Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78136
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.136, "Cisneros, Fernando Ariel c/ Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) s/ cesación de vía de hecho", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Budiño.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata —por mayoría— rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, confirmó lo resuelto por la señora jueza de primera instancia que —a su turno— había admitido la pretensión promovida por el señor Fernando Ariel Cisneros contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires (v. sent. de 31-III-2022).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 22-IV-2022, 11:09:18 a.m.) el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 14 de junio de 2022.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de 10-XI-2022) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la pretensión de cesación de vía de hecho deducida por el señor Fernando Ariel Cisneros contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Servicio Penitenciario).
Para así decidir, encontró configurada la vía de hecho administrativa (art. 109, dec. ley 7.647/70) por considerar que la falta de pago del salario al actor a partir del mes de febrero de 2021 constituyó una conducta carente de sustento normativo por cuanto la resolución 97 de fecha 22 de enero de 2021, dictada en el expediente administrativo 21211-519152/18, mediante la cual se lo sancionó con el retiro absoluto se encontraba suspendida y carecía de efectos jurídicos, en virtud de la interposición de los recursos de revocatoria y apelación deducidos por el demandante (arts. 48 y 52, dec. ley 9.578/80).
En consecuencia, ordenó al organismo demandado que reestablezca el pago de los salarios al señor Cisneros y abone los haberes devengados y no percibidos desde la fecha de su baja —mes de febrero de 2021—; utilizando como base de cálculo el sueldo actual de la categoría del agente, con más la aplicación de la tasa del 6% anual, desde la fecha de la interrupción en el pago y hasta la fecha de la sentencia. De allí en más consideró que resultará aplicable la tasa de interés establecida en la causa B. 62.488, "Ubertalli", sentencia de 18-V-2016, es decir, la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigentes en los distintos períodos de aplicación (arts. 7 y 10, ley 23.928, texto según ley 25.561; 622 y 623, Cód. Civil y 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.).
Impuso las costas a la demandada vencida (art. 51, CCA).
II. Contra dicho pronunciamiento la representación fiscal interpuso recurso de apelación (v. presentación electrónica de fecha 1-X-2021, 10:45:04 a.m.) el que, por mayoría, fue desestimado por la Cámara departamental del fuero.
II.1. Para así decidir, los magistrados que integran el tribunal coincidieron en que en el caso bajo estudio se había configurado una vía de hecho, derivada de la ejecución del acto administrativo sancionatorio que se encontraba suspendido por la interposición del recurso de reconsideración interpuesto.
Precisaron que no era un hecho controvertido en autos la medida segregativa impuesta al actor, como tampoco las consecuencias que —en el régimen estatutario aplicable— derivan de la interposición de los recursos.
Concluyeron que, en el caso, la ejecución de un acto que se encuentra suspendido, carece de juridicidad y debe ser inmediatamente limitado por la judicatura (arts. 15, Const. prov. y 103, 109, 110 y concs., dec. ley 7.647/70).
II.2. Con relación a los haberes que la sentencia de grado ordena reintegrar, el voto que concitó la mayoría, confirmó lo resuelto por la sentencia de grado por dos razones: i) por un lado ponderó que la pretensión incoada incluyó el reclamo del retroactivo, el cual tuvo su debida sustanciación como parte integrante de la litis y, ii) por otro, consideró lógico y razonable proceder a la devolución de las sumas descontadas, en tanto la decisión tuvo por configurada una vía de hecho y, de no hacerse lugar a lo peticionado en relación con los haberes devengados y sus intereses (v. pto. I.2. del escrito de inicio), quedaría sin remedio la afectación material de un derecho, circunstancia que no podría convalidarse frente a un planteo expreso del actor.
Respecto de la base de cálculo para el pago de las sumas no abonadas, confirmó lo resuelto por la señora jueza que previno en tanto coincide con la doctrina legal de este Tribunal para los actos declarados nulos en materia de empleo público (causas B. 60.558, "González," sent. de 6-XI-2019 y A. 74.138 "Gelvez", sent. de 27-IX-2019).
En este aspecto señaló que, más allá de la naturaleza jurídica de la obligación en cuestión, lo determinante a los efectos de la aplicación del criterio de cálculo al valor actual de la categoría del agente, es que se trata del pago de mensualidades no percibidas oportunamente en virtud de la configuración de una vía de hecho, con motivo de la ejecución de un acto que se hallaba suspendido por la interposición de un recurso, circunstancia que justifica la subsunción del caso en los términos de la doctrina legal citada, en tanto supone una reparación más cabal del detrimento sufrido por el actor.
Tampoco encontró razones para apartarse de la solución dada por la señora jueza de primera instancia con relación a que los intereses se estimaran hasta la sentencia empleando una tasa pura consistente en una alícuota del 6% anual sobre el capital, calculado a valores actuales del salario en cuestión, como modo de recomponer la pérdida del goce de las sumas adeudadas; y de allí en adelante la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo a la doctrina sentada en la causa "Ubertalli" (antes. cit.).
III. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 22-IV-2022, 11:09:18 a.m.) en el que denuncia que la Cámara interviniente ha vulnerado el principio de congruencia (arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6, CPCC) y de defensa en juicio (art. 15, Const. prov.).
Denuncia, asimismo, que el Tribunal de Alzada ha incurrido en una errónea interpretación de los arts. 772 y 1.748 del Código Civil y Comercial y de la doctrina legal de esta Suprema Corte de Justicia, en la medida que ordena pagar la totalidad de los haberes devengados a valores actualizados y por un porcentaje superior al otorgado por este Tribunal en casos similares.
En primer lugar, reitera los agravios expuestos en el recurso de apelación (v. pto. 2, Planteos subsidiarios, 1.a.1., del escrito electrónico de fecha 1-X-2021, 10:45:04 hs.) relacionados con la improcedencia del reintegro de los salarios dejados de percibir por el actor.
Para ello, señala que el propio Tribunal de Alzada admitió —en los precedentes que menciona y que considera análogos— que en una pretensión como la incoada no corresponde ordenar el reintegro de los haberes dejados de percibir si de los antecedentes del caso pueden reclamarse los importes indebidamente liquidados (sean salarios, adicionales, subsidios) con un eventual cargo deudor (v. pto. V.1.a. del recurso en tratamiento).
En segundo término, advierte que tampoco procede el pago de los salarios no habiendo mediado prestación de tareas, toda vez que dicha contraprestación sería incausada (arts. 34 y 37, dec. ley 9.578/80).
Aduce que la Corte nacional ha expresado que "…salvo disposición expresa, no corresponde el pago de salarios por funciones no desempeñadas [...] pues no basta la ilegitimidad del acto para el reclamo por salarios caídos..." (CSJN Fallos: 304:1459; 307:1215 y 1220; 308:732 y 1795; 321:635).
Añade que el porcentaje del 100% del sueldo contradice la doctrina de esta Corte en distintas causas que cita, que ha reconocido que las diversas indemnizaciones que se abonan en casos como el de autos oscilan entre un 25% y 35% (v. pto. V.1.c.).
Por otra parte, de manera eventual para el caso en que se confirme la procedencia de los salarios caídos, se agravia de la condena a valores actualizados.
Señala que el quebrantamiento del principio de congruencia, se advierte en que el actor en el escrito postulatorio solicitó el pago de los salarios y sus intereses, pero no a valores actuales, tal como lo decidió la señora jueza de la instancia y fue confirmado por la mayoría de la Cámara.
También cuestiona que el cálculo se haga sobre la base del salario actual, aplicando un interés del 6% anual a las sumas devengadas hasta la sentencia y, de ahí en más, con la tasa digital más alta, con el argumento de que aún luego de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación sigue vigente la prohibición de indexar las deudas dinerarias.
Indica que este Tribunal ha resuelto "...la pretensión [...] de que la suma establecida en la liquidación se actualice hasta la fecha del efectivo pago no puede ser acogida en tanto, no obstante las sustanciales modificaciones operadas [...] en los regímenes financiero y cambiario, se ha decidido ratificar expresamente el principio nominalista consagrado en 1991, una de cuyas manifestaciones fue la prohibición de la utilización de cualquier mecanismo de actualización monetaria. Así, la modificación introducida por la ley 25.561 a la ley 23.928 mantuvo la redacción del artículo 7 de ésta [...] estableciendo que el deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada y que en ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa [...] Aun cuando es público y notorio que [...] se ha producido una acentuada depreciación de nuestra moneda, entiende este Tribunal que el acogimiento de una pretensión como la expuesta por el accionante, además de ser contraria a las normas referenciadas en el párrafo anterior —que justamente fueron dictadas con la finalidad de evitar el envilecimiento del signo monetario— no haría más que contribuir a ese proceso"
Alega que, aun luego de las reformas introducidas por el Código Civil y Comercial, en nuestro ordenamiento siguen rigiendo el nominalismo y la prohibición de indexar las deudas dinerarias o actualizar los créditos, en especial cuando estos resulten tarifados con montos líquidos o fácilmente liquidables. Manifiesta que la deuda por salarios caídos discutida en autos es de carácter dinerario y que como tal debe aplicársele lo dispuesto por los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561).
Sustenta su reclamo en la diferencia entre obligaciones de valor y dinerarias, derivada de lo normado por los arts. 765 y 772 del Código Civil y Comercial y de lo explicado por los autores que cita. Se apoya asimismo en jurisprudencia de la Corte nacional (CSJN "Massolo", Fallos: 333:447; "Álvarez", sent. de 5-XI-2019) y provincial (causas C. 110.849, "Molina", sent. de 26-VI-2013; B. 66.861, "Verchick", sent. de 29-III-2017; A. 74.360, "APOC", sent. de 29-XII-2020; e.o.).
Expresa que cualquier liquidación por créditos salariales debe practicarse sobre la base de los valores nominales que históricamente hubiera correspondido percibir (doctr. art. 619, Cód. Civ.), resultando improcedente el intento de fomentar una indexación encubierta de la obligación dineraria, como si se tratara de una deuda de valor, a precio actualizado.
IV. Adelanto que —en mi opinión— el recurso interpuesto no puede prosperar atento a su insuficiencia (art. 279, CPCC).
En primer lugar, corresponde señalar que llega firme y consentida a esta instancia de excepción la configuración de una vía de hecho basada en la ejecución de un acto administrativo que se hallaba suspendido conforme el art. 52 del decreto ley 9.578/80.
Ahora bien, la cuestión radica en abordar los agravios traídos por la representación fiscal en torno a la procedencia de los haberes retroactivos y al modo de calcularlos, esto es si se toman a valores actualizados o a valores nominales.
El Tribunal de Alzada confirmó el criterio adoptado en la sentencia de primera instancia por cuanto receptaba la doctrina legal de esta Suprema Corte aplicable a los actos administrativos declaarados nulos en materia de empleo público (conf. causas B. 60.558, "González" y A. 74.138, "Gelvez"), a la cual la Cámara adhirió por razones de celeridad y economía procesal (conf. causas CCALP n° 24.806, "Ordoñez", sent. de 10-VI-2021; n° 24.205, "Soto", sent. de 2-III-2021; n° 20.783, "Fallocca", sent. de 13-VII-2021; e.o.), criterio que también tiene sentado en el ámbito previsional (conf. causas CCALP n° 26.146, "Sánchez", sent. de 15-VI-2021; n° 26.755, "Vilches", sent. de 5-X-2021; e.o.).
Sostuvo asimismo que, más allá de la naturaleza jurídica de la obligación en cuestión, lo determinante, a los efectos de la aplicación del criterio de cálculo al valor actual del salario correspondiente a la categoría del agente, es que se trata del pago de mensualidades no percibidas oportunamente en virtud de la configuración de una vía de hecho, consistente en la ejecución de un acto que se hallaba suspendido y que justifica la subsunción del caso en los términos de la doctrina legal citada, en tanto supone una reparación más cabal del detrimento sufrido por el actor.
Con tal sustento advirtió ajustada a derecho la sentencia de grado en cuanto reconoce la aplicación de un interés puro del 6% sobre el capital calculado a valores actuales del salario en cuestión, como modo de recomponer la pérdida del goce de las sumas adeudadas, hasta la sentencia de clausura y, en adelante, en aplicación de la doctrina legal de este Tribunal sentada en la causa B. 62.488, "Ubertalli", sentencia de 18-V-2016 a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires (arts. 765, 766, 767, 768 y concs., ley 26.994).
Ahora bien, contra dicho pronunciamiento, el Fisco limita su embate a reiterar argumentos que fueran oportunamente tratados y descartados por el Tribunal de Alzada.
En efecto, insiste en argumentar acerca de la prohibición de indexación de las deudas dinerarias y en la doctrina emergente de la causa A. 74.360, "APOC", sentencia de 29-XII-2020 (referente a diferencias salariales), pero omite informar cómo dicha normativa y doctrina resultan aplicables en la especie, donde —como se señaló antes— la Cámara condenó a la demandada a abonar los haberes devengados y no percibidos por el actor desde su baja, tomando como base de cálculo el sueldo actual de la categoría del agente.
Al respecto esta Suprema Corte ha dicho que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el cual el recurrente insiste en reiterar los planteos que ya fueran llevados —con suerte adversa— ante las instancias de grado, reproduciendo agravios que lejos están de patentizar los yerros que se le imputan al fallo y que antes bien, se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el sentido de lo resuelto, evidenciando un punto de vista subjetivo y discrepante que intenta hacer prevalecer su propio criterio por sobre el de los magistrados, sin hacerse cargo de impugnar concretamente los fundamentos medulares sobre los cuales se estructura la sentencia en crisis (conf. causa A. 78.503, "Traut", sent. de 15-XI-2023).
Así, no basta para dar por satisfecha la carga técnica de apropiada refutación que pesa sobre el recurrente, el embate que ha obviado controvertir los pilares sobre los que se asienta la solución puesta en entredicho (conf. causa A. 78.055, "Telez", sent. de 24-X-2023).
En vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que —al margen de su acierto o error— se asienta el fallo del tribunal inferior (conf. causa A. 76.048, "ESPN SUR SRL y ot", sent. de 4-X-2023).
V. Por lo expuesto, en tanto los agravios traídos a esta instancia extraordinaria resultan inatendibles, corresponde rechazar el recurso con costas (conf. arts. 279 y 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Habré de adherir al voto del doctor Torres.
Al igual que él, considero que el recurso extraordinario interpuesto por el Fisco es insuficiente (art. 279 in fine , CPCC).
II. En lo que atañe a la configuración de la vía de hecho, esto es algo que —como ya señalara mi colega— llega firme a esta instancia. Lo mismo para la condena pecuniaria en abstracto. Lo que se discute es, únicamente, el contenido y alcance de la reparación salarial confirmada por la Cámara, de si esta es acorde con las circunstancias del caso y las normas y doctrinas legales aplicables.
III.1. En lo tocante al pago de la totalidad de los salarios caídos, el fallo impugnado —atendiendo a los puntuales hechos que lo suscitan— luce respetuoso de las pautas que reiteradamente diera para estimar este tipo de indemnizaciones.
En tal sentido, he dicho que, al efecto, "...cabe distinguir dos períodos: de un lado, un lapso inicial comprendido entre el acto de cese dispuesto por la Administración y la decisión que ha agotado la vía administrativa para acceder a esta instancia judicial. De otro, un segundo período que se extiende desde el acto que ha clausurado la vía administrativa hasta el dictado de la sentencia invalidatoria. Al menos, como presunción hominis, durante el primero de los períodos cabe reconocerle al agente la totalidad de los haberes dejados de percibir, pues, verosímilmente, hasta la notificación de la decisión final adversa pudo abrigar razonables expectativas de obtener un pronunciamiento favorable y ser reintegrado a su empleo por la demandada . De modo que recién al anoticiarse de la decisión administrativa final el agente segregado tiene certeza en cuanto a la imposibilidad de reintegrarse a su función, debiendo orientar en lo sucesivo sus esfuerzos en pos de obtener una nueva inserción laboral" (el destacado me pertenece; v. mis votos en causas B. 57.183, "Chaparro", sent. de 12-XI-2003; B. 57.454, "Sebey", sent. de 1-III-2004; B. 57.484, "Obesio"; sent. de 14-IV-2004 y B. 57.706, "Pérez", sent. de 2-VI-2004; v. más cerca en el tiempo: causa B. 64.669, "Rocha", sent. de 26-II-2024).
Dado que en autos se está —enteramente— ante aquel primer escenario, lo resuelto por el a quo no merece reproche según mi opinión.
III.2. Por otro lado, en lo que atañe a la crítica dirigida contra la condena a abonar haberes impagos a valores actuales por no haber sido esto objeto de expresa petición y, además, violar la prohibición de indexación o repotenciación de deudas, la pieza en tratamiento tampoco logra revertir lo sentenciado en las instancias previas (v. mi voto en causa A. 78.351, "Carrillo", sent. de 30-V-2024).
Ello, por las razones que brindare in extenso en múltiples ocasiones (v. mi voto en causas B. 65.702, "Gallo", sent. de 24-X-2018; B. 63.460, "Corigliano", sent. de 29-V-2019; B. 60.558, "González
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.