Abriendo la norma
TOMO CLXIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.229 FOLIO Nº 138/141 PROT. ELECT. JR101 377I.261
Río Gallegos, 04 de septiembre de 2026.-
La presente causa caratulada: “CH.C. S/ Amenazas” - Expte. Nº 79694/24 - Apelación/Causa JR Nº 10322/26 venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 77/82 obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza del Juzgado de Instrucción Nº Dos de Río Gallegos por el que en su punto 1º) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado C.G.C. en orden al delito de “Amenazas” (Art. 149 bis del CP); en el punto 2°) trabó Embargo sobre los bienes del procesado hasta cubrir la suma de Pesos Quinientos Mil ($ 500.000).
A fs. 83/85 la defensa apeló dicho auto -motivándolo-, recurso que fuera sostenido a fs. 101, no habiendo presentado el memorial del art. 437 de CPP; en consecuencia quedan los presentes autos en condiciones para ser resueltos;
1. Seguidamente se abordarán los agravios propuestos por la parte recurrente.
En relación al primer agravio, la defensa técnica denuncia una manifiesta insuficiencia probatoria y la atipicidad de la conducta, calificando la resolución de grado como arbitraria y carente de fundamentación razonada.
Argumenta que la imputación descansa de manera exclusiva en el testimonio solitario de la denunciante (progenitora del imputado), sin contar con elementos objetivos de corroboración independiente, dada la ausencia de secuestro del cuchillo supuestamente utilizado y la falta de testigos directos del momento del hecho.
La defensa sostiene que el episodio consistió en una simple discusión de índole familiar con intercambio de insultos y agresividad verbal, una circunstancia que por sí sola no supera el umbral de tipicidad exigido por el artículo 149 bis del Código Penal. Al respecto, enfatiza que las expresiones proferidas en un contexto de enojo u ofuscación carecen del dolo de intimidación y del anuncio serio, grave, idóneo y concreto de un mal futuro indispensables para configurar el delito; postura respaldada por la propia indagatoria del encausado y la jurisprudencia aplicable.
Asimismo, puntualiza severas inconsistencias en el relato y actitud de la denunciante, quien inicialmente manifestó no querer instar la acción penal, rechazó someterse a exámenes médicos y demostró una ausencia de temor real o percepción de peligro. Bajo estos parámetros, invoca la plena vigencia del principio de inocencia y del postulado in dubio pro reo, solicitando la revocación del procesamiento y el dictado del sobreseimiento de C.
Corresponde ingresar al abordaje de los agravios planteados, adelantando que no se comparte la postura de la defensa respecto de la alegada insuficiencia probatoria, arbitrariedad y ausencia de fundamentación razonada. Por el contrario, cabe señalar que la materialidad del ilícito y la autoría penalmente responsable de C.G.C. se encuentran plenamente abastecidas en el legajo a través de un sólido plexo cargoso que supera el estándar de probabilidad requerido para el procesamiento.
En este sentido, la declaración de M.E.A. no constituye un relato aislado, sino que se encuentra robustecida de manera periférica por las testimoniales de su cónyuge, D.M.V., y de su otro hijo, F.A.V. Ambos testigos confirmaron el estado de extrema exaltación, ebriedad y agresividad en el que se encontraba el encartado, así como la destrucción de diversos adornos en el interior del inmueble familiar.
El testigo F.V. escuchó de manera directa cómo el encausado insultaba a su madre, llamándola "puta", y la amenazaba expresando "te voy a cagar a piñas" , lo que descarta de plano la tacha de testimonio único.
Por otra parte, el agravio relativo a la ausencia de secuestro del cuchillo tipo carnicero deviene carente de relevancia pues, la magistrada instructora, obrando con estricto apego al principio de objetividad y ante la imposibilidad material de hallar e incautar el arma blanca una vez arribado el personal policial al lugar del hecho, descartó la calificación agravada para encuadrar la conducta de C. bajo el tipo básico de amenazas simples previsto en el primer párrafo del artículo 149 bis del Código Penal. Es dable señalar, que la ausencia física del elemento cortante no anula la existencia de las intimidaciones verbales proferidas, las cuales habrían quedado demostradas por los dichos de la damnificada y los testigos presenciales. A mayor abundamiento, surge del oficio preventivo de fs. 01 que la conducta evasiva adoptada por el procesado al percatarse de la llegada del patrullero -quien huyó por la puerta trasera del inmueble, trepó a los techos y se ocultó en el patio de un vecino arrojando piedras contra los efectivos policiales (dando origen a actuaciones paralelas por resistencia a la autoridad a fs. 16)- constituye un indicio relevante que, valorado conjuntamente con los restantes elementos de cargo, resulta compatible con el contexto de violencia atribuido y refuerza la verosimilitud de los hechos investigados.
Con respecto al agravio mediante el cual la asistencia técnica postula la atipicidad de la conducta por haber sido vertida en un contexto de enojo u ofuscación familiar, debemos decir que, esta Alzada debe desestimar la pretensión. Que, si bien es de este Juez de Recursos no ingresar al tratamiento de agravios referidos estrictamente a la calificación legal por su naturaleza eminentemente provisoria, mutable y que no causa estado en esta etapa, cabe advertir -para que no quede lugar a dudas- que los términos proferidos por el imputado exceden de manera palmaria cualquier disputa verbal ordinaria y configuran plenamente el dolo de amedrentamiento exigido por el artículo 149 bis del Código Penal.
Siguiendo esta línea, expresiones tales como manifestarle a su madre que "...le quitaría lo que más preciado tiene a su marido, que es su hijo F., y que le metería un tiro a los dos…", o advertirle que "...la mataría y cuando muera patearía el ataúd…", revisten una entidad intimidatoria de carácter superlativo que de ningún modo puede ser relativizada bajo la etiqueta de una simple discusión familiar.
El enojo o el presunto estado de intoxicación alcohólica del encartado no excluye el dolo de su conducta ni anula la idoneidad típica de la amenaza; por el contrario, los actos físicos que habría desplegado en paralelo el causante -consistentes en arrojar objetos con fuerza contra su hermano, lanzar huevos y papas a la cabeza de su progenitora, escupirle el rostro, golpearla en la cabeza con un adorno y destrozar los adornos de la viviendaconformaron un contexto de violencia real y efectiva que tornó plenamente creíble y factible el mal anunciado.
La seriedad e idoneidad de la intimidación se halla materializada en el temor concreto experimentado por la damnificada, quien se vio obligada a huir de su propio domicilio a altas horas de la madrugada en su automóvil particular para refugiarse en la Comisaría de la Mujer y la Familia a fin de denunciar a su hijo y solicitar auxilio urgente de la fuerza pública. Por último, en lo atinente al agravio según el cual la damnificada inicialmente manifestó su voluntad de no instar la acción penal advertimos, que la aparente reticencia inicial de la damnificada encuentra su explicación en su propia declaración de fs. 07vta., donde expresó: “...Cansada de estos episodios, tome las llaves de mi vehículo y me acerque a la División Comisaría Séptima, donde los efectivos me adujeron que la policía ya se encontraba en mi domicilio. Agregando que en esa ocasión desistí de radicar trámite porque no me sentía bien, no siendo la primera vez que sufro violencia de parte C., ya desde hace años tiene estos comportamientos, pero no hacía nada al respecto porque es mi hijo y me daba pena ya que soy la única que lo ayuda...” . Que, la circunstancia de que la Sra. A. no haya formulado la denuncia de manera inmediata no invalida sus manifestaciones ni les resta veracidad, máxime si se considera la particular situación de vulnerabilidad en la que se encontraba, derivada del vínculo filial que la unía con el denunciado, circunstancia que pudo razonablemente condicionar o demorar su decisión de acudir a las autoridades.
En consecuencia, esta Alzada concluye que la resolución venida en revisión se encuentra ajustada a derecho y debidamente motivada por la magistrada de grado, habiéndose dado cabal cumplimiento a los deberes constitucionales y legales de fundamentación que exigen los artículos 115, 116 y 291 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Cruz 2) En lo que respecta al segundo agravio, la recurrente apela la procedencia del embargo de PESOS Quinientos Mil ($500.000).
Sostiene que la medida es desproporcionada y desnaturaliza los fines del proceso penal, puesto que el imputado carece de patrimonio que justifique dicho importe y los embargos procesales deben limitarse al perjuicio efectivo y previsible de la causa para responder por penas pecuniarias, indemnizaciones y costas procesales. De este modo, solicita que, en caso de confirmarse el procesamiento de fondo, se proceda a una reducción sustancial del monto del embargo dispuesto.
Finalmente, el escrito peticiona que se declare admisible el recurso en tiempo y forma, se eleven las actuaciones al Juez de Recursos y se deje sin efecto la resolución atacada.
Ingresando al tratamiento del último agravio relativo al monto del embargo trabado, corresponde adelantar que la solicitud de reducción efectuada por la defensa no tendrá acogida favorable en esta instancia.
En este aspecto, la Magistrada de Instrucción señaló, en los considerandos de fs. 10381/vta., los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria. En este sentido, debo decir que compartimos el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por la a quo para la fijación de la medida precautoria como así también la cifra establecida por considerarla proporcionada y acorde a la entidad del delito investigado en autos.
En tal sentido, la jurisprudencia es mayoritaria en el entendimiento que: "...A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado...." (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D. Y., C.F.; La Ley Online; Cita:
TR LALEY AR/JUR/44048/2009).
Asimismo, cabe mencionar que -en coincidencia con lo manifestado por otros tribunales-, entendemos que: "...conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de lo señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar esos fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024).
Es así que con relación al agravio de la defensa concretamente corresponde aclarar que, el monto del embargo cautelar, sólo debe tratarse de un valor estimativo en atención a la imposibilidad de fijarlo -de momento- en una suma definitiva en función de la provisoriedad de la etapa procesal que atraviesa la causa, lo que recién podrá hacerse -llegado el caso- en la etapa de la sentencia final del proceso.
A su vez, del análisis de la resolución no se advierte que la medida dispuesta sea arbitraria por ausencia de fundamentación.
Es por ello que el embargo cautelar decretado en la suma impuesta, no luce irrazonable teniendo en cuenta el ilícito endilgado, su modalidad de comisión y el perjuicio que dicha conducta hubiere ocasionado, motivo por el cual confirmaremos el monto del embargo dispuesto, por resultar adecuado a derecho.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1°)-CONFIRMAR el auto de fs. 77/82, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.-
3º)-Firme que sea REMíTASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]
SM
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia