Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal, Sala V
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar por inadmisible la petición de Hábeas Corpus formulada en forma originaria a favor del imputado J. C. G., sin costas. Art. 20 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 405, 406, 530, 531 y cctes. del C.P.P.
C. 62.593
En la ciudad de La Plata a los 16 días del mes de enero de dos mil catorce, se reúnen en Acuerdo Ordinario, los Señores Jueces de la Quinta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Martín Manuel Ordoqui y Jorge Hugo Celesia, a cargo de la Feria Judicial, para resolver en la causa Nº 62.593 la petición de Hábeas Corpus formulada en forma originaria a favor de J. C. G.; practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: ORDOQUI - CELESIA.
Se presenta ante este Tribunal el Dr. R. L. G., formulando petición de hábeas corpus originaria en favor de su asistido J. C. G., mediante la cual se ataca la resolución dictada el 27 de diciembre del 2013 por la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial Morón confirmatoria del auto dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 del mencionado Departamento Judicial que hizo cesar la alternativa a la prisión preventiva del encartado G., ordenó su inmediata detención y rechazó el planteo en relación a la intervención del Dr. C. y del auto que rechazó la recusación formulada contra el Sr. Juez, Dr. Chaminade.
Que encontrándose la presente en estado de dictar sentencia, el Tribunal decidió tratar y votar la siguiente:
¿Es admisible el presente Hábeas Corpus?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Ordoqui, dijo:
I. El peticionante intenta por la vía del habeas corpus revisar la prisión preventiva dispuesta a su asistido J. C. G. por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial Morón y confirmada posteriormente por la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías del mencionado Departamento Judicial.
II. Es cierto que, más allá de lo establecido por el artículo 20 inciso primero de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y el artículo 406 del Código Procesal Penal, en cuanto permiten ejercer la acción de hábeas corpus ante cualquier Juez u órgano jurisdiccional respectivamente, en el ordenamiento jurídico vigente tal garantía se halla reglamentada por los arts. 405 y ss. De la ley ritual. De este modo, el art. 417 es claro al establecer una función revisora al Tribunal de Casación en materia de hábeas corpus, de manera que, en principio general, no resultaría admisible la interposición originaria de tal acción en esta sede, cuando no existan motivos de excepcionalidad que la autoricen (cf. causa 54.267, caratulada “Chaparro Juan Camilo s/ Hábeas Corpus”; entre muchas otras).
Ahora bien, por mi parte, considero necesario enunciar aquellos supuestos que habilitarían la competencia originaria de este Tribunal, con el objeto de evitar que la determinación de la excepcionalidad mencionada quede librada a la discrecionalidad o mero arbitrio del juzgador en el caso concreto, so riesgo de incurrir en pronunciamientos disímiles frente a situaciones equivalentes.
En este sentido, a mi juicio corresponde apartarse del principio general supra enunciado cuando se adviertan circunstancias de gravedad institucional, arbitrariedad o en todos aquellos casos en donde la índole de las cuestiones traídas a conocimiento involucren un serio riesgo para la vida o la salud de las personas detenidas, como así también, en cuanto se avizore un menoscabo directo a la dignidad humana de imposible o insuficiente reparación ulterior.
III. Dicho ello, e ingresando al análisis del caso que nos ocupa, entiendo que no se halla aquí configurado un supuesto de excepción conforme a la interpretación sustentada.
El eje central de la acción intentada basa su línea argumental en la circunstancia que al haber sido dispuesta la prisión preventiva de J. C. G., se está ejecutando una sentencia no firme. Así, sostiene que con lo resuelto por el TOC y la Exma. Cámara de Apelación y Garantías, son impertinentes pues estos tribunales de grado habrían resuelto que la sentencia de la Suprema Corte es ejecutable a pesar de no estar firme.-
Entiendo que el argumento es inoponible a lo allí resuelto.Una medida de coerción personal –en el caso prisión preventiva- difícilmente puede ser interpretada como ejecución de pena. Es una desnaturalización del concepto.
No escapa a mi conocimiento que en ciertos casos –y así lo he resuelto- la prolongación sine die de la misma puede transformarse en un verdadero anticipo de pena o si su dictado obedece a un temperamento subjetivo-peligrosista; como así si los peligros procesales que se invocan son ajenos al derecho procesal y resultan patrimonio del derecho de fondo. No interpreto que este sea el caso. En autos se ha dictado una medida cautelar ajustada a los estándares fijados por la Comisión y Tribunal Interamericanos. No puede deducirse de ella que se haya aplicado un criterio subjetivo peligrosista, que su fin sea evitar un escándalo social o se haya dispuesto con la finalidad de transformar esta media en un anticipo de pena. Menos aún que haya sido dispuesta autosatisfactivamente por un Tribunal sin requerimiento fiscal. Tampoco, atento al estadío procesal que lleva el trámite –resta resolver el recurso federal- pueda esta medida nacer condenada a ser sufrida por elongados plazos. Que en el peor de los casos, si así fuera podrá el interesado pedir se revise la razonabilidad temporal de la misma.
No es, como lo afirma la Defensa, que la resolución del Superior local haya bastado para tener la sentencia por ejecutable.
Por el contrario, el pedido fiscal y su aceptación por sendos tribunales, encuentra fundamento en el aumento del peligro procesal de fuga a partir de este hito, interpretado como un nuevo debilitamiento de las posibilidades judiciales de obtener la absolución y por lo tanto, esta circunstancia –atento a la amenaza cada vez mas concreta que se aplique la alta pena impuesta por el T.O.C.- asigna mayor entidad al pronóstico posible de fuga.- Vale recordar que en el caso, de larga sustanciación, el acusado ha gozado (en distintos grados) de los beneficios que dimanan del artículo 144 del C.P.P., mientras duró el proceso penal en nuestra provincia. No parece ilegítimo, arbitrario o contrario a las reglas de la lógica y experiencia creer que un juicio prognóstico de peligrosidad de fuga resulte irrazonable a esta altura del devenir procesal.
Ocupándome también sobre la pretensión de la Defensa, en cuanto debería reestablecerse la atenuación a la medida de coerción que venía sufriendo el Padre G., entiendo que los argumentos vertidos precedentemente son plenamente aplicables a este segmento. En otras palabras, habiendo aumentado el peligro procesal de fuga, el encarcelamiento preventivo se ha transformado en la única herramienta elegida por los jueces para asegurar el fin del proceso. Como se dijo, la medida tomada no parece arbitraria, inmotivada o ajena a las reglas de la lógica y experiencia.
Mas allá de los argumentos vertidos, analizando la pieza en crisis puedo concluir que atendiendo a los argumentos desarrollados por la Defensa y de la lectura del legajo, considero que no estamos ante un caso de arbitrariedad. En tanto, surge detalladamente del mismo el desarrollo fundado que habilita la denegatoria al beneficio solicitado. En efecto, la Cámara confirmó la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 teniendo en miras la magnitud de la pena de 15 años de prisión por la que fue condenado por sentencia no firme el encartado, sentencia que no solo fue confimada por esta alzada sino también por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, valorando a su vez, que el delito imputado no permite la excarcelación, como así también la pluralidad de hechos contra la víctima, el lugar de comisión de los mismos y su calidad de sacerdote. Si bien uno puede compartir o no que los peligros procesales pueden tenerse por acreditados con la sola mención de la pena en expectativa, sin perder de vista que, en el caso, la pena prevista para el delito imputado es palmariamente elevada, lo cierto es que aquella circunstancia aparece mencionada en la ley como pauta que debe tenerse en cuenta especialmente para merituar acerca de los mismos (art. 148, inc. 2°, del C.P.P.).
De modo tal, el resolutorio atacado no merece la tacha de arbitrariedad que propone la defensa, en tanto la circunstancia ponderada para justificar los riesgos procesales no contradice el derecho vigente sino que, por el contrario, se ha valido de éste.
En tal sentido, la arbitrariedad no puede resultar de la sola disconformidad con la solución adoptada, sino que requiere la constatación de un apartamiento de los criterios mínimos de la argumentación jurídica. (CSJN, 29/5/2007, “Davedere, Ana María v. Mediconex S.A y otros”). En consecuencia considero que no es admisible el tratamiento por parte de este Tribunal de la presente petición de hábeas corpus intentada en forma originaria.
IV. Sin perjuicio de lo expuesto, cabría señalar, a mayor abundamiento, cuando el derecho o la facultad de recurrir una determinada resolución ha sido satisfecho a través de la apelación, y no se presentan las situaciones de excepción ya aludidas en este voto, lo cual podría tornar, según el caso, necesaria la intervención de este Tribunal, la ley procesal no le acuerda a las partes una tercera vía ordinaria de impugnación. De manera que tampoco mediante la interposición de un hábeas corpus recursivo, como ocurre en el caso de autos, correspondería multiplicar las instancias recursivas legalmente previstas en el ordenamiento adjetivo si no se advierten razones excepcionales para hacerlo.
V. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe agregar que tampoco encuentro espacio para elucubrar la posibilidad de que el mencionado diseño del trámite impugnativo pudiera llegar a ceder excepcionalmente en este caso, desde que ni siquiera vienen mencionadas (y mucho menos probadas) afectaciones a garantías constitucionales o compromiso de alguna cuestión federal definida.
Voto en consecuencia por la negativa.
Art. 20 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 1, 405, 406, 530, 531 y cctes. del C.P.P.
A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Celesia dijo: Adhiero al voto del doctor Ordoqui en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala V del Tribunal R E S U E L V E:
RECHAZAR POR INADMISIBLE la petición de Hábeas Corpus formulada en forma originaria a favor del imputado J. C. G., sin costas. Art. 20 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 405, 406, 530, 531 y cctes. del C.P.P.
Regístrese, notifíquese a la Defensa y al Ministerio Público Fiscal y devuélvase para el cumplimiento de las notificaciones pendientes.
FDO.: MARTIN MANUEL ORDOQUI – JORGE HUGO CELESIA
Ante Mí: María Andrea Espada
Fin de la sentencia