Abriendo la norma
Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 1 de San Nicolás · Causa SN-14054-2026
I. No habiendo la parte demandada, debidamente notificada opuesto excepciones legítimas dentro del término legal que se encuentra vencido según informa el actuario en este acto, dásele por perdido el derecho dejado de usar (art.116 y 155 C.P.C.C.).
II. Tratándose el documento base de la ejecución de dos pagarés a la vista con cláusula sin protesto, la mora del deudor se produce desde el momento de la exigencia formal del pago, que se configura únicamente por medio de la presentación del título (arts. 35, 36, 40, 41, 103 y concs. del decreto 5965/63) ; en el caso de autos, los días 25 de junio de 2025 (pagaré del 25/4/25: $3.630.371,67) y 26 de julio de 2025 (pagaré del 26/5/25: $906.947,99) tal lo manifestado y no rebatido en autos.
III. En cuanto a los intereses, corresponde sean liquidados conforme la tasa activa en operaciones en pesos a treinta días que cobra el Banco de la Nación Argentina, vigente en los distintos períodos de aplicación, desde las indicadas fechas de mora - 25/06/2025 y 26/07/2025 - y hasta su efectivo pago; ello así porque de no contener el documento ejecutado tasa alguna destinada a precisar el porcentaje de los mismos, por ha de estarse a la norma especial que regula la cuestión el art. 52, inc. 2º del decreto ley 5965/63 (Conf. Cámara Primera de Apelación Dptal., RSD-49-10, S, 27/04/2010).
En cuanto al I.V.A., los servicios financieros están gravados dentro de la Ley que regula el referido impuesto y no acreditado en autos causa alguna que determine estar exenta la prestación financiera en cuestión - el gravámen sobre "intereses" debe ser abonado por el demandado consumidor final del servicio-, actuando el actor en autos como agente responsable ante el organismo recaudador (Conf. JU 33051, RSD-183-41 S 13-6-2000) corresponde, en este estado, condenar a la accionada a su pago sobre los intereses a que refiere el considerando precedente.
Y en lo que atañe la capitalización de intereses solicitada en los términos del art. 770 inc. b del C.C. y C.N., se hace saber al ejecutante que se proveerá a la misma al momento de liquidación a practicarse en autos, dada la atribución en cabeza del suscripto, en los términos del art. 771 del mismo cuerpo normativo.
IV. Respecto al planteo articulado por la ejecutante contra el art. 7 de la ley 23.928, según ley 25.561, fundado en la aplicación al caso, del precedente de la S.C.B.A. dictado en la causa "BARRIOS HECTOR FRANCISCO Y OTRA C/ LASCANO SANDRA BEATRIZ Y OTRA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" , Expte. N° 124.096, adelanto la suerte adversa con la que corre el mismo.
1. Señalo previamente que el control de constitucionalidad de las leyes y normas estatales que incumbe a los jueces, no importa la posibilidad de que se sustituyan a los órganos gubernamentales en punto al criterio de conveniencia o eficacia que éstos efectúan en ejercicio de facultades que, en principio, les son privativas. Esta atribución, por lo tanto, solo puede ser ejercida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional que se invoca es manifiesta y su incompatibilidad inconciliable (CJSN Fallos: 112:63; 200:180; 209:337; 324:229; 235:542; 247:121; entre muchos). Sobre tales bases, la tarea radica en definir si el régimen legal cuestionado supera el test de constitucionalidad o, dicho de otro modo, si la norma cuestionada, integrada con el ordenamiento jurídico restante y las garantías de las Constituciones Nacional y Provincial, reparando en su razonabilidad e inteligencia y en los resultados de esa exégesis, admiten, sin hesitaciones, un reproche constitucional.
2. Ya adentrándome al caso de examen, expuso la Corte en el citado fallo "Barrios", que el abordaje del problema plantea el ingreso a un campo de excepción: la inconstitucionalidad sobreviniente (Fallos 308:2268; 316:3104; 317:756; 319:324; 321:1058; 328:566; entre otros) . Este peculiar escrutinio remite a un plano de análisis en el que se evalúa la rotundidad del cambio operado en la configuración del supuesto de hecho esencial existente al sancionarse la ley y durante su vigencia inicial, producido tanto de manera súbita o gradual. Con otros términos, la modalidad de descalificación de una ley en cuestión (que procede cuando/porque dicha norma devino inconstitucional), presupone verificar el alcance e intensidad con que la nueva situación fáctica o jurídica impacta sobre los derechos en disputa (en el caso, se impone verificar la evolución de las variables inflacionarias).
3. En tal alcance, tratándose la presente de una obligación de dar sumas de dinero, dada la fecha de mora que surge de los pagarés ejecutados - producidas los días 25/06/2025 y 26/07/2025 - encuentro que los guarismos inflacionarios registrados desde entonces y a la actualidad, si bien aún se muestran elevados; también evidencian un leve, pero progresivo descenso (ver Informes técnicos INDEC / Vol. 8, n° 204, cuadro N° 2); a lo que cabe agregar que tal obligación cambial (a diferencia de lo ocurrido en el maco del citado caso Barrios) es acompañada por intereses liquidados según la tasa activa del Banco de la Nación Argentina (conf. art. 52, inc. 2º del decreto 5965/63), que en la especie ofrece una recomposición del capital adeudado, que no resulta irrazonable, ni que lleve a un resultado desproporcionado en perjuicio del acreedor.
4. En síntesis, no advierto acreditado en nuestro caso, ni con el suficiente rigor que exige la tacha de inconstitucionalidad sobreviniente, que la aplicación de la regla prohibitiva establecida en el art. 7 de la ley 23.928, implique un menoscabo a los derechos tutelados por el ordenamiento jurídico; o que llevare a resultados desproporcionados, lesivos del derecho de propiedad y de garantía de efectividad de la defensa en juicio (arts. 1, 17, 18, 33 y concs., Const. nac.; 1, y 15 Const. prov.), por lo que corresponde rechazar el pedido de actualización del crédito de la ejecutante, junto al planteo de inconstitucionalidad articulado a tal fin contra el art. 7 de la ley 23.928 (conf. arts. 16 y 17 de la Constitución Nacional, y 166, primera parte, del C.P.C.C.).
V. Las costas se imponen a la parte ejecutada, por resultar vencida (conf. art. 68, del C.P.C.C.).
Por ello, conforme con lo pedido y lo dispuesto por los arts. 540 y 549 del C.P.C.C., FALLO esta causa de trance y remate mandado llevar adelante la ejecución, hasta tanto el/la ejecutado/a PULIDO MATIAS EZEQUIEL FERNANDO , haga al acreedor CETROGAR S.A. , íntegro pago del capital reclamado en la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($4.282.281,54) con más los intereses dispuestos en el considerando III de la presente; rechazando el pedido de actualización del crédito de la ejecutante, junto al planteo de inconstitucionalidad articulado a tal fin, contra el art. 7 de la ley 23.928, con costas a la ejecutada (conf. art. 68 y 556 del C.P.C.C.).
Difiérese la regulación de honorarios para el momento de encontrarse firme la liquidación respectiva (cfr. art. 54, ley 14.967). REGISTRESE. NOTIFIQUESE en la forma establecida en el art. 10 del Anexo I del Anexo Único del Acuerdo 4039/2021 de la S.C.B.A. a la parte actora; y en relación a la ejecutada, no habiendo denunciado domicilio procesal dentro del plazo señalado, tiénese por constituido el mismo en los Estrados del Juzgado, en los términos del art. 41 del C.P.C.C., notificándosele según lo establecido por el art. 133 del C.P.C.C.
Al estado de autos y conforme lo solicitado, decrétase embargo en la proporción de ley sobre los sueldos y/o remuneraciones y/o sumas de dinero que tenga a percibir por todo concepto el demandado PULIDO MATIAS EZEQUIEL FERNANDO , como empleado de HARDTECH INC S.R.L. , hasta cubrir la suma de ocho millones de pesos ($8.000.000) en concepto de capital y presupuestada. Las cantidades retenidas se depositarán en una cuenta a abrirse en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal tribunales de San Nicolás, a nombre de autos y orden del proveyente. "En el supuesto de que el demandado se hubiera desvinculado de su trabajo, por su despido o renuncia, o mediaran embargos anteriores a su respecto, o cualquier otra circunstancia que obste al cumplimiento de la medida, deberá el oficiado informarlo al Juzgado , dentro del plazo de diez (10) días, configurando ello un deber procesal cuyo incumplimiento será pasible de sanción pecuniaria al empleador (en términos del art. 804 del Cód. Civil y Comercial)". El informe podrá anticiparse al mail del Juzgado, dirección de correo: [email protected] Para su cumplimiento, ofíciese en su forma de estilo, y en su encabezamiento hágase constar la mención " OFICIO - DEBE INFORMAR ".
Se previene que ha sido gestionada la apertura de la cuenta judicial en pesos mediante el "Servicio de Apertura Digital de Cuentas Judiciales" en pesos y dólares estadounidenses, dispuesto en la Res.1890/26 por la Suprema Corte de Justicia (SCBA) en el Sistema Augusta, la que se verá reflejada en las próximas 48 hs.
Firmas
Funcionario firmante: PRAT Hernan Victor - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 200-2026
Fin de la sentencia