Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el art. 3 de la de la Resolución DE PRLA N°1658/2011, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación N°12039-139-2004, declarando que el monto de la multa asciende a $960,23.
2Revocar el art. 5 de la citada resolución, en los términos expuestos en el considerando IX.
3Costas al fisco en los términos expuestos en el considerando XI.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-41029218-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 23 de Abril de 2026 En la ciudad de Buenos Aires, los Vocales integrantes de la Sala "G", Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, se reúnen para resolver en los autos caratulados: "CHEMOTECNICA S.A.c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, Expediente Nº 32.333-A.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Mediante la Resolución DE PRLA N°1658/2011, la autoridad aduanera impuso a la encartada una sanción consistente en una multa y emitió el cargo correspondiente en forma solidaria con la aseguradora al determinar que incurrió en la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero (“CA”). La imputación se basa en el presunto incumplimiento del régimen de importación temporal, en tanto la firma CHEMOTECNICA SA habría omitido cancelar en su totalidad la mercadería importada temporariamente mediante la destinación de importación N° 00001IT14007226W.
II. Contra dicho pronunciamiento, la empresa interpone recurso de apelación, planteando en primer término la prescripción de la acción del fisco para reclamar la multa y para el cobro de los tributos. En lo que respecta al fondo de la cuestión, alega haber cumplido parcialmente con el régimen al cual se acogió, sosteniendo que el incumplimiento verificado no reviste el alcance ni se configura en los términos considerados por la aduana al instruir el sumario. De forma subsidiaria, plantea la improcedencia del CER al caso de autos. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se la absuelva de la deuda tributaria exigida.
III. Por su parte, el representante del organismo fiscal solicita el rechazo de la apelación interpuesta. Tras formular la negativa genérica de rigor, sostiene que la mercadería importada en forma temporaria y supuestamente reexportada se encuentra e infracción al art. 970 del CA. Recuerda que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora. Rechaza los agravios esgrimidos por la actora respecto de la inaplicabilidad del CER. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme el fallo aduanero, con costas.
Primera cuestión IV.- En ese estado de situación es pertinente considerar en primer turno si el acto administrativo cuestionado fue dictado en tiempo oportuno.
A ese respecto, cabe adelantar que, sin perjuicio de la postura mantenida en los casos EX-2019-97789030- APN- SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN “ASEGURADO- RES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN- SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, respecto de la necesidad de notificar el acto de apertura sumarial para que opere la suspensión o interrupción del plazo de la prescripción, debo señalar que, en la especie, el procedimiento administrativo se ha llevado a cabo en manifiesta violación de la regla por la cual se exige a la administración la sustanciación de los procedimientos en tiempo diligente. En efecto, se puede colegir que el auto de apertura del sumario fue dictado el 20.04.2006, en tanto la notificación al supuesto responsable se efectuó mediante la corrida de vista de fecha 04.02.2011. En las citadas condiciones, no existe posibilidad alguna para explicar los casi diez años que mediaron entre el vencimiento de la destinación temporaria objeto de la presente investigación (29.12.2001) y la corrida de vista operada el 04.02.2011 A tenor de esas circunstancias, se impone señalar, que el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional, disposición que otorga jerarquía constitucional a diversos instrumentos internacionales vinculados con la protección de los derechos humanos, obliga a tener en cuenta que el art. 8, inc. 1°, del Pacto de San José de Costa Rica, referente a las garantías judiciales, prescribe no solo el derecho a ser oído, sino también el de ejercer tal derecho con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. A su vez, el art. 25 del mismo tratado internacional, al consagrar la protección judicial, asegura la tutela judicial efectiva contra cualquier acto que viole los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional, la ley o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, aun cuando tal incumplimiento sea cometido por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
Por ende, considero importante remarcar que el derecho a ser notificado de un pronunciamiento judicial, sin dilaciones injustificadas, se manifiesta como un corolario del derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de nuestra Constitución Nacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que todos los órganos del Estado que ejerzan funciones jurisdiccionales deben respetar estas garantías judiciales, en todas las instancias del proceso (Corte IDH, caso Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia del 31 de enero de 2001, párr. 69; caso Baena, Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia del 2 de febrero de 2001; y Garantías judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 27). En efecto, la exigencia de la notificación en un plazo razonable se incorpora como un objetivo de la administración, de forma tal que la eficiencia y la eficacia se logren si los tiempos que insumen resultan ser proporcionados.
Ahora bien, el referido análisis debe considerar las recientes reformas incorporadas por la ley N° 27.742 de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (B.O. 08/07/2024) (en adelante, ley “Bases”) a la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos (L.P.A.); y, particularmente, las incorporaciones realizadas al crear el art. 1° bis, mediante el cual se establecen los principios fundamentales del procedimiento administrativo, entre los cuales se destacan la juridicidad, razonabilidad y, crucialmente, el derecho a un plazo razonable. Este derecho implica que los procedimientos administrativos deben tramitarse y concluir en un tiempo adecuado, garantizando así una tutela administrativa efectiva. Es así que, la obligación de la Administración de dictar resoluciones y notificarlas a los administrados se refuerza en este contexto, en el que se resalta o subraya que la inacción o la dilación en los plazos administrativos puede vulnerar derechos fundamentales.
Por lo tanto, el exceso en la demora de la notificación previamente señalada no sólo contraviene el principio de razonabilidad, sino que también podría interpretarse como una violación del derecho a la tutela administrativa efectiva. La ley “Bases” no sólo refuerza la necesidad de plazos razonables y la notificación oportuna, sino que también proporciona un marco jurídico que sostiene la exigencia de un procedimiento administrativo ágil y efectivo. En este sentido, entiendo que este Tribunal tiene el deber de asegurar que estos principios se respeten, garantizando así los derechos de los contribuyentes frente a la maquinaria administrativa.
En esas condiciones, encuentro que las particulares circunstancias de la causa llevan a declarar la invalidez del procedimiento sustanciado en estos actuados por no haberse observado pautas temporales razonables.
Segunda cuestión V.- Considerando lo expuesto, y en virtud del criterio mayoritario de la Sala G, corresponde ahora analizar los demás agravios planteados por las recurrentes.
VI. Así las cosas, la cuestión de autos radica en determinar si se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del CA, con respecto a la mercadería importada temporariamente mediante la Destinación de Importación Temporaria N° 00001IT14007226W.
En dichos términos, es imperioso recordar que el artículo 250 del CA establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Esto significa que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Asimismo, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del CA incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
VII. En ese sentido, resulta dable mencionar que, al tratarse de una importación temporaria, la carga de la prueba que acredite el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
VIII. De igual manera, debe ponderarse que, lo que está expresamente reglado, y específicamente respecto del régimen de perfeccionamiento del Decreto 1439/96 (Res. 72/92) –a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos–, mediante la Resolución ANA Nro. 127/92 y sus modificaciones, en el o en los respectivos permisos de embarque (de reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante) se debe consignar “...lo relativo al certificado de tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número del DIT (aduana de registro-dígito), clase y “cantidad” de la mercadería importada comprendida en la que se exporta, y el vencimiento de la importación temporaria”.
De modo tal que, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del DIT –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los PE) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
IX. Considerando lo expuesto, y tras un análisis exhaustivo de las constancias y pruebas obrantes en la causa, se observa que la mercadería importada temporariamente se encuentra parcialmente reexportada, tal como se detalla del análisis de la descarga de insumos realizada:
UNIDADES EN IT A CANCELAR CANTIDAD CANCELADO INFRACCIÓN 00001IT14007226W 18.000,00 17.190,00 810,00 PE CANTIDAD CTC 01001EC03002766E 2.524,805 1544/5 01001EC03002955E 567,456 1544/5 01001EC03003050Y 2.279,597 1544/5 01001EC03001292G 773,904 1544/5 01001EC03003393B 520,536 1544/5 01001EC03003847F 1.209,311 1544/5 01001EC03001480F 547,750 1544/5 01001EC03001481 363,989 1544/5 01001EC03004568G 2.776,450 1544/5 01001EC03006015S 95,706 1544/5 01001EC03006192B 80,044 1544/5 01001EC03006821A 137,448 1544/5 01001EC03005174A 1.535,360 1543/6 01073EC03002122W 307,685 1543/6 01073EC03002275X 255,852 1543/6 01073EC03002276J 51,170 1543/6 01001EC03006318B 2.791,354 1543/6 01001EC03002656L 371,583 1543/6
Total descargado 17.190,00 Conforme surge del análisis efectuado, de las 18.000 unidades correspondientes a los insumos importados temporalmente mediante la DIT N° 00001IT14007226W, se acreditó la reexportación —mediante los Permisos de Embarque detallados en la descarga practicada— de 17.190 unidades, quedando pendientes de reexportación 810 unidades. En consecuencia, no se encuentra acreditado el cumplimiento íntegro del régimen respecto de esa porción de la mercadería importada temporalmente, circunstancia que únicamente proyecta efectos en el plano infraccional conforme a lo previsto en los arts. 274 y 970 del CA. Ello así, toda vez que no subsiste adeudo tributario respecto de dicho saldo, por cuanto las unidades no reexportadas fueron nacionalizadas mediante la destinación de Importación a Consumo N° 02001IC81000533F, extremo que surge acreditado a fs. 67 del Anexo IV de las actuaciones administrativas.
X. En los términos expuestos, corresponde modificar el cálculo de la multa, conforme se detalla a continuación:
LIQUIDACION DIT 00001IT14007226W
Concepto % Importe ($)
Base Imponible 3.996,78 Derechos de Importación 2 79,94 Tasa de Estadística 0.50 19,98 Base IVA 4.096,70 IVA 21 860,31 TOTAL 960,23 VALOR EN ADUANA POR ÍTEM VALOR EN DESTINACIÓN VALOR EN ADUANA CANTIDAD DE UNIDADES ADUANA POR UNIDAD 00001IT14007226W 18.000,00 88.817,40 4,9343 UNIDADES EN INFRACCIÓN CANTIDAD DE BASE DE CÁLCULO DESTINACIÓN UNIDADES (VALOR EN ADUANA)
00001IT14007226W 810
3.996,78 En dichos términos, el importe adeudado en concepto de multa asciende a $960,23.
XI. Finalmente, en materia de costas, corresponde imponerlas al Fisco, desde que la cuestión controvertida en autos no versó sobre la existencia misma del incumplimiento parcial —admitido por la actora en sede administrativa respecto de determinadas unidades y con aceptación de la multa correspondiente— sino sobre la extensión que pretendió asignarle el servicio aduanero, cuya determinación superior no ha sido receptada en esta instancia.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente el art. 3 de la de la Resolución DE PRLA N°1658/2011, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación N°12039-139-2004, declarando que el monto de la multa asciende a $960,23.
2. Revocar el art. 5 de la citada resolución, en los términos expuestos en el considerando IX.
3. Costas al fisco en los términos expuestos en el considerando XI.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al Voto que antecede.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht en cuanto refiere a la solución de fondo conforme la mayoría en esta Sala. En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente el art. 3 de la de la Resolución DE PRLA N°1658/2011, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación N°12039-139-2004, declarando que el monto de la multa asciende a $960,23.
2. Revocar el art. 5 de la citada resolución, en los términos expuestos en el considerando IX.
3. Costas al fisco en los términos expuestos en el considerando XI.
Regístrese, notifíquese, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2026.04.22 19:52:04 ART Date: 2026.04.23 00:34:23 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.04.23 11:25:47 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.04.23 11:26:58 -03:00
Fin de la sentencia