plata, en la fecha de la firma digital.-
AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados " CERVINI HUGO ROBERTO Y OTRO/A C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO/A S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO ", en trámite ante este Juzgado en lo Contencioso Administrativo de La Plata, a mi cargo, de los que:
1. Que se presentan Carestia Juan Carlos y Cervini Hugo Roberto promoviendo acción contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires en los términos del art 12 inc. 2° del CCA, pretendiendo el reconocimiento de un derecho con fundamento en la inconstitucionalidad de la Ley 13.354 y del Decreto 240/96 de la Provincia de Buenos Aires, y solicitando se liquide y abone el rubro "Bonificación por Antigüedad" del 3% sobre el total de los años de prestación de servicios.
2. La parte actora, en su carácter de ex-empleados del Ministerio de Seguridad y actuales jubilados de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, inician esta acción con la finalidad de que se les liquide y pague la bonificación por antigüedad al "3%", por el período 1996 a 2005 que fue cobrado en un porcentaje menor (0-2%), solicitando consecuentemente el pago "retroactivo" de esas diferencias salariales, a valores actualizados, con más intereses.
Hacen referencia a las leyes 11.739, 11.905, 12.062, 12.232, 12.396, 12.575, 12.874, 13.002, 13.154 y 13.354, mediante las cuales se redujo o se eliminó el porcentaje relativo a la bonificación por antigüedad para los empleados públicos de la Provincia de Buenos Aires exponiendo que las mismas violan los principios constitucionales de propiedad, progresividad, indemnidad laboral e igualdad. Por ello, y con base en esos principios generales, solicita se declare la inconstitucionalidad de las mismas.
Por otra parte, destacan que nos encontramos frente a un contrato administrativo de empleo público, que goza de la garantía de intangibilidad salarial, resultando el mismo de naturaleza alimentaria y sujeto a especial protección constitucional.
Finalmente, ofrecen prueba y solicitan que se haga lugar a la demanda, disponiéndose la liquidación y pago del retroactivo de las diferencias salariales invocadas, con intereses y costas.
3. Resuelta la admisibilidad formal de la acción y se confirió traslado de la demanda, siendo esta contestada mediante presentación de fecha 16/04/2025 por la Fiscalía de Estado.
En primer término, opone la prescripción liberatoria total de la acción. Expone que el tramo por el que tuvieron vigencia las normas impugnadas en autos, remite al período histórico que fue desde el año 1996 hasta el año 2006. Antes y después de ese período la bonificación por antigüedad fue percibida por la actora al 3%; por lo que el único tramo sometido a impugnación queda acotado a lo ocurrido durante aquél lapso. Es así que entiende que, si se cuenta desde el año 2006, en que cesaron los supuestos descuentos, ya sea que se tome el plazo más breve de 2 años para reclamar, o el plazo intermedio de 5 años, o incluso el más amplio de 10 años, en cualquiera de los casos la acción de marras se encuentra prescripta.
En segundo término, expone que la modificación del porcentaje en que se computa la bonificación por antigüedad no implica un obrar inconstitucional de ningún tipo. En ese sentido destaca que la actora, en su calidad de empleada pública, no tienen un derecho adquirido al mantenimiento inalterable del sueldo como para cuestionar cualquier decisión de política salarial, ello así, explica, siempre y cuando las medidas oficiales no sean retroactivas y no impliquen confiscación salarial a su respecto, circunstancias éstas que no se produjeron a raíz del cambio de porcentual de antigüedad cuestionado en autos, en tanto el cambio legislativo trajo una modificación en la composición salarial que sólo podría tener efectos a futuro.-
Destaca que el legislador no ha suprimido rubros adquiridos con efecto retroactivo, reduciendo en consecuencia el salario de la accionante; sino, por el contrario, reguló en esos años y para lo sucesivo, la base sobre la cual debe liquidarse un determinado rubro o bonificación.
Señala que tanto la CSJN como la SCBA han reconocido como razonable la posibilidad de modificar los salarios de los agentes públicos, precisamente a la baja. Destaca que la determinación del legislador, cuestionada en autos, provocó una modificación a futuro, con lo cual no se trata en modo alguno de la supresión de derechos adquiridos. -
Enfatiza el carácter estatutario del empleo público y la ausencia de un derecho a la intangibilidad del monto del salario, así como de un derecho al mantenimiento de un régimen legal específico, lo que justifica la validez del cambio legislativo operado en punto al porcentaje sobre el que se calcula la bonificación por antigüedad.
Sostiene la inexistencia de violación al principio de igualdad y progresividad, y alega al efecto que el mismo no es de aplicación al presente, en tanto no existe un derecho adquirido por los trabajadores hacia el futuro.
Subsidiariamente, ante el eventual caso en que se hiciera lugar a la demanda, entiende que sólo podría computar los créditos requeridos desde la fecha de interposición de la demanda, y atento a que en dicha fecha ya se encontraba vigente el nuevo CCyC, resulta aplicable el plazo de 2 años previsto en el artículo 2562 inciso c); por lo que las mismas no podrían extenderse más allá de ese plazo.
Por último, desconoce toda circunstancia de hecho que no resulte acreditada por las constancias obrantes en las actuaciones administrativas acompañadas en autos; ofrece prueba; hace reserva del caso federal y solicita el rechazo de la demanda en todas sus partes.
4. Agregados los alegatos presentados por ambas partes, se llamaron autos para dictar sentencia; y-
1. Que de conformidad a las postulaciones de las partes en el proceso, la cuestión planteada en autos consiste en determinar si corresponde reconocer a los accionantes el derecho a que se le abone la bonificación por antigüedad en un porcentual de 3% respecto de los años 1996 a 2006, igual al que percibía hasta el año 1995.
2. En primer término, corresponde resaltar que no existe controversia en autos respecto de que los actores eran empleados del Ministerio de Seguridad y que a partir del 18/7/2013 (Cervini) y 18/12/2019 (Carestia) ostentan la condición de jubilados de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires y que la bonificación por antigüedad se les computa de la siguiente manera: al 3% por cada año trabajado hasta 1995, el año 1996 no se computa a los efectos de la citada bonificación, al 1% por cada año laborado entre 1997 y 2004, al 2% por el año 2005 y desde el 2006, nuevamente equivale al 3%. Ello así, en tanto la normativa que regula la relación de empleo del agente, estableció el derecho de la actora al pago del suplemento por antigüedad, cuyo cómputo se determina conforme a los montos que se fijen en la ley que rige la materia salarial.
3. Siendo ello así, a fin de encontrar una solución al caso, corresponde reseñar el marco normativo de la bonificación por antigüedad:
3.1. La Ley 10.430, anterior art. 22, establecía diferencias porcentuales según las diversas categorías, que fluctuaban entre el 2 y 3 por ciento; los inferiores en la escala salarial el 3% y los superiores el 2% por cada año. La Ley 10.944 (BO. 31-VIII-90) modificó el porcentual, del anterior art. 22, al tres por ciento (3%), por cada año de antigüedad para todos los agentes, sin distinción alguna.
3.2. En el año 1996, el art. 42 de la Ley 11.739 de Presupuesto para el Ejercicio 1996, estableció: " Determínese que el año 1996 no será computado para acreditar antigüedad a los efectos de las bonificaciones por tal concepto, para todo el Personal de la Administración Pública Provincial, en el ámbito de todos sus Poderes, cualquiera sea el régimen estatutario, incluido el comprendido en Convenios Colectivos de Trabajo. En este aspecto, durante el lapso indicado quedan suspendidas todas las disposiciones legales que regulan el incremento del adicional por antigüedad. El Poder Ejecutivo podrá exceptuar total o parcialmente por vía reglamentaria al Personal Docente de lo dispuesto en el presente artículo ".
3.3. La ley de presupuesto para el año 1997, fijó " en hasta el uno por ciento (1%) el porcentaje a aplicar para acreditar la bonificación por antigüedad correspondiente al año que deba computarse en el Ejercicio 1997, para todo el Personal de la Administración Pública Provincial, en el ámbito de todos sus Poderes, cualquiera sea el régimen estatutario, incluido el comprendido en Convenios Colectivos de Trabajo, excepto el personal Docente dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación y Magistrados del Poder Judicial. Con relación a lo dispuesto en el párrafo anterior, durante el lapso indicado, quedan suspendidas todas las disposiciones legales que regulen el incremento del adicional por antigüedad, por sobre el porcentaje precedentemente fijado " (art. 37 de la Ley 11.905). Igual limitación adoptaron las leyes de presupuesto para los años 1998, 1999, 2000 y 2001, contemplaron normas de similar carácter (art. 29, de la Ley 12.062; art. 27, Ley 12.232; art. 27, Ley 12.396 y art. 24 de la Ley 12.575).
3.4. La Ley 12.727 de emergencia económica, estableció que: " a partir de la vigencia de la presente Ley y por el plazo de la emergencia, dejará de computarse el tiempo para acreditar antigüedad, a los efectos de las bonificaciones por tal concepto, para todo el personal de la Administración Pública Provincial, en el ámbito de todos sus poderes cualquiera sea el régimen estatutario, incluido el comprendido en Convenios Colectivos de Trabajo. A esos efectos, durante el lapso indicado interrúmpese la aplicación de las disposiciones legales que regulan el incremento del adicional por antigüedad. Sólo los jueces de la Provincia y los miembros del Ministerio Público quedan excluidos de lo establecido en el presente artículo ".
3.5. Luego, la Ley 12.874, de presupuesto para el año 2002, dispuso en su art. 25 que " el año 2002 no será computado para acreditar antigüedad a los efectos de las bonificaciones por tal concepto, para todo el Personal de la Administración Pública Provincial, en el ámbito de todos sus poderes, cualquiera sea el régimen estatutario incluido el comprendido en convenciones colectivas de trabajo. A los fines del presente artículo, durante el lapso indicado quedan interrumpidas disposiciones legales que regulan el incremento del adicional por antigüedad. La interrupción establecida en el presente artículo, no generará derechos en favor de los agentes comprendidos ". Similar solución impuso, la ley de presupuesto para el año 2003 (Ley 13.002), no computando el año 2003 " para acreditar antigüedad a los efectos de las bonificaciones por tal concepto, para todo el Personal de la Administración Pública Provincial, en el ámbito de todos sus Poderes, cualquiera sea el Régimen estatutario, incluido el comprendido en convenciones colectivas de trabajo [.] Las disposiciones del presente artículo regirán a partir del primer día -inclusive- del mes de enero del 2003, y mientras dure el estado de emergencia declarado por la Ley Nº 12.727 y modificatorias, prorrogada por la presente ley " (art. 23).
3.6. En el año 2004, la ley de presupuesto 13.154, restableció en un 1% la bonificación por antigüedad suspendida. Así, en su art. 24 dispuso: " Fíjase en hasta el uno por ciento (1%) anual el porcentaje a aplicar para la bonificación por antigüedad correspondiente a los años que deban computarse en el Ejercicio 2004, para todo el Personal de la Administración Pública Provincial, en el ámbito de todos sus Poderes, cualquiera sea el régimen estatutario, excepto el personal Docente dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación y Magistrados del Poder Judicial. Con relación a lo dispuesto en el párrafo anterior, durante el lapso indicado, quedan suspendidas todas las disposiciones legales que regulen el incremento del adicional por antigüedad, por sobre el porcentaje precedentemente fijado ".
3.7. Por último, el actual art. 25 inc. b) de la ley 10430, (Texto según Ley 13.354, B.O: 2-VIII-2005), determina distintos porcentuales según los años a considerar: " Adicional por Antigüedad: Corresponderá a un porcentaje del sueldo básico de la categoría de revista del agente, por cada año de antigüedad en la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, de acuerdo al siguiente detalle: Hasta 1995: el tres (3) por ciento; desde 1997 y hasta 2004 el uno (1) por ciento; el año 2005 al dos (2) por ciento; y desde el año 2006: al tres (3) por ciento ".
4. Efectuada dicha reseña, corresponde destacar en primer lugar que le asiste razón a la demandada cuando afirma que las normas impugnadas que establecieron la suspensión y disminución de los porcentajes correspondientes a la bonificación por antigüedad no se adoptaron en el contexto de la emergencia declarada por la ley 12.727. En verdad, el art. 21 de la citada ley vino a suspender, durante el período de emergencia el cómputo de la antigüedad (disposición en la que encuentran fundamento los arts. 25 de la ley 12.874 y 23 de la ley 13.002), pero una vez cesada la misma los años en cuestión fueron computados en el porcentual reducido, conforme se desprende de los arts. 24 y 25 de la ley 13154 y art. 1° de la ley 13.354. Así las cosas, el no cómputo del año 1996 a los efectos de la bonificación por antigüedad y la reducción de la misma con relación a los años 1997 a 2005, no tiene como fundamento la emergencia económica declarada por la ley 12.727.
Sin perjuicio de ello, esta circunstancia, lejos de favorecer la defensa que la Fiscalía de Estado pretende hacer respecto de la constitucionalidad de las normas impugnadas en autos, termina por remarcar justamente lo contrario.
Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que " el Estado puede reducir los salarios de sus agentes, salvo que la Constitución Nacional expresamente garantice su intangibilidad, pero para que ello encuentre sustento en nuestra Ley Suprema, debe cumplir ciertos requisitos: que la reducción se adopte ante situaciones excepcionales de emergencia, tenga efectos generales y vigencia para el futuro en forma transitoria y no resulte confiscatoria, es decir, no desnaturalice el derecho a la retribución " (del dictamen del Procurador General que la Corte hace suyo, CSJN, Fallos 323:1566, Guida y 326:1138, Müller).
Sentado ello, en autos, surge en forma clara que no existió una situación excepcional de emergencia (no hay declaración legislativa que así lo disponga y la propia demandada se encarga de señalar que las leyes involucradas no obedecen a un contexto de esa índole) y que las restricciones implementadas no tuvieron carácter temporario (a excepción de lo dispuesto por los arts. 25 de la ley 12.874 y 23 de la ley 13.002, que sí obedecieron a una situación de emergencia y tuvieron un alcance temporal, pero que no se encuentran en discusión en el caso), ya que actualmente los años 1997 a 2005 se siguen computando a los efectos de la bonificación por antigüedad con la disminución cuestionada (conf. lo dispuesto por el art. 1 de la ley 13.354).
En el caso del año 1996, que ni siquiera se computa a los efectos de esta bonificación, la inconstitucionalidad es aún más evidente. Se trata, como sostiene Rivas, " de la supresión absoluta e indefinida de un derecho adquirido, confiscación que, por esa razón, se encuentra vedada por el art. 17 de la CN " (Rivas, Leopoldo: "El adicional por antigüedad en la ley 10.430 ¿En el año 1996, nadie trabajó?", Revista Derecho Administrativo, Asociación Bonaerense de Derecho Administrativo, año 1, N° 1/2, enero/agosto, 2007, pág. 63).
Consecuentemente, y aun cuando pudiera considerarse que la disminución cuestionada haya sido legítima en un primer momento, la circunstancia de que las medidas cuestionadas no se hayan hecho en el marco de una emergencia, sumada a la irrazonable (por ilimitada) extensión temporal de las mismas, lleva a considerar inconstitucionales dichas restricciones a los derechos de los accionantes.
La legislación sub examine ha transgredido esos límites, ya que no impone una limitación razonable y temporaria a la integridad salarial de los agentes públicos, fundada en razones de emergencia y en el interés general (conf. CSJN, Fallos 325:2059, Tobar).
A mayor abundamiento, corresponde tener presente el especial tratamiento otorgado por la Constitución Provincial a las contingencias derivadas de la materia laboral y seguridad social, particularmente a partir de la consagración del principio de progresividad en materia laboral (art. 39, inc. 3 Const. Pcial.), incorporado por la reforma de 1994, principio que "compromete a la acción pública desde el Estado provincial a incrementar los derechos de los trabajadores en forma progresiva impidiendo todo retroceso en su situación jurídica" (Cabral, Pablo O. - Schreginger, Marcelo J.: El Régimen de Empleo Público en la Provincia de Buenos Aires, Ed Abeledo Perrot, 2009, pág. 69).
Este principio también tiene recepción en instrumentos internacionales de derechos humanos (art 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, art. 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos), de los que se desprende la imposibilidad del Estado de adoptar medidas restrictivas de derechos (principio de no regresividad). Al respecto se ha señalado que "la noción de regresividad puede aplicarse a normas jurídicas: es decir, se refiere a la extensión de los derechos concedidos por una norma (regresividad normativa). En este sentido -no empírico sino normativo-, para determinar que una norma es regresiva, es necesario compararla con la norma que ésta ha modificado o sustituido y evaluar si la norma posterior suprime, limita o restringe derechos o beneficios concedidos por la anterior" (Courtis, Christian: "La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales: apuntes introductorios", Courtis, Christian (compilador): Ni un paso atrás: la prohibición de regresividad en materia de derechos sociales, Ed. Editores del Puerto, 2006, pág. 4).
Dicho ello, en el caso de autos, queda claro que con la ley 10.944 en el año 1990, al modificarse la ley 10.430 se estableció que la bonificación por antigüedad seria de un monto equivalente al tres (3) por ciento del sueldo de la categoría de revista, por cada año de antigüedad que se compute. Ello siguió siendo así hasta 1995, no computándose el año 1996 y disminuyéndose el porcentual para los años siguientes. En otros términos, la situación más ventajosa para los trabajadores, que se había logrado en el año 1990 con la sanción de la ley 10.944, sufrió un claro retroceso con las diversas modificaciones posteriores que han generado y generan en la actualidad pérdidas en la retribución que perciben los accionantes. Así las cosas, la disminución en el porcentual de la bonificación constituye un retroceso en la composición de la remuneración, incompatible con el principio consagrado en la constitución provincial y en los tratados internacionales antes citados.
5. No resulta atendible a fin de rebatir lo expuesto en el considerando precedente, el argumento de la Fiscalía de Estado mediante el cual se sostiene que las modificaciones implementadas por las normas impugnadas respecto de la bonificación por antigüedad no implican una disminución de la remuneración, sino una modificación hacia el futuro sin reducción de haberes. Es que, más allá de la terminología que se pretenda utilizar, lo dispuesto por las leyes impugnadas, implicó en los hechos una reducción de haberes.
De hecho, (tal y como lo he puesto de manifiesto en numerosos precedentes similares) en el Decreto N° 240/96 -que reglamentó el art. 42 de la ley 11.739- se excluyó a los magistrados y cargos asimilables de las consecuencias de dichas normas; en los considerandos del referido decreto se señala que " a los fines de la Ley citada y por razones de índole constitucional, no corresponde considerar incluidos en el Concepto de Personal de la Administración Pública a los Magistrados y miembros del Ministerio Público del Poder Judicial "; y esas razones de índole constitucional no son otras que las vinculadas con la garantía constitucional de intangibilidad de la remuneración de los magistrados.
Consecuentemente, si los magistrados quedaron al margen de las modificaciones dispuestas respecto de la bonificación por antigüedad en razón de la garantía de intangibilidad, no puede sino concluirse que las modificaciones en cuestión implicaron una reducción o disminución salarial.
6. Finalmente, en cuanto a la invocación que se hace en la contestación de demanda del precedente sentado por la Suprema Corte provincial en la causa "Álvarez", en el que se sostuvo la validez de una modificación de la bonificación por antigüedad, dejándose de abonar la misma a los empleados municipales con cargos sin estabilidad, corresponde señalar que el mismo no resulta de aplicación en el caso de autos atento las diferencias que se observan en la plataforma fáctica de ambos (en la causa "Álvarez" se trataba de un agente municipal que revistaba en un cargo sin estabilidad, que sólo había percibido la bonificación por antigüedad durante escasos meses, mientras que en autos quien reclama resultó ser agente de planta permanente del Ministerio de Seguridad que percibió la bonificación en cuestión durante varios años). Por otra parte, en la causa resuelta por la Suprema Corte, el Máximo Tribunal local no encontró vulneración constitucional alguna, circunstancia que le permitió luego analizar la medida adoptada por el municipio demandado y concluir que el mismo podía disponer una modificación de la bonificación en cuestión hacia el futuro. Por el contrario, en el caso de autos, como quedó sentado en los considerandos precedentes, el reproche constitucional de la normativa involucrada resulta admisible, lo que echa por tierra la pretendida aplicación del precedente citado.
7. En orden al progreso de la demanda, corresponde ingresar en la defensa de prescripción -total y parcial- opuesta por la representación fiscal.-
7.1. En cuanto a la prescripción total, la representación fiscal sostiene que la acción interpuesta se encuentra íntegramente prescripta, sin posibilidad de alegar la doctrina de la ilegalidad continuada, porque la "causa fuente" del reclamo lo fueron leyes que tuvieron un punto de inicio y de cese acotado para su vigencia, desde 1996 hasta 2006. -
Sin embargo, juzgo que el hecho lesivo no ha finalizado -concreta y efectivamente- en el año 2006 como erróneamente sostiene la demandada. Porque si bien las leyes cuya inconstitucionalidad se plantea han sido reemplazadas por otras, sus efectos se aplican mes a mes, cada vez que se liquidan los haberes de la actora, en la medida en que se reconozcan períodos laborados entre los años 1996 a 2005. -
Cada vez que se abona el haber respectivo, la parte actora sufre los efectos de la disminución salarial operada en aquellos años, y por ende juzgo evidente que existe un hecho continuado, que origina tantos plazos de prescripción como haberes sean liquidados. -
En igual sentido lo ha entendido la Corte Federal, en su jurisprudencia clásica (Fallos 307: 2174; 329:4918; entre otras), al considerar que "No es un hecho único, ya pasado, cuyo juzgamiento tardío comprometa la seguridad jurídica ni un hecho consentido tácitamente [.] se trata, por el contrario, del deterioro del sueldo de hoy, que sumado al deterioro de meses anteriores y posteriores, completa un cuadro de perjuicio." . -
De conformidad con lo dicho, la acción interpuesta no puede considerarse prescripta, sino únicamente aquellos periodos que, desde la interposición de la demanda hayan superado el plazo legalmente previsto. -
7.2. Sentado ello, y en lo atinente a la prescripción parcial planteada por la demandada, cabe señalar que la Suprema Corte -con la actual integración- ha modificado la doctrina que sobre el punto mantuvo hasta la fecha (SCBA, causa A. 78.420, "Ledesma, Martín Carmelo", sent del 11/09/2025), criterio que he de acompañar en el caso por compartir los argumentos expresados por el máximo Tribunal provincial. -
En efecto, acompañando la postura sostenida por el Dr. Soria, y ponderando los criterios incorporados en el Código Civil y Comercial de la Nación que ha reducido los plazos de prescripción en salvaguarda de la seguridad jurídica y el razonable interés social que exige que las obligaciones no permanezcan vigentes indefinidamente, como también la tradicional interpretación practicada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. Fallos: 173:289; 205:200), la Suprema Corte ha modificado la doctrina que mantuvo con la anterior integración. -
De tal modo, en los supuestos en que se discutan diferencias salariales derivadas de relaciones de empleo público, el superior Tribunal sostiene actualmente la aplicación del plazo de prescripción previsto para las obligaciones que " deben pagarse por años, o plazos periódicos más cortos ", que era el de cinco años en el anterior Código Civil (art. 4.027 inc. 3 del CC Ley 340) y de dos años a partir de la vigencia del actual Código Civil y Comercial Ley 26.994 (art. 2562 "a"). -
Así, conforme la nueva doctrina de la Suprema Corte, ha quedado descartada la aplicación al caso del plazo general establecido en el anterior art. 4023 del CC (10 años) y actual 2560 del CCyCN (5 años). -
Sentado ello, cabe precisar que, en relación con la actora, las diferencias salariales reclamadas comenzaron a devengarse al momento de ingresar en la planta permanente, esto es, antes de la vigencia del nuevo CCyC (el 1-VIII-2015). A su vez, el hecho interruptivo de la prescripción aconteció con la interposición de la demanda en sede judicial. -
Siendo ello así, y entendiendo que la interrupción de la prescripción operó el 04/02/2025, en consecuencia, las sumas devengadas con anterioridad a los 2 años de interpuesta la demanda se encuentran prescriptas (art. 2562 "c" del CCyC). En función de ello, y la fecha en que los accionantes obtuvieron el alta previsional, no existe obligación exigible respecto del organismo empleador. -
7.3. En lo que respecto a los retroactivos debidos por el ente previsional, y en función de la fecha de interposición de la demanda, se encuentran prescriptos los períodos anteriores al 04/02/2023, de conformidad con la Ley previsional aplicable (59 de la Ley 13.236). -
8. Por todo lo expuesto, corresponde reconocer el derecho de la parte actora a que se liquide y pague la bonificación por antigüedad a todos los años incluidos en su cómputo en un 3%, con retroactividad a los dos años anteriores a la interposición de la acción respecto del organismo previsional; ello, atento la inconstitucionalidad de las normas en que se sustentan tales disminuciones: leyes 11739, 11905 y sus similares (arts. 12, inc. 2 CCA; 11, 39 inc. 3, 173, 175, 189 y cc. CPBA).
9. Para el pago de las diferencias devengadas, se deberá tomar como base de cálculo, a los efectos de graduar el capital a abonarse, el haber actual al momento de que adquiera firmeza la sentencia, como manera de salvaguardar el derecho de propiedad (B. 60.558, "González, Juan Carlos", sent. del 6/11/2019, y reforzada en C. 124.096, "Barrios", sent. del 18/04/2024). -
10. En lo que respecta a la solicitud del pago de intereses, los mismos como forma de restablecer el equilibrio patrimonial en favor de quien se ha visto privado del uso de un capital que le pertenece, le son efectivamente debidos a los accionantes, restando entonces determinar a qué tasa deberán serle liquidados. -
Sentado entonces que corresponde utilizar como base del cálculo el haber actual para determinar el monto a abonar a los actores, en materia de intereses, siguiendo el criterio sentado por la SCBA en la causa citada (B. 60.558, op cit), corresponde aplicar la tasa del 6% anual, desde el devengamiento de cada haber no prescripto y hasta la fecha en que quede firme la sentencia. De allí en más, resultará aplicable la tasa de interés establecida en la causa B. 62.488 "Ubertalli" sent. del 18-V-16, es decir, la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días (tasa pasiva y/o tasa pasiva digital) vigentes en los distintos períodos de aplicación y hasta el efectivo pago. -
11. Atento al modo en que se resuelve la presente contienda, las costas se habrán de imponer a la demandada en su calidad de vencida (art. 51, inc. 1° CCA).
Por ello, FALLO:
1. Hacer lugar a la demanda interpuesta por Carestia Juan Carlos y Cervini Hugo Roberto contra la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, declarando la inconstitucionalidad de las siguientes normas: art. 42 de la ley 11.739; art. 37 de la ley 11.905; art. 29, de la ley 12062; art. 27, ley 12.232; art. 27, ley 12.396; art. 24 de la ley 12.575; art. 24 de la ley 13.154 y arts. 1 y 2 de la ley 13.354.
2. Ordenar a la demandada a que, dentro del plazo de sesenta (60) días, computados desde que adquiera firmeza la liquidación respectiva, abone la bonificación por antigüedad respectiva a todos los años incluidos en su cómputo en un 3%, desde el 04/02/2023 (art. 163 de la CPBA), a valor actual a la fecha en que adquiera firmeza la sentencia conforme lo dispuesto en el apartado 9., con más los intereses indicados en el apartado 10 de la presente . -
3. Imponer las costas a la demandada vencida (art. 51, inc. 1° CCA).
4. Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta aprobación de la liquidación a practicarse (art. 51, ley 14.967).
REGISTRESE. NOTIFIQUESE. a las partes por Secretaría a los domicilios electrónicos consignados al pie de la presente.
María Fernanda Bisio
Jueza
Firmas
Funcionario firmante: BISIO María Fernanda - MAGISTRADO SUPLENTE
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 3880-2026
Fin de la sentencia