Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa 37.010-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar íntegramente las resoluciones apeladas, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-44299216-APN-VOCVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 30 de Abril de 2024 En el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala "C" del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudio Esteban Luis (Vocal Titular de la 8° Nominación) y Viviana Marmillon (Vocal Titular de la 7° Nominación) para resolver el expte. 37.010-I, caratulado: "CHAMES TAMBORES S.A. s/ recurso de apelación".
El Dr. Luis dijo:
I. Que a fs. 48/64vta. se interpuso recurso de apelación contra la Res. 435/2012 que determinó de oficio el impuesto a las ganancias (en adelante IG) del ejercicio 2007, e intimó su pago con más intereses resarcitorios; y contra la Res. 436/2012 que determinó de oficio el impuesto al valor agregado (en adelante IVA) de los períodos 7/2006 a 6/2007, e intimó su pago con más intereses resarcitorios. En ambos casos, la aplicación de la sanción fue diferida conforme al art. 20 de la ley 24.769 vigente al momento de los hechos.
La actora planteó la nulidad de los actos apelados por entender que presentan defectos de forma, al estar fundados en una prueba seleccionada y evaluada en forma arbitraria, lo cual, afirmó, le impidió ejercer su derecho de defensa (cfme. arts. 1, inc. "f", 7 incs. "b" y "e" y 14, ley 19.549). Sostuvo, además, que carecen de causa y de la debida fundamentación y que el fisco no analizó las explicaciones que brindó al contestar las vistas conferidas —cfme. art. 17, ley 11.683—, ni aceptó las pruebas que ofreció.
Sostuvo que el fin perseguido por el funcionario actuante no fue el de buscar la verdad material, sino la de efectuar ajustes en forma automática, sin importar cuál era su verdadera situación frente a las constancias obrantes en las actuaciones administrativas (en adelante aa), lo que evidencia una desviación de poder de los funcionarios del fisco.
En cuanto al ajuste que se le practicó, relató que las resoluciones apeladas se basan en considerar como ventas omitidas, y por ende utilidad del ejercicio, a los montos provenientes de las diferencias entre los ingresos que declaró y los depósitos bancarios (cfme. art. 18, párr. 1°, ley 11.683) en lugar de la presunción establecida en el art. 18, inc. "g" del mismo cuerpo legal. Afirmó que de esa forma el fisco determinó los ingresos gravados en el IG y en el IVA sin justificar debidamente su origen.
Aseveró que las diferencias que detectó la fiscalización surgen de préstamos obtenidos de terceros en razón del descuento de cheques. Explicó la necesidad de contar con estos fondos para recuperar capital de trabajo y evitar entrar en estado de liquidación.
Respecto a la Sra. Iris Griselda Nion (esposa del presidente de la actora, directora suplente y titular de una cuenta en el Banco Supervielle S.A. donde el fisco observó depósitos por altos montos), puntualizó que jamás asumió el cargo de directora y que manifestó en forma errónea ante la fiscalización que los fondos de los depósitos en sus cuentas provenían de la actividad comercial de la firma, pues en realidad, se refirió a que los fondos provenían del giro de Chames Tambores S.A.; y no que provenían de ingresos gravados, ya que al nunca haber asumido la titularidad de la Dirección de la empresa, no tenía conocimiento de dicha situación.
Aseguró que con base en un indicio y a la tergiversación de estas declaraciones, el juez administrativo presumió que las acreditaciones bancarias provienen de excedentes de ingresos y, a partir de este supuesto, presumió que provienen de ventas omitidas declarar, sin realizar ninguna tarea para probarlo. Consideró que nunca debió determinar base imponible del ejercicio 2007, ya que los montos que se cuestionan sólo provienen de operaciones financieras y no de ingresos reales de fondos.
Arguyó que el fisco no le permitió demostrar que no contaba con la capacidad técnica, ni con los insumos suficientes como para poder tener una operatoria de la magnitud necesaria para generar la presunta renta omitida de declarar, como así tampoco, valoró los costos necesarios para alcanzar tal magnitud de ingresos. En subsidio, planteó la improcedencia de los intereses aplicados en los actos apelados al sostener que no existe mora culpable que pueda imputársele.
Finalmente, citó doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura y solicitó que se revoquen las resoluciones apeladas, con costas.
II. Que a fs. 96/102vta. el fisco contestó el traslado del recurso interpuesto, acompañó los aa de la causa y solicitó, por los argumentos de hecho y de derecho que expuso, que se confirmen los actos apelados, con costas.
III. Que a fs. 122 se abrió la causa a prueba. A fs. 137, fs. 140 y fs. 147 se tuvo a la actora por desistida de la producción de la prueba informativa, testimonial y pericial contable, y pericial técnica, respectivamente; por no haber instado su producción. A fs. 168 se elevaron los autos a consideración de la Sala “C”. Finalmente, a fs. 176 se pusieron autos para dictar sentencia.
IV. Que primeramente debo señalar que este Tribunal no se encuentra obligado a tratar todos y cada uno de los argumentos brindados por las partes sino solo aquellos que resultan necesarios para emitir un pronunciamiento válido (Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 297:140; 301:970, entre otros).
V. Que por una cuestión de lógica precedencia, corresponde que me pronuncie sobre el agravio de nulidad articulado por la actora, toda vez que el mismo, de ser acogido favorablemente, derivaría en la nulidad de las resoluciones recurridas.
En este sentido la actora sostuvo que las resoluciones apeladas se fundaron en prueba seleccionada y evaluada en forma arbitraria, lo cual impidió ejercer su derecho de defensa; no se efectuó un análisis pormenorizado en la aplicación de la norma jurídica en relación a la serie de hechos que menciona y se negó la producción de la prueba que ofreció con base en aseveraciones infundadas.
Al respecto, cabe recordar lo dicho por nuestro más Alto Tribunal, en cuanto a que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo, además, ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (Fallos 318:1798, 324:151, entre otros). Por su parte, es doctrina pacífica de este Tribunal que la prueba no admitida en sede administrativa, puede ser ofrecida ante esta instancia, lo que ocurrió en la presente causa, en la que la recurrente tuvo ocasión de proponer las medidas que estimó conducentes para esclarecer los hechos controvertidos, sin que se advierta en qué medida vio afectada la garantía del debido proceso adjetivo, puesto que para ello es preciso que el vicio coloque a la parte en estado de indefensión, lo que no ocurrió en el caso. Sin embargo, cabe advertir que –tal como se relató en el Considerando III— la actora no instó la producción de la prueba ofrecida ante este Tribunal, por lo que se le dio por decaído el derecho a su producción, al no observarse interés alguno en la incorporación al proceso de dicha probanza.
A su vez, debo recordar que la Corte sostuvo reiteradamente que “cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación al art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior” (Fallos 202:549, 247:52, 267:393, entre otros), porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio “...ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia” (Fallos 205:249, entre otros).
Así, del análisis de los actos apelados, como de las actuaciones seguidas por el ente recaudador, no se observa que el juez administrativo se haya apartado de las circunstancias de hecho y derecho que fundan las resoluciones apeladas, ni que haya existido agravio alguno al derecho de defensa de la apelante, resultando que el planteo de la actora sólo se basó en una mera discrepancia con el criterio fiscal y que integra el fondo mismo de la cuestión que este Tribunal está llamado a resolver, pero que no afecta la validez de los actos.
Con relación a las costas, si bien los agravios fueron tratados previamente, lo cierto es que no fueron articulados por la recurrente como excepciones en los términos del art. 171 de la ley 11.683, sino como una defensa más contra el acto apelado y con la finalidad de obtener su revocación, por lo que, al no haberse generado una actividad procesal autónoma, no corresponde imposición de costas.
VI. Que respecto del fondo del asunto, cabe puntualizar que de los aa de la causa, en especial del informe final de inspección (v. Cpo. Ppal. N° 2, fs. 390/396, aa) y de la resolución apelada, surge que la actora se encuentra inscripta bajo la actividad “Venta al por mayor de productos intermedios N.C.P., desperdicios y desechos metálicos”, con cierre de ejercicio comercial en junio de cada año.
La fiscalización se originó en las actuaciones llevadas a cabo a la firma "Mundo Vino S.A." en donde se constató que el contador firmante certificó una importante cantidad de balances en los que figura la actora. Del análisis que efectuó el fisco sobre sus bases informáticas surge que no presentó DDJJ en el IG desde el ejercicio 2007, si bien se registraron movimientos comerciales de acuerdo a lo que declaró en el IVA.
De sus bases informáticas el fisco verificó que la actora fue titular de dos cuentas durante los períodos 2007 a 2009, una radicada en el Banco de la Provincia de Buenos Aires y, otra, en el Banco Supervielle S.A. En esta última entidad, se observó una cuenta con acreditaciones por importes relevantes a nombre de la Sra. Iris Griselda Nion, esposa del presidente de Chames Tambores S.A. y directora suplente de la empresa.
Ante esto, se solicitó a la actora la presentación de los resúmenes bancarios y la sumatoria de depósitos, depurados de conceptos que no signifiquen ingresos producto de su operatoria comercial, a lo cual no dio respuesta. Ello así, los inspectores solicitaron a los bancos Provincia y Supervielle los extractos de las cuentas bajo titularidad de la actora y también los de la cuenta 7261/5 detectada, de la Sra. Nion. Luego, depuraron las acreditaciones bancarias.
El Sr. Scasso, autorizado por la fiscalizada y por la Sra. Nion, se apersonó y manifestó que tales acreditaciones corresponden a movimientos propios de la firma, no aportando documentación alguna de respaldo que avale sus dichos. Cabe aclarar que el fisco constató que la Sra. Nion se inscribió como monotributista en el 2004, con baja definitiva desde el 2007, que tampoco estuvo inscripta ni presentó DDJJ de ninguna índole, verificándose como último pago el efectuado en el régimen de autónomos en 02/2005 (categoría "B").
Por su parte, del análisis de los depósitos efectuados en la cuenta de la Sra. Nion, surge que la mayoría de los mismos fueron realizados en efectivo. Se solicitó al Banco Supervielle S.A. toda la información necesaria para probar si efectivamente tanto los depósitos como los pagos debitados en la cuenta involucrada (de titularidad de la Sra. Nion), corresponden a la operatoria comercial de la firma, tal cual lo manifestara el responsable de la misma. Al respecto, se informó que luego de haberse reiterado dicho pedido, se obtuvieron copias de los cheques debitados de tal cuenta, aclarando la entidad que se trata de cheques debitados y de cheques truncados que se encuentran en poder de los bancos depositarios. Se constató que los cartulares fueron suscriptos por la Sra. Nion y cobrados en su gran mayoría por su esposo, Sr. Juan José Guercio (como ya se mencionó, presidente de la recurrente).
Luego, se presentó la Sra. Griselda Nion quien manifestó que nunca desempeñó efectivamente su cargo de Directora dentro de la empresa y que no resulta posible aportar documentación alguna, porque si bien fue titular de la cuenta, en realidad su destino fue registrar movimientos de la empresa, no contando en consecuencia con la documentación pertinente.
Para considerar que las acreditaciones detectadas resultaron ventas gravadas, el fisco tuvo en cuenta que: a) la Sra. Nion es la esposa del presidente de la firma, b) según la base de datos del fisco, la Sra. Nion es “socia participe” de la actora, c) el autorizado de la empresa manifestó mediante acta que dichas acreditaciones bancarias corresponden a movimientos propios de la recurrente y, d) la Sra. Nion manifestó que los depósitos realizados en la cuenta bancaria de su titularidad están vinculados únicamente a operaciones gravadas de la actora. Así, el fisco concluyó que a todas las operaciones comerciales efectuadas por Chames Tambores S.A. (operaciones registradas en sus cuentas bancarias), deben adicionárseles las ventas realizadas y cobradas mediante depósitos bancarios en la cuenta corriente de la Sra. Nion.
Para obtener el total de ventas gravadas realizadas en el período 2007, se comparó las presuntas ventas exteriorizadas en las DDJJ del IVA presentadas y las ventas gravadas determinadas por la fiscalización (depósitos bancarios depurados). De dicha comparación se consideró frente al IG como ingresos netos omitidos a la diferencia entre las ventas gravadas informadas por la responsable (IVA) y el total de los depósitos bancarios vinculados a operaciones comerciales de Chames Tambores S.A. determinados por la fiscalización. Una vez determinadas las ventas netas gravadas omitidas, se le aplicó la alícuota vigente correspondiente a cada período, obteniendo el débito fiscal mensual omitido en el IVA, surgiendo además una diferencia a favor del fisco en el IG.
VII. Que respecto del método empleado por el fisco para determinar los gravámenes de autos, cabe puntualizar que a los fines de seguir el procedimiento de determinación de oficio, el fisco puede utilizar dos modalidades: practicarla sobre base cierta o en forma directa, o bien, sobre base presunta o por estimación.
La ley 11.683 fija un orden de prelación cronológico, pues el fisco sólo puede recurrir a la determinación sobre base presunta en los supuestos en que no disponga de todos los antecedentes relacionados con el presupuesto fáctico que origina la obligación tributaria, tanto en cuanto a su existencia, como respecto de su significación económica (vgr. inexistencia de registros contables, o cuando los mismos presentan notorias deficiencias, documentación inexistente o no fehaciente, etc.), tornando imposible su apreciación inmediata. En estos supuestos, al fisco sólo se le permite presumir la existencia y magnitud de la obligación tributaria. En suma, la Administración debe agotar los medios que le permitan reconstruir la materia imponible de modo directo, para recién –frente a la imposibilidad de hacerlo- recurrir al método indiciario/presuntivo, legislado como subsidiario del anterior.
De los aa de la causa que fueron relatados en el Considerandos VI, se desprende que el fisco dio acabado sustento al mecanismo presunto utilizado para practicar las determinaciones de oficio en el IG y en el IVA; de acuerdo con lo dispuesto por el art. 18 de la ley 11.683, al detectar acreditaciones bancarias sin justificar en la cuenta corriente de la actora y de su directora suplente, que lo llevaron a presumir un incremento en las ventas gravadas de la recurrente con incidencia en ambos impuestos, habiendo tenido el contribuyente la posibilidad de ofrecer y producir la prueba conducente para desvirtuar los dichos de la Administración, lo que no hizo.
Ello así, resulta aplicable la regla del “onus probandi incumbit et qui dicit” (la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos), receptada por el art. 377 del CPCCN, que dispone que cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de aquello que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. En este sentido se observa que si bien la actora ofreció prueba de informes, testimonial, pericial contable y pericial técnica, no instó su producción lo que motivó que se la tuviera por desistida de todas ellas, dándole por decaído el derecho a producirlas (como ya se relató en el Considerando III). En consecuencia, la actora no acreditó lo alegado en su escrito de apelación ante este Tribunal, en cuanto a que las acreditaciones bancarias responderían a operaciones financieras y no al ingreso real de fondos gravados; por lo que corresponde confirmar los ajustes practicados, con costas.
VIII. Que con relación a los intereses resarcitorios intimados, cabe señalar que los mismos constituyen una indemnización debida al fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias.
Al respecto, la CSJN, revisó la doctrina de Fallos 304:203, y expuso que: “si bien en el precedente de Fallos 304:203 el Tribunal estableció que resulta aplicable la última parte del art. 509 del Código Civil que exime al deudor de las responsabilidades de la mora cuando ésta no le es imputable, las particularidades del derecho tributario…que indudablemente se reflejan en distintos aspectos de la regulación de los mencionados intereses (Fallos: 308:283, 316:42 y 321:2093), llevan a concluir que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del Código Civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales ajenas al deudor que deben ser restrictivamente apreciadas han impedido a éste el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria. Es evidente, entonces, que la conducta de la contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido, en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión, no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con prescindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello, es así, máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley lo puntualizó la Corte en otros precedentes…se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas” (cfr. CSJN, Fallos 323:1315).
En relación a ello, la actora no expuso ningún fundamento serio que evidencie la inexistencia de mora culpable en su accionar, y por ende desplazante de los intereses resarcitorios intimados. Aún más, en el acápite correspondiente refiere a un contribuyente distinto de la actora –Frigorífico General Paz S.A.- lo que demuestra la liviandad de la defensa en este tópico (v. fs. 61).
Por ello, corresponde confirmar la liquidación de los intereses resarcitorios intimados en los actos recurridos, con costas, toda vez que los mismos se ajustan a lo dispuesto por el art. 37 de la ley 11.683.
Por lo expuesto, corresponde confirmar íntegramente, con costas, las resoluciones apeladas.
La Dra. Marmillon dijo:
Que adhiere al voto del Vocal preopinante.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar íntegramente las resoluciones apeladas, con costas.
Se deja constancia que este pronunciamiento se dicta con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de la Sala “C”, conforme a lo previsto por el artículo 184 de la ley 11.683, por encontrarse vacante la Vocalía de la 9° Nominación.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos de la causa y oportunamente, archívese. Date: 2024.04.26 16:02:48 -03:00 Date: 2024.04.30 12:55:07 -03:00 Viviana Marmillon Claudio Esteban Luis Vocal Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.30 12:55:08 -03:00
Fin de la sentencia