Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 38.217-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado por la actora.
2Intimar a la actora para que dentro del quinto día ingrese la suma de $ 16.563,81 (DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS), bajo apercibimiento de expedir el correspondiente certificado de deuda.
3Imponer costas a la actora solicitante.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-14153199-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 14 de Febrero de 2022 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
El expediente Nº 38.217-A, caratulado “CHAPU S.R.L. c/D.G.A. s/incidente de beneficio de litigar sin gastos” y CONSIDERANDO:
I. Que, a fs. 11/11 y vta. (punto 7), la actora solicita se le otorgue el beneficio de litigar sin gastos. Expone que la firma carece de recursos suficientes para afrontar los gastos derivados del proceso, remarcando la imposibilidad financiera de hacer frente al pago de la tasa de actuación prevista en la ley 25.964. A los efectos de acreditar la falta de recursos ofrece prueba testimonial e informativa, solicitando se libren oficios al RPI de Provincia de Misiones, al RPA y al BCRA.
II. Que, a fs. 14, se corre vista del pedido a los representantes de la D.G.I. y de la D.G.A. A fs. 16, se presenta el representante de la D.G.A. y manifiesta que, atento la solicitud de litigar sin gastos presentada por la actora pretendiendo se le otorgue la exención prevista en el art. 2 inc. A de la ley 22.610, se opone terminantemente. Manifiesta que el beneficio de litigar sin gastos se acuerda a aquellas personas que carecieren de recursos, es decir de los que se encuentren en situación de tal pobreza que de afrontar el pago de la tasa de actuación se afectaría su derecho de estar en juicio. Remarca que de la prueba ofrecida por la actora no surge prueba documental que justifique sus ingresos, y solo se limita a ofrecer la prueba informativa de la que no surge claramente un estado de insolvencia patrimonial y financiera que lo justifique, y que ello en nada afectaría la posibilidad de comparecer ante un órgano jurisdiccional en procura de justicia. A fs. 17, el representante de la D.G.I. toma intervención y solicita nueva vista una vez producida la totalidad de la prueba ofrecida.
III. Que, a fs. 18, se tiene por presentada a la representante fiscal, se tiene presente lo manifestado por los representantes de la DGA y DGI a fs. 16/16 y vta. y 17, respectivamente, se ordena que la actora libre los oficios que solicita en el punto II de su ofrecimiento de prueba de fs. 11/11 y vta., y se intima a la actora a acompañar, dentro del quinto día, los interrogatorios de los testigos y su declaración, firmada por ellos, que fuera solicitada en su ofrecimiento de prueba testimonial en el punto I de fs. 11/11 y vta. IV.- Que, a fs. 19, la actora solicita una prórroga de diez (10) días a los fines de la presentación del interrogatorio y declaración de los testigos propuestos en virtud de que los mismos tienen domicilio en la Provincia de Mendoza.
V. Que, a fs. 20, se intima a la recurrente para que, dentro del quinto día, acredite el diligenciamiento de los oficios, bajo apercibimiento de ley, y se concede una prórroga de diez (10) días a fin de que acompañe los interrogatorios y declaraciones de los testigos propuestos.
VI. Que, a fs. 24, se hace efectivo el apercibimiento decretado a fs. 20 y se da por decaído el derecho de la recurrente a producir la prueba ordenada a fs. 18, y se intima nuevamente a la actora para que en el plazo de cinco (5) días acompañe los interrogatorios y declaraciones de los testigos, bajo apercibimiento de ley. VII.- Que el beneficio solicitado se encuentra encaminado a evitar el pago de la tasa de actuación establecida por la ley 25.964, debiendo resolverse aquí si por las circunstancias de hecho que invoca la actora le es aplicable la exención prevista en el art. 9º de dicha ley. Que la jurisprudencia de este Tribunal, al resolver peticiones análogas a la presente con la vigencia de la ley Nº 22.610, estableció que el presupuesto de hecho de la referida exención es la situación de pobreza en que debe encontrarse aquél a quien se conceda el beneficio de litigar sin gastos” (Sala “G”. “OLIMPIC ELECTRÓNICA S.A.”, 23/3/95; Sala “B”, “CUNNINGTON C.I.F.I.S.A.”, 26/8/96; Sala “F” “EMPRESA ARGENTINA DE CEMENTO ARMADO”, Expte. Nº 8320-A, 25/9/96) y caracterizó dicha situación de pobreza definiéndola como una incapacidad económica severa que impide afrontar el pago de la tasa, por lo que se va más allá de las dificultades financieras de la empresa, incluso las que podrían dar lugar al concurso preventivo. Ello porque cuando la solicitante es una persona jurídica que persigue fines de lucro, la intepretación debe ser aún más restrictiva que en el caso de las personas físicas (en el mismo sentido, CSJN, 29/10/96, “Estructura Taifa S.A.c/Provincia de Tucumán)
Que la situación económica que invoca la actora no puede acreditarse a través de la prueba solicitada en la presente. Pese a las intimaciones cursadas a fs. 20 y 24, la actora no presentó hasta el día de la fecha los interrogatorios y las declaraciones de los testigos propuestos para la prueba testimonial, ni acreditó el diligenciamiento de los oficios que fueran solicitados como prueba informativa. Ante esta situación, resulta imposible identificar una incapacidad económica severa que impida el pago de la tasa de actuación, ni puede inferirse de ellas que el pago de la suma correspondiente a dicha tasa impida la subsistencia de la sociedad, que ni siquiera se encuentra en estado de cesación de pagos, ya que tampoco se aportó prueba documental que pudiera evidenciar alguna situación societaria compleja en términos financieros. Al respecto, cabe señalar que, aún ese caso, por sí solo no habilitaría el beneficio, sino una reducción de la tasa (cfme. art, 9 in fine de la ley Nº 25.964), pero podría constituirse en un elemento indicativo más de la aludida situación de pobreza (en el mismo sentido, jurisprudencia cit.).
Que estas circuntancias, lejos de permitir su acceso al beneficio que solicita, lo impide, porque tratándose de una persona jurídica cuyo objeto es la producción de bienes con propósito de lucro debe, entonces, promover los medios para alcanzar dicho objetivo y, llegado el caso, hacer valer judicialmente sus derechos y no, por el contrario, colocarse en una voluntaria situación de pobreza debido a su manifiesta inacción para eximirse de las obligaciones que a todo litigante le son impuestas. (En el mismo sentido, Cámara Nacional en lo Comercial, Sala E, 15/9/89, “Gualda S.A. c/Río Cereal S.A.”, entre otros)
Que corresponde agregar que todas las exenciones en materia tributaria deben ser interpretadas con criterio restrictivo a fin de no vulnerar el principio de igualdad ante las cargas públicas, de raigambre constitucional Que, sin perjuicio de lo expuesto, tampoco se encuentra conculcado el derecho de defensa por cuanto el pago previo de la tasa de actuación no suspende el procedimiento, que continuará hasta su terminación, no obstante la ejecución de la deuda impaga (Sala “G”. “OLIMPIC ELECTRÓNICA S.A.”, 23/3/95)
Que, por lo expuesto, corresponde denegar el beneficio de litigar sin gastos peticionado por la actora e intimar el pago de la tasa de actuación determinada en el principal, bajo apercibimiento de expedir el correspondiente certificado de deuda.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado por la actora.
2. Intimar a la actora para que dentro del quinto día ingrese la suma de $ 16.563,81 (DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS), bajo apercibimiento de expedir el correspondiente certificado de deuda.
3. Imponer costas a la actora solicitante.
Regístrese, notifíquese al Dr. Juan María López (20-22074217-3), mediante oficial notificador, al domicilio constituido en autos, a saber: Lavalle 1390, piso 4° “A” casillero 176, CABA, toda vez que el mencionado letrado no se encuentra dado de alta en el sistema TAD y, firme que quede la presente, agréguese el incidente por cuerda al principal. Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. Gonzalez Palazzo, por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación. (art. 1162 del Código Aduanero).
Date: 2022.02.11 18:17:33 -03:00 Date: 2022.02.14 13:40:59 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.02.14 13:41:01 -03:00
Fin de la sentencia