Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Resoluciones Nros. 29/2011 y 30/11, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, a cargo de Pedro Jesús Chemes, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, las etapas cumplidas, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas, conforme a lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432, en la siguiente forma:
A. Por el Expediente N°34.822-I, en las sumas de $50.198 por la representación procesal y $77.229 por el patrocinio letrado.
B. Por el Expediente N°34.823-I en las sumas de $50.198 por la representación procesal y $77.229 por el patrocinio letrado.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-141976474-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 23 de Diciembre de 2025 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente N° 34.822-I y su acum. 34.823-I, caratulado "Chemes, Pedro Jesús s/apelación".
La Dra. O’Donnell dijo:
I. El Sr. Pedro Jesús Chemes interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las siguientes Resoluciones dictadas en la Dirección Regional Tucumán de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos:
a. la Resolución N° 29/11, en la que se determinó de oficio su obligación en el impuesto al valor agregado de los períodos fiscales 09/07 a 11/08, y se lo intimó a ingresar $37.832,23, más intereses resarcitorios (art. 37, ley). Asimismo, se le aplicó una multa de omisión de $26.114,55 (art. 45, ley).
b. la Resolución N° 30/11, en la que se determinó de oficio su obligación en el impuesto a las ganancias del período fiscal 2007, intimándole el pago de $2.133,64, más intereses. Allí también se le aplicó una multa de omisión de $1.493,55.
En sus presentaciones ante este Tribunal, sostiene la improcedencia de dichos actos en razón de haberse aplicado indebidamente el principio de realidad económica del art. 1° de la ley 11.683. Alega, además, la nulidad por violación a los principios de capacidad contributiva, de certeza y de razonabilidad. Invoca también la violación a la garantía del debido proceso.
Se queja, además, de que no se haya tenido en consideración en las liquidaciones la existencia de aves de replume, con menor capacidad de producción.
Entiende que los intereses resarcitorios, al igual que las multas aplicadas en las Resoluciones, son improcedentes porque su obrar fue inculpable.
Aporta abundante prueba documental, consistente en diferentes copias de las actuaciones administrativas previamente sustanciadas, ofrece la producción de prueba informativa y pericial contable y solicita que se revoquen las Resoluciones, con costas.
II. A su turno, a fs. 97/106 y 208/217 el Fisco Nacional contesta el traslado de los recursos y pide que se confirmen sus actos, también con costas.
A fs. 230 se acumula el Expte. N° 34.823 al N° 34.822-I.
A fs. 240 se hace lugar a las pruebas ofrecidas y se ordena el libramiento del oficio a la Cámara Argentina de Productores Avícolas, que el Sr. Chemes nunca diligencia. A fs. 254 se da por decaída la prueba informativa y a fs. 254 se adopta idéntica decisión respecto de la pericial contable. A fs. 290 se clausura el período de prueba. A fs. 294, el 15 de octubre de 2025, se elevan a esta Sala y a fs. 298 quedan en estado de dictarse la sentencia.
III. Corresponde referirse, en primer término, a la defensa de nulidad opuesta por el Sr. Chemes. por supuestos vicios de las Resoluciones. Se advierte, sin embargo, en primer lugar, que dichos actos se encuentran debidamente fundados en los hechos comprobados a partir de las tareas de fiscalización reseñadas en las actas obrantes en las actuaciones administrativas, por lo que no media en su dictado violación alguna a las disposiciones de la ley 19.549, ni tampoco afectación a las garantías constitucionales que invoca. En definitiva, no se constata que el Fisco Nacional haya incurrido en ningún vicio que justifique que este Tribunal declare la nulidad de los actos dictados en su sede.
Debe recordarse que la nulidad de un acto no puede invocarse en forma abstracta, sino que es indispensable acreditar la existencia de afectación en algún derecho de quien la pide y un perjuicio concreto, requisitos que en el caso no se han cumplido.
Así lo ha manifestado en forma reiterada y constante la Cámara que ejerce como Tribunal de alzada de este Tribunal al decir que “…cuando se plantea la nulidad de un acto administrativo debe señalarse, concretamente, cuáles son los vicios que exhibe y qué perjuicio ha provocado (causa “Cooperativa de Trabajo AEI “Colonia Barraquero” LTDA c/ INAES – Resol. 806/08 (Expte. 137/03)”, pronunciamiento del 3 de febrero de 2012). También ha sostenido que el interesado debe acreditar la violación de una forma procesal, o la omisión de un acto, que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a su indefensión, por lo que las nulidades son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se vio privado de oponer el impugnante (causa “EDI Fumigaciones SRL (TF 27564-I) c/ DGI”, “Cachape SRL c/ DGI” y “Ángel Russo Combustibles SRL (TF 24979-I) c/ DGI”, pronunciamientos del 2 de febrero de 2012, del 12 de julio de 2012 y del 20 de mayo de 2015, respectivamente)” conf. ”Bringas Raul”, sentencia del 1.10.2020, entre muchos otros. Por todo lo expuesto, corresponde desestimar la defensa de nulidad, sin costas (Fallos 336:70, “Bolland”). Debe analizarse ahora la legitimidad de la pretensión fiscal notificada en las Resoluciones recurridas. Surge del Informe Final de Inspección obrante en las act. adm. que el origen de la fiscalización fue la denuncia de un particular que el Sr. Chemes, cuya actividad declarada ante la Administración Tributara es la de venta de materiales eléctricos y artículos de ferretería, tenía una granja en El Timbo, Provincia de Tucumán, para la producción de huevos. La denuncia daba cuenta también que el Sr. Chemes tenía empleados sin declarar y que no emitía facturas por sus ventas.
A partir de ello se hizo un operativo en el domicilio denunciado para verificar la facturación y relevar el personal ocupado, constatándose 3 empleados. Además, la fiscalización constató en sus propios sistemas que el Sr. Chemes no tenía operaciones informadas en el CITI Compras y Ventas.
Al ser fiscalizado, el Sr. Chemes explicó que la actividad la ejercía con Chemes S.R.L., empresa integrada con sus dos hijos y su esposa, pero que debido a problemas familiares y juicio de divorcio de por medio, comenzó a desarrollar su actividad en forma unipersonal.
Con dicha información, más la obtenida de sus propios sistemas, por aplicación del art. 18 de la ley 11.683 la fiscalización presumió la cantidad de gallinas ponedoras y se liquidaron los ingresos por producción de huevos en el impuesto a las ganancias y las ventas en el impuesto al valor agregado, según también el personal ocupado y las instalaciones encontradas en la granja. Para ello se recurrió a la información obrante en el Manual DAFE N° 111 del sector –“Producción y comercialización de huevos”.
Además, la fiscalización verificó el cómputo de créditos fiscales del impuesto al valor agregado en exceso de lo documentado.
Frente a tales ajustes, el Sr. Chemes tenía que probar en contrario, pero no lo hizo.
Si bien ofreció como prueba que se librara oficio a la Cámara Argentina de Productores Avícolas para que informara la diferencia en el rendimiento entre un ave ponedora y otra de replume, nunca diligenció el oficio a dicha entidad a pesar de las intimaciones que se le cursaran, por lo que se dio por decaído su derecho. Ofreció también una prueba pericial contable, pero no la produjo, razón por la cual se adoptó idéntica decisión. Con ello, debe concluirse que resulta razonable que la Administración Fiscal presumiera ingresos y ventas sin declarar, en particular porque tal como surge del informe final de inspección, la fiscalización constató la existencia de actividad productiva en la granja del Sr. Chemes.
Es así que, pese a contar en esta instancia con amplias posibilidades de ofrecer y producir pruebas que le hubiese permitido contradecir la pretensión fiscal, el recurrente no realizó ningún esfuerzo en contra de la presunción –de ingresos y ventas omitidas- aplicada por el juez administrativo. Por el contrario, en sus recursos de apelación se limitó a criticar la labor fiscal y a argumentar a partir de la supuesta aplicación del principio de la realidad económica, pero sin indicar en forma concreta de qué manera y en qué operaciones fue incidida por dicho principio, cuando, en realidad, las determinaciones se originan en el método presuntivo de la obligación tributaria autorizado por el art. 18 de la ley 11.683.
Es el propio recurrente, además, el que explicó a la fiscalización que si bien la actividad la ejercía a través de una empresa, Chemes S.R.L., integrada con sus hijos y su esposa, con motivo del juicio de divorcio comenzó a desarrollarla en forma unipersonal, sin declarar, como advirtió la Administración Tributaria los resultados generados por la misma.
Por otro lado, si bien en su recurso el Sr. Chemes invocó que en el cálculo del plantel de aves ponedoras no se había tenido en consideración las de replume, es decir los animales envejecidos con menor capacidad de producción, no hizo ningún esfuerzo por probarlo, ni adjuntó documentación alguna que permita hacer la diferenciación que pretende y eventualmente cuestionar las liquidaciones practicadas.
Tampoco justificó por ningún medio los créditos fiscales computados en sus declaraciones juradas del impuesto al valor agregado, por lo que en este aspecto también el ajuste debe ser confirmado.
En suma, le correspondía a la recurrente acreditar la realidad de sus afirmaciones, circunstancia que no se verificó en el caso. Al respecto, la Corte Suprema ya ha expresado que "...la prueba constituye la actividad procesal encargada de producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos y supone un imperativo del propio interés del litigante quien, a su vez, corre el riesgo de obtener una decisión desfavorable en el caso de adoptar una actitud omisiva" (Fallos 315:255).
Sin embargo, esa carga procesal no fue cumplida pues no produjo prueba alguna tendiente a demostrar tales extremos, sino que se limitó a criticar el accionar del Fisco Nacional, mediante meras afirmaciones carentes de sustento probatorio.
Por ello, resulta acertada la pretensión fiscal notificada en las Resoluciones tanto respecto del capital como de los intereses resarcitorios que se devengan en forma automática, según el art. 37 de la ley 11.683. Sobre estos últimos, si bien el Sr. Chemes alega mora inculpable, no la acredita por ningún medio, es decir no prueba que su caso particular se encuentre justificado por el art. 509 del entones CC, ni por la jurisprudencia que cita.
V. En cuanto a las sanciones de omisión aplicadas en las Resoluciones, también deben ser confirmadas, dado que la conducta del Sr. Chemes se encuentra debidamente encuadrada conforme a lo descripto en Considerandos precedentes, al haber omitido declarar, como ya se dijo, los resultados de sus operaciones de producción de huevos.
En lo que respecta al elemento subjetivo, de indispensable configuración tratándose de ilícitos tributarios, conforme a la doctrina de la Corte Suprema en Fallos 271:297, era a la recurrente a la que le correspondía demostrar, pruebas mediante, la falta de la culpa o de la negligencia que exige el tipo del art. 45 de la ley (conf. CNACAF, "Velocidad Tiempo Cero S.A.”, del 28/06/2007; "La Rueca Porteña S.A.", del 27/10/1998; “Italcred S.A. “, del 28/04/2016, entre otros), pero en el caso no se rindió ninguna prueba que permita aseverar que el Sr. Chemes no actuó con culpa al liquidar sus obligaciones fiscales, antes bien, se advierte que su propósito fue sustraerlas de conocimiento de la Administración Tributaria.
Cabe destacar, como señala la representación fiscal, que la omisión en el impuesto a las ganancias implicó una diferencia del 400% de lo consignado en la declaración jurada original, de lo que se sigue también la falta de diligencia al confeccionar sus declaraciones juradas.
Por lo expuesto, corresponde confirmar las Resoluciones recurridas en todas sus partes, con costas. El Dr. Martin y la Dra. Gómez dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar las Resoluciones Nros. 29/2011 y 30/11, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, a cargo de Pedro Jesús Chemes, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, las etapas cumplidas, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas, conforme a lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432, en la siguiente forma:
a. Por el Expediente N°34.822-I, en las sumas de $50.198 por la representación procesal y $77.229 por el patrocinio letrado.
b. Por el Expediente N°34.823-I en las sumas de $50.198 por la representación procesal y $77.229 por el patrocinio letrado.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos y oportunamente, archívese. Date: 2025.12.23 10:47:04 -03:00 Date: 2025.12.23 11:35:51 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.12.23 11:43:12 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.12.23 11:43:14 -03:00
Fin de la sentencia