Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77162
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº11 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora para continuar conociendo en el asunto (cfr. art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría se radicará allí el expediente electrónico para la prosecución de su trámite.
Comunicar mediante oficio lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº2 departamental.
B.77.162 "MASTRUZZO GREGORIO Y OT. C/AGUIRRE MARTINEZ EUSEBIO Y OT S/ CESACION DE MOLESTIAS Y DS. Y PS - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008"
I. Gregorio Mastruzzo -por derecho propio- y María Ángela Mastruzzo, José Gregorio Mastruzzo y Sara Yolanda Mastruzzo -todos ellos en calidad de herederos de Antonia Currao de Mastruzzo-, promueven una acción de cesación de molestias y daños y perjuicios contra Eusebio Aguirre Martínez, Narcizo Aguirre Martínez, Juan Quispe Mercado, Agustín Hoyos, Adolfo Hoyos Prieto, Casisano Ramírez Hoyos, Adrián Martínez Martínez, Leonardo Vacaflor González, Ascensio Acebo Martínez, Justino Quispe, Hermitanio Quispe Martínez, Oscar Aurelio Martínez, la Municipalidad de Almirante Brown -en su carácter de autoridad pública- y/o quien resulte civilmente responsable, en virtud de los incesantes ruidos que habrían tenido que soportar como vecinos linderos de un salón de fiestas y bailes que sería de propiedad de los aquí demandados.
Relatan que en el año 1966 el señor Gregorio Mastruzzo y la señora Antonia Currao de Mastruzzo adquirieron el inmueble ubicado en la calle Amenedo 3345 de la localidad de José Mármol, donde sus hijos vivieron hasta casarse y mudarse a sus respectivos domicilios.
Explican que en el año 1992 un grupo de doce personas se mudó a un terreno lindante al suyo sito en la calle Amenedo 3355, el cual se destinó al establecimiento de un salón de fiestas que comenzó a funcionar tres años después.
A partir de ese momento, según comentan, se habrían suscitado múltiples inconvenientes para la comunidad residencial (v.gr., ruidos molestos, transgresiones en la vía pública), que en su caso resultaron particularmente graves, en razón del estado de salud de uno de los integrantes de la familia.
Continúan detallando que, como consecuencia de estos episodios -que se habían constituido en cotidianos-, se formuló una denuncia ante la comuna de Almirante Brown que dio pie a la formación del expediente municipal 11564/95.
Manifiestan que, ante la falta de resultados esperados por parte del municipio -que develaría el incumplimiento en el ejercicio de su poder de policía-, el establecimiento fue clausurado recién luego de que así lo dispusiera el Juzgado de Paz Letrado de aquella jurisdicción territorial.
Sin embargo, sostienen que aun frente a la medida impuesta por dicho organismo, los demandados no habrían depuesto su actitud, razón por la que acuden a esta instancia (fs. 54/65).
II. La causa se inició en el año 2004 ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº11 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
Con posterioridad a que se efectuaran diferentes actos procesales -de los que cabe resaltar el otorgamiento de la petición cautelar (fs. 262), la apertura a prueba (fs. 347) y la denegación del levantamiento de la medida decretada (fs. 377)- la magistrada a cargo del órgano se declaró incompetente para seguir interviniendo en el asunto, antes del dictado de la sentencia.
Para fundamentar su decisión, consideró que, atento a que el municipio de Almirante Brown sería responsable "...por no haber ejercido el poder de policía", la litis versa sobre un supuesto aprehendido por las cláusulas que definen la materia propia del fuero contencioso administrativo (arts. 166, inc. 5, Const. prov.; 1 y 2 inc. 4, ley 12.008) (cfr. resol. electrónica de fecha 6-V-2020).
Al resolver de esa manera, se giraron las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes departamental para su adjudicación mediante sorteo entre los juzgados de primera instancia del fuero especializado.
A su turno, habiendo salido sorteado el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº2 departamental, su titular negó la competencia que se le atribuía en el asunto, por entender -sustancialmente- que la declaración de incompetencia de su preactuante había sido extemporánea.
Igualmente dio cuenta -a contrario de lo sostenido por la jueza en lo civil y comercial- que en ningún estadio del expediente el municipio de Almirante Brown había opuesto excepción de incompetencia sino "...sólo excepción de prescripción".
Por tanto, en atención a las consideraciones formuladas, planteó una contienda negativa de competencia, disponiendo su sometimiento ante esta Suprema Corte de Justicia en los términos del artículo 7 inciso 1 del código adjetivo (v. sent. interlocutoria de fecha 28-V-2021).
III. Esta Corte ya se ha expedido sobre la oportunidad que tienen los jueces para declarar su incompetencia de oficio.
En tal sentido ha sostenido invariablemente que la incompetencia del órgano judicial no puede ser decretada en cualquier momento, debiendo proponerse -por regla- en la etapa procesal oportuna y, una vez precluida ésta, tanto las partes como el órgano se encuentran limitados para volver sobre la materia ya resuelta, porque lo contrario supone retrotraer el proceso con el consecuente dispendio jurisdiccional y agravio a los principios de seguridad jurídica y economía procesal (doctr. causas Ac. 58.714, "Gorostiaga", sent. de 7-III-2001; Ac. 84.444, "Remis del Sur SRL", sent. de 25-VI-2003; B. 68.077, "Arrúa González", resol. de 24-XI-2004; B. 68.282, "Montiel", resol. de 10-VIII-2005; B. 69.063, "Porcel de Peralta", resol. de 11-IV-2007; B. 70.084, "García y Lantaño", resol. de 6-V-2009; B. 71.336, "Agüero", resol. de 15-VI-2011; B. 72.279, "Reficco", resol. de 13-III-2013; B. 73.004, "Martínez", resol. de 12-III-2014; B. 73.681, "Azorín", resol. de 23-IX-2015; B. 74.503, "Prieto", resol. de 22-II-2017; B. 74.716, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires" y B. 74.717, "Municipalidad de San Vicente", ambas resol. de 14-IV-2017; B. 74.808, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires" y B. 74.806, "Lewin", ambas resol. de 6-IX-2017; B. 75.025, "Barreyro", resol. de 29-VIII-2018; B. 75.404, "Asociación Inquietudes Ciudadanas", resol. de 17-X-2018; B. 75.877, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 14-VIII-2019; B. 75.977, "Restelli", resol. de 11-IX-2019; B. 76.120, "Municipalidad de Quilmes", resol. 23-X-2019; B. 76.240, "Ribotta", resol. de 26-XII-2019; B. 76.384, "Consejo Profesional de Química", resol. de 2-IX-2020; B. 76.945, "Matti", resol. de 16-VI-2021 y B. 77.105, "Tellería", resol. de 15-VII-2021).
IV. En la especie, permitir que la causa cambie de fuero cuando la jueza en lo civil y comercial aceptó la competencia, concedió la medida cautelar y sustanció casi la totalidad del proceso -habiéndose solicitado el dictado de la sentencia (cfr. escrito electrónico de fecha 19-XI-2019)-, conspira contra la observancia de los aludidos principios cardinales y se opone a expresas reglas del ordenamiento adjetivo (cfr. arts. 2, 4, 8, 9, 10 y 350 y concs., CPCC; doctr. causas B. 72.279, "Reficco", resol. de 13-III-2013; B. 73.319, "Levin Hermanos SAIAFEI", resol. de 8-X-2014; B. 73.524, "Rodríguez", resol. de 8-IV-2015; B. 75.544, "Valderrey", resol. de 19-XII-2018 y B. 77.105, cit.).
Habida cuenta de ello, corresponde señalar que si bien es cierto que el municipio codemandado opuso, juntamente con la excepción de prescripción, otra de incompetencia (fs. 119), también lo es el hecho de que este planteo no fue resuelto en su momento por la magistrada de origen (ver. proveído de fecha 29-IV-2020), omisión que, como es de advertirse con posteriores presentaciones efectuadas por la comuna (v.gr., fs. 543), no ha sido materia de agravio, quedando así la cuestión implícitamente consentida (doctr. causa B. 76.547, "Municipalidad de Monte Hermoso", resol. de 30-III-2021).
V. En vista de las consideraciones expuestas, al quedar definitivamente establecida su competencia, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº11 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora el órgano que continúe interviniendo en el asunto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº11 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora para continuar conociendo en el asunto (cfr. art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría se radicará allí el expediente electrónico para la prosecución de su trámite.
Comunicar mediante oficio lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº2 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/09/2021 15:16:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/09/2021 08:29:42 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/09/2021 23:27:47 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/09/2021 11:01:05 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/09/2021 12:33:25 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia