Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2026-15691043-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución SEFI N°1043070, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional en la suma de $63.772, equivalente a 0,65 UMA por la representación procesal, y $98.112, equivalente a 1 UMA, por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada, la etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423. Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe firma conjunta Número: IF-2026-68779305-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 15 de Julio de 2026 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente EX-2026-15691043- -APN-SGAI#TFN caratulado “Ceven S.A. s/ recurso de apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Ceven S.A. interpone el recurso de apelación que establece el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución SEFI N°1043070, dictada por la División Jurídica de la Dirección Regional Sur de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, en la que se le aplicó una multa de $456.074,87, por la presentación inexacta de las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado de los periodos fiscales julio, agosto y octubre del 2023.
De sus considerandos surge que la sanción corresponde a la defraudación tipificada en el art. 46 de la ley 11.683, y que el juez administrativo presumió el dolo en la conducta de Ceven S.A. por aplicación del art. 47, incs. a), b) y c) de la misma ley. También que no resultó de aplicación el beneficio de condonación dispuesto en la ley 27.743 y sus reglam. toda vez que la cancelación de las obligaciones fue efectuada mediante compensación el 25 de septiembre de 2025, por lo que quedó excluida del beneficio.
En su presentación ante este Tribunal, Ceven S.A. informa que su actividad principal es la venta al por mayor de equipos periféricos, accesorios y programas informáticos. Destaca, además, que posee una intachable conducta en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Expresa que oportunamente aceptó el ajuste de la fiscalización por presuntas diferencias en el impuesto al valor agregado y que rectificó las declaraciones juradas, circunstancia que el juez administrativo toma para aplicar la multa. Ello, a pesar que en el procedimiento que se sustanciara acompañó las pruebas de las prestaciones recibidas por parte del proveedor cuestionado y de las erogaciones realizadas y demás documentación que, según dice, fue obviada de manera arbitraria. Acto seguido plantea la nulidad de la Resolución por falta de causa, motivación y por violación al procedimiento aplicable. Además, alega que el juez administrativo tuvo por configurado el elemento subjetivo de la infracción mediante la aplicación de una presunción de dolo, sin siquiera explicar los hechos que justifican la aplicación de tal presunción; en efecto, entiende que allí no se menciona cuál de las seis presunciones del art. 47 de la ley resulta aplicable al caso. Indica que la defraudación tipificada en el art. 46 requiere entre otros elementos, no solo la intención de evadir el impuesto sino también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado; ello, agrega, en la medida en que no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal, sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la victima de defraudación.
Añade que en el caso no hubo tal ardid o engaño ya que las facturas impugnadas efectivamente existieron en los hechos y así surge de las constancias que aportara.
Resalta que no puede concluirse que por la presentación de declaraciones juradas rectificativas –bajo la presión propia de una orden de intervención- se incurrió en defraudación fiscal, desde el momento que lo único que constató la fiscalización fue el incumplimiento del proveedor a sus obligaciones fiscales, más no el dolo de Ceven S.A.
Sostiene asimismo que las declaraciones juradas rectificativas fueron erróneas e innecesarias y que arrojaron sumas que no estaba obligada a pagar.
Aporta prueba documental y, en subsidio, para el caso que ARCA invoque hechos nuevos, ofrece una prueba informativa en forma supletoria.
Por último, solicita que se deje sin efecto la multa aplicada en la Resolución, con costas al Fisco Nacional.
II. A través del IF-2026-47937133-APN-DTD#JGM contesta el recurso el Fisco Nacional, solicitando por las mismas razones esgrimidas por el juez administrativo, que se confirme la Resolución, con costas.
III. Mediante la PV-2026-61872769-APN-VOCXI#TFN se elevan las actuaciones a su consideración y al no haber pruebas a producir, a través del IF-2026-68309729-APN-VOCXI#TFN quedan en estado para dictar sentencia.
IV. En primer lugar, corresponde analizar los planteos de nulidad, los que cabe ya adelantarlo, no pueden prosperar, ya que en el caso de autos en ningún momento se vio agraviada la garantía del debido proceso adjetivo, ya que para ello, es necesario que el vicio haya colocado a la parte en estado de indefensión, situación que no se verificó en el sub lite, prueba de lo cual es que la recurrente tuvo oportunidad de presentar sus defensas tanto en la instancia administrativa previa, como también ante este Tribunal.
A ello cabe agregar, que de la simple lectura de la Resolución surge el cumplimiento a los requisitos externos de validez y que en la misma se han valorado las particularidades fácticas y jurídicas que la presuponen, más allá del acierto o error en que pueda haber incurrido el ente fiscal al valorarlas, cuestión que será analizada en el momento de resolver la legitimidad de la multa aplicada. Así, los cargos imputados a la recurrente son concretos, claros y expresan los hechos en que se sustenta la sanción.
Tampoco puede declararse la nulidad solicitada con fundamento en que no se identifican las presunciones de dolo del art. 47 de la ley aplicadas, cuando de la propia Resolución, al igual que en la dictada el 20 de noviembre de 2025 cuando se inició el sumario previsto en el art. 70 de la misma ley, se encuadra la conducta de Ceven S.A. en los incs. a), b) y c) de dicha norma.
De ello se sigue que Ceven S.A. tuvo conocimiento de los fundamentos en los que se sustentó la imputación dolosa de su conducta que se le efectuara y pudo entonces aportar y/o rendir pruebas en contrario, lo que no hizo ni en la instancia administrativa sumarial previamente sustanciada ni ante este Tribunal en donde aportó documentación que ya obraba en las actuaciones administrativas a partir de las tareas de fiscalización e hizo una reserva de prueba supletoria general, con el objeto de producir una prueba informativa condicionada a la alegación de nuevos hechos por parte de la Administración.
Cabe aquí recordar que el art. 47 de ley 11.683 dispone presunciones de dolo que tienen por efecto invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la figura de defraudación tributaria prevista en su art. 46. Así, una vez que la Administración Tributaria invoca los indicios reglados en sus incisos, la consecuencia es presumir la intención dolosa en la comisión de la infracción, prueba que en el caso, como ya se dijo, no fue rendida.
Sin perjuicio de lo señalado, cabe recordar que la nulidad de un acto no puede invocarse en forma abstracta, sino que es indispensable acreditar la existencia de afectación en algún derecho de quien la pide y un perjuicio concreto, requisitos que en el caso no se han cumplido.
Así lo ha manifestado en forma reiterada y constante la Cámara que ejerce como alzada de este tribunal al decir que “… cuando se plantea la nulidad de un acto administrativo debe señalarse, concretamente, cuáles son los vicios que exhibe y qué perjuicio ha provocado (causa “Cooperativa de Trabajo AEI “Colonia Barraquero” LTDA c/ INAES – Resol. 806/08 (Expte. 137/03)”, pronunciamiento del 3 de febrero de 2012). También ha sostenido que el interesado debe acreditar la violación de una forma procesal, o la omisión de un acto, que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a su indefensión, por lo que las nulidades son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se vio privado de oponer el impugnante (causa “EDI Fumigaciones SRL (TF 27564-I) c/ DGI”, “Cachape SRL c/ DGI” y “Ángel Russo Combustibles SRL (TF 24979-I) c/ DGI”, pronunciamientos del 2 de febrero de 2012, del 12 de julio de 2012 y del 20 de mayo de 2015, respectivamente)” -conf. ”Bringas Raúl”, sentencia del 1.10.2020, entre otros-.
Por ello, corresponde rechazar los planteos de nulidad, sin costas (“Bolland”, Fallos 336:70).
V. En cuanto a la legitimidad de la multa, debe examinarse si se configuran los presupuestos que la ley dispone, en el caso en el art. 46, que es la figura en la que ha sido encuadrada la conducta de Ceven S.A., al haber declarado saldos de impuesto inferiores a los reales, que ya en la instancia de la fiscalización accedió a conformar presentando las declaraciones juradas rectificativas pertinentes, sin que en esta instancia, ni en la previamente sustanciada, rindiera prueba alguna acerca de la realidad y veracidad de las operaciones más allá del mero cumplimiento de los requisitos formales en ocasión de su facturación, en la forma exigida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al fallar en la causa “Stop Car S.A.”, sentencia del 21 de agosto de 2013, entre otras, por lo que ante la omisión de acreditar una realidad fáctica diferente debe tenerse por configurado el elemento objetivo del tipo.
Respecto al elemento subjetivo, el juez administrativo calificó de dolosa la conducta de la empresa y para ello se valió de las presunciones de los incs. a), b) y c) del art. 47 de la ley 11.683, que precisamente por tratarse de presunciones iuris tantum, podían ser refutadas por el contribuyente mediante la prueba de la falsedad o bien la inexistencia del hecho presumido.
Pero, como ya se señaló, la recurrente no aportó en esta instancia elemento probatorio alguno tendiente a desvirtuar las imputaciones que a título de dolo se le formularan en el sumario sustanciado en la instancia administrativa previa y luego en la Resolución, ya que la documental que adjuntó al recurso de apelación ya obraba agregada a las actuaciones administrativas (concretamente, las facturas del proveedor y las constancias de los pagos realizados), mientras que la prueba informativa fue ofrecida en forma supletoria y condicionada a la alegación por parte de la Administración de nuevos hechos.
Por último, no puede dejar de decirse que es Ceven S.A. la que dice en su recurso que presentó las declaraciones juradas rectificativas con el objeto de evitar gastos, más ello no elimina el dolo en su conducta, máxime si se tiene en cuenta que los ajustes a sus declaraciones juradas son consecuencia de la acción de la Administración en el marco de las facultades de verificación previamente ejercidas que detectó en su contabilidad facturación calificada como apócrifa –conf. CNACAF: “Comercialización San Luis SRL”, sentencia del 17.8.2023-.
Para terminar, si bien es cierto que no es la mera presentación de declaraciones juradas rectificativas lo que sanciona el art. 46 de la ley 11.683, ni tampoco las diferencias numéricas que éstas puedan arrojar, conforme a lo manifestado en más de una oportunidad por la Cámara que ejerce de alzada de este Tribunal (conf. “Laboratorio Pyam S.A.”, del 28/3/2005, entre otros), en el caso la propia conducta del recurrente que rectificó, no espontáneamente sino a instancias de la fiscalización, sus declaraciones juradas originales, sumado a que no invocó, menos aún probó, otras circunstancias excepcionales que debidamente justificadas pudieren atenuar o inclusive eliminar la imputación infraccional, llevan a este Tribunal a confirmarla (conf. “Importaciones Alfatex S.A.”, del 9.5.02, entre otros).
Por lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. Con costas.
El Dr. Martin y la Dra. Gómez dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
En atención al resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución SEFI N°1043070, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional en la suma de $63.772, equivalente a 0,65 UMA por la representación procesal, y $98.112, equivalente a 1 UMA, por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada, la etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423. Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2026.07.15 13:21:27 -03:00 Date: 2026.07.15 13:32:46 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.07.15 13:39:31 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.07.15 13:39:32 -03:00
Fin de la sentencia