Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 38.350-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución (DI VACD) n° 31/2017, de fecha 18/8/2017, dictada en la Actuación SIGEA Nro. 16585- 274-2014 y, por ende, el Cargo VI 435/14 allí confirmado. Costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-15079755-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 11 de Febrero de 2025 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “CESCE ARGENTINA S.A. SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIAS c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, Expediente N° 38.350-A El Dr. Garbarino dijo:
I. Que a fs. 12/17 y vta. se presenta la firma CESCE ARGENTINA S.A., mediante apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución (DI VACD) N° 31/2017, de fecha 18 de agosto de 2017, dictada en el marco de las actuaciones 16585-274-2014 y 16585-274-2014/1, por la que se rechaza la impugnación por ella interpuesta, en su calidad de garante de la firma importadora Grupo Argentum S.A., contra el Cargo VI 435/14. Primeramente, realiza un breve relato del objeto de la causa y destaca que la impugnación planteada tiene efecto suspensivo, quedando -por lo tanto- suspendidos los efectos de la resolución apelada hasta la decisión final del recurso planteado en a la litis.
A continuación, plantea la improcedencia del Cargo impugnado, en tanto la Resolución recurrida impone un ajuste en el valor de la mercadería importada, sin tener sustento.
Asimismo, resalta que la dependencia valorativa sobre la que se basa la Resolución en crisis ha omitido las siguientes cosas: agregar a la destinación de importación, copia autenticada de la documentación que convalida la decisión tomada; y dar traslado al importador y al despachante de aduana intervinientes.
Pone de manifiesto que resulta esencial para condenar al importador, que el organismo cuente y aporte los elementos, como así también las constancias de las importaciones con las que la Aduana ha comparado la operación y que le habrían generado el grado de sospecha sobre el valor equivoco del declarado en la importación de autos. Al respecto, cita jurisprudencia y remarca que ninguna área de la DGA ha cuestionado la veracidad con la que se realizó la operación de comercio exterior, limitándose a mencionar que el valor de la misma resulta dudoso, es decir ningún elemento se ha aportado que permita entender la procedencia del ajuste en el valor transaccional. Destaca que tampoco se formuló una investigación del valor, donde surgiera la existencia de alguno de los elementos enunciados en el artículo 8 de la Ley 23.331. Cita dicha norma, concluyendo que el ajuste pretendido resulta improcedente, por lo que corresponde su oportuna revocación. Asimismo, plantea la extensión de la obligación de la aseguradora, haciendo hincapié en que solo responderá hasta el límite de la suma asegurada en la póliza vinculada con la presente causa y únicamente por aquellos conceptos oportunamente garantizados.
También, hace referencia a la inexistencia de la mora, ya que considera que la misma operaría recién cuando se formule una intimación en los términos exigidos por la normativa vigente, limitándose al reclamo de la máxima suma asegurada.
Se agravia, a su vez, del tipo de cambio de la diferencia de valor, considerando que deberá tomarse únicamente el de la fecha de la importación definitiva, tal como lo dispone el artículo 9, inciso 2, de la ley 23.311. Ofrece como prueba las constancias del expediente administrativo, hace reserva del caso federal y solicita que se haga lugar a la presente apelación, dejándose sin efecto la resolución recurrida y subsidiariamente se limite la condena a la suma máxima acordada en la Póliza de Caución.
II. Que a fs. 31/35 y vta. la representación fiscal contesta el traslado del recurso oportunamente conferido. En primer lugar, realiza un breve resumen del objeto de la causa y niega todas y cada una de las afirmaciones de la actora y la documentación por ella acompañada, que no sean objeto de especial reconocimiento de su parte. Seguidamente, relata lo actuado en sede aduanera y procede a contestar el traslado de los agravios vertidos por la actora. Destaca que lo planteado por la contraparte en relación al ajuste de valor resulta formalmente improcedente, considerando lo actuado; y que las actuaciones administrativas dan cuenta con holgada elocuencia la “motivación” del acto que se recurre, los fundamentos técnicos que lo avalan y el derecho en el que se funda, no advirtiéndose en la especie “abuso de poder o fallas en el cumplimiento del servicio”.
Cita la Ley 23.311 y su articulado, sosteniendo que la recomposición realizada por el área técnica se encuentra fundamentada, no habiendo la importadora aportado elemento alguno que pruebe de modo eficaz el precio abonado, el cual resulta inusual y disminuído. Asimismo, reitera que no existe documentación suficiente aportada por la actora al incoar el procedimiento de impugnación, ni tampoco en esta instancia, que permita respaldar los valores declarados para la mercadería en trato. Manifiesta que la actora se limita a efectuar disquisiciones generales acerca de la improcedencia del ajuste, pero olvidando que durante la sustanciación de la impugnación no acompañó documentación ni antecedentes que probaran en forma fehaciente la diferencia del precio declarado y que satisfagan el requerimiento del servicio aduanero.
Hace referencia a la extensión de la obligación de la aseguradora, aclarando que la garantía se utiliza a los efectos de disparar una acción de control, a partir de tomar en consideración un valor estimado para la mercadería declarada, el cual de ninguna manera invalida la determinación del valor efectuada por las áreas de fiscalización y valoración competentes en el análisis Ex Post de la destinación seleccionada. Contesta el agravio relativo a los intereses afirmando para el cálculo de los mismos ninguna incidencia puede tener la notificación efectuada por la actora, pues en tal caso ello ha sido para que tomara conocimiento del sumario administrativo instruido a la firma importadora en razón de la infracción cometida.
En relación al planteo efectuado por el tipo de cambio, cita el criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “VOLKSWAGEN ARGENTINA SA (TF 22.179-A) c/DGA”, destacando que los tributos que graven las importaciones y exportaciones deben determinarse en dólares, aplicándose para su conversión el tipo de cambio vigente al día anterior a la fecha de su efectivo pago. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal, confiere autorizaciones y solicita que se confirme el decisorio apelado, con expresa imposición de costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 16585-274-2014 y 16585-274-2014/1 se inician a fs. 1/2 con el Informe de Valor. A fs. 3/9 obra la liquidación efectuada y la intimación del cargo 435/14. A fs. 15/17 surgen las impresiones de pantalla del SIM que identifican las liquidaciones y la garantía. A fs. 18 obra la póliza N° 1472 que garantiza las operaciones aduaneras. A fs. 25/28 la firma CESCE ARGENTINA SA Seguros de Crédito y Garantías contesta la vista conferida. A fs. 33 se tiene por presentada a la firma recurrente, por deducida la impugnación y se abre a prueba. A fs. 36 surge la Nota N° 38/2016 a través de la cual se ratifica el ajuste de valor practicado. A fs. 42/48 obra la Resolución 31/2017, la cual es notificada mediante SICNEA, atento a la constancia de fs. 49. A fs. 50 la firma CESCE ARGENTINA SA Seguros de Crédito y Garantías comunica que ha interpuesto recurso de apelación ante este Tribunal.
IV. Que, bajo tales premisas, corresponde analizar si el ajuste de valor motivo de autos ha sido efectuado sobre la base de las normas establecidas en el Acuerdo Relativo para la Aplicación del Art. VII del G.A.T.T., aprobado por la ley 24.425.
Que el referido Acuerdo establece que el “valor de transacción”, tal como se define en el artículo 1, es la primera base para la determinación del valor en aduana. Dicho artículo debe considerarse en conjunción con el artículo 8 que dispone, entre otras cosas el ajuste del precio realmente pagado o por pagar en los casos en que determinados elementos, que se considera forman parte del valor en aduana, corran a cargo del comprador o estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas.
Cuando el valor de transacción no pueda determinarse sobre la base de lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo, en los artículos 2 a 7 se establecen los diferentes métodos a aplicar para determinar el valor en aduana, los que deben aplicarse en el orden que se numeran, salvo la inversión que autoriza el artículo 4 con relación a los métodos previstos en los artículos 4 y 5.
Que, en consecuencia, el “valor en aduana de las mercaderías importadas”, tal como se define en el artículo 1º, será el “valor de transacción” y constituye la primera base para la determinación del valor en aduana, considerado en conjunción con lo previsto en el artículo 8º -ajustes del precio pagado o por pagar- y recién cuando no pueda determinarse dicho valor en virtud del método previsto en el artículo 1º se podrá recurrir a las otras bases de valoración previstas en forma sucesiva y excluyente en los artículos siguientes.
V. Que, sentado ello, corresponde puntualizar que mediante el despacho n° 09 001 IC04 066760V la firma GRUPO ARGENTUM SA documentó la importación para consumo de diversa mercadería. En lo que aquí interesa, por los ítem 1, 2, 3 y 31.1, -que son los cuestionados en autos-, declarando para el ítem 1.1 un valor FOB unitario de u$s 72,25, para el ítem 1.2 un valor unitario de u$s 65,85, para el ítem 2.2 un valor FOB unitario de u$s 15, para el ítem 2.4 un valor FOB unitario de u$s 23, para el ítem 3.3 un valor FOB unitario de u$s 107,5, ítem 3.5 un valor FOB unitario de u$s 55, ítem 3.6 un valor FOB unitario de u$s 47 y para el ítem 31.1 un valor FOB unitario de u$s 0,8.
Que, conforme surge del informe obrante a fs. 1/2 de las actuaciones administrativas, el Laboratorio de Monitoreo de Riesgo Aduanero, objetó los valores declarados en los ítems mencionados del D.I. n° 09 001 IC04 066760V (informe de dicho Laboratorio que no se encuentra agregado en autos), procediendo a desestimar el valor de transacción declarado y procedió a valorar por el artículo 3 del Acuerdo para la Aplicación del Artículo VII del GATT. En tal sentido, según surge del informe en comentario, “…se comparó la mercadería importada con los antecedentes de mercadería similar obrantes en esta División de Bienes de Capital que se ubican considerablemente por encima de los valores declarados…”, estableciendo un valor para cada ítem y citando un antecedente, conforme lo que se detalla a continuación:
ITEM 1.1 – Antecedente 09001IC04056422P – Valor USD 106,01.-
ITEM 1.2 – Antecedente 09001IC04056481U – Valor USD 75,53.-
ITEM 2.2 – Antecedente 09001IG05000803M – Valor USD 24,46.-
ITEM 2.4 – Antecedente 09001IC05008160M – Valor USD 33,05.-
ITEM 3.3 – Antecedente 09001IC04052971U – Valor USD 138,56.-
ITEM 3.5 – Antecedente 09001IG040003432M – Valor USD 76,98.-
ITEM 3.6 – Antecedente 09001IC04058501P – Valor USD 58,51.-
ITEM 31.1 – Antecedente 08001IC06012141G – Valor USD 6.-
Que, conforme se desprende de las constancias de las actuaciones administrativas involucradas en la litis, se advierte que el rechazo del valor de transacción contemplado en el criterio principal, no se debió a la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 1º, párrafo primero, como impedimento para su aplicación, a saber: a) que no existan restricciones para la cesión o utilización de las mercaderías por el comprador; b) que la venta o el precio no dependan de condiciones o prestaciones, cuyo valor no pueda determinarse; c) que ninguna parte del producto de cualquier reventa, cesión o utilización posterior de la mercadería por el comprador revierta directa o indirectamente al vendedor y d) que no exista vinculación entre comprador y vendedor o que, aun existiendo, no haya ejercido ninguna influencia sobre el precio.
Que tampoco se observa que de la investigación de valor surja la existencia de alguno de los elementos enunciados en el artículo 8, susceptibles de producir un ajuste del precio realmente pagado o por pagar. Que conforme surge de fs. 1/2 de las actuaciones administrativas y de la resolución aquí apelada se rechazó el valor de transacción por resultar éste notoriamente inferior a los precios de antecedentes.
Que el Comité Técnico, a través de la Opinión Consultiva 2.1, sostuvo el criterio de que “el mero hecho de que un precio sea inferior a los precios corrientes de mercado de productos idénticos, no es razón suficiente para rechazarlo, a efectos del artículo 1°, sin perjuicio, desde luego, de lo dispuesto en el artículo 17 del Acuerdo”, norma esta última que expresamente dispone: “Ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo podrá interpretarse en un sentido que restrinja o ponga en duda el derecho de las Administraciones de Aduanas de comprobar la veracidad o la exactitud de toda información, documento o declaración presentadas a efectos de la valoración en aduana”.
Que se deduce de lo expuesto que las normas del Acuerdo determinan, en consecuencia, que si la diferencia de precio se debe a que se haya incumplido alguna de las condiciones del artículo 1, no será aplicable el método del valor de transacción y si el motivo de la diferencia reside en que no se haya incluido en el precio pagado o por pagar alguno de los elementos que enumera el artículo 8, la Aduana deberá efectuar un ajuste para tener en cuenta la diferencia de precio. No obstante, la diferencia que estima la Aduana, en el caso, no se debe a esos motivos. Luego, si la diferencia se debe a cualquier otro motivo distinto de aquellos, el precio, en principio, será aceptable como valor de transacción, aunque sea inferior a los precios corrientes de mercado para artículos idénticos. Que cabe señalar que en la instancia administrativa, el servicio aduanero se limitó a mencionar un antecedente para cada ítem, cuyo valor declarado cuestiona, lo que no resulta suficiente para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado.
Que, asimismo, no escapa a la vista del suscripto que no obran en sede aduanera ni en autos copia de dichos antecedentes invocados, lo que impide analizar si son referentes idóneos para su comparación.
Que, en consecuencia, no resultan suficientes los antecedentes mencionados por el servicio aduanero, ya que no surge de ellos ciertos parámetros tales como la descripción completa de la mercadería, la fecha precisa en que tal operación fue documentada, la marca, calidad, prestigio comercial y demás circunstancias de las operaciones y de la mercadería que resultan determinantes a la hora de decidir sobre la pertinencia de una recomposición de valor como la de autos.
Que dichos antecedentes podrían haber sido utilizados por la Aduana como duda inicial respecto de la veracidad de los valores declarados por el importador, debiendo justificarse posteriormente en una investigación complementaria de valor que acredite que los valores utilizados no resultan arbitrarios, lo que no ocurre en autos. Que las circunstancias expuestas permiten concluir que no existen en el caso antecedentes que puedan tenerse como referentes para descartar el valor de la mercadería declarada, apareciendo el valor atribuido por el servicio aduanero como incierto en tanto carece de la correspondiente fundamentación y respaldo documental. Que, ello es así, por cuanto no puede desconocerse, a la luz del actual régimen de valoración de mercaderías, la imposibilidad de la Aduana de desestimar directamente el precio de transacción, sin motivar su decisión, ni recabar más que un solo antecedente para cuestionar el valor de cada item, los cuales ni siquiera fueron acompañados por el servicio aduanero.
Que, en definitiva, el proceder de la Aduana se expone como abiertamente contradictorio e incompatible con los principios y disposiciones generales del Acuerdo, que podrían sintetizarse en la finalidad de un sistema “equitativo” de valoración con exclusión de valores arbitrarios o ficticios, es decir, alejados de la realidad del mercado de libre competencia.
Que de conformidad con lo hasta aquí resuelto, y no resultando ajustada a derecho la recomposición de valor realizada, resulta improcedente el reclamo efectuado por el servicio aduanero en concepto de diferencia de derechos.
VI. Que, por la forma que se resuelve, no corresponde tratar los demás agravios.
Que en virtud de las razones expuestas en los Considerandos que anteceden, VOTO por:
Revocar la Resolución (DI VACD) n° 31/2017, de fecha 18/8/2017, dictada en la Actuación SIGEA Nro. 16585- 274-2014 y, por ende, el Cargo VI 435/14 allí confirmado. Costas a la DGA.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Garbarino.
Por ello, SE
Revocar la Resolución (DI VACD) n° 31/2017, de fecha 18/8/2017, dictada en la Actuación SIGEA Nro. 16585- 274-2014 y, por ende, el Cargo VI 435/14 allí confirmado. Costas a la DGA.
Regístrese. Notifíquese a la Dra. Daiana Soledad Conde (27-34848696-4) y al Dr. Eduardo Ángel Forns (20- 12588069-0) y Dr. Julio Alejandro Forns (20-14727923-0). Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese. Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2025.02.11 11:22:56 -03:00 Date: 2025.02.11 17:29:45 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.02.11 17:29:46 -03:00
Fin de la sentencia